El pequeño estado musulmán del sudeste asiático no hace honor a su nombre oficial de “Brunéi Darussalam”, que en castellano significa “Morada de la Paz”. La aprobación de un nuevo Código Penal introduce la pena capital para delitos como la violación pero también castigará con la vida las relaciones homosexuales, el adulterio o la blasfemia de carácter religioso, entre otros. Si nada lo impide, la nueva norma entrará en vigor el próximo martes 22 de abril.

Con menos de 500.000 habitantes, este minúsculo país ubicado en el norte de la isla de Borneo se suma a la penosa lista de naciones que ampara legalmente el asesinato de personas inocentes por su orientación homosexual. La nueva legislación, que actualiza el Código Penal de Brunéi de acuerdo a la sharía o ley islámica, fue aprobada el pasado mes de octubre, aunque será la próxima semana cuando entre en vigor.

Ya habíamos hablado de la instauración de las draconianas leyes en Brunéi. Este país ha sido el primero en aplicar la ley islámica de la Sharia a nivel nacional en el sudeste asiático, en vigor desde el pasado 1 de abril. Ahora la ONU ha hecho un llamamiento para la paralización de la aplicación, el próximo 22 de abril, de los castigos del Código Penal que contemplan la muerte por lapidación de los homosexuales, al igual que ocurre en otros países como Irán o Arabia Saudí.

La violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio para los musulmanes, blasfemar sobre cualquier versículos del Corán y del Hadith, declararse a sí mismo profeta, apostatar de ser musulmán y el asesinato son los delitos por los que la pena de muerte puede ser aplicada en el marco del código revisado.

Ya en enero el nuevo Código Penal mereció la condena de la Comisión Internacional de Juristas, que ahora se ha hecho extensiva a Naciones Unidas. Según ha explicado Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) , “la aplicación de la pena de muerte para una amplia gama de delitos contraviene el derecho internacional”. Asimismo, Colville ha recordado que “la lapidación a muerte constituye tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y por lo tanto está claramente prohibida” en el ámbito internacional, declaró el comisionado de la ONU. En opinión de este experto en Derechos Humanos, ‘la criminalización y aplicación de la pena de muerte para las relaciones sexuales consentidas entre adultos también viola toda una serie de derechos, incluyendo los de privacidad, igualdad, libertad de arrestos y detenciones arbitrarias’. Colville advierte: “Las disposiciones del Código Penal revisado pueden fomentar más violencia y la discriminación contra las mujeres y también contra las personas por motivos de orientación sexual.”.

El representante de la ONU ha realizado estas declaraciones institucionales durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra (Suiza). Colville también ha manifestado que desde Naciones Unidas “instamos al Gobierno a retrasar la entrada en vigor del Código Penal revisado y a llevar a cabo una revisión integral, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”.

Brunéi se independizó del Reino Unido en 1984 y, desde el 67, el sultán Hassanal Bolkiah ejerce su autoridad con mano de hierro, el mismo ha sido quien ratificaba las modificaciones al Código Civil. La “sodomía” es una actividad ilegal en Brunéi en las que están incluidas las relaciones sexuales anales, castigadas actualmente con penas de prisión de hasta diez años. Desde abril, la nueva ley supone la pena capital para estas relaciones sexuales, al igual que para las extramatrimoniales heterosexuales, mediante la lapidación. Brunéi ha mantenido una moratoria efectiva sobre la aplicación de la pena de muerte desde 1957. Por este motivo, el ACNUDH instó al gobierno a establecer una moratoria oficial y para trabajar hacia la abolición de la práctica por completo. 

La doble moral del sultán

Bajo el yugo del sultán absolutista Muda Hassanal Bolkiah, Brunéi no ha firmado ni ratificado prácticamente ninguno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso sí, repasando la trayectoria personal y el estilo de vida desaforado del jefe del estado, no parece que se aplique a sí mismo el rigor moral que exige a sus súbditos.

El sultán de Brunéi se ha casado tres veces y, aunque la religión islámica permite la poligamia para los hombres, está divorciado de dos de sus mujeres. Según la revista Forbes, en 2007, Bolkiah era la persona con la mayor fortuna de todo el mundo (estimada en 22 billones de dólares). El sultán lleva en el poder desde 1967 y consiguió la independencia de Reino Unido en 1984. Su patrimonio familiar ha ido creciendo progresivamente gracias a los beneficios que el país genera a raíz de las ricas explotaciones de petróleo y gas natural y a la falta de control del origen de sus ingresos.

Un litigio económico con su hermano menor Jefri, que acabó en el Privy Council de Londres (que sigue ejerciendo como una especie de tribunal de última instancia pese a la independencia) permitió conocer que el sultán derrocha el dinero a espuertas. Solo en 2007, gastó 1,26 millones de libras en un instructor de bádminton o 1,25 millones en acupunturistas y masajistas, por poner algunos ejemplos. Su palacio (más grande que el Vaticano) cuenta con bóvedas de oro y se calcula que posee cientos de automóviles de lujo, entre ellos varios Fórmula 1.

En definitiva, así es y así vive el hombre que se arroga el derecho, convertido en ley, de acabar con la vida de aquellos que comparten su amor y su sexualidad con personas de su mismo sexo en el “Estado de Brunéi, Morada de la Paz”.

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El Parlamento de Gibraltar aprobó este viernes 21 de marzo la ley que legaliza las uniones civiles con independencia del sexo de los contrayentes. Y lo hizo de forma casi unánime: de sus 17 miembros, 16 votaron a favor y 1 (el ex ministro principal Peter Caruana) se abstuvo. La ley permitirá que parejas del mismo o de distinto sexo disfruten de derechos equiparables a los del matrimonio civil, incluyendo la adopción homoparental.

Día histórico en Gibraltar. Como ya previmos, el Parlamento ha legalizado esta mañana la unión civil para parejas gays y heterosexuales, que permite casarse a todas las parejas del mismo sexo en iguales condiciones que las de distinto sexo en este territorio británico. Todos los partidos han apoyado la iniciativa. El proyecto de ley ha sido aceptado por 16 votos a favor y una abstención, en una Cámara que cuenta con 17 miembros.

La aprobación del proyecto de ley (que puedes descargar pinchando aquí) es el resultado de años de lucha de Equality Rights Group (antes GGR), colectivo LGTB gibraltareño, a favor del reconocimiento jurídico de derechos para las parejas del mismo sexo. Un proceso que no ha sido precisamente fácil. Pese a ser un territorio bajo soberanía británica, Gibraltar ha estado muy atrasada en esta materia.

Volviendo al tema, cinco minutos antes de las 10 de la mañana comenzaba el debate del este punto del orden del día, el segundo. Tras 42 minutos de intervenciones, en las que han participado miembros del equipo de gobierno (Coalición del Partido Socialista Laborista y el Partido Liberal) y de la oposición (Socialdemócratas), la unión civil ha sido aprobada a las 10.37 horas por parte de gobierno y oposición, con la excepción del voto del ex Ministro Principal Peter Caruana, quien se ausentó de la cámara legislativa.

Una vez aprobada la ley en el Parlamento, ahora es el gobierno gibraltareño el que tiene que dictar la fecha de entrada en vigor. Podrá casarse cualquier pareja que está presente físicamente en Gibraltar sin ningún problema respecto a su nacionalidad o su lugar de residencia, aunque deberán presentar en plazo la documentación que se les solicita desde el registro civil. Los matrimonios y las uniones civiles celebradas en el extranjero serán también reconocidos.

Miembros del colectivo LGBT de Gibraltar se han presenciado en la sala para celebrar la noticia, convocados por Equality Rights Group (ERG), la asociación que promueve desde el año 2000 la aprobación de la unión civil para todos.

“Hemos alcanzado este logro porque estábamos determinados a hacer una campaña democrática y abierta. Sin pedir perdón y sin recurrir a otra cosa que a un diálogo abierto con la sociedad en general y los partidos políticos”, explica Felix Alvarez, presidente de EQR. “Ha sido muy difícil a veces, pero sin ninguna duda los cambios vienen con el tiempo, porque cada vez contamos con más apoyos con el paso de los años”, añade. “Nos llena de orgullo que este respeto por el debate abierto y constitucional signifique que, con paciencia y determinación, obtengamos los frutos de tanto trabajo”, reconoce Alvarez.

La unión civil no es el primer logro en materia de derechos LGBT que se aprueba en Gibraltar. En los últimos años se han puesto en marcha normas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en el ámbito laboral, o la equiparación de la edad legal de consentimiento para parejas gays y heterosexuales. Otras, como las medidas para evitar la discriminación de las parejas homosexuales a la hora de acceder a productos y servicios (como la vivienda pública) tienen aún que llegar al Parlamento. Cuenta Dosmanzanas que en diciembre de 2010 tuvo que ser el Privy Council de Londres, la más alta de las instituciones británicas con competencias judiciales sobre Gibraltar, el que reconociera a una pareja de lesbianas su derecho a alquilar una vivienda en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales. Otro asunto que fue muy polémico era el hecho de que la edad de consentimiento para mantener relaciones homosexuales masculinas fuera superior a la del resto de relaciones, una discriminación a la que puso fin la Corte Suprema de Gibraltar en 2011 (el asunto llegó a amenazar incluso con provocar una crisis institucional con el Reino Unido, que se planteó actuar si finalmente la colonia no resolvía el asunto por sí misma).

El Gobierno gibraltareño, formado desde las elecciones de diciembre de 2011 por una coalición de laboristas y liberales y presidido por el laborista Fabian Picardo, se comprometió en su momento a legislar el reconocimiento de uniones civiles con independencia de su sexo. En febrero de 2013 recogíamos la elaboración del primer borrador, y poco más de un año después el proceso ha culminado con la aprobación de la ley. “Agradecemos de corazón al ministro principal, Fabian Picardo, al viceministro principal, Joseph Garcia, y a todo el Gobierno, el cumplimiento de su promesa electoral de hacer justicia a la comunidad LGB”,  Su apoyo y compromiso ha sido a la vez evidente y bienvenido”, ha declarado Felix Alvarez, presidente de Equality Rights Group.

La asociación podría plantearse en un futuro proponer la aprobación del matrimonio igualitario. Y es que ahora surge una nueva forma de discriminación. Las parejas de distinto sexo también podrán optar a la unión civil en lugar de al matrimonio. “Al introducir esta ley, en realidad se está introduciendo otra discriminación, es decir, una pareja hetero ahora tiene dos opciones, mientras que la homosexual solo tiene una”, explica. “Una vez tengamos bien asentada la ley del 21 de marzo, empezaremos un proceso de consulta con la comunidad LGBT en Gibraltar para conocer si quieren que empecemos la siguiente campaña, la trabajar por el matrimonio. Y yo creo que van a decir que sí”.

En cualquier caso, la unión civil igualitaria es un gran paso adelante. Para celebrarlo, hay prevista una fiesta Welcome Party en el local The Island, en el Ocean Village, el próximo viernes 28 de marzo a las once de la noche, organizada por la productora de eventos Atrevida.

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