SAN SALVADOR, El Salvador. El partido gobernante de El Salvador, Nuevas Ideas, eligió de titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Raquel Caballero. Es una abogada conservadora y cristiana que en el pasado ha sido cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.

Reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Su gestión estuvo llena de denuncias de nepotismo. En 2019 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares dentro de la institución. 

Marginó a las personas LGBT

Los grupos de derechos humanos de la población LGBTI la recuerdan como una funcionaria que marginó y desechó los avances logrados por las asociaciones en administraciones previas.

En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.

Pese a esos señalamientos, el oficialismo del partido del presidente Nayib Bukele la eligió la semana pasada para el periodo de 2022-2025.

“Ella ya estuvo en el cargo y definitivamente no nos dejó un buen sabor de boca porque no se pudo trabajar de la mano con ella cuando estuvo en la PDDH”, expresó a Presentes, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

Procuradora violentó derecho a protesta

En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.

En ese momento, la activista Karla Avelar -junto a otras compañerxs- se puso de pie para protestar, formando una cadena humana.

Cuando la entonces procuradora terminó su discurso, Avelar y Caballero se enfrentaron a gritos, por lo que la funcionaria pidió la intervención de la policía.

“Ese día además de sentir rabia, sentí miedo porque ella inmediatamente mandó a llamar a seguridad, ella misma dio la orden que llamaran a seguridad. Sentí miedo, frustración e indignación porque una procuradora de derechos humanos nos estaba negando el derecho a expresar nuestro sentir”, expresó Avelar a Presentes.

Cómplice del régimen de excepción

Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.

“No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahi para velar por los derechos de la población, ni a cumplir con sus facultades dadas por ley. Ponen funcionarios que lleguen a esos espacios a avalar los abusos de poder al gobierno de turno”, dijo a la prensa la diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso. 

La polémica por su nombramiento traspasó las denuncias en redes sociales y forzó al presidente Nayib Bukele a justificar su elección en una transmisión en vivo. Bukele lo hizo acuerpado por militares y policías de alto rango. Guevara expresó su apoyo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele.

Bukele justificó las políticas de seguridad implementadas durante los seis meses de régimen de excepción que ha dejado más de 54 mil personas detenidas sin orden judicial. Al menos 80 de estas detenciones han terminado en muerte al interior de los centros penitenciarios.

Presentes no pudo obtener una respuesta de parte de la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Creo que tomar la decisión de su elección ha sido una arbitrariedad y una falta de respeto para los derechos de las personas LGBTI específicamente. Nosotras vamos a buscar un diálogo y al final de cuentas el tiempo dirá, pero personalmente no creo que haya avances con ella”, señaló Linares.

Prisiones llenas de personas sin juicio

Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, las prisiones de El Salvador han sobrepasado su capacidad con las personas detenidas. Son acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.

Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante el régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

“Su elección servirá para legitimar las acciones que el gobierno está haciendo y le permitirá al gobierno actual tener el control dentro de la procuraduría de los derechos humanos”, señaló la reconocida activista, Karla Avelar.

«Ella va a hacer lo que el presidente le ordene»

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Bukele anunció en la transmisión que permitirá el ingreso a las prisiones a observadores para que comprueben el “respeto a los derechos humanos de los detenidos”. El anterior procurador, Apolonio Tobar visitó una de las cárceles en un fallido afán de apaciguar los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Al final de su mandato el informe de su visita no fue público.

“Ella va a hacer lo que el presidente le ordene. Va a llegar hasta donde el presidente se lo permita, ella no va a hacer nada por esclarecer las violaciones de derechos humanos que se están dando dentro de este régimen de excepción. Ella no va a hacer nada por las muertes que se han registrado dentro de los centros penales. Ella va a hacer lo mínimo”, recalcó Avelar.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó el martes en Ginebra su preocupación por los impactos del régimen de excepción en el respeto de los derechos humanos de la población y la «progresiva pérdida de independencia» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su «falta de reacción ante violaciones de derechos».

En su nuevo trabajo, Ernesto era enviado a visitas de campo junto con otro compañero delegado por sus jefes. La alcaldía garantizaba su traslado, pero a diferencia de la anterior modalidad de trabajo, ya no disponía de un vehículo para sus viajes. Tenía un carro lo llevaba a las cercanías de su destino. Así es que, debía caminar al menos cinco kilómetros en zonas rurales para realizar funcionar de catastro o señalar postes de electricidad.

Además del cansancio y del peligro que implicaba recorrer lugares solo, en los viajes soportaba los ataques homoodiantes de su compañero. En una ocasión, le obligó a que se metiera a un terreno con un matorral, donde Ernesto encontró un panal y las abejas le persiguieron.

El 30 de junio, un motorista de Uber al que Ernesto conocía y había recomendado a su hermana, le fue a buscar a la alcaldía para cobrarle un viaje . El hombre llegó hasta su oficina y amablemente le pidió que salieran del local. Afuera, comenzó a golpearlo y él se defendió.

Nadie de la alcaldía intervino. Al contrario, la comuna usó los videos de las cámaras de vigilancia en su contra. Pese a contar con un tipo de contratación que amerita un proceso administrativo para llegar a un despido, a Ernesto lo despidieron omitiendo ese proceso.

“Ellos trataron la forma de hacer las cosas verbalmente y en el documento hablan lo contrario. En los documentos no dicen que me despidieron por ser gay, cuando así fue, le dieron otra modalidad a mi despido… En la alcaldía solo tienen gente homofóbica”, cuenta. Prefiere que en esta nota no aparezca su nombre ni que se den detalles que puedan poner en peligro su integridad.

Ernesto ha denunciado su caso en la Fiscalía General de la República, pero la denuncia no avanza. Lo que así avanzó es un juicio laboral en un juzgado y para la próxima semana está programada la audiencia.

Sin ingresos

En la administración pasada de la alcaldía, Ernesto había logrado un convenio de la comuna con un ministerio para construir un parque central. Con el cambio de gobierno municipal a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, la alcaldía se desentendió del proyecto.

Ya despedido, personal del ministerio siguió en contacto con Ernesto para terminar la obra. Pero la página oficial de Facebook de la alcaldía publicó un video, con una fotografía suya y música de terror de fondo. Allí decía que Ernesto ya no trabajaba para la municipalidad y que no se hacían responsables de las acciones que él realizara.

Ese mismo video llevó a que una orquesta a la que él pertenecía, de la que era manager, cantante y bailarín, lo despidiera. También, a partir de la publicación, dejaron de llamarlo para producir fiestas de quince años, otro de sus ingresos.

Contra la LGBTIQ+ fobia en instituciones públicas

En El Salvador, las personas LGBTIQ+ que pueden optar por un empleo formal pero que luego son despedidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género no cuentan con una normativa que les proteja. Ni en las instituciones públicas ni en las instituciones privadas.

En el país, hubo un mecanismo de prevención de la discriminación para lxs empleadxs de las disidencias sexuales que trabajan en las instituciones públicas dependientes del Ejecutivo. Fue el Decreto Ejecutivo 56, aprobado en 2010, en la administración del expresidente Mauricio Funes, con el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil.

Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual, encargada de aplicar el decreto. Sus funciones las derivó a la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura.

La dirección tenía un call center al que podían llamar aquellxs empleadxs que se sintieran discriminadxs por su orientación sexual, identidad o expresión de género. También realizaba capacitaciones para sensibilizar en temas LGBTIQ+ al personal de instituciones públicas.

Aunque el decreto no contemplaba sanciones, Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amata El Salvador, recuerda que en una ocasión, una persona a la que un chico gay denunció por discriminación fue removida a otra institución.

A la fecha, el decreto no ha desaparecido, pero las organizaciones sociales denuncian que no tienen claridad de su aplicación. Así lo señala Jessica Torres, experta en temas LGBTIQ+ y procuradora adjunta de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Para Torres, el decreto tenía dos defectos, por su carácter Ejecutivo, era temporal pero era limitado. Se aplicaba solamente en las instancias que dependían de la presidencia, y dejaba afuera a otras instituciones públicas. Es decir, en el caso del despido de Ernesto de la alcaldía, la normativa no hubiese tenido ningún valor.

En los últimos años, la PDDH recibió seis denuncias de las disidencias sexuales por estigma y discriminación, no solamente en el área laboral. Sin embargo, en los casos laborales, aclara Torres, sobresalen las denuncias contra el sector privado.

Temor a denunciar

Roberto Saldaña, coordinador de áreas de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y coordinador del programa LGBTIQ+ , explica que no se recibieron denuncias de violación laboral en instituciones públicas. No se denuncia por temor a represalias.

En los últimos dos años, con Bukele al frente del Ejecutivo, fueron despedidas injustificadamente diferentes personas de las instancias públicas. A partir de junio de este año, cuando Nuevas Ideas (su partido) arrasó con las elecciones en las alcaldías, hubo muchos despidos sin un debido proceso.

Desde 2015, la FEASIES capacitó a lxs líderes, lideresas y a las bases sindicales en temas de diversidad sexual. A partir de entonces, observaron cambios: lxs sindicalistas de la disidencia sexual están más empodoradxs y aumentó la afiliación de personas de LGBTIQ+ a la federación.

Entre las denuncias que recibe la FEASIES, se encuentran muchas de mujeres trans a quienes en sus lugares de trabajo no les permiten expresar su identidad de género, prohibiéndoles vestuario femenino y maquillaje. A ellas, cuando trabajaban en el Ejecutivo, fue a quienes más benefició el Decreto Ejecutivo 56, dice.

De forma general, según señala Saldaña, lo que sucede con los despidos en El Salvador es que por desconocimiento sobre las leyes laborales, un 80 por ciento de lxs empleadxs firman su indemnización antes de denunciar una violación a sus derechos laborales. Cuando esto ocurre, ya no pueden ayudar.

“No queda claro si el Decreto Ejecutivo 56 está completamente inaplicable o no. Es curioso que, dentro del Ministerio de Cultura, si verificás documentos actuales creados por la Unidad de Género y Diversidad, no menciona el decreto. Es como si que no existiera, como si no hubiera antecedentes, como si el tema se tratara por primeva vez. Tiene que ver mucho con la política tácita del régimen: borrar lo que había antes”, sostiene Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador.

Esta asociación acompañó, con la llegada al Ejecutivo de Bukele, a mujeres trans y lesbianas despedidas con la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social. También lo hizo con la reducción de personal de Ciudad Mujer, proyecto insignia de los gobiernos de izquierda, con un enfoque integral en acompañamiento a las mujeres.

Presentes intentó contactar a delegadxs de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultural, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Hasta el momento, lo más cercano sobre la discriminación hacia la población LGBTIQ+ que existe en la legislación salvadoreña es una resolución de 2009 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un pronunciamiento sobre la negación del Ministerio de Gobernación hacia un grupo de hombres gay que querían conformar una organización.

El tribunal, en su momento, estableció que no era posible discriminar a las personas por su orientación sexual. Para entonces en el país no había mayor educación sobre la identidad de género. Por ejemplo, esta resolución no sirvió para vincularse con otras leyes.

Durante los dos gobiernos pasados, el Ministerio de Trabajo realizaba feria de empleo dedicadas a personas LGBTIQ+. También contaba con una ventanilla de atención especializadas para ellas. La iniciativa no continuó y aunque las organizaciones y la PDDH ya se reunieron con delegados del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura para seguir con estos proyectos, todavía no reciben una respuesta oficial.

Mientras, como el caso de Ernesto, podrían continuar los despidos injustificados de personas de las disidencias sexuales sin ninguna protección estatal.

Tras las publicaciones de la alcaldía en sus redes sociales, Ernesto no tuvo más ingresos. Sólo la remuneración por la producción de una fiesta de 15 años hace una semana. “Con la fiesta rosa pagué tres meses de la renta de la casa. Con la comida, voy pasándola. Por ratos me ayuda mi mamá, por ratos me desespero, pero ahí voy”, detalló el joven.

La ley por la Igualdad y la no Discriminación también fue archivada. Ninguno de los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) han dado una explicación del por qué enviaron al archivo la propuesta de ley.

La propuesta de Ley de Identidad de Género había sido presentada el 22 de marzo de 2018 por diversas organizaciones a la Asamblea Legislativa. La Comisión de la Mujer e Igualdad fue la encargada de su estudio y discusión. Sin embargo no fue aprobada.

El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre, sexo y género de personas transgénero y transexuales.

Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de les 84 diputades. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto coincidieron en que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

Ahora la propuesta de ley fue enviada al archivo, sin posibilidades de discutirse de nuevo.

“No vamos a pasar tres años más para que se nos tome en cuenta. Se supone que esta Asamblea legislativa ha venido a legislar por el pueblo y por sus necesidades, así que esperamos respuestas lo más pronto posible”, dijo Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS durante una manifestación de rechazo a la decisión de engavetar la propuesta de ley de identidad.

Con esta decisión las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. La propuesta de ley pasó al archivo sin ser consultada con las organizaciones sociales proponentes.

“De no sacar del archivo la propuesta de ley dejarían ver la homofobia, la transfobia, la misoginia que existe desde esta nueva Asamblea Legislativa y desde los diputados para legislar por las necesidades de la población LGBTI que también les dieron el voto y los pusieron en esos curules”, recalcó Bianka Rodríguez.

El 1 de mayo de 2021 se instaló la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador para un período de tres años. El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar lo que sea sin oposición.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) criticó la decisión de nueves diputades e instó a hacer un nuevo cabildeo para que fuera presentada, analizada y discutida con la comisión a cargo.

“Reitero a la población LGBTIQ+ de El Salvador mi compromiso en acompañarles en sus justas reivindicaciones, realizando las acciones de mi competencia”, expresó el Procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar.

Condenada a la exclusión

“Siempre entro a los baños de mujeres porque es lo correcto, pero en una ocasión el vigilante del lugar me dijo que me saliera, me dijo que yo siempre seré un hombre. Me fui para el baño de hombres y ahí también se me quedaban viendo raro, no tuve otra opción”, expresó Eliza a Presentes.

Sin poder contradecir al vigilante por no contar con un documento que confirmara su identidad como mujer transgénero, decidió utilizar en adelante los baños destinados para hombres en lugares públicos. El Documento Único de Identidad (DUI) de Eliza tiene el nombre y género asignados al nacer, y ella se ha unido a la lucha de la población trans para lograr la aprobación de la ley de identidad de género.

La invisibilidad como política pública

 Desde que inició la administración en junio de 2019, Nayib Bukele, eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

La extinta dirección había creado la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían. El actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, Presentes confirmó que desde 2019 no se reúnen con las autoridades a cargo.

“Ser un hombre trans en El Salvador significa no existir porque no soy reconocido legalmente. Significa ser excluido y rechazado por la sociedad, significa no tener derechos”, dijo a Presentes Bryan Rodríguez subdirector de Hombres Trans El Salvador (HT).

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

“Ya no queremos ser olvidadas en las políticas públicas. No vamos a retroceder nunca más. Nuestras voces van a gritar las arbitrariedades que ellos y ellas hagan como diputados y diputadas de esta nación”, indicó Bianka.

La lucha por la aprobación de la ley

Dice que cada 17 de mayo a viajado hasta la capital de El Salvador para participar en la marcha en contra de la transfobia, pero este año lo hizo para protestar contra la decisión de legisladoras de la Asamblea legislativa que de un tajo mandó al archivo una propuesta de ley que le permitiría a Eliza tener un documento con su nombre, sexo y género auto percibido.

“Esa ley es necesaria que se apruebe porque así ya tendríamos que estar acreditadas como mujeres ante la ley. Sin necesidad de andar escondiendo cómo nos llamamos o que la gente nos diga que debemos de llamarnos como nacimos y no como nuestra expresión”, dijo Eliza a Presentes.

Eliza se unió a cientos de personas que salieron a las calles de San Salvador para exigir que se saque del archivo la propuesta de ley y sea aprobada. Dice que aún recuerda cuando hace siete años tuvo el valor de asumir su identidad y expresión de género.

“Las primeras veces fue difícil para mi, sentí pena y temor que toda la gente me mirara y dijeran: ‘ahí va ese vestido de mujer’. Al principio fue difícil, después me fui adaptando a las discriminaciones, a los bullying que aún me hacen”, expresó.

Bukele de 39 años de edad se autodenomina el “presidente más cool” del mundo, arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Yo di el voto a Nuevas Ideas creyendo de que todo iba a ser diferente. Me genera indignación porque ellos prometieron apoyar a la población LGBTI y que ahora salgan con que no le toman importancia. Así como nosotros los apoyamos para que estén en la Asamblea, así deben cumplirnos”, dijo Eliza.

Fuente Agencia Presentes