Familiares y activismos marcharon hasta la comisaría 5ta. de Derqui (Pilar, pcia de Buenos Aires), donde en abril de 2023 la autopsia indicó que asesinaron y torturaron a Sofía Fernández, una docente trans. Hay 10 policías acusados pero el juez liberó a 9 aunque las pericias dicen que participaron más de dos personas. También le quitó el agravante de odio.

Fuente Agencia Presentes

31 de julio de 2024

María Eugenia Ludueña
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

A 15 meses de que Sofía Fernández “apareciera” muerta en una celda de la comisaría 5ta. de Derqui, partido bonaerense de Pilar, su hermana Mabel Valdez, junto a activistas, organizaciones y autoconvocades marcharon hasta esa dependencia policial.

“Nadie se suicida en una comisaría”. “Yo sabía, yo sabía, que a Sofía la mató la policía”. “Adonde vayan los iremos a buscar”. Con estos cantos unas setenta personas salieron de la estación de servicio en la esquina de ruta 8 y Las Magnolias, y marcharon unos 300 metros hasta la comisaría.

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Al frente Mabel sostuvo la bandera que dice: Justicia por Sofía Fernández, fue travesticidio. Estuvo acompañada por Higui de Jesús –llegó desde San Miguel junto a su perra Tita–, activistas trans y travestis, y representantes de organizaciones de género, políticas y sociales llegadas desde distintos puntos del conurbano. La movilización fue convocada por la Comisión de Justicia por Sofi.

Mabel Valdez, la hermana de Sofía Fernández

Qué pasó con Sofía

Sofía era profesora de Lengua, sufría discriminación como docente y estaba por iniciar la carrera de Enfermería. Fue detenida en lo que se presume una causa armada por policías municipales, que le asignaron un robo.

Entró a la comisaría de Derqui el 8 de abril de 2023. Sus familiares fueron a verla pero no los dejaron. El 11 de abril integrantes de Gendarmería les avisaron que Sofía había muerto en una celda. La autopsia reveló que falleció por asfixia. Tenía una bombacha y un pedazo de colchón obstruyéndole las vías aéreas. Y había sido golpeada, torturada y abusada.

Diez policías fueron acusados, cinco por homicidio y cinco por encubrimiento. Estuvieron presos pero finalmente fueron liberados por el juez  Walter Saetone, del Juzgado de Garantías N° 7 del Municipio de Pilar, por falta de mérito, a excepción de uno, Carlos Rodríguez, oficial ayudante. Aunque las pericias indicaron que se necesitaron más de dos personas para matarla.

Qué se reclama

Existen varios reclamos impulsando la marcha: protestar por la liberación de nueve de los diez policías acusados y por la designación de los peritos para defenderlos, en la órbita del ministerio de Seguridad. Pedir a esa dependencia medidas de protección para familiares de la víctima (que la Justicia rechazó) y la cobertura de traslados cada vez que deben movilizarse por trámites judiciales y encarar viáticos que no alcanzan a costear. La hermana de Sofía también pide reunirse con el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, para transmitirle estos pedidos en persona.

Presentes se comunicó con el Ministerio de Seguridad bonaerense, pero no quisieron hacer declaraciones, con el argumento de tratarse de una causa en investigación que involucra policías y que debe atender la Justicia.

Higui de Jesús y Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández

Tensión en ruta 8

Hubo momentos de tensión con el tránsito que, sin nadie pudiera ordenar la calle, no tuvo contemplaciones con les manifestantes. Estaba dispuesto a pasarles con su vehículos por encima, aunque la marcha tras unos metros aceptara despejar un carril.

La propia policía cortó la ruta 8 cuando la manifestación llegó a la comisaría, rodeada de una docena de uniformades, muches con la cara cubierta. La hermana de Sofía se acercó lo más que pudo a las cintas con que estaba cercada la dependencia policial, y miró al personal policial a los ojos, mientras les decía: “Llegará el momento en que todos paguen. Será cuestión de tiempo que mi hermana tenga justicia. Sofi no descansa en paz porque sus asesinos están libre. Yo tampoco tengo paz”.

Mabel les preguntó: “¿Cuántos de ustedes vieron el cuerpo de una mujer después de varios días sin vida? ¿Cuántos de ustedes tienen a una persona trans en la familia?” Y recordó: “Sofía entró caminando en esta maldita comisaría y salió en una camilla sin vida por culpa de ustedes. Yo era la primera vez, tuve que verla. No me animaba ver a mi hermana en pedazos. como me la entregaron. Que la muerte de mi hermana no deje sus conciencias tranquilas”.

“Esto es una defensa corporativa”

Con el megáfono abierto tomaron la palabra activistas y autonconvocades. Entre elles, Higui de Jesús, absuelta en un juicio por defenderse de una violación “correctiva” por parte de una patota de varones. “Cuando nosotros entramos a una comisaría nos sacan foto de todo el cuerpo, como me pasó cuando estuve ocho meses presa y no había una gota de sangre de quienes me violaron”, les dijo. “Me gustaría mirar esas fotos de ustedes, asesinos y cómplices, de cómo la torturaron a nuestra compañera”.

Quimey Ramos, activista travesti por los ddhh y docente, expresó: “Esto es una defensa corporativa. No ha habido uno que se despegue a decir esto fue un crimen, no voy a ser parte. Por otro lado, toda la estructura, por fuera y por encima de la comisaría, se dedica a protegerlos. Ya cuentan con cuatro abogados defensores de Seguridad de la provincia. Y se les concedió que haya peritos que van a poner sus saberes profesionales para justificarlos, policías en actividad”, resaltó.

La activista Quimey Ramos junto a Higui de Jesús

Quimey vinculó el accionar policial a un contexto estructural. “Si pensamos que es solo una cuestión de maldad, terminamos creyendo que son cuestiones individuales. No se trata de buenos o malos”. Y dándose vuelta para mirar a les policías, les dijo: “Ustedes creen están cumpliendo con su trabajo. Pero la diferencia es el lugar que ocupamos en el mundo. Ustedes también han venido de familias humildes, en su mayoría. El problema es estructural: ser el brazo que dispara sobre les pobres. Este sistema crea desempleo, pobreza y vidas vulnerables y la única manera de sostenerlo en medio de tanto ajuste es manteniéndolos a ustedes sin poder cuestionarse que también son cómplices”.

“El caso de Sofía Fernández no debe quedar impune. Luchemos juntes!”, arengaba desde el micrófono la activista trans Mónica Aguirre, referente de Libre Diversidad. Y Fernanda Ludueña, desde la Defensoría de géneros, Feminismo clasista por la autodefensa, sumaba también el pedido de Justicia por Loan, “víctima de policías corruptos”.

“Mabel escucha tu lucha es nuestra lucha”, coreaban les presentes para abrazar a la hermana de Sofía. Ell viernes pasado Mabel estuvo acompañando a la familia de Tehuel en la última audiencia del juicio y marchó junto a otras madres víctimas de violencias.

El juez quitó el agravante por odio

La investigación del homicidio la lleva la Fiscalía. Este equipo lo integran Esteban Álvarez, fiscal de investigación de drogas ilícitas de San Isidro; Manuel Cayuela, del área de Género; y la ayudante fiscal Victoria Santamaría–. La fiscalía, explicó hoy a Radio Semilla el abogado querellante  Ignacio Fernández Camillo, había pedido la calificación del agravante por odio a la identidad de género y también la participación de dos o más personas. Pero el juez Saetone, “al liberar a nueve policías por falta de mérito, basándose en sus declaraciones, también quitó la participación de dos o más personas y el agravante por odio, algo esencial para el curso de la investigación”, señaló Camillo.

De las declaraciones de los policías,  “no surge nada que aporte a cómo murió Sofía”, explicó el abogado. “Pero de las declaraciones del jefe de la morgue de Lomas de Zamora y de la perito, surge que no fue un suicidio y que intervinieron mas de dos personas”, enfatizó el abogado.

(Pincha sobre las imágenes para ampliarlas.)

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En La Plata, dieciséis instituciones educativas fueron vandalizadas con mensajes contra la Educación Sexual Integral (ESI).

LA PLATA, provincia de Buenos Aires. El jueves 31 de agosto y de forma coordinada y planificada, escuelas y jardines en La Plata fueron vandalizados con grafitis que dicen: «ESI es corrupción de menores», “ESI es pedofilia”. Este ataque se perpetra justo después de la Semana de la ESI -del 21 a 25 de agosto-, fecha que tiene como objetivo profundizar los contenidos, que estipula la Ley Nacional Nº 26150. La ley votada por el Congreso establece la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos y jurisdicciones, con base en una serie de ejes: ejercer los derechos; cuidar el cuerpo y la salud; valorar la afectividad; reconocer la perspectiva de género; respetar la diversidad.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires se está analizando si se llevará adelante una investigación. En muchas de las escuelas hay cámaras de seguridad por lo que se podría identificar a las personas responsables.

Foto: Rosario Marina

Por qué la ESI es herramienta de cuidado y protección

“Es infame y mentiroso lo que ponen. No tener educación sexual integral desprotege a los pibes y a las pibas frente al abuso y al maltrato. Es lamentable esta campaña”, dijo a Presentes Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

La funcionaria bonaerense explicó que casi el 80% de los casos de violencia y abuso en la infancia ocurren en el hogar. Y en este contexto, la escuela y la ESI se vuelven un espacio vital para acompañar a las personas que lo sufren. “Son herramientas para cuidar a los chicos, a las chicas”.

Un estudio del Ministerio Público Tutelar (MPT) del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializada del organismo, después de recibir clases de Educación Sexual Integral (ESI) pudieron comprender que fueron abusados.

“La ESI es una herramienta que los pibes y pibas valoran, incluso demandan”, explicó Díaz. Y agregó que en los últimos sondeos de opinión, el apoyo a la Educación Sexual Integral llega al 80% de la población. “Estas posiciones en contra son posiciones muy extremas de sectores minoritarios.”

Un informe sobre el monitoreo de la implementación de la ESI en la provincia de Buenos Aires releva que los desafíos que plantean las escuelas respecto al diseño de la implementación de la Educación Sexual Integral aparece en primer lugar la relación con las familias (casi el 30%) y la articulación con los dispositivos del Estado (25,6%). En mucha menor medida, aparece la relación con les estudiantes (15%) y la articulación con redes sociales (14,5%). Finalmente, fueron mencionados la resistencia del equipo docente (8%) y la visión de la institución (6,8%).

Discursos virulentos y desinformación de género

La Ministra cree que las pintadas podrían estar relacionadas con el discurso virulento que viene difundiendo uno de los candidatos a presidente, Javier Milei, de La Libertad Avanza. “Tenemos un candidato que se ha cansado de decir que va a terminar con la educación sexual integral. Algo que dice,  además, con mucha violencia. Ese mensaje hacia la sociedad habilita conductas violentas y genera desinformación”, dijo la funcionaria.

Daniela Rosa da clases de salud y adolescencia implementando la ESI en City Bell, una localidad del partido de La Plata. Además participa de un espacio de educación no formal en el club judío laico Max Nordau. “Muchas veces se piensa que la ESI es solamente hablar en la secundaria de métodos anticonceptivos, de cómo cuidarse y nada más. Está bueno visibilizar que la ESI es transversal: va desde los primeros espacios educativos y en todas las áreas curriculares.  Enseña a conocer el propio cuerpo de manera respetuosa, a poder conocer los límites para con los demás, a poder hablar de consenso, de consentimiento, de respeto”, explicó.

Carolina Rosenberg es bióloga y es profesora hace diez años en las escuelas de la Universidad Nacional de La Plata, Bellas Artes y el Colegio Nacional. Cuando prepara sus clases lo hace desde la perspectiva de la ESI. “Empecé a atravesar mis prácticas con ESI porque sentía que en el aula había un montón de cosas que no se nombraban, que se ocultaban, que había mitos y tabúes, sentía incompleta mi enseñanza por dejar personas afuera”, dice. Y agrega: “Trato de atravesar la mayor parte de los contenidos que doy, no de una mirada biologicista, sino una mirada integral y de una construcción compleja y social de la sexualidad”.

Está preocupada por ciertos discursos que parecen dormidos y de repente, afloran. “Me preocupa nuestro futuro, los derechos de nuestras generaciones y de las generaciones venideras. Sería muy lamentable que se pierdan derechos”, dice.

Convocatorias para defender la ESI de ataques infundados

En respuesta a las pintadas, grupos feministas y de docentes hicieron una convocatoria a reunirse el sábado 2 de septiembre en Plaza San Martín para promover la conciencia sobre la importancia de la Educación Sexual Integral en la educación.

“En estos momentos, cuando nos encontramos con discursos de antiderechos, las comunidades educativas y los distintos espacios que trabajamos la ESI debemos unir fuerzas y defender esta herramienta política”, dice Daniela que junto a la agrupación política de la que forma parte, Izquierda Socialista- Isadora, participará de la marcha.

El lunes a las 19 horas,  en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata,  también se realizará un encuentro abierto organizado por La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de La Plata, para debatir, entre otras cosas,  sobre el avance en contra de la ESI.

Instituciones atacadas

Las 16 instituciones que sufrieron ataques son escuelas primarias y secundarias, y también jardines e institutos de formación docente, de gestión pública y privada. Las instituciones atacadas son la Secundaria N° 1 “Manuel Belgrano”, Primaria 10 y Secundaria 70, Secundaria 92, Secundaria 14, Secundaria 46, EP11 y ISFD 17, Escuela San Vicente de Paul, Jardín 903, Jardín 918, Jardín del Misericordia, Primaria 8, Primaria 64, Secundaria 11, Secundaria 32, Secundaria 93, Técnica 1y Primaria 37,

Verónica Liso

Fuente New Ways Ministry

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Educación Sexual Integral (ESI), Homofobia/Transfobia, La Plata, Provincia de Buenos Aires

Ariel Lucho es el primer concejal no binario de La Madrid. En estas elecciones se vuelve a postular, pero, en segundo lugar. Conocé sus propuestas.

Desde Agencia Presentes elaboramos un relevamiento de candidatxs LGBT+ para las Elecciones 2023 en Argentina que postulan para distintos cargos. Ariel Lucho López se vuelve a postular para ser parte del Concejo Deliberante en Gral. La Madrid, provincia de Buenos Aires. Le convocamos para conocer sus propuestas*.

López es concejal del municipio de la Sexta sección de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Es también un gran referente local del colectivo LGBTIQ+, y quien impulsó muchas de las políticas de género dentro del municipio.

En junio del año pasado, Ariel Lucho recibió su DNI como persona no binaria. Fue el primer DNI no binario en La Madrid. En estas elecciones irá como candidato en la lista que encabeza Juan Carlos Pellita. «Seguiremos trabajando y militando todas las políticas públicas de nuestros gobiernos. Llevaremos la voz de les que no teníamos voz al Concejo Deliberante», dice Ariel Lucho.

*Estamos armando un especial de candidaturas de personas LGBT+ a elecciones 2023 en Argentina. A quienes quieran compartirnos otrxs candidatxs, pueden escribir a contacto@agenciapresentes.org colocando en el asunto del mail: CANDIDATXS ELECCIONES 2023 ARGENTINA. ¡Muchas gracias!

Agencia Presentes

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Argentina, Ariel Lucho Lopez, Candidatxs LGBT+, Elecciones 2023, Frente de Todos, La Madrid, No binarismo, Provincia de Buenos Aires

La Chaqueña, sobreviviente trans de 64 años, fue víctima de un transfemicidio. El sospechoso está detenido. Pero la injusticia no cesa con la muerte: en el entierro no se respetó su identidad de género.

BUENOS AIRES, Argentina. Hay un detenido por el transfemicidio de Liliana “La Chaqueña” Varoni en Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires. A raíz del informe médico y gracias a los testimonios, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI)  3 de Lomas de Zamora decidió cambiar la carátula a homicidio. Y detuvo a Maximiliano Martín Leito, de 39 años, quien permanece en la Comisaría 2da.de Burzaco, provincia de Buenos Aires, acusado de haberla asesinado.

La Chaqueña, sobreviviente trans, fue víctima de un crimen de odio el 3 de julio mientras ejercía trabajo sexual en la ruta, en avenida Monteverde, en la Rotonda de Burzaco. El 9 de julio hubiera cumplido 65 años.

Desde el momento en que se conoció la noticia, el director de Diversidad del Municipio de Quilmes, Paulo Kyriakos, que además es referente de la agrupación Orgullo Brown y amigo de la familia, mantuvo silencio, tratando de que no se hablara demasiado para que la fiscalía trabajara en la búsqueda mientras el sospechoso estaba prófugo. Para las compañeras travestis y trans de la Chaqueña, el dolor por su muerte violenta revive las secuencias de riesgo a las que cada una se expuso en su vida. El miedo, para no paralizar, necesita de los rituales: la marcha a las fiscalías es parte del repertorio habitual.

En el video se ve claramente cuando el victimario arroja el ladrillo que pega en la frente de Varoni.  El fin de semana del 8 de julio se había allanado su casa en Montegrande, pero al momento en que se realizó, él ya se había escapado. El detenido era reconocido como un consumidor de sustancias psicoactivas, un lumpen habitué de los márgenes, que se jactaba de “mover” cocaína y paco, según Presentes pudo corroborar con diversas fuentes. “Muchas veces pagaba. Otras veces pretendía que lo atendieran gratis. La Chaqueña una vez le había pegado con un bastón”, fueron algunos de los testimonios recogidos por esta agencia. Se trata de una persona con antecedentes penales.

El viernes 7 habían declarado ante la Justicia cuatro compañeras trans que habían sido amenazadas por él con una cuchilla, en el mismo sector. También declaró una mujer, su ex pareja, que ya lo había denunciado por violencia de género. Ella lo acusó de haber perdido un embarazo producto de sus golpes.

“Ni cuando te morís te respetan tu identidad”

La frente de Liliana fue amorosamente maquillada para la despedida. Fue a cajón abierto en la mañana del lunes 10 de julio, en la sociedad de fomento de San José. El entierro se realizó a las 13 en el cementerio municipal de Almirante Brown, en Rafael Calzada.

El certificado de defunción se hizo con un nombre que Liliana no reconocía como propio. Pero la indignación estalló cuando quienes asistieron vieron que la cruz que acompañaba el cajón no tenía impresa la L de Liliana, sino la letra del nombre asignado al nacer, que no corresponde con su identidad.

“En un ataque de furia, porque no se de donde saqué la fuerza, agarré la cruz y la revoleó”, cuenta, con pudor, un compañero. Las trans y travestis allí presentes lo aplaudieron. Entonces la agrupación Orgullo Brown encaró una colecta para juntar plata y días después instaló una cruz que ahora sí dice: “Liliana Varoni, La Chaqueña”. 

“Es simbólico, pero fue muy fuerte. Yo venía de maquillarla para el velorio y lo de la cruz fue duro. Ahora queremos armar para ella un mosaico de la diversidad. La chaqueña era su sonrisa, su voz, su manera de caminar, siempre tenía una palabra linda para decirte. Para los que quedamos es más reconfortante tener un espacio para llevarle flores”, dice el compañero que prefiere no revelar su identidad.

La situación con la cruz fue injusta e incómoda: el compañero que la quitó le pidió perdón a cada una de las personas de la familia, a las amigas, y no registró voces en contra. “Todos me decían que estaba bien, que ella hubiera estado orgullosa porque esa cruz no la identificaba. Fue muy fuerte. Decía Argentino con O”. 

Por su parte, Kiiriakos advierte: “Con esta placa, la dirección del cementerio debería darse por enterada de que con esa cruz se violaba el artículo 12 de trato digno de la ley de Identidad de Género 26.743”, 

La aprobación fue unánime. Había y hay demasiados antecedentes: entre ellos, un caso en el distrito vecino de La Matanza. Allí una chica trans que trabajaba como policía, y a quien la fuerza le hacía la vida imposible, se terminó quitando la vida. La velaron y enterraron, por pedido de su familia, con el nombre biológico. “Fue en marzo de 2018, y nunca me pude olvidar de ese caso, porque ni cuando te morís te respetan tu autopercepción”, recuerda, reclamando respeto.

“En todo este proceso de conquistas, leyes, articulaciones, todo está siendo muy lento. Nosotras, las travestis trans como Liliana, algunas tuvimos oportunidades para ver cómo construir una mejor vida. Históricamente fuimos empujadas al vacío y solamente accedían a derechos alguna que otra compañera, como Lohana Berkins. Ella fue la primera que entró a trabajar en el Poder Judicial”, dice Marcela Tobaldi, de la Rosa Naranja, una organización travesti trans de la Ciudad de Buenos Aires, y trabajadora del Ministerio de las Mujeres Género y Diversidades de Nación.

“Nosotras en Argentina se supone que somos el país de América Latina más avanzado en derechos humanos para nuestras comunidades. Tenemos leyes aprobadas en el Congreso de la Nación. Pero la realidad a veces contrasta el avance político con la vida cotidiana en los territorios“, dice Tobaldi. Ante cada noticia de un travesticidio o transfemicidio, Tobaldi se pregunta “¿Cuál es el punto que tenemos que evaluar? Ensaya algunas respuestas: «es una responsabilidad del Estado nacional, el provincial, los municipios, y las organizaciones que estamos en los territorios. Pero el Estado piensa que la comunidad LGBTIQ+ tenemos la responsabilidad de ocupar todos estos espacios, y nosotras no damos abasto”.

La Chaqueña murió en el Hospital Municipal de Rafael Calzada, un día después del ataque, el martes 4 a la madrugada. Había perdido mucha masa encefálica. Pese a los reiterados llamados de los vecinos, la ambulancia y la policía tardaron 45 minutos en llegar al lugar. Orgullo Brown pidió la intervención de diversas áreas del Estado.

El área de género del Ministerio de Seguridad de la Provincia, a cargo de la Policía Bonaerense, ratificó la denuncia porque estaba redactada en masculino. El expediente también es seguido de cerca por Daniela Castro, funcionaria trans del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.

“Con la experiencia dolorosísima que tuvimos cuando le quitaron a Diana Sacayán la figura de travesticidio estamos alertas, y vamos a observar atentamente, para que el poder judicial sea menos injusto y aplique algo de la diversidad que tanto le cuesta”, señala Kyriacos, en relación al revés judicial que significó la negativa de la Cámara de Casación penal de convalidar la figura de travesticidio que se había sentenciado en primera instancia.

Reparación para las sobrevivientes

Se considera sobreviviente a las personas travestis y trans que superan los 40 años, como «La Chaqueña», porque la esperanza de vida de ese colectivo va de los 35 a los 40 años. Esto tiene que ver con las violencias estructurales sufridas y con el acceso a derechos como la salud, y por eso se exige una ley de reparación histórica.

El 24 de mayo de este año, más de 90 organizaciones participaron de la Primera Marcha Plurinacional por una «Ley de Reparación Histórica Ya ». Fue una marcha histórica también por la cantidad de personas travestis y trans que llegaron desde las provincias para participar de la convocatoria que lanzó la organización Travestis-Trans Las Históricas Argentina.

Vanina Pasik

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Camino de Cintura, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Liliana, Paulo Kyriakos, Personas trans, Prostitución, Provincia de Buenos Aires, Quilmes, “La Chaqueña”

Fue mientras ejercía la prostitución en Camino de Cintura, Provincia de Buenos Aires. Un hombre la atacó con saña y tiró en un pozo.

Liliana, “La Chaqueña” fue víctima de un crimen de odio el 3 de julio mientras trabajaba en la ruta, en Avenida Monteverde, en la Rotonda de Burzaco, distrito de Almirante Brown. A pocos días de cumplir los 65 años, ejercía la prostitución. Ahora su familia espera que le entreguen sus restos para poder despedirla, y velar por la justicia para que haya “más conciencia y más cuidado” para condenar este crimen de odio.

Un hombre que se escapó en bicicleta por la ruta la atacó con un ladrillazo, la tiró a un pozo y la siguió apedreando.  “Hay imágenes del momento en que comienza la agresión, y cuando la tira al pozo, y cómo le siguió tirando piedras”, dijo a Presentes Lali, de 51 años, sobrina de Liliana y también mujer trans. Ella se puso en contacto con una señora que filmó y pudo declarar ante las autoridades cómo fueron los hechos. La Chaqueña murió en el Hospital Municipal de Rafael Calzada, un día después, el martes 4 a la madrugada. Había perdido mucha masa encefálica. Pese a los reiterados llamados de los vecinos, la ambulancia y la policía tardaron 45 minutos en llegar al lugar. La causa la lleva la UFI N°3 de Lomas de Zamora.

Testigo clave

La testigo del travesticidio es una amiga de la familia y le contó a Lali que ella solía ver a su tía dos o tres veces por semana ahí. Siempre se saludaban.

“No tardó cinco minutos en volver, el lunes pasado, que la encontró tirada en un pozo. Unos tres muchachos de un taller mecánico estaban viendo, y la mujer insistió que ayuden a sacarla, y la sacaron, hasta que llamaron a la policía pero diciendo que había un accidente. Entonces la policía les comunica que tienen que llamar al SAME. Pasaron los datos y la ambulancia tarda 20 minutos más en llegar”, relata Lali. Agrega que su tía presentaba una fragilidad mayor porque tras una cirugía por un Accidente Cerebro Vascular (ACV) nunca pudo ponerse una placa de titanio completando su cráneo.

Quién fue Liliana

Liliana y sus hermanos vivieron casi  toda la vida en Almirante Brown. Liliana llegó con su hermana del pueblo Laguna Pato (Chaco) cuando tenía 18 años. Su sobrina Lali, que era chica y todavía no había hecho su transición, recuerda que hubo un problema grave cuando le tocó hacer el servicio militar obligatorio, porque “se descubrió su sexualidad”.

Después de la colimba, la Chaqueña tuvo un trabajo formal, breve,. A los 25 años empezó a hormonizarse y se independizó de su hermana mayor. “Necesitó alejarse un poco de la familia para sentirse libre”, reflexiona hoy Lali. “Aunque mamá jamás la juzgó ni la discriminó, siempre la cuidó y la acompañó en todo sentido”, agrega.

A los 27 años, Liliana se mudó a otro barrio, Ministro Rivadavia, a una cuadra del Polideportivo, “Y hace 15 años atrás tuvo un ACV y se volvió a vivir a mi casa, en San José en Almirante Brown”. Se construyó una piecita para ella en un pedazo de terreno que otro hermano le cedió. La casa se levantó haciendo rifas y gracias a las colaboraciones de los vecinos. Y estaba bien equipada: con su cama, con su estufa, con su televisión, su ropero, su mesa. Tenía todo lo necesario: la medicación, los tratamientos, los turnos médicos, cuidados de vecinos. A veces la familia le pedía que se cuidara y dejara la calle.

Desde la CHA exigimos justicia por Liliana Varoni. Compañera trans de 64 años q ayer, 3 de julio, fue apedreada y asesinada en la localidad de Burzaco, Prov de Bs As

Otro crimen de odio, otro travesticidio que golpea a nuestra comunidad, otro duelo.

Justicia para la Chaqueña pic.twitter.com/lWlCTHNypx

— CHA Argentina (@CHAArgentina) July 4, 2023

Buscar la libertad

Liliana amaba a Moria Casan, la imitaba y la pudo conocer. Participó en varias oportunidades del reality show que conducía la diva: ese living en el que las parejas debatían públicamente sus problemas.

 “Ella quería seguir haciendo su vida así. Pero no que la maten”, remarca Lali, quien ingresó a trabajar en el Municipio de Quilmes por el cupo travesti trans, desde hace tres años, como chofera del área de Niñez.

“Decía que iba a morir en una esquina, que ella a la prostitución no la recomendaba porque era un oficio muy sacrificado pero que ella era feliz trabajando. Ella lo que más pensaba era en bañarse, ponerse una ropita, calzarse unos zapatos, pintarse, ponerse linda, perfumada e irse a parar ahí en la rotonda, a las 7 de la mañana, o en Lomas hasta las 12 de la noche. Recién estaba hablando con una compañera y su dicho siempre era que iba a morir puta y argentina, y con los labios pintados bien de rojo”.

Exigir justicia con perspectiva de género

Paulo Kyriakos, director de Diversidad del Municipio de Quilmes organiza los rituales de despedida. La comunidad necesita abrazarse.  “Qué simbólico que suceda tan pocos días después de la marcha contra los trasvesticidios”, subraya, repasando las fotos del atardecer en Plaza de Mayo.

«Ya están las imágenes en la fiscalía”, asegura. Kyriakos. Él ha corroborado en sede de Tribunales todas las piezas del rompecabezas de la burocracia Estatal. Quiere que la justicia convalide lo que la comunidad ya sabe: fue un crimen de odio contra una mujer travesti.

En Tribunales de Lomas hay una área de género a la que se le pidió intervención para que se comprometiera con el procedimiento. Ya intervino al área de género del Ministerio de Seguridad de la Provincia porque la denuncia estaba redactada en masculino. También sigue el expediente Daniela Castro, acompañando desde el Ministerio de Género bonaerense. “Con la experiencia dolorosísima que tuvimos cuando le quitaron a Diana Sacayán la figura de travesticidio estamos alertas, y vamos a observar atentamente, para que el poder judicial sea menos injusto y aplique algo de la diversidad que tanto le cuesta”, señala, en relación al revés judicial que significó la negativa de la Cámara de Casación penal de convalidar la figura de travesticidio que se había sentenciado en primera instancia.

“La compañera no sólo fue víctima de la violencia social, sino también del abandono por parte del sistema de salud”, remarcan desde la organización travesti trans Históricas Argentinas.

“Hoy me enteré de esta tragedia terrible. Yo conocí a Liliana hace muchos años atrás. Era una gran persona, vital y alegre. Me ayudó una vez con su ex pareja a levantar una pared en mi casa. Fue una luchadora muy querida”, responde por WhatsApp Lorena Caldara, una de las referentas de la organización Históricas.

Violencia estructural y pedido de reparación

Las personas travestis y trans que pasan los 40 años, como «La Chaqueña», son sobrevivientes, ya que la esperanza de vida de ese colectivo va de los 35 a los 40 años. Por eso, y por todas las violencias sufridas, para quienes pasaron esa edad y fueron víctimas de violencia institucional se exige una ley de reparación histórica. EL 24 de mayo de este año, más de 90 organizaciones participaron de la Primera Marcha Plurinacional por una «Ley de Reparación Histórica Ya », con más de dos mil personas. Fue una marcha también histórica por la cantidad de personas travestis y trans que llegaron de diversas provincias para participar de la convocatoria que lanzó la organización Travestis-Trans Las Históricas Argentina.

Vanina Pasik

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Camino de Cintura, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Liliana, Paulo Kyriakos, Personas trans, Prostitución, Provincia de Buenos Aires, Quilmes, “La Chaqueña”

Los datos contradictorios

Maby Sosa

Fuente New Ways Ministry

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Comisaría, Homofobia/Transfobia, Provincia de Buenos Aires, Sofía Fernández

BUENOS AIRES, Argentina. Sasha Barrionuevo tenía 38 años, 13 hermanes y 35 sobrines. Como sucede con muchas mujeres trans, no encontró otra fuente de ingresos que la prostitución. Durante mucho tiempo tuvo que lidiar con el maltrato policial en las calles de Mar del Plata. Pasó su último año y medio de vida, presa. Sufrió y denunció golpizas. Su cuerpo dio múltiples señales de alarma, pero la acusaron de ser una simuladora. Murió en el hospital, casi en simultáneo con la firma de su liberación. La agonía fue la llave para salir del encierro. Para desentenderse de ella, cuando ya era tarde.

Sasha falleció el 20 de julio en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende. Allí la habían derivado mientras estaba detenida en la alcaidía 44 del Complejo Carcelario de Batán. Había bajado más de 30 kilos en el último tiempo, estaba perdiendo la visión y casi no tenía movilidad cuando la llevaron en camilla a recibir atención extramuros. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que venía monitoreando su situación, reclama que se investiguen las causas de su muerte y la incidencia de la falta de acceso a la atención sanitaria.

“Ella me decía que se sentía muy enferma. Perdió 35 kilos abruptamente. Vomitaba, tenía pérdida de visión, estaba desorientada. Pero ella y las compañeras decían que los del Servicio Penitenciario no le creían. Por una enfermedad de base que tenía, estaba comprometido su sistema inmunológico. Le tendrían que haber hecho estudios para descartar meningitis, tuberculosis, todo. ¿Cómo no la llevaban al hospital? La dejaron estar. Su muerte se podría haber evitado”, se indigna Yésica Gómez, una de las muchas sobrinas de Sasha. Tenían casi la misma edad y un vínculo muy cercano: “Nos criamos juntas”.

El golpe y la caída

En diciembre del año pasado, Yésica vio los videos que mandó Sasha tras una represión en la Unidad 54, donde estaba alojada por entonces. “Ahí se ve que le están pegando. Las compañeras trans decían que no le peguen. Se escucha que alguien dice que le habían marcado la cara, que le habían doblado un dedo. Ahí todavía estaba más gordita”, cuenta Yésica sobre su tía. Después, comenzaron la pérdida de peso y el deterioro.

“A Sasha la conocemos el 22 de diciembre en la Unidad 54. Se comunica con nosotros porque había sido gravemente golpeada por el Servicio Penitenciario. Sufre un golpe en la cabeza y comienza con problemas en un ojo. Hicimos varias presentaciones por atención a la salud, pero nunca la vio un oftalmólogo, que era lo que a ella le preocupaba”, dice Antonella Mirenghi, directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.

Desde ese espacio volvieron a ver a Sasha en junio. “Estaba muy deteriorada, le costaba hablar. Estaba bajo efectos de medicamentos que no sabía cuáles eran. Ahí decidimos ir a la historia clínica y consultar por su situación de salud. Los médicos de Sanidad de la U44 nos dicen que a criterio de ellos era un simulacro. Que estaba simulando para conseguir algún beneficio procesal. Lo consultamos con el director y nos refiere lo mismo”, advierte Mirenghi.

Y remarca: “No consultaron un médico extramuros. No tuvo interconsultas. En 15 días la volvemos a ver en un estado más crítico. Las compañeras nos decían que muchas veces no se quería levantar. Había empeorado notablemente en menos de un mes”.

Ante ese panorama, la CPM presentó un hábeas corpus. “Ese mismo día la sacan al hospital. Empiezan a tratarla primero por tuberculosis. La aislaron por eso, pero luego los estudios dieron negativo. Estuvo internada diez días. Fue el deterioro total, hasta que fallece el 20 de julio”, relata Mirenghi. “Los familiares dicen que a horas de su muerte su hermana firma la libertad de Sasha que había otorgado el Tribunal Oral Criminal 3 de Mar del Plata. Y su familia cuenta que a raíz de aquella represión de diciembre su estado de salud había empeorado. No podemos afirmar que esa haya sido la causa, pero la familia pudo detectar que algo estaba pasando”, plantea.

A morir a casa

“Ya la enterramos. Pero queremos que le hagan una autopsia. Para que se pueda ver que dejaron avanzar todo. Había rumores en la cárcel de que la estaban dejando morir”, asegura Yésica, sobrina de Sasha. Cuenta, además, que “le iban a dar prisión domiciliaria, pero por condiciones ambientales le dio negativo. Porque no tenía medidor de luz y no podía ir con la pulsera electrónica a esa vivienda (en Barrio Centenario). Pero en el último tiempo se rumoreaba que la querían mandar a la casa, aunque le dio negativo el permiso. Para que no se muriera ahí dentro”.

La sobrina de Sasha sostiene que “cuando le ponen el respirador, el Servicio Penitenciario estaba apurado por irse y que le saquen las esposas. Le dieron la libertad y murió. Al darle la libertad, el SP ya no era responsable. Así se lavaron las manos”. Denuncia, además, que su tía “no estaba bien registrada en el hospital. Era un fantasma. Tuvo que ir alguien de dirección a corroborar que estaba ahí. Figuraba alguien con el mismo nombre, pero dada de alta”.

El caso es investigado por la fiscalía 10 de Mar del Plata, especializada en delitos contra la administración pública. “En teoría se iba a investigar la cuestión de los médicos, la desatención de la salud. Y vamos a insistir con esto, estamos pensando en presentarnos en la causa. Todos los días estamos en comunicación con la fiscalía y vamos a seguir presentando y solicitando prueba. Que se llame a declarar a familiares, a compañeras de pabellón, para que den cuenta de su estado de salud”, apunta la directora del Comité Contra la Tortura de la CPM.

Lo que pasó con Sasha, remarca Mirenghi, “no es un caso aislado. Las cárceles de la Provincia de Buenos Aires están atravesando una crisis sanitaria que se profundizó en pandemia. Y en esta población que ya entra con una trayectoria de violencias y cuestiones deterioradas de su salud -por todo lo que conocemos sobre la población trans y travesti-, las que no ingresan con enfermedades de base se enferman dentro, y las que ingresan enfermas se agravan en el encierro”.

“La cárcel pesa y agobia a toda la población, pero sobre todo a la población femenina, a mujeres y diversidades”, decía tiempo atrás a esta agencia Josefina Ignacio, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Y agregaba: “Porque la cárcel está construida, fue concebida, para varones (…) La mujer trans o cis que llega a la cárcel en general ya ha sido vulnerada y en la mayoría de los casos ha sufrido violencia de género. Casi todas. Lo encontrás en cada uno de sus testimonios. Y lo siguen padeciendo ahí adentro”.

En línea con lo planteado también por otros organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la referenta de la CPM cuestiona que “no hay políticas pensadas para la población trans travesti, con toda la especificidad de acompañamiento que necesitan por las patologías que tienen y pensando en alojamientos acordes a su género. Dentro del encierro sus patologías se agravan, sus tratamientos hormonales se interrumpen, se dejan de controlar, algo que venimos denunciando. Hay una criminalización muy grande sobre esta población y un 70% en la PBA está por venta o tenencia de estupefacientes”. Como pasó con Sasha.

Maternar sobrines

Antes de ser detenida, Sasha pasaba todos los domingos en la casa de su hermana Romina. Con la que tenía más vínculo. La mamá de cinco de sus 35 sobrines. “Era una tía muy presente. A sus sobrinos les llevaba el mundo, les compraba todo. Eran como sus hijos. Ella siempre lo dijo. Que era su segunda mamá”, se emociona Romina Barrionuevo. Y aclara: “Ella no era solo mi hermana. Era mi mejor amiga, mi mamá. Era todo para mí. Dejaron morir a la persona equivocada”.

Romina cuenta que Sasha comenzó su transición alrededor de los 13. Al principio les ocultaba a su mamá y a su papá. Pero cuando se enteraron, la aceptaron. “En la familia no hubo discriminación”, dice. En otros ámbitos, sí.

“Antes que cayera presa estábamos haciendo los documentos, porque ella tramitaba pensiones por discapacidad por una leve discapacidad en su mano y su pie, y otra por tener VIH. No puedo creer tanta discriminación, por lo difícil que es hacer documentos para una chica trans. Tenía que hacer el cambio de género, me pedían partida de nacimiento, ponían muchas trabas y nunca lo logré”, lamenta Romina.

Sasha “quería dejar la prostitución y mantenerse con la pensión. No quería prostituirse más. Sufría la violencia sobre todo de la policía, como todas las chicas trans. La paraban y le decían que vendía droga. Cayó presa por eso. Pero ella consumía, no vendía. La vivían cagando a palos. Ella era grandota y a veces se movía y la agarraban entre diez policías. Por eso, iba desde su parada a su casa y desde su casa a su parada. Nada más”, relata su hermana. El cambio de vida que buscaba Sasha quedó trunco.

11 de agosto de 2022

Luciana Rosende

Flor Capella

Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Antonella Mirenghi, Argentina, Cárcel, Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Complejo Carcelario de Batán, Homofobia/Transfobia, Josefina Ignacio, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Romina Barrionuevo, Sasha Barrionuevo, Yésica Gómez

Fuente Agencia Presentes

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General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Agrupación LGBT Dolores, Argentina, Cristian Leonardo Guevara, Dolores, Homofobia/Transfobia, Mujeres y Diversidades Dolorenses, Provincia de Buenos Aires

Por María Eugenia Ludueña

El sábado 25 de abril al atardecer, Tamara Denise Morales –una mujer trans de 36 años– fue trasladada en ambulancia desde la casa de Villa de Mayo, donde vive con su familia, a la guardia del hospital Malvinas Argentinas. Se sentía muy mal, e iban a practicarle diversos exámenes, incluido un testeo de coronavirus, contaron sus allegadxs. Estuvo en el hospital entre las 20 y las 3 de la madrugada, cuando –según dio a conocer el hospital–, pidió el alta voluntaria y se fue. Su familia y amigas no supieron más de ella y el domingo pidieron desesperadamente en las redes que si alguien la había visto se comunicara con ellxs. Finalmente la policía la encontró muerta.

Tamara yacía en una zanja, semi-cubierta de agua, en Pablo Nogués, el 27 de abril. La investigación fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción nro. 23 de Malvinas Argentinas, cuya titular es Silvia Bassani. Aunque según los peritos de la policía científica el cuerpo no presentaba señales de violencia explícita, fuentes judiciales dijeron a Presentes que “por el momento, se esperan resultados de la autopsia. Se mandaron a pedir las cámaras de la zona y se levantaron las muestras para las pericias pertinentes. Hoy no se descarta ninguna hipótesis”.

Desde hacía un año Tamara había vuelto a la casa familiar de Villa de Mayo (Malvinas Argentinas), después de vivir con otras amigas trans que como ella ejercían la prostitución.

“La llevaron al hospital porque se sentía muy mal, con pérdida de conocimiento, dolor de estómago y vómitos. No sé por qué la dejaron irse del hospital”, dice la madre a Presentes, mientras vuelve a Buenos Aires, ya que había viajado a Córdoba para cuidar a una parienta que falleció. “Hasta ahora no nos han explicado bien qué pasó ni por qué la dejaron salir. Yo no me voy a quedar así de brazos cruzados”, dice con la voz rota.

En el hospital, le hicieron diversos estudios, entre ellos testeo de Covid-19 que dio negativo. A causa de la cuarentena, ninguna de las hermanas pudo quedarse allí a acompañarla. Dejaron su teléfono para que les avisaran si podían buscarla. Como no recibían noticias, llamaron a la madrugada a ver cómo seguía y ahí supieron que Tamara había firmado el alta voluntaria. La familia ahora se pregunta por qué no lxs notificaron de que salía.

“Nuestras muertes siempre son trágicas”

Tamara, cuentan sus amigas, cumplía estrictamente la cuarentena. No salía a “trabajar”. “No entendemos qué pasó. ¿Dónde estuvo el domingo? Porque por algún lugar anduvo ¿Cómo llegó hasta ahí?”, se preguntan sus amigas de Villa de Mayo. “Era una muy buena compañera, sensible, excelente persona, cero conflicto. Cuando era chica su familia le dio un buen estudio. Fue a una escuela adventista. Pero siempre nos contaba que la habían echado de la escuela. Su familia con el tiempo terminó aceptándola. Era una chica muy sufrida”, dijeron a Presentes.

Hace un año Tamara había tenido una neumonía leve. Por eso se cuidaba mucho del coronavirus.  Había estado en tratamiento por consumos problemáticos, algo muy frecuente entre las personas trans que están en situación de prostitución o son trabajadoras sexuales. “Quería estudiar. Pero viste cómo es nuestra vida. Nuestras muertes siempre son trágicas”, dice una de sus amigas.

Tamara les había contado que quería dejar la prostitución. “Pero es un oficio muy difícil de dejar. Hay que vivirlo para saber cómo es dejar. Nosotras también tenemos que salir a trabajar, vestirnos, comer, pagar impuestos. Para mí no es una deshonra, pero hay que estar lúcida y atenta a todo. Yo las cago a pedos a las compañeras porque les digo no se puede estar drogadas o borrachas, porque hay gente que viene con maldad”.

Desde el área de Diversidad de Malvinas Argentinas, Patricia Vitale dijo a Presentes que están siguiendo el caso. “Desconocemos aún qué pasó, estamos esperando los resultados de la autopsia”, dijo. Y agregó que “desde el municipio estamos asistiendo a otras chicas trans, amigas de Tamara, con alimentos a través de Desarrollo Social”.

Un intento de travesticidio en el mismo Municipio

Hace pocos días, en el mismo municipio, otra travesti, Gabriela Homman, fue atacada a cuchillazos. Hoy se recupera en su casa. Pero su agresor, que tiene pedido de captura, aún no ha sido encontrado. Gabriela no puede moverse de su casa, salvo para realizarse curaciones en las heridas. Y mientras tanto, no está en condiciones de acercarse a una comisaría a pedir una perimetral o un botón antipánico. La investigación en su caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, pero hasta ahora hay muy pocos avances.

A raíz de la pandemia, hace una semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados “a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), en las medidas de atención y contención adoptadas, en particular asegurar el acceso de estas personas a servicios de salud y programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral”. No sólo por el Covid-19 sino porque la pandemia, como señalan distintos organismos, requiere de enfoques diferenciados e interseccionales. En el caso de travestis y trans, porla deuda histórica de los gobiernos con sus derechos humanos”.

En Argentina las violencias patriarcales se agravaron durante la pandemia. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad informó hoy que aumentaron en un 40 por ciento los llamados a la línea 144 que atiende violencia de género–, durante el primer mes de cuarentena obligatoria.

Y están los otros tipos de violencias: la estructural (muchas travestis y trans están pidiendo encarecidamente les hagan llegar ayuda alimentaria y tejiendo redes para sobrevivir) también la mediática. Ninguna de las dos tuvo consideración con Tamara. Los medios de comunicación locales la trataron en masculino y hasta dieron su nombre anterior, algo que transgrede lo que marca la Ley de Identidad de Género.

“Las muertes trans por acá no llegan ni a conmover”

Violeta Alegre, activista travesti, vivió hasta hace poco en Malvinas Argentinas. “No hay respuesta ni respeto para las personas trans. Para el Municipio nunca fuimos una población a tener en cuenta, sino a exterminar. Los medios siguen masculinizando, haciendo chistes y comunicando barbaridades para que todo sea justificable e insensible. Las muertes trans por acá no llegan ni a conmover”. Hace unas semanas, Gabriela Alejandra Homann me dijo  “vivo de casualidad”. Y hoy nos llega esta tristísima noticia de otra conocida. En medio de esta desesperanza nos están exterminando. Los sectores que manejan los medios feministas tampoco mencionan nuestras noticias, no les importamos, quieren la notas de las Stars del feminismo, analizando la pandemia y las consecuencias en las mujeres, los femicidios -y esta bien- pero no es suficiente. Lo vengo diciendo hace años: También para los medios feministas no somos ni siquiera muertes válidas y eso las hace cómplices ”.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, Tamara Denise Morales

Por María Eugenia Ludueña

Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.

Gabriela y su amigo atacado llegaron en ambulancia al hospital de Trauma y emergencias de Malvinas Argentinas, donde quedó internada y días después pidió el alta voluntaria para irse a su casa, con su madre. “Estoy viviendo de onda en este momento y este plano. Tengo una mano inútil y la voz ronca. Me dio 9 puñaladas y me salvé porque no tocó la aorta”, dice a Presentes en voz muy baja, sentada en la cama de dos plazas y con temor de que sus cuerdas vocales hayan sufrido un daño irreparable. La investigación fue caratulada como tentativa de homicidio y está en manos de la fiscal Lorena Carpovich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada de Malvinas Argentinas.

La violencia contra Gabriela se suma a la larga lista de violencias, denunciada por distintas organizaciones en Argentina y en América Latina, donde las personas LGBT+ y en especial las trans están entre los grupos más afectados por el impacto de la pandemia. Porque las medidas para restringir la propagación del Coronavirus evidenciaron y agudizaron desigualdades preexistentes, tal como vienen expresando distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La causa está en plena investigación, es muy reciente. Se había pedido la detención del acusado al juzgado de Garantías nro. 2”, dijeron a Presentes desde el área de prensa de la Fiscalía de Malvinas. “El martes 21 de abril se intentó efectivizar la detención, pero no lo encontraron en su casa, de modo que no pudo hacerse. Ayer la fiscal pidió su captura. Aunque no está resuelto aún por el juzgado”, informaron.

Gabriela tiene la mano derecha completamente vendada e inmovilizada, otra venda que le cubre parte del cuello y la nuca, y mucho miedo de que su agresor, que vive a dos cuadras, regrese. Es una persona que ella conoce, alguien del barrio, un hombre de unos 30 años, que –cuenta –, había salido hace tres meses de un penal, después de pasar 13 años preso, y con consumos problemáticos. “Por prostitución a veces tengo que atender a un montón de esos tipos”.

“Me vi muerta, tirada en el piso”

Hace tiempo, él le había enviado un mail con otro nombre y le había mandado una foto íntima a su teléfono. “Lo bloqueé. Pero un día lo terminé atendiendo. Me pareció un muchacho extraño. Lo atendí otra vez. Me decía que quería que fuera de él, que si quería, no nos cuidábamos. Yo le decía: soy una mina grande para esto. Y esta última vez, aquel domingo a la noche, ya había venido con algo de dinero y con drogas. Yo le decía hasta acá llegamos. Si vas a volver volvé con lo que hablamos. Se fue, tardó como 20 minutos. Le pedí que me diera el dinero. Me decía que antes quería cocinar. Yo le decía primero lo primero. Soy una mina grande. Y empezó “no seas así”, quería cocinar (pasta base). Le di la espalda y cuando yo estaba desprevenida, me clavó de atrás una puñalada que me cruzó la garganta y luego varias más. No aceptó el no”.

Gabriela dice que cayó al piso y aunque sintió que se ahogaba con la sangre “Parecía American Horror Story”), se agarró las manos a la nuca para protegerse. “Me vi muerta, tirada en el piso, pensé que no me levantaba más. Cuando entró el cuchillo, sentí el sonido del filo, como si clavaran un telgopor”.

Mientras ella yacía sangrante en el piso, el agresor fue a la otra habitación y empezó a apuñalar al amigo. “Él se pudo defender, porque no lo agarró desprevenido, y luego huyó. Mi amigo llamó al 911, llegaron la Policía y la ambulancia”.

Hace muchos años Gabriela sufrió otra agresión, pero de un ex marido.”Cuando me dejó casi morí de depresión. Cuando me puse bien, quiso volver e intentó ahorcarme con un toallón. Hay hombres que no aceptan el no. Se creen que tenemos que acceder a todo”.

Del hospital se dio el “alta voluntaria” porque no soportaba estar sola: por la cuarentena estaba prohibido que alguien la viera. Quería volver a su casa, donde vive junto a su madre Elsa, adulta mayor. Ella no puede quitarse de la mente lo que vio. “Parecía que habían matado a una vaca. Yo perdí a mi hijo de 32 años, que falleció en un accidente laboral. Esto es distinto, pero la imagen no se me va”, dice Elsa.

Madre e hija pasan los días en la misma habitación donde duermen, comen, cocinan, miran las noticias de la pandemia por televisión mientras esperan otra noticia: la detención del agresor.

Ayuda estatal

Después del intento de travesticidio y en medio de la cuarentena, las redes se activaron. En distintos momentos de su vida, Gabriela además ha participado como militante activa de organizaciones de la diversidad y derechos humanos. Por estos días recibió muchos llamados de sus compañeras. Algunas se acercaron hasta la puerta para alcanzarle comida. Otras sirvieron de enlace para gestionar la ayuda con el Estado.

La subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de una activista trans, Alba Rueda, le hizo llegar módulos alimentarios, artículos de higiene y medicación.

“Estamos acompañando a Gabriela con la Línea 144 la parte judicial y articulando con el Estado. Además hay una valiosa red de compañeras en las tareas de cuidado. Es una tarea horizontal que hace nuestra generación, dando alertas, perspectivas, acercando demandas. Saben qué quieren del Estado, cómo exigirle. Y lo que falta en esta emergencia a veces es la articulación integral para acompañar y estar a la altura”, dice Rueda a Presentes. Desde su rol, dice que ve a funcionarixs preocupadxs por estos temas. “No es un dato indiferente. De esa preocupación hay que generar algo para trabajar en la integralidad en la prevención de las violencias. Es un desafío a nivel burocracia del Estado, que las acciones sean coordinadas y tengan sustentabilidad en esta emergencia. Dar una respuesta integral a las compañeras desde las insituciones en este momento es el desafío”.

Desde la dirección de DDHH de Malvinas Argentinas, van a acompañarla también en la causa judicial para que se investigue lo que pasó como un intento de travesticidio. La directora del área, Zulma Vela, se acercó hoy y se comprometió a acompañar el lunes a la madre a retirar el DNI de la víctima, que nadie sabe por qué quedó en la fiscalía.

Gabriela estaba en un tratamiento para adicciones cuando se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. Hoy, a partir del intento de travesticidio, está con acompañamiento terapeútico desde el Frente por la Igualdad y la Diversidad Sexual.

Cada tanto mira su celular, lleno de mensajes solidarios de sus compañeres. Espera la noticia que la tranquilice. “Como no me morí, dije tengo que vivir. Estoy intentando hacerlo, por todos los medios”.

Un Municipio “familiar”

Violeta Alegre – que creció y vivió hasta hace tres años en Grand Bourg- es una de las activistas que se acercaron hasta la casa de Gabriela. Se conocían de la militancia, hace muchos años. “El eslogan de Malvinas Argentinas es “el lugar de la familia” y se ve el relieve de una familia (Mamá, papá y sus niñxs). Me preocupa mucho que aun los intendentes municipales no asuman un compromiso con el colectivo LGBT. En el Hospital municipal de Trauma realizan hace muchos años cirugías “estéticas” pagas usufructuando de las instalaciones del hospital, hace unos 5 años atrás recuerdo haber ido a averiguar con el equipo de cirugía estética por los implantes mamarios, me dieron un turno y me vio el equipo, me dio sus recomendaciones, pero me informaron al final de la consulta que la cirugía no me la podían realizar porque el jefe de cirugía era religioso y no aceptaba hacer ese tipo de intervenciones a personas trans en el hospital”, dice. Y afirma que el municipio de Malvinas Argentinas no cumple al día de hoy con la ya reglamentada en Provincia de Buenos Aires, la Ley de Cupo laboral Trans.

“La mayoría de las chicas de Malvinas necesitan políticas públicas que mejoren sus calidades de vida, y podremos decir que ese es un problema en general de la población, pero en esa zona es muchísimo peor, la discriminación, el abandono y la estigmatización que se vive”.

“No fue un crimen pasional”

Gabriela convive con otras afecciones y desde hace varios meses, dejó de tratarse. Por ahora lo que se está trata a diario son las curaciones de las heridas. Aún se siente muy dolorida, pero más avergonzada: “Como abolicionista me da vergüenza tener que reconocer que me estoy prostituyendo”. Desde junio de 2019, cuando le dijeron que tenía pólipos cancerígenos, “volví a la prostitución y a consumir. Yo no salía a trabajar sino a regalar. Regalé mi orgullo, regalé ego, regalé dignidad”, dice, y su voz se apaga. Pero algo de la furia trava que la hace una sobreviviente se vuelve a encender:

–Quiero que se sepa la verdad, no la mentira que inventó Crónica –dice y no está enojada sino llena de pena–. No fue un crimen pasional. No era un ex cliente enamorado. Yo no estaba con mi pareja, sino con mi amigo que vive al fondo. Fue un intento de travesticidio. 

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Argentina, Gabriela Alejandra Homann Ayala, Grand Bourg, Homofobia/Transfobia, Malvinas Argentinas, Personas trans, Provincia de Buenos Aires, Travesticidio

Por LG con MEL

Ana Lucía Lola Soraire, una trans de 39 años que vive en Merlo (provincia de Buenos Aires), denunció que mientras cumplía la cuarentena por el Covid19 fue víctima de un ataque de odio en su casa, y que intentaron matarla. Según contó a Presentes Karla Benítez, una compañera trans que la acompañó en los últimos días, el 6 de abril un grupo de conocidos atacó a Lola -como la conocen- en la puerta de su vivienda con una masa, cadenas y piedras hasta dejarla inconsciente. Karla denuncia también que hace tiempo a Lola la estaban amenazando por redes sociales. Y dice que a su amiga la justicia le tomaron la denuncia por robo y lesiones pero que “no dimensionaron el ataque que sufrió”.

Mientras Lola estaba en los Tribunales intentando ampliar la denuncia, Karla explicó: “Nos dijeron que el agresor ya había sido allanado, pero tampoco lo sabemos con certeza. Y que no podían hacer mucho más que aplicar una restricción o perimetral porque no saben a quién hacérsela. Mientras tanto, esta gente con Facebook falsos nos siguen enviando amenazas a Lola, a mí y al entorno. No es un hecho aislado, es un intento de transfemicidio contra una compañera. Querían matarla y lo decían: ‘te voy a matar gordo puto’ ”.

Karla cuenta que desde noviembre del año 2019 la agredida recibía amenazas por Facebook “de un círculo de personas que antes frecuentaba y ya no”. Sigue diciendo que a pesar de alejarse, las amenazas por redes sociales y Whatsapp continuaron: “para amenazarla y denigrarla. La trataban de ‘Gordo puto’ y ‘Elefante blanco’, cosas que se utilizan como para agredir a una chica trans”. El domingo 5 -según narra- Lola volvió a recibir amenazas pero las tomó como una más.

Su amiga cuenta que el lunes 6 mientras Lola hablaba por teléfono en su casa de Merlo, escuchó que desde afuera la llamaban. Reconoció la voz de un conocido y salió a la puerta. “Pero cuando puso un pie afuera para abrir la puerta de rejas, sintió un golpe desde atrás con algo contundente que la hizo caer al piso”, contó Karla.

“En medio del desconocimiento vio como una persona más le pasa una masa al agresor y le pegaba mazazos en la cabeza. Ella se cubrió con las manos mientras él le decía “Te voy a matar, puto de mierda” y otras cuatro personas con cadenas y cascotes le pegaban. Según cuenta Karla, “los vecinos salieron, gritaron y los agresores se fueron corriendo y se subieron a un auto. En esa corrida se llevaron sus pertenencias, documento y celular. Antes de irse le advirtieron: ’A la noche volvemos y te prendemos fuego la casa, puto’”, cuenta Karla, quien la fue a ver a su amiga al Hospital Municipal Eva Perón y se enteró de todo.

Conocí a Fantasy (hoy Lola Dyllon, 39 años) en 2003. Quería conseguir novio en “Cupido”. Me contó que a los 10 se había escapado de Tucumán con destino a la puerta de Telefé “para conocer a Thalía”. El transodio reinante la llevó a comer de la basura y a vivir en la calle.

— Franco Torchia (@francotorchia_) April 8, 2020

En el contexto de pandemia por Covid-19, su acompañante explica que Lola fue atendida pero enviada a su hogar lo antes posible para evitar un contagio: “A 15 cuadras del hospital Eva Peron teníamos la Comisaria de la Mujer. Solo la dejaron acercarse a ella. Ahí contó que la golpearon y le llevaron el celular. Dijeron que si era un robo tenía que hacerse denuncia en la comisaría zona. Y pusieron como motivo robo de celular y plata. Esa no es la realidad”.

Ivana Gutiérrez es Directora de Políticas para la Diversidad dentro de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Equidad, Diversidad y DDHH del municipio de Morón, provincia de Buenos Aires y dice: “Acceder a la justicia debería ser un derecho como ciudadano y ciudadana pero hay algo que no está funcionando, no se respeta la Ley de Identidad de Género, no se respeta a la persona como se autopercibe. La vida de las travestis y trans sigue valiendo nada para ciertos sectores institucionales de la sociedad”

Karla contó que de la Comisaría de la Mujer la enviaron a la Comisaría Cuarta ubicada en la localidad de Libertad dónde le dijeron que debía ampliar la declaración. En Tribunales le dijeron que debía hacerlo de puño y letra y pasarlo por mail para incorporarlo a la denuncia. “Al no acceder a la justicia son muy pocos los casos que se llevan adelante. De diez casos son dos los que se animan a denunciar. Las personas trans no tienen dónde recibir acompñamiento para hacer estas denuncias”, amplía Ivana Gutiérrez.

“Desde el centro Vivir Sin Violencia donde está la Dirección de Políticas para la Diversidad de Morón abordamos toda las temáticas que tiene que ver con la violencia de género y violencia hacia el colectivo lgbt, tenemos una línea que funciona las 24hs”, dice Gutiérrez.

Karla dice que las agresiones por redes sociales a Lola, ella y el entorno continúan. “Lo que pasa en redes no es un mensaje de odio sino una acción de odio que lamentablemente muchas compañeras travestis y trans la siguen recibiendo”, explica Ivana Gutiérrez. “La sociedad todavía no está aggiornada, en el discurso todo bien pero la realidad la práctica es otra por que las agresiones hacia la comunidad sigue existiendo en todos los planos. No podemos hablar de una conquista cuando nuestros derechos y nuestras identidades siguen siendo vulneradas”

“Estoy con ella que vive sola porque amenazaron con volver a prenderle fuego la casa con ella adentro”, dice Karla, mientras el país sigue en aislamiento general frente a la pandemia de Covid-19.

Fuente Agencia Presentes

General Argentina, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Merlo, Provincia de Buenos Aires

Una mujer trans fue asesinada a puñaladas en la denominada zona roja de la ciudad bonaerense de La Plata, presuntamente durante una pelea que habría mantenido con unos hombres. Por el crimen detuvieron a dos hermanos.

En la madrugada del sábado, alrededor de las 8, Roberta, una mujer trans peruana, fue asesinada de cuatro puñaladas en 1 y 62, una esquina de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde paran las chicas en situación de prostitución. Roberta tenía 45 años y era una sobreviviente de un colectivo que tiene como esperanza de vida los 35. Después del ataque, sus compañeras la llevaron al Hospital San Martín, donde falleció horas después.

La causa cuya calificación legal por el momento es la de homicidio, quedó a cargo del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, donde se investiga para dar con el autor del hecho y la posible participación de un cómplice. Ya se pidió el registro de las cámaras de seguridad de la zona y se pudo identificar a un vehículo Chevrolet Corsa blanco en el lugar. De acuerdo a testigxs consultados por la agencia Sudaka, dos hombres estuvieron rondando y molestando a las chicas y preguntando por Roberta. De acuerdo con lo que relataron a los policías quienes pudieron presenciar el homicidio, todo comenzó a raíz de una pelea que la mujer trans protagonizó con dos jóvenes, quienes bajaron de un auto, la hirieron con una cuchilla y luego escaparon en el mismo vehículo.

La víctima, que tenía al menos tres heridas cortopunzantes, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, ubicado a pocas cuadras del lugar en el que empezó la discusión, donde falleció a los pocos minutos como consecuencia del ataque. No obstante, las autoridades a cargo de la investigación todavía aguardaban el resultado de la autopsia para determinar la cantidad de puñaladas que recibió.

Desde OTRANS Argentina han convocado a una movilización para este lunes 3 de febrero a las 11:30hs en 1 y 62 hasta los tribunales platenses, ubicados en calle 7 entre 56 y 57. Claudia Vásquez Haro, presidenta de la organización dijo: “Venimos denunciando de manera sistemática cómo se aniquila a las personas trans y travestis por no ser un destino posible, para un sector de la sociedad. Necesitamos políticas públicas concretas para revertir este tipo de violencia que terminan con la vida de las compañeras trans. Al mismo tiempo, queremos poder tener derecho al duelo; por que cuando muere cualquier ciudadano o ciudadana común la sociedad se enluta, todo el mundo siente lástima, siente pena, se acongoja. Sin embargo aún nosotras no hemos podido estar como dice Marlene Wayar y Susy Shock en la agenda emocional de nuestro país. Necesitamos que la sociedad también luche por nuestras muertes”.

Fuente Agencia Presentes/Infobae

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Claudia Vásquez Haro, Delitos de Odio, Homofobia/ Transfobia, Juan Cruz Condomi Alcorta, La Plata, Otrans Argentina, Provincia de Buenos Aires

El juez Juan José Ruiz de La Plata fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari, que también resolvió embargarle el 40 por ciento del sueldo. Ahora Ruiz deberá afrontar un jury que puede acarrearle la destitución.

Fue a partir de las denuncias contra el juez presentadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA), la Comisión provincial de la Memoria y María Rachid. “Lo denunciamos desde la FALGBT porque el agravante era por ser migrante y por ser trans, lo que constituye una decisión claramente discriminatoria y antijurídica que, viniendo de un juez es muy grave. Por eso estamos planteando su destitución, dijo Rachid a Presentes tras conocerse la medida.

“Xenófobo y transodiante”

El fallo del juez no es un hecho aislado, en un escenario donde las organizaciones vienen denunciando detenciones arbitrarias y causas armadas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. “La suspensión al juez Ruiz, que dictó un fallo xenófobo y transodiante, es la cara visible de los armados de causa del Poder Judicial hacia las compañeras trans y travestis. Denota la connivencia entre la Policía, los jueces, algunos fiscales y también la trama perversa que se complejiza con los malos tratos del servicio penitenciario a las privadas de su libertad», expresó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina, una de las instituciones que denunció al juez por su fallo”.

La sentencia discriminatoria

El expediente judicial arrancó con un operativo policial en La Plata, en abril de 2014, y la aprehensión de una persona trans, Claudia Córdova Guerra. Claudia estaba en la llamada zona roja y tenía en su poder un gramo y medio de cocaína. El juez Ruiz, desde el Tribunal unipersonal Nro. 1 de La Plata, dictó sentencia en mayo de 2016: condenó a Claudia a cinco años y tres meses de prisión más una multa de 225 pesos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, calificación que luego fue cambiada por casación.

En su sentencia, el juez agravó la pena de Claudia por ser extranjera, en su caso, peruana. Lo expresó con estas palabras: “El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”.

Pero además de discriminarla por migrante, el expediente judicial trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, algo que transgrede la ley de identidad de género sancionada en 2012. Apenas mencionaba su nombre como un “alias” y hacía menciones a “persona travestida”.

Claudia fue requisada por varones y enviada a un penal también de varones. El expediente también trataba en masculino a las testigas compañeras de la acusada que declararon en la causa y se autopercibían como femeneidades.

Cuando el juez se presentó para hacer su defensa, negó haber agravado la pena de Claudia por extranjera. Y dijo que las acusaciones eran un modo de hacer “una apelación encubierta” para intentar direccionar el rumbo de la casación.

Como respuesta a la apelación, en noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia, cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (es decir, sin “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por el juez Ruiz. Por último, redujo la pena a 2 años de prisión en suspenso y la multa a 50 pesos.

Las acusaciones contra el juez

Tras las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y diversidad sexual, la Comisión Bicameral y la Procuración General acusaron al magistrado de mal desempeño “en orden al tratamiento desigual que mereció la imputada”, al no cumplimiento de la ley 26743 de Identidad de Género y a la discriminación xenófoba en franca violación a la Ley 23592 (que sanciona los actos discriminatorios)”. También señalaron que la actitud del juez infringió la Ley de Migraciones y “comprometió al Estado argentino” en términos de sus compromisos internacionales. Esto puede acarrearle al juez su destitución, según la Constitución provincial.

A pesar de la defensa que hizo el juez de sí mismo, el jurado de enjuiciamiento consideró básicamente que había incurrido en un acto discriminatorio. Y enfatizó en su resolución que “El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia”. Y resolvió “suspender a partir de la fecha al magistrado disponiendo el embargo del 40 por ciento de su sueldo”.

Descargar la resolución que suspendió al juez por discriminar

“Me parece interesante remarcar que este fallo aleccionador, que data de 2016, intentó marcar desde la Justicia un nuevo momento de época con la asunción de María Eugenia Vidal en la provincia y de Garro en La Plata. Hoy, casi 3 años después, estamos viendo cómo podemos empezar a revisar todas las causas que denunciamos. La Justicia ha sido profundamente transodiante, xenófoba y racista con nuestro colectivo”, señala Vásquez Haro. Para ella, no se trata de un caso aislado sino que se enmarca en las numerosas violaciones a derechos humanos que se vienen denunciando y también en las muertes de sus compañeras trans y travestis que fallecieron en 2017, cuando estaban privadas de su libertad: Pamela, Angie, Damaris y Brandy.

“No es un caso aislado, y también se relaciona con lo que pasa hoy con la compañera Mónica (Mego) que entró caminando a la cárcel y hoy la tenemos en silla de ruedas, parapléjica, porque las condiciones de detención agudizaron su enfermedad. Este fallo pone al descubierto esa trama perversa de los armados de causa y criminalización de trans y travestis en Argentina, y también el doble perfilamiento por lugar de procedencia”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Luciana Bertoia

Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y hoy está postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Hace casi un año que está detenida sin condena, acusada de narcomenudeo. Después de meses de dolores y reclamos para que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la hiciera atender, quedó paralítica y sin control de esfínteres. Denunció por torturas al SPB – que depende del Ministerio de Justicia provincial de María Eugenia Vidal-, pero su presentación no avanzó. En simultáneo, los penitenciarios accionaron contra un defensor por haber ido a visitar a Mónica, supuestamente acompañado por una periodista. Esa investigación se mueve a pasos agigantados y ya pasó por las manos de tres fiscales. Distintos organismos dicen que se trata de un caso de torturas que el Estado provincial quiere impedir que se investigue, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema bonaerense.

La denuncia de Mónica entró a la fiscalía general de La Plata el 5 de julio de este año. La presentó el abogado de la Defensoría de Casación bonaerense Aníbal Hnatiuk. En un par de hojas, Mónica relataba cómo su vida se desmoronó en menos de un año, desde que quedó privada de su libertad. Los dolores renales empezaron en octubre del año pasado, cuando estaba detenida en la Alcaidía de Olmos. La atención del SPB consistía en suministrarle Ibuprofeno. Ella fue notando cómo crecía una protuberancia y también cómo los penitenciarios incumplían su promesa de llevarla a un hospital extramuros para que la atendieran y trataran.

Cuando la trasladaron a la Unidad 32 de Florencio Varela, Mónica ya casi no podía caminar. Sus compañeras de pabellón entraron en una huelga de hambre para reclamarle al SPB que la hiciera tratar. La respuesta del SPB fue ponerla en un “buzón” – una celda de castigo – y dejarla horas sin atención. El 21 de mayo, una compañera que colaboraba con el área de Sanidad quiso levantarla, pero Mónica se desmoronó. “Se me murió el cuerpo totalmente”, escribió en su denuncia.

Al día siguiente, la operaron en el Hospital San Martín de La Plata. La protuberancia que ella notaba era un absceso epidural por una tuberculosis no atendida. Cuando salió del quirófano, los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar: debería vivir el resto de su vida con pañales y sonda.

Días después, la volvieron a llevar a Olmos. La dejaron en una cama sin rotarla y se le formaron escaras, dejándola expuesta a infecciones múltiples. Una tortura adicional para alguien que vive con otras patologías crónicas.

La cárcel, un dispositivo para morir

“Esto que pasó con Mónica es algo sobre lo que veníamos alertando desde 2017, cuando murieron cuatro compañeras que estaban privadas de su libertad”, dice Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans.

Pamela Macedo Panduro falleció el 1 de enero mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, Provincia de Buenos Aires.

La organización está por dar a conocer una investigación federal realizada con apoyo del Fondo Internacional Trans, que detalla los padecimientos de las personas trans en situación de encierro. “El informe va a dar cuenta de cómo se agravaron las condiciones de detención, malos tratos, tortura y muerte en estos cuatro años de macrismo”, adelanta. El 95 por ciento de las entrevistadas denunció que al menos una vez sufrió malos tratos, violencia verbal o física de las fuerzas de seguridad. En las cárceles, hay una triple discriminación– explica Vásquez Haro–: ser travesti, migrantes y pobres.

Según el último informe de la CPM, a diciembre del año pasado, eran 94 las mujeres trans detenidas en las cárceles bonaerenses. La mayoría de ellas están alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela. El resto se reparte entre la Unidad 44 de Batán y la Unidad 2 de Sierra Chica.

La población trans en cárceles creció un 36 por ciento entre 2017 y 2018 – al calor de la retórica manodurista. Hasta el año pasado, el 86 por ciento de las personas trans detenidas lo estaba por tener un procesamiento. O sea, sin sentencia ni revisión de sentencia. Como sucedió con Mónica.

La justicia le reclama a la justicia

El viernes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, firmó una resolución en la que le apuntaba directamente al Procurador General Julio Conte Grand. Por un lado, le reclamaba que le informe qué se hizo con la denuncia que presentó Mónica desde el hospital. Por otro, hacía una exhortación a todas las autoridades que intervienen en el caso para que no entorpezcan la acción de defensores de los derechos humanos.

Mario Coriolano, defensor de Casación, fue a visitarla mientras estaba en una cama en Olmos. Lo hizo a partir de un pedido del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) – que consideró que la falta de atención, las burlas y el hostigamiento que padeció Mónica podía catalogarse como un caso de tortura. Terminó denunciado Coriolano por el titular del SPB, Xavier Areses, por haber supuestamente permitido el ingreso de una periodista – lo que sería prácticamente una hazaña porque es el propio SPB quien controla ingresos y egresos de las cárceles.

“El de Mónica es un caso testigo porque pone sobre la mesa lo más brutal y estereotipado del sistema de justicia: de un sector de los fiscales, de la judicatura y el SPB”, dice Coriolano a Presentes. “Desde una perspectiva de género hay una intersección de vulnerabilidades. Es una mujer trans, peruana y eso llevó a que se la involucrara falsamente en un tema de drogas”.

La resolución de De Lázzari surgió después de que llegaran ante el máximo tribunal provincial presentaciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), del CNPT y del Vicario Episcopal de Solidaridad de la Diócesis de Quilmes.

La CPM presentó dos hábeas corpus por la situación de Mónica y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que extendió a todo el colectivo trans privado de su libertad en la provincia de Buenos Aires.Es probable que se repitan las presentaciones en las próximas semanas e incluso que se sumen nuevas organizaciones para apoyar el reclamo.

Mónica está actualmente detenida en prisión domiciliaria en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, pero las organizaciones que siguen su caso vienen reclamando que se la traslade al Hospital El Dique, de Ensenada, porque es el centro médico ideal para tratar dolencias crónicas.

“Es de interés que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. La respuesta del Estado para Mónica debe ser reparatoria”, reclama Ignacio Di Giano, director del Programa de Recepción de Denuncias de la CPM. “Esta chica entró caminando y se va a ir en una silla de ruedas en el mejor de los casos”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Lucas Gutiérrez 

El domingo 25 por la madrugada a Xoaquín López (29) lo golpearon. Fue en la zona de San Francisco Solano, Quilmes, provincia de Buenos Aires. Le pegaron por homoodio. No es la primera vez que los agresores atacan a Xoaquín. “Basta de homofobia, basta de intolerancia”, dijo López en un video que subió a sus redes denunciando el ataque.

“Acompañé a mi marido a tomar el colectivo a la avenida Donato Álvarez. Él tomó el colectivo y yo fui al kiosco por la Donato y calle 840. Ahí aparece esta mujer con su prima y un varón que no sé si es su hermano o su pareja. Cuando los veo atino a cruzarme de vereda pero no me dio tiempo, él me cortó el camino y me agarró del cuello”, dijo a Presentes Xoaquín. Contó que mientras ellas observaban y el hombre le pegaba, le decían todo tipo de insultos, pero en especial: “Esto te pasa por puto”.

Xoaquín contó que no es la primera vez que esta mujer de apellido Molina y sus conocidos lo agreden. “Me tenía del cuello, me cortó el aire y yo no podía respirar. Cuando quiero zafar me pega una piña muy fuerte en la boca y es ahí donde caigo al suelo y mi cabeza da contra el asfalto”, explicó a este medio.

Sin ayuda del 911

Xoaquín volvió al kiosco pidiendo que lo ayuden ya que por el mareo tambaleaba. Cuando llegó a su casa llamó al 911: “La mujer que me atendió me trató de manera muy soberbia, dijo que me iba a mandar un móvil pero cuando corté me di cuenta que no me había pedido ni mis datos ni mi dirección”. El móvil nunca llegó.

Camila Fernández, militante trans de La Cámpora Diversia, acompañó a Xoaquin a realizar las denuncias. “A veces cuando vas a la comisaría te revictimizan, te hacen preguntas que no deben. Fuimos a la fiscalía tuvimos una mejor atención, aparte en un momento se acercó un empleado del poder judicial que también es homosexual que también nos pudo contener”, explicó. La denuncia de momento quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 11.

“Después fuimos al Cuerpo Médico que se encuentra en la zona del triángulo de Bernal. No me revisaron, me miraron y dijeron que veían que tenía el golpe en la boca y la apretada en el cuello. Nada más”, dijo López quién se encuentra desempleado. “Al hospital de Solano tampoco fui. Para que te vean te tenés que estar muriendo”, agregó.

Reincidencia y denuncia sin consecuencias

“Esta es la segunda vez que ellos me agreden. La anterior fue hace unos años. Presenté denuncias en comisaría y fiscalía y no encontraron pruebas suficientes para hacer algo”, dijo Xoaquín.

Mientras evaluaba si pedir protección policial para la zona, Xoaquín dijo: “Ahora si salgo de mi casa tengo que hacerlo acompañado. Llamo a mis hermanas, me tienen que venir a buscar. No salgo solo. Porque yo sé que tarde o temprano me los voy a cruzar. Viven a dos cuadras. Las dos chicas miraban e insultaban. No me robaron, no me sacaron las zapatillas ni la campera. Fue odio”.

Juano Beni, artivista de la zona de Quilmes, agregó: “Si voy caminando de la mano de mi compa, si le doy un beso, puedo llegar a recibir un ataque. Es parte de un cotidiano estar alerta. Está ese miedo porque a les compañeres les pasa que los violentan, a mí alguna vez e han gritado algo ya que el acoso verbal también existe”.

Beni también reforzó el hecho que en la zona hay movimientos de diversidad unidxs: “Se viene la cuarta marcha del orgullo en Quilmes el 28 de septiembre. Esperamos el doble de gente que el año pasado”.

Fuente Agencia Presentes

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Por L.G

El viernes 19 de julio una pareja de lesbianas fue atacada por un hombre mientras esperaban el colectivo en la ciudad de Berisso (provincia de Buenos Aires). “Ya que estás, vestite de varón”, le dijo el agresor, que estaba con su esposa e hijos. Acto seguido, escupió a una de ellas y le dio dos piñas. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de La Plata. Organizaciones de la zona convocan a marchar en repudio de este acto de LesboOdio el miércoles 24 a las 9:30 de la mañana.

La joven agredida -que prefirió reservar su identidad- estaba con su pareja. Esperaban el colectivo cuando este hombre primero la agredió verbalmente. Cuando ella lo interpeló, le respondió escupiéndola. “Y después, el hombre le pegó una trompada en el ojo izquierdo, ella tenía anteojos así que la lastimó con la lente. Ella trató de acomodarse y vio que venía una segunda trompada. Logró esquivarla un poco, así que le pegó en la oreja y le arrancó el aro”, dijo a Presentes Sandra Di Sieri, parte del Frente Darío Santillán Corriente Nacional, que está acompañando a la joven agredida.

Según contó a Presentes, cuando ella intentó agarrar algo para defenderse, apareció un patrullero. Al acercarse a explicarle la situación, el agresor se comenzó a retirar. “Los patrulleros, en lugar de detenerlo, se retiraron continuando su ronda. Cuando esta compañera ve que el patrullero se va, sigue a quien la agredió”, continuó Di Sieri. “En ese momento él, ya acompañado de otros varones, la amenazó con un ladrillo hueco”.

La denuncia recién pudo ser radicada el día 23 de julio, en la fiscalía de la ciudad de La Plata (ubicada en la calle 5 entre 56 y 57). “En la comisaría 2da de Berisso no les quisieron aceptar la denuncia, las mandaron primero al hospital. Luego de eso fueron a hacer la denuncia en la fiscalía que está en calle 54 entre 6 y 7, donde tampoco la quisieron recibir. Y las mandaron a la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones). Ahí, en lugar de tomarle la denuncia, le cuestionaron a la joven agredida que porqué lo había seguido, así que se retiraron”, dijo Di Sieri.

Marcha en Berisso

A raíz de esta agresión lesboOdiante se convocó a una marcha en repudio. El miércoles 24 a las 9:30 en Berisso, partió de calle Montevideo y Avenida 30 (General Mitre). “Este ataque se enmarca en el avance de las violencias contra lesbianas, maricas, trans y travestis en la región. El pensamiento de derecha, el ¨Con mis hijos no te metas¨, los intentos de frenar la implementación de la Educación Sexual Integral, el recrudecimiento de las violencias de género sobre mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries y toda la comunidad GLTTBiPQ+. No vamos a tolerar ésta ni ninguna otra agresión sobre nosotras y nosotres”, dice la convocatoria.

Toni Domínguez es investigadora de la Dirección de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, y milita en el Frente de organizaciones TLGBI de La Plata, Berisso y Ensenada.  Sobre lo que está pasando en esta zona, describió: “Acá el contexto de hostilidad para el colectivo LGBTI se ha recrudecido muchísimo con prácticas violentas en la vía publica, correcciones, violaciones simbólicas, violencia explícita, golpes y persecuciones. La verdad que como espacios de diversidad estamos muy preocupades porque entendemos que esto no es azaroso. Las personas que cometen estos actos son vecinos, sujetos, varones que transitan la vía pública, personas civiles como cualquier otro pero que tiene que ver y se enmarca en un proyecto político que entiende a la diversidad sexual como algo a lo cual hay que exterminar y/o perseguir”.

“Faltan políticas públicas”

“La idea es recorrer las calles denunciando esta agresión, no naturalizar que nos vengan a violentar. Tiene que ver con el contexto social que estamos viviendo. La falta de políticas públicas que promuevan la construcción de nuevas relaciones humanas basadas en la diversidad y el respeto al ejercicio libre de nuestros cuerpas, identidades y deseos  traen como consecuencia violencia contra nuestras/es compañeras/es”, explicó Sandra Di Sieri y citó varios ejemplos de agresiones recientes en el país.

Más de 30 organizaciones adhirieron al comunicado de repudio ante lo sucedido y estarán acompañando esta marcha.

Fuente Agencia Presentes

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Lo echaron de un boliche por besarse con otro hombre, quiso hacer la denuncia y un policía los amenazó. Ocurrió en Necochea, a donde un joven de 33 años había viajado por el fin de semana. Contó lo que le había pasado en las redes sociales y su publicación se viralizó.

Un joven de 33 años denunció que en un boliche de Necochea, lo echaron del local por estar besándose con otro hombre. Cuando quiso hacer la denuncia, la policía lo amenazó.

Marcelo Mangini es de Capital Federal y fue el fin de semana a la ciudad costera junto a sus amigos para visitar a sus familiares.

El sábado a la noche fueron a Tom Jones Bar. Cerca de las 3.30 de la mañana, Mangini empezó a besarse con otro hombre cuando el dueño del local bailable se les acercó para pedirles que dejen de hacerlo. “Hay familias. Pueden quedarse, pero paren de besarse”, les dijo.

Mangini y el chico salieron al patio, donde bailaron y también se besaron. Esta vez dos patovicas los increparon. “Nos habían estado siguiendo desde el encuentro con el dueño, era como una marca personal. Hicieron el mismo planteo: ‘somos empleados, seguimos órdenes, hay clientes a los que les molesta‘”, contó Mangini en diálogo con La Once Diez.

Minutos más tarde el joven se cruzó con el dueño y le preguntó por qué los hostigaban. “Ahí él no quiere hablar con nosotros, se va caminando de forma muy desagradable y prepotente. Hace un gesto con la mano arriba como mirando a los patovicas y les dice: ‘a estos sacámelos‘”, contó Mangini.

Fue entonces cuando los empleados de seguridad los sacaron del boliche. “En un momento uno dice ‘por las buenas o por las malas’, se da vuelta, me hace como un gancho en el cuello y me empieza a arrastrar en el aire. Forcejeo, me como un par de trompadas, va abriendo camino entre la gente y después llegando a la puerta me revolea como una bolsa de papas a la vereda“, contó el joven.

El grupo decidió ir a la comisaría a hacer la denuncia pero la respuesta que obtuvieron de un policía no fue la esperada. “Hizo un discurso donde rescató que era un lugar privado, que tiene sus propias reglas, que el dueño decide. Lo que nos decía es que nosotros desafiamos la potestad de él de sacarnos y que al resistirnos generamos violencia”, detalló Mangini.

La charla empezó a tener un tono más violento por lo que uno de los presentes empezó a filmar la situación. “Nos preguntan si tomamos alcohol, empieza como un amedrentamiento, llama por la radio a los que tienen que hacer el test, empieza a crecer todo (…). Eso empieza a desescalar, se da cuenta de que todo se está yendo al carajo y rescata que hubo lesiones —contó—.Y dice: ‘bueno, les tomo la denuncia’. Y pasa a un cuarto con el chico con el que estaba, que iba a ser testigo”, relató Mangini.

Después, el efectivo intimidó al grupo. “No me gustaron para nada sus formas. Llegan a subir el video a las redes y les meto una denuncia a cada uno”, amenazó.

En ese momento, Mangini decidió no hacer la denuncia: “En estas condiciones no la voy a hacer, no te voy a dar mis datos personales porque me estás amenazando, sos un homofóbico”.

“Terminamos en la calle re victimizados. Tuve un par de días de angustia, de mucha impotencia. Una situación de desprotección muy grande”, dijo el joven, quien denunció lo que pasó en las redes sociales y su publicación se volvió viral.

El apoyo recibido por los usuarios fue tan grande, que el perfil del boliche se llenó de mensajes que mostraban su repudio ante lo sucedió. Finalmente, la cuenta fue cerrada.

Fuente Telefé Noticias, vía SentidoG

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La Corte Suprema argentina ratifica, por unanimidad, la condena por abusos al cura Grassi

El religioso fue hallado culpable de abusos a varios niños huérfanos, y pasará 15 años en prisión

El Obispado de Morón recuerda que el sacerdote tiene prohibido “el ejercicio público del ministerio“

Julio César Grassi es un abusador de menores. Lo ha confirmado, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Argentina. El cura argentino ya fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por “abuso sexual agravado” contra los niños, pero permaneció en libertad condicional hasta 2013.

Cronología del ‘caso Grassi’ con enlaces a artículos.

Grassi quedó bajo sospecha en 2002, cuando el programa “Telenoche Investiga” de Canal 13 difundió un informe donde se ventilaban denuncias contra el titular de la “Fundación Felices Los Niños” por supuesto abuso deshonesto de menores a los que debía proteger. Estuvo solo un mes en prisión y luego esperó su juicio oral en libertad; en 2009 fue condenado por solo dos de los 17 cargos que pesaban en su contra y recibió una sentencia a pasar 15 años tras las rejas. Sin embargo, tampoco quedó detenido. Grassi sigue en libertad y ahora la Suprema Corte bonaerense confirmó esa resolución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy la condena a 15 años de prisión al Padre Grassi por los delitos de “abuso sexual agravado” contra un menor de edad en la Fundación Felices Los Niños.

La Justicia desestimó por unanimidad los recursos presentados en la causa que tiene como imputado al sacerdote Julio César Grassi, convalidando lo decidido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

De este modo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n°1 de Morón, Provincia de Buenos Aires, que condenó a Grassi de 15 años de prisión como autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima en concurso real entre sí.

Fue condenado en junio de 2009 a 15 años de prisión por abusar sexualmente de “Gabriel”, un niño de 13 años de edad. El religioso fue sentenciado por “abuso sexual agravado, corrupción de menores agravada por su condición de sacerdote” contra un menor que en el 2002, con 19 años, había relatado en un programa de televisión cómo había sido abusado por el sacerdote cuando tenía 15 años y vivía en la Fundación Felices los Niños dedicada a rehabilitar a niños de la calle, de la que Grassi era responsable. Fue detenido el 24 de octubre de 2002, veinticuatro horas después de que el programa televisivo revelara su implicación en el abuso de cinco chicos.

Sin embargo, el Padre gozó de libertad condicional hasta que fue detenido en 2013 luego de que el fallo fuera ratificado en tres instancias y tras esta confirmación, le quedarían más de doce años de prisión efectiva. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, Provincia de Buenos Aires.

El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, se mostró muy conforme con la resolución e incitó a que la Iglesia tome una decisión sobre su continuidad como Padre. “No hay más dudas, no hay más complot, no hay más ataques a las victimas. Es un cura pedófilo y debe ser expulsado de la Iglesia”, indicó en declaraciones a TN.

La sentencia es firme, y ya no caben recursos. Tras conocerse el fallo, el Obispado de Morón -diócesis a la que pertenecía Grassi- emitió un breve comunicado en el que destaca que “desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis”, al tiempo que el obispo, Luis Eichhorn, “le prohíbe el ejercicio público del ministerio“.

En la nota, se añade que “la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe“, y se afirma que “el Obispado actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública.“

Tras la confirmación definitiva de la Corte Suprema, le restarían doce años de prisión efectiva. El sacerdote está actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 41 de Campana, provincia de Buenos Aires.

Comunicado del Obispo de Morón:

Morón, 21 de marzo de 2017

Ante el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del sacerdote Julio César Grassi, el Obispado de Morón manifiesta que:

Desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis.
Está vigente sobre este sacerdote la medida dictada por el obispo de Morón -Mons. Luis Eichhorn- que le prohíbe el ejercicio público del ministerio.

Oportunamente la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Obispado actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública.

Bergoglio y el polémico Grassi, condenado por abusar de menores

Por su parte, y según informa Sergio Rubín en Valores Religiosos, el caso Grassi siempre dividió a la Iglesia entre los que lo consideraron culpable y los que creían en su inocencia. Como la cuestión era tan polémica, la cúpula del Episcopado decidió encargarle a un destacado penalista, Marcelo Sancinetti, un estudio del caso tras lo cual concluyó que el sacerdote era inocente.

Jorge Bergoglio, el primer papa argentino, era la figura máxima de la Iglesia Católica en Buenos Aires y Cardenal cuando el cura Julio César Grassi, perteneciente a su Diócesis, condenado en dos instancias a 15 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual, hechos ocurridos en su Fundación “Felices los Niños”.

Según declaró en una entrevista al diario Perfil en 2009, el mismo Grassi aseguraba que Bergoglio “jamás” le había soltado la mano. Investigaciones periodísticas de la época indican que Bergoglio no sólo continuaba protegiéndolo a través de la Iglesia, sino que además era su confesor, y uno de los pocos que acudían a la Fundación a hablar con él. “Hablo con él, me apoya mucho espiritualmente y me cree”, dijo Grassi sobre Bergoglio antes de ser condenado a 15 años de prisión.

Francisco siguió defendiendo al cura Grassi diciendo que es inocente y que había sido víctima de un complot mediático.  Recordemos que Bergoglio era su confesor. Y era el Presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina y Cardenal.

Bergoglio encomendó un estudio secreto de dos tomos con el propósito de desacreditar no solo a “Gabriel” sino también a otras dos víctimas que habían denunciado a Grassi y convencer a los magistrados de la Suprema Corte bonaerense de la inocencia de Grassi. Según dijo el abogado de una de las víctimas, el libro se hizo llegar a los magistrados del tribunal superior que se preparaban a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la defensa de Grassi.. Se cree que el encargo de Bergoglio es una de las razones por las que Grassi permaneció en libertad durante más de cuatro años después de ser condenado. Finalmente fue enviado a la cárcel en septiembre de 2013.

En septiembre de 2013, Monseñor Marcelo Cuenca Revuelta, arzobispo de Río Negro, declaró públicamente que el padre Julio César Grassi (sacerdote ya condenado cuya culpabilidad había sido confirmada por dos tribunales de apelaciones) era “completamente inocente”. Él también dijo que Grassi había sido incriminado injustamente por personas desconocidas que querían castigar a Grassi e impedir que la Iglesia ayudara a los niños pobres.

Acaso por lo controvertido internamente que resultaba el tema llevó al obispo de Morón, Luis Eichhorn, del cual depende Grassi, a dilatar el juicio eclesiástico, cuyo veredicto es determinante para disponer o no la expulsión expulsión del sacerdote del ejercicio de su ministerio.

Eichhorn apeló al argumento de que no era conveniente avanzar decididamente en el juicio eclesiástico mientras estaba actuando la justicia para no aparecer interfiriendo, un criterio aceptado por los canonistas, aunque no necesariamente de observancia obligatoria.

Ahora, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las instancias judiciales se cumplieron y todo indica que el proceso interno se acelerará, Por el bien de la Iglesia, es importante que concluya rápidamente.

A pesar de la condena recibida en 2009, Grassi permaneció en libertad hasta septiembre de 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó su apelación y lo encarceló de inmediato para que comenzara a cumplir su condena de 15 años de prisión. Aun así, sigue siendo sacerdote católico.

Además fue condenado a dos años más de prisión  por el delito de malversación de fondos de la Fundación y por el desvío de las donaciones en beneficio propio. En julio de 2014 el director de hogares de la Fundación Felices los Niños, Juan Manuel Casolati, lo denunció ante la Fiscalía número 8 de Morón, por el robo de la comida de los niños y las donaciones de la Fundación, que le son enviadas semanalmente en vez de ir a la Fundación, para que el padre pueda pagar prebendas y solventarse una vida de lujo en prisión mientras los niños pasan necesidades y viven en pésimas condiciones.

En 2007, Bernárdo Álvarez, Obispo de Tenerife, hizo unas declaraciones que afectaron la sensibilidad de quienes no rigen sus vidas ni su ética según los principios de la Iglesia Católica. “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan”, explicó refiriéndose a la práctica, en el clero, de abusar sexualmente de personas.

La revista Barcelona reveló que el sacerdote español se sumaba al puñado de prelados que reclama “la inmediata libertad” del padre Julio César Grassi (hacer click sobre el recorte para leer), condenado a 15 años de prisión por abuso de menores. Lo que para cualquiera sería un sorbete amargo de tragar, para el fundador de la Fundación Felices Los Niños ha constituido un espaldarazo. Su gran amigo personal, el animador Raúl Portal, habría perdido la alegría desde la última vez que opinó públicamente sobre el caso Grassi:  “Esta es una victoria dolorosa, pero recuerden que nadie ganó un partido sin perder un set. Mirá lo que quedó del violador serial. Si te acordás, eran como treinta los chicos que lo acusaban y le decían ‘violador serial’, ahora resulta que solamente violó a uno y dos veces, es un chiste”, se ufanó Portal en junio de 2009, la primera de las dos veces en que Grassi fue condenado y dejado en libertad, simultáneamente.

Fuente: La Nación/Terra/BishopAccountability.org

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