Se busca garantizar la igualdad y la no discriminación de aquellas personas trans que no han cambiado su nombre y sexo social y/o, habiendo efectuado el trámite, no alcanzaron a actualizar sus datos en  el registro electoral. De esa manera el presidente del Servel, Patricio Santamaría, cumplió compromisos asumidos en julio pasado.

El Servicio Electoral lanzó hoy un protocolo de actuación para respetar el sexo y nombre social de las personas trans, luego de acuerdos alcanzados en julio pasado entre el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el presidente del Servel, Patricio Santamaría (en la fotografía), quien también dialogó sobre el tema con otros grupos LGBTI.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, explicó que “hay unas 210 personas que rectificaron su partida de nacimiento, pero sus datos no alcanzaron a ser incluidos al cierre de la actualización del registro electoral, por lo que habrá discrepancias entre lo indicado en la cédula que presenten al momento de votar y el nombre y sexo que aparece en el listado al cual acceden los vocales de mesa. A esto se añade, que hay otras personas trans que no han rectificado su partida de nacimiento. Con el protocolo, se pretende garantizar la dignidad en el trato a ambos sectores”.

Junto a ello, el protocolo define conceptos como identidad de género expresión de género, personas trans o transgéneros y “sexo asignado al nacer”, además de explicitar todos los derechos garantizados en la Ley de Identidad de Género y en la Ley Zamudio.

“Valoramos profundamente que el Servel, y el señor Santamaría, atendiera en breve nuestras sugerencias y preocupaciones en beneficio de la población trans, a la cual invitamos a votar sin miedos el próximo domingo”, añadió la activista trans del Movilh, Paula Dinamarca.

En tanto, el vocero del Movilh, Óscar Rementería, apuntó que “llamamos a todas las personas LGBTI a votar por una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. Ese es, a nuestro entender y el de la mayoría del país, es el camino para erradicar las desigualdades estructurales que afectan a muchos sectores de la población, como el nuestro”.

La realidad de los derechos de personas trans  en período electoral ya había sido abordada por el Servel en febrero pasado con OTD y en julio con Movilh, dándose paso a la redacción del protocolo. El organismo, abordó además el 5 de octubre el tema del instructivo con Iguales.

Protocolo para quienes rectificaron su partida de nacimiento

Para quienes rectficaron su partida de nacimiento, pero sus datos no se actualizaron en el registro electoral, el Servel entregará la respectiva nómina al delegado del local de votación.

El delegado de local “deberá informar al Presidente/a de la Mesa Receptora de Sufragios que tiene un caso o más de personas con cambio de sexo registral, con objeto de que tenga en consideración un trato digno, igualitario y libre de discriminación cuando acuda el elector/a.”, idncia el protocolo

“En ningún caso, el/la delegada/o del local revelará las identidades específicas de la/s persona/s que cambiaron su nombre y sexo registral. Se instruirá al Presidente de dicha/s Mesa/s que debe asegurar que todos los vocales den un trato digno, igualitario y libre de discriminación cuando acuda el/la elector/a trans a sufragar, en virtud del artículo 5, letra d de la ley 21.120. Además, les recordará a todos los/las presentes que debe tratar a la/el elector/a con su nombre social y pronombres preferidos, ya que no hacerlo importa un acto de discriminación por identidad o expresión de género, en virtud del artículo 2 de la ley 20.609. Así mismo, ningún vocal o apoderado divulgará a terceras personas ni a medios de comunicación sobre la/s causa/s que motivaron la realización de esta verificación de identidad”, añade el protocolo.

“En caso de duda razonable, acerca de la identidad del elector/a,  un vocal acompañará a la persona a la oficina electoral, donde se encuentra el experto en identificación  del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes estará en conocimiento, en forma previa de, en qué mesas se pudiesen presentar electores con cambios registrales. Realizado el peritaje, el vocal acompañará al elector/a a la mesa para que, admitido a sufragar, emita su voto”, apunta el Servel.

Protocolo para quienes no han rectificado su partida de nacimiento.

Rementería explicó que “en ningún caso las personas trans que no cambiaron su nombre y sexo social, podrán tener problemas o ser discriminadas al momento de votar. Ahora bien, si y solo o sí un vocal de mesa tiene fundadas y justificadas sospechas que la fotografía de la cédula no corresponde con quien tiene enfrente, se deberá activar un protocolo que al instante garantice los derechos trans”.

En efecto, en el caso de que exista  fundadas sospechas de  “discordancia entre la fotografía de la cédula y la apariencia actual”, la validación de la identidad  dede procurar “en todo momento, la no exposición del elector/a, dando un trámite expedito y sin discriminación a la situación”, instruye el Servel.

“El/la Presidente de la mesa le explicará al/la elector/a sobre la necesidad de realizar la verificación de identidad prevista en el artículo 69 de la ley 18.700, señalándole que un vocal le acompañará a la oficina electoral, donde se encuentra el experto en identificación del Servicio de Registro Civil e Identificación: ningún vocal o apoderado divulgará a terceras personas ni a medios de comunicación sobre la/s causa/s que motivaron la realización de esta verificación de identidad”, señala.

“Un vocal acompañará a la persona a la oficina electoral para que el experto del Servicio de Registro Civil e Identificación certifique la identidad. Una vez realizada la certificación, el vocal acompañará al elector/a para que emita su voto”, apunta el protocolo, junto con enfatizar que en todo momento se “deberá garantizar un tratamiento igualitario, digno, sin discriminación y facilitando la solución”

Protocolo aquí

Fuente MOVILH

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El texto no incluye reparación económica a las víctimas, algo que los supervivientes consideran imprescindible

Se prohibirá quedarse a solas con un menor, y nunca a puerta cerrada, y se limitarán las muestras públicas de afecto

El pasado martes, la Iglesia católica española anunció que constituirá una comisión que redactará una nueva normativa para la prevención y protección contra los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y que revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Las nuevas normas sustituirán a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación española y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales cometidos con menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

La creación de esta comisión ha estado rodeada de polémica, ya que al frente de la misma estará el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que fue duramente criticado por su actuación ante un caso de abusos sexuales ocurrido en su diócesis.

(Jesús Bastante).- “La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados“. El nuevo protocolo en el que trabaja la Iglesia española obligará a todos aquellos que tengan contacto con menores a denunciar cualquier indicio de abusos ante la Justicia, pero no establecerá la obligación de indemnizar a las víctimas.

“Nuestra obligación como Diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado“ se lee en un documento que servirá de base al nuevo texto normativo, que está elaborando la ‘Comisión Antipederastia‘ que, presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ya ha empezado a trabajar.

“Deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, se lee en el futuro texto, que subraya que, independentemente de lo que pueda suceder en un juicio canónico, en el ámbito civil la Iglesia no tiene capacidad de juzgar, pero sí obligación de “notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido” ante las autoridades competentes.

El documento, según han confirmado a RD miembros de la citada comisión, se basará en el texto que recientemente aprobó la diócesis de Astorga, y que ya están implementando otros obispados, como el de Sigüenza. Este diario ha tenido acceso a este último, un texto de 16 páginas que detalla qué deben hacer los agentes eclesiales para prevenir los abusos, detectarlos y denunciarlos. El texto, sin embargo, no dice nada de la reparación económica a las víctimas y la restauración de su honor, algo que los supervivientes de abusos consideran imprescindible.

Prevenir, detectar y denunciar

“El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier persona implicada en las actividades pastorales (…), informando sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto”, apunta el documento.

En este sentido, el protocolo establece una serie de obligaciones, morales y legales, tras el conocimiento de un caso de abusos. En este sentido, por primera vez, la Iglesia reconoce que “la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad”.

Así, los responsables que conozcan un supuesto caso de abusos estarán obligados a “notificar, transmitir la información”, que se debe hacer al Obispado. “En un segundo nivel, igualmente imprescindible -añade el protocolo-, deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”.

En este punto, el avance es evidente respecto al actual protocolo, vigente desde 2010 pero que no se dio a conocer hasta que este diario lo publicó en 2015. Al tiempo, la Iglesia estará obligada a “informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento”.

Es importante, recalca el protocolo, “poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo”. Y hacerlo con tranquilidad, escuchando al menor y ofreciéndole confianza, sin mostrar dudas ante su relato.

Rechazo expreso a cualquier tipo de abuso sexual

En lo tocante a la prevención, el futuro protocolo de la Iglesia española considerará “obligatorio” un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que demuestre que no han sido condenados por delitos relativos al trato con menores, y la firma de un documento escrito, en el que “se manifestará de forma expresa” el rechazo a todo tipo de abuso sexual, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre el particular y que “si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realice“.

Del mismo modo, el protocolo incluirá hasta 16 “aspectos preventivos” para el trato con menores. Entre ellos, “llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto”; evitar “quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, y “nunca con la puerta cerrada”; incorporar espacios con “puertas de cristales transparentes o cristaleras” en los despachos de sacerdotes, formadores y animadores de menores o, en su defecto, “dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”.

Las medidas también incluyen “informar a los padres de una situación inusual en la que se va a estar o se ha estado a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones sanitarias o disciplinarias”, y “prohibir absolutamente juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse“.

Del mismo modo, también se prohíbe el castigo físico, las novatadas “que puedan llevar consigo actos vejatorios, denigrantes o sexistas“. Respecto a salidas, convivencias o campamentos, el protocolo subraya que “nunca un adulto debe compartir habitaciones de hotel o tiendas de campaña” con menores, ni entrar en vestuarios, baños o duchas cuando éstos estén.

VÍDEO | El obispo que no expulsó al cura de La Bañeza por abusos presidirá la Comisión de la Iglesia contra la pederastia https://t.co/FHVK7W6JxS

— laSexta Noticias (@sextaNoticias) 16 de octubre de 2018

No enamorarse, ni deja que lo haga el menor

“Es motivo de cese inmediato en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos/ as, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegio”, añade el protocolo, que apunta que, en el caso de que algún menor se enamore de un sacerdote, catequista, profesor o monitor, éste “en ningún momento debe responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio”.

Finalmente, el protocolo impide “realizar tomas privadas de imágenes de menores, y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales”, y si se hacen se informará a los padres, “no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será responsable la parroquia o centro educativo diocesano”.

***

Por otra parte, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no investigará los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, pero sí pide a la Conferencia Episcopal que “aclare” estos “repugnantes” delitos, que además han tenido una repercusión “tan grave” sobre las víctimas.

Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo con todas las víctimas de abusos.

“Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más y además el lugar donde supuestamente se produce lo hace aún más repugnante”, ha aseverado Celaá tras ser preguntada por si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos de la Iglesia católica pidiendo datos a la Conferencia Episcopal Española.

“Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y católicas, hemos de decir que efectivamente queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas”, ha afirmado.

Celaá ha señalado, no obstante, que no corresponde al Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales “y por tanto serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor”

Fuente Religión Digital

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Navarra da un paso muy importante en lo referente a la transexualidad. El Departamento de Educación ha presentado el protocolo educativo a seguir ante casos de transexualidad infantil. Este protocolo se ha planteado para que la integración del alumnado transgénero sea más sencilla. También para sus compis de clase, el resto de padres y madres del alumnado y para el profesorado.

Roberto Pérez, director general de Educación; Mertxe Leránoz, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad; y Aitor Lakasta, director del Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia, han presentando este protocolo en el Museo de Navarra. Los apartados de este protocolo son la comunicación e identificación de la situación de transexualidad; las medidas organizativas a adoptar en el centro educativo; plan integral de formación para toda la comunidad educativa; y medidas ante posibles casos de discriminación y acoso escolar.

La transexualidad del alumno o alumna lo comunicará el representante legal. Tras esa comunicación, el centro preparará un plan de acogida. Habrá que formar al profesorado, a padres, a madres y sobre todo formación en las aulas. Todo para evitar el acoso y la discriminación en las aulas. Pero lo más importante, para lograr una mayor integración de la persona transexual en las aulas.

El menor podrá llevar la ropa con la que se sienta más cómodo, usará las instalaciones correspondientes a su sexo (no al asignado al nacer, se entiende) y será llamado por su nombre elegido (en caso de que no tenga rectificado el nombre registral). Todo un adelanto a nivel educativo para los menores transexuales de la comunidad foral. Un punto muy importante es que, en caso de que uno de los representantes legales del menor se negase a la adopción de estas medidas, el centro pondrá en conocimiento de los servicios sociales este hecho.

Vía | Pamplona Actual,vía AmbienteG

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Estos protocolos, uno para la población infantil y adolescente y otro para la adulta, facilitarán el trabajo de los profesionales.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha conocido este martes un informe de la Consejería de Salud sobre los nuevos procesos asistenciales integrados de atención a personas transexuales que se pondrán en marcha próximamente tras su publicación en la web de este departamento.

Estos protocolos, uno para la población infantil y adolescente y otro para la adulta, facilitarán el trabajo de los profesionales, garantizarán la continuidad asistencial desde la infancia y descentralizarán la atención con unidades específicas en todas las provincias, evitando desplazamientos innecesarios para los diferentes tratamientos.

Basados en la evidencia científica y en la respuesta a las necesidades del colectivo, los procesos asistenciales integrados se implantan en cumplimiento de la ley andaluza para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales de Andalucía, aprobada en 2014. Sustituirán a las instrucciones provisionales dictadas entonces por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según la Junta, la elaboración de los nuevos procedimientos ha sido fruto del trabajo en equipo realizado a lo largo de un año con la participación de las asociaciones de personas transexuales y de los profesionales expertos en diferentes disciplinas del sistema sanitario público de Andalucía. Asimismo, han sido sometidos a la revisión externa de las sociedades profesionales involucradas y del SAS.

Los procesos detallan el conjunto de intervenciones, decisiones y actividades que se encadenan en la atención a estas personas, incluyendo el procedimiento integral de reasignación sexual que ofrece la cartera de servicios del SAS, con los correspondientes tratamientos, cirugías y prestaciones dirigidas a asegurar el desarrollo equilibrado y saludable de la identidad de género, especialmente en la pubertad.

La ley autonómica en la que se basan estos procesos asistenciales integrados garantiza el derecho a la autodeterminación de las personas que manifiestan una identidad distinta de la que tienen al nacer, así como a unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía.

En consonancia con ello, incluye medidas para asegurar la atención sanitaria con los mismos criterios de universalidad de la prestación que rigen para toda la población, sin que se identifiquen riesgos de salud diferenciados o exclusivos, o tratos específicos que puedan contravenir el derecho a la privacidad.

Fuente Cáscara Amarga

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Representantes de Ben Amics, Chrysallis, ODDM, IBSMIA, DIE y la Conselleria que han participado en la elaboración del Protocolo Trans.

El protocolo permitirá que se dirijan a los alumnos con el nombre con el que quieren ser identificados o llevar la vestimenta del género que consideren.

También se incluyen medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha presentado este protocolo en cuya redacción han colaborado asociaciones como Ben Amics, el Instituto Balear de Salud Mental Infanto-adolescente, Chrysallis, la Oficina de Defensa de Derechos del Menor o el departamento de Inspección Educativa, entre otros.

El protocolo se ha elaborado con la participación de varios colectivos y entidades para hacer posible un conjunto de pautas que faciliten, con normalidad, una adecuada respuesta educativa al alumnado trans. Esto se hace mediante un proceso de acompañamiento, de sensibilización en el centro educativo, y de asesoramiento a los menores trans, a sus familias y al profesorado y, si es el caso, al resto de la comunidad educativa.

Para el libre desarrollo de la personalidad

Estas pautas deben permitir garantizar el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual, con el objetivo de prevenir y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o de violencia de género, desde una coordinación institucional que permita identificar sus necesidades y adoptar las medidas adecuadas.

El protocolo parte del hecho de que alumnos y personal de los centros educativos tienen derecho a elegir su identidad de género libremente autodeterminada y aceptada, de acuerdo con los preceptos constitucionales. El protocolo se pone en marcha al detectar a un alumno con una identidad de género que no coincide con su sexo asignado. A partir de ese instante el centro tiene que informar a la familia de los recursos existentes y se debe coordinar con los profesionales que intervengan.

De esta manera, la puesta en marcha del protocolo permite la adopción de diferentes medidas organizativas y educativas. Así, se debe indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno por el nombre con el que él mismo se identifica.

Uso del nombre que quieran

De esta manera, se respetará su derecho a utilizar este nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes, lo que supone adecuar la documentación administrativa del centro docente, sin perjuicio que en los documentos oficiales de evaluación, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales.

Por otro lado el protocolo incluye que se debe respetar la imagen física del alumnado trans, así como la libre elección de su indumentaria. Además, si en el centro existe la obligatoriedad de usar un uniforme diferenciado por sexos, se tiene que reconocer el derecho del alumno a llevar el que considere.

En relación a los agrupamientos, es necesario evitar realizar actividades diferenciadas por sexo y, si en alguna ocasión estuviera justificada esta diferenciación, los profesores deben tener en consideración el género con el que el alumno trans se siente identificado. Incluso, los centros donde haya aulas diferenciadas por sexo también tendrán que adecuarse a este protocolo.

Finalmente, se debe garantizar que el alumnado trans tenga acceso a los baños y vestuarios que le corresponda de acuerdo con su identidad de género.

Estas medidas, junto a otras que los centros docentes adopten en virtud de la autonomía que la legislación los otorga, se tienen que incorporar al Plan de Convivencia de cada centro, sin perjuicio de las competencias del claustro de profesorado y del Consejo escolar en relación con su aprobación, evaluación e información.

El protocolo también prevé actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa, tanto al alumnado en general como a los equipos docentes y a las familias y asociaciones. Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros del Profesorado (CEP), del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar, el Servicio de Atención a la Diversidad, el Departamento de Inspección Educativa y otras instituciones, y otras entidades colaboradoras.

Además, se incluyen medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.

Fuente Cáscara amarga

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La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña cuyo objetivo es animar a las víctimas de delitos de odio a formular sus denuncias y atenderlas de manera especializada.

En 2015 se registraron 19 denuncias por agresiones LGTBIfóbicas en la región.

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Así se hizo con Mauricio Macri, y se hará con Juan Manuel Santos

Con la anterior normativa, el nuevo cónyuge tenía que esperar en otra habitación durante la audiencia

El papa Francisco deberá divulgar en las próximas semanas las conclusiones de los dos sínodos sobre los cambios en la familia moderna, celebrados en 2014 y 2015, un documento muy esperado por los católicos

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Una web específica centralizará toda la información relacionada sobre todas las formas de diversidad e identidad sexual.

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La Asociación de Transexuales de Andalucía asegura que con este protocolo se garantiza por ley el respeto a la identidad de género de los menores en los Centros Educativos públicos y concertados de Andalucía.

Este jueves 21 ha salido publicada en el BOJA la Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, incluyendo en su anexo VIII el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

Esta Orden permite la efectividad de la “Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía”, en el ámbito educativo.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera ha sido la entidad que ha colaborado estrechamente junto con la Consejería de Educación en el desarrollo de este protocolo, tal como así fue anunciado el pasado 27 de junio por el propio Consejero de Educación D. Luciano Alonso, día en el que fue presentado el protocolo en la Consejería de Educación junto con la Presidenta de ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé.

Desde esta entidad, valoran este protocolo como pionero en España por respetar la identidad de género libremente determinada por el alumnado transexual. Así mismo, reconoce la tutoría legal de los progenitores para que este derecho le sea reconocido a los/as menores, ya que entiende la Identidad sexual como parte de la diversidad humana y como derecho humano a la libre autodeterminación del género.

“Este es un día histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e instamos al Gobierno Central a secundar esta iniciativa, desarrollando una Ley Integral estatal, en la misma línea que la Andaluza” y añade “esta entidad tiende la mano a la Consejería para seguir colaborando y se ofrece para la realización de talleres y jornadas formativas dirigidas al personal docente”, afirma Mar Cambrollé, Presidenta de ATA Sylvia Rivera.

Fuente Ragap

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Un nuevo protocolo ofrece al personal judicial herramientas en 8 tópicos para proteger los derechos e integridad de las personas LGBT.

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Por José Roberto Cisneros Duarte

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) emitió una guía de ocho tópicos para atender problemáticas que involucran a personas de la comunidad LGBT.

El Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género pretende orientar al personal del Poder Judicial en situaciones que comúnmente implican discriminación y violencia contra este sector de la población, en temas como el derecho a la identidad, el acceso a la educación, la salud y el trabajo, entre otros temas.

“(El texto) responde al mandato constitucional y convencional de proteger y garantizar tanto el derecho a la igualdad y a la no discriminación, como el derecho que todos tenemos a desarrollar libremente nuestra personalidad”, dijo este lunes el presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza.

Los lineamientos del máximo tribunal del país no son vinculantes, es decir, que los juzgadores no están obligados a considerar estos estándares pero les ofrece herramientas para proteger a este sector frente a violaciones a sus derechos.

“El objetivo del Protocolo consiste, bajo el principio de máximo respeto a la autonomía e independencia de las y los juzgadoras, en auxiliarlos a cumplir el mandato constitucional en materia de derechos humanos”, indica el texto.

El documento fue presentado ante la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, también relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la misma instancia, así como ante funcionarios del Poder Judicial mexicano.

A continuación presentamos los ocho tópicos que la SCJN recomienda a las y los juzgadores tomar en cuenta al tratar casos relacionados con personas de la comunidad LGBT.

 1. El derecho a la identidad de género

La Suprema Corte reconoce que los individuos tienen derecho a definir su identidad propia, cómo cada persona se identifica a sí misma, hombre o mujer, considerando el caso de las personas trans que no sienten que pertenecen al sexo que se les asigna al ser registradas con base en las características de su cuerpo.

El criterio indica que el Estado debe reconocer esta decisión personal, con la posibilidad de modificar sus documentos oficiales y que éstos no reflejen dichos cambios —en respeto a su derecho a la intimidad— ni que se les exija modificar su cuerpo —observando sus derechos de salud y libre desarrollo de la personalidad.

El texto también resalta la necesidad de no criminalizar a los padres y madres que respeten la expresión de género de sus hijos e hijas, y los vistan acorde a ésta.

En el caso de las cárceles, se sugiere considerar el género y la seguridad de las personas. Incluso, cuando una persona trans sea acusada de entrar a baños públicos “que no les corresponden”, se sugiere respetar su derecho a vivir conforme al género que se quiere.

 2. Familia

La Corte reconoce el derecho de las personas a que se respeten las relaciones con sus hijos sin que se interfiera en su familia; se les dé acceso al matrimonio y otras formas de protección a las parejas, así como a la adopción de niños y niñas y otras vías de reproducción asistida, sin importar su orientación sexual ni su elección de pareja.

El documento recuerda que la separación de los hijos y los padres no es admisible con base en especulaciones, estereotipos ni generalizaciones —por ejemplo, citando la protección a un niño ante “un posible estigma social”.

En cuanto al establecimiento de una familia, la Suprema Corte aclara que “excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio viola el derecho a la no discriminación y a la protección de la familia“. Tampoco se justifica privar a las parejas homosexuales de los beneficios que el matrimonio reporta.

Establecer una figura específica para la unión de personas del mismo sexo, diferente de la de las parejas de sexo distinto, es dicriminatorio.

El Protocolo sugiere evitar plantear los juicios en términos de género, por ejemplo, preguntando “¿quién es el hombre y quién es la mujer?”.

El documento enfatiza que es necesario garantizar que las personas LGTB no sean discriminadas en el acceso de las vías para fundar una familia. En caso de que así lo decidan, ambos debería poder ser considerados legalmente como padres o madres de un niño o niña; también deberían poder elegir el orden de sus apellidos.

 3. El trabajo

El documento advierte que las personas LGTB están expuestas a acoso en el trabajo, y que la discriminación se manifiesta desde la oferta hasta la promoción e incluso el despido.

El Protocolo plantea que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género no sean aceptadas como criterio para conectar con el perfil o cualidades deseadas. Tampoco se considera válido argumentar que dichas características son percibidas de manera negativa por colegas o clientes.

El documento también advierte que las detenciones por “ultraje a la moral pública” fundadas en la orientación sexual o identidad de género no deben ser usadas para impedir que las personas obtengan un empleo.

 4. Las detenciones arbitrarias

El Protocolo señala que las personas LGBT son víctimas de privación de la libertad por parte de policías bajo el argumento de preservar el orden o la moral públicas ante acciones como besarse en público, arrestos que califica como “inaceptables”.

La Corte recomienda al juzgador preguntarse si una persona heterosexual sería detenida por realizar la misma acción con la que se justifica la detención de un miembro de la comunidad LGTB.

 5. La violencia y la justicia

La SCJN reconoce que las personas LGTB sufren agresiones que van desde insultos, golpizas —en ocasiones propinadas incluso por padres que buscan “corregir” el comportamiento de género— y hasta la muerte.

También menciona “abuso y maltrato” por parte de policías y personal penitenciario, y que este sector encuentra mayores dificultades para acceder a la justicia.

La Corte elogia la existencia de legislaciones locales que contemplan al odio por razón de identidad de género u orientación sexual como un agravante de los delitos contra la vida e integridad física.

El Protocolo advierte que el “el lenguaje de odio y discriminatorio” (que incita a la violencia) es un tipo de discurso no protegido por la libertad de expresión, por lo que se debe limitar este tipo de manifestaciones.

El documento pide a los y las juzgadoras poner atención particular a los crímenes contra personas LGTB, al destacar que éstos suelen ser catalogados como “crímenes pasionales” con lo cual se les resta atención.

 6. La salud

El protocolo advierte a los juzgadores que pueden conocer de situaciones en que se niegue o se atienda de forma deficiente a una persona por su orientación sexual o identidad de género.

También considera un abuso que una persona sea internada en contra de su voluntad para tratar algo relacionado con su sexualidad, pues no ninguna orientación sexual es una “enfermedad” que deba curarse.

La Corte marca como violatorio del derecho a la salud que en cárceles y hospitales públicos y privados se nieguen tratamientos hormonales o quirúrgicos a personas trans; incluso si éstos no están garantizados por la ley.

 7. La libertad de expresión y asociación

Otra violación a los derechos de la comunidad LGBT son las restricciones a la promoción pública de la homosexualidad o la prohibición de marchas, reuniones y creación de agrupaciones.

El protocolo recomienda a los juzgadores vigilar que las asociaciones LGBT no enfrenten dificultades como requisitos adicionales para ser registradas y permitírseles operar.

 8. La educación

La SCJN considera que pueden presentarse casos de discriminación en el acceso o el trato que niños y jóvenes reciben en instituciones educativas; o en el tipo de información que se les presenta (o se les limita) sobre la sexualidad.

Este protocolo señala que no es aceptable que se le niegue el acceso o se le expulse de una institución educativa en virtud de su orientación sexual o su identidad de género, ni por las de sus padres; tampoco que reciba un tratado diferenciado por estas mismas razones… Ni siquiera en el caso de instituciones privadas y/o religiosas.

Además, la Corte considera inadmisible que un maestro sea despedido por compartir con sus alumnos información sobre orientación sexual e identidad de género, ni siquiera cuando se argumente que es pornográfica u obscena.

(iStock by Getty Images).

Fuente: CNN México

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Los centros sostenidos con dinero público tendrán la obligación de seguir este protocolo a partir de septiembre.

El Consejero de Educación presentará el protocolo 2 días después de la aprobación de la ley integral.

Ludana: la niña transexual más joven de Argentina

“La transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”

Menores transexuales en la escuela: la familia decide

Leemos en Cáscara Amarga que Luciano Alonso, Consejero de Educación, Cultura y Deporte, presentará el próximo viernes 27 de junio el Protocolo sobre identidad de género en el Sistema Educativo Andaluz. El acto tendrá lugar a las 10:30 horas en el Salón de Actos A de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Edificio Torretriana. C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, 41071, Sevilla) y al mismo han sido invitada la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), la Asociación Chrysallis de familias con menores transexuales, la Fundación Triángulo, la Asociación Familias por la Diversidad y la Federación Andaluza Arco Iris.

Este protocolo surge tras las peticiones realizadas por los colectivos en defensa de los derechos de las personas transexuales a principio del presente curso cuando saltara a la luz pública la negativa de varios centros andaluces sostenidos con fondos públicos a respetar la voluntad de familias con menores transexuales. En la actualidad tan sólo uno de estos centros persiste en su negativa: el Colegio San Patricio de Málaga, ubicado en el mismo barrio que la sede regional de la Federación Andaluza Arco Iris.

Tras estos casos de transfobia en las aulas andaluzas, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera fue la primera en presentar una propuesta para elaborar un protocolo de actuación frente a esta realidad en el ámbito educativo, que ha sido la base sobre la que se ha conformado el actual protocolo aprobado por la Junta de Andalucía.

Así, para Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera: “Este protocolo es una herramienta para garantizar el libre desarrollo de la personalidad del alumnado en los centros educativos y para que las familias puedan defender como un derecho la no discrminación por identidad de género de sus hijas e hijos. De nuevo Andalucía es un referente en la garantía de la igualdad y no discrminación por identidad de género”

Colegio San Patricio

El caso del Colegio San Patricio de Málaga se ha convertido en un emblema de la transfobia: “el miedo, la incomodidad y el rechazo irracionales hacia las personas transexuales basados en la ignorancia”, afirman desde Arco Iris.

Una madre solicita al centro que su hija transexual vista el uniforme femenino y use el baño de las niñas como cualquier otra alumna del colegio; por su parte el centro, contradiciendo las instrucciones dadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, le prohíbe usar falda y le obliga a usar el baño de “discapacitados” porque consideran que, al tener genitales de varón, se trata de un niño con una “orientación diferente”.

Días después Francisco José González, secretario técnico de la Fundación Diocesana responsable del colegio, realizaba ante los medios declaraciones que demostraban una falta de sensibilidad e información sobre el tema al utilizar reiteradamente la palabra “orientación”, insistir en que “no hay ningún problema” y mostrarse sorprendido de que se hable de una niña transexual si “morfológicamente es un varón”.

Por su parte, el obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, afirmaba “Es un niño que tiene seis años y que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio; lo lógico es que siga así”, añadiendo según diversas fuentes que “se trata de un problema que se ha creado, no real”.

Centros escolares y transexualidad

Desde Familias por la Diversidad, asociación de padres y madres con hijos LGBT, explican que “la transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”, afirma su presidenta, Isabel Martínez. “Es fundamental que no confundamos la transexualidad con la orientación sexual, pues no se trata de que el niño o la niña afirme o muestre sus gustos sexuales, ya que esto es algo que llega con la adolescencia; aquí estamos hablando de identidad, de lo que la persona se siente… y por eso es fundamental que los colegios respeten la identidad de los menores transexuales, ya que no es un capricho”, concluye.

Martínez explica igualmente el sufrimiento innecesario que la transfobia provoca en las familias y en los niños y en las niñas transexuales y recuerda un caso similar en Estados Unidos resuelto judicialmente con una condena al colegio. El colegio había prohibido a Coy Mathis, una niña transexual de 6 años, usar el baño de las niñas.

Desde Familias por la Diversidad señalan que “nuestra sociedad suele confundir por desconocimiento los conceptos transexualidad y homosexualidad. La homosexualidad, igual que la bisexualidad o la heterosexualidad, se descubre en la adolescencia, en torno a los 12-14 años, cuando las hormonas comienzan a producir cambios corporales y se suele iniciar el deseo sexual“. La transexualidad en cambio se suele manifestar a los 4 ó 5 años cuando todas las personas comenzamos a darnos cuenta de nuestra identidad de género”.

En la mayoría de casos los chicos se reafirman juntándose con otros chicos y haciendo cosas “típicas de chicos”; lo mismo suele ocurrir con las chicas. “Es precisamente a esta edad cuando una persona transexual va a comenzar a dar señales externas de su identidad, pidiendo insistentemente el vestir o tener juguetes que normalmente asociamos al otro sexo biológico. No se trata de un juego, ni de una moda pasajera: se trata de su propia identidad y la persona no va a renunciar a sus peticiones salvo que su entorno se vuelva extremadamente agresivo“, concluye la presidenta de Familias.

Avances en la despatologización de la transexualidad

Esta misma semana Andalucía aprobará la ley integral de transexualidad, texto pionera en la despatologización de las identidades transexuales.

Hace un año, el 22 de mayo de 2013, era la Asociación Americana de Psiquiatría quien eliminaba el término “trastorno de identidad de género” de su catálogo, el DSM-V. De esta forma la “Biblia” de la psiquiatría dejaba de considerar a las personas transexuales como enfermas mentales.

Gonzalo Serrano, presidente de Arco Iris, recuerda que en los próximos meses está prevista la revisión del catálogo de referencia de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10. Desde Arco Iris esperan el nuevo CIE desclasifique la transexualidad como enfermedad mental, igual que ya hiciera con la homosexualidad en su última revisión hace 24 años, el 17 de mayo de 1990.

“A pesar de estos avances en el terreno formal la realidad social es bien distinta y las personas transexuales siguen sufriendo discriminación en la mayoría de entornos: familiar, educativo, laboral…”, añade Serrano. Por este motivo la Federación Andaluza Arco Iris se felicita por la aprobación de la ley de transexualidad en Andalucía “que va a permitirnos trabajar de forma más eficaz contra los prejuicios sociales que aún existen en torno a la transexualidad”.

Texto del protocolo aprobado por la Junta andaluza

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.

La Constitución Española establece en el Artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por su parte, el Estatuto de Andalucía, en el Artículo 10, establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma que  “La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…), así como en el Capitulo II sobre derechos y deberes dispone, en su artículo 15, sobre la igualdad de género que “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombr es y mujeres en todos los ámbitos.” Además , establece en el artículo 37, punto 2, como principio rector de las políticas públicas “

La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofo-bia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; así como en el artículo 73 “

La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o represen- tativos”; y en el artículo 21 punto 8 que “Los pla nes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social”. Leer más…

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Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

En relación al protocolo específico para estos casos, la Junta manifiesta ser consciente de que los factores implicados en este tipo de casuística (psicológicos, de salud, de educación, de igualdad, de justicia) aconsejan la creación de una comisión interdisciplinar e interinstitucional.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha subrayado su disposición a desarrollar un protocolo específico de actuación a ejecutar en colegios con la presencia de menores transexuales, después de que a inicios del presente curso escolar se registraran problemas de adaptación de algunos de ellos en distintos centros educativos.

Así lo asegura el consejero del ramo, Luciano Alonso, en una respuesta parlamentaria tras una pregunta formulada por la diputada de IULV-CA Alba Doblas, en la que apunta como causa de la inadaptación a la negativa de algunos directores, “e incluso algún inspector“, a aceptar la identidad de género de varios de estos alumnos, situación ante la cual la Asociación de Transexuales de Andalucía propuso a esta Consejería la elaboración de un protocolo de actuación.

En su respuesta, Alonso recuerda que estos casos tienen ya cobertura legal, con lo que “la normativa actual es o debe ser suficiente para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de identidad de género en el sistema educativo público andaluz”.

De esta manera, la Consejería se remite a la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía, que incluyen preceptos, principios y objetivos que son “conculcados” cuando en un centro se produce un trato vejatorio, discriminatorio o de imposición de creencias religiosas con cualquier alumno o alumna que defiende una identidad de género concreta. “Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe con claridad ese tipo de conductas“, especifica.

Dada la existencia de protocolos en casos de maltrato infantil, casos de violencia de género en el ámbito educativo y acoso escolar, Alonso manifiesta que para abordar de manera específica el tema de la transexualidad la Consejería está pendiente de una norma legal que se tramita en la actualidad, la Ley para la no discriminación por motivo de identidad y de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que sentará los principios generales del Ejecutivo autonómico al respecto.

General, Homofobia/ Transfobia. Alba Doblas, Colegios, IULV-CA, Junta de Andalucía, Luciano Alonso, Menores transexuales, Protocolo, PSA (PSOE)