Denuncian que se incrementó la violencia y el abandono. Tampoco hay acceso a la salud.

BUENOS AIRES, Argentina. La “nueva normalidad” que deja a su paso la pandemia de coronavirus también deja mucho para analizar en los espacios de encierro. En las cárceles, el vendaval pandémico no hizo más que agravar problemáticas preexistentes. Y expuso con crudeza cómo esas prácticas sistemáticas afectan más a las minorías intramuros: mujeres y disidencias.

Son pocas en relación al total de la población presa -685 mujeres cis y 31 trans en el Servicio Penitenciario Federal, sobre un total de 10.491 personas presas a fines de febrero-. Pero muchas veces se llevan la peor parte en materia de vulneración de derechos.

Estigmatizadas como el resto de la población carcelaria pero aún más invisibilizadas, mujeres y disidencias de distintas cárceles lograron en los últimos meses dar cierta difusión a reclamos puntuales ante situaciones acuciantes. Lo hicieron mujeres cis y trans presas en el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza, así como personas intersex detenidas en Los Hornos, provincia de Buenos Aires, o en la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Falta de agua, insuficiencia de comida, no acceso a tratamientos y atención médica –incluso cuando había síntomas o diagnósticos confirmados de Covid- fueron algunos de los asuntos por los que alzaron la voz. La respuesta, en casos como el de Córdoba, llegó en forma de represión.

Situaciones que forman parte de un todo del que aún resta mucho por conocer.

También hay escasez de datos

Recién desde 2015 el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) registra la población trans/travesti privada de su libertad.

El salto poblacional desde entonces fue marcado: de 33 personas ese año a 124 en 2020. El Servicio Penitenciario Bonaerense aloja al 77% de esta población. Y la Ley 23.737 –Ley de Drogas- representa la principal causa de encarcelamiento de mujeres trans/travesti, sobrerrepresentadas en las prisiones en comparación con otros grupos.

En 2017, un 43 por ciento de las mujeres (1.561) y el 70 por ciento del total de personas trans (89) estaban encarceladas por estos delitos, según consignó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de 2019: “Guerra contra el narcotráfico, guerra contra los pobres”.

De acuerdo al informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentado en 2020, la evolución de la población de mujeres cis y personas trans encarceladas registra un “claro aumento” desde hace décadas. De todos modos, sigue siendo muy minoritaria.

Según los datos de la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hacia fines del 2019 había más de 4.500 mujeres cis y personas trans detenidas en Argentina: un 5% de la población penal total.

Este crecimiento se da a nivel global: entre 2000 y 2017 la población carcelaria femenina aumentó en un 53.3 por ciento, mientras que la de los hombres aumentó en un 19.7 por ciento, según datos citados en el informe “Mujeres Trans privadas de su libertad: la invisibilidad tras los muros”, impulsado por la PPN, junto a organizaciones regionales.

“La cárcel pesa y agobia a toda la población, pero sobre todo a la población femenina, a mujeres y diversidades”, remarca Josefina Ignacio, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) “Porque la cárcel está construida, fue concebida, para varones. Desde lo edilicio, los tratamientos, la lógica carcelaria. Las mujeres se tuvieron que ir adaptando a eso. La cárcel tiene una lógica muy patriarcal, está gobernada por una institución absolutamente verticalista y eso hace que sea muy machista. La mujer trans o cis que llega a la cárcel en general ya ha sido vulnerada y en la mayoría de los casos ha sufrido violencia de género. Casi todas. Lo encontrás en cada uno de sus testimonios. Y lo siguen padeciendo ahí adentro”.

Menos salud

“Todo está atravesado en este momento por la pandemia. Las cárceles traen muchos problemas estructurales, de trato, desde siempre. Pero la pandemia lo puso más visible y profundizó muchas de estas cuestiones”, dice Verónica Manquel, Coordinadora del Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

Resalta también que un punto que preocupa especialmente tiene que ver con el acceso a la salud. “En 2020 y 2021 el problema del acceso a la salud fue cada vez más crítico. Y eso afectó de manera diferencial a los distintos colectivos. Sobre mujeres y población trans, el acceso a controles en general y en particular sobre salud sexual y reproductiva o no fueron puntos muy sensibles. Durante mucho tiempo en el SPF no contábamos con fallecimientos de mujeres y trans y en 2020 hubo casos, por temas no directamente vinculados con Covid sino por deficiencias, demoras en el acceso a la atención que terminaron en situaciones críticas”.

Para Manquel, “la pandemia se apoyó sobre sistemas sanitarios intracarcelarios que ya eran críticos y eso se sumó a que todos los sistemas de salud estaban en crisis a nivel nacional. Se cortó o fue más difícil acceder a intervenciones extramuros. Todo dependía de la atención intramuros y eso fue un problema”.

“Aun manifestando tener síntomas de Covid y volando de fiebre, no acceden a tomarte la temperatura e hisoparse”, contaba a fines de enero desde el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza una detenida que optaba por el anonimato. La falta de garantías sanitarias descritas por Whatsapp incluían carencia de agua potable “desde Navidad” y “una plaga de ratas que no exterminan y su justificativo es que no tienen presupuesto para comprar veneno”. Recién en a mediados de febrero el panorama comenzaba a modificarse.

“Hay una dificultad con el acceso a la salud en todas las unidades, y más en las de mujeres, que necesitan cosas más específicas respecto a la salud: la cuestión ginecológica, obstétrica, con el Covid y la pandemia hubo mucha demanda de asistencia psicológica. Hubo intentos de suicidio. Para las personas encarceladas, sobre todo para las mujeres sin visitas de hijos, fue muy dura la pandemia. Estuvieron mucho más tiempo que nosotros sin contacto”, compara Ignacio, del CNPT.

Para Victoria Darraidou, Coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, “esta población padece problemas de salud con mayor incidencia que la población general. Entre las patologías más comunes se encuentra el VIH-sida. Los tratamientos y asistencia suelen verse interrumpidos o demorados durante el encierro. Por otra parte, en la mayoría de los casos se ven suspendidos los tratamientos hormonales ocasionando problemas para la salud física y psicológica de las personas. Además, las personas trans/travestis denuncian un trato desigual y discriminatorio por parte del personal médico penitenciario y una demora excesiva entre el pedido de asistencia médica y la concreción de la atención requerida”.

Más sujeción

Adriana Revol se define como “militante anticarcelaria” y habla desde Córdoba para denunciar la situación de las mujeres cis y trans presas en Bouwer, prisión que depende del gobierno provincial. Coincide en que “la pandemia ha venido a agudizar problemas existentes históricamente” y advierte que la asistencia médica “no es poca, es inexistente”.

La ola de calor de enero encontró a las presas de Bouwer casi sin agua. “Se las cortaban al mediodía y volvía a las 12 de la noche, cuando estaban encerradas bajo llave en las celdas, sin poder salir a bañarse. La comida no era suficiente, porque era para 10 personas -el cupo que tiene ese lugar de aislamiento- pero había 19. Pedían un paracetamol, ibuprofeno, para bajar la fiebre de las mujeres, porque ahí estaban las positivas de Covid. Pedían lo básico y no les daban. De asistencia médica, ni hablar. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Cuál fue la respuesta del estado? La represión. Entran las fuerzas de seguridad especiales del Servicio Penitenciario con balas de goma”.

Revol cuenta que en el marco de esa represión “a algunas personas las llevaron a las camas de sujeción, donde las atan de pies y manos, a veces del torso. Las horas o días hasta que se curen, dicen ellos, porque esta receta la firma el médico. Córdoba es la única provincia donde existen. Estamos peleando contra esto, pero está avalado por el Poder Judicial, que sería el cómplice de la tortura. No existiría si el Poder Judicial no la avalara”.

Según la militante anticarcelaria, “esa medida de sujeción, como los psicofármacos y chalecos químicos, las sufren más las mujeres. Como somos locas, histéricas, sufrimos más ese tipo de represión”.

Fue el 9 de enero cuando las protestas dieron paso a las camas de sujeción. Un día antes, un grupo de detenidas había recibido el resultado positivo del test de coronavirus. Para aislarlas, las enviaron a un sector reducido, sin ventilación ni heladera, en días con temperaturas agobiantes. La cuarentena no incluía atención médica. Tras más de 24 horas en ese encierro dentro del encierro, quemaron un colchón a modo de reclamo. Los matafuegos no alcanzaron y las mangueras llegaron tarde. Una mujer tuvo que ser internada con quemaduras graves. Para las demás, llegó el castigo: sujeción o traslados.

Menos visitas

Otra forma de “torturas”, dice Revol, son los traslados. Porque, en el caso de las mujeres cis y trans y ante la menor cantidad de espacios de encierro disponibles para ellas, los traslados implican más lejanía. Y más lejanía implica menos visitas, en colectivos que ya de por sí son menos visitados que los masculinos.

“Está estudiado que hay menos visitas a mujeres. En muchos casos porque las cárceles de mujeres están alejadas de centros urbanos y eso hace más difícil el acceso. Muchas veces no cuentan –sobre todo en el caso del colectivo trans- con familiares que puedan acercarse. Ahí las organizaciones cumplen ese rol”, explica Manquel, de la PPN.

Ese tipo de redes las tendió en Bouwer el colectivo Solidaridad Anticarcelaria, del que participa Revol. Pero aclara que quienes ponen el cuerpo son “un grupo de pibas que llevan paquetes a mujeres trans que no reciben visitas, las más abandonadas”. Desde que comenzó la pandemia, les acercan medicamentos, ropa, calzado, yerba, galletas. “Vamos una o dos veces al mes. El gasto es muchísimo”, dice Revol, y acota que “el Servicio Penitenciario pone todos los obstáculos habidos y por haber. Sólo permite a cada una dejar cosas para tres personas, entonces tienen que viajar varias. Ellas y elles son quienes están poniendo el cuerpo, comprando, bancando horas y horas de espera”.

“La visita para las personas detenidas cumple una doble función, que no es solo el contacto y sostenimiento afectivo, sino también lo material. En las mujeres y trans, encima de que son poco visitadas en relación a los varones, la pandemia las dejó más aisladas aún. Eso recrudeció un montón la vida al anterior de la cárcel. En 2021 se retomaron las visitas de forma progresiva, pero siguen teniendo algunas dificultades. También porque el Covid sigue circulando y se aíslan muchos pabellones. Hay un rebrote importante de muchas cárceles, en particular de mujeres, como en el Complejo 4”, detalla Manquel.

Desde allí, una detenida describe que “el salón de visita no se encuentra en condiciones para recibir a nuestros familiares y amigos. Los trámites que exigen para comprobar vínculo son una burocracia casi imposible de completar y los cupos de amigos son solo tres”. El deterioro de las condiciones edilicias –como las del salón de visita- también empeoró en pandemia, cuentan las especialistas que volvieron a recorrer los pabellones en 2021.

“La mujer que llega a la cárcel es mucho más estigmatizada en la familia, en el barrio, que el varón que llega a la cárcel. No recibe visitas, no recibe alimentos, cosas de higiene personal. El encierro es mucho más gravoso para la mujer. Muchas eran jefas de familia, contenedoras del grupo familiar. De hijos, padres, familiares enfermos. Al ir a la cárcel eso se rompe y le pesa a la mujer”, describe Ignacio. La destrucción del vínculo materno-filial es señalada como una “pena añadida a la condena”, y extiende el castigo sobre hijos e hijas de mujeres presas.

El informe anual presentado en 2019 por el CNPT ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo advertía que “todas estas penas añadidas que sufren las mujeres encarceladas se acentúan en el caso de un colectivo emergente en las prisiones de la Argentina, como es el de las extranjeras, que representan un alto porcentaje en las cárceles federales, en su gran mayoría acusadas de violaciones a la ley de drogas. En la medida en que la legislación y las prácticas penitenciarias no contemplan las singularidades y problemas específicos, las mujeres cis y trans sufren en mayor grado violaciones de sus derechos fundamentales y se constituyen en uno de los grupos más vulnerados”.

Más discriminación

En septiembre de 2020, el tribunal Oral Federal de Posadas emitió un dictamen favorable para que pudiera acceder a la prisión domiciliaria una joven trans alojada en el CPF IV de Ezeiza, por encontrarse en una situación de desprotección en el marco de sus condiciones de detención.

Según difundió entonces la PPN, la joven de 19 años “sufría sistemáticamente actos discriminatorios y violencia psicológica en virtud de su identidad de género. Asimismo, el argumento transversal del pedido fue la falta de un espacio de alojamiento adecuado”, ya que “el SPF no dispone de unidad que aloje personas mujeres transgénero menores de edad. En consecuencia, ante la falta de opciones respetuosas del derecho a la identidad de género de la detenida, la única vía a disposición, compatible con el respeto a la integridad personal y que permitirá el cese de las situaciones discriminatorias, será mediante el uso de la prisión domiciliaria”.

La falta de alternativas para el alojamiento de acuerdo a la identidad de género, y los episodios de discriminación y violencias que eso genera, forman parte de las problemáticas específicas de este colectivo en prisión. El criterio no es unificado: por lo general en la Argentina las mujeres trans son alojadas con mujeres cis, también hay pabellones específicos y poca claridad para situaciones como los procesos de transición que se dan intramuros.

Josefina Alfonsín, responsable del proyecto sobre LGTB+ en contexto de encierro de la PPN, está trabajando en un relevamiento diagnóstico mediante entrevistas con personas trans encarceladas. Se decidió encarar el proceso previo a la pandemia, pero luego el Covid-19 obligó a postergarlo y reconstruir los objetivos de ese mapeo, que hoy analiza también los efectos de la pandemia en este colectivo.

El análisis contempla cuestiones como las condiciones de vida previas a la detención, el momento en sí, las situaciones de selectividad penal y el impacto de la Ley de Identidad de Género en las comisarías. Uno de los aspectos que emerge, aunque el trabajo aún está en curso, tiene que ver con el “derecho a la consulta” en torno al lugar de alojamiento.

“Hay un consenso, ni desde el Poder Judicial ni desde el Servicio Penitenciario consultan sobre el lugar de alojamiento. Lo que termina pasando es que hay situaciones de discriminación tanto por personal penitenciario como por el resto de las detenidas”, plantea Alfonsín. Y sostiene que “deberían existir mayores espacios de alojamiento para personas de la diversidad y fortalecer el derecho a la consulta sobre su régimen de vida dentro de la prisión. Falta trabajar una línea de diversidad sexual en todo el Servicio Penitenciario Federal”.

Qué pasa con la población trans luego del encierro

Otro de los puntos del diagnóstico, vinculado a las condiciones de vida previas, también está exponiendo un universo común para gran parte de las personas trans detenidas. Falta de oportunidades laborales y desarraigo familiar forman parte de un combo que vuelve a repercutir en el después, tras el encierro. “Hay que pensar políticas postpenitenciarias para este colectivo –insta Alfonsín- y señala que las dificultades por los prejuicios existentes dentro del Poder Judicial niegan por ejemplo arrestos domiciliarios porque estas mujeres no tienen una casa. Sufren dificultades a medidas alternativas al encierro carcelario y faltan políticas para el momento de recuperar la libertad”, resume.

“Es muy común que no se respete el género autopercibido de las personas travestis y trans. Este acto de discriminación por lo general queda plasmado en las actas policiales y luego es arrastrado en los expedientes judiciales. Los malos tratos y hechos de torturas ejecutados por el personal penitenciario, que son moneda corriente en la población general, asumen una connotación sexualizada y más extendida cuando se trata de población trans/ travesti”, compara Darraidou, del CELS.

Nada de esto es exclusivo de Argentina. Y si bien, cada país de la región tiene sus particularidades al analizar la situación de las personas trans, “el patrón cultural de la criminalización está”, afirma Alfonsín. “Recién en estos últimos años se empezó a producir información sobre qué pasa con estas personas en las cárceles. En cada país va variando según las problemáticas locales, en El Salvador o México hay problemas con el crimen organizado, pero sí es una población altamente criminalizada. Y si analizás las condiciones de vida previas a ser capturadas por el sistema penal, también se encuentran con una realidad muy parecida a la Argentina. Acá la Ley de Identidad de Género es de vanguardia, pero dentro de los penales, si bien se avanzó un poquito en pensar alguna política penitenciaria desde otro enfoque, no resulta suficiente. Falta mucho”.

Fuente Agencia Presentes

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La campaña #FreeSyiaah en las redes sociales ha ganado fuerza durante el año pasado, pero el gobernador Newsom aún no ha respondido. (Micah Bazant y Forward Together)

Syiaah Skylit, una mujer trans encarcelada en una prisión de hombres de California, solicita el indulto debido a los abusos y la violencia “graves y persistentes”.

Skylit está tras las rejas en la prisión estatal de Kern Valley (KSVP) en Delano, California, donde, según una petición en línea, ha sido “víctima de múltiples actos de violencia brutal e insensata” tanto “a manos del personal de la prisión como de otros en custodia”.

La petición tiene más de 5,000 firmas al momento de redactarse y fue lanzada por Transgender Advocacy Group, pidiendo al gobernador Gavin Newsom y al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) que liberen a Skylit. Según los informes, varias veces solicitó ser trasladada a un centro para mujeres, pero el CDCR la ha denegado. Ha sido trasladada a seis instituciones diferentes desde 2017, todas las cuales eran cárceles de hombres.

Describe numerosos ataques atroces que Syiaah ha sufrido desde 2018, incluida la “desnudez por parte del personal del CDCR y dejarla durante la noche en su celda sin ropa, mantas o colchón”, siendo “atacada por otras personas bajo custodia que admitieron que el personal del CDCR les indicó que hacerlo ”y ser“ colocada intencionalmente en el mismo patio que una persona contra la que testificó y que enfrenta cargos de intento de asesinato por su agresión a una mujer transgénero ”.

Syiaah dijo a los activistas detrás de la campaña: “Cuando alguien en mi caso no tiene una familia que lo apoye, que otros aparezcan significa mucho para mí. Me permite saber que no estoy solo como una vez pensé que estaba. Tienes tanto poder que puede hacer un cambio”, agregó. “Eso es por lo que estamos luchando: el cambio no solo para mí, sino para cada uno de nosotros. Importa que las cosas cambien para mejor. Tenemos que unirnos y trabajar juntos. Su apoyo es una hermosa bendición para mí y realmente les agradezco a todos “.

Ha estado encarcelada desde 2015 y su fecha de libertad condicional más temprana figura actualmente como abril de 2027.

En la misma prisión, otra mujer trans fue asesinada en 2013. Carmen Guerrero fue torturada y asesinada después de solo ocho horas compartiendo celda con Miguel Crespo, quien fue condenado a muerte por el asesinato en 2019. Según los informes, les dijo a los funcionarios de la prisión que no lo alojaran con Guerrero, llamándola con insultos gay, antes de la mudanza.

Ashley Diamond, otra mujer trans negra en una prisión para hombres en Georgia, presentó una demanda contra el Departamento Correccional de Georgia (GDC) el año pasado debido al abuso que ha enfrentado. Esto llevó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a hacer una declaración diciendo que poner a los reclusos trans en las cárceles equivocadas era un “castigo cruel e inusual”.

Tommy Dorfman, un actor no binario conocido por su papel en 13 Reasons Why de Netflix, apoyó la campaña. Escribieron en Instagram: “Syiaah, al igual que innumerables mujeres trans negras y mujeres negras que no se ajustan al género en las cárceles de California y los Estados Unidos, está tratando de sobrevivir mientras es objeto de violencia y discriminación constantemente. No se puede hacer de la prisión un lugar seguro para Syiaah; la única opción segura es que el gobernador Gavin Newsom utilice sus poderes ejecutivos y conceda el indulto a Syiaah ahora”.

Fuente Pink News

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Los presos LGBT + a menudo son segregados “para su propia protección“. (Envato)

Las cárceles de Inglaterra y Escocia son “lugares traumatizantes, rígidos y frecuentemente peligrosos” para los reclusos LGBT +, según una investigación.

Un informe de la Universidad de Dundee titulado LGBT+ people in prisons: Experiences in England and Scotland, (Personas LGBT + en prisiones: Experiencias en Inglaterra y Escocia), utilizó entrevistas y grupos focales con más de 60 miembros del personal penitenciario y reclusos LGBT + para “examinar cómo las actitudes individuales y las interacciones sociales, así como las políticas institucionales y las estructuras en las cárceles inglesas y escocesas pueden estar determinadas por la discriminación y la falta de comprensión, y cómo esto influye en las experiencias de las personas LGBT + bajo custodia ”.

Los investigadores descubrieron que la discriminación y la violencia contra los presos LGBT + “a menudo se abordaban segregando al individuo afectado para su propia protección”.

Sin embargo, estas medidas dejaron a los reclusos LGBT + efectivamente castigados por el odio de los demás hacia ellos. “Independientemente de las afirmaciones de los gerentes y administradores penitenciarios de que están actuando en el mejor interés de la persona LGBT +”, dijeron los investigadores, “la realidad de la experiencia de la persona es que está siendo castigada por su identidad, y esto ha un efecto escalofriante tanto en su disposición a revelar cualquier cosa sobre ellos mismos como en su salud mental en general “.

Desafortunadamente, agregaron, la segregación de los presos LGBT + era mucho más rentable que cambiar la “cultura subyacente de toda una institución”.

El informe también dijo que había una falta de apoyo para los presos LGBT + en cuestiones relacionadas con su condición de LGBT +, que se debía en parte a la falta de conocimiento sobre cuestiones LGBT + entre el personal.

Sin embargo, un recluso trans dijo a los investigadores: “Creo que la gestión es solo un pequeño problema. Creo que el mayor problema es cómo está configurado el sistema penitenciario, no está configurado para apoyar a los presos LGBT + como una unidad independiente. Está configurado para apoyarlos casi como medio tontos como, ‘Sí, está bien, sabemos lo que eres, pero realmente no nos importa”.

Cuando el apoyo estaba disponible en las cárceles, generalmente lo proporcionaban otros reclusos LGBT + como representantes dentro de sus cárceles.

Sin embargo, muchos en esos roles no estaban preparados para la responsabilidad, y un recluso se sintió diciendo: “No diría que soy un experto, pero parecen pensar que lo soy, me tienen apoyando a todas estas mujeres y hombres trans en otras cárceles “.

Los investigadores están pidiendo una reforma generalizada, insistiendo en que las necesidades de los reclusos LGBT + deben ser consideradas e incorporadas en cada elemento de la vida carcelaria.

Según Deadline News, el Dr. Fernando Fernandes, coautor del informe, dijo: “A pesar de un buen marco de políticas, nuestra investigación muestra que las cárceles son lugares intrínsecamente traumatizantes, rígidos y con frecuencia peligrosos, particularmente para aquellos que se identifican como LGBT +, como estas necesidades a menudo se ignoran o se minimizan. Esto se debe a la falta generalizada de comprensión y cultura institucional que no está preparada para acomodar las necesidades LGBT + en su agenda y prácticas cotidianas. Para abordar este problema es necesario desarrollar enfoques de aprendizaje sistemáticos y reflexivos en los que todo el sistema incorpore los derechos y necesidades LGBT + en la práctica diaria. En los casos en que la privación de libertad es un último recurso, las cárceles deben estar preparadas para comprender la igualdad y la diversidad para brindar el apoyo necesario que las personas LGBT + necesitan, incluido su derecho fundamental a ser ellos mismos y no ser penalizados por ello”.

Fuente Pink News

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Uno de sus pulmones está comprometido

Un interno del Complejo Penitenciario de La Serena,  B.E.C.A, se infligió daño para evitar ser trasladado a otro recinto donde sus derechos serían vulnerados en razón de su orientación sexual, reportó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a Gendarmería.

El afectado se encuentra de manera transitoria en el módulo 95 de la Cárcel de La Serena, donde con material corto-punzante se infligió daño en su cuerpo a objeto e evitar el traslado a otro recinto, donde teme incluso perder la vida en manos de terceros, denunció al Movilh el Colectivo de Género y DDHH.

Conocido el hecho, el Movilh derivó los antecedentes a la Unidad de Protección y Promoción de los DDHH, lugar desde donde aún no dan soluciones por otra denuncia enviada el pasado 19 de mayo, cuando se acusó que un interno, J.N.M, había sido torturado y ofendido por su orientación sexual por siete gendarmes de la cárcel de Rancagua.

“Exigimos a Gendarmería responder y resolver estas denuncias en breve, pues son graves, y toda demora arriesga vidas”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. B.E.C.A, Chile, Complejo Penitenciario de La Serena, Homofobia/Transfobia, Prisiones, Rancagua

El Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a dar la espalda a la comunidad trans. La última instancia judicial del país, controlada por el sector conservador, ha rechazado admitir a trámite un recurso contra la decisión del estado de Texas de impedir a una reclusa trans someterse a cirugía de reasignación de sexo. Vanessa Lynn Gibson, que lleva en prisión desde 1995 por sendos delitos de agresión y asesinato, ha intentado automutilarse y cometer suicidio en varias ocasiones. El fallo contrasta con otros precedentes favorables.

Gibson, de 41 años, fue condenada en 1995 por una agresión y dos años después, por el asesinato de otra reclusa. Desde los quince años vive de acuerdo a su identidad de género femenina. Los médicos le diagnosticaron disforia de género en 2014, y autorizaron su acceso a un tratamiento hormonal. La legislación de Texas, el estado donde cumple condena, no permite sin embargo las «intervenciones quirúrgicas irreversibles» como sería la cirugía de reasignación de sexo.

La reclusa recurrió a la justicia al considerar que la negativa a autorizar la intervención constituye una forma de castigo cruel e inusual prohibida por la octava enmienda de la Constitución. Gibson ha sufrido una depresión que la ha llevado a intentar tanto automutilarse como cometer suicidio. El Tribunal de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans, rechazó en marzo la demanda de Gibson. El caso llegó hasta el Supremo, cuyos jueces rechazaron este lunes su toma en consideración.

A pesar del revés judicial, existen precedentes en los que los tribunales han dado la razón a personas trans en prisión. En 2015, un juez federal autorizaba la cirugía de reasignación de sexo para Shiloh Quine, meses después que Michelle Norsworthy, otra reclusa trans, obtuviera una orden favorable de un tribunal federal con el mismo objetivo. El estado de California se comprometió además a costear las intervenciones.

Los casos de Quine y Norsworthy contrastan con el de Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando «problemas de seguridad», así como una supuesta «fuente de angustia mental» para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres.

Fuente Dosmanzanas

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Tras reunión del Movilh con la Comisión. También será citado el INDH y se oficiará al Ministerio de Salud.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Carmen Hertz (en la fotografía), acordó ayer citar al ministro de Justicia, Hernán Larraín y a la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, a raíz de los continuos abusos, torturas y discriminaciones en razón de su orientación sexual e identidad de género que están padeciendo internos/as LGBTI en distintos recintos penitenciarios del país.

La medida se adoptó ayer luego de que el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiéménez, expusiera ante la Comisión detalles de todos los abusos ocurridos en los últimos tres año, pese a existir siete fallos de tribunales que obligan a Gendarmería a terminar con los atropellos y a garantizar un trato libre de discriminación a los reclusos LGBTI.

El hecho más reciente está afectando a internos trans y gays del Centro Penitenciario de La Serena, y en particular, a la reclusa María del Pilar López Barrera, quien han sido discriminada y torturada en diversos penales del país debido a sus denuncias ante tribunales.

En gran parte de estos graves hechos “ha debido intervenir el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que también serán citado al Congreso Nacional para conocer su versión de los hechos. De igual manera la Comisión de DDHH de la Cámara oficiará al Ministerio de Salud para que se garantice el tratamiento sobre VIH/SIDA en las cárceles, pues varios reclusos son impedidos de estos derechos en represalia a sus denuncias”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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Se ordenaron una serie de medidas a favor e la interna trans María del Pilar López Barrera y otros 5 internos gays, al tiempo que se ofició al INDH para que indague las condiciones de salubridad donde actualmente se encuentran las víctimas,

El Juzgado de Garantía acogió hoy una medida cautelar a favor de la interna trans María del Pilar López Barrera y de otras cinco personas gays recluidas en el Complejo Penitenciario de La Serena, donde el pasado 11 de julio fueron torturadas e insultadas por gendarmes en razón de su orientación sexual e identidad de género.

Junto con acoger la cautela de garantía presentada por la Defensoría Penal Pública, el Juzgado acogió que se hiciera parte del proceso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), instancia que está en permanente contacto con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) por este caso.

“Una vez más los tribunales acogen recursos a favor de María del Pilar y otros internos LGBTI en medio de permanentes abusos y montajes de Gendarmería que en nada garantizan la calidad de vida de los recluidos/as. Por ello, valoramos que el tribunal encomendará una serie de medidas en el breve plazo, a objeto e paliar las represalias, la homofobia y la transfobia de los gendarmes”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez-

Entre otros puntos, el Juzgado Garantía ofició al Instituto Salud Pública para que repongan los medicamentos de VIH/SIDA que una de las víctimas requiere con urgencia, pero que Gendarmería se había negado a facilitarles, en una nueva muestra de agresión.

A la par, se ofició a Gendarmería para que informe sobre la salubridad e infraestructura en el módulo en donde se encuentran actualmente las víctimas y se ofició a la INDH para que investigue las condiciones del recinto.

“Valoramos profundamente el accionar de la Defensoría Penal Pública, así como la rápida y oportuna intervención del INDH. Dado que hay seis fallos de la justicia favorables a María del Pilar y ninguno de ha cumplido, nos mantenemos al mismo tiempo firmes en nuestra decisión de denunciar en los próximos días a Gendarmería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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Uno de los hechos afecta a María del Pilar López Barrera, quien han ganado en tribunales seis juicios contra Gendarmería por otras torturas en razón de su identidad de género.

Familiares de seis internos del Complejo Penitenciario de La Serena denunciaron hoy ante el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que ayer fueron torturados por gendarmes en medios de insultos en razón de su orientación sexual 2 identidad de género.

Los afectados son los internos gays S.A. R..S, J.A.C.M, F.F.B.M, M.R.L.C, P.E.D.A.V y la trans María del Pilar López Barrera, esta última víctima de permanentes acosos y abusos en los últimos dos años luego de que ganará seis recursos de protección en diversos tribunales del país (incluidos dos fallos de la Corte Suprema) donde Gendarmería fue sancionada por golpear, torturar, insultar y aislar a la mujer en razón de su identidad de género.

“Nuestros familiares fueron golpeados con objetos contundentes y se encuentran aislados en una celda, impedidos de recibir medicamentos que con urgencia requieren para tratar diversas enfermedades. Los abusos de gendarmes siempre se basan en insultos como “maricones”, “caballos” y “fletos” y en negar la identidad de género de María del Pilar”, denunció uno de los parientes al Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “la situación en gendarmería es peligrosa y alarmante para la población LGBTI, y muy especialmente contra María del Pilar, quien es constantemente víctima de represalias por sus denuncias en tribunales. Esto lo hemos hablado con todas las direcciones nacionales de Gendarmería de los últimos dos años y nada se resuelve”.

Añadió que “la violencia contra la población LGBI se ha vuelto extrema en el último año y es particularmente nociva en las cárceles. Se están viviendo procesos gravísimos y ninguna autoridad del Estado les ha tomado el peso. Los abusos están ocurriendo frente a sus ojos, y ni siquiera tienen la decencia de solidarizar con las víctimas”.

En virtud de lo anterior, el Movilh anunció que “reportaremos los atropellos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y analizaremos la presentación de una demanda contra Gendarmería por desacato, pues no ha cumplido ninguno de los seis fallos que la han obligado a tratar con dignidad a la población penal LGBTI y a respetar el nombre y sexo social de internos e internas trans”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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Nuevo recorte de derechos del colectivo trans a manos de la administración Trump. En esta ocasión le toca el turno a las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama, y que ahora han sufrido una serie de modificaciones que las dejan, en la práctica, revocadas. Para empezar, la administración Trump ordena que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que pierden de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

La normativa instaurada por la administración Obama no era ni mucho menos perfecta, pero suponía un avance importante respecto a la situación anterior. Sin que determinase de forma explícita que todas las personas trans debían ser asignadas a instalaciones correspondientes a su identidad de género, sí que establecía la obligatoriedad de tener esta en cuenta, así como la «vulnerabilidad a la victimización sexual» y sus necesidades médicas y psicológicas. La administración Trump ha decidido sin embargo introducir una serie de cambios. Ahora bien, en lugar de sustituir el documento por otro, lo que hace es interpolar una serie de párrafos en distintos puntos del texto (puedes verlos aquí, señalados en amarillo), de forma que en teoría la normativa sigue vigente, pero en la práctica queda convertida en papel mojado.

Así, por ejemplo, mientras que se mantiene la necesidad de tener en cuenta la identidad de género de la persona reclusa, se introduce la salvedad de que se utilizará el «sexo biológico» como criterio inicial para la asignación. De hecho, el nuevo documento refiere explícitamente que «la designación de una instalación correspondiente a la de la identidad de género del reo se considerará apropiada solo en circunstancias excepcionales» y siempre que en todo caso la persona trans ya haya experimentado una «significativa evolución de su transición» demostrada médica y psicológicamente.

Otro cambio aparentemente mínimo (consiste «solo» en la adición de una palabra) pero que puede tener gran trascendencia es el que atañe al tratamiento médico de las personas trans reclusas. De «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada del reo por el personal médico de la institución» se pasa a «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico necesario podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada…». Un cambio que ha sido interpretado como una forma de facilitar que las cárceles puedan denegar a las personas trans tratamientos que no consideren «necesarios». Resulta obvio el peligro que ello supone: muchas personas trans podrían exponerse a quedar sin tratamientos fundamentales para acomodar sus características físicas a la identidad de género sentida.

Los colectivos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB consideran muy grave la decisión de la administración Trump. «La decisión de no respetar la identidad de género de las personas transgénero es dañina e irrespetuosa. Es una decisión inadmisible que ignora el conocimiento médico y desafía al sentido común. Las personas trans bajo el control de la Agencia [Federal] de Prisiones estarán sometidas a un mayor grado de violencia y discriminación», ha declarado por ejemplo David Stacy, director de Asuntos Gubernamentales de Human Rights Campaign (HRC).

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final.

La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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El Movilh informó a la recién asumida autoridad que Gendarmería no ha cumplido ninguna de las sentencias de tribunales que obligan a respetar el nombre y sexo social de las personas trans.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunió hoy con la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, para informarle de los graves atropellos que han padecido internas y gendarmes trans , así como funcionarias lesbianas al interior de la institución.

“En una reunión muy sincera, explicamos a Bendeck que en los últimos tres años Gendarmería experimentó lamentables retrocesos en relación al respeto a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bi, y trans. Se ha tratado de torturas y discriminación contra internos/as, así como de desigualdades laborales hacia los funcionarios que se declaran LGBTI”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez. “Nueve fallos de tribunales, dos de los cuales son de la Corte Suprema, han exigido a Gendarmería cesar con estos atropellos, pero ninguna sentencia ha sido acatada. Dado que Bendeck recién ha asumido su cargo, consideramos de gran relevancia informarle lo que está ocurriendo”, apuntó Jiménez.

Los abusos en cuestión han tenido lugar en cárceles de Iquique, Antofagasta, La Serena, Concepción, Valdivia y Santiago.

Tras escuchar al Movilh, Bendeck aseguró que ordenará el cumplimiento de todos los fallos, sí como el pleno respeto a la legislación que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Del mismo modo “se avanzará en medidas para prevenir y erradicar los atropellos, para lo cual sostendremos próximamente una reunión de trabajo de tipo más técnica, donde se busquen soluciones conjuntas a los problemas expuestos”.

El Movilh aprovechó la reunión para felicitar a “Bendeck por ser la primera mujer en asumir la dirección de Gendarmería. Su cargo, marca un hito, haciendo historia para el avance de la plena igualdad de género”.

Fuente MOVILH

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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice en un discurso que es imposible reinsertar en la sociedad a un ex-convicto porque en prisión “desarrollan homosexualidad latente” y quieren volver a la cárcel porque tienen comida gratis y les esperan sus amantes.

Cada vez que el presidente de Filipinas abre la boca, sube el pan. Si te quedaste flipando con el hecho de que los americanos eligieran a Trump como presidente ya te digo yo que es que no conoces a Rodrigo Duterte, un señor al que Amnistía Internacional acusó de haberse cargado extrajudicialmente a 700 personas y él dijo que eso era mentira… que mató a 1,700.

Duterte estaba el otro día dando un discurso durante el aniversario de la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Habilidades de Filipinas, la Tesda, cuando se lanzó a defender el sistema judicial del país. Un sistema que hace unos meses reinstauró la pena de muerte. Algo de lo que Duterte está muy orgulloso porque dice que “Ojo por ojo, diente por diente. Es la ley básica de la jungla. Si matas a alguien, lo pagas con tu vida. Es una retribución.”

¿Y por qué van a querer los presos volver a prisión? Pues mira, es fácil: porque se vuelven homosexuales.

Sí, como lo oyes. Según Duterte cuando un convicto queda en libertad “ya no es productivo” y se pondrá a “robar, disfrutar, emborracharse, montar peleas de gallos” para volver a prisión porque “han perdido su identidad” y “han adquirido una homosexualidad latente“.

Dijo Duterte en su discurso que a los criminales: “puedes sacarlos de la prisión y enviarlos al Tesda. Pero ya son monstruos en el sentido de que son incapaces de establecer una relación con una mujer. Desarrollan una aberración en sus mentes. No quieren salir de prisión porque allí tienen comida gratis… y tienen amantes. Quieren volver a la cárcel para estar con sus amantes.”

Sí, a este señor le votaron.

Fuente | Manila Times, vía EstoyBailando

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Las prisiones norteamericanas consiguen reducir en 2015 el número de reos con VIH a niveles de 1991.

Todo apunta a que lo han conseguido gracias a la realización de pruebas regulares de VIH y a suministrar tratamientos antirretrovirales entre los prisioneros.

La Oficina de Estadísticas Judiciales de Estados Unidos acaba de publicar un informe sobre el número de presos con VIH en las instituciones penitenciarias norteamericanas y el resultado es, cuando menos, sorprendente: en 2015 el número de reos VIH+ era el más bajo desde 1991, año en que se empezó a recolectar datos sobre este hecho.

Cuando en 1991 dicha Oficina hizo un recuento de los presos VIH+ se contabilizaron 17,680 casos. En 1998 la cifra alcanzó su máximo, sumando 25, 980. A finales de 2015 esa cifra era de 17,150.

Es importante, eso sí, diferenciar entre prisiones estatales y prisiones federales. En las prisiones estatales el número de casos de VIH descendió en 9,300 prisioneros entre 1998 y 2015, mientras que en las prisiones federales, durante esos 17 años, hubo un aumento de 470 casos. Hay que tener en cuenta que en 2015 las prisiones federales contaban con tan solo 1,536 casos en comparación con los 15,610 de las estatales.

El motivo que ha llevado a este descenso es la realización de pruebas de VIH en las prisiones. En 2015 eran 15 los estados que realizaban al prueba a todos los nuevos prisioneros de forma obligatoria; mientras que otros 17 la ofrecían de forma opcional. Esa prueba se ofrece, de forma opcional, cuando un reo abandona la prisión.

La moraleja de todo esto, que a lo mejor te lo estás leyendo y te suena a chino, es que te des cuenta de la importancia de hacerse la prueba del VIH de forma regular. A día de hoy el mayor número de nuevos diagnósticos de VIH se da por las personas que no conocen su estado serológico lo que lleva a, en caso de ser VIH+, no estar en tratamiento y por lo tanto no ser indetectables.

Y recuerda que indetectable = intransmisible.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

General EEE.UU., Prisiones, VIH/SIDA

El gobierno tailandés ha comenzado a estudiar la posibilidad de abrir un centro penitenciario a las afueras de Bangkok exclusivo para prisioneros abiertamente LGTB. Responsables de las cárceles del país asiático han expresado que la medida es necesaria para proteger a la diversidad sexual de violaciones y asaltos sexuales. Desde 1993 todas las cárceles del país separan dentro de la propia prisión, durante el horario nocturno, a los prisioneros LGTB.

Tailandia está estudiando la posibilidad de abrir el primer centro de reclusión del mundo en el que solo admitirán a los ciudadanos homosexuales, bisexuales y transexuales que sean condenados a prisión. El país asiático pretende implantar la medida como medida de protección para los ciudadanos LGTB, dado que temen que los mismos sean víctimas de abusos sexuales en las cárceles.

El gobierno de Tailandia estudia la apertura de dicha cárcel como forma de ampliar una normativa creada en 1993 que obliga a los responsables de las prisiones a separar durante las horas nocturnas a los reclusos abiertamente LGTB.

Thailand considers building prison for LGBT inmates, expanding on policy of separating jailed sexual minorities. https://t.co/zoeJ3WDn5U

— The Associated Press (@AP) 29 de enero de 2017

Dichos prisiones ya están siendo separados durante la citada franja horaria ante el temor de que “si no los separamos para dormir […] podrían ser violados o asaltados sexualmente, propagando enfermedades”, según ha indicado Watcharavit Vachiralerphum, uno de los funcionarios encargados de las cárceles tailandesas.

Sin embargo, pese al apoyo a la medida por parte de las autoridades penitenciarias y de algunos reclusos LGTB, expertos internacionales en la materia han condenado la implantación de tal medida.

En dicho sentido se ha expresado Jean-Sebastian Blanc, de la Asociación para la Prevención de la Tortura, manifestando que “la construcción y agrupación en una instalación penitenciaria de todos los reclusos LGTB es como una medida de segregación. Hay una diferencia significativa entre una política de salud pública destinada a prevenir enfermedades transmisibles y la segregación de un segmento de la población en base a su orientación sexual o identidad de género“.

En caso de que el estudio de viabilidad que está llevando a cabo el gobierno del país asiático culmine con la apertura del centro penitenciario exclusivo para personas LGTB, el mismo será abierto en una instalación a las afueras de Bangkok que las autoridades han puesto a disposición para tal fin.

Fuente Towleroand, vía Universogay

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Excelentes noticias desde Malta, que ha aprobado en sede parlamentaria dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convierte en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplía su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta ahora eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

El Parlamento maltés aprobó este lunes dos proyectos de ley llamados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos LGTB. El primero de ellos, la Ley de Afirmación de la Orientación Sexual, la Identidad de Género y la Expresión de Género, es el primer texto legal de Europa que castiga penalmente las “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. La nueva legislación prohíbe la patologización de cualquier orientación sexual o identidad o expresión de género. Para hacer efectiva esta provisión, establece multas de hasta 5.000 euros y penas de hasta cinco años de prisión para aquel que anuncie, ofrezca o lleve a cabo este tipo de pretendidos tratamientos.

La propuesta de ley había sido oficialmente presentado hace un año por la ministra de Diálogo Social, Consumo y Libertades Civiles, Helena Dalli. Tras un plazo de consultas públicas, periodo durante el cual cualquier ciudadano u organización pudo enviar sus alegaciones, el proyecto continuó su tramitación parlamentaria. Fue aprobado en segunda lectura en octubre de este año y en tercera y última lectura el lunes pasado.

A partir de ahora, en Malta estas prácticas serán penalizadas por la ley. El nuevo marco jurídico maltés recoge a través de la Ley de Afirmación de la Orientación sexual, de la Orientación de Género y de la Expresión de Género que ninguna orientación o identidad representa un desorden de la conducta que precise de tratamiento.

Según afirma el ‘Malta Today’, a partir de ahora, quienes intenten cambiar o reprimir a una persona se enfrentarán a multas que oscilarán entre los mil y cinco mil euros o a una pena de cárcel de cinco meses. En el caso de los pisquiatras, las sanciones serán más severas y podrán llegar hasta los diez mil euros y un año de prisión.

Además, la ley se completa rebajando a 16 años la edad mínima en la que una persona puede solicitar un cambio de sexo sin autorización judicial o parental, al tiempo que amplía los derechos de las personas detenidas en materia de identidad de género.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo hace ya más de tres años, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregon, Illinois, Vermont, este mismo año. Estos “tratamientos” son considerados engañosos, porque de acuerdo a la evidencia científica carecen de utilidad. También son muy peligrosos, al poder lesionar gravemente la salud física y mental de las personas que se someten a ellos, empujándolas incluso al suicidio.

Los legisladores malteses también aprobaron definitivamente una reforma de la ya muy avanzada ley de identidad de género vigente en el país. El cambio afecta por una parte a los menores de entre 16 y 18 años, que ya no necesitarán contar con el consentimiento paterno para solicitar la modificación de su género legal en todos los documentos oficiales. Además, se establece que todas las personas en situación de privación de libertad puedan ser ubicadas en una institución penitenciaria acorde a su identidad de género si lo solicitan con una declaración jurada.

Malta sigue dando alegrías en materia de derechos LGTB, y ello a pesar de ser un estado confesionalmente católico, tras aprobar una avanzada ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo (que permite la adopción homoparental) y sobre todo una ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales, despatologiza por completo la transexualidad e incluye a los menores. Todo un ejemplo para la comunidad internacional.

Fuente Dosmanzanas/Redacción Chueca

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El Tribunal Supremo ha dado por buena la inhabilitación de un funcionario de prisiones que en su momento fue condenado a seis meses de cárcel por cortar la coleta a un preso que sufría esquizofrenia argumentando que llevarla era “de maricones”. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2003 en el módulo 4 del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha rechazado el recurso del funcionario, que solicitaba su rehabilitación como empleado público. El alto tribunal considera que no sería aceptable que quien despreció la dignidad de un recluso que estaba bajo su cuidado y atentó contra su integridad moral pueda recuperar la condición funcionarial, aún más teniendo en cuenta la clara relación del delito con la propia función pública que desempeñaba el condenado. “Tratar a un recluso, además enfermo, de la manera en que hemos visto supone una flagrante infracción de estos preceptos y de los principios que los inspiran y perjudica gravemente a la Administración, efecto que no se ha disuelto por el paso del tiempo y que reviviría de concederse la rehabilitación. No cabe de ninguna manera aceptar que los funcionarios a cargo de las instituciones penitenciarias se conduzcan con los internos de la manera en que el recurrente lo hizo”, argumenta el Supremo.

El recurrente había perdido su condición de funcionario de prisiones en 2008, una vez la condena penal por los hechos acaecidos cinco años antes fue firme. El ya exfuncionario se había dirigido al preso el 8 de septiembre de 2003 y le había ordenado que se quitara la la coleta porque eso era “de maricones”. “Como el interno se negara, le dijo que se la iba a cortar. El interno le respondió que ‘no tenía huevos’ y, ante ello, el Sr. N.M. fue a su garita, recogió una navaja que tenía en su mochila, volvió a la sala, cortó la coleta al interno y dijo a los aproximadamente veinte internos que estaban allí que nadie había visto nada y que si alguno decía algo le rajaba e hizo el gesto de pasarse la mano por el cuello”, relata la sentencia. Se da la circunstancia de que el funcionario llegó a reingresar en Instituciones Penitenciarias, aunque dicho reingreso se declaró nulo (una decisión que tuvo su origen en la apertura de un nuevo expediente disciplinario por conducta presuntamente irregular con una funcionaria).

No podemos sino considerar la decisión del Supremo adecuada. Una persona que, con independencia de la orientación sexual del recluso, haya integrado el lenguaje homófobo en su conducta violenta e irrespetuosa no puede bajo ningún concepto seguir ejerciendo un puesto tan delicado.

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Instituciones Penitenciarias ha enviado una circular a las cárceles españolas que recoge el veto a una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos.

Juan Ramón Barrios: “Las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”.

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) manifiesta su indignación con la circular enviada desde Instituciones Penitenciarias a las cárceles españolas que veta una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos. Esto es mucho más indignante cuando además este mismo año el Tribunal Supremo anulaba una orden que permitía a las cárceles modificar el tratamiento para ahorrar. Lo que a juicio de esta entidad supone un deterioro importante para la salud de muchas personas reclusas que no podrán acceder a medicamentos que necesitan y que están financiados por el sistema nacional de salud, en una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad.

Para Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA “este nuevo ataque a los derechos sanitarios de las personas reclusas es una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad”, además añade “y por lo tanto de sus derechos humanos, porque las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”.

Además la coordinadora recuerda que alrededor de un 20 % de las personas privadas de libertad en España padecen hepatitis C de las cuales un 27 % está coinfectada por el VIH. Un problema grave que necesita una solución urgente y que no se está abordando de forma prioritaria y con la contundencia necesaria para resolver esta situación que se vive en las cárceles españolas.

CESIDA recuerda además que esta situación se puede ahora agravar si se ponen trabas a los medicamentos necesarios para tratar las comorbilidades asociadas con lo que la salud de estas personas se puede ver seriamente agravada.

Juan Ramón Barrios afirma que “hacer pagar a las personas reclusas por aquellos medicamentos que sean vetados por instituciones penitenciarias es una verdadera barbaridad, el acceso a la sanidad tiene que ser universal, para todos y todas”. Barrios ha señalado que “nos vamos a encontrar con una mayoría de personas con largas condenas y con una condena añadida para su salud y con una minoría de personas reclusas con menores condenas y con delitos de guante blanco que no tendrán problemas económicos para resolver este tema”, por lo que añade “esta será una nueva medida clasista de este gobierno”.

Es por todo esto que desde CESIDA pedimos al Ministerio del Interior que retire esta instrucción de forma inmediata para garantizar el derecho a la salud de todas las personas y en caso contrario anima a las organizaciones médicas colegiadas a que presenten un recurso contra Instrucción que vulnera los Derechos Humanos, el Reglamento Penitenciario y la autonomía de los profesionales sanitarios en este ámbito. CESIDA por su parte va a solicitar un informe jurídico a su departamento de clínica legal y estudiará, junto a otras organizaciones del ámbito penitenciario, las acciones judiciales para derogar nuevamente esta inhumana instrucción del Gobierno.

Fuente CESIDA

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Según el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, desde agosto la prisión ha rechazado correspondencia por ese motivo, como mínimo, en 13 ocasiones, lo que es una violación a los derechos de la Primera Enmienda de los reos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) lucha contra una prohibición de cartas, revistas y otra correspondencia que contenga material homosexual enviadas a reclusos de una prisión en Kentucky, informaron reportes de la prensa el miércoles.

El director legal de ACLU en Kentucky, William Sharp, ha escrito al complejo correccional del este de Kentucky para oponerse a la política que prohíbe que los prisioneros reciban artículos que “promuevan la homosexualidad”, según informó el periódico Lexington Herald-Leader.

“A los prisioneros de Kentucky no se les puede negar constitucionalmente el derecho de recibir correo solo porque su contenido se relacione con gente gay o temas de interés para homosexuales… Hacerlo así discrimina a individuos sobre la base de su orientación sexual, negándoles el derecho fundamental de recibir información protegida por la Primera Enmienda“, escribió Sharp en una carta a la alcaidesa, Kathy Litteral.

Sharp dijo que las preocupaciones de seguridad no eran argumentos válidos para retener artículos que mencionen la homosexualidad.

Rodney Ballard, el recientemente designado comisario de correccionales del estado, dijo que no estaba familiarizado con la política, pero que investigaría el tema.

“Vamos a revisar todas las políticas, tanto institucionalmente como en todo el sistema”, dijo Lisa Lamb, portavoz del Departamento de Correccionales.

Fuente Agencia/Cáscara Amarga

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Shiloh Quine será la una de las primeras reclusas trans estadounidenses en someterse a una operación de reasignación de género mientras cumple condena. Además, el estado de California correrá con los costes de su intervención quirúrgica, que podrían oscilar entre los 15.000 y los 25.000 dólares. Sin embargo, aunque Quine sea la primera mujer trans de California en realizarse la cirugía estando en prisión, su victoria se debe en buena medida a la lucha de Michelle Norsworthy, otra reclusa trans que en abril obtuvo una orden favorable de un tribunal federal. Tanto en el caso de Quine como en el de Norsworthy, los funcionarios de presiones de California habían desestimado las operaciones, previamente, alegando que la reasignación “no es médicamente necesaria”. Tras la sentencia favorable para la operación de Michelle Norsworthy, California se ha comprometido a pagar la intervención de Quine.

Las próximas operaciones de reasignación de género a las reclusas californianas Shiloh Quine y Michelle Norsworthy sientan un importante precedente. Solo en el estado de California se estima que hay unas 400 personas transexuales que reciben tratamiento hormonal. El juez federal de San Francisco Jon Tigar, nombrado por Obama, se asignó el pasado otoño el caso de Shiloh Quine. Tigar considera que si un tribunal federal de apelaciones niega la prescripción médica de reasignación de género de un preso constituiría “indiferencia deliberada” y, en tal caso, se violaría la Octava Enmienda sobre “castigo cruel e inusual”. California ha decidido asumir todos los costes (que ascenderán a una cifra de entre 15.000 y 25.000 dólares) para cerrar la demanda federal.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobaba en junio el matrimonio igualitario y reconocía la discriminación histórica de gais, lesbianas y bisexuales. Sentencias como las que permitirán a las reclusas Quine y Norsworthy someterse a cirugía, sumadas a la aprobación por vía judicial del matrimonio igualitario, indican que la justicia estadounidense ha experimentado una evolución en los últimos tiempos, reflejando el aumento de la sensibilidad social por los derechos de las personas LGTB. Eso no significa, en absoluto, que con estas conquistas se ponga fin a las reivindicaciones, ya que la LGTBfobia sigue generando problemas contra los que hay que seguir lidiando. Ayer, sin ir más lejos, publicábamos la noticia del asesinato de la decimotercera mujer trans en los EEUU, en lo que llevamos de 2015.

En la noche del pasado viernes, el departamento de prisiones de California emitió un breve comunicado en el que se anunciaba que el estado pagaría la operación de reasignación sexual de Shiloh Quine para resolver así la demanda federal. California reconoce que todos los profesionales médicos que estudiaron su caso “determinaron que esta cirugía es médicamente necesaria para Quine”. Esta mujer trans, que cumplió 56 años el mismo viernes, está en prisión desde 1980, condenada por asesinato en primer grado, secuestro y robo. Como consecuencia de su imposibilidad, hasta ahora, de conseguir su operación de reasignación de identidad de género, los registros oficiales de la prisión estatal de Mule Creek recogen que Quine habría tratado de suicidarse en distintas ocasiones. La última, en 2014, tras haber solicitado la cirugía y habérsela denegado los funcionarios.

La también reclusa trans Chelsea Manning, en la prisión militar de Fort Leavenworth, anunciaba en mayo que trabajaba en la redacción de un proyecto de ley que evitar “estas exclusiones en los planes de gestión de salud, que son ilegales”. Manning está condenada a 35 años de prisión por filtrar a WikiLeaks un gran número de documentos que comprometían a la diplomacia estadounidense. La autorización por parte del ejército estadounidense para el tratamiento hormonal de Manning fue recogida el pasado mes de febrero por dosmanzanas.

En prisiones equivocadas

En el momento en el que se complete la operación de reasignación sexual de Shiloh Quine, se autorizará su traslado a una prisión de mujeres. Tanto en los EEUU como en otros países (en los que todavía están más desprotegidas y vulnerables) las personas trans recluidas en centros opuestos a su verdadera identidad de género suelen ser víctimas de la exclusión, cuando no de vejaciones, violencia verbal o física, así como de toda clase de abusos.

El activismo LGTB ha acogido con satisfacción la noticia sobre Shiloh Quine y espera que este caso siente un precedente para futuras personas transexuales recluidas en centros penitenciarios. No obstante, Kent Scheidegger, director de la conservadora Criminal Justice Legal Foundation, con sede en Sacramento, entiende que “un acuerdo no es un precedente, pero supongo que da un poco de munición para que otros tipos puedan decir que ‘si se hizo esto por él, ¿por qué no por mí?’”. Para Scheidegger, “la idea de que la Octava Enmienda represente un beneficio para los presos que no está disponible para el público respetuoso con la ley es algo que mucha gente encuentra ofensivo”.

El frustrado caso de Michelle Kosilek

El juez Jon Tigar considera que los casos de Shiloh Quine y Michelle Norsworthy podrían ser un precedente favorable para Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando “problemas de seguridad”, así como una supuesta “fuente de angustia mental” para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres. Estos supuestos ‘temores’ estarían basados en los hechos que motivaron su encarcelamiento: el asesinato en 1990 de la que por aquel entonces fuera su esposa (cuando Michelle Kosilek todavía se identificaba como Robert). En los registros de su prisión constan sus intentos de suicidio y de automutilación genital.

Fuente Dosmanzanas

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