El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) aprobó en la tarde de este jueves, con los votos de Demòcrates per Andorra, la formación mayoritaria, la ley que equipara los derechos de las uniones civiles entre personas del mismo sexo con los de los matrimonios, incluyendo la adopción de hijos. La ley, que en otro lugar o momento histórico podría considerarse avanzada, supone la persistencia de una discriminación jurídica en algunas materias, según han denunciado los colectivos LGTB, y en cualquier caso consagra la existencia de dos instituciones distintas en función del sexo de los contrayentes. Menos que antes, pero Andorra seguirá siendo un país en el que la discriminación de las parejas del mismo sexo seguirá siendo una realidad.

Lo comentábamos en mayo: Demòcrates per Andorra, la confluencia de fuerzas de centro-derecha que dispone de la mayoría absoluta en el Consell General, rechazaba la propuesta de la oposición socialdemócrata de aprobar el matrimonio igualitario por considerar que este tipo de cambios legislativos deben hacerse “de manera progresiva”. Andorra, recordemos, ya había aprobado en 2005 una ley de parejas de hecho abierta a las parejas del mismo sexo que les concedía parte de los derechos de los que gozaban las parejas casadas. Los demócratas andorranos se inclinaban por aprobar una ley que equiparase los derechos pero que denominase “unión civil” y no matrimonio a la institución jurídica que regula la unión entre personas del mismo sexo. El proyecto de matrimonio igualitario rechazado entonces era el resultado de un proceso iniciado un año antes, cuando cuatro juristas del Principado se propusieron sensibilizar a las instituciones políticas andorranas ante una realidad que la sociedad del pequeño país pirenaico parece aceptar con naturalidad. Ya en enero de 2013, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra había señalado ya el camino al reconocer el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España.

La solución finalmente adoptada puede considerarse “intermedia”. De hecho, es la ley de matrimonio la que se modifica, para, a continuación del artículo 1.1 (“el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre ellos y fundar una familia de acuerdo con las disposiciones de esta ley”) añadir el 1.2, “dos personas del mismo sexo tienen también derecho a casarse, mediante la formalización de una unión civil entre ellos, con los mismos efectos que el matrimonio, y a fundar una familia de acuerdo con las disposiciones de esta ley”. El artículo 1.5 también reconoce expresamente el derecho de las uniones civiles a acogerse a la ley de adopción. En definitiva, la ley mejora el marco jurídico anterior y concede a las personas unidas civilmente el estado civil de “casadas”. Sin embargo, según han denunciado colectivos como Gaymz, no sería del todo cierto que la equiparación sea absoluta, ya que leyes como la de sucesiones o como la que permite el reagrupamiento familiar en suelo andorrano hablan específicamente de “matrimonios” y por tanto dejaría fuera a las uniones civiles.

La modificación legal ha contado con el voto favorable de Demòcrates per Andorra, la abstención del Partit Socialdemócrata d’Andorra (PS) y el voto contrario del actual grupo mixto, integrado por tres diputados cercanos a Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP), una formación que se ha desvinculado del grupo común que antes formaba con el PS. Ambos grupos, sin embargo, coinciden en considerar que debe aprobarse una verdadera ley de matrimonio igualitario que acabe con toda discriminación.

Habrá que ver cuales son los próximos pasos, pero ya antes del verano los partidarios del matrimonio igualitario en el Principado anunciaban que se aprobaba finalmente una ley que negase a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio con ese nombre presentarían un recurso de inconstitucionalidad por discriminatoria. Desde la vecina España, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) anunciaba ya ayer que se ponía al servicio de los colectivos LGTB andorranos para ayudarles en lo que fuera necesario.

Fuente Dosmanzanas

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Andorra legalizará las uniones homosexuales después de que Demòcrates per Andorra (DA), el grupo con mayoría absoluta en el Consell General (parlamento), haya presentado una proposición de ley con el fin de garantizar los mismos derechos que los del matrimonio heterosexual.

Los Demòcrates han presentado su propuesta después de rechazar en el parlamento una proposición de ley elaborado por el Partit Socialdemòcrata.

El Consell General (parlamento unicameral del Principado de Andorra) ha rechazado con los votos de Demòcrates per Andorra, la formación mayoritaria, la toma en consideración de un proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo que había sido presentado por la oposición socialdemócrata. El presidente del grupo demócrata, Ladislau Baró, ha justificado la negativa en que este tipo de cambios legislativos deben hacerse “de manera progresiva”.

Los demócratas andorranos se inclina por aprobar en este momento una ley que denomine “unión civil” y no matrimonio a la institución jurídica que regule la unión entre personas del mismo sexo. La oposición socialdemócrata se opone sin embargo a crear dos categorías distintas en función del sexo de los contrayentes. Como ha explicado la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, ello sería contrario al principio de no discriminación. Para Gonzàlez, “una vez más ha vuelto a ganar el criterio más conservador e intolerante” en el seno de Demòcrates per Andorra, una formación política surgida de la unión de diversas fuerzas del centro y la derecha.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario en Andorra era el resultado de un proceso iniciado hace un año, cuando cuatro juristas del Principado se propusieron sensibilizar a las instituciones políticas andorranas ante una realidad que la sociedad del pequeño país pirenaico parece aceptar con naturalidad. Meses antes, en enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra señalaba ya el camino al reconocer el derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge viudo de una pareja del mismo sexo que se había casado en España.

A favor de mantener la discriminación, “pero menos que la actual”

La iniciativa, sin embargo, ha acabado chocando con la realidad política del Consell General, controlado ampliamente por los demócratas, partidarios en todo caso de un proceso “gradual y en etapas”, según ha expresado el presidente de su grupo parlamentario, Ladislau Baró. Baró ha anunciado la presentación por su grupo de una proposición de ley que reconocería primero las uniones civiles “para no romper los equilibrios y consensos sociales”, más “prudente y evolutiva”. Al menos Baró ha sido honesto y ha reconocido que la nueva situación legal seguiría siendo discriminatoria, “pero mucho menos que la actual”. “Se podría avanzar más, en eso estoy de acuerdo”, ha añadido (Andorra, recordemos, aprobó en 2005 una ley de parejas de hecho abierta a las parejas del mismo sexo que solo les concede parte de los derechos de los que gozan las parejas casadas).

Un reconocimiento que le ha parecido una “barbaridad” a la consejera socialdemócrata Mariona Gonzàlez, y que ha provocado la indignación de Maite Bourgeaud, una de las juristas que promovió el proyecto y abogada defensora en el caso cuya sentencia está en el origen de esta iniciativa. “Ahora dejo subir a los negros en el autobús, y ya más adelante les dejaré ir a la universidad”, es el símil que ha utilizado para explicar la postura de los demócratas andorranos. “Si ven que hay una discriminación, ¿por qué no la eliminan? ¿Qué quiere decir progresiva? Esto no es aceptable”, ha añadido.

Bourgeaud y el resto de juristas ya han señalado que continuarán dando la batalla política y en los tribunales, y que si Demòcrates per Andorra aprueba finalmente una ley que niegue a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio con ese nombre, o que les niegue el derecho a la adopción, presentarán un recurso de inconstitucionalidad por discriminatoria.

El principal punto de discrepancia, de hecho, se encuentra en el término, pues DA ha optado por la fórmula de unión civil para esquivar de esta forma un posible conflicto con el Copríncipe episcopal (jefe de Estado), el obispo de La Seu d’Urgell (Lleida).

Sin embargo, ni los dos partidos en la oposición ni el colectivo de homosexuales del país aceptan la propuesta al considerar que se queda a medio camino y que no se garantiza la igualdad con las parejas heterosexuales.

En este sentido, desde el PS critican que con la propuesta de DA “se señala con el dedo” y se “estigmatiza” a las parejas del mismo sexo y lamentan que haya imperado el criterio “más conservador e intolerante” entre los Demòcrates.

Quirn también ha mostrado su rechazo al texto de DA, por considerarlo insuficiente, es un grupo de abogados del país que hace meses que ha iniciado una campaña para equiparar los derechos de las parejas del mismo sexo, además de censurar que se haya optado por la posición “más conservadora”.

El texto que DA acaba de entrar a trámite también regulará las adopciones de las parejas homosexuales, que podrán hacerlo en dos fases: primero adoptará uno de los miembros de la pareja y después se podrá sumar el cónyuge como segundo adoptante.

La oposición tampoco se conforma con la fórmula, ya que insiste en que no garantiza los derechos por igual al resto de parejas.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

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