Brenda Díaz (Foto cortesía de Ana María García/Tremenda Nota)

WASHINGTON — El Departamento de Estado dijo el jueves que está “muy preocupado” por el bienestar de una mujer transgénero en Cuba que cumple una condena de 14 años de prisión luego de participar en una protesta antigubernamental en julio pasado.

Tremenda Nota, el socio de medios de Washington Blade en Cuba, señala que Brenda Díaz fue arrestada en Güira de Melena en la provincia de Artemisa el 11 de julio de 2021.

La protesta de la Güira de Melena fue una de las decenas contra el gobierno cubano que tuvieron lugar en todo el país ese día.

Tremenda Nota informa que las autoridades de Panamá, una prisión en la provincia de Mayabeque donde estuvo recluida Díaz, le afeitaron la cabeza y le quitaron las uñas antes de colocarla con prisioneros varones y obligarla a usar ropa de hombre. Tremenda Nota también señala que los funcionarios de prisiones se refieren a García por su nombre muerto.

Los informes indican que un tribunal de La Habana a principios de este año sentenció a García a 14 años de prisión.

García ha recurrido la sentencia y su madre, Ana María García, la vio el 17 de junio durante una audiencia judicial en el suburbio habanero de Marianao.

García dijo a Tremenda Nota que Díaz, quien vive con VIH, ha ido cuatro veces a la enfermería del penal y dos veces hospitalizada desde que está encarcelada. Díaz, según su madre, tiene acceso a medicamentos antirretrovirales, pero no siempre hay otros medicamentos disponibles. García también dijo a Tremenda Nota que la comida que recibe Díaz en prisión es “de muy mala calidad”.

“Estamos muy preocupados por el bienestar de Brenda Díaz, especialmente dados los informes de que está detenida en una prisión para hombres y no está recibiendo el tratamiento médico adecuado”, dijo el portavoz del Departamento de Estado a Blade en un comunicado.

Díaz se encuentra entre los cientos de personas que fueron arrestadas durante las protestas del 11 de julio.

Yoan de la Cruz, quien es gay, usó Facebook Live para transmitir en vivo la primera protesta del 11 de julio que tuvo lugar en San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa. El mismo tribunal de La Habana que sentenció a Díaz condenó a De La Cruz a seis años de prisión, pero fue liberado en mayo y puesto bajo arresto domiciliario por cinco años.

“Los fiscales estatales cubanos han fabricado cargos falsos o injustos, que incluyen ‘sabotaje’ por las acciones de los manifestantes durante el 11 de julio para silenciar a los disidentes, sofocar futuras protestas pacíficas e intimidar a los críticos del régimen”, dijo el portavoz del Departamento de Estado al Blade. “Estos manifestantes han recibido sentencias de prisión increíblemente duras dictadas en juicios por motivos políticos. Recomendamos encarecidamente al gobierno de Cuba que libere a la Sra. Díaz o, como mínimo, la transfiera a un centro acorde con su identidad de género y le brinde el tratamiento médico adecuado”, agregó el vocero.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, se encuentra entre los grupos que también han tratado de publicitar el caso de Díaz.

“A pocos días del primer aniversario de las protestas pacíficas conocidas como 11J (11 de julio), conozca la historia de Brenda Díaz, una mujer transcubana que cumple una condena de 14 años de prisión por expresar su identidad de género en medio de las protestas . ¡Conócela!”, tuiteó el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

#Cuba | A pocos días de que se cumpla un año de las manifestaciones pacíficas conocidas como #11J, conoce la historia de Brenda Díaz, una mujer trans cubana que paga una condena de 14 años de cárcel por expresar su identidad de género en medio de las protestas. ¡Conócela!⬇️ pic.twitter.com/1KgQSeT0vu

— Race and Equality (@raceandequality) July 5, 2022

Plataforma 11M, un grupo independiente de derechos LGBTQ+ e intersexuales en Cuba, instó el jueves a Víctor Madrigal-Borloz, el experto independiente de la ONU en temas LGBTQ+ e intersexuales, a “investigar” el encarcelamiento de Díaz y un referéndum en septiembre sobre el borrador final del nuevo código de familia de Cuba. que extendería los derechos matrimoniales a parejas del mismo sexo.

Pedimos a @victor_madrigal que investigue el encarcelamiento de Brenda Díaz y el próximo plebiscito del Código de las Familias de Cuba».#LibertadParaBrendaDíaz#UnCódigoInclusivo pic.twitter.com/8k3VvLJRtw

— Plataforma 11M ️‍ (@11M_Cuba) July 8, 2022

Cuba se encuentra entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que votaron el jueves para renovar el mandato del experto independiente.

Fuente Los Ángeles Blade

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Movimientos sociales, políticos y sindicales preparan una jornada en rechazo a la visita del presidente de Brasil Jair Bolsonaro a la Argentina. Los organizadores recordaron que “el ascenso de Bolsonaro a la presidencia y su continua apología a la tortura y a la discriminación provocan en Brasil la suba en todos sus indicadores de violencia racista, de género, feminicidios, homofobia y transfobia”.

Movimientos sociales, políticos y sindicales preparan una jornada en rechazo a la visita del presidente de Brasil Jair Bolsonaro a la Argentina, prevista para el próximo jueves, con una convocatoria a la Plaza de Mayo.

Con el lema “Argentina rechaza a Bolsonaro. Tu odio no es bienvenido acá”, organizaciones como las dos CTA, ATE, el movimiento ALBA, el frente Patria Grande, el frente popular Darío Santillán, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y La Cámpora -entre otras- convocan a concentrarse en la Plaza de Mayo el jueves 6 a partir de las 17.

“Es la primera vez que Bolsonaro visita la Argentina y con el presidente Mauricio Macri discutirán una agenda bilateral que prevé temas como la reestructuración del Mercosur, Venezuela y las elecciones presidenciales en Argentina. Convocamos a la defensa de la soberanía y la solidaridad latinoamericana“, señalaron las organizaciones convocantes, en un comunicado de prensa.

El gobierno de Bolsonaro enfrentó el pasado 15 de mayo su primer paro general, en un contexto de aumento del desempleo en 14 de los 27 estados y de la pobreza en todo el país. Además, el gobierno recortó el presupuesto en educación superior en casi un 30 por ciento. Los organizadores recordaron que “el ascenso de Bolsonaro a la presidencia y su continua apología a la tortura y a la discriminación provocan en Brasil la suba en todos sus indicadores de violencia racista, de género, feminicidios, homofobia y transfobia”.

También señalan que “al elegir a Macri como presidente, Argentina ha sido punta de lanza en el nuevo giro a la derecha que se observa en toda América Latina” y que “si este año pierde las elecciones, se demostrará la resistencia a esos gobiernos de pobreza, represión y muerte”.

#ArgentinaRechazaBolsonaro es la consigna en forma de hashtag. Otros de los convocantes, además de los ya mencionados son, la Asamblea Popular Feminista, Attac Argentina, Cine Migrante, Coletivo Passarinho, Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires, la Federación Argentina LGBT (FALGBT), el Frente Milagro Sala, La Garganta Poderosa, Marea Ciudadana, la Mesa Nacional por la Igualdad y Contra la Discriminación, MigrantesxMigrantes, el Movimiento Evita, Ni Una Menos y Serigrafistas Queer.

Fuente Télam, Página 12

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En la nochevieja de ese año, policías infiltrados en una fiesta del Black Cat detuvieron a catorce homosexuales acusados de conducta indecente por haberse besado con personas del mismo sexo. 

Activistas por los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) organizaron este sábado una concentración en el bar Black Cat de Los Ángeles para conmemorar los 50 años de la primera protesta en defensa de los derechos LGBT que tuvo lugar en Estados Unidos.

Aunque los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969 se consideran, popularmente, como la cuna del movimiento de liberación homosexual, el bar Black Cat del barrio angelino de Silver Lake fue el 11 de febrero de 1967 el escenario de la primera manifestación celebrada en EE.UU. para reivindicar el respeto a las personas LGBT.

En la nochevieja de ese año, policías infiltrados en una fiesta del Black Cat detuvieron a catorce homosexuales acusados de conducta indecente por haberse besado con personas del mismo sexo.

Ante estos hechos que consideraban discriminatorios, manifestantes se reunieron el 11 de febrero a las puertas del establecimiento para clamar contra la policía mostrando carteles en los que demandaban justicia, respeto y tolerancia para los homosexuales.

Situado en la intersección de las calles Sunset Boulevard y Santa Mónica Boulevard, el bar Black Cat fue declarado en 2008 monumento histórico-cultural por la ciudad de Los Ángeles por aquella protesta.

“Los Ángeles y el distrito 13 han sido la zona cero para algunos de los más importantes eventos de la historia LGBT, especialmente con el punto de inflexión de las protestas del Black Cat que tuvieron lugar aquí, en Silver Lake, hace cincuenta años”, dijo O’Farrell en un comunicado. “No hace tanto tiempo que la gente como yo era el blanco de la policía por ser fieles consigo mismos. Se arruinaron vidas y un tipo completo de personas fue marginado. Hemos recorrido un largo camino desde 1967, pero nuevas amenazas surgen en el horizonte desde la administración de Trump, amenazando nuestros derechos civiles y a aquellas comunidades perseguidas tradicionalmente”, añadió.

Alexei Romanoff, uno de los organizadores de la protesta de 1967, señaló que la comunidad LGBT ha logrado un “tremendo progreso desde entonces”, pero apuntó que todavía continúa “la lucha por la completa aceptación”.

Por su parte, Daniel Henning, uno de los responsables del acto, destacó que mucha gente no conoce que Silver Lake acogió la primera manifestación LGBT de EE.UU., por lo que subrayó que es “una importante historia que contar a las próximas generaciones” para que se aseguren de que permanezcan los derechos por los que se ha luchado “enérgicamente”.

El diario Los Ángeles Times informó que miembros de la policía de Los Ángeles asistirían al acto del Black Cat como símbolo de los cambios y la mejoría de la situación de los homosexuales en las últimas décadas.

Fuente Cáscara Amarga

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El encarcelamiento de seis hombres tunecinos condenados a tres años de prisión ha motivado la reprobación de numerosos agentes internacionales como Amnistía Internacional, que pide su libertad inmediata e incondicional y la derogación de la ley que criminaliza las relaciones homosexuales

El pasado 2 de diciembre seis hombres fueron detenidos en Túnez tras registrarse una vivienda en la que mantenían una reunión privada. Ocho días después comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Kairuán, en una vista en la que sólo uno de ellos estaba representado por un abogado.

Tal y como cuentan los activistas LGTBI que han seguido el caso, su posterior condena a tres años de prisión fue motivada por la acusación de ”sodomía” y la realización de un examen anal, una práctica que se considera tortura cuando se realiza contra la voluntad.

El Juzgado aplicó para su condena el artículo 230 del Código Penal tunecino, que penaliza la ”sodomía y el lesbianismo” con una pena máxima de tres años de prisión. Uno de los encausados fue condenado además a seis meses de prisión por ”indecencia” después de que la policía encontrase un vídeo pornográfico en su ordenador.

El encarcelamiento de estos seis hombres, algunos de los cuales estudiantes universitarios, ha sido duramente criticado por organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, que ve en este caso un un terrible ejemplo de la discriminación, profundamente arraigada y sancionada por el Estado tunecino.

Por esta razón, la entidad ha pedido su libertad inmediata e incondicional, además de la derogación de la ley que castiga las relaciones homosexuales, ya sean llevadas a cabo por hombres o mujeres. En palabras de Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional:

El fallo dictado contra estos hombres es absolutamente escandaloso, sobre todo ahora, cuando los grupos de defensa de los derechos humanos de Túnez se expresan de forma creciente contra la penalización de las relaciones homosexuales […] Nade debería ser encarcelado por su orientación o su actividad sexual. Este caso pone de relieve el grado de arraigo de la homofobia estatal en el país y el largo camino que aún tiene que recorrer Túnez para que la comunidad LGBTI pueda disfrutar plenamente de los derechos sexuales y de la identidad de género.”

Destierro forzoso

Además, en aplicación de los artículos 5 y 22 del Código Penal, se ha prohibido a los condenados residir en Kairuán durante cinco años, prohibición que entrará en vigor una vez que hayan cumplido sus penas de prisión. Según un abogado que intervino en el caso, este es el primer caso conocido de los últimos años en el que se ha impuesto este castigo.

Por esta razón Amnistía Internacional ha expresado que las personas detenidas y privadas de libertad sólo por su orientación sexual o identidad de género son presos de conciencia, y pide a las autoridades tunecinas que pongan en libertad a estos hombres y anule sus sentencias condenatorias inmediatamente.

El hecho de que, en 2015, un tribunal tunecino pueda aún encarcelar a seis jóvenes por mantener relaciones homosexuales y castigarlos con el destierro muestra hasta qué punto las relaciones homosexuales siguen siendo tabú en Túnez. Prohibirles residir en la ciudad sienta un peligroso precedente y es probable que desemboque en una mayor estigmatización.“

En un informe publicado recientemente, Amnistía Internacional ha documentado también que las autoridades suelen abstenerse de investigar y castigar debidamente los crímenes de odio homofóbicos y transfóbicos. Del mismo modo, los gais de Túnez son detenidos a menudo sin ninguna prueba de que mantengan relaciones homosexuales y sin que se los haya sorprendido casi nunca in fraganti.

Por el contrario, la mayoría de las detenciones se practican basándose en estereotipos de género, como la apariencia y la conducta, siendo las personas más afectadas los gays considerados “afeminados” y las mujeres transgénero.

Los hombres acusados de mantener relaciones homosexuales son sometidos habitualmente a exámenes anales realizados por médicos, que por lo general ordena un juez en un intento de hallar ”pruebas” de sexo anal, a pesar de que es un método desacreditado por carecer de base científica.

Aunque en teoría el detenido puede negarse a someterse al examen, los activistas afirman que la mayoría de los hombres no conocen sus derechos y se sienten presionados para acceder. A menudo la policía los intimida y les dice que la negativa podría usarse como prueba en su contra.

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Seis jóvenes tunecinos han sido condenados a tres años de prisión por mantener relaciones homosexuales. El juez ha dictado además el destierro de su lugar de residencia, la localidad de Kairuán, durante los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena. La escalada homófoba en el país magrebí también ha causado el exilio de Hedi Sahly, uno de los vicepresidentes de la asociación LGTB Shams, puesta en el disparadero desde el propio Parlamento tunecino por uno de sus diputados, que la ha calificado de “peligrosa para la paz social”, y desde el mismo Gobierno del país, que ha solicitado a las autoridades judiciales su disolución. Shaly explica que ha recibido serias amenazas de muerte por su lucha por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga la homosexualidad.

El Código Penal de Túnez establece en su artículo 230 la condena a 3 años de prisión para los que sean “culpables” de sodomía pero esta normativa incluye también a extranjeros en el territorio tunecino. En febrero pasado conocíamos el caso de un sueco de 50 años de edad que era condenado a dos años de cárcel por homosexualidad. El terror se recrudece porque este mes, seis jóvenes han sido encarcelados para cumplir una condena de tres años acusados de relaciones sexuales homosexuales, según un grupo LGBTI local llamado Shams , que el Gobierno tunecino pretende disolver.

Los hombres fueron condenados por un tribunal de Kairouan este pasado jueves, 10 de diciembre, después de que se vieron obligados a someterse a exámenes anales para “probar su culpabilidad”. Además, uno de los jóvenes fue condenado a seis meses adicionales de prisión por ‘exhibicionismo’ tras encontrar la policía videos de contenido sexual gay en su ordenador.

El tribunal también ha desterrado a los seis acusados de su ciudad natal de Kairouan durante un periodo de cinco años. Una condena que comenzará a aplicarse después de completar sus condenas carcelarias. Kairouan es la cuarta ciudad más sagrada en el Islam y atrae a peregrinos de todo el mundo musulmán. Una ciudad donde se aplica a rajatabla la ultraconservadora Sharia.

Los activistas LGBTI de Shams han protestado contra este juicio al que consideran “injusto” y piden a la sociedad civil movilizarse para la liberación de los seis prisioneros. El grupo condena la vigencia del artículo 230 por “restringir las libertades individuales y la invasión de la privacidad de los ciudadanos”, escribió el grupo en su cuenta de Facebook.

Esta nueva condena se suma a la del joven Marwen, de 22 años de edad, sentenciado hace unos meses a un año de prisión por el mismo delito. Marwen se hallaba en libertad bajo fianza hasta que se resolviera su apelación, cuya vista también estaba fijada para el 10 de diciembre. Para ese mismo día estaba convocada una manifestación por la asociación LGTB Shams, tanto para apoyar a Marwen como para protestar por el acoso de que es objeto por parte del Gobierno tunecino, que ha pedido a las autoridades judiciales su disolución. La página de Facebook desde la que se convocaba la manifestación se encuentra ahora borrada.

Acoso a los miembros de la asociación LGTB Shams

Precisamente el apoyo a Marwen, cuya sentencia causó revuelo internacional, hizo que los miembros de Shams aparecieran con cierta frecuencia en los medios de comunicación tunecinos solicitando la derogación de las leyes que castigan la homosexualidad. Esas apariciones pusieron en el disparadero a Shams, que fue objeto de ataques en el propio Parlamento tunecino, donde el diputado Ennahdha Abedlatif el Maki llegó a calificar a la asociación LGTB de “peligrosa para la paz social”. Por su parte, el secretario del gobierno de Túnez, Ahmed Zarrouk, solicitaba a las autoridades judiciales la disolución de Shams por su defensa de los derechos LGTB.

Todo ello ha tenido como consecuencia que los miembros de Shams se hayan convertido en objetivo de los fanáticos. Hedi Shaly, uno de sus vicepresidentes, ha comunicado que debe partir para el exilio debido a las serias amenazas de muerte de que es objeto. En una entrevista concedida a HuffPost Tunisie, Shaly detalla cómo ha podido acceder a informes internos del Ministerio del Interior gracias a un familiar que trabaja en ese organismo. En ellos aparece como una de las personas oficialmente bajo amenaza. Las autoridades, sin embargo, le han negado cualquier protección.

Shaly denuncia también que desde la mezquita de Hammamet se pidió la muerte del portavoz de Shams, Bouhdid Belhadi, residente en la ciudad. Aunque miembros de la policía local se encontraban presentes en ese momento, no se tomó ninguna medida. Sus compañeros de Shams fueron a buscarle para poder esconderle, por lo que ha tenido que abandonar sus estudios universitarios. Por su parte, la policía únicamente se ha puesto en contacto con él para exhortarle a que se comporte de manera más discreta, sin hacer nada más por protegerle.

Otro de los vicepresidentes de Shams, y miembro fundador, es Ahmed Ben Amor, quien también recibe amenazas de muerte diarias, según relata Hedi Shaly. Ha sido golpeado y maltratado por extraños en la calle, le han acosado y atacado violentamente de manera gratuita. Pero lo peor es que, cuando ha intentado interponer alguna demanda por esos hechos, lo único que ha recibido por parte de los policías han sido insultos.

Así pues, Hedi Shaly teme seriamente por su vida, por lo que ha decidido abandonar el país. No tiene claro aún dónde pedirá asilo político, aunque le sirve “cualquier lugar donde me sienta seguro y pueda terminar mis estudios”. En todo caso, continuará con su labor de defensa de los derechos de las personas LGTB tunecinas allá donde se instale definitivamente. La dureza de la vida que abandona se resume con este último testimonio:

En la facultad, las proclamas abiertamente homófobas asumidas por la Unión General Tunecina de Estudiantes, un sindicato estudiantil de tendencia islamista, resuenan contra los estudiantes y militantes LGTB. Acosan a mi padre para que me obligue a dejar de defender a los “maricones”, como nos llaman ellos. Mi hermano, que también está en la universidad, ya no quiere ir a estudiar porque los otros alumnos se burlan de él.

Me engañaron haciéndome creer que ahora éramos libres, que vivimos en una democracia, que ya no había lugar para el miedo. Incluso los partidos políticos y las asociaciones que se dicen progresistas nos han fallado. Las prácticas policiales agresivas continúan contra nosotros con total impunidad. La libertad en Túnez es una quimera.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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Protesta en Indiana por la denominada ley ‘antigay’

La intensa reacción social contra la aprobación por el estado de Indiana de una ley que daba carta blanca para discriminar a las personas LGTB aduciendo motivos religiosos, de la que dimos cuenta hace unos días, se ha traducido al final en la aprobación de un añadido de carácter antidiscriminatorio. Algo parecido ha sucedido en Arkansas, otro estado que acaba de aprobar una ley similar, que el gobernador se había negado a sancionar en su versión original. En paralelo, las peticiones de boicot a Indiana están siendo ya retiradas. Sí algo ha puesto de manifiesto lo sucedido, según numerosos observadores, es la absoluta falta de capacidad del Partido Republicano para sumarse al cambio social que está teniendo lugar en Estados Unidos en materia LGTB.

Ante las fuertes críticas, legisladores de ambos estados aprobaron cambios que prohíben usar motivos religiosos para negar servicios con base en raza, color, religión, edad, nacionalidad, discapacidad, género u orientación sexual. Legisladores en Arkansas e Indiana aprobaron el jueves iniciativas de ley que esperan acallará el alboroto nacional sobre nuevas leyes de objeciones religiosas que opositores afirman están diseñadas para ofrecer una defensa jurídica a la discriminación de homosexuales.

Lo comentábamos en nuestra anterior entrada dedicada a Indiana. “Arreglen esto ya”, era la petición que ocupaba hace justo una semana la portada de Indianapolis Star, el diario local más importante del estado, expresión de la gran inquietud generada ante la reacción social contra la ley y las amenazas de boicot que amenazaban con afectar seriamente la economía del estado, y que de hecho han dejado muy tocada su imagen. El gobernador Mike Pence anunciaba la inmediata aprobación de una norma adicional que clarificaría los límites de la ley e impediría la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Así ha sido.

. La nueva norma, elaborada y aprobada con carácter urgente el pasado jueves, establece que la legislación de protección a la libertad religiosa no permite a ningún proveedor de servicios discriminar a clientes por motivos de raza, color, religión, origen, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad de género. Quedan excluidas, eso sí, las iglesias u organizaciones religiosas, así como los clérigos de las diferentes confesiones en el ejercicio de su actividad ministerial. Mike Pence la firmaba inmediatamente tras ser aprobada. En Indiana, la cámara baja y el Senado aprobaron revisiones a la ley firmada la semana pasada por el gobernador republicano Mike Pence después de una protesta clamorosa por parte de comercios y grupos defensores de los derechos de las personas LGTB. Si Pence aprueba la nueva redacción, será la primera vez que son mencionados en un estatuto estatal la orientación sexual y la identidad de género. La enmienda en Indiana prohíbe a proveedores de servicios utilizar la ley como una defensa jurídica para negarse a proporcionar servicios, artículos, instalaciones o alojamiento. Prohíbe además la discriminación con base en raza, color, religión, abolengo, edad, nacionalidad, discapacidad, género, orientación sexual, identidad de género o servicio militar estadounidense, aunque aún quedan exentas de esta prohibición las Iglesias y escuelas afiliadas, así como a organizaciones religiosas sin fines de lucro.

Brian Bosma, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que el acuerdo envía una “muy fuerte declaración” de que el estado no tolerará la discriminación y subrayó que la ley “no puede ser utilizada para discriminar a nadie”.

Líderes empresariales, muchos de los cuales se han opuesto a la ley o han amenazado cancelar sus viajes al estado debido a ella, calificaron la enmienda como un primer paso positivo. Indiana todavía no incluye a la comunidad LGTB como un grupo protegido en su ley sobre derechos civiles, pero Bosma dijo que los legisladores se reunieron con representantes de esta comunidad y opinaron que la enmienda atiende muchas de sus preocupaciones.

El estado de Indiana, entretanto, busca restañar las heridas. Mientras que los promotores de las iniciativas de boicot van retirándolas tras la reforma antidiscriminatoria, las agencias locales de turismo insisten en que todo el mundo “es bienvenido” en Indiana. Numerosos establecimientos, de hecho, han colocado pegatinas en su entrada con la leyenda “este negocio atiende a todo el mundo”, como parte de la campaña Open for Service contra de la discriminación.

A quien no habrá gustado demasiado la marcha atrás de los republicanos de Indiana es a los propietarios de una pizzería de la localidad de Walkerton, que no dudaron en declarar a los medios de comunicación que acogiéndose a la ley, tal y como originalmente fue aprobada, se negarían a servir pizzas a celebraciones de boda entre personas del mismo sexo. Si lo que buscaban era su minuto de fama -servir pizza de encargo en una celebración de boda no parece un servicio habitual, ni siquiera en Indiana- desde luego lo han conseguido, siendo noticia a nivel nacional y movilizando incluso a su favor a miles de homófobos que han recaudado más de 800.000 dólares de ayuda para el negocio…

Sea como sea, hay varias lecciones que podemos extraer de lo sucedido en Indiana. En primer lugar, que los sectores mas reaccionarios no descansan nunca en su lucha por perpetuar la discriminación de las personas LGTB, más allá de la batalla por el matrimonio igualitario. En segundo lugar, que la movilización social sigue siendo un instrumento eficaz que no debe dejarse de lado, incluso en contextos políticos en teoría favorables (los homófobos no lo hacen). Por último, no conviene olvidar que sin el posicionamiento de algunas de las más importantes empresas de los Estados Unidos es dudoso que se hubiera ganado esta batalla: parece claro que el movimiento LGTB debe mantener viva su capacidad de generar sinergias a todos los niveles.

Algo parecido -aunque no exactamente igual- sucedía en Arkansas, donde el gobernador Asa Hutchinson ni siquiera había firmado la primera versión de la ley a la espera de que fuese enmendada. Finalmente la legislatura del estado aprobaba una segunda versión que, sin incluir expresamente una normativa antidiscriminatoria, establece claramente que la ley debe ser interpretada en el mismo sentido la legislación federal de protección de la libertad religiosa (que data de 1993) y de acuerdo a la jurisprudencia previa en ese sentido, lo que en la práctica supone que la situación sigue más o menos como hasta ahora. La Cámara de Representantes de Arkansas aprobó por 76-17 una medida de objeciones religiosas modificada después que el gobernador Asa Hutchinson solicitó cambios ante el aumento de críticas de que una ley previa justificaba la discriminación de homosexuales y lesbianas. Hutchinson firmó la ley sólo momentos después de la votación. Dijo que la nueva versión reconoce que “tenemos una fuerza laboral diversa y una cultura diversa”.

En definitiva, dos derrotas significativas para los grupos homófobos, siendo especialmente dolorosa para ellos la de Indiana, donde el resultado final ha sido precisamente el opuesto al inicialmente deseado: la aprobación de una normativa expresamente antidiscriminatoria con mención a la orientación sexual y a la identidad de género.

Dos derrotas, por otra parte, que han supuesto cierta convulsión interna en el Partido Republicano, obligado a ceder ante la presión social en dos estados cuyas legislaturas controla con cómodas mayorías absolutas. Especialmente significativo resulta el contraste entre los posicionamientos favorables a la redacción inicial de la ley de Indiana por parte de los políticos republicanos en activo, sujetos a la influencia de las bases más conservadoras del partido (como el candidato presidencial Ted Cruz, abiertamente homófobo, y el también más que probable candidato Jeb Bush) frente a las críticas de otros políticos republicanos que ya no tienen nada que perder, como es el caso del exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que considera que su partido tiene mucho “que aprender” de lo sucedido.

“Si el Partido Republicano quiere que la próxima generación de votantes escuchen nuestras ideas y soluciones a los problemas reales, tenemos que ser un partido abierto e inclusivo, no un partido de divisiones. Tenemos que ser el partido del gobierno limitado, no el partido que legisla sobre el amor. Tenemos que ser el partido que se posiciona a favor de la igualdad y contra cualquier forma de discriminación. Tenemos que ser el partido que en su momento atrajo a este inmigrante austriaco”, ha declarado Schwarzenegger.

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