Chile Vamos y la DC, unidos a la ultraderecha que calificó de desviadas a las personas LGBTIQ+, rechazaron la reforma y/o se abstuvieron, al igual que varios congresistas PPD.   Movilh repudió  a quienes “se declaran pro- diversidad social, pero terminan cerrando filas con la odiosidad de la ultra-derecha”. Reforma deberá ser analizada por Comisión Mixta.

La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó hoy en general y en  segundo trámite la reforma a la Ley Zamudio, una propuesta que despachó el pasado el 24 de enero pasado la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

El debate en sala de la propuesta; que fue rechazada por 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones; estuvo cruzado por una abierta discriminación y agresión por parte de congresistas de ultraderecha, “en medio del silencio cómplice de Chile Vamos, la  DC y buena parte del PPD ”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En efecto, el republicano Cristóbal Urruticoechea señaló que «este proyecto es una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirle a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos», mientras que el UDI Álvaro Carter negó que el proyecto fuese una demanda surgida desde el movimiento social independiente  para enfrentar los abusos  al señalar que  «el Frente Amplio y el PC pretendían modificar la Ley Zamudio para transformarse en policías de la moral y criminalizar a quienes no piensan como ellos”.

“Hoy volvimos al pasado, a la década del 90, a los momentos más oscuros para las personas LGBTIQ+ y los sectores discriminados. Congresistas de ultraderecha llegaron al extremo de calificar a las personas LGBTIQ+ como desviadas durante el debate en Sala. Estamos en presencia del peor escenario legislativo para la no discriminación del cual hemos tenido registro. Es, por donde se mire, un retroceso civilizatorio”, dijo el fundador del Movilh, Rolando Jiménez, tras asistir a la sesión.

Añadió que “hacemos un llamado a esa derecha que se dice liberal y a la DC a hacer honor al aprendizaje de las últimas tres décadas: nadie merece ser discriminado, ni insultado por sus características naturales o culturales, menos en el contexto de un debate parlamentario. Hoy, buena parte del Parlamento se ha hecho eco de falsos argumentos y mentiras de la ultraderecha. Nada justifica ello. Exigimos a todos los sectores del Parlamento, que creen en la universalidad de los derechos humanos, a no ceder frente a fantasmas, prejuicios y odiosidades como ocurrió hoy”.

Jiménez puntualizó que “no bajaremos las banderas. Seguiremos la lucha en Comisión Mixta. Desde ya llamamos a todas las personas y familias a protestar contra lo ocurrido hoy en la próxima Marcha del Orgullo, prevista para el  29 de junio a las 14:00 horas en Plaza Italia”.

Las votaciones

Votaron en contra los/as republicanos/as: Cristián Araya Lerdo de Tejada,  Chiara Barchiesi Chávez, Juan Irarrázaval Rossel, José Carlos Meza Pereira,  Agustín Romero Leiva, Luis Sánchez Ossa, Stephan Schubert Rubio y Cristóbal Urruticoechea Ríos; los/as RN Miguel Ángel Becker Alvear, Juan Carlos Beltrán Silva, José Miguel Castro Bascuñán, Andrés Celis Montt, Sofía Cid Versalovic,  Eduardo Durán Salinas, Camila Flores Oporto, Mauro González Villarroel, Andrés Longton Herrera, Miguel Mellado Suazo, Carla Morales Maldonado, Marcia Raphael  Mora Jorge Rathgeb Schifferli, Hugo Rey Martínez, Frank Sauerbaum Muñoz y Diego Schalper Sepúlveda;  los/as independientes de Derecha Bernardo Berger Fett, Gonzalo de la Carrera Correa, Catalina Del Real Mihovilovic, Harry Jürgensen Rundshagen,  Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen Paula Labra Besserer, Christian Matheson Villán,  Marlene Pérez Cartes, Víctor Alejandro Pino Fuentes, Francisco Pulgar Castillo, Leonidas Romero Sáez, Gloria Naveillan Arriagada y Mauricio Ojeda Rebolledo, los/as UDI, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara,  Sergio Bobadilla Muñoz, Fernando Bórquez Montecinos, Marta Bravo Salinas,  Juan Antonio Coloma Álamos, Eduardo Cornejo Lagos, Felipe Donoso Castro, Juan Fuenzalida Cobo, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Cristóbal Martínez Ramírez, Cristhian Moreira Barros, Guillermo Ramírez Diez,  Marco Antonio Sulantay Olivares, Renzo Trisotti Martínez, Gastón Von Mühlenbrock Zamora y   Flor Weisse Novoa; los/as Partido de la Gente,  Yovana Ahumada Palma, Roberto Arroyo Muñoz, Rubén Darío Oyarzo Figueroa y Karen Medina Vásquez;   las representantes el Partido Social Cristiano, Sara Concha Smith y Francesca Muñoz González; el Demócrata Jorge Saffirio Espinoza;  el Evópoli Francisco Undurraga Gacitúa, el DC Ricardo Cifuentes Lillo y Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas)

Se abstuvieron los DC Eric Aedo Jeldres, Héctor Barría Angulo y el presidente del partido,  Alberto Undurraga Vicuña (DC); el Evópoli, Jorge Guzmán Zepeda; el UDI Joaquín Lavín León; el PRI,  Enrique Lee Flores; el PDG Gaspar Rivas Sánchez; el PPD Raúl Soto Mardones; los independientes-PPD Carlos Bianchi Chelech, Cristián Tapia Ramos y   Héctor Ulloa Aguilera  y el independiente DC-Liberales, Felipe Camaño Cárdenas.

(Pincha sobre la imagen para ampliarla)

La reforma rechazada

El Movilh precisó que “entre las innovaciones más significativas de la reforma hoy rechazada destaca la creación de una institucionalidad  antidiscriminatoria y el hecho de que las víctimas podrían solicitar indemnización por el daño que sufran,  cuyo monto fijará el tribunal, además de obligar al demandado a explicar su accionar y  abrir la posibilidad de denunciar por expresiones y no solo por  actos discriminatorios”.

Junto con “elevar las multas máximas por discriminación  a beneficio fiscal, de 50 a 100 UTM, la reforma establecía que la agravante ya no aplicaría por estar los delitos “motivados” por discriminación, sino por la sola expresión de “rechazo o desvalorización” hacia algunas de las categorías protegidas por la ley, con lo cual iba dejar de ser imposible comprobar las exclusiones, como ocurre en la actualidad”.

El Movilh añadió que la reforma  rechazada “reforzaba además la obligación del Estado de implementar políticas contra la discriminación, encomendaba  a la Subsecretaría de Derechos Humanos el cumplimiento de la ley  y prohibía las terapias reparativas de las orientaciones sexuales o identidades de género, un derecho ya garantizado de todas formas en la Ley de Salud Mental”

Al mismo tiempo, la reforma rechazada añade definiciones sobre “la discriminación indirecta; es decir la ocasionada por disposiciones o prácticas institucionalizadas; la discriminación múltiple o agravada, referente a quienes sufren o dos más formas de exclusión, y la discriminación estructural relacionada con prácticas segregadoras que afectan a un grupo de personas”, explicó el Movilh.

“La acción de no discriminación arbitraria, de acuerdo a la reforma rechazada, debía efectuarse, al igual como ocurre en la actualidad, ante un juez de letras, con la diferencia que permitía estampar denuncias a instituciones o grupos de personas por hechos que les afectan de  manera individual o colectiva, subiendo de 3 a 4 meses el plazo para denunciar desde ocurridos los hechos”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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Por Georgina González

Fotos: Gentileza de It Get’s Better México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México decidirá si el Congreso de Yucatán está en desacato por no garantizar el matrimonio igualitario y si debería aprobarlo. La resolución que emita es resultado del amparo presentado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) contra el poder legislativo luego que en dos ocasiones, de manera secreta, votará en contra de este derecho en 2019.

El miércoles 17 de marzo las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN iban a discutir el amparo, sin embargo, decidieron enviarlo al Pleno del máximo tribunal para que sean las 11 ministras y ministros quienes decidan al respecto.

Votos ilegales

Alex Orué, integrante del Colectivo PTFY comentó en entrevista con Presentes que hay mucha confusión en relación al amparo y la decisión de la Suprema Corte y aclaró que “lo que se discute es cómo actuaron (las y los legisladores). Hubo votos ilegales, no democráticos y en secreto y la votación no fue apegada a la Constitución. El matrimonio igualitario no está a discusión”.

Esto último lo sostiene porque desde 2015 la SCJN declaró bajo la jurisprudencia 43/2015 que las leyes de cualquier estado del país que considere el matrimonio como “la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional” por ir contra el principio de igualdad y no discriminación.

Y aunque todavía no hay fecha para que el Pleno discuta el amparo y otorgue una deliberación, les activistas se mantienen positivos ante la decisión de mandar al Pleno del Tribunal por la trascendencia y peso que puede significar pues la resolución puede definir los alacances que tenga en la protección de derechos y el actuar de los Congresos frente a los principios de igualdad y no discriminación.

“Confiamos que las ministras y los ministros del Pleno resuelvan y emitan la sentencia en el pleno a la brevedad posible para que la actual Legislatura LXII de Yucatán repare el agravio antes del fin de sus funciones de la última sesión ordinaria” señaló El Colectivo PTFY en un comunicado.

Más de diez años de lucha

En Yucatán los activismos LGBT+ llevan más de una década defendiendo el derecho al matrimonio igualitario. Posicionar el tema ha sido gracias a los esfuerzos de diversas organizaciones, colectivos y personas que han alzado la voz como Indignación, el albergue Oasis, el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán (Colectivo PTFY), y más.

En diez años se han presentado al menos tres iniciativas que buscan garantizar el matrimonio igualitario y todas han sido rechazadas; los activismos se han fortalecido pero también los grupos antiderechos.

En julio de 2009 cuando el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría reformas artículos del Código Civil y Familiar para establecer que el matrimonio es “una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer (…) con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

Este candado legal fue resultado de una propuesta ciudadana que encabezó la Red Pro Yucatán, un brazo aliado del Frente Nacional por la Familia. Fue presentada ante el Congreso por las bancadas del PRI y PAN —dos partidos conservadores— y apoyada también por la arquidiócesis del estado.

De acuerdo a Orué, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha sido parte de la oposición al reconocimiento del matrimonio igualitario. “Los ombudsman se han negado a presentar una acción de inconstitucionalidad pese a que está en sus facultades”, comenta.

Mayoría de la población, a favor

En 2017 el 63.2% de las personas mayores de edad en Yucatán que respondieron a la Encuesta Nacional sobre Discriminación dijeron estar de acuerdo con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2018 el Colectivo PTFY presentó ante el Congreso una iniciativa que formó parte de un paquete de reformas enviadas al Congreso por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, quien terminó sus funciones es año.

Para abril de 2019 el Congreso sometió a consulta ciudadana el matrimonio igualitario. Mientras activistas reclamaban “los derechos humanos no se consultan” el plebiscito se desarrolló y el resultado fue más de 14 mil mensajes de personas exigiendo a las y los legisladores “avanzar” la iniciativa.

De este recorrido resalta 2019 como el año en que el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán decide tomar la batuta en defensa de este derecho que hoy es atraído por el máximo tribunal de justicia del país.

Amparos atraídos por la Suprema Corte

En abril y julio de 2019 el Congreso votó en secreto las iniciativas que buscaban reformar la Constitución local y el Código Familiar para garantizar el matrimonio igualitario. Por estas razones las y los abogados del Colectivo PTFY decidieron tomar acción presentaron amparos amparos contra el poder legislativo de Yucatán y los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia.

Alex Orué explica que un amparo va en el sentido de la votación secreta porque “es ilegal, viola la libertad de expresión de la ciudadanía porque nos limita la información que debería ser pública y viola nuestros derechos políticos porque sin esa información no podemos tomar decisiones informadas en las próximas elecciones”.

Y otro es el amparo que reclama la decisión del Congreso como inconstitucional y violatorio de derechos humanos al contradecir a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia fue atraído por la Primera Sala del máximo tribunal.

El 24 de febrero de 2021 las y los ministros pospusieron la votación del proyecto de sentencia y este 17 de marzo de 2021 turnaron la discusión del amparo al Pleno de la SCJN.

En un ejercicio de retrospectiva Orué sostiene que la lucha por el matrimonio igualitario “será sin duda la primera victoria de muchas”. Y advierte, “que nos esté tomando más de diez años no significa que lo demás tarde tanto, pero esto es lo que nos está costando. Llegamos hasta la Suprema Corte por la desidia, desinterés y posturas antiderechos de nuestros gobernantes y representantes. Y no es el único pendiente del Estado en tema de derechos humanos”.

Un precedente

Desde 2015 el matrimonio igualitario está protegido constitucionalmente por la SCJN. Pese a ello, aún hay 11 Congresos con leyes que no garantizan este derecho y en consecuencia hay parejas que para casarse interponen juicios de amparo que son costosos y tardados.

La revisión y sentencia de la Suprema Corte de Justicia al amparo interpuesto por el Colectivo PTFY es un hito y una sentencia favorable puede ser relevante no solo para Yucatán, también para el resto del país.

“Si seis ministras y ministros votan a favor, de los 11 que componen el Pleno, el caso se ganaría, se ordenaría al congreso de Yucatán a modificar su legislación interna, y por otro lado se crearía un precedente, que sería de mucho peso para casos futuros. Pero si el caso es aprobado por ocho votos o más, la sentencia genera jurisprudencia de manera inmediata. Esto significa que en casos futuros ya no habría pierde. Los juzgados en casos similares tendrían que conceder el amparo”, explicó Kalycho Escoffie, asesor jurídico del Colectivo PTFY, al diario La Jornada.

¿Qué sigue?

Esperar la resolución del Pleno de la Suprema Corte al amparo promovido en contra de la omisión legislativa del Congreso de Yucatán, al no garantizar el matrimonio igualitario. Y a los amparos en relación a la votación secreta.

Si bien ahora mismo el tema del matrimonio igualitario atrae una mayor atención mediática, Alex Orué detalla que la agenda en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT+ en Yucatán es amplia.

“Mientras parte del equipo está con el matrimonio igualitario, otros vemos por las juventudes en situación de calle, los crímenes de odio, las pseudo terapias de conversión, los discursos de odio, el reconocimiento de la identidad de género de personas trans y no binarias. Queremos romper el mito de que ‘en Yucatán no pasa nada’ porque sí pasa. Pero al Estado no le interesa ver, analizar, atender casos de discriminación, que no es exclusivo de las personas LGBT. Al gobierno del estado de Yucatán no le interesa eso, ni entenderlo ni verlo y para ellos si no lo ven no existe”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán, El Colectivo PTFY, Frente Nacional por la Familia, Justicia, Kalycho Escoffie, Matrimonio igualitario, México, Pan, PRI, Red Pro Yucatán, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yucatán

Después de una larga espera, hoy los diputados de Sinaloa votaron a favor o en contra del matrimonio igualitario. Estos fueron los resultados.

La iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario en Sinaloa pasó muchos años «detenida» en el Congreso Estatal. La iniciativa llevaba 10 años en espera de su análisis, de acuerdo con el portal SDP Noticias, pues todas las legislaturas anteriores la habían pospuesto.

Pero el pasado 17 de junio, el dictamen fue aprobado por las tres comisiones encargadas del análisis: Puntos Constitucionales y Gobernación; Equidad, Género y Familia, y la de Derechos Humanos.

Hoy por la mañana, este martes 18 de junio, la iniciativa fue puesta a votación en el pleno del Congreso. Con 20 votos en contra y con 18 a favor, el derecho al matrimonio igualitario en Sinaloa fue negado por los legisladores. La decisión fue aplaudida por integrantes de los partidos políticos PAN y PRI, así como de los grupos religiosos que estaban presentes. Por su parte, integrantes de la comunidad LGBT+ y organizaciones aliadas externaron su rechazo a la negativa de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Algunos diputados de Morena votaron en contra (Foto: Twitter congresosinaloa)

Mientras en el interior del inmueble se tomaba la decisión, varias personas pertenecientes a grupos religiosos y asociaciones en contra del matrimonio igualitario se manifestaron en la entrada al Congreso para exigir el acceso al edificio. Óscar Lara Esquer, hijo de un exdiputado, estaba entre los manifestantes.

Grupos religiosos se manifestaron en contra del matrimonio igualitario. / Foto: El Sudcaliforniano

Durante los empujones entre los inconformes y los elementos de seguridad, Lara rompió uno de los cristales de la entrada. A través de un comunicado, el individuo aclaró que se trató de un «accidente», pues su única intención era entrar al Congreso:

«Fue accidental, lo que pasó es que habíamos cerca de 200 personas afuera queriendo entrar y no nos dejaban pasar y había muchos lugares abajo y arriba. efectivamente abrí la puerta y era muy frágil y estaba floja, por lo que entre los jaloneos y empujones de la gente, se quebró».

Con 20 votos en contra, no se aprobó el dictamen de comisiones unidas, de Puntos Constitucionales y Gobernación; Derechos Humanos y Equidad, Género y Familia, para extender el matrimonio y concubinato a personas del mismo sexo. pic.twitter.com/Cqu9YEqiAz

— Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) 18 de junio de 2019

Sinaloa en cifras

De acuerdo con el informe Violencia extrema contra personas LGBTTT en México. Saldos del sexenio 2013-2018 de la organización Letra S, en 2018 fueron asesinados tres individuos en Sinaloa: dos eran personas trans y uno, gay. La mayoría de los casos se registraron en Culiacán.

Recientemente se registró la desaparición de la Reina trans del Carnaval de Guasave, Sinaloa, quien reapareció a los pocos días de que los familiares presentaron la denuncia correspondiente. La víctima presentaba signos de violencia. Esto pone de manifiesto que en Sinaloa también urge aprobar leyes que protejan a la comunidad LGBT+ y fomenten la no discriminación.

Lamentable que el Congreso de Sinaloa no haya aprobado el matrimonio igualitario.

Con información de SDP Noticias, Letra S, Línea Directa y Debate, vía Homosensual

General, Homofobia/ Transfobia. Congreso de Diputados, Matrimonio igualitario, México, Morena, Óscar Lara Esquer, Pan, PRI, Sinaloa

Este 24 de abril la Comisión de Justicia del Congreso de San Luis Potosí votó por mayoría en contra de la iniciativa destinada a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las bancadas del PRI, Partido Verde y PAN fueron quienes se opusieron a la reforma de diversos artículos del Código Civil y Familiar el Estado para posibilitar estas uniones.

Los diputados y diputadas que votaron en contra fueron Sonia Mendoza, María del Rosario Sánchez, Edgardo Hernández y Rubén Guajardo. Mientras que las diputadas Paola Arreola Rojas y Marité Hernández se posicionaron a favor.

Los opositores recurrieron a argumentos basados en encuestas y en el supuesto derecho divino; asimismo, indicaron que pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo, dichas posturas no son vinculatorias con las entidades federativas debido a su autonomía.

La iniciativa del matrimonio igualitario en la Comisión de Justicia del @CongresoEdoSLP fue rechazada.

En contra: @RubenGuajardoB, @charolizate, @SoniaMendozaSLP y Edgardo Hernández.
A favor: @marite_correa y Paola Arreola.
Ausente: @bettybenavente.

🔗 https://t.co/xNwsV5Cw3J pic.twitter.com/b3OCC1HUjD

— Alex Orué 🏳️‍🌈 (@Alex_Orue) 24 de abril de 2019

El fallo final señala que no se puede redefinir el matrimonio, ya que es “la génesis de la humanidad”, además argumenta que en el derecho romano el matrimonio es definido como la unión entre un hombre y una mujer.

Por su parte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí dijo estar en contra de la decisión del congreso, pues que para las parejas del mismo sexo representa la posibilidad de que diversos derechos les sean reconocidos con el acceso al matrimonio.

“La postura nuestra es muy clara, totalmente a favor, y el llamado también es muy respetuoso desde luego a las y los legisladores a que pugnen por la mejor decisión que este apegada y acorde a los Derechos Humanos”, dijo Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, enfatizó: “A nosotros nos entristece mucho esta decisión”.

La diputada de morena Alejandra Valdés Martínez, quien fue la encargada de presentar esta iniciativa, explicó que el dictamen será enviado a la Comisión de Derechos Humanos, la cual es integrada mayoritariamente por diputados de su partido, por lo que existe una posibilidad de que sea aprobada.

Nuestros derechos quedaron en manos de esos dos FASCISTAS, Edgardo Hernández y Sonia Mendoza.

Lxs heterosexuales jamás van a vivir la opresión que vivimos las personas LGBTIQ y aún así tienen la audacia de decidir por nosotrxs. https://t.co/JteOrdQyuk

— Amanda Gris (@MeninoLambrini) 24 de abril de 2019

Fuente Desastre.mx

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandra Valdés Martínez, Edgardo Hernández, Homofobia/Transfobia, Jorge Andrés López Espinosa, María del Rosario Sánchez, Marité Hernández, Matrimonio igualitario, México, Morena, Pan, Paola Arreola Rojas, Partido Verde, PRI, Rubén Guajardo, San Luis Potosí, Sonia Mendoza

Rodolfo Lizárraga Arellano considera perjudicial que un menor tenga padres del mismo sexo «porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir» y esto, en su opinión, «es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica». En este sentido, alega que convivir en una familia homoparental «es un trauma sicológico» para los niños. Lizárraga ha sido transformista y ahora es diputado en el Congreso de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia, a la que pertenece el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo legislador, en cambio, asegura que sí está dispuesto a reformar el Código de Familia a favor del matrimonio igualitario (que junto a la adopción homoparental ya es legal en diversos estados mexicanos y cuya validez en todo el país cuenta con el aval de la Corte Suprema de la Nación).

De los 21 diputados que se disputaban el Congreso de Sonora, la coalición Juntos Haremos Historia ha obtenido la abrumadora mayoría de 20, dejando como única oposición al PRI con un único escaño. Así pues, Rodolfo Lizárraga, que asumirá su cargo de forma efectiva en septiembre como el resto de diputados electos, ganaba el distrito XIII, relevando a Manuel Villegas del PAN. Lizárraga ha sido anteriormente concejal y alcalde por el Partido del Trabajo, una formación ahora integrada en Juntos Haremos Historia, liderada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México (del que no se espera a priori grandes avances en materia LGTB).

En una entrevista radiofónica, Lizárraga ha dicho que «creo yo que un niño de 5 o 6 años no puede convivir con dos mujeres que son pareja o con dos hombres que son pareja porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir, o sea, siento que es un trauma psicológico para el niño o la niña, es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica».

En 2007 compaginaba el cargo de regidor con sus espectáculos de transformismo, imitando a personajes tan populares como Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Angélica María o Paquita la del Barrio. Lizárraga hacía entonces estas declaraciones:

«para mí el travestismo es un trabajo que no necesariamente es sinónimo de alcoholismo, depravación o drogadicción, a mí se me ha tratado con mucho respeto, pero creo la mayoría de los travestis u homosexuales siguen sufriendo de discriminación».

Además, el entonces mandatario local añadía que «aunque (en México) hemos avanzado un poco en el respeto a nuestra actividad (travestismo) pero todavía no hemos aprendido a discernir bien entre el homosexualismo y el travestismo, yo tengo muy definida mi sexualidad y no tengo problemas con la sociedad porque ante todo trato de ser un ciudadano ejemplar».

En el siguiente vídeo se recoge la entrevista completa al diputado Lizárraga Arellano:

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Si hace unos días hablábamos del asesinato de tres activistas LGTBI, las últimas noticias que nos llegan desde México no son menos atroces…

Este miércoles fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas una mujer transgénero centroamericana que se dedicaba al trabajo sexual y al activismo a favor de la diversidad sexual. Nataly Briyth Sánchez, quien era originaria de Cuyamel, Puerto Cortés, Honduras, llevaba varios años viviendo en la capital del estado huyendo de la violencia de la que era objeto en su país de origen por parte de las pandillas criminales.

En su estancia en el estado, Nataly rentaba una habitación en la avenida 3ª Poniente Norte, Número 662, en el centro de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar la joven mujer transgénero recibió este miércoles a uno de sus clientes, mismo que la atacó hasta asesinarla.

La mujer que le rentaba el cuarto a Nataly fue la encargada de reportar su agresión a la policía, pues escucho gritos provenientes de su habitación. La policía arribó al lugar de los hechos y pudo atrapar al agresor, ya que este se quedó encerrado en el cuarto, pues antes de ser agredida la mujer transgénero puso llave a la puerta por seguridad.

En un comunicado, la organización civil Diana Sacayán se exigió a las autoridades de la entidad que se castigue al responsable del asesinato: “El homicida fue capturado en flagrancia y está confeso, por lo que no hay nada más que investigar”.

De acuerdo con información difundida por la organización civil, en lo que va del año llevan contabilizados 5 asesinatos en contra de mujeres transgénero en el país; por lo que la asociación exhortó a los defensores de derechos humanos a alzar la voz para que el asesinato de la mujer transgénero centroamericana no quede impune.

“Nosotras no somos animales, nosotras necesitamos que el gobierno haga algo porque nos están matando como a un animal, sin derecho. Van cinco chicas trans que han asesinado en lo va del año. Queremos que no vayan a soltar a esa persona ya que puede pasar lo mismo con el caso de la chica comiteca, Itzel que por no tener pruebas suficientes lo dejaron en libertad”, denunció Fanny, presidenta de la asociación.

Asimismo, ese fin de semana una mujer transgénero que se dedica al trabajo sexual fue agredida a puñaladas por un hombre que la intercepto en las calles de Monterrey mientras ejercía su trabajo, el agresor escapó y la mujer fue enviada a un hospital donde se reportó estable.

A este suceso, desgraciadamente, se suma también el asesinato de una mujer trans en el Estado de Colima. El cuerpo de la mujer se encontraba atado de manos y presentaba signos de haber sufrido tortura. En cualquier caso, las autoridades no han aclarado si contaba con heridas de bala, aunque sí se sabe que su rostro habría sido repetidamente golpeado.

El hallazgo se realizó en la carretera libre a Armería-Manzanillo a la altura de la colonia Sagrado Corazón. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil que motivo el asesinato. Las autoridades no informaron si el cuerpo presenta heridas de bala, pero se pudo constatar que el cuerpo presentaba golpes en el rostro.

El lugar fue acordonado por elementos policiacos y a él arribó personal de servicios periciales con el fin de iniciar una investigación para determinar la identidad de la mujer asesinada así como las razones y los responsables de este crimen.

Este es uno de los crímenes de odio en contra de personas LGBT que acontecieron este fin de semana. Este domingo fueron asesinados tres activistas abiertamente homosexuales que defendían los derechos de las personas LGBT en el estado de Guerrero. De acuerdo Orlando Pastor, activista LGBT de Chilpancingo, los hombres fueron privados de su libertad por un grupo armado, asesinados y abandonados en las calles de Taxco, municipio del que eran originarios.

Con este último crimen, al menos van nueve mujeres trans asesinadas entre abril y junio en los Estados de Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y la última de Colima.

Este mismo año, recogíamos en marzo los asesinatos de un estudiante gay y de una activista lesbiana. Isaac Luna García, un universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), era identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. También nos hacíamos eco de los comentarios de odio contra otro estudiante homosexual fallecido y la agresión a una pareja estadounidense de hombres por ir cogidos de la mano.

Según datos del informe Violencia, Impunidad y Prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017, publicado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de enero de 2013 a diciembre de 2017 se registraron como mínimo 381 crímenes de odio en contra de personas LGBT en el país.

LGTBfobia y las elecciones federales de México

En este clima de inseguridad para el colectivo LGTB (entre otros), muy castigado por la violencia y el fanatismo, el país celebrará el próximo 1 de julio elecciones federales, sin que ninguno de los principales candidatos haya expresado un compromiso firme y claro en defensa de los derechos plenamente igualitarios.

Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) «demandamos investigar el asesinato de estos jóvenes más allá de la idea de que se trata de un hecho más dentro de la ola de violencia que azota a varias regiones del país. Las autoridades deben tomar en cuenta los estereotipos negativos que pesan sobre las personas no heterosexuales y que muchas veces provocan homicidios». El PRD concurrirá a las elecciones dentro de la coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, un candidato con un perfil bajo en relación al compromiso con el colectivo LGTB.

Fuente Proceso/Colima Noticias/ Desastre.mx/Dosmanznas.

Imagen tomada de Association of World Citizens.

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Ninguno de los cinco candidatos a la presidencia en las próximas elecciones federales de México, que tendrán lugar el 1 de julio, se ha mojado hasta la fecha con un compromiso firme y amplio a favor de los derechos del colectivo LGTB. El supuestamente «progresista» Andrés Manuel López Obrador (de Juntos Haremos Historia), líder en intención de voto, ha hecho guiños de media tinta a la diversidad. El resto de candidatos se sitúan entre los forzados apoyos puntuales y los manifiestamente LGTBfóbicos: Ricardo Anaya (de Por México al Frente) evita el tema y es poco creíble, José Antonio Meade (de Todos por México) es recordado por su negativa a fotografiarse con una bandera arcoíris a finales del año pasado, la independiente Margarita Zavala condiciona la igualdad de derechos a la doctrina católica y el también independiente Jaime Rodríguez Calderón (alias «el bronco») es el más beligerante con la diversidad.

Restan apenas dos meses para las elecciones federales mexicanas, en las que, además de la presidencia del ejecutivo y la jefatura de Estado, se escogen los 500 diputados y 128 senadores de las respectivas cámaras baja y alta del Congreso de la Unión. Hasta la fecha, el debate sobre los derechos de la comunidad LGTB está en muy discretas posiciones en la agenda de los cinco candidatos a la presidencia (algunos porque prefieren no tomar muchos compromisos y otros porque tratan de esconder su LGTBfobia indisimulada).

Todo ello, a pesar de que México se mantiene como el segundo país de América Latina con más asesinatos por odio, solo por detrás de Brasil. Este jueves tenía lugar en Tijuana, precisamente, el foro «Vulnerabilidad de población LGBT y frontera», en el que la activista e investigadora Sara Espinoza denunciaba que «problemas como los crímenes de odio que en México se cometen de manera muy frecuente y también tenemos mucho la cuestión de la discriminación en varios ámbitos de la vida de la comunidad».

Rcogíamos el pasado mes de marzo los asesinatos de un estudiante gay y de una activista lesbiana. Isaac Luna García, un universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), era identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. También nos hacíamos eco de los comentarios de odio contra otro estudiante homosexual fallecido y la agresión a una pareja estadounidense de hombres por ir cogidos de la mano.

Pues frente a este panorama de violencia y discriminación, al que hay que sumar la problemática y los derechos de las personas trans o la lucha contra el VIH/Sida y contra el estigma serofóbico, entre otros, las pocas referencias al colectivo LGTB de los aspirantes a la presidencia de México se dirigen hacia la cuestión del matrimonio igualitario (muy importante, pero no la única). La noche del domingo 22 de abril arrancó el primero de los debates oficiales de los candidatos y la comunidad LGTB pasó por el debate de puntillas. Los dos independientes acapararon la atención sobre el matrimonio. Margarita Zavala dijo que «creo en el matrimonio entre hombre y mujer, pero respeto». Por su parte, «el Bronco» se tomó el tema a broma, asegurando que «tan creo en el matrimonio, que me he casado tres veces».

El matrimonio igualitario en México

Ciudad de México fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.

La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTB.

López Obrador: decepcionante medio gas, condicionado por sus socios

Como decíamos, en este momento Andrés Manuel López Obrador lidera las encuestas como favorito a ocupar la presidencia. Se presenta por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT). En clave LGTB no ha asumido un compromiso firme y decidido. López Obrador ha hecho algunos guiños al colectivo LGTB, como la mención en uno de sus spots de campaña: «vamos a respetar las libertades: Habrá una auténtico estado de derecho… vamos a garantizar las libertades: la libertad de prensa, el derecho a disentir, el derecho a la diversidad sexual, el respeto a los derechos humanos».

Muy criticada fue la inclusión en la coalición, supuestamente de izquierdas, del Partido Encuentro Social, conservador y cristiano, contrario al matrimonio igualitario. «Somos muchos, no soy yo sola, muchísima gente está indignada y dispuesta a que esto [la alianza] no ocurra, porque lo único que no se puede tolerar es la intolerancia. Morena es respeto y el PES es intolerancia», declaraba la actriz Jesusa Rodríguez tras la presentación del gabinete realizada por López Obrador para el caso que alcance la presidencia.

Quizá esta amalgama de partidos que defienden posturas radicalmente opuestas es la que conduce a López Obrador a sugerir un referéndum como método de reconocimiento de derechos. «Mi postura es que estos casos se consulten porque yo no puedo ofender a quienes. Yo soy dirigente de un movimiento amplio, plural, incluyente, donde hay católicos, hay evangélicos, hay no creyentes, yo tengo que consultar la opinión de todos, yo soy respetuoso de las libertades y creo en el estado laico», aseguraba recientemente el candidato de Juntos Haremos Historia.

El actor Diego Luna, protagonista de una de las películas de la saga Star Wars, se lamentaba de que «el candidato de ‘izquierda’ proponga poner a consulta ciudadana los derechos de la comunidad LGBTQ. Ayer habló de primero atender prioridades, los derechos de todos son prioridad, por lo menos en el país donde yo quiero vivir».

También conviene echar la vista atrás para recordar que López Obrador bloqueó la Ley de Sociedades de Convivencia durante su entrada al gobierno de la capital mexicana en 2001 y que no pudo ser aprobada hasta su pérdida de las elecciones de 2006.

Ricardo Anaya: un respaldo discreto y poco creíble

La coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, responde al acuerdo entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC). En un acto el pasado mes de enero, activistas de la organización Fuera del Clóset le abordaron para forzar una declaración sobre el avance de derechos del colectivo LGTB. En respuesta, Anaya les sonrió y se limitó a asegurar que «lo haremos con mucho gusto. Dame la mano».

No obstante, uno de los activistas dijo: «de verdad, nos están matando. El Estado de México es el segundo estado a nivel nacional donde hay más crímenes de odio», mientras que el candidato panista le replicó condescendientemente: «te entiendo perfecto, amigo». Incluso sin obtener una declaración de intenciones clara sobre la comunidad LGTB, el activista le recordó que el PAN se ha opuesto al matrimonio igualitario en el Estado. Fue entonces cuando Anaya se montó en su coche y cerró la puerta al diálogo.

Apenas unos minutos atrás, durante un acto electoral, algunos asistentes alzaron la voz al grito de «no más homofobia». El líder del Por México al Frente respondió: «viva la tolerancia en el país, sin mencionar ninguna propuesta sobre la agenda LGBTTTI», denunciaba Fuera del Clóset.

Meade no quiso fotografiarse con la bandera arcoíris

José Antonio Meade Kuribreña abandera la candidatura de la coalición Todos por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A finales del pasado mes de diciembre activistas del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León (MOVINL) acusaron al candidato priista de eludir compromisos en materia LGTB al visitar dicha organización. «Danos un mensaje claro a la diversidad, Pepe», le requería una activista. una activista. Asimismo, al final del encuentro se negó a realizarse una foto con la bandera arcoíris, símbolo de la diversidad sexual y de la identidad de género. «No tanto así», replicaba Meade cuando miembros de PVEM le pidieron la foto. Ante tal afirmación, los defensores de la igualdad le cuestionaron: «¿Por qué no tanto así, Pepe? Somos ciudadanas».

«Absoluto respeto a la diversidad» se limitaba a aseverar Meade. «El artículo primero de la Constitución, es un artículo que centra, que obliga, y que hace que todo gire en torno a los derechos humanos, y el principal derecho humano, el más cercano y el más importante es el respeto y el respeto tiene que ser el centro de la acción de este partido y de todos. El que no respete, queda fuera», explicó el candidato.

La activista Jennifer Aguayo, en cambio, argumentó que «nos contesta con el artículo 1 constitucional, que protege los derechos humanos, una respuesta muy ambigua, que no nos dejó satisfechos. Hicimos otro intento para poder dialogar con él, y le regalamos una bandera de la diversidad, una bandera del arcoíris que nos representa, le pedimos que se tomara una foto con ella, a lo que nos respondió ‘no tanto así’… la bandera se la regaló a uno de sus custodios».

La ambigüedad de Meade hace pensar que no se pueden esperar grandes avances en caso de que su candidatura llegara a ser la ganadora (algo que, por otra parte, parece por el momento poco probable). Además, cabe recordar las declaraciones de su homólogo de la coalición para el gobierno de Ciudad de México, Mikel Arriola, del pasado mes de febrero. Arriola dejó claro que «la familia será mi prioridad, la Ciudad de México será la Ciudad de los valores, de la familia. Claramente les digo: Mikel Arriola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo».

Margarita Zavala condiciona la igualdad de derechos a su doctrina católica

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo encabeza una de las dos candidaturas independientes a la presidencia. Zavala ha expresado en relación a la igualdad de derechos del colectivo LGTB que «tengo que hablarlo con honestidad, pero también soy abogada y respeto las instituciones». Durante un acto en la Universidad de las Américas Puebla el pasado 11 de abril dijo estar solo a favor del matrimonio entre hombre y mujer, recordando que es católica y que tiene «valores cristianos», aunque se comprometió a que buscaría una figura jurídica (que ya está vigente, por ejemplo, en Ciudad de México) para garantizar la convivencia de «todas» las parejas.

Aunque apoyó las movilizaciones «por la familia» en septiembre de 2017 que contrariaban la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de extender el matrimonio del mismo sexo a todo el país, en distintas entrevistas, al ser preguntada sobre la cuestión, se ha limitado a referirse a las resoluciones judiciales y a asegurar que «no tengo ningún problema».

Rodríguez Calderón: «el bronco» y el más beligerante con la igualdad

La otra candidatura independiente la lidera Jaime Rodríguez Calderón (alias «el bronco»). El que fuera gobernador de Nuevo León es un conocido de dosmanzanas por sus declaraciones LGTBfóbicas. En mayo del año pasado nos hacíamos eco de sus descalificaciones del matrimonio igualitario y su evocación del «principio fundamental de la familia».

Durante la celebración del Real Estate Summit Monterrey (un conocido encuentro anual con docenas de empresarios) el gobernador de Nuevo León confesó que «creo en el matrimonio. No en las otras zonceras. No creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre y mujer, punto». Al mismo tiempo, Rodríguez Calderón invitaba a los presentes que disientan de su discurso homófobo a que «convenzan a la sociedad». En este sentido, siempre en su opinión, «estamos perdiendo el principio fundamental de la familia, es lo que yo creo y es lo que estoy tratando de transmitir y para eso no se necesita presupuesto».

Tras descartar que sus palabras se motivaran por ser un representante «moralista» o «religioso», el gobernador de Nuevo León dejaba claro que «yo creo en Dios, voy a las iglesias cada que hay boda o quinceañera». Sin importarle demasiado la diversidad de opiniones que pudiera despertar en su audiencia, Rodríguez Calderón añadía que «yo no sé si a ustedes les caiga bien esto que les estoy diciendo, lo tengo que decir, lo debo decir, porque todos los días veo padres angustiados, madres arrepentidas».

En 2016, siendo gobernador de Nuevo León, «el bronco» recordaba que la ley del estado no permitá los matrimonios de parejas del mismo sexo y manifestó abiertamente su rechazo a la adopción homoparental, además de su postura sobre las reclamaciones del colectivo LGTB, a cuyos integrantes como «exagerados» para, supuestamente, despertar «simpatía» y provocar «lástima».

«Tenemos que dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Yo puedo tener un hijo gay, puede salirme alguien, hermano, hermana, primo, pero como gobernador debo poner un buen ejemplo. Yo tengo muchos amigos gais y yo les he dicho que no tienen necesidad de hacer la exageración que hacen a veces para generar una simpatía», espetó Rodríguez Calderón.

Fuente Dosmanzanas

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Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, ha dicho en calidad de gobernador del Estado mexicano de Nuevo León que “creo en el matrimonio, no en las otras zonceras [tonterías, cosas sin valor]. No creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre y mujer, punto”. El mandatario regional, que podría optar como independiente a la presidencia de la república en 2018, hacía estas homófobas declaraciones durante su intervención en el Real Estate Summit Monterrey (un evento anual de networking empresarial). Rodríguez Calderón, de factura netamente populista, prefiere que, a pesar de todo, no se le etiquete como “moralista” ni como “religioso”. Por su parte, desde el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el PAN (Partido acción Nacional) han rechazado el discurso del gobernador y exigen medidas contra su intolerancia.

Durante tres décadas, Jaime Rodríguez Calderón militó en el PRI, por el cual fue elegido diputado federal (1992-1995), diputado en el Congreso de Nuevo León (1997-2000) y alcalde del municipio de García (2009-2012), en el área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, en 2014 “el Bronco” renunció a la militancia en su antigua formación y decidió presentarse como independiente a la presidencia del Estado de Nuevo León. Su victoria incontestable en 2015 (con una diferencia del 25% respecto al candidato del PRI, el segundo más votado) llamó la atención de medios internacionales como The New York Times o The Wall Street Journal, que destacaron el jaque al bipartidismo tradicional por un independiente (el primero en ganar unas elecciones a gobernador).

En una entrevista concedida a la edición internacional del diario El País en 2015, Rodríguez Calderón, preguntado sobre el matrimonio igualitario, contestó que “la diversidad ya existe en el mundo. La decisión no puede deberse a un gobernante, hay que celebrar una consulta para decidirlo”. Entonces todavía era candidato y no ocupaba el cargo que ahora ya ejerce. Quizá por ello, en aquel momento, sus declaraciones fueron, si bien no inclusivas, mucho más comedidas que las de ahora. Dos años después, “el Bronco” ha decidido quitarse la careta de hipócrita y descubrir su verdadero rostro homófobo.

Durante la celebración del Real Estate Summit Monterrey (un conocido encuentro anual con docenas de empresarios, que este año se ha llevado a cabo en el hotel Quinta Real de San Pedro) el gobernador de Nuevo León ha asegurado que “creo en el matrimonio. No en las otras zonceras. No creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre y mujer, punto”. Al mismo tiempo, Jaime Rodríguez Calderón invitaba a los presentes que disientan de su discurso homófobo a que “convenzan a la sociedad”. En este sentido, siempre en su opinión, “estamos perdiendo el principio fundamental de la familia, es lo que yo creo y es lo que estoy tratando de transmitir y para eso no se necesita presupuesto”.

Tras descartar que sus palabras se motiven por ser un representante “moralista” o “religioso”, el gobernador de Nuevo León dejaba claro que “yo creo en Dios, voy a las iglesias cada que hay boda o quinceañera”. Sin importarle demasiado la diversidad de opiniones que pudiera despertar en su audiencia, Rodríguez Calderón añadía que “yo no sé si a ustedes les caiga bien esto que les estoy diciendo, lo tengo que decir, lo debo decir, porque todos los días veo padres angustiados, madres arrepentidas”.

Oposición y activismo LGTB de Nuevo León censuran la homofobia del gobernador

Ante las hirientes y despectivas argumentaciones homófobas del gobernador de Nuevo León, desde el PRI y el PAN no se hacían esperar para reprobarle. Mauro Guerra, dirigente del PAN en este Estado mexicano, ha solicitado un “castigo ejemplar” contra Rodríguez Calderón y ha remarcado que él siempre ha defendido los mismos derechos para todos los ciudadanos. Por su parte, César Cavazos, representante del PRI, ha enfatizado que “pedimos respeto a esta comunidad [LGTB] y que se les den todos sus derechos para que puedan vivir bien en el Estado de Nuevo León”. Cavazos defendía, además, que declaraciones discriminatorias como las del gobernador “lastiman a esta población”.

Desde diversas organizaciones LGTB apuntan a la responsabilidad que tendrá que asumir el gobernador Rodríguez Calderón si se desata una ola de delitos de odio LGTBfóbico. “Es increíble que pueda atrever este hombre a referirse como ‘zonceras’ a una comunidad que somos cientos, miles de personas en el Estado, expuestos muchos de ellos a problemáticas sociales”.

Eduardo Elizondo, miembro de CONASIDA considera que “estas declaraciones lo que hacen es promover el estigma y la discriminación: por orientación sexual, por identidad de género, por tener VIH”. Asimismo, desde esta y otras entidades aprovechan para denunciar el “olvido” y la “irresponsabilidad” de la Administración de Nuevo León, que encabeza Rodríguez Calderón, en la prevención y lucha contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Al parecer, el gobernador también ha incumplido su compromiso de apoyar al colectivo de personas trans con soporte médico, endocrinológico y sicológico, como prometió el pasado mes de diciembre.

A finales de año se espera saber si el homófobo gobernador de Nuevo León competirá como candidato independiente a las elecciones presidenciales de México de 2018. Así lo explicaba Rodríguez Calderón: “yo siempre he dicho a ustedes que tomaré una decisión en diciembre si así lo considero adecuado, si veo que he ido resolviendo los problemas de Nuevo León porque no tiene ningún caso que yo compita si ni la gente de Nuevo León va a votar por mí”.

Con independencia de los avances legislativos y judiciales que el activismo igualitario ha ido conquistando, México está considerado como el segundo país más hostil para la comunidad LGTB. De hecho, se contabilizan 1.310 asesinados desde 1995 hasta abril de 2016; 1.021 hombres gais, 265 mujeres trans y 24 mujeres lesbianas.

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Una comisión de diputados mexicanos ha votado en contra de la propuesta del lanzada por el presidente del país, Enrique Peña Nieto, que buscaba extender las uniones del mismo sexo desde determinadas regiones mexicanas a todo el territorio del país. Enrique Peña Nieto estaba más que ufano al presentar la iniciativa en mayo pasado que incluía una reforma constitucional para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país mexicano, una iniciativa que desató enormes manifestaciones a favor y en contra. Sin embargo, las presiones de la Iglesia Católica mexicana y el peso de la tradición han transformado la alegría en tristeza. La propuesta que pretendía extender el matrimonio igualitario en todo el país azteca ha sido rechazada por legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja con diecinueve votos en contra, ocho a favor y una abstención.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México ha rechazado, por 19 votos contra 8 (y una abstención) la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para hacer extensivo a todo el territorio mexicano el matrimonio igualitario, aprobado ya en algunos estados y posible de facto en todo el país por vía judicial. La noticia supone un triunfo para el sector más conservador de la sociedad mexicana, y muy especialmente para la Iglesia católica, que se ha empleado a fondo para agitar el sentimiento homófobo de una parte de la sociedad mexicana. Por el momento, el avance de la igualdad seguirá dependiendo de los tribunales de justicia.

El pasado mes de mayo, Enrique Peña Nieto hacía público el compromiso de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. México, recordemos, es un país federal, en el cual cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. En este sentido, son varios los territorios  que han aprobado el matrimonio igualitario (el primero fue el Distrito federal, allá por 2009). La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima  tuvo lugar apenas unos días después de que hicieran lo propio los estados de Michoacán y de Morelos, y solo un par de semanas después de que lo hiciera el estado de Campeche. Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer..  Pero es que, además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Es por eso que, cinco años después de que el Distrito Federal lo aprobase, y después de toda una cascada judicial de fallos favorables, Peña Nieto decidía este año que había llegado la hora de que la legislación se armonizase, de acuerdo a las directrices de la Suprema Corte, y que Constitución y leyes federales reconociesen expresamente el matrimonio igualitario en todo el país. Un movimiento que despertó, casi de forma inmediata, las iras de la Iglesia católica mexicana, que, pese a haberse opuesto estado a estado al avance de los derechos LGTB, no había conseguido, en un país socialmente muy conservador pero de tradición política laica, cristalizar un movimiento homófobo organizado. La oposición al matrimonio igualitario acabó cristalizando, de hecho, en un movimiento que reproducía el modelo que ya se ensayó en España en 2005 (más torpemente) o en Francia en 2012-2013 (con bastante más éxito, aunque no consiguiese paralizar la aprobación del matrimonio igualitario): un movimiento “civil”, supuestamente al margen de la Iglesia católica, que en lugar de utilizar argumentos religiosos dice ser un movimiento transversal en defensa de la familia. En México, en concreto, la principal demanda de este “Frente Nacional por la Familia” es la modificación de la Constitución mexicana para proteger “a la familia” y “a los niños”.

Un movimiento que en efecto fue capaz de promover manifestaciones multitudinarias, avaladas desde el propio Vaticano por el papa Francisco pese a que supuestamente este está empeñado en recortar la influencia de Norberto Rivera, cardenal primado y arzobispo de México, precisamente uno de los principales promotores de la campaña contra el matrimonio igualitario. Rivera, conocido opositor a los derechos LGTB, es un personaje especialmente siniestro e incómodo para Francisco. Fue acusado en su momento de encubrir varios casos de abusos sexuales a menores por parte del sacerdote Nicolás Aguilar, además de haber sido uno de los grandes protectores de Marcel Maciel (el fundador de los Legionarios de Cristo, otro personaje despreciable, ya fallecido, acusado también de múltiples abusos sexuales). Ello no le ha impedido liderar de forma muy ostensible la ofensiva contra Enrique Peña Nieto por su voluntad de afianzar el matrimonio igualitario sin que el Vaticano le haya censurado por ello.

Triunfo de los homófobos en la Cámara de Diputados

Lo cierto es que el clima homófobo generado estos últimos meses se ha visto reflejado en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha bloqueado el plan de Peña Nieto por 19 votos contra 8. Contra el matrimonio igualitario se han pronunciado todos los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, precisamente el partido del presidente), menos Benjamín Medrano (abiertamente gay) e Ivonne Ortega; además de los del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. Votaron a favor los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El único representante del Movimiento Ciudadano decidió abstenerse. Los argumentos para oponerse variaron entre los que aseguraban que este tema debía seguir siendo competencia de los estados y los que abiertamente consideraron que el matrimonio es solo “entre un hombre y una mujer”.

Edgar Castillo Martínez, secretario de la comisión, dijo que el resultado significa que el asunto está “total y definitivamente concluido”, de acuerdo con un sumario difundido en línea por la Cámara de Diputados.

Legisladores de los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y algunos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se expresaron en favor de la reforma pues consideraron que era “compromiso democrático con el avance de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación”.

Legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Encuentro Social, Nueva Alianza y algunos del PRI consideraron que corresponde a cada entidad federativa legislar en materia civil, por lo que no era necesaria una reforma constitucional. Argumentaron que la autonomía de los estados “iría en detrimento” y que la iniciativa presidencial presentó “inconsistencias jurídicas”.

Movimiento Ciudadano se abstuvo al asegurar que su bancada estaba dividida y “no se daría paso a imposiciones”, por lo que de esta forma se respetaba la opinión de cada uno de sus miembros.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Guadalupe Acosta, del PRD, retomaba en sus términos la iniciativa presidencial sobre matrimonio igualitario al considerar que reconocía la dignidad humana y respetaba los derechos de las personas.

El diputado Agustín Basave, del PRD, aseguró que su motivación principal para sustentar el voto favorable “es la no discriminación”, que dijo “tiene que ver efectivamente con el artículo primero de la Constitución”. “Yo quiero decirles que yo soy católico, y a mucha honra, pero también creo en la separación Estado-Iglesias y este me parece el caso paradigmático de esa separación”, expuso.

La legisladora Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la medida había sido bloqueada debido a maquinaciones políticas. “Una reforma de la que deberíamos sentirnos orgullosos”, afirmó Acosta, de acuerdo con la transcripción. “Porque los derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y reconocen, y es el Congreso quien debería tutelarlos”.

Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde –aliado con el PRI–, dijo que estaba votando contra la medida debido a conflictos constitucionales y porque el matrimonio está gobernado por los códigos civiles de los estados. “¿Cómo se va a desarrollar la familia si la exposición de motivos dice que la procreación no es un elemento decisivo del matrimonio?”, se preguntó.

Por su parte, el Movimiento por la Igualdad en México, grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil y activistas LGTB, expuso en un comunicado que “los diputados que votaron contra la igualdad, habrán de rendir cuentas ante la historia, cuyo juicio es implacable con quienes han sido enemigos de los derechos humanos”. Asimismo, señaló que “en el porvenir habrá de mirar a quienes hoy votaron contra, con el mismo reclamo que pesa sobre quienes protagonizaron acontecimientos históricos que humillaron a otros grupos marginados”.

El nuevo nuncio apostólico en México, el italiano Franco Coppola, dijo el que el tema del matrimonio homosexual no debe confrontar a México sino provocar un diálogo para “encontrar la solución más apta para este país”. “No creo que sea bueno para el país confrontarse, ir a una lucha, hacer una cuenta para ver cuantos están en favor y cuantos en contra”, dijo Coppola en conferencia de prensa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El religioso señaló que el tema ha generado un debate que ha dejado en claro que hay personas que no se sienten apreciadas y que no sienten que gozan de todos los derechos. “Es una magnífica oportunidad para practicar el diálogo. Intercambiar insultos o prejuicios no sirve de nada y hay que entenderse”, abundó.

En definitiva, la situación queda como estaba hasta ahora: múltiples sentencias favorables al matrimonio igualitario, que de facto suponen una “legalización” del mismo aunque en algunos estados sigue siendo necesario recurrir judicialmente cada caso, y varios estados (junto al Distrito Federal) que además lo han aprobado por vía legislativa. A partir de ahora habrá que ver si la ofensiva homófoba sigue adelante, hasta el punto de conseguir de la clase política mexicana una reforma constitucional que prohíba expresamente el matrimonio igualitario (una opción que parece complicada), y estar atentos a cómo siguen produciéndose sentencias judiciales que faciliten cada vez más a las parejas del mismo sexo casarse en todo el territorio mexicano aunque por el momento no exista una normativa nacional al respecto.

Este revés legislativo es una noticia que ha teñido de luto al colectivo LGTB mexicano. Y es que el país centroamericano ha intentado cambiar las políticas y crear una red LGTBfriendly pero los números no engañan: Ciudad de México es la localidad más violenta en agresiones al colectivo, ya que la asociación civil Letra S ha documentado 1.310 asesinatos de odio hacia la población LGTB.

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Desde que el presidente Peña Nieto declaró su apoyo a los matrimonios homosexuales, los religiosos han hecho hasta lo imposible para que no sean aceptadas. En septiembre, el Congreso mexicano vuelve a discutir la agenda legislativa y uno de sus pendientes será el matrimonio igualitario.

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Se defenderán no sólo los matrimonios igualitarios, sino los derechos humanos, señalan

México, segundo país del mundo donde se cometen más crímenes contra la comunidad LGBTTI

En respuesta a “los ataques de la jerarquía católica”, organizaciones en favor de la diversidad sexual están conformando el Frente Orgullo Nacional. Desde ahí convocarán a diferentes marchas, “no sólo una, y no nada más en defensa del matrimonio igualitario, sino de los derechos humanos”, advirtieron.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el Frente Nacional por la Familia llamaron a marchar el 10 y 24 de septiembre próximos para proteger, dicen, “el matrimonio natural”. También en rechazo a la iniciativa presidencial para reconocer, a nivel constitucional, que las parejas del mismo sexo pueden casarse.

Si el clero logra frenar las uniones civiles igualitarias, como lo ha hecho con leyes antiaborto, “podrá hacerlo con muchos otros temas”, señaló en entrevista Cristian Galarza López, del Comité Inclúyete, colectivo que cada año organiza la marcha del orgullo gay y que esta vez convocó a crear el frente.

En México se vive violencia por el crimen organizado, la pobreza y otras causas, y el llamado de los prelados a desconocer nuestras familias empeora la situación, indicó.

Galarza López recordó que, según la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, en los pasados 15 años van mil 135 asesinatos.

Además, subrayó, México es el segundo país en el mundo en que se cometen más crímenes contra la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTI). Brasil es el primero.

La feminista Patria Jiménez, primera legisladora en el país abiertamente lesbiana, informó que desde distintas agrupaciones “estamos generando una acción nacional para hacer frente a la postura de la Iglesia, que nos dice que podemos tener derechos, pero no los mismos”.

Hasta el momento más de 50 colectivos se han adherido, y el próximo miércoles presentarán el frente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Esperan que en cada entidad se vaya creando una agencia.

La libertad de expresión tiene cierto límite, manifestó. Llamar a la discriminación, en este caso del matrimonio igualitario, “es un delito y debe ser sancionado”. Las declaraciones contra los derechos de la comunidad LGBTTI “promueven el odio. Ya hemos tenido asesinatos que se cometen luego de que los jerarcas dan sus opiniones”, apuntó.

Adelantó que pedirán la solidaridad de las familias. “Muchos nacimos en hogares católicos y no caeremos en su juego; no nos pondrán a pelear contra ellas”, sostuvo. La ex diputada federal y senadora se dijo optimista de encontrar un respaldo en la sociedad.

Para la activista, el PRI, partido al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, “debe tener complicidades con la Iglesia. Quizá temen perder su apoyo” si discuten la propuesta que envió el mandatario.

La capacidad de organización de la Iglesia vatólica no será menos que la de los colectivos LGBTTI, afirmó Cristian Galarza. En los años recientes han podido avanzar en lugares del país que antes eran impensables, como Chihuahua, Sonora o Chiapas, aseveró.

Fuente La Jornada

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La Caverna homófoba cabalga de nuevo… contra los Derechos… siempre

Un grupúsculo de  se ha manifestado frente a la embajada mexicana en Madrid para defender a la familia y protestar contra la iniciativa de Enrique Peña Nieto de legalizar el matrimonio igualitario.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció durante la celebración del Día Internacional en Contra de la Homofobia, que había firmado una propuesta para aprobar el matrimonio igualitario en la Constitución mexicana y el código nacional civil.

Ante esto, la plataforma CitizenGO ha puesto en marcha una recogida de firmas para parar la propuesta del presidente mexicano, con la que pretende cambiar la Constitución federal para legalizar el matrimonio gay en México, el cambio de sexo en los documentos de identidad y la persecución de los padres que se opongan a la reforma.

El portavoz de CitizenGO, Luis Losada, junto a un grupo de ciudadanos, ha acudido a la embajada mexicana en Madrid, para protestar contra la iniciativa de Peña Nieto y defender a la familia heterosexual.

Además, han recordado que la plataforma ha convocado 42 manifestaciones a nivel mundial: 34 de ellas se han producido de manera simultánea en México y el resto, en las grandes capitales como Washington, Buenos Aires, Roma o Moscú.

En relación a ello, Losada ha declarado que los mexicanos no quieren que se apruebe esta ley, ya que “apuesta por el matrimonio de hombre y mujer, apuesta por la familia, porque es la estructura básica de la sociedad”.

CitizenGO espera frenar la propuesta de Peña Nieto y de PRI, el partido del que es presidente.

Fuente Agencias

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Hace pocos días recogíamos el anuncio del presidente de México, Enrique Peña Nieto, coincidente con la celebración del Día Internacional contra la LGTBfobia, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el territorio mexicano. Una reforma que pondrá punto final a la peculiar situación que vive México, país en el que conviven un Código Civil federal con los diferentes códigos civiles de los estados que lo forman, varios de los cuales ya disponen matrimonio igualitario. Pues bien, a esa lista se han sumado esta semana dos nuevos estados: Michoacán y Morelos.

Una tras otra, como fichas de dominó, las legislaciones de los estados mexicanos van cayendo del lado de la igualdad: a la lista de estados cuyas legislaciones ya son igualitarias se acaban de unir esta misma semana Michoacán, en la costa oeste, por 27 votos a favor y 8 abstenciones, sin votos en contra (se abstuvieron los siete representantes del PAN y una sola diputada del PRI) y Morelos, en el centro del país, por 20 votos a favor y solo 6 en contra (PAN y Encuentro Social, una formación  democristiana).

Precisamente la semana pasada, días antes del anuncio presidencial, dábamos cuenta de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado de Campeche (península de Yucatán). Antes de Campeche otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

La acción de los tribunales, clave

Faltaba el empujón final: la decisión formal de plasmar en las leyes federales el matrimonio igualitario, tal y como anunciaba a principios de esta semana Enrique Peña Nieto. El presidente mexicano también aseguraba que se revisarían todas y cada una de las leyes federales mexicanas para eliminar todo atisbo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y ajustarlas, de esta forma, a la jurisprudencia de la SCJN.

En cualquier caso, la iniciativa presidencial debe ser todavía discutida y aprobada por el Congreso mexicano, lo que se demorará sin duda un tiempo. Es por eso que es buena noticia que los estados continúen actualizando por su cuenta sus legislaciones matrimoniales para acabar cuanto antes con la desigualdad jurídica (la social es ya otro cantar…).

Fuente Dosmanzanas

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El estado mexicano de Campeche ha aprobado, por aplastante mayoría de su Congreso local (34 votos a favor de 35 posibles, solo uno en contra) la reforma de su Código Civil para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata del quinto territorio mexicano (noveno, de facto) con matrimonio igualitario, si bien por vía judicial las bodas son posibles ya en todo el país.

Votaron a favor del matrimonio igualitario (después de la correspondiente tramitación parlamentaria y a petición del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para armonizar el Código Civil local con la jurisprudencia federal) casi todos los diputados del Congreso de Campeche, incluyendo los representantes de los tres principales partidos mexicanos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). También votaron a favor los diputados del Partido Verde Ecologista y del Partido Nueva Alianza. De los tres representantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), dos votaron a favor y solo una, Adriana Avilez, votó en contra, aduciendo principios morales personales. El suyo fue el único voto que impidió que la decisión fuera unánime.

Antes de Campeche, estado situado en la península de Yucatán, solo tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (desde 2009), el norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (en diciembre de 2015). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también era ya posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

El pasado mes de enero, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó invalidar el artículo del Código Civil del estado de Jalisco que establecía que el matrimonio solo era válido si era contraído entre un hombre y una mujer, abriendo además la puerta a que estos matrimonios pudiesen celebrarse sin necesidad de un amparo judicial previo.

Un escenario judicial favorable

En Campeche, conviene precisar, ya se habían celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial, como por otra parte ya ha sucedido en la inmensa mayoría de los estados mexicanos. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la SCJN que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se han reproducido luego en amparos a parejas de numerosos estados. En dos de ellos, Chihuahua y Guerrero, los propios gobiernos estatales decidieron hace meses, como consecuencia de estas sentencias, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se haya aprobado una ley de matrimonio igualitario. Un tercer estado, Sonora, acaba también de levantar las restricciones: hace pocos días la directora de su Registro Civil anunciaba que las parejas del mismo sexo ya no tendrán que solicitar ningún amparo judicial para contraer matrimonio. Chihuahua, Guerrero y Sonora, además del mencionado Jalisco, pueden considerarse de facto parte de la lista de territorios en los cuales es posible el matrimonio igualitario sin aparentes restricciones.

Toda una cascada judicial que en 2015 recibió un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado cuyas leyes locales no contemplen el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y, lo que es quizá más importante, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

Oposición católica y evangélica

El avance del matrimonio igualitario en México no se está produciendo, precisamente, sin resistencias tanto de la Iglesia católica como de los grupos evangélicos, como demostraron las protestas que tuvieron lugar frente al Congreso de Campeche coincidiendo con la aprobación de su ley de matrimonio igualitario (“arderán en el infierno”, amenazaron los congregados a los diputados locales).

Afortunadamente, no son pocos los políticos mexicanos, incluso de ideas conservadoras, que se mantienen leales a una tradición laica que parece aguantar mejor en México que en otros lugares de América Latina en los que la frontera entre la política y las confesiones religiosas tiende a debilitarse (muy especialmente ante la pujanza que el movimiento evangélico está adquiriendo en la región).

Fuente Dosmanzanas

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Los derechos LGTB han sufrido un duro golpe en Europa, pero avanzan en América Latina. Mientras un referéndum anulaba la ley de matrimonio igualitario aprobada en Eslovenia, el estado mexicano de Nayarit la aprobaba por aplastante mayoría del Congreso local: 26 votos a favor, una abstención y solo un voto en contra. Nayarit es el cuarto territorio mexicano con matrimonio igualitario pleno, si bien por vía judicial las bodas son posibles ya en todo el país.

Votaron a favor del matrimonio igualitario casi todos los diputados del Congreso local, incluyendo los representantes de los tres principales partidos mexicanos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Acción Nacional (PAN), aunque una diputada de este último se abstuvo. El único voto en contra fue el de un diputado del Partido Verde Ecologista (una fuerza que pese a lo que su nombre defiende posiciones conservadoras en lo social). La iniciativa, que llevaba discutiéndose desde el 25 de junio en el Congreso de Nayarit, había partido del diputado del PRD Luis Manuel Hernández Escobedo y contó con el apoyo expreso del gobernador del estado, el priista Roberto Sandoval.

Antes de Nayarit, estado de la costa oeste del país, solo dos territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (desde 2009) y norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también era ya posible en el estado de Quintana Roo (en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Un escenario judicial favorable

En Nayarit ya se habían celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial, como por otra parte ya ha sucedido en la inmensa mayoría de los estados mexicanos. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se han reproducido luego en amparos a parejas de numerosos estados. En uno de ellos, Chihuahua, el propio gobierno decidía el pasado julio dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se aprobase una ley de matrimonio igualitario.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que hace pocos meses recibió un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide la extensión a todo el país

De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) acaba de emitir una recomendación oficial a los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos legislativos de todos los estados del país para que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar. “Este Organismo Nacional enfatiza que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección a la familia que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el cual puede ser el mismo, tanto para las parejas del mismo sexo como las heterosexuales. Solamente el Distrito Federal y Coahuila han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitir el matrimonio igualitario y, si bien es cierto que algunos gobiernos estatales han intentado regular el acceso a las parejas del mismo sexo a uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como ‘sociedad de convivencia’, ‘pacto civil de solidaridad’, ‘enlace conyugal’, resultan discriminatorias pues generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente”, expresa el citado organismo.

La CNDH también recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene ya en su jurisprudencia que no existe razón de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido.

Fuente Dosmanzanas

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Hace unos días publicamos la noticia y la polémica sigue ampliándose:

Dimitirá de su cargo antes que registrar adopciones por parte de familias homoparentales. Esta es la ‘amenaza’ que ha lanzado Rito Padilla, el actual director general del Registro Civil de Guanajuato (el sexto estado más poblado de México). “¿Qué futuro les depara?”, se ha preguntado retóricamente Padilla, en relación a los niños adoptados por parejas del mismo sexo. Ante las homófobas declaraciones de Padilla, motivadas por su alineamiento confesional, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, ha expresado en declaraciones a una radio local que esta “no es la forma de pensar del Gobierno del estado” y le ha indicado al funcionario que, con sus palabras, “puso fecha a su renuncia”. El diputado Javier Contreras Ramírez, por su parte, considera que “es un expresión ultraderechista, conservadora, como lo es la línea de su partido, Acción Nacional, del que Rito Padilla es un militante activo”.

Hace solo unos días, nos hacíamos eco de la declaración de inconstitucionalidad al veto a la adopción homoparental en el estado mexicano de Campeche, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Precisamente, a raíz de esta importante resolución judicial, el máximo responsable del Registro Civil de Guanajuato, Rito Padilla, había anunciado que si un tribunal resuelve la cuestión en su estado de manera favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo, como ya ha ocurrido en Campeche, dimitirá de su cargo. “Renuncio antes que aceptar la adopción para una pareja gay”, asegura Padilla. Y como todo apunta a que la justicia mexicana seguirá un criterio uniforme e inclusivo, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, le ha hecho ver al todavía director general del Registro Civil que, con su actitud, “puso fecha a su renuncia”.

Asimismo, García López, aunque ha dicho respetar la decisión de Padilla, le ha afeado sus declaraciones públicas y le ha invitado a que cumpla con su palabra en el momento en el que se permita el registro de adopciones homoparentales en Guanajuato, abandonando sus responsabilidades al frente del Registro Civil. En todo caso, el secretario del Gobierno recuerda al funcionario que hay que ser “respetuosos con las leyes” y, en el caso de que finalmente se mantuviera en su puesto, no podría negarse a inscribir a ninguna pareja, con independencia de su orientación sexual. “El día de mañana que se presente el mandamiento de la autoridad judicial para que se registre la adopción por parte de una pareja del mismo sexo tenemos que acatar la resolución”, explica García López.

En opinión de Padilla, “los niños tienen derechos superiores y están violentándose acuerdos internacionales, están violentando muchísimos derechos de los niños”, aludiendo a su adopción por parte de parejas del mismo sexo. Por este motivo, al funcionario le preocupa “¿qué futuro les depara?”. El todavía director del Registro Civil asevera que está “a favor de toda la diversidad sexual, pero no en la adopción de niños porque se tienen que cuidar sus derechos fundamentales y no deben estar protegidos por dos personas del mismo sexo”. En este sentido, proseguía Padilla, “mantengo mi postura de renunciar si una autoridad me obliga a que lleve a cabo eso”.

Una de las reacciones más contundentes con las que se ha encontrado el director general del Registro Civil de Guanajuato ha sido la del diputado regional Javier Contreras Ramírez, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Contreras Ramírez le ha espetado a Padilla que “está equivocado, pues no se requiere ser de una u otra tendencia sexual para poder o no adoptar, no tengo idea si sea ignorante o no del derecho una persona como él, pero lo está demostrando con sus dichos”. Es más, el político priista ha calificado lo dicho por el funcionario como “expresión ultraderechista, conservadora, como lo es la línea de su partido, Acción Nacional”.

Fuente Dosmanzanas

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El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de Guanajuato en México, Felipe Orozco, declaró que de aceptarse en la legislación mexicana la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, será ir en contra de la “Ley Divina”.

Según informa el portal informativo ZonaFranca.mx, el diputado y presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, enfatizó que de llegar el tema a la máxima tribuna legislativa de Guanajuato, él estaría en contra.

La postura del diputado originario de la ciudad de Irapuato, viene luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diera a conocer una jurisprudencia en materia de matrimonios igualitarios, en donde se declara inconstitucional, que leyes locales estipulen que el matrimonio deberá ser exclusivo entre hombres y mujeres.

“¿Qué le dirán a un niño en la escuela? Tú mamá se llama Paquito y tu papá Javier’, el bullying que van a tener, por eso no le encuentro la cuadratura en lo personal”, cuestionó el legislador.

Agregó que una vez que la SCJN avaló la mencionada jurisprudencia, tocará a los Congresos Locales tomar las medidas pertinentes “y ya en ese momento cada grupo parlamentario emitirá su aprobación o desaprobación. En lo personal me lo voy a reservar hasta el día que me tocara votar”, enfatizó.

El priista remató diciendo no estar de acuerdo “en que un matrimonio del mismo sexo adopte a niños que no pueden decidir por ellos mismos”.

En el mismo espacio noticioso, se reportó que el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, del Partido Acción Nacional, se abstuvo de declarar en torno al tema y solo se dijo respetuoso de lo que se disponga en la ley.

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Marchan por matrimonio gay en Mexicali, BC.

TOLUCA, Edomex. (apro).- Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales en todo el país las leyes que reconocen como matrimonio sólo a la unión civil entre un hombre y una mujer, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, el priista Alfonso Arana, sentenció que sólo con el consenso de las asociaciones religiosas la actual legislatura aprobará los matrimonios gay.

Actualmente, en el Congreso local existen dos iniciativas al respecto. La primera fue promovida por el grupo parlamentario del PRD el año pasado y, la segunda, por el gobernador Eruviel Ávila en marzo último.

Veinte días antes, la Primera Sala de la Corte amparó a cuatro parejas homosexuales del Valle de Toluca para que pudieran contraer matrimonio; al menos una de ellas, ya hizo válido el fallo.

Además la SCJN ordenó a la Legislatura local modificar el Código Civil del Estado de México para permitir la unión sin distingo de la orientación sexual, sin que a la fecha esto haya ocurrido.

Hace unos días, la Primera Sala de la SCJN además emitió la Jurisprudencia 43/2015 que será de observancia obligatoria para todos los impartidores de justicia en el país. Ésta determina que “pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”. Tal distinción, advierte, “es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso”. La finalidad del matrimonio, destaca, no es la procreación. Por tanto, advierte que cualquier entidad que defina el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

De 2009 a la fecha, el matrimonio igualitario ha sido avalado en Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también lo han reconocido para la plena igualdad de trato y de oportunidades de las y los derechohabientes, sus familiares y cónyuges.

No obstante, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Legislatura mexiquense indicó que por el momento no existen los acuerdos para avalar la propuesta por unanimidad en el Congreso mexiquense. El priista justificó que para el análisis y aprobación de la iniciativa, es necesario tomar en cuenta elementos como la protección al infante, el concubinato, los derechos individuales en la pareja, y la postura de organizaciones civiles y religiosas. “Además de no haber consenso de todas las fracciones parlamentarias del Congreso mexiquense, hay organizaciones tanto civiles como religiosas que manifiestan su no aceptación a que sea aprobada la reforma por la que se permite la unión entre personas del mismo sexo. El mismo clero y algunas agrupaciones están en desacuerdo”, indicó.

A pesar de que la Comunidad Lésbico Gay, Bisexual y Transexual de Toluca (LGBT) ha urgido en distintos momentos la aprobación de la iniciativa, Arana Castro le solicitó paciencia. “Mientras no exista un acuerdo en todos los sectores, seguirá sin ser aprobada”, insistió, tras destacar que todos se han pronunciado por la necesidad de que sobre el tema se legisle con cuidado. “Requiere un análisis muy profundo y responsable para que al rato no se tenga que estar parche y parche otros ordenamientos legales que velan por los intereses y derechos de otras personas”, arguyó. Lo que se quiere evitar con tantas precauciones, aseguró, es que se legisle al vapor o sobre las rodillas, “porque si fuera por interés político-electoral, ya hubiera salido”.

Foto: AP / Alex Cossio

Fuente Proceso

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Diana Sánchez Barrios es la primera precandidata transexual que busca ser jefa delegacional en el Distrito Federal, una entidad mexicana en la que asegura que la ciudadanía “está más que lista” para que la gobierne una mujer como ella.

“La ciudadanía está más que lista y preparada para tener una mujer transexual gobernando la delegación Cuauhtémoc”, dijo la precandidata por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La política asegura que llega fortalecida a la campaña después de ver frustrada su precandidatura a las elecciones de diputados federales en 2012, cuando quedó fuera de la competencia por determinación del PRD. “Hace aproximadamente tres meses el PRD hizo planillas para consejero nacional, estatal, delegacional, municipal, y fui la segunda fuerza en esta delegación; la gente está preparada, cree en Diana Sánchez Barrios”, afirmó.

Sánchez se ha hecho conocer en su ciudad natal por promover libertades para la comunidad LGTB, entre ellas la eliminación del juicio por el que tienen que pasar las personas que precisan cambiar su sexo legal en la capital mexicana. Dicha eliminación fue avalada a finales del año pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y tiene pendiente un trámite administrativo para su aplicación.

En su nueva carrera por alcanzar un cargo público, la mujer compite con otros tres integrantes del PRD, entre ellos el diputado federal y exjefe de la delegación Cuauhtémoc, José Luis Muñoz Soria.

La competencia quedará definida a más tardar el 22 de febrero en un consejo electivo en el que Sánchez confía en que se hará con la candidatura por las encuestas que la favorecen.

“Espero que ahora sí sea la oportunidad y que se basen en las encuestas porque soy una mujer que ha hecho mucho trabajo en esta delegación Cuauhtémoc”, afirmó la precandidata, quien actualmente ejerce el cargo de presidenta de la mesa directiva del consejo político del PRD en la Cuauhtémoc.

La zancadilla que le puso su partido a su aspiración en 2012 no fue motivo suficiente para que Sánchez se apartara de la principal fuerza de izquierda de México, que ha visto empañada su imagen a raíz de la desaparición en septiembre pasado de 43 estudiantes en la sureña localidad de Iguala, Guerrero, donde gobernaba la colectividad.

Sánchez es consciente de que este hecho afectará a su partido en los comicios del próximo 7 de junio, en que los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los Gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales, pero pidió a sus conciudadanos un voto de confianza por las personas honestas que militan en el PRD. “No nos podemos engañar; lo que pasó en Iguala fue terrible. Tenemos una gran indignación, pero los ciudadanos deben saber que no toda la gente que estamos dentro del parido somos así”, indicó.

Aunque apenas en 2012 se lanzó oficialmente a la política con su precandidatura como diputada federal, por las venas de Sánchez corre sangre política, heredada de su madre María Alejandra Barrios Richard, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en representación de los vendedores ambulantes. Pero no heredó de su madre la filiación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que hace oposición: “Somos una familia muy plural y respetuosa. A veces yo no estoy en favor de las formas de gobernar del PRI, y sin embargo hemos sabido caminar sin mezclar este asunto”, afirmó la mujer, quien inició la transformación de su cuerpo a los 16 años.

Los programas bandera de la precandidata son la mejoría de la seguridad en la delegación y el aumento del número de mujeres en la Administración delegacional: “El 50 % del padrón electoral en la delegación Cuauhtémoc somos mujeres; por eso es importante su inclusión”, afirmó.

De su programa tampoco está ausente la comunidad LGTB, de la que afirma que trabajará por ampliar su agenda de derechos: “Uno de los temas es la salud, porque la población trans nos hormonizamos sin consulta de ningún especialista y esto representa riesgos para la salud”, afirmó.

En su programa de Gobierno Sánchez también apuesta por un modelo trimestral de fiscalización del uso de recursos públicos en que se involucre la sociedad civil, y la creación de más espacios verdes y estacionamientos especiales para bicicletas y motocicletas particulares. “Soy una mujer que no va a trabajar en el escritorio, a puerta cerrada; voy a salir a las 33 colonias de nuestra delegación Cuauhtémoc todas las veces que sean necesarias para ver las necesidades de la gente”, puntualizó.

Fuente Cáscara amarga

General, Historia LGTBI Ariadna Montiel, Cuauhtémoc, Diana Sánchez Barrios, José Luis Muñoz Soria, María Alejandra Barrios Richard, México, PRI, Víctor Hugo Lobo