La iniciativa, que de reunir suficientes firmas sería votada por los californianos en 2016, establecería que “cualquier persona que toque a otra del mismo sexo para obtener gratificaciones sexuales debería morir con balazos en la cabeza o por cualquier otro método conveniente“.

La fiscal general de California, Kamala Harris, anunció que le pedirá a la Corte Suprema del estado que emita una orden para detener una iniciativa legislativa popular con la que se quiere permitir que se pueda matar a los homosexuales, confirmó un portavoz de la oficina del fiscal. Harris aseguró que la propuesta –presentada hace unos días por el abogado Matt McLaughlin para que pueda ser votada por los californianos en los comicios de noviembre de 2016- “no solo amenaza la seguridad pública, sino que también a todas luces es inconstitucional, totalmente censurable y no tiene cabida en una sociedad civil”.

La fiscal general de California Harris, del partido demócrata, pidió a la Corte Suprema que anule esta propuesta, que han denominado Ley de Supresión de los Sodomitas, pues ella no tiene autoridad para legislar sobre las iniciativas legislativas populares que puede impulsar cualquier ciudadano de Estados Unidos para que sean votadas en plebiscito y que tiene la obligación de procesar.

Kamala Harris, fiscal general de California

El proyecto presentado por McLaughlin bajo el nombre de Ley de Supresión de la Sodomía, permitiría matar a los homosexuales “de un disparo en la cabeza” o con cualquier otro método “que se considere adecuado”.  El proyecto de McLaughlin califica las relaciones entre personas del mismo sexo de “maldad monstruosa” y señala que sería mejor que los gays mueran antes de los californianos fallezcan a causa de la “ira de Dios” por tolerar la homosexualidad. “El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es un mal monstruoso que Dios todopoderoso, dador de libertad, nos ordena reprimir so pena de nuestra destrucción total, así como destruyó Sodoma y Gomorra”, recoge el texto de la iniciativa popular, que tiene pocos visos de prosperar. El proyecto legislativo también prevé una multa de un millón de dólares, 10 años de prisión o la expulsión del estado para aquellos que hagan “propaganda de la sodomía”.

Según destaca desde Los Ángeles el periodista de BBC Mundo Jaime González, incluso si llegara a someterse a la opinión de los votantes, prácticamente no existe ninguna posibilidad de que el proyecto fuera aprobado.

En cualquier caso, esta propuesta, que ha desatado la preocupación de las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de gays y lesbianas, lleva al límite es sistema de proyectos legislativos populares con el que cuenta California desde hace décadas. Una propuesta popular que prohibía el matrimonio gay fue aprobada por los votantes de California en 2008 (Proposition 8), aunque luego fue declarada inconstitucional.

Este consiste en que cualquier ciudadano pueda someter a la consideración de sus conciudadanos una propuesta siempre que esta obtenga un número determinado de firmas que lo apoyen. En el caso de Ley de Supresión de la Sodomía, según informa la prensa local, se tendrían que recoger más de 365.000 firmas en 180 días. McLaughlin presentó su proyecto frente a la fiscalía de California para que esta cumpla su labor de darle a este un título y un sumario explicativo. El abogado que ha impulsado el proyecto tuvo que pagar 200 dólares para poder iniciar la recogida de firmas (en torno a medio millón, aproximadamente), que impulsen la celebración de un referendo. Fue por eso que Harris recurrió a la Corte Suprema, con el objetivo de que el tribunal le permita negarse a procesar la propuesta, que según los expertos en leyes, “es inconstitucional”.

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