Nacho Carratalá, Jorge Planells y Ana Penades. Estos son los nombres de los tres ediles del Partido Popular del municipio valenciano de Torrent que han votado a favor de una propuesta de Compromís en favor del colectivo LGTB.

La propuesta presentada por Compromís se formulaba para que, entre otros asuntos, se colocase la bandera del arcoíris en la fachada del ayuntamiento los días 17 de mayo y 28 de junio.

Los anteriormente mencionados votaron a favor de esta moción de Compromís que defendió Víctor Medina, mientras que el resto de su grupo parlamentario se abstenía. El voto de los tres concejales resultó ser toda una sorpresa en la sesión, generando asombro entre las filas del PP.

La proposición realizaba, además, un recordatorio de hechos históricos del siglo XX en los que hubo acciones públicas graves contra el colectivo LGTB. En la moción también se reconoce que “desde el fin de la dictadura, son muchos los hitos conseguidos por el colectivo LGTB pero la reparación de las víctimas de la represión franquista nunca llegó de forma efectiva y valiente por parte del Estado”.

En el mismo documento se incluye que, aunque la discriminación ha evolucionado hacia formas menos explícitas, la exclusión sigue dándose. “El ámbito escolar o el de las personas que no responden a los cánones heteropatriarcales occidentales son los espacios donde la LTGBfobia aún tiene cabida de una forma más evidente”, dice textualmente la moción, para señalar a colectivos aún más vulnerables como el de las personas con diversidad funcional o las inmigrantes, que sufren una doble exclusión, por su condición y por “amar o tener una forma de expresar o sentir su género”.

La problemática del sida también ha quedado registrada en el texto, denunciando la falta de campañas, la dejadez institucional para evitar y combatir la enfermedad, lo que genera “una grave escalada en contagios del virus especialmente en hombres que tienen sexo con otros hombres”.

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Ampliamos la noticia en la que, el pasado viernes,  hacíamos mención a este registro en el Congreso de los Diputados:

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba este jueves 4 de mayo, en el Congreso de los Diputados, una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTB. El proyecto cuenta a día de hoy con el apoyo expreso de todos los grandes partidos salvo el PP, hoy sin mayoría absoluta en el Congreso. Sobre el papel, la ley no debería tener problema para ser tramitada con celeridad y ser aprobada. Veremos qué sucede.

Solo unos pocos días después de que la FELGTB haya celebrado su 25º aniversario (nació oficialmente el 28 de abril de 1992), esta organización avanza hacia un nuevo hito con el registro en el Congreso de una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo ha hecho tras más de un año de trabajo en su elaboración y después de meses de negociaciones con los grupos políticos con representación parlamentaria.

La propuesta, que puedes descargar íntegramente en este enlace, fue sido registrada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con las firmas de toda la oposición, para acelerar la tramitación parlamentaria, por lo que el proyecto cuenta con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya fue presentado el pasado marzo en la Comisión de Igualdad por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

Sus líneas generales

La norma registrada es muy ambiciosa, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Mención especial merece el capítulo sancionador, que incluye multas que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar hasta los 45.000 euros, además de las suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de dos años, la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta dos años (de cinco, en caso de reincidencia o reiteración) o la inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos, por mencionar solo algunas otras posibles sanciones.

Un proyecto que debería ser aprobado sin grandes problemas

El proyecto debería ser aprobado sin problema, al contar con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y sus aliados, Ciudadanos y partidos nacionalistas. En la actual coyuntura política española, aunque el PP y sus satélites regionales se opusieran frontalmente, no disponen de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sí la tienen en el Senado, pero el Congreso puede levantar un hipotético veto de la Cámara alta.

Ahora bien, no está de más matizar que el Gobierno del PP sí tiene la capacidad de bloquear aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que ya los analistas han anticipado que Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso. Todo dependerá, en último término, de la voluntad política de Mariano Rajoy, y de a qué otorgue más peso el presidente del Gobierno: si al sector más ultraconservador de su partido (hoy en horas bajas ante la opinión pública, pero no por ello privado de poder e influencia) o al deseo de no verse implicado en polémicas que socaven la imagen “moderada” que con la ayuda de radios, prensa escrita y buena parte de las televisiones ha construido de sí mismo.

Tampoco debemos pasar por alto que una cosa es dar apoyo a la tramitación del proyecto y otra muy distinta apoyar al 100% la redacción propuesta por la FELGTB en todos y cada uno de sus apartados. La trampa, en este caso, podría venir de posibles juegos de alianzas entre varias fuerzas políticas (PP incluido) para introducir enmiendas que descafeinasen o rebajasen el alcance del proyecto. Estaremos muy atentos.

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La Oficina del Defensor del Menor de Andalucía archiva una queja contra la exposición fotográfica que conmemoraba el Orgullo LGTB en Sevilla porque no considera que vulnere ningún derecho de ningún menor.

Desde el ABC de Sevilla la denunciaron porque se mostraba a dos hombres “besándose con contundencia“. La misma exposición de la que un señor del PP de Sevilla (ese partido tan moderno y tan progre y tan a favor de la libertad sexual) se quejó porque aunque ellos defienden la libertad del colectivo LGTB creían que la exposición era ofensiva incluso para los gays que no se veían representados por estas fotos:

Pues resulta que además de todo eso un grupo de personas “disconformes” con el contenido de las fotos presentaron una queja ante el Defensor del Menor. No hace falta ser muy listo para imaginarte quiénes presentaron esa queja. Pues la oficina del Defensor del menor, dirigida por Jesús Maeztu, ha emitido un informe en el que deja claro que en esas fotografías no hay nada malo.

Explica el Defensor del menor que la muestra fotográfica está amparada por el artículo 20 de la Constitución que reconoce “el derecho a la libertad de expresión y de producción artística, científico o literaria“. Aunque añaden que ese derecho puede ser matizado si entra en conflicto con otros derechos (como el derecho al honor, a la propia imagen o la protección de los menores de edad), aclaran que estas fotos (que fueron elegidas por un grupo de reporteros gráficos que habían fotografiado una manifestación del Orgullo) no lesionan “los derechos presuntamente vulnerados“ que denunciaba el grupo de personas disconformes con las imágenes; como por ejemplo la integridad moral y psicológica de los menores.

Aún así, sea como sea, para la Oficina del Defensor las fotos no han “producido una infracción de derechos y/o libertades constitucionales que conduzcan a adoptar medidas“, por lo que han han archivado la queja.

Fuente | Andalucía Información, vía EstoyBailando

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El grupo popular en la Junta General del Principado de Asturias no ha querido apoyar una propuesta de declaración institucional de rechazo a la persecución de homosexuales en Chechenia. La negativa de los populares ha impedido que la declaración, que sí contaba con el respaldo de los demás grupos, pudiese ser leída al inicio de la sesión de este viernes.

Lo hemos sabido gracias a un comunicado del grupo parlamentario de Izquierda Unida Asturias. La propuesta, que segun Izquierda Unida había sido impulsada por las organizaciones LGTB de Asturias, solicitaba a las organizaciones internacionales que lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces sobre los informes de secuestros y asesinatos en la República de Chechenia, así como a garantizar que todas las personas halladas culpables o cómplices de estos delitos sean procesadas con arreglo a la legislación de la Federación Rusa. Como hemos venido informando, la persecución de homosexuales en Chechenia ha sido desvelada por el diario ruso Novaya Gazeta, y pese a que tanto las autoridades chechenas como rusas la niegan (cuando no la atribuyen directamente a una campaña de propaganda “occidental”) hay suficientes indicios como para considerar que lo está allí ocurriendo es muy grave.

La propuesta que los populares asturianos no han querido apoyar también reclamaba la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que puedan correr peligro en Chechenia debido a su orientación sexual, y así como la condena de los comentarios homófobos vertidos por las autoridades chechenas (comentarios que por cierto díficilmente pueden atribuirse a campaña internacional alguna). Y recordaba, finalmente, a las autoridades rusas y chechenas que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tienen la obligación de prohibir la discriminación y de investigar y enjuiciar los crímenes de odio, “que son la manifestación más aborrecible de la discriminación”.

La negativa de los populares asturianos, por desgracia, impidió que el Parlamento del Principado emitiese dicha declaración con carácter institucional, algo para lo que se necesita la unanimidad de los grupos.

Fuente Dosmanzanas

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Continuación de las barrabasadas de esta concejala…

“¿Y esta cosa con bigote de dónde ha salido? Qué hartazgo, por Dios”, rezaba el texto con el que la concejala del Partido Popular en Paiporta (Valencia), Amparo Ciscar, se refería en Facebook a Cassandra Vera, la joven tránsgenero condenada por la Audiencia Nacional por difundir en Twitter chistes sobre Carrero Blanco. “No sé qué hay de despectivo llamando Ramón a un señor que se llama Ramón. Su DNI da fe de ello? Y decir que tiene bigote, si lo tiene…”, se defendía después, una vez empezó a recibir los primeros reproches. Ciscar, representante del PP en el Consejo de la Mujer de Paiporta, acabó pidiendo disculpas tras la oleada de críticas.

El propio gobierno municipal de Paiporta consideró “muy graves” la afirmaciones de Ciscar, a la que pidió la retirada de los mensajes tránsfobos y una disculpa pública. Según expresó el equipo de gobierno, “las diferentes opciones sexuales e identidades de género tienen que contar con el respeto y la comprensión de todas y todos pero, especialmente, de los cargos políticos que ostentan una responsabilidad pública”. El gobierno municipal también lamentó la imagen que se ha dado “de una localidad que muy mayoritariamente es respetuosa con las diferentes opciones sexuales y las identidades de género, y se mantiene firme en su lucha por la igualdad y contra la homofobia y la discriminación de las personas transexuales”.

Pero las críticas a Ciscar llegaron incluso de su propio partido. El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Paiporta, Vicente Ibor, reclamó a su compañera que pidiera disculpas públicas por lo que consideró un “comentario desafortunado”. De hecho, Ciscar acabó por retirar de su perfil de Facebook los comentarios tránsfobos y dejar, en su lugar, la siguiente disculpa:

En relación a la polémica que ha tenido lugar, con motivo de mi comentario en FB, quiero hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, reconocer que ha sido un comentario realmente desafortunado, pero que en modo alguno mi intención ha sido ofender a nadie, y muchísimo menos por su condición sexual.

Quiero ante todo hacer constar, que no soy una persona homófoba.
Que respeto profundamente la diversidad y las diferentes maneras de vivir y de sentir de TODAS las personas.

Quienes me conocen, saben que mi actitud, tanto en mi vida política como personal, siempre se ha basado en el respeto y las buenas maneras.
Por eso creo que mis palabras se han malinterpretado, y algo que pretendía ser meramente anecdótico se ha convertido en ofensivo muy a mi pesar.

Por tanto, pido a Casandra que acepte mis disculpas, así como al colectivo LGBT y a cualquier persona a la que he podido ofender sin pretenderlo.
Gracias.

Lambda critica muy duramente al PP y pide la dimisión de Císcar

El colectivo valenciano Lambda ha reaccionado con firmeza ante la transfobia de Amparo Císcar. “Desde Lambda, entendemos que la señora Ciscar piense que, por el hecho de que Cassandra sea una persona trans, tiene el poder de robarle la dignidad humana y por este motivo su partido votó que no a una ley que nos igualaba con el resto de la ciudadanía [la ley integral de transexualidad recientemente aprobada en las Cortes Valencianas con la oposición del PP]. Quizás si estos comentarios se hubiesen realizado en referencia a la señora Ciscar, o hacia alguien de su familia o partido, serían considerados una enorme ofensa e incluso un hecho delictivo contra el honor”, expresa Lambda en su comunicado. “Parece ser que la edil del PP aún no se ha enterado que muchas mujeres, o personas que se sienten e identifican como mujeres, sean trans o no-trans, tienen bigote y no por ello dejan de ser mujeres”, llega a añadir.

En su comunicado, Lambda crítica de forma muy dura al partido de Císcar y a su actitud hacia las personas LGTB. “Como personas trans estamos hartas de que el PP nos considere ciudadanas de segunda. No podemos continuar tolerando que el PP anteponga los derechos de la ideología católica a nuestros derechos fundamentales, tal y como hicieron con la defensa de ciertas enmiendas el pasado jueves 30 de marzo en la votación sobre la Ley Integral del reconocimiento del derecho a la Identidad y Expresión de Género de la Comunidad Valenciana. Es inadmisible que el PP siga defendiendo, como de nuevo hizo a través de la serie de comparecientes que participaron las diferentes sesiones de debate sobre la ley trans, que se nos aplicaran terapias de aversión para revertir nuestra identidad y deseo”, expresa la nota.“Desde Lambda todavía recordamos las votaciones de la ley de 2007, que nos facilitaba el cambio registral de nombre y sexo, y a la bancada del PP en el Congreso de los Diputados, votando en contra de aquella ley sin inmutarse, sin padecer ni un solo instante por las vidas que estaba menospreciando y más de uno, tras apretar el botón del no, siguió leyendo el periódico como si nada”, añade con amargura.

“Señora Amparo Ciscar, con sus comentarios no solo ha discriminado a Cassandra sino a todo el colectivo de personas trans. Así pues, desde Lambda, le exigimos una disculpa pública y que retire todo comentario que fomente el discurso del odio hacia las personas trans. Además, le exigimos, la dimisión inmediata del cargo público que ostenta, ya que sus declaraciones de odio la incapacitan para defender el interés y el bien común que como política está obligada a defender y a hacer cumplir. Como dice la investigadora, escritora y directora Susan Stryker, ‘la mayoría de las personas tienen grandes dificultades para reconocer la humanidad de otra persona si no pueden reconocer el género de esa persona’. Señora Císcar, ese es su problema y el de su partido, problema que se hace evidente cada vez que les vemos votar en contra de cualquier propuesta que dignifique nuestras vidas”, finaliza el comunicado.

Un caso que merece reflexión

En cualquier caso, ya al margen de la transfobia demostrada por el PP valenciano, lo que está sucediendo en torno a Cassandra Vera merece una reflexión profunda. Los múltiples comentarios surgidos tras su condena están dejando al descubierto una transfobia latente que resulta preocupante. No nos referimos ya a los habituales perfiles difusores de odio LGTBfobo en redes sociales, sino a personas que en otras circunstancias se lo pensarían dos veces antes de hacer un comentario tránsfobo (como ha sido, quizá, el caso de Amparo Ciscar). Es en estos casos, precisamente, en los que se pone a prueba la solidez de principios de muchas personas. Basta que se hayan conocido comentarios que aún siendo adolescente dejó Cassandra Vera en sus redes sociales y que muchas personas han considerado reprobables o de mal gusto para que “se relaje” la vara de medir de la transfobia y se abra la veda del comentario insultante.

Por no hablar de la confusión reinante sobre el derecho a la libertad de expresión y sus límites, incluso entre personas con sensibilidad progresista. Como el periodista Antón Losada señalaba muy acertadamente en la columna que hace pocos días publicó sobre el caso en el diario.es, “otra curiosa manera de defender la libertad de expresión estos días ha sido equiparar la condena a Cassandra con la prohibición de circular al autobús de Hazte Oír, tratándolos como si fueran ejemplos similares de idénticas amenazas para la libertad y la tolerancia. ‘Yo no hubiera condenado a Cassandra, pero tampoco habría prohibido el autobús de Hazte Oír’, repiten muchos convencidos. Como si fuera lo mismo publicar tus ideas en un medio donde acceder supone una acto voluntario, que ocupar una calle y un espacio público obligándonos a todos a leerlas y escucharlas, nos guste o no. Como si a Hazte Oír la hubieran prohibido usar Twitter, o publicar una web, o editar sus ideas; no simplemente abusar de manera ilegitima de un espacio público”.

Nosotros mismos destacábamos la que consideramos diferencia de trato entre lo sucedido con Cassandra Vera y con la campaña de HazteOír. Los que en sus comentarios nos han reprochado nuestra postura argumentan que no es posible criticar la condena de Cassandra y pedir que se persiga legalmente la campaña de los ultraconservadores. Como si fuera lo mismo una campaña planificada de incitación al odio tránsfobo (financiada, programada, publicitada con dinero obtenido gracias a beneficios fiscales y acompañada de edición de material escrito enviado a los colegios, de cartelería con mensajes de odio, etc.) que la publicación en redes sociales de personas desconocidas de tuits, chistes u opiniones provocativas o políticamente incorrectas, por desgradables que nos puedan parecer. Flaco favor nos hacemos a nosotros mismos si no somos capaces de ver la diferencia, o si la vemos pero preferimos pasar de puntillas sobre el caso temerosos de que ello nos haga antipáticos ante cierta opinión pública.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la toma en consideración de una proposición no de ley del Parlamento de Navarra por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el fin de declarar nulas o no vinculantes todas aquellas cláusulas que excluyen a una de las partes por tener VIH. En caso de aprobarse la modificación, ello supondría que se pone fin a una de las discriminaciones históricas de las que son objeto las personas con VIH en nuestro país: el acceso a las pólizas de seguro.

La proposición del Parlamento navarro ha sido defendida por tres de sus diputados: el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas; el de Geroa Bai, Koldo Martínez, y la diputada del PSOE, Nuria Medina. En esta ocasión, la propuesta navarra ha recibido el apoyo de todos los grupos del Congreso, después de que en dos ocasiones anteriores fuese rechazada. En 2011 se cerró la legislatura sin que el asunto pudiese quedar resuelto, mientras que en 2014, ya con la mayoría absoluta del Partido Popular, fue rechazada. Parece que a la tercera va la vencida, aunque hasta que la modificación no se produzca no se debería dar por segura. En esta ocasión el PP ha decidido sumarse a la petición en lugar de oponerse, como hizo en la ocasión anterior.

Según la proposición de ley cuya toma en consideración ha sido ahora aprobada (a la que puedes acceder aquí) “es necesario erradicar del ordenamiento jurídico todos aquellos aspectos que pongan trabas a la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación por cualquier motivo, en este caso por ser personas portadoras del VIH/sida en lo que respecta al ámbito de las cláusulas discriminatorias contenidas en determinados contratos, negocios jurídicos, prestaciones o servicios”. “Este tipo de cláusulas discriminatorias acentúan el estigma social y la discriminación legal de las personas seropositivas. La legislación actual obliga a declarar esta enfermedad a la hora de, por ejemplo, contratar un seguro. Un marco que no hace sino acrecentar la estigmatización”, continúa.

El texto reconoce que “son infinidad las asociaciones, organizaciones e instituciones las que han denunciado este tipo de cláusulas excluyentes y discriminatorias, que conllevan además graves consecuencias para el normal desarrollo de la vida de las personas afectadas”. “La libertad que reconoce el derecho privado a las partes para establecer pactos y realizar contratos no puede ser utilizada para discriminar a colectivos de algunos ámbitos por el solo hecho de tener una enfermedad. Por tanto, es necesaria una ley que declare la invalidez de cualquier cláusula que discrimine o excluya a una de las partes por ser seropositiva”, añade.

El apoyo de los populares a la propuesta navarra incluye, en cualquier caso, alguna matización. La proposición aprobada añade una disposición final a la ley por la que se pide Gobierno que en el plazo de un año presente un proyecto de ley por el que se determine la aplicación de esta medida a otras enfermedades sobre las que se aplican los mismos efectos excluyentes que al VIH en las relaciones jurídicas. Algo sobre la que la portavoz popular en materia de Consumo, María Eugenia Romero, ha mostrado sus dudas, argumentando que elaborar “una lista cerrada” de enfermedades puede tener los mismo efectos excluyentes que actualmente afectan a las personas con VIH.

Fuente Dosmanzanas

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Con esta ley la transexualidad ya no es considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana.

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, con los únicos votos en contra del PP, la ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, que amplía los derechos de las personas transexuales y regula medidas educativas, sanitarias o de ocio para este colectivo.

La norma, conocida como ley “trans”, ha salido adelante con los apoyos de los diputados del PSPSV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, quienes han aplaudido la aprobación de esta ley, así como a los representantes de este colectivo que seguían el debate desde la tribuna de invitados.

Diputados de estos cuatro grupos han coincidido en destacar que se trata de “un gran día”, pues se aprueba una ley que pondrá fin a “la marginación” que ha sufrido el colectivo trans, mejorará y facilitará la vida de estas personas y permitirá avanzar en la igualdad y contra el odio.

Desde el PP han considerado que esta norma no regula bien algunos aspectos importantes, es susceptible de ser recurrida y echada atrás por los tribunales, además de no estar de acuerdo con que se aparte a los padres de las decisiones que afectan los menores y con eliminar los informes médicos y psicológicos.

Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, y plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas.

En el ámbito sanitario, incluye tratamientos quirúrgicos de cirugía para el cambio de sexo y garantiza a los menores trans el acceso a tratamientos hormonales. En el educativo, contempla un protocolo que permitirá usar las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluidos lavabos y vestuarios.

Además, establece que la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, actuará como interesada en causas penales que, por su especial relevancia y especialmente en materia de delitos de odio, justifiquen su personación en la defensa de los intereses colectivo y de los intereses de las personas trans.

En los pasillos de Les Corts, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado que se trata de un día “muy grande” ya que por fin hay una ley que ampara “la dignidad” de este colectivo y declara a la Comunitat Valenciana “libre de entender a los transexuales como personas enfermas”.

Oltra, quien ha advertido de que la ley deberá ser cumplida, ha defendido que una sociedad basada en la convivencia y la igualdad debe tener como base el respeto, y se ha preguntado “si alguien se imagina que en un colegio se pudiera enseñar que los negros son inferiores a los blancos”. “¿Verdad que es una cuestión que hay que obligar que en un currículum escolar se eduque en la igualdad? Pues eso pasa con todos los colectivos, sean mayoría o minoría en la sociedad”, ha defendido.

Sobre los menores, ha indicado que “no es una cuestión de consentimiento o no, sino de conflicto de intereses”, y ha dicho que la ley establece que en caso de que un menor transexual no tenga consentimiento de sus padres para emprender el camino elegido pueda acudir a los tribunales para que un juez dirima.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El Tribunal Constitucional, renovado parcialmente tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE, ha elegido nuevo presidente. No se trata de una figura simbólica: entre otras prerrogativas propias del cargo, el voto de calidad del presidente es el que decide en caso de empate. Es, por tanto, una elección muy importante. Y la persona elegida, gracias a la mayoría de la que gozan en el alto tribunal los afines al PP, ha sido Juan José González Rivas, uno de los magistrados que votó en contra del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos.

Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Supremo y de perfil conservador, es miembro del Tribunal Constitucional desde julio del año 2012, cuando fue elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP (también en virtud de un acuerdo entre PP y PSOE para repartir los puestos entonces vacantes, como ha sucedido ahora). Recién llegado al Constitucional, González Rivas participó en las deliberaciones sobre el recurso del PP contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, y de hecho fue uno de los tres miembros que entonces se opusieron a su constitucionalidad, junto a Ramón Rodríguez Arribas (que dejó el Constitucional en 2013) y Andrés Ollero. Este último, que fue diputado del PP y es miembro del Opus Dei, era de hecho el que hasta hace pocos días sonaba como probable nuevo presidente, cargo que finalmente ha recaído en González Rivas.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, González Rivas expresó, en su voto particular, que “la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, desnaturaliza, en mi opinión, la esencia de la institución”. El ahora presidente del Constitucional se remontó además a un auto de 1984 del alto tribunal para afirmar que “las relaciones homosexuales no son equiparables con las relaciones heterosexuales entre personas de sexo distinto”. 

Por lo que se refiere a la adopción homoparental, González Rivas aseguró que de los artículos 32 y 39 de la Constitución “se infiere la imposibilidad de desarrollar una relación de filiación adoptiva por dos adoptantes del mismo sexo” (a pesar de que ninguno de los dos artículos, uno el referido al matrimonio y otro a los deberes de los padres respecto a los hijos y a la protección que estos merecen hacen referencia alguna a dicha circunstancia), defendió que no es discriminatorio negar la adopción a las parejas del mismo sexo y afirmó, para finalizar, que permitir la filiación por adopción efectuada por adoptantes del mismo sexo “atenta al prevalente interés del menor”.

Si quieres verlo por ti mismo, puedes acceder a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio igualitario y leer los votos discrepantes en este enlace. El voto de González Rivas es, de hecho, el que cierra el texto.

Opuesto a las pensiones de viudedad en parejas del mismo sexo

González Rivas no solo se ha opuesto, como miembro del Tribunal Constitucional, al matrimonio igualitario y la adopción homoparental. También lo ha hecho, y de forma reiterada, a que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio por tenerlo prohibido puedan acceder a la pensión de viudedad. Un derecho que la mayoría conservadora de la que goza el Tribunal Constitucional ha negado sistemáticamente en los últimos años.

Una mayoría, recordemos, que sigue sólida como una roca tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE para repartirse al 50% los cuatro puestos del alto tribunal que tocaba renovar por parte del Senado, de forma que no se ha visto alterada su composición ideológica, ya claramente escorada hacia la derecha. Y que ha permitido a González Rivas acceder a la presidencia, por ocho votos a favor (los de los siete miembros propuestos por el PP y el de Encarnación Roca, propuesta en su día por el PSOE pero frecuentemente alineada con el sector conservador) y cuatro abstenciones. Un mandato que mantendrá durante tres años, transcurridos los cuales puede optar a otra renovación más. Como vicepresidenta ha sido elegida Encarnación Roca, con los mismos votos.

La actual composición del Constitucional se mantendrá hasta julio de 2021, cuanto haya que renovar a los cuatro miembros que elige el Congreso. Unos años durante los cuales no es descartable que el alto tribunal se tenga que pronunciar sobre leyes que afectan directamente a los derechos de las personas LGTB. De ahí la importancia, no solo de su composición ideológica, sino de la persona que ocupa la presidencia, encargado de deshacer posibles empates.

No podemos, por tanto, sino expresar nuestra preocupación por el nombramiento de González Rivas, un nuevo ejemplo de que pese a los cambios políticos operados en España en los últimos años las más altas instituciones del Estado siguen férreamente controladas por los más conservadores.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Andrés Ollero, Encarnación Roca, Juan José González Rivas, Matrimonio, PP, PSOE, Ramón Rodríguez Arribas, Tribunal Constitucional

Se aprueba la iniciativa presentada por el PSOE para el cambio de nombre.

El pasado jueves, el Pleno de la Junta Municipal de Centro de Madrid aprobó el cambio de nombre el aparcamiento Vázquez de Mella por el de Pedro Zerolo con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid. Sí, efectivamente, el PP no votó a favor… ni en contra. Al menos desde su punto de vista porque si no votas a favor de algo tan sencillo, es como votar en contra ¿no? En cualquier caso, el PP se abstuvo.

¿La razón para no apoyar el cambio? El dinero. Y es que los populares aseguran que esto conllevará “costes administrativos” que se podrían evitar.

Sí. Has leído bien. Costes administrativos por cambiar el nombre de un parking… ¿cuáles son esos costes más allá de cambiar algún impreso? Pues… ni idea pero es el mismo argumento que utilizaron en su día para oponerse a cambiar el nombre de la Plaza Vázquez de Mella y que nos sonó a cuento chino.

Luego se quejan de que no les invitan al Orgullo… Y es que, como le recordaba Carla Antonelli, Señora Cifuentes, la pancarta del Orgullo exige compromiso demostrado…

Fuente: Europapress, vía EstoyBailando

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Ahora Madrid, Ciudadanos, Homofobia/Transfobia, Madrid, Pedro Zerolo, PP, PSOE

La sensibilidad del Partido Popular frente a la transfobia va por barrios, o mejor dicho por comunidades autónomas… Mientras en Madrid el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid se sumaba al resto de grupos para condenar la campaña contra los niños y niñas transexuales del colectivo HazteOír, sus compañeros catalanes han rechazado hacer lo mismo en el Parlament de Catalunya.

El pasado jueves, antes incluso de que cundiera la alarma social tras las últimas agresiones homófobas ocurridas en Cataluña estos últimos días, el Parlamento catalán votaba una moción del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) que exigía el despliegue efectivo de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ante la campaña del colectivo ultraconservador HazteOír negando la existencia de la realidad transexual infantil, que había sido noticia los días anteriores, la moción incluyó un último punto. “El Parlamento condena la campaña de la entidad ultracatólica HazteOír con mensajes transfóbicos y se compromete a condenar explícitamente los actos contra las personas LGTBI que puedan tener lugar en el futuro”, rezaba literalmente el punto 13º de la moción.

La condena fue aprobada por 122 votos a favor (de Junts Pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la Candidatura d’Unitat Popular) y 9 abstenciones (de 9 de los 11 diputados con los que cuenta el Partido Popular en el Parlamento catalán).

Una posición, la de los populares catalanes, que contrasta con la que ese mismo día mantenían sus compañeros madrileños, que sí se sumaban al resto de grupos de la Asamblea de Madrid para condenar la campaña de HazteOír y pedir que se le retire la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades. Parece que los populares catalanes, en este sentido, han preferido alinearse con las voces que desde ese partido han surgido a favor de “respetar todas las posiciones”, como la de la presidenta del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig.

El PP catalán, poco amigo de las medidas contra la LGTBfobia

Lo cierto es que pese a lo decepcionante de la postura popular, esta no nos parece especialmente sorprendente. Los populares catalanes nunca han destacado precisamente por su entusiasmo en favor de las medidas contra la LGTBfobia. Hace solo unas semanas los populares catalanes eran también los únicos que no quisieron estampar su firma en un escrito de los portavoces de todos los grupos políticos en la Comisión de Igualdad de la cámara catalana que mostraba el rechazo a la organización de una charla homófoba por parte del arzobispado de Barcelona.

El PP catalán también rechazó en 2014 la ley contra la LGTBfobia, a cuyo proceso de aprobación se opuso con uñas y dientes (llegando a retrasarla más de dos meses al recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, que finalmente le dio su visto bueno).

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Ignacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio“, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

La proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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El Ejecutivo comunitario otorgó 12.000 euros a la asociación ultracatólica en 2007, y patrocinó un acto y le concedió un premio en 2004.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aportó fondos a la asociación ultracatólica HazteOír cuando Esperanza Aguirre presidía el Ejecutivo, para ayudar a organizar eventos, así como a través de premios.

Según desvela este viernes ‘eldiario.es’, y recoge El Periódico, en el 2007, la Agencia Regional de Inmigración y Cooperación otorgó 12.000 euros a HazteOír para financiar la organización del III Congreso E-ciudadanos, celebrado en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en el que se analizaba cómo se transmitía el mensaje político a los ciudadanos.

Se da la circunstancia de que en aquel momento la citada agencia dependía de la Consejería de Inmigración, que entonces dirigía Lucía Figar, imputada en el ‘caso Púnica‘ y que presentó su dimisión por esta causa.

Unos años antes, en 2004, la asociación que estos días ha salido a la palestra por su campaña contra la transexualidad, organizó una cena de gala en el Hotel Husa Princesa que fue patrocinada por la Dirección General de la Juventud de la Comunidad de Madrid y estuvo copresidida por el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga, y Antonio González Terol, director de Juventud.

Y ese mismo año, el Ejecutivo comunitario otorgó a la asociación el premio Galardón Juventud en su modalidad de Periodismo. El consejero de Educación de entonces, Luis Peral, y el propio González Terol.

La relación con el PP parece que fue recíproca, pues Arsuaga pidió a los asociados de HazteOír el voto para Aguirre en la campaña de las elecciones municipales del 2015.

Tras serle inmovilizado el autobús tránsfobo por el juez, HazteOír ha anunciado que sacarán más autobuses con mensajes contra la “ideología de género”.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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La Presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, pide “respeto y libertad” para que el bus tránsfobo de HazteOir pueda circular por España y “expresar su opinión”.

Empiezan a hacerse notar los primeros apoyos políticos a HazteOír, la organización ultraconservadora que ha promovido una campaña de promoción del odio tránsfobo. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se ha desmarcado de la que parecía posición unánime de su partido contra la campaña, simbolizada de forma muy particular en la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bonig ha reclamado “libertad” para que el autobús de HazteOír, cubierto de mensajes que niegan el derecho de los menores trans a la libre expresión de su identidad de género, pueda circular libremente.

El autobús de HazteOír permanece por el momento retenido en Madrid por orden de la Fiscalía. Una orden emitida después de que en la tarde del martes el Ayuntamiento de la capital lo inmovilizase por incumplimiento de la normativa municipal. En concreto, el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, ordenaba la apertura de diligencias para investigar si la campaña puede incurrir en un posible delito de odio y remitía un escrito a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial, que ha pedido al juez inmovilizar el vehículo en tanto “no se retiren los mensajes discriminatorios que exhibe”.

No está de más recordar en este punto que el artículo 510 del Código Penal español considera delito lesonar la dignidad de las personas “mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

No todos parecen estar de acuerdo, sin embargo, con el hecho de que se inmovilice un autobús con mensajes ofensivos hacia los menores transexuales. Es el caso de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que considera que hay que respetar “todas las posiciones”. “Hay que dejar libertad. En este país estamos muy acostumbrados a atacarnos unos a otros”, ha declarado la dirigente popular, partidaria de dejar circular al autobús de HazteOír en base, a su juicio, a la libertad religiosa, de expresión y de pensamiento que reconoce la Constitución. “Igual que unos defienden una postura, hay que respetar también el derecho de los demás a ser escuchados en libertad”, ha insistido Bonig, colocando con sus palabras en el mismo plano a los menores transexuales y a sus familias y a quienes les niegan su misma existencia: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”, luce el autobús fletado por HazteOír.

“Que decidan los tribunales, pero hay que respetar todas las opiniones y ocuparse también de lo que le preocupa a la gente”, ha añadido Bonig. Parece, a tenor de sus declaraciones, que la líder de los populares valencianos no considera que la realidad de los menores trans, a los que la actual legislación estatal no reconoce expresamente derecho alguno, sea un asunto del que merezca la pena preocuparse.

Se da la circunstancia de que si el autobús de HazteOír no permaneciese inmovilizado en Madrid hubiese llegado ya a Valencia, ciudad que tenía previsto recorrer los días 1 y 2 de marzo.

Hay que tener narices para venir a hablar de respeto a las ideas y principios de otras personas cuando esas ideas y esos principios son pura apología de la transfobia. Evidentemente puede uno imaginar cuál sería el argumento a utilizar contra esta tontería, el mismo que la concejala de Protección Ciudadana de Valencia, Anaïs Menguzzato, le ha hecho llegar vía tweet:

Si el autobús llevase un mensaje racista, incitando al odio contra las personas negras se atrevería a decir esto? Mira q lo llevan dentro… https://t.co/xe43oaNVaN

— Anaïs Menguzzato (@anaismenguzzato) 1 de marzo de 2017

Isabel Bonig, particularmente activa en la defensa de los promotores de la LGTBfobia

No es, lamentablemente, la primera vez que nos hacemos eco de las posiciones de la presidenta de los populares valencianos en favor de las posiciones contrarias a la igualdad de las personas LGTB. En mayo de 2016 recogíamos como Bonig se solidarizaba con el cardenal y arzobispo de Valencia Antonio Cañizares después de que este hiciera un llamamiento expreso a la desobediencia civil de las leyes inclusivas y asegurase que la “ideología de género” (el término que la jerarquía católica más conservadora utiliza para referirse, entre otras cosas, a la reivindicación de los derechos LGTB) es “la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia”.

La reacción por parte de colectivos sociales y defensores de los derechos LGTB llevó a Bonig a salir en defensa del cardenal y pedir que se firmase una petición  en change.org para que cesase “la campaña en contra del cardenal Cañizares”.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal había convocado a primera hora de la mañana a los medios para un “canutazo” acerca de la primera reunión de la “Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo“, en la que participarán los representantes de instituciones de la Iglesia católica implicadas en el campo de la educación, y que esta mañana debaten una posición común.

Sin embargo, a pesar de lo que afirmó su presidente Ricardo Blázquez,  el jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera, interrumpió una pregunta sobre si en dicha reunión se abordaría la enseñanza de la ideología de género y, en ese sentido, las protestas del autobús tránsfobo de HazteOír, retirado de la circulación por el Ayuntamiento de Madrid.

No hubo tiempo siquiera de terminar la pregunta, pues Vera reclamó al portavoz, José María Gil Tamayo, que dejó a los periodistas con la palabra en la boca. Tan sólo atinó a esbozar un “todas esas cosas me imagino que saldrán“, antes de salir de la sala de prensa.

Fuente Dosmanzanas/Religión Digital

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Luis Asúa, en el centro junto a Federico Jiménez Losantos. | Twitter

Colegas denuncia que Luis Asúa considere que los derechos LGTB son de izquierdas y no una prioridad del PP.

Significativas declaraciones las de Luis Asúa, el candidato que se enfrentará a Cristina Cifuentes por el control del Partido Popular de Madrid. Asúa, que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón y viceconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, ha criticado a Cifuentes por promover leyes en favor de los derechos de las personas LGTB, algo que a su juicio “es una bandera de la izquierda”.

Posiblemente hay una parte importante de escenificación del juego “poli bueno-poli malo”, pero es también innegable que la actitud de la presidenta madrileña en materia LGTB provoca malestar en los sectores más reaccionarios, tradicionalmente alineados a sangre y fuego con el partido de Rajoy. Cifuentes, para más inri, es partidaria del derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo. Una combinación que la ha puesto en el punto de mira de organizaciones ultraconservadoras como HazteOír e incluso de varios obispos madrileños, que tras la aprobación de la ley madrileña contra la LGTBfobia no dudaron en acusar a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y hacer un llamamiento a la desobediencia civil a la ley.

La ley madrileña contra la LGTBfobia, recordemos, recibió el apoyo de todo el espectro político madrileño (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). Impulsada por el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes, el hecho de que el PP no disponga de mayoría absoluta en la Asamblea permitió de hecho que los grupos de la oposición enriquecieran el texto durante la tramitación parlamentaria de acuerdo a las reivindicaciones de los colectivos LGTB. La histórica votación quedó solo empañada por la ausencia de dos diputados del PP que no quisieron dar su apoyo a la ley, Luis Peral (ya dimitido) y David Pérez, alcalde de Alcorcón.

No fue el caso, por cierto, de la ley integral de transexualidad, aprobada por PSOE, Podemos y Ciudadanos después de consensuar el proyecto con los colectivos LGTB y de padres y madres de menores transexuales. El PP, en este caso, decidió abstenerse. Cifuentes estaba dispuesta a aprobar una ley, y de hecho había presentado por sorpresa una propuesta propia meses antes, pero prefirió finalmente no sumarse a un proceso no liderado por su partido.

Merecida o no, la imagen de Cristina Cifuentes como política pro-LGTB es utilizada ahora por sus rivales internos para debilitarla en el proceso de primarias. En una entrevista en el programa matinal de EsRadio, la cadena radiofónica de Federico Jiménez Losantos, Luis Asúa aseguraba, al ser preguntado por “las leyes pro-LGTB de Cristina Cifuentes” que estas “son banderas de la izquerda, que deberían promover la izquierda y que el Partido Popular nunca puede estar a la cabeza”. Asúa también mostraba su desacuerdo con el hecho de que los dos diputados que se negaron a votar la ley contra la LGTBfobia fuesen multados por su grupo parlamentario.

A día de hoy pocos dudan de que Cifuentes, que al fin y al cabo cuenta con el respaldo de Mariano Rajoy, será elegida presidenta del PP madrileño, una organización que bajo el mandato de su predecesora, Esperanza Aguirre, se convirtió por cierto en un auténtico cenagal de corrupción. Será interesante ver, en cualquier caso, lo que sucede en un proceso de democracia interna inédito en ese partido y los apoyos que su rival es capaz de concitar, entre los cuales estarán sin duda los del sector más ultramontano. El resultado, el 12 de marzo.

Por su parte, en un comunicado, Colegas-Confederación LGBT Española ha denunciado este jueves que el expresidente del PP de Chamberí y candidato a presidir el PP de Madrid, Luis Asúa, considere que “los derechos LGBT son de izquierdas y no una prioridad del PP”.

La asociación hizo estas declaraciones en alusión a la entrevista que Asúa ha concedido a esRadio, en la cual, indica la confederación, escucharon con “estupefacción, incredulidad y desagrado” que “el autoproclamado rival de Cristina Cifuentes haya declarado que las leyes y los derechos LGBT son banderas de la izquierda y que el PP debería ser tibio en estos temas”.

El presidente de Colegas, Paco Ramírez, manifestó que “los derechos LGBT no son ni de izquierda ni de derecha”, sino “simplemente derechos humanos, y quien no lo quiera entender así se retrata como alguien intolerante, reaccionario y fundamentalista”. “Vuelve a no decir la verdad cuando afirma que la mayoría en el partido no quiere promocionar los derechos LGBT”, criticó Ramírez, cuando, según él, “es la minoría integrista el lastre constante que ha tenido el partido en su normalización de la lucha por los derechos LGBT, y por lo que aún demasiadas personas consideran al partido como un partido homófobo y poco receptivo a la hora de incorporar en su seno las reivindicaciones de la población LGBT”. Por último, manifestó que “me pareció muy cobarde su opción de no incorporar la maternidad subrogada como una necesidad imperiosa de la población en el último congreso del partido”, con el objetivo de “no evidenciar la desunión del partido presionada por esa minoría intolerante y que tiene una influencia sobredimensionada”.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans

La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.

La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.

El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.

La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.

La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.

La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.

En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan “que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español”, aseguran.

Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso “no es suficiente” y consideran necesario que se aborde urgentemente “una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía”. También reivindican en el plano educativo que los centros “respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo”.

“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.

Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.

Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.

Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.

Una ley ya envejecida

Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Dosmanzanas

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El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el voto a favor de 364 eurodiputados, el informe sobre igualdad de género en salud mental e investigación clínica elaborado por la eurodiputada española Beatriz Becerra (en la fotografía). Si lo mencionamos aquí es porque el informe contiene importantes recomendaciones en lo referido al bienestar y salud mental de las personas LGTBI que han merecido el aplauso de ILGA Europe.

El Parlamento Europeo, de esta forma, reconoce expresamente, entre otros muhcos considerandos:

• que las mujeres lesbianas y bisexuales y las personas trans e intersexuales se enfrentan a problemas de salud mental derivados del estrés de las minorías, que se define como los altos niveles de ansiedad y estrés causados por prejuicios, estigmatización y experiencias de discriminación, así como por medicalización y patologización;
• que las personas LGBTI pueden enfrentarse a problemas de salud mental y bienestar específicos que deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de salud mental;
• que las identidades trans no son patológicas pero lamentablemente todavía se consideran trastornos de salud mental, y que la mayoría de los Estados miembros requieren diagnósticos para tener acceso al reconocimiento de género legal o a la asistencia sanitaria relacionada con las personas trans, a pesar de que las investigaciones han demostrado que el diagnóstico de ‘trastorno de identidad de género’ es una fuente de gran angustia para las personas trans;
• que los niños prepúberes con variantes de género siguen sometidos a prácticas de diagnóstico perjudiciales e innecesarias, a pesar de que todos los niños deben poder explorar de forma segura su identidad y expresión de género;
• que las personas trans muestran niveles significativamente altos de ideación suicida e intentos de suicidio;
• que la educación en materia de sexual y relacional es fundamental para superar los estereotipos de género, afrontar la violencia de género y mejorar la salud mental y el bienestar para las niñas y los niños y las mujeres y los hombres;
• que existe una falta de datos comparables, disponibles, accesibles y de calidad sobre la asistencia sanitaria específica para personas trans y que los productos utilizados en las terapias hormonales sustitutivas no se han probado ni autorizado debidamente;
• que las personas intersexuales sujetas a mutilación genital sufren consecuencias en su salud física, psicológica y sexual y reproductiva;
• que las personas trans todavía están expuestas a una esterilización forzada en los procedimientos de reconocimiento de género en 13 Estados miembros.

Hay muchos más considerandos, pero hemos seleccionado aquellos que más directamente tienen que ver con la realidad LGTBI en la Unión Europea. A partir de ellos, y entre otras muchas recomendaciones, el informe:

• pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen que sus estrategias en materia de salud mental aborden los retos de salud mental a los que podrían enfrentarse las personas LGBTI;
• anima a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones que figuran en el documento CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa y tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, bisexuales y trans en el desarrollo de las políticas, programas y protocolos sanitarios;
• pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que desarrollen políticas adaptadas específicas con el fin de prestar servicios de salud mental a los grupos de mujeres vulnerables en comunidades marginales, y a aquellos que se enfrentan a discriminación interseccional, como las mujeres refugiadas y migrantes, las mujeres que se enfrentan a la pobreza y la exclusión social, las personas trans e intersexuales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las mujeres de las zonas rurales;
• pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las estrategias de prevención se destinan específicamente a las mujeres que corren riesgo de discriminación interseccional, como las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, las migrantes y las refugiadas, las mujeres que viven en situación de pobreza y las personas trans e intersexuales;
• pide a los Estados miembros que prevengan, prohíban y condenen la esterilización forzosa de mujeres, un fenómeno que afecta en particular a las mujeres con discapacidad, a las personas trans e intersexuales y a las mujeres romaníes.

En definitiva, una serie de recomendaciones que han sido específicamente bienvenidas por ILGA Europe, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente. “Gracias a la ponente Beatriz Becerra Basterrechea y a los eurodiputados que han votado a favor, ahora disponemos de un informe detallado sobre las necesidades de las personas LGTBI [en materia de salud mental y bienestar], y que en particular recoge las experiencias de vida de las personas trans e intersex. El lenguaje interseccional e inclusivo que Becerra ha utilizado en su informe es especialmente bienvenido”, ha declarado su directora ejecutiva, Evelyne Paradis.

El voto español

Como siempre intentamos hacer en dosmanzanas cuando nos referimos a una votación en el Parlamento Europeo, listamos a continunación el voto de los eurodiputados españoles (tal y como refleja el acta de votaciones):

Han votado a favor:

• por ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa): la propia Beatriz Becerra (ahora independiente, fue elegida en las listas de UPyD), Izaskun Bilbao (PNV), Enrique Calvet (ahora independiente, elegido en las listas de UPyD), Maite Pagazaurtundúa (UPyD) y Ramón Tremosa (elegido en las listas de la entonces Convergència).
• Por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Javier Couso (IU), Tania González (Podemos), Josu Juaristi (EH Bildu), Paloma López Bermejo (IU), Lola Sánchez Caldentey (Podemos); Maria Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda), Estefanía Torres (Podemos) y Miguel Urbán (Podemos).
• Por S&D (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas): Clara Eugenia Aguilera (PSOE), Inés Ayala (PSOE), José Blanco (PSOE), Soledad Cabezón (PSOE), Jonás Fernández (PSOE), Eider Gardiazábal (PSOE), Enrique Guerrero (PSOE), Sergio Gutiérrez (PSOE), Ramón Jáuregui (PSOE), Javier López (PSC), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE).
• Por Los Verdes/Alianza Libre Europea: Florent Marcellesi (Equo), Jordi Solé (ERC),  Josep-Maria Terricabras (ERC) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verts).

Han votado en contra: ninguno.

Se han abstenido:

• Por ALDE: María Teresa Giménez Barbat (elegida en las listas de UPyD, ahora en Ciudadanos) y Javier Nart (Ciudadanos).
• Por el grupo popular europeo: Pilar Ayuso (PP), Pilar del Castillo (PP), Agustín Díaz de Mera (PP), Rosa Estarás (PP), Santiago Fisas (PP),  Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes (PP), Esther Herranz (PP), Carlos Iturgaiz (PP), Teresa Jiménez-Becerril (PP), Verónica Lope (PP), Antonio López-Istúriz (PP), Gabriel Mato (PP), Francisco José Millán (PP), Ignacio Salafranca (PP) y Ramón Luis Valcárcel (PP).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Agustín Díaz de Mera, ALDE, Alternativa Galega de Esquerda, Antonio López-Istúriz, Beatriz Becerra, Carlos Iturgaiz, CDC, Ciudadanos, Clara Eugenia Aguilera, Discriminación, EH Bildu, Eider Gardiazábal, Enrique Calvet, Enrique Guerrero, Equo, ERC, Ernest Urtasun, Esteban González Pons, Estefanía Torres, Esther Herranz, Florent Marcellesi, Francisco José Millán, Gabriel Mato, ICV, Inés Ayala, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Intersexualidad, IU, Izaskun Bilbao, Javier Couso, Javier López, Javier Nart, Jonás Fernández, Jordi Solé, José Blanco, José Ignacio Salafranca, Josep Maria Terricabras, Josu Juaristi, Juan Fernándo López Aguilar, Lola Sánchez Caldentey, Luis de Grandes, Maite Pagazaurtundúa, Maria Lidia Senra, María Teresa Giménez Barbat, Marina Albiol, Miguel Urbán, Paloma López Bermejo, Parlamento Europeo, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Podemos, PP, PSC, PSOE, Ramón Jáuregui, Rámón Luis Valcárcel, Ramón Tremosa, Rosa Estarás, S&D, Santiago Fisas, Sergio Gutiérrez, Soledad Cabezón, Tania González, Teresa Jiménez-Becerril, Transexualidad, UPyD, Verdes/Alianza Libre Europea, Verónica Lope, Xavier Benito

Los portavoces de (casi) todos los grupos políticos en la Comisión de Igualdad del Parlamento catalán han firmado un documento en el que muestan su rechazo a la organización de una charla homófoba este fin de semana por parte del arzobispado de Barcelona. Solo ha faltado uno, el del grupo popular.

El escrito, dirigido formalmente al arzobispado por los portavoces en la Comisión de Igualdad del Parlament de Catalunya, hace mención a la ley catalana 11/2014 contra la LGTBIfobia, muestra el rechazo a cualquier tipo de discriminación y recuerda que los poderes públicos deben velar porque las manifestaciones públicas eviten conculcar el derecho a la no discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, entre otras. A continuación, solicita expresamente a los organizadores de la charla que no cedan sus espacios a este tipo de planteamientos.

El texto ha recibido el apoyo de los portavoces en la Comisión de Igualdad de Junts Pel Sí (Natàlia Figueras), Ciutadans (Noemí de la Calle), PSC (Marta Moreta), Catalunya Sí que es Pot (Gemma Lienas) y la Candidatura d’Unitat Popular (Anna Gabriel). El Partido Popular catalán no ha querido estampar su firma en el texto argumentando que pese a estar de acuerdo con el principio de no discriminación se opone a dar instrucciones a nadie sobre el contenido de las charlas que organiza.

El arzobispado da voz a un homosexual que defiende posturas homófobas

Como ya contamos hace unos días, la delegación de pastoral juvenil del arzobispado de Barcelona ha invitado a Philippe Ariño a dar una charla el próximo domingo. Ariño, autor de un libro que el propio arzobispo Juan José Omella prologó, asegura que su propia orientación homosexual es “dolorosa”, que la homosexualidad “es un mundo de mentiras”, propone que las personas homosexuales resistan sus “pulsiones” y defiende para ellas la castidad como forma de vida. En definitiva, una persona que sufre homofobia internalizada, cuya charla ha provocado la protesta de colectivos LGTB católicos y del Observatori contra l’Homofòbia, así como la apertura de un expediente informativo por parte de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat para analizar si podría ser sancionable en aplicación de la ley contra la LGTBIfobia.

El presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, se felicitaba por cierto en Twitter por el texto que los portavoces de los grupos parlamentarios han remitido al arzobispado:

Molt satisfet del manifest de suport del Parlament contra la conferència organitzada per l’Arquebisbat. no ha estat fàcil però es inmens. pic.twitter.com/2k81VP7svI

— eugeni rodriguezLGTB (@eugenirodriguez) 9 de febrero de 2017

***

Por otra parte, publicamos el comunicado de la Comunidad de Cristianas y Cristianos LGTB de la comunidad de Madrid

Comunicado CRISMHOM sobre charla en defensa de que los homosexuales no deben practicar sexo

Crismhom, Comunidad de Cristianas y Cristianos LGTB de la comunidad de Madrid, nos planteamos que la charla convocada para el próximo 11 de febrero a cargo de Philippe Ariño y auspiciada por la Delegación de Juventud del Arzobispado de Barcelona no muestra la realidad de los hombres homosexuales. Tememos que la charla esté sesgada hacia determinada ideología y prejuicios que sabemos que aún poseen determinadas jerarquías de la Iglesia Católica.

Por experiencia propia sabemos que experiencias de no aceptación de la homosexualidad vienen dadas por el ambiente en el que crecen los gays y lesbianas, no porque la orientación sexual hacia personas del mismo sexo sea un problema. Si las personas, independientemente de su identidad sexual o de género, crecen y se desarrollan en ambientes de igualdad y de aceptación de la diversidad, el desarrollo psicológico será de autoaceptación y felicidad con uno mismo. Intuímos que por las premisas con las que parte el señor Ariño vienen dadas porque creció en un ambiente que rechazaba su orientación sexual. Ello probablemente le hizo crecer con una homofobia interiorizada que es producto del miedo a autoaceptarse porque su alrededor le rechazó.

Creemos que una charla sobre este tema, y más hacia jóvenes que pueden estar en un proceso de autoconocimiento de su sexualidad, van a asistir a un testimonio sesgado de una persona que no ha vivido su sexualidad de manera sana y a la que se ha educado con prejuicios. Nosotras y nosotros, como personas LGTB cristianas, tenemos una experiencia positiva de nuestra orientación sexual e identidad de género que vivimos con alegría a la luz del Evangelio. Nuestro testimonio arroja una visión positiva que ha ayudado a muchas hermanas y muchos hermanos a reconciliar estas dimensiones personales (orientación e identidad afectivo-sexual y de género, haciéndoles partícipes del Amor de Dios.

Somos conscientes de que el mundo LGTB puede tener sectores hostiles incluso para sus mismos integrantes, y que en determinados ámbitos anidan prejuicios que discriminan (al igual que sucede en el mundo heterosexual, sobre todo hacia las mujeres que no cumplen determinados cánones). No obstante, muchas y muchos trabajamos para crear espacios de inclusión y de igualdad.

Desde aquí hacemos un llamamiento al Arzobispado de Barcelona para que se replantee esa charla y que, si de verdad quiere dar una imagen precisa del mundo LGTB, busque ponentes que den la visión positiva y testimonio del Amor que tiene Dios a las personas LTGB.

***

Y en una pirueta con voltereta final que roza ya el ridículo, el Arzobispo pide un diálogo y comprensión de la que carecen él y la jerarquía de la Iglesia Católica… ¿Que no va contra nadie el llevar a una persona inmersa en una homofobia interiorizada en la que nos quieren recluir? ¿Y por que no llevan a un homosexual cristiano que defienda la bondad de su vida en pareja? Sr. arzobispo, me ofrezco yo mismo, como cristiano, gay casado y con 27 años de sana relación con mi marido …

El arzobispo envía una carta a la Comisión de Igualdad del Parlament

Omella pide “diálogo y comprensión” ante los que quieren vetar la charla de un homosexual que defiende la castidad

“No está programada para ir en contra de nadie”, asegura el prelado de Barcelona

(J.B./Agencias).- “La Iglesia respeta a todas las personas, aunque no esté de acuerdo con todas las propuestas éticas o sociales, y está abierta al diálogo y a la comprension“. Ante la polémica suscitada por la conferencia que este domingo impartirá un un católico homosexual que defiende la castidad, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha enviado una carta a la Comisión de Igualdad del Parlament.

La respuesta de Omella lega después de la aprobación de un texto parlamentario en contra de la charla que mañana dará Philippe Ariño en la parroquia de Santa Anna, y que contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PPC y algunos diputados de Junts pel Sí (JxSí).

En la carta, que entró ayer en el registro del Parlament, Omella asegura que la conferencia de mañana “no está programada para ir en contra de nadie”, sino para explicar la opción de vida de Ariño que, después de años de vivir en pareja, optó por la castidad.

“Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Papa Francisco, respetamos a todas las personas, aunque eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas las propuestas que se hacen desde las diferentes opciones sociales o éticas, lo que, no obstante, no impide estar abiertos al diálogo y a la comprensión”, señala el arzobispo de Barcelona en la carta.

Omella concluye expresando que “ojalá podamos seguir trabajando para respetar plenamente la democracia, la libertad de expresión, la justicia y el respeto a los derechos humanos, y ojalá que desde las diferentes instancias políticas, sociales y eclesiásticas podamos trabajar juntos para el bien común de los ciudadanos“.

La conferencia de Ariño, autor de libro “La Homosexualidad en verdad“ (Desclée),  tendrá lugar a las 18.00 horas de mañana en la iglesia de Santa Anna de Barcelona, y asociaciones de homosexuales han convocado para la misma hora una concentración ante el templo para mostrar su rechazo a las tesis de Ariño.

Fuente Dosmanzanas/CRISMHOM/Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia. Anna Gabriel, Archidiócesis de Barcelona, Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Cataluña, Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans, Crismhom, Discriminación, Eugeni Rodríguez, Gemma Lienas, Homofobia, Iglesia Católica, Juan José Omella, Junts pel Sí, Marta Moreta, Natàlia Figueras, Noemí de la Calle, Parlament de Catalunya, Philippe Ariño, PP, PSC

Los grupos municipales de Ciudadanos C’s, PSOE, Ganar Alcorcón e IU-LV han aprobado, con 17 votos a favor y con 10 abstenciones del PP, convertir a Alcorcón en ‘ciudad gay-friendly‘, después de que el alcalde David Pérez (PP) “haya mancillado la imagen abierta e igualitaria del municipio”.

La moción, que ha sido llevada al pleno municipal por el portavoz de C’s, Alfonso Reina, pretende que el Ayuntamiento “adquiera un compromiso real” con la comunidad homosexual reconociendo institucionalmente el Día del Orgullo LGTBI, el 28 de junio, y el Día Internacional de lucha contra la LGTBIfobia, 17 de mayo.

La propuesta aprobada recoge también organizar charlas periódicamente en centros municipales acerca de cómo tratar la diversidad afectivo-sexual y de género, y temática LGTBI, dirigidos a profesionales o voluntarios que desarrollen tareas informativas o de dinamización con adolescentes, jóvenes y mayores.

Desde el PP han decidido finalmente abstenerse, dado que no ha sido aceptada por el resto de los grupos una enmienda de sustitución a la presentada por C’s en la que planteaban, entre otras cuestiones, la creación de una unidad policial local especializada en delitos de odio y discriminación, “no solo del colectivo LGTBI”.

El regidor ha pedido a la oposición que se sumara a dicha enmienda de sustitución, ya que ha insistido en que muchas de las medidas propuestas en ella “son muy importantes y valiosas”, frente a algunas medidas “propagandísticas” de la oposición, lo que, según él, demuestra “su compromiso” por este asunto.

En defensa de ese compromiso contra la homofobia, la concejal del PP Susana Mozo también ha destacado que en el municipio de Alcorcón, según el Observatorio madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, “no ha habido en todo el año 2016 ninguna denuncia y ninguna agresión por homofobia”.

Sin embargo, el portavoz de C’s ha reiterado que, con la abstención a la moción presentada por su grupo, el alcalde de Alcorcón “se vuelve a olvidar del colectivo LGTBI y no apoya el cumplimiento de la Ley aprobada en la Asamblea de Madrid”.

“Pérez ha perdido la oportunidad en ocho ocasiones de condenar las declaraciones del director del colegio Juan Pablo II, multado por la nueva ley contra la LGTBIfobia aprobada en la Asamblea de Madrid”, ha recordado Reina, quien ha vuelto a solicitar al alcalde que condene dichas declaraciones “homófobas”.

El portavoz de C’s ha subrayado durante el pleno que le parece “inaudito” que insultar al alcalde “acarree una multa de 3.000 euros” mientras que el director del colegio Juan Pablo II ha sido condenado a pagar 1.000 euros “tras comparar en unas declaraciones la nueva ley sobre la LGTBIfobia con el terrorismo islamista“.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Reina, Ciudad gay-friendly, Ciudadanos C's, Ganar Alcorcón, IU-LV, PP, PSOE, Susana Mozo

Espiritualidad, General, Iglesia Católica Ángel Garrido, Carlos Osoro Sierra, Conferencia Episcopal Española (CEE), Cristina Cifuentes, España, Estado Confesional, Estado laico, Felipe VI, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, José Javier Barbero, Mariano Rajoy, Matrimonio, Nacional-catolicismo, PP, PSOE, Rafael Catalá, Relaciones Iglesia-Estado, Ricardo Blázquez, Soraya Sáenz de Santamaría, Vaticano

El Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los derechos de las personas transexuales “incidiendo especialmente en los menores” que incluye además el apoyo expreso a la campaña de concienciación sobre la realidad trans en la infancia promovida por Chrysallis Euskal Herria. Lo ha hecho, eso sí, con la abstención del Partido Popular, que aunque respaldaba el resto del texto no ha querido ofrecer su apoyo expreso a la campaña de la asociación de familias de menores transexuales de País Vasco y Navarra.

Reproducimos literalmente el texto de la declaración:

1. El Parlamento de Navarra reitera su apoyo y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, incidiendo especialmente en los menores transexuales y su derecho a la no discriminación y a la comprensión de su realidad.
2. El Parlamento de Navarra muestra su apoyo a las familias de menores transexuales y a la campaña que la asociación Chrysallis ha puesto en marcha para dar a conocer la realidad de estos niños y niñas.
3. El Parlamento de Navarra muestra su compromiso para promover el marco normativo adecuado para el respeto de la diversidad sexual y de género, con especial incidencia en lo relativo a menores de edad.

La declaración ha sido presentada por los grupos parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Se han posicionado a favor, además, el Partido Socialista de Navarra (la federación navarra del PSOE) y UPN. Los dos diputados del PP, sin embargo, no han querido dar su apoyo al punto 2 de la declaración, aunque sí al resto.

Una campaña que ha disgustado a los ultraconservadores

Según afirman sus promotores, la iniciativa se ha presentado en respuesta a los ataques que ha recibido la campaña de Chrysallis. Como explicamos hace unos días, la campaña ha constado de 150 carteles repartidos por marquesinas de autobuses de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, además de en estaciones del metro de Bilbao. Su imagen era un dibujo en el que un grupo de cuatro niños corren desnudos, dos con pelo corto y dos con pelo largo (podrían ser por tanto cuatro niños, cuatro niñas, dos y dos, tres y uno…) Asumiendo que se trata de dos niños y dos niñas, si nos fijamos bien vemos que hay un niño y una niña con pene y un niño y una niña con vagina, representados en cualquier caso de forma pudorosa. La imagen se acompañaba de las leyendas “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo” y “La mayoría sufre cada día porque la mayoría desconoce esta realidad. Hablemos de ello. Su felicidad también depende de ti”.

La campaña sufrió la censura de Facebook, que consideró en un primer momento que el contenido era “inadecuado”, y despertó la ira de los sectores más conservadores, sufriendo incluso actos de vandalismo. Pero también ha despertado gran curiosidad por conocer la realidad de los niños y niñas trans y ha sido muy difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Desde dosmanzanas felicitamos a Chrysallis Euskal Herria por el éxito de su campaña. También al pueblo de Navarra, que a través de la cámara que lo representa ha tenido un gesto más que necesario de solidaridad hacia el colectivo de menores trans y sus familias. Navarra fue, no está de más recordarlo, la primera comunidad autonóma que aprobó hace ya más de siete años la primera ley integral de transexualidad del Estado.

General, Homofobia/ Transfobia. Bilbao, Censura, Chrysallis, Chrysallis Euskal Herria, Donostia-San Sebastián, EH Bildu, Euskadi, Facebook, Geroa Bai, Navarra, Niñas transexuales, Niños transexuales, Pamplona, Podemos-Ahal Dugu, PP, PSN-PSOE, Transexualidad, Transfobia, UPN, Vitoria-Gasteiz