Si hace unos días hablábamos del asesinato de tres activistas LGTBI, las últimas noticias que nos llegan desde México no son menos atroces…

Este miércoles fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas una mujer transgénero centroamericana que se dedicaba al trabajo sexual y al activismo a favor de la diversidad sexual. Nataly Briyth Sánchez, quien era originaria de Cuyamel, Puerto Cortés, Honduras, llevaba varios años viviendo en la capital del estado huyendo de la violencia de la que era objeto en su país de origen por parte de las pandillas criminales.

En su estancia en el estado, Nataly rentaba una habitación en la avenida 3ª Poniente Norte, Número 662, en el centro de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar la joven mujer transgénero recibió este miércoles a uno de sus clientes, mismo que la atacó hasta asesinarla.

La mujer que le rentaba el cuarto a Nataly fue la encargada de reportar su agresión a la policía, pues escucho gritos provenientes de su habitación. La policía arribó al lugar de los hechos y pudo atrapar al agresor, ya que este se quedó encerrado en el cuarto, pues antes de ser agredida la mujer transgénero puso llave a la puerta por seguridad.

En un comunicado, la organización civil Diana Sacayán se exigió a las autoridades de la entidad que se castigue al responsable del asesinato: “El homicida fue capturado en flagrancia y está confeso, por lo que no hay nada más que investigar”.

De acuerdo con información difundida por la organización civil, en lo que va del año llevan contabilizados 5 asesinatos en contra de mujeres transgénero en el país; por lo que la asociación exhortó a los defensores de derechos humanos a alzar la voz para que el asesinato de la mujer transgénero centroamericana no quede impune.

“Nosotras no somos animales, nosotras necesitamos que el gobierno haga algo porque nos están matando como a un animal, sin derecho. Van cinco chicas trans que han asesinado en lo va del año. Queremos que no vayan a soltar a esa persona ya que puede pasar lo mismo con el caso de la chica comiteca, Itzel que por no tener pruebas suficientes lo dejaron en libertad”, denunció Fanny, presidenta de la asociación.

Asimismo, ese fin de semana una mujer transgénero que se dedica al trabajo sexual fue agredida a puñaladas por un hombre que la intercepto en las calles de Monterrey mientras ejercía su trabajo, el agresor escapó y la mujer fue enviada a un hospital donde se reportó estable.

A este suceso, desgraciadamente, se suma también el asesinato de una mujer trans en el Estado de Colima. El cuerpo de la mujer se encontraba atado de manos y presentaba signos de haber sufrido tortura. En cualquier caso, las autoridades no han aclarado si contaba con heridas de bala, aunque sí se sabe que su rostro habría sido repetidamente golpeado.

El hallazgo se realizó en la carretera libre a Armería-Manzanillo a la altura de la colonia Sagrado Corazón. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil que motivo el asesinato. Las autoridades no informaron si el cuerpo presenta heridas de bala, pero se pudo constatar que el cuerpo presentaba golpes en el rostro.

El lugar fue acordonado por elementos policiacos y a él arribó personal de servicios periciales con el fin de iniciar una investigación para determinar la identidad de la mujer asesinada así como las razones y los responsables de este crimen.

Este es uno de los crímenes de odio en contra de personas LGBT que acontecieron este fin de semana. Este domingo fueron asesinados tres activistas abiertamente homosexuales que defendían los derechos de las personas LGBT en el estado de Guerrero. De acuerdo Orlando Pastor, activista LGBT de Chilpancingo, los hombres fueron privados de su libertad por un grupo armado, asesinados y abandonados en las calles de Taxco, municipio del que eran originarios.

Con este último crimen, al menos van nueve mujeres trans asesinadas entre abril y junio en los Estados de Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y la última de Colima.

Este mismo año, recogíamos en marzo los asesinatos de un estudiante gay y de una activista lesbiana. Isaac Luna García, un universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), era identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. También nos hacíamos eco de los comentarios de odio contra otro estudiante homosexual fallecido y la agresión a una pareja estadounidense de hombres por ir cogidos de la mano.

Según datos del informe Violencia, Impunidad y Prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017, publicado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de enero de 2013 a diciembre de 2017 se registraron como mínimo 381 crímenes de odio en contra de personas LGBT en el país.

LGTBfobia y las elecciones federales de México

En este clima de inseguridad para el colectivo LGTB (entre otros), muy castigado por la violencia y el fanatismo, el país celebrará el próximo 1 de julio elecciones federales, sin que ninguno de los principales candidatos haya expresado un compromiso firme y claro en defensa de los derechos plenamente igualitarios.

Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) «demandamos investigar el asesinato de estos jóvenes más allá de la idea de que se trata de un hecho más dentro de la ola de violencia que azota a varias regiones del país. Las autoridades deben tomar en cuenta los estereotipos negativos que pesan sobre las personas no heterosexuales y que muchas veces provocan homicidios». El PRD concurrirá a las elecciones dentro de la coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, un candidato con un perfil bajo en relación al compromiso con el colectivo LGTB.

Fuente Proceso/Colima Noticias/ Desastre.mx/Dosmanznas.

Imagen tomada de Association of World Citizens.

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La futura Constitución de Ciudad de México recogerá forma expresa tanto la no discriminación de las personas LGTB como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias LGTB bajo cualquiera de sus formas. Se trata de una magnífica noticia, tanto por sus efectos jurídicos (aunque el Distrito Federal de México, ahora oficialmente Ciudad de México, ya aprobó en 2009 el matrimonio igualitario) como sobre todo por su valor simbólico, al tratarse de la primera norma constitucional del mundo que incluye un pronunciamiento inclusivo tan explícito.

Una explicación política previa: el viejo Distrito Federal dejó de existir oficialmente hace un año para pasar a convertirse en Ciudad de México, una entidad federativa equivalente al resto de 31 estados mexicanos. Ciudad de México, pese a seguir siendo la capital del país, ha pasado a ser el número 32 de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los cambios que ello conlleva está la redacción de una Constitución estatal, obra que en este momento está llevando a cabo una asamblea constituyente de 100 miembros que está ya próxima a finalizar su labor.

Pues bien, entre los artículos que ya ha sido aprobados destacan dos que tienen mucho que ver con la realidad LGTB. El artículo 9 C, aprobado en la sesión del pasado 22 de diciembre y referido a la igualdad y no discriminación, establece por ejemplo que:

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la situación migratoria, las condiciones de salud, embarazo, la religión, las opiniones, la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, el estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.

El artículo 11 E, referido a los derechos sexuales y aprobado en la sesión del 4 de enero, establece que:

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

Pero es el artículo 16, bautizado como “ciudad incluyente”, aprobado en las sesiones que han tenido lugar esta misma semana, el que más agradablemente nos ha sorprendido, al incluir expresamente un apartado, el H, dedicado de forma específica a los derechos de las personas LGBTTTI. Su redacción es la siguiente:

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación.
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

La redacción final de este último artículo fue propuesta por Lol Kin Castañeda, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y activista LGTB, siendo aprobada por 68 votos y 11 en contra.

Ciudad de México, la adelantada de América Latina

México D.F. fue, de hecho, el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.

La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y de hecho en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Pese a todo, el Congreso de México decidía hace pocas semanas bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana, a la que suponemos no gustará demasiado el texto de la nueva Constitución de la capital del país.

Confíemos en que el proceso de aprobación de la Constitución, previsto para finales de este mes de enero, llegue a buen puerto. En este sentido, los artículos ya aprobados deben ser revisados todavía por la denominada Conferencia de Armonización, constituida por la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente y los presidentes de las juntas de las comisiones legislativas, cuya función, en principio, debería ser únicamente la de asegurar la coherencia jurídica del texto. Estaremos atentos…

General, Historia LGTBI Ciudad de México, Enrique Peña Nieto, Familia, Homoparentalidad, Lol Kin Castañeda, México, PRD, Suprema Corte de Justicia de México

Una comisión de diputados mexicanos ha votado en contra de la propuesta del lanzada por el presidente del país, Enrique Peña Nieto, que buscaba extender las uniones del mismo sexo desde determinadas regiones mexicanas a todo el territorio del país. Enrique Peña Nieto estaba más que ufano al presentar la iniciativa en mayo pasado que incluía una reforma constitucional para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país mexicano, una iniciativa que desató enormes manifestaciones a favor y en contra. Sin embargo, las presiones de la Iglesia Católica mexicana y el peso de la tradición han transformado la alegría en tristeza. La propuesta que pretendía extender el matrimonio igualitario en todo el país azteca ha sido rechazada por legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja con diecinueve votos en contra, ocho a favor y una abstención.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México ha rechazado, por 19 votos contra 8 (y una abstención) la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para hacer extensivo a todo el territorio mexicano el matrimonio igualitario, aprobado ya en algunos estados y posible de facto en todo el país por vía judicial. La noticia supone un triunfo para el sector más conservador de la sociedad mexicana, y muy especialmente para la Iglesia católica, que se ha empleado a fondo para agitar el sentimiento homófobo de una parte de la sociedad mexicana. Por el momento, el avance de la igualdad seguirá dependiendo de los tribunales de justicia.

El pasado mes de mayo, Enrique Peña Nieto hacía público el compromiso de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. México, recordemos, es un país federal, en el cual cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. En este sentido, son varios los territorios  que han aprobado el matrimonio igualitario (el primero fue el Distrito federal, allá por 2009). La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima  tuvo lugar apenas unos días después de que hicieran lo propio los estados de Michoacán y de Morelos, y solo un par de semanas después de que lo hiciera el estado de Campeche. Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer..  Pero es que, además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Es por eso que, cinco años después de que el Distrito Federal lo aprobase, y después de toda una cascada judicial de fallos favorables, Peña Nieto decidía este año que había llegado la hora de que la legislación se armonizase, de acuerdo a las directrices de la Suprema Corte, y que Constitución y leyes federales reconociesen expresamente el matrimonio igualitario en todo el país. Un movimiento que despertó, casi de forma inmediata, las iras de la Iglesia católica mexicana, que, pese a haberse opuesto estado a estado al avance de los derechos LGTB, no había conseguido, en un país socialmente muy conservador pero de tradición política laica, cristalizar un movimiento homófobo organizado. La oposición al matrimonio igualitario acabó cristalizando, de hecho, en un movimiento que reproducía el modelo que ya se ensayó en España en 2005 (más torpemente) o en Francia en 2012-2013 (con bastante más éxito, aunque no consiguiese paralizar la aprobación del matrimonio igualitario): un movimiento “civil”, supuestamente al margen de la Iglesia católica, que en lugar de utilizar argumentos religiosos dice ser un movimiento transversal en defensa de la familia. En México, en concreto, la principal demanda de este “Frente Nacional por la Familia” es la modificación de la Constitución mexicana para proteger “a la familia” y “a los niños”.

Un movimiento que en efecto fue capaz de promover manifestaciones multitudinarias, avaladas desde el propio Vaticano por el papa Francisco pese a que supuestamente este está empeñado en recortar la influencia de Norberto Rivera, cardenal primado y arzobispo de México, precisamente uno de los principales promotores de la campaña contra el matrimonio igualitario. Rivera, conocido opositor a los derechos LGTB, es un personaje especialmente siniestro e incómodo para Francisco. Fue acusado en su momento de encubrir varios casos de abusos sexuales a menores por parte del sacerdote Nicolás Aguilar, además de haber sido uno de los grandes protectores de Marcel Maciel (el fundador de los Legionarios de Cristo, otro personaje despreciable, ya fallecido, acusado también de múltiples abusos sexuales). Ello no le ha impedido liderar de forma muy ostensible la ofensiva contra Enrique Peña Nieto por su voluntad de afianzar el matrimonio igualitario sin que el Vaticano le haya censurado por ello.

Triunfo de los homófobos en la Cámara de Diputados

Lo cierto es que el clima homófobo generado estos últimos meses se ha visto reflejado en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha bloqueado el plan de Peña Nieto por 19 votos contra 8. Contra el matrimonio igualitario se han pronunciado todos los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, precisamente el partido del presidente), menos Benjamín Medrano (abiertamente gay) e Ivonne Ortega; además de los del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. Votaron a favor los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El único representante del Movimiento Ciudadano decidió abstenerse. Los argumentos para oponerse variaron entre los que aseguraban que este tema debía seguir siendo competencia de los estados y los que abiertamente consideraron que el matrimonio es solo “entre un hombre y una mujer”.

Edgar Castillo Martínez, secretario de la comisión, dijo que el resultado significa que el asunto está “total y definitivamente concluido”, de acuerdo con un sumario difundido en línea por la Cámara de Diputados.

Legisladores de los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y algunos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se expresaron en favor de la reforma pues consideraron que era “compromiso democrático con el avance de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación”.

Legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Encuentro Social, Nueva Alianza y algunos del PRI consideraron que corresponde a cada entidad federativa legislar en materia civil, por lo que no era necesaria una reforma constitucional. Argumentaron que la autonomía de los estados “iría en detrimento” y que la iniciativa presidencial presentó “inconsistencias jurídicas”.

Movimiento Ciudadano se abstuvo al asegurar que su bancada estaba dividida y “no se daría paso a imposiciones”, por lo que de esta forma se respetaba la opinión de cada uno de sus miembros.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Guadalupe Acosta, del PRD, retomaba en sus términos la iniciativa presidencial sobre matrimonio igualitario al considerar que reconocía la dignidad humana y respetaba los derechos de las personas.

El diputado Agustín Basave, del PRD, aseguró que su motivación principal para sustentar el voto favorable “es la no discriminación”, que dijo “tiene que ver efectivamente con el artículo primero de la Constitución”. “Yo quiero decirles que yo soy católico, y a mucha honra, pero también creo en la separación Estado-Iglesias y este me parece el caso paradigmático de esa separación”, expuso.

La legisladora Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la medida había sido bloqueada debido a maquinaciones políticas. “Una reforma de la que deberíamos sentirnos orgullosos”, afirmó Acosta, de acuerdo con la transcripción. “Porque los derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y reconocen, y es el Congreso quien debería tutelarlos”.

Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde –aliado con el PRI–, dijo que estaba votando contra la medida debido a conflictos constitucionales y porque el matrimonio está gobernado por los códigos civiles de los estados. “¿Cómo se va a desarrollar la familia si la exposición de motivos dice que la procreación no es un elemento decisivo del matrimonio?”, se preguntó.

Por su parte, el Movimiento por la Igualdad en México, grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil y activistas LGTB, expuso en un comunicado que “los diputados que votaron contra la igualdad, habrán de rendir cuentas ante la historia, cuyo juicio es implacable con quienes han sido enemigos de los derechos humanos”. Asimismo, señaló que “en el porvenir habrá de mirar a quienes hoy votaron contra, con el mismo reclamo que pesa sobre quienes protagonizaron acontecimientos históricos que humillaron a otros grupos marginados”.

El nuevo nuncio apostólico en México, el italiano Franco Coppola, dijo el que el tema del matrimonio homosexual no debe confrontar a México sino provocar un diálogo para “encontrar la solución más apta para este país”. “No creo que sea bueno para el país confrontarse, ir a una lucha, hacer una cuenta para ver cuantos están en favor y cuantos en contra”, dijo Coppola en conferencia de prensa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El religioso señaló que el tema ha generado un debate que ha dejado en claro que hay personas que no se sienten apreciadas y que no sienten que gozan de todos los derechos. “Es una magnífica oportunidad para practicar el diálogo. Intercambiar insultos o prejuicios no sirve de nada y hay que entenderse”, abundó.

En definitiva, la situación queda como estaba hasta ahora: múltiples sentencias favorables al matrimonio igualitario, que de facto suponen una “legalización” del mismo aunque en algunos estados sigue siendo necesario recurrir judicialmente cada caso, y varios estados (junto al Distrito Federal) que además lo han aprobado por vía legislativa. A partir de ahora habrá que ver si la ofensiva homófoba sigue adelante, hasta el punto de conseguir de la clase política mexicana una reforma constitucional que prohíba expresamente el matrimonio igualitario (una opción que parece complicada), y estar atentos a cómo siguen produciéndose sentencias judiciales que faciliten cada vez más a las parejas del mismo sexo casarse en todo el territorio mexicano aunque por el momento no exista una normativa nacional al respecto.

Este revés legislativo es una noticia que ha teñido de luto al colectivo LGTB mexicano. Y es que el país centroamericano ha intentado cambiar las políticas y crear una red LGTBfriendly pero los números no engañan: Ciudad de México es la localidad más violenta en agresiones al colectivo, ya que la asociación civil Letra S ha documentado 1.310 asesinatos de odio hacia la población LGTB.

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Convocadas por el Frente Nacional por la Familia, miles de personas se manifiestan en distintos puntos de México contra el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas LGTB. Políticos y activistas advierten del peligro de este tipo de manifestaciones que alimentan el odio y la homofobia.

Católicos, metodistas, adventistas y mormones se han sumado a la convocatoria del Frente Nacional por la Familia, saliendo a las calles de los 31 estados de México el sábado, 10 de septiembre, en protesta contra la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para legalizar el matrimonio homosexual.

«Viva la familia a ejemplo de la Virgen María, el Niño Jesús y San José» o «Papá + Mamá = Familia Feliz» son algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que portaban los cerca de 3000 manifestantes de Puebla, mayoritariamente vestidos de blanco y portando globos de color, rosa, azul y blanco. En Veracruz, algunos de los 5000 manifestantes, llegaron a enfrentarse verbalmente a un grupo LGTB que se manifestaba por el respeto a las minorías, el estado laico y el matrimonio igualitario.

Recrudecimiento de la homofobia en México

La homofobia se ha recrudecido en el país norteamericano tras el anuncio de legalización del matrimonio igualitario en todo el país «para que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación por motivos étnico, nacional, discapacidad, condición social, religión, género o preferencias sexuales», según afirmaba el presidente mexicano, sólo un mes después de que la Corte Suprema de Justicia determinara que prohibir el matrimonio igualitario sería inconstitucional.

Sus detractores no han tardado en señalar que se trata de una estrategia política para alinearse con la «agenda homosexual», cuya consecuencia inmediata sería abrir las puertas a la adopción de niños, algo que el Partido Acción Nacional (PAN) no está dispuesto a admitir. Irónicamente, México es un país pionero en Latinoamérica en derechos del colectivo LGTB, tras aprobar en 2007 las uniones civiles de personas del mismo sexo y el matrimonio igualitario en 2009, salvo que este último sólo es reconocido en tres estados mexicanos.

La homofobia a terminado con la vida de hasta 26 personas en lo que va de año en México según la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, mientras que el año pasado se contabilizaron 44 y 72 el año anterior.

¿Quién está detrás de estas movilizaciones?

Investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Gloria Careaga Pérez advierte que el Frente Nacional por la Familia no es un movimiento popular, tal y como se vende, sino que se trata de «un movimiento impulsado desde el púlpito, los grandes empresarios y algunas escuelas privadas. Es fuerte en Jalisco y en estados cercanos como Guanajuato, Aguascalientes y Colima», agregando que la propia Iglesia Católica está dividida entre los que están a favor y en contra.

Asimismo, advierte que más que un movimiento ciudadano, se parece más una campaña política en la línea de Donald Trump, a través de la que «jalan a los grupos más conservadores, toman posiciones peligrosas que pueden derivar en acciones desordenadas, y algunos grupos —en el primer caso varias organizaciones católicas, y en el segundo fracciones del Partido Republicano— se escinden de su posición», recordando que Peña Nieto tan sólo se ha limitado a «facilitar un proceso ya legitimado».

Alimentando el odio en lugar del amor

«Los discursos de odio e intolerancia desencadenan crímenes de odio, especialmente en México, que ocupa el segundo lugar mundial en materia de crímenes de odio por homofobia, con mil 218 casos en la última década», advierte Angélica de la Peña Gómez, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la omisión de Derechos Humanos del Senado, añadiendo que el Frente Nacional por la Familia se ha dedicado a esparcir «falsedades para generar temor y animadversión contra la comunidad LGTB (…). La insensatez de grupos ultraconservadores es tal que acusan al gobierno de pretender quitar la patria potestad a los padres de familia para que no puedan oponerse a la ideología de género».

¿Qué dicen ellos?

Antiguo diputado federal y antiguo regidor de Naucalpan por el PAN, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, portavoz del Frente Nacional por la Familia en su ciudad, niega que la movilización tenga motivos políticos o religiosos, señalando a padres de familia y asociaciones «a favor de la familia y el matrimonio» como los impulsores de las marchas.

Una familia de cuatro miembros, padre, madre, hijo e hija, han sido los encargados de leer un discurso en nombre del Frente Nacional por la Familia en el que aseguran que no buscan «ofender a nadie, respetamos la dignidad de toda persona, independientemente de su forma de vivir y convivir, porque sabemos que ante todo somos seres humanos y hay un abrazo fundamental que nos hermana», sólo que lo no quieren es que las personas homosexuales puedan compartir su vida de forma legal, teniendo los mismos derechos que las parejas heterosexuales que deciden legalizar su unión, ni mucho menos que puedan adoptar niños y niñas desamparados, bien porque se han quedado huérfanos, bien porque hayan sido abandonados por las familias heterosexuales que no se podían o querían hacer cargo de ellos. El Frente Nacional por la Familia tiene previsto realizar una Gran Marcha Nacional el 24 de septiembre en Ciudad de México.

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Fuente Universogay

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En el interior del lugar murieron dos jóvenes y en el exterior otros dos cuyos cuerpos han quedado tendidos en la vía publica.

Masacre en el bar gay ‘Madame’ de Xalapa, México

Terrible masacre la ocurrida en la madrugada del domingo en el bar Madame, un local de ambiente LGTB de Xalapa, en el estado mexicano de Veracruz. Hasta el momento cinco personas han perdido la vida después de que un grupo de individuos se introdujera en el local y la emprendiera a balazos.

El estado mexicano de Veracruz ha vivido la pasada semana una acción violenta al ocurrir un ataque a un centro nocturno frecuentado por homosexuales y un tiroteo entre bandas criminales en un bar, que dejaron cinco muertos y siete heridos. Informes policiales han revelado que el ataque al establecimiento ocurrido en la ciudad de Xalapa, capital del estado, se ha saldado con cuatro muertos y siete heridos.

Los informes dan cuenta de un comando armado que ingresó al local Madame, ubicado en una de las principales vías de la ciudad, la Avenida Lázaro Cárdenas de la ciudad, vía que también comunica el centro del país con el Puerto de Veracruz, en el Golfo de México.

En el interior del lugar han fallecido dos jóvenes y en el exterior otros dos cuyos cuerpos han quedado tendidos en la vía publica. Los cuerpos de rescate y auxilio han atendido a siete personas más, entre ellas un menor de edad, con lesiones por arma de fuego, que han sido trasladadas a diferentes hospitales de la localidad.

Inicialmente se reportó que eran cuatro las víctimas mortales y catorce los heridos, pero en las últimas horas uno de estos ha fallecido. Los asaltantes, según las últimas informaciones, eran cuatro. Llegaron en una furgoneta negra y en una motocicleta, armados y encapuchados. Las imágenes de las cámaras de vigilancia ya están en manos de las autoridades de Veracruz. La masacre, de hecho, pudo haber sido mucho mayor: se calcula que en el interior del local se encontraban unas 180 personas en el momento de ataque.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y del grupo policial de elite Fuerza Civil llegaron al lugar de los hechos e iniciaron una operación para tratar de dar con los atacantes. Durante horas se activaron protocolos especiales de seguridad que incluyeron retenes para ubicar a los responsables, sin que tuvieran éxito.

Según el Fiscal General de Veracruz, todo apunta a que la matanza (cuyas imágenes son desde luego terribles) no tuvo propiamente un carácter homófobo, sino que más probablemente se trató de un ataque motivado por un ajuste de cuentas entre narcotraficantes locales. De hecho, la masacre pudo haber sido mucho mayor: se calcula que en el interior del local se encontraban en ese momento unas 180 personas (algunas fuentes hablan incluso de más). Se espera que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ayuden a identificar a los autores.

En cualquier caso, los antecedentes de falta de transparencia de las autoridades policiales mexicanas y la tendencia a minimizar el componente de LGTBfobia que impregna a numerosas agresiones hace imposible descartar por el momento ninguna hipótesis. En este sentido, destaca el hecho de que la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD) haya demandado el pronto esclarecimiento de lo sucedido, así como la implicación de las autoridades federales y que se tenga en cuenta el protocolo internacional de crímenes de odio por homofobia.

Fuente Agencias/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Bar Madame, Delitos de Odio, Madame, México, PRD, Veracruz, Xalapa

El estado mexicano de Campeche ha aprobado, por aplastante mayoría de su Congreso local (34 votos a favor de 35 posibles, solo uno en contra) la reforma de su Código Civil para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata del quinto territorio mexicano (noveno, de facto) con matrimonio igualitario, si bien por vía judicial las bodas son posibles ya en todo el país.

Votaron a favor del matrimonio igualitario (después de la correspondiente tramitación parlamentaria y a petición del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para armonizar el Código Civil local con la jurisprudencia federal) casi todos los diputados del Congreso de Campeche, incluyendo los representantes de los tres principales partidos mexicanos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). También votaron a favor los diputados del Partido Verde Ecologista y del Partido Nueva Alianza. De los tres representantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), dos votaron a favor y solo una, Adriana Avilez, votó en contra, aduciendo principios morales personales. El suyo fue el único voto que impidió que la decisión fuera unánime.

Antes de Campeche, estado situado en la península de Yucatán, solo tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (desde 2009), el norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (en diciembre de 2015). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también era ya posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

El pasado mes de enero, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó invalidar el artículo del Código Civil del estado de Jalisco que establecía que el matrimonio solo era válido si era contraído entre un hombre y una mujer, abriendo además la puerta a que estos matrimonios pudiesen celebrarse sin necesidad de un amparo judicial previo.

Un escenario judicial favorable

En Campeche, conviene precisar, ya se habían celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial, como por otra parte ya ha sucedido en la inmensa mayoría de los estados mexicanos. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la SCJN que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se han reproducido luego en amparos a parejas de numerosos estados. En dos de ellos, Chihuahua y Guerrero, los propios gobiernos estatales decidieron hace meses, como consecuencia de estas sentencias, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se haya aprobado una ley de matrimonio igualitario. Un tercer estado, Sonora, acaba también de levantar las restricciones: hace pocos días la directora de su Registro Civil anunciaba que las parejas del mismo sexo ya no tendrán que solicitar ningún amparo judicial para contraer matrimonio. Chihuahua, Guerrero y Sonora, además del mencionado Jalisco, pueden considerarse de facto parte de la lista de territorios en los cuales es posible el matrimonio igualitario sin aparentes restricciones.

Toda una cascada judicial que en 2015 recibió un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado cuyas leyes locales no contemplen el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y, lo que es quizá más importante, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

Oposición católica y evangélica

El avance del matrimonio igualitario en México no se está produciendo, precisamente, sin resistencias tanto de la Iglesia católica como de los grupos evangélicos, como demostraron las protestas que tuvieron lugar frente al Congreso de Campeche coincidiendo con la aprobación de su ley de matrimonio igualitario (“arderán en el infierno”, amenazaron los congregados a los diputados locales).

Afortunadamente, no son pocos los políticos mexicanos, incluso de ideas conservadoras, que se mantienen leales a una tradición laica que parece aguantar mejor en México que en otros lugares de América Latina en los que la frontera entre la política y las confesiones religiosas tiende a debilitarse (muy especialmente ante la pujanza que el movimiento evangélico está adquiriendo en la región).

Fuente Dosmanzanas

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Los derechos LGTB han sufrido un duro golpe en Europa, pero avanzan en América Latina. Mientras un referéndum anulaba la ley de matrimonio igualitario aprobada en Eslovenia, el estado mexicano de Nayarit la aprobaba por aplastante mayoría del Congreso local: 26 votos a favor, una abstención y solo un voto en contra. Nayarit es el cuarto territorio mexicano con matrimonio igualitario pleno, si bien por vía judicial las bodas son posibles ya en todo el país.

Votaron a favor del matrimonio igualitario casi todos los diputados del Congreso local, incluyendo los representantes de los tres principales partidos mexicanos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Acción Nacional (PAN), aunque una diputada de este último se abstuvo. El único voto en contra fue el de un diputado del Partido Verde Ecologista (una fuerza que pese a lo que su nombre defiende posiciones conservadoras en lo social). La iniciativa, que llevaba discutiéndose desde el 25 de junio en el Congreso de Nayarit, había partido del diputado del PRD Luis Manuel Hernández Escobedo y contó con el apoyo expreso del gobernador del estado, el priista Roberto Sandoval.

Antes de Nayarit, estado de la costa oeste del país, solo dos territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (desde 2009) y norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también era ya posible en el estado de Quintana Roo (en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Un escenario judicial favorable

En Nayarit ya se habían celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial, como por otra parte ya ha sucedido en la inmensa mayoría de los estados mexicanos. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se han reproducido luego en amparos a parejas de numerosos estados. En uno de ellos, Chihuahua, el propio gobierno decidía el pasado julio dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se aprobase una ley de matrimonio igualitario.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que hace pocos meses recibió un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide la extensión a todo el país

De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) acaba de emitir una recomendación oficial a los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos legislativos de todos los estados del país para que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar. “Este Organismo Nacional enfatiza que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección a la familia que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el cual puede ser el mismo, tanto para las parejas del mismo sexo como las heterosexuales. Solamente el Distrito Federal y Coahuila han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitir el matrimonio igualitario y, si bien es cierto que algunos gobiernos estatales han intentado regular el acceso a las parejas del mismo sexo a uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como ‘sociedad de convivencia’, ‘pacto civil de solidaridad’, ‘enlace conyugal’, resultan discriminatorias pues generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente”, expresa el citado organismo.

La CNDH también recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene ya en su jurisprudencia que no existe razón de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido.

Fuente Dosmanzanas

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Leemos en Dosmanzanas que un nuevo estado de México se sumará a la cada vez más larga lista de territorios de ese país en el que la justicia obliga a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En Michoacán, un juez federal ordenó la semana pasada que se celebre de forma inmediata la boda entre Alejandra Banderas y Claudia López, a las que el Registro Civil negó su solicitud de matrimonio dado a día de hoy el Código Civil del estado no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Michoacán sigue así los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró a finales de diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre (ya se ha celebrado de hecho una segunda, y en el momento en que se celebren cinco la jurisprudencia ya será firme). Pero las sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario se han ido sucediendo en muchos otros estados, como Baja California, Colima, Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa o Yucatán. En el caso de Oaxaca, sin duda la sentencia que marcó la tendencia, fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en diciembre de 2012 amparó de forma unánime a tres parejas, permitiendo que el primer matrimonio igualitario de ese estado se celebrara hace ahora un año.

Por el momento estos primeros amparos afectan solo a las parejas recurrentes, pero conforme se vayan acumulando y generando la suficiente jurisprudencia estado por estado el matrimonio igualitario será pronto un derecho que se podrá ejercer de forma extensa. La batalla judicial, además, apunta ya a la posible inconstitucionalidad de las leyes que limitan el matrimonio igualitario. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, la norma que prohíbe casarse a dos personas del mismo sexo será debatida por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a una decisión adoptada también la semana pasada. El alto tribunal puede emitir una sentencia de efecto limitado a las parejas recurrentes (como sucedió en Oaxaca) pero no se descarta una sentencia más genérica que abra el matrimonio a todas las parejas del mismo sexo del estado.

Un derecho que se extiende por todo México

No se trata de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo de México, ya que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace ya más de cuatro años, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en agosto de 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho iniciativas de aprobación de leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio en Colima o en octubre en Jalisco.

En este contexto no es de extrañar que grupo de senadores decidiera hace meses promover en el Senado mexicano una propuesta de modificación del Código Civil Federal (que convive con los códigos civiles de los diversos estados) para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. La propuesta partió del izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) y despertó adhesiones de senadores del PRI (Partido Revolucionario Institucional), gobernante a nivel federal.

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Leemos en Cáscara Amarga:

Luz de Aguilar. 13 Febrero 2014

Ricardo Hernández, comisionado de la diversidad sexual del Partido Revolución Democrática (PRD), exigió el esclarecimiento de las muertes y desapariciones de personas LGBT en el estado de Nayarit. México | #YoSoyBuga es la nueva campaña contra la discriminación por orientación sexual que ha puesto en marcha el comisionado de la diversidad sexual del PRD en Nayarit.

En una entrevista a la agencia Notimex, el comisionado dijo que desde 2012 se han contabilizado 24 muertes y desapariciones de personas homosexuales y transgénero, principalmente en Tepic y en Bahía de Banderas.

Por estos hechos ocurridos en el estado de Nayarit, se ha preparado una campaña llamada #YoSoyBuga con la intención de concienciar a todas las personas sobre el respeto a la diversidad sexual “tenemos un mes de pláticas en Cetis 100 y en otras escuelas sobre bullying por homofofia, un concurso de fotografía y otras actividades” dijo el comisionado.

Por último reclamó la desatención de las autoridades locales a la resolución de los casos por lo que se han dirigido a la Comisión Nacional de Defensa de los Defensa de los Derechos Humanos (CNDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

General, Homofobia/ Transfobia. #YoSoyBuga, Bahía de Banderas, CIDH, CNDH, epic, México, Nayarit, PRD, Ricardo Hernández

Se celebrarán ‘bodas simbólicas‘ en la localidad mexicana de Guadalajara

Informa Dosmanzanas de este nuevo paso hacia la igualdad legal de las familias LGTB en México. El Congreso de Coahuila, al norte del país, ha eliminado las restricciones legales a la adopción de hijos por parejas del mismo sexo, dando así cumplimiento a la orden que el Tribunal Superior de Justicia de ese estado dio ya hace más de dos años. Coahuila se convierte en la segunda entidad del país, tras el Distrito Federal, en permitir un proceso cuya validez legal a nivel federal ya fue reconocida en 2010 por la Suprema Corte de Justicia de México.

En concreto, el Congreso de Coahuila ha derogado el artículo 385-7 del Código Civil, que prohibía expresamente a las parejas del mismo sexo unidas civilmente adoptar en forma conjunta o individual, así como “compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro”. Coahuila, conviene precisar, dispone de una legislación de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Fue, de hecho, un estado pionero en reconocer derechos a las personas LGTB. El Congreso también ha reformado varias disposiciones de otras leyes para eliminar cualquier tipo de rastro discriminatorio en materia de adopción.

La reforma ha sido aprobada con los votos de 15 de los 25 diputados de la legislatura estatal, entre ellos 12 de los 15 diputados del PRI (Partido Revolucionario Institucional), el partido que en la actualidad gobierna el estado. El PAN (Partido de Acción Nacional), principal fuerza de la oposición, votó en contra. En este punto, conviene recordar que fue precisamente la homofobia del PAN la que dio lugar a la actual modificación legal. A principios de 2007, la mayoría del PRI en el Congreso de Coahuila aprobó el Pacto Civil de Solidaridad, incluyendo el ahora derogado artículo 385-7. Los representantes del PAN, opuestos a la ley, la recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia. El tribunal falló que todos los artículos de la ley eran constitucionales excepto el que prohibía a las parejas del mismo sexo adoptar, que era discriminatorio.

México, en ruta hacia la igualdad legal

La noticia supone un paso más en el largo camino hacia la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo en México, un país del que continuamente nos llegan noticias de avances. No hace ni tres semanas que un juez federal fallaba a favor de una pareja gay del estado de Morelos que había recurrido la negativa a tramitar su solicitud su matrimonio, ordenando la celebración del mismo (prevista, en principio, para el 17 de mayo). Morelos se unirá ese día a la cada vez más amplia lista de estados mexicanos en los que ya se han celebrado bodas entre personas del mismo sexo (los dos últimos, Jalisco y Chihuahua, en ambos casos como consecuencia de dos amparos judiciales favorables).

Pero las sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario se están reproduciendo en muchos otros estados del país, como Baja California, Colima, Guanajuato, el estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa o Yucatán. En este último estado el Gobierno decidió no recurrir, y de hecho en agosto se celebró la primera boda, mientras que en el caso de Oaxaca fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en diciembre de 2012 amparó de forma unánime a tres parejas, permitiendo que el primer matrimonio igualitario de ese estado se celebrara hace menos de un año.

Por el momento estos primeros amparos afectan solo a las parejas recurrentes, pero conforme se vayan acumulando y generando la suficiente jurisprudencia en cada estado el matrimonio igualitario será pronto un derecho que se podrá ejercer de forma extensa. Un derecho que, recordemos, es ya una realidad plena en el Distrito Federal. En teoría también es posible ejercerlo en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como ya han denunciado ha denunciado el activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que se han aprobado leyes de unión civil al estilo de la vigente en Coahuila, como sucedió en julio en Colima o en octubre en Jalisco.

En este sentido, resulta revelador que un grupo de senadores haya decidido promover en el Senado mexicano una propuesta de modificación del Código Civil Federal (que convive con los códigos civiles de los diversos estados) para reconocer el matrimonio igualitario en todo el país. La propuesta ha partido del izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) pero también ha despertado adhesiones de senadores del PRI, gobernante a nivel federal.

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