El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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El PP vota contra una iniciativa del Parlamento Vasco que pide la destitución de la jueza si no se retracta de sus declaraciones homófobas. 

¿Dónde están los de #YoSoyGayYdelPP?

El Parlamento Vasco ha debatido sobre el tema del nombramiento de María Elósegui en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa señora jueza que decía que “la homosexualidad produce patologías”… y ha manifestado su apoyo a la iniciativa de 75 eurodiputados que instan al Tribunal a revocar su nombramiento en caso de que no se retracte de sus declaraciones. Asimismo, en una declaración firmada de forma conjunta por Elkarrekin Podemos, PNV, PSOE-EE y EH Bildu han mostrado su “total discrepancia con las declaraciones” realizadas por esta señora. Y, por supuesto, con el voto en contra… del PP

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras. Recordemos que para la jueza, los homosexuales hemos implantado la promiscuidad como estilo de vida y eso lleva “no solo a un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, sino también a la aparición o el aumento de patologías piscosexuales” asegurando entre otras muchas barbaridades que “el consumo de pornografía y la promiscuidad son síntomas de retrato psicosexual que requieren un diagnóstico.”

Tras el revuelo causado por su nombramiento, aseguró con soberbia que no pensaba moverse de su puesto. Claro que nada de esto impidió que el PP de La Rioja la invitara a colaborar en la ley trans de la Comunidad. Y el año que viene llorarán otra vez si no les invitan al Orgullo.

Fuente | La Vanguardia, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Duda disipada: el Gobierno de Baviera anunció el martes que no presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo el año pasado en Alemania. El Ejecutivo del Land, gobernado con mayoría absoluta por los socialcristianos de la CSU, ha decidido que un recurso de este tipo tenía muy pocas posibilidades de prosperar. El Tribunal Constitucional alemán, de hecho, ha tumbado en el pasado importantes discriminaciones que afectaban a la comunidad LGTBI.

En junio de 2017, el Bundestag alemán aprobaba el matrimonio igualitario en una votación histórica. Pero poco antes de su entrada en vigor en octubre de 2017, el Gobierno del estado federado de Baviera anunciaba que exploraría la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. Basaron su decisión en el argumentario habitual de los conservadores: según ellos, la Ley Fundamental alemana excluye a las parejas del mismo sexo cuando habla de la “protección especial del matrimonio y la familia”. El Ejecutivo socialcristiano de Horst Seehofer (CSU) encargó entonces un dictamen legal para decidir sobre la idoneidad de recurrir la norma.

Cinco meses después han llegado las conclusiones. Los expertos consultados han determinado que las posibilidades de que prosperara un recurso eran muy escasas, entre otros motivos porque los cambios sociales han superado la visión del matrimonio como una institución exclusiva de las parejas de distinto sexo. También apoya su decisión la propia trayectoria del Tribunal Constitucional, que ha tumbado en el pasado importantes discriminaciones que afectaban a la comunidad LGTBI, ante la pasividad de los diferentes Gobiernos de Angela Merkel. Tras conocer las recomendaciones del dictamen, la Administración de Seehofer votó mayoritariamente (pero no por unanimidad) en contra de presentar el recurso de inconstitucionalidad.

El sector favorable a recurrir teme una pérdida de votos hacia la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) por parte del sector más conservador del electorado de la CSU, con la vista puesta en las elecciones regionales del próximo octubre. Mientras que la fracción más pragmática pide confiar en la opinión de los expertos, que recuerdan también que ningún Tribunal Constitucional o institución equivalente en otros países ha anulado, por ahora, una ley de matrimonio igualitario en vigor. Un ejemplo es el de España, que rechazó el recurso del PP contra la norma 13/2005 por ocho votos a tres en noviembre de 2012.

Según la ley alemana, pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad el Gobierno federal, el de un Land o al menos una cuarta parte de los diputados del Bundestag. Baviera es el único estado federado con un Gobierno monocolor: la CSU, partido hermano de la CDU de Merkel, tiene mayoría absoluta desde las elecciones de 2013. La presencia de formaciones favorables al matrimonio igualitario en el resto de Ejecutivos regionales aleja cualquier otra posibilidad de llevar la medida ante el Constitucional. El grupo parlamentario de la AfD en el Bundestag, a pesar de su beligerante oposición a la igualdad LGTBI, no alcanza la cifra necesaria de escaños para recurrir la medida.

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El Parlamento Europeo apoya, con mayoría aplastante, una enmienda que condena las “terapias de conversión” y exige a los estados miembro que las prohíban.

También han exigido educación escolar que prevenga la discriminación y hacen un llamamiento por la despatologización de las identidades trans. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este 1 de marzo, con considerable retraso, el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2016. El texto da cuenta de la situación de la población LGTBI e insta a los países miembros a que apliquen las medidas oportunas para acabar con la discriminación. El informe insiste de nuevo en la necesidad del reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo, así como aboga por la despatologización de la transexualidad y la prohibición de las terapias reparadoras de la orientación sexual.

Las personas LGTB+ somos lo que somos y no podemos “curarnos” ni “cambiar” puesto que no hay nada que curar ni cambiar. Esto, que parece una obviedad, es algo que muchos grupos conservadores no acaban de entender. Uno de esos grupos, por cierto, es el Partido Popular de Javier Maroto, que para no apoyar la Ley LGTBI de Podemos presentó la suya propia en la que eliminaron la prohibición de las “terapias de conversión”.

Habrá que ver qué dice ahora el Partido Popular después de que el Parlamento Europeo haya votado con una amplísima mayoría (435 votos contra 109) un texto que condena esas “terapias” como peligrosas e insta a los países miembros a prohibirlas.

Las terapias de conversión en menores están prohibidas en nueve de los Estados Unidos (y cada vez son más los que toman esa decisión), así como en Suiza, Malta, Taiwan, dos provincias canadienses y el estado australiano de Victoria.

Pero el texto aprobado por el P.E. también condena la discriminación contra las personas LGTB+ y urge a “la inclusión en el currículum escolar de educación sobre el valor de la tolerancia“, en el que se traten temas como la lucha contra la LGTBfobia y otras formas de discriminación. Además también pide a la Comisión y a los Estados Miembro que garanticen la libre circulación de las parejas homosexuales y sus familias; y exigen que “se reconozca el cambio de género [de las personas trans] y se provea un acceso rápido, accesible y transparente a los procedimientos de reconocimiento legal del género sin requisitos médicos como la cirugía o la esterilización“.

El 6 de julio de 2017 se anunció en sesión plenaria del Parlamento Europeo la presentación del informe sobre la situación de la ciudadanía en relación a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante el 2016. Sin embargo, hasta el 1 de febrero de este 2018 no se inició el proceso de aprobación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quien, tras las enmiendas oportunas dio su respaldo el día 13 del mismo mes. El informe fue presentado a debate en la sesión plenaria del Parlamento del 28, y finalmente fue sometido a votación el pasado 1 de marzo.

Del texto definitivo fue ponente fue el luxemburgués Frank Engel, perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Tras el debate y la toma en consideración de nuevas enmiendas, fue aprobado por 429 votos a favor, 135 en contra y 69 abstenciones. La resolución, que no es vinculante, insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que apliquen las medidas oportunas en asuntos como los derechos de inmigrantes y refugiados, la protección a la infancia, la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la discriminación de las minorías. En cuanto a este último asunto, recuerda las obligaciones contraídas con estos dos artículos:

El Parlamento Europeo (…)

50.  Observa que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

52.  Recuerda que los derechos humanos son universales y que las minorías no deben sufrir discriminaciones; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo mayor de violación de los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho;

Respecto a los derechos de las personas LGTBI, el Parlamento lamenta la discriminación que aún sufren las personas LGTBI, e incide en la condena de las terapias reparadoras de la homosexualidad, en la necesidad urgente de despatologización de la transexualidad y en las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida. Estos son los artículos relacionados (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo (…)

59.  Anima a incluir la educación sobre los valores de la tolerancia en los planes de estudios escolares para dotar a los niños de los instrumentos que necesitan para identificar todas las formas de discriminación, con independencia de que se dirija contra los musulmanes, los judíos, los africanos, la población romaní o las personas LGBTI o contra cualquier otra minoría;

60.  Pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar los estereotipos de género en la escuela;

61.  Lamenta que las personas LGBTI sean víctimas de acoso e intimidación y sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas;

62.  Condena todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI; anima a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia;

63.  Anima a la Comisión Europea a que presente un programa que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos respetando las competencias de los Estados miembros, y a que supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI;

64.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las uniones y/o los matrimonios del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar; insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la Unión que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

65.  Acoge con satisfacción las iniciativas por las que se prohíben las terapias de conversión LGBTI y se prohíbe la patologización de las identidades trans e insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas similares que respeten y apoyen el derecho a la identidad de género y la expresión de género;

66.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;

67.  Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

68.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;

69.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio.

En el debate, participaron algunos de los eurodiputados españoles. Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del Partido Popular) expresó su voto favorable y calificó de acertado el informe en su denuncia de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de la trata, de los colectivos LGTB víctimas del odio o de los migrantes, aunque lamentó la falta de menciones a los derechos de las víctimas del terrorismo, recordando los últimos atentados sufridos en distintas ciudades europeas. Juan Fernando López Aguilar (del Partido Socialista Obrero Español) describió el paisaje de los derechos fundamentales en Europa como «oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo» y abogó por la lucha contra todo tipo de discriminación. Por último, Ramon Tremosa i Balcells (del PDeCAT) dedicó toda su intervención a la situación política de Cataluña.

Estos fueron los votos de los eurodiputados españoles:

• A favor:
  • Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa:
    • Beatriz Becerra Basterrechea (Independiente), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Enrique Clavet Chambon, (Independiente), María Teresa Giménez Barbat (no afiliada), Javier Nart Peñalver (Ciudadanos), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) y Ramon Tremosa i Balcells (PDeCAT).
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Xabier Benito Ziluaga (Podemos), Tania González Peñas (Podemos), Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Miguel Urbán Crespo (Podemos).
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar Ayuso González (PP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PP), Rosa Estaràs Ferragut (PP), Santiago Fisas Ayxelà (PP), Francesc Gambús i Millet (no inscrito), Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes Pascual (PP), Esther Herranz García (PP), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP), Verónica Lope Fontagné (PP), Antonio López-Istúriz White (PP), Gabriel Mato Adrover (PP), Francisco José Millán Mon (PP) y José Ignacio Valcárcel Siso (PP).
  • Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo:
    • Clara Eugenia Aguilera García (PSOE), Inés Ayala Sender (PSOE), José Blanco López (PSOE), Soledad Cabezón Ruiz (PSOE), Jonás Fernández Álvarez (PSOE), Iratxe García Pérez (PSOE), Eider Gardiazabal Rubial (PSOE), Enrique Guerrero Salom (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Ramón Jáuregui Atondo (PSOE), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) y Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSOE).
• En contra:
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar del Castillo Vera (PP) y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP).
• Abstenciones:
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Javier Couso Permuy (IU), Paloma López Bermejo (IU), María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa) y Ángela Vallina de La Noval (IU).

Las diputadas Terry Reintke y Malin Björk, copresidenta y vicepresidenta respectivamente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, hacían la siguiente declaración:

A pesar del gran progreso en muchos países durante la última década, la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo una realidad en la Unión Europea. Las personas LGBTI deben permanecer libres de discriminación, intimidación y violencia. Se debe garantizar su derecho a la autodeterminación y se debe proteger su integridad física.

Este informe es una evaluación clave para salvaguardar los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora contamos con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para seguir trabajando en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI en todas las áreas de la vida.

Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Sirpa Pietikäinen, hacía la siguiente reflexión sobre las terapias de conversión LGTBI:

Actualmente, solo el Reino Unido, Malta y algunas regiones de España han prohibido explícitamente las terapias de conversión LGBTI. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos ya han condenado la práctica de las terapias de conversión en varios países.

Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo toma una posición contra las terapias de conversión LGBTI. Este informe es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede estar a la vanguardia de la lucha por los derechos fundamentales.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Tras decaer la enmienda a la totalidad del PP, la Ley LGTBI continúa el trámite parlamentario con 287 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos.

Podemos retira de la ley las multas por ofensas LGTBfóbicas en redes sociales porque valoran muchísimo la libertad de expresión.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual o el Centro Nacional, Ángeles Álvarez, Ciudadanos, ERC, Ley de violencia contra las mujeres, Memoria Histórica LGTBI, PNV, PP, PSOE, Unidos Podemos

La Mesa del Congreso de los Diputados ha desbloqueado por fin dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB: la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (propuesta por la FELGTB y presentada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género” (propuesta por el PSOE). La decisión de Ciudadanos de marcar una ruptura parlamentaria selectiva con el PP (partido con el que tiene un acuerdo de legislatura y junto al que dispone de mayoría en la Mesa del Congreso) ha resultado clave.

La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI fue registrada el pasado mes de mayo, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Desde entonces la Mesa del Congreso ha decidido una docena de veces ampliar el plazo de presentación de enmiendas, generando una situación de bloqueo que se ha prolongado varios meses. El PP decidía finalmente presentar una enmienda a la totalidad y proponía como alternativa una ley “florero”, consistente en una mera declaración de intenciones sin medidas efectivas ni capítulo sancionador. El pasado día 22 el pleno del Congreso rechazaba la enmienda popular por 207 votos contra 131. Se abría entonces un nuevo plazo de enmiendas al articulado que finalizaba este martes y que la Mesa del Congreso ya no ha prolongado. La proposición queda por fin lista para su discusión.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

Posteriormente, y de la misma forma que describíamos antes, la Mesa del Congreso ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso). Hasta este martes, cuando se ponía fin a este periodo sin que se haya presentado ninguna enmienda a la totalidad, abriéndose ahora el plazo de enmiendas al articulado que finaliza el 6 de marzo. Un plazo que en buena lógica no debería ampliarse más, dado que se trata de una proposición de ley más sencilla que la anterior. Así lo destacaba en Twitter Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y que lleva más de un año batallando por la aprobación de esta reforma:

Hoy #Extremis con la presión de colectivos x fin se ha cerrado plazo enmiendas a totalidad #ReformaLeyTrans2007, paralizada en 1º fase con 5 ampliaciones, ahora se abre plazo enmiendas articulado hasta 6 marzo, tiempo + q sobrado para Ley 3 paginas, menores no pueden esperar + ¡ pic.twitter.com/hXLroWkWfQ

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 27 de febrero de 2018

En definitiva, después de meses de espera ambas proposiciones de ley encaran su recta final. Las dos iniciativas consiguen por fin zafarse del bloqueo legislativo que sufre el Congreso, facilitado por la composición de la Mesa: tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, este órgano, que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

En definitiva, ante la negativa del PP a permitir que se discutan numerosas iniciativas de la oposición, es Ciudadanos quien tiene la llave. La decisión de los de Albert Rivera de marcar en este momento distancias con el PP, permitiendo el desbloqueo de varias proposiciones (como por ejemplo la de la reforma de la conocida como “ley mordaza”) ha sido clave.

Seguiremos con atención la próxima evolución de ambas iniciativas (que por cierto no deben confundirse con otra proposición más reciente, la de ley integral de transexualidad registrada la pasada semana por Unidos Podemos, y de la que hablaremos en una próxima entrada).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Andrea Levy, Carla Antonelli, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, En Comú Podem, En Marea, FELGTB, Javier Maroto, Jesús Generelo, LGTBfobia, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos

En una entrevista publicada por La Otra Crónica, Javier Maroto asegura que en el Partido Popular hay muchos gais y lesbianas porque lo de ser LGTB+ y de izquierdas es “un cliché”.

Afirma que si no fuera por el PP no habría tantos avances en materia de igualdad LGTB+, aunque en realidad el PP siempre ha estado en contra de esos avances.

Javier Maroto: “Si todos los gais fueran de izquierdas no habría ni matrimonio igualitario”

El PP de Javier Maroto y Andrea Levy mantiene la “Utilidad Pública” de Hazte Oír

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Gravísimo: El Consejo de Europa pone a Albiol y Maroto como ejemplos de políticos xenófobos

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“Es tan bueno que me ha enseñado a no mentir”, asegura Javier Maroto en una entrevista a la sección “La Otra Crónica” de El Mundo. Se refiere a su marido, con el que contrajo matrimonio en 2015. Y es que actual vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular es desde hace años, ya cuando era alcalde de Vitoria, un político gay visible, aspecto que siempre hemos alabado en esta página. Ahora bien, Maroto se equivoca en una cosa: su marido no le ha enseñado “a no mentir”. Porque el diputado popular es un mentiroso redomado, y lo vuelve a demostrar, una vez más, en la mencionada entrevista.

Preguntado sobre la posición de su partido sobre el matrimonio igualitario, (“su partido barajó quitar la ley”, le comenta el periodista), Maroto responde: “No. Mira, esa es una historia que nosotros mismos no hemos comunicado bien. El Partido Popular llevaba en el programa de Aznar la ley de parejas de hecho y el matrimonio civil que estaba operativo en Francia. El mismo. Ganó las elecciones Zapatero e implementó el matrimonio igualitario, que yo siempre he defendido antes y después. El Partido Popular, de forma errónea, en mi opinión, interpuso un recurso al Tribunal Constitucional porque no creía que debería compartir el nombre con el sacramento católico, la palabra ‘matrimonio’”.

“¿Qué opina usted?”, le pregunta el periodista. “Yo lo llamo matrimonio porque se llama matrimonio. Pero el PP dijo que no nos gustaba el nombre y lo recurrimos. Creo que fue una decisión equivocada. En todo caso, lo más importante que se dijo es: ‘A pesar de tener mayoría absoluta y podemos cambiarlo, respetaremos lo que diga el Tribunal Constitucional’. El Tribunal Constitucional dijo que matrimonio es la palabra adecuada y el PP de Mariano Rajoy dijo que ese derecho se queda con ese nombre, teniendo mayoría absoluta”, responde Maroto.

Cómo se consiguió el matrimonio gay

Sí, así de grande lo ponemos porque, como dicen en Estoy Bailando, si Maroto se leyera este artículo de El País que repasa la historia que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario en España vería que el contrato de unión civil aprobado en 1999 en Francia se consideraba un avance, sí, pero también “un matrimonio de segunda“. “Así que si vas a defender ahora que recurrir el matrimonio en España “porque (el PP) creía que no debía compartir el nombre con el sacramento católico” (lo que te parece una “chorrada” porque “las cosas se llaman como se llaman en la calle“) fue un error, no le eches flores a Aznar cuando sabes perfectamente que lo que proponía tu partido en esa época era una mierda pinchada en un palo.”

En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira. En 2015 fue en la cadena COPE, poco antes de su boda. Luego en la cadena SER. Y probablemente en más lugares. Es radicalmente falso que el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el matrimonio igualitario fue una mera cuestión nominalista. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por su partido, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos por anteponer “la legitimación u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor”.

El PP también defendía en su recurso que “no existe una garantía mínima de certeza, en el ámbito de la comunidad científica, sobre la conveniencia del adoptado de vivir en el seno de una pareja homosexual”. El recurso llegaba a hacer una alambicada argumentación para asegurar que la adopción homoparental era inconstitucional porque (reproducimos literalmente) “el art. 39.2 CE también contempla la protección de las madres, protección que beneficia a la familia. En el caso de la adopción conjunta por una pareja homosexual dicha protección deviene imposible puesto que o bien nos encontramos con dos madres, o bien con ninguna. Ello, además de repercutir necesariamente sobre los hijos adoptados, supondría una discriminación de las familias por razón de sexo prohibida por la Constitución”.

Solamente este hecho, incontestable, nos faculta para llamar una vez más mentiroso a Maroto. Y mentiroso a sabiendas (en la mencionada entrevista a la cadena SER el político vasco presumió precisamente de “saber lo que decía el recurso”). La defensa del argumento nominalista, en cualquier caso, no se sostiene. La Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio no fue una ley de “matrimonio homosexual” que otorgara a las uniones del mismo sexo derechos similares a los del matrimonio y el mismo nombre, sino que abrió el matrimonio, que de forma expresa es un derecho constitucional en sí mismo, a las parejas del mismo sexo. La modificación legal fundamental consistió solo en añadir 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Resultaba por tanto imposible hacer la misma ley sin llamar a las parejas del mismo sexo matrimonio, dado que el cambio legal consistió precisamente en reconocer el derecho constitucional al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Al respecto del carácter mentiroso de Javier Maroto, y aunque este aspecto no se mencione en la entrevista, no podemos dejar de mencionar el hecho de que el político popular no tuviera el menor pudor en estampar su firma en el documento de compromiso con la FELGTB que permitió al propio Maroto y a Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que ese año coincidía con la celebración del World Pride. Un compromiso que después su partido ha incumplido de forma flagrante.

“Si todos los gais fueran de Izquierda Unida no hubiésemos avanzado”

La entrevista de Maroto en El Mundo está plagada de otras muchos insultos a la inteligencia de los lectores, como su aseveración de que “si todos los gais estuvieran en Izquierda Unida, no hubiésemos avanzado en este país como se está haciendo” (cuando Izquierda Unida es una de las formaciones políticas que de forma más clara ha apoyado el avance de derechos en materia LGTB) o su defensa de las políticas de Alberto Núñez Feijoo en Galicia, comunidad donde el PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar una ley LGTB desprovista de capítulo sancionador y que en la práctica es poco más que una mera declaración de buenas intenciones.

La última de las afirmaciones de Maroto a la nos referiremos es la que asegura que “No hay más que mirar las nuevas juventudes del PP. Si es que hay muchísimos gais y lesbianas en el PP. Es un partido atractivo para ellos”. En este punto no tenemos por qué presuponer que miente. Es más, posiblemente dice la verdad: hay muchos gais en el PP. Y también lesbianas. Un buen ejemplo es el de Miriam Blasco, la hipócrita deportista que siendo senadora popular votó en 2005 contra la ley de matrimonio igualitario… de la que después hizo uso en su vida privada.

Otra cosa es la opinión que nos merezcan, especialmente si como Maroto insisten en falsear el pasado para blanquear a su partido y hacer olvidar lo mucho que costó conquistar los derechos que ahora disfrutamos. También ellos.

Y continúa certeramente EstoyBailando: “No te casaste gracias a Aznar. Ni gracias al PP. Te casaste gracias a los partidos de izquierda que se atrevieron a hacer lo que ni tú ni los tuyos habéis hecho nunca: tratarnos con igualdad. Y te lo digo porque a lo mejor se te ha olvidado, queridísimo Javier, que hace unos días presentasteis una propuesta de “Ley LGTBI” que era un insulto. Porque en vuestro afán de distanciaros de cualquier cosa que huela a izquierda habéis tenido la poca vergüenza de pretender que se apruebe un texto que dice defender al colectivo LGTBI a la vez que defendéis “terapias de conversión”.

“Qué pena que aún creas que puedes tomarnos el pelo. Porque entonces sabrías que a la pregunta: “¿Cree que podría haber en España un presidente del Gobierno homosexual”?, la respuesta no es un “Tiene que ser buen presidente, qué más da con quién se acueste“. Eso, Javier, es un cliché. Lo que define al colectivo LGTB+ no es únicamente con quién nos acostamos, es también cómo nos desarrollamos en una sociedad que nos discrimina y en la que hemos de luchar con uñas y dientes para tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Algo que a ti, evidentemente, no te pasa.

Porque a mí sí me importa con quién se acuesta un político. Esto no es una cuestión de programas electorales… es una cuestión de orgullo y dignidad. Y sé que, por ejemplo, un presidente gay del gobierno (si tiene la dignidad que a ti te falta), se atreverá a hacer lo que otros políticos cobardes no se atreven: luchar por la igualdad.

Aplícate el cuento.

P.D.: No quiero irme sin hablarte de otro cliché. Aunque éste es real: la homofobia en tu partido. Tienes una pequeña recopilación aquí…”

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Núñez Feijoo, Andrea Levy, Discriminación, El Mundo, Entrevistas, Homofobia, IU, Javier Maroto, La Otra Crónica, Miriam Blasco, PP, Tribunal Constitucional, World Pride 2017

Los parlamentarios han recordado en sus intervenciones a Ekai, el joven trans que se suicidó el pasado 15 de febrero en Ondarroa (Vizcaya)  y han deseado que no haya más víctimas por ese motivo.

La Ley de Igualdad LGTB podría ver la luz este verano, a tiempo para la celebración del Orgullo.Se hicieron la foto en el WorldPride Madrid 2017.

Prometieron apoyar la ley contra la LGTBIfobia… pero a la hora de la verdad han presentado una enmienda a la totalidad. El Partido Popular ha jugado, una vez más, con el colectivo LGTBI. Pero, esta vez, han perdido. Se han quedado solos. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado a la proposición de Ley de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, que continúa así su tramitación.

El Pleno aprobó la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado 19 de septiembre de 2017, pero el Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad de esta iniciativa que ha defendido hoy en Pleno, con un texto alternativo que es el que hoy se ha votado con resultado desfavorable para el PP.

El Congreso, con el voto de todos los grupos de la oposición, ha rechazado el texto alternativo del PP a la ley LGTBI de Podemos, por considerar que es una propuesta vacía y ofensiva para las víctimas, como Ekai, el adolescente transexual que se suicidó en Euskadi.

Durante el debate el Pleno del Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición han pedido al PP que retire su enmienda a la totalidad, que ha obtenido 207 votos en contra y solo 131 a favor, y han propuesto que presente sus propuestas de cambio a través de enmiendas a la ley de Igualdad LGTBI.

Representantes de la FELGTB, que han asistido al debate aunque se han retirado durante la intervención del PP, han celebrado que haya “triunfado la razón y el sentido común”, porque suponía una “ofensa”, especialmente para el colectivo trans porque no reconoce el “derecho histórico” a que la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad.

Su presidente, Jesús Generelo, ha subrayado que “esta enmienda a la totalidad no debería de haberse producido nunca porque había un gran consenso”.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha justificado que su partido haya rechazado la proposición de ley LGTB de Podemos por las “barbaridades” que incluye, como la de permitir cerrar medios de comunicación que difundan algo en contra del colectivo.

En los pasillos del Congreso, Maroto ha asegurado que el PP “no tiene ningún problema” con el colectivo LGTB pero la propuesta de Podemos “se equivoca” en algunas cuestiones, y ha reprochado al PSOE y Cs por apoyar la iniciativa pese a que en privado están de acuerdo en los errores que incluye.

Entre ellos se ha referido a la posibilidad de poder cerrar medios de comunicación que “digan algo en contra del colectivo”, y también ha criticado que el texto incluya la posibilidad de quitar la custodia a los padres que no autoricen a sus hijos el cambio de género, ya que se trata de cuestiones “muy importantes” que se “deben tratar en familia”.

El PP se ha quedado hoy solo como único partido contrario a la propuesta de Podemos y ha visto como el resto del arco parlamentario ha rechazado su enmienda a la totalidad.

Una enmienda que Maroto ha destacado porque incluía una proposición alternativa, que era además, ha dicho, la primera del PP sobre el colectivo LGTB, al que su partido, ha asegurado, defiende.

La ley en defensa del colectivo LGTBI sigue, por tanto, su trámite parlamentario. Y no gracias al PP. Que no se le olvide a nadie cuando en el próximo Orgullo quieran desfilar, tener carroza y hacerse la foto.

La #LeyIgualdadLGTBI de los colectivos #LGTBI, #ONGS y sindicatos ha dado hoy gran paso adelante. La enmienda a la totalidad de @GPPopular no ha entrado a trámite. Gracias a todxs pic.twitter.com/wkdXpZ5FQr

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 22 de febrero de 2018

Fuente Agencias, vía AmbienteG

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, FELGTB, Homofobia/Transfobia, Javier Maroto, Podemos, PP, PSOE

CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), Congreso de los Diputados, Discriminación, HazteOir, Homofobia, InfoLibre, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, Kenia, LGTBfobia, PP, Tribunal Superior de Justicia (Kenia)

ACTUALIZACIÓN (23/02/2018)

Finalmente, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido volver a ampliar el plazo de enmiendas de la reforma de la Ley 3/2007 hasta el 27 de febrero. Es ya el quinto aplazamiento desde el pasado mes de noviembre. Recordamos que, mediante dicha reforma, se permitirá la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, se modificarán las exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo (despatologizando la transexualidad) y se posibilitarán medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España (página 11 del PDF publicado por el Congreso). La diputada madrileña y activista trans Carla Antonelli insiste en la idea del “secuestro para una ley de dos páginas de artículos”, con los votos del PP y Ciudadanos (que tienen mayoría en la Mesa del Congreso). Antonelli también remarca que “los menores trans no pueden esperar un día más”.

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Este martes, 20 de febrero, la Mesa del Congreso de los Diputados debe pronunciarse sobre el cierre del plazo de enmiendas para la reforma de la anacrónica Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género”. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó iniciar la reforma de la citada norma con la oposición del PP. Desde entonces, como denuncia Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el proceso está encallado y la Mesa del Congreso no acaba de fijar un plazo de cierre para la presentación de enmiendas y que, de este modo, la reforma pueda seguir el correspondiente proceso parlamentario. Según alega Antonelli, la reforma “se encuentra secuestrada” por el PP y Ciudadanos, a pesar de que “tiene cuatro páginas solamente”.

Como recogíamos en noviembre, una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente su identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). Pero hasta llegar ahí debe superar una serie de trámites y procesos parlamentarios (tanto en el Congreso como en el Senado).

En palabras de la socialista Carla Antonelli, “los menores transexuales no pueden esperar ni un día más esta agónica dilación interesada por parte de los componentes de los grupos parlamentario Ciudadanos y Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han manifestado que están de acuerdo en cerrar ya el plazo de enmiendas para una reforma que consta solo de cuatro páginas, de las cuales ni dos corresponden al articulado.

En este sentido, la activista alega que “no puede pasar ni una sola semana más sin que la Mesa del Congreso de los Diputados cierre el plazo de enmiendas para que la reforma de la Ley 3/2007 continúe con su trámite parlamentario y poder entrar finalmente en vigor”. Y aunque dice que “del Partido Popular poco o nada se puede esperar”, la cuestión es, a su juicio, por qué “el Grupo Parlamentario Ciudadanos es participe de este secuestro y boicot a una normativa que solo respeta los derechos humanos de las personas transexuales, cuando ellos en su toma en consideración votaron a favor de la misma”.

Tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso, órgano que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

Despatologización de la transexualidad e inclusión de menores

La proposición de ley elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

Registro de la proposición de ley integral de transexualidad

Por otra parte, Unidos Podemos registrará en el Congreso este viernes (23 de febrero) otra propuesta legislativa a favor de las personas trans. Se trata de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal. “Esta ley es una propuesta robusta, nacida del consenso y del respaldo de 150 organizaciones, y es una respuesta integral. Aunque siempre es positivo que se aprueben leyes de igualdad, en este caso, nosotros necesitamos no solo reconocimiento y garantías, sino también comer. La exclusión laboral y precariedad extrema que viven muchos transexuales es también una forma de violencia, que no debemos consentir”, argumenta en una entrevista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans.

Cambrollé considera que “en esta ley destaca la presencia de un marco jurídico que fomenta políticas públicas encaminadas a favorecer la inserción laboral porque los transexuales sufrimos exclusión laboral y necesitamos políticas activas de empleo. A este respecto, la ley propone reservar un cupo laboral del 1% en empleo público y privado”. La activista explica, además, que la nueva norma es igual de importante que la reforma de la Ley 3/2007, ya que la legislación todavía vigente “atenta contra los derechos humanos, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico y excluye a los menores e inmigrantes”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Carla Antonelli, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, En Comú Podem, En Marea, España, Identidad de género, Mar Cambrollé, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos

El jefe del Ejecutivo riojano ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha comunicado hoy que el Grupo Parlamentario Popular registró ayer en la Cámara regional la retirada de su solicitud de la comparecencia de María Elósegui como experta en la redacción de la futura Ley de Igualdad de La Rioja.

Ceniceros ha intervenido en el pleno del Parlamento de La Rioja para responder a una pregunta del diputado de Podemos Juan Calvo sobre la petición de la comparecencia de esta jurista como experta.

El jefe del Ejecutivo regional ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También ha considerado que “no debería proceder la formulación de esta pregunta” porque él acude al Parlamento a someterse al control de la acción del Gobierno. “No procede entrar en este apartado en el debate, se refiere a una determinación que ha tomado un grupo parlamentario, siempre contestaré gustosamente sobre las actuaciones del Gobierno, no de los grupos”, ha recalcado.

El parlamentario de la formación morada también ha considerado “preocupante” las reflexiones de Elósegui sobre el matrimonio igualitario y que califique como “promiscuas” a las personas LGTBI. Ha emplazado a Ceniceros a manifestar su opinión sobre la homofobia y la transfobia porque la rectificación al retirar la petición de comparecencia no supone que “no opinen igual” que ella. Además, ha dicho que Elósegui tenía que haber dimitido o haber sido relevada como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sus “lamentables” opiniones y por haber “falseado” su currículum.

Por su parte, la diputada socialista Ana Santos también ha preguntado en el pleno sobre esta petición de comparecencia, por parte del PP, de Elósegui; ante lo que la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, se ha remitido a lo ya contestado por Ceniceros.

Santos, en su intervención, ha afirmado que no duda de la preparación y conocimientos de Elósegui, pero “su trayectoria está llana de prejuicios”; y ha dicho que al PSOE le “ha indignado” que el Grupo Popular designara entre los expertos a esta jueza, quien “apela a terapias psicológicas y psiquiátricas para curar la transexualidad”.

Ha preguntado al Grupo Popular cómo puede ser que apoye con su voto una campaña de sensibilización y normalización de la realidad LGTBi en el Parlamento de La Rioja y, por otro lago, proponga un perfil como experta a quien mantiene “postulados discriminatorios”.

Santos ha dicho que se caracteriza por su persistencia y hablará del colectivo LGTBI “hasta el último instante por los veinte años de silencio en este Parlamento”.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Santos, Asamblea del Consejo de Europa, Begoña Martínez Arregui, Ciudadanos, Discriminación, Guido Raimondi, GYLDA, Jesús Garrido, José Ignacio Ceniceros, La Rioja, Ley de Igualdad, LGTBfobia, María Elósegui, Michele Nicoletti, Parlamento de La Rioja, Podemos, PP, PSOE, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unidos Podemos R

Andrea Levy y Javier Maroto… memoria de pez

FELGTB: “El Partido Popular nos ha tomado el pelo”

Anteayer registró una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados 

¿#YoSoyGayYdelPP?

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), autora del texto original de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI y principal impulsora de su aprobación, expresa su más enérgica repulsa a lo que, en palabras de Jesús Generelo, su presidente, considera “la consumación de la mayor traición hacia el colectivo LGTB por parte del Partido Popular desde el recurso al Tribunal Constitucional del matrimonio igualitario”.

El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad al texto aceptado a trámite el 19 de septiembre de 2017 y que solo contó con el voto en contra de dos diputados. Con esta acción culmina el incumplimiento de su compromiso con FELGTB, ya anunciado durante la toma en consideración de la proposición. El Partido Popular se comprometió con FELGTB mediante la firma de un acuerdo el 26 de junio de 2017 a respaldar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI, que le fue entregada y presentada el 28 de septiembre de 2016. El fruto de ese acuerdo llevó a que FELGTB invitara por primera vez en la historia a la pancarta de cabecera de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI al Partido Popular, en una fecha especialmente señalada porque, este año se celebraba además por vez primera en España el Orgullo Mundial (WorldPride Madrid).

FELGTB ha analizado detalladamente la enmienda a la totalidad y la considera “una absoluta tomadura de pelo”. Según Generelo, “el PP ha improvisado un texto carente de contenido, elaborado a espaldas del colectivo directamente afectado, e incluso incoherente con lo que este partido apoya en lo relativo a leyes de protección hacia las personas LGTBI en Andalucía o Extremadura. Nuestra propuesta original, que fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados en su aceptación a trámite, es un texto complejo, trabajado durante años y con 99 artículos. El PP presenta ahora una ficción de enmienda de 33 artículos que produce sonrojo”.

La enmienda a la totalidad del Partido Popular excluye asuntos clave de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI elaborada por FELGTB, como la despatologización de la transexualidad, las mejoras en los derechos de filiación o la formación en diversidad. Además, excluye lo relativo a sanciones, un aspecto fundamental para acabar con la discriminación y los delitos de odio.

“A pesar de que sabíamos del pasado de ofensas al colectivo LGTB por parte del PP, le dimos, con gran generosidad, la oportunidad de sumarse a la lucha por la Igualdad porque deseábamos sumar todos los colores políticos a la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI. Por ello, creíamos en su compromiso con la esperanza de que sería lo mejor para garantizar unos derechos fundamentales a un colectivo históricamente discriminado. Ahora nos encontramos con la consumación de un desprecio mayúsculo: el Partido Popular vuelve a renegar de los principios que defendimos, y que defendieron, en la manifestación del WorldPride. El colectivo LGTBI sabrá tomar buena nota de cara al futuro”, ha manifestado Jesús Generelo.

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

En el citado texto, Javier Maroto, vicepresidente Nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular, se comprometía con FELGTB en nombre de su partido a «apoyar la tramitación de la proposición de “Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, registrada en el Congreso de los Diputados el 4 de mayo de 2017, y asumir un compromiso firme para que el texto aprobado por el Parlamento sea, en términos generales, lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español».

El Partido Popular no solo no ha respetado el compromiso firmado sino que ha llevado a cabo la redacción de la enmienda a la totalidad completamente de espaldas a las organizaciones representantes del colectivo LGTB, en una nueva muestra de desprecio por el trabajo de los colectivos sociales. El Congreso de los Diputados votará la próxima semana si a partir de ahora el texto sobre el que se realizarán las enmiendas al articulado será la propuesta original o la enmienda a la totalidad.

Una ley con un respaldo social incontestable

Además del apoyo recibido por todo el arco parlamentario –con excepción de PP y UPN- en la votación de paso a trámite, la proposición de ley cuenta con un amplísimo respaldo social. FELGTB, la mayor organización LGTB española −compuesta por 44 entidades de todo el país− y una de las mayores de Europa, hizo público el pasado 24 de enero un texto suscrito por 26 organizaciones y sindicatos en el que se pide, entre otros aspectos, «a las diputadas y los diputados del Congreso que, durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto […] ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados».

El texto está firmado por Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol).

Fuente Nota de Prensa de la FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, FELGTB, Homofobia/Transfobia, Javier Maroto, Jesús Generelo, Ley de Igualdad LGTBI, PP

Los socialistas europeos inician una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir que María Elósegui se retracte de sus comentarios LGTBfóbicos.

Si la catedrática no reacciona, el PSOE enviará una carta exigiendo la revocación del nombramiento de Elósegui como jueza del TEDH.

El Partido Popular de La Rioja ha invitado a la María Elósegui, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza cuyo pensamiento LGTBfobo saltó a los medios tras ser elegida jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales, cuya toma en consideración fue aprobada en noviembre con el voto favorable de PSOE, Ciudadanos y Podemos y la abstención de los populares. Un detalle nos llama la atención: la invitación a Elósegui fue hecha antes de que estallase la polémica, lo que a nuestro juicio sugiere que, al menos en parte, el Partido Popular conocía sus postulados. 

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: PSOE y Unidos Podemos, por ejemplo, han pedido directamente el cese de Elósegui por el falseamiento del currículum, mientras que Ciudadanos ha criticado duramente su inclusión en la terna y ha pedido explicaciones al Gobierno. En change.org, por su parte, hay en marcha una petición de dimisión de Elósegui, dirida además a los representantes de España en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que hagan “haga todo lo que esté en su mano” para que no llegue a tomar posesión de su cargo. Y son solo algunas de las reacciones…

El PP de La Rioja ya había invitado a Elósegui como “experta” en transexualidad

Este miércoles, sin embargo, se añadía una pieza más al vodevil, al conocerse que María Elósegui ha sido invitada por el PP al Parlamento de La Rioja como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales. En noviembre, recordemos, el Parlamento riojano aprobaba la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido promovida por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y ante la que los populares preferían abstenerse.

Una invitación que según el portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, fue anterior a que la LGTBfobia de Elósegui saltara a los medios. Según asegura el diario La Rioja, Garrido no ha aclarado si ahora se le retirará la invitación. “Podría ser, pero lo cierto es que no hemos tenido tiempo ni de planteárnoslo“, ha declarado. “La ahora juez de Estrasburgo supongo que tendrá una agenda muy complicada, pero lo que sí quiero dejar claro es que el criterio de elección, en su momento antes de hacerse públicas las supuestas manifestaciones que luego ha desmentido, fue por currículo científico”, añadía a este periódico.

El colectivo riojano Gylda ya ha expresado su absoluto rechazo a la presencia de Elósegui en el Parlamento regional, criticando además la actitud del PP por lo que la aprobación de la ley de transexualidad se refiere. “Gylda siempre se ha caracterizado por mantener un trato correcto con todas las fuerzas políticas y que continuaremos llevando a cabo, manteniendo reuniones, promoviendo iniciativas, etc. (…) Durante este último año, nuestra entidad ha mantenido varias reuniones con el PP, la última con su portavoz parlamentario don Jesús Garrido, en la que pudimos constatar el total desconocimiento de la realidad trans por parte de esta fuerza política, ofertándoles la posibilidad de reunirse con personas trans y especialmente, con madres y padres de menores trans para que pudieran conocer de primera mano su realidad, circunstancia que el PP no ha aceptado a día de hoy”, explican de hecho en su nota, en la que acusan además a este partido de querer dilatar los plazos para que acabe la legislatura sin que la ley sea aprobada.

En toda esta historia, lo que más nos llama la atención es el hecho de que el PP de La Rioja hubiera tramitado la invitación a Elósegui para opinar sobre una ley de transexualidad ANTES de que saltara a los medios la polémica sobre su LGTBfobia. Una circunstancia que nos hace pensar que ese partido (o al menos alguien en ese partido) era plenamente consciente de sus posicionamientos sobre el tema, “supuestamente” desconocidos por los partidos políticos hasta la semana pasada. Y es que, como ya resaltamos en la primera entrada que dedicamos al tema (un día antes que los medios generalistas) es al referirse a la transexualidad cuando Elósegui expresa sus opiniones más extremas. Nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTubede Una Mujer Una Voz.

En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

Es grave que alguien como Elósegui vaya a ocupar una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también es muy grave que en pleno 2018, casi trece años después de que el PP invitara a Aquilino Polaino al Senado de España para insultar a las personas homosexuales, haga lo mismo en La Rioja con las personas transexuales. Y de forma a todas luces consciente: si el PP no conocía las opiniones de Elósegui sobre las personas transexuales ¿para qué la invitó a una ley dedicada a este colectivo?

El PSOE inicia una campaña europea para revocar su nombramiento

Pues mientras el mismo PP invita a esta mujer a participar en la redacción de la Ley Integral Trans de la Rioja desde el PSOE han empezado una campaña a nivel europeo contra su nombramiento. Los diputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo han iniciado una recogida de firmas para exigir a Elósegui que se retracte de sus declaraciones pasadas sobre el colectivo LGTB+. Entre las cosas que esta mujer nos ha ido dedicando está, por ejemplo, su idea de que una persona trans lo que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica en lugar de vivir en contra de su “biología”, que los homosexuales no es que estemos enfermos pero sí que transmitimos muchas enfermedades y sufrimos varias patologías o que el preservativo es malo porque eso hace que los violadores violen más.

Si Elósegui no se retractara de esas declaraciones, los socialistas europeos enviarán una carta a Michele Nicoletti, presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, y a Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para exigir que se revoque su nombramiento.

Por respeto a todo lo que el colectivo LGTB+ y las mujeres han sufrido y siguen sufriendo por culpa de personas con las ideas de Elósegui su nombramiento ni siquiera debería haber sido propuesto.

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea del Consejo de Europa, Ciudadanos, Discriminación, Guido Raimondi, GYLDA, Jesús Garrido, La Rioja, LGTBfobia, María Elósegui, Michele Nicoletti, Parlamento de La Rioja, Podemos, PP, PSOE, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unidos Podemos

Fuensanta Lima, Juan Carlos Suffo y Francisco Javier López, en rueda de prensa en materia LGTBI

Los socialistas exigen al PP de Torremolinos “que abandone el paripé de hacerse la foto en el Orgullo y abracen el compromiso de trabajar por un Torremolinos más respetuoso y diverso del que ellos dejaron”.

El secretario de Diversidad y LGBTI de PSOE Málaga, Carlos Suffo, ha manifestado su rechazo al comunicado que ha hecho el PP de Torremolinos en Facebook, donde los populares definen el turismo LGTBI del municipio como de “baja estopa” y “que ahuyenta el turismo familiar”, algo que los socialistas han tachado de actitud “homófoba”.

Suffo ha señalado que “en un marco incomparable en lo que a materia LGTBI se refiere, con la reciente aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación de personas LGTBI y sus familias de Andalucía” y ante el trabajo que el PSOE viene realizando de manera integral y transversal con los movimientos sociales y la ciudadanía para garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades para este colectivo, “no podemos permitir que en pleno siglo XXI el PP de Torremolinos siga anclado en el pasado en este asunto”.

“El Gobierno socialista de Torremolinos es un ejemplo palpable de este compromiso con las personas LGTBI, ya que desde que José Ortiz es alcalde la relación con las asociaciones y con los empresarios de este colectivo ha sido fluida y productiva. El apoyo y promoción del turismo LGTBI es una de las prioridades en la agenda del Ayuntamiento de Torremolinos, teniendo en cuenta que este municipio es un icono internacional de este tipo de turismo y que mientras estuvo gobernando el PP, nunca gozó de buena salud y sufrió la desidia y el abandono de sus gobernantes”, ha dicho.

“Es inadmisible la carga de homofobia y clasismo que hay en las palabras del PP cuando habla de que los “Gays serios y formales” no están de acuerdo con el turismo LGTBI que promueve el Ayuntamiento de Torremolinos”, ha subrayado Suffo, añadiendo que “es aún más alarmante la separación que hacen entre el turismo de familia y el LGTBI, cuando cada vez son más las familias homoparentales que buscan destinos de vacaciones como Torremolinos”. “Las familias también son diversas y la normalización pasa por la visibilidad y convivencia de diferentes modelos familiares y de personas”, ha dicho.

Finalmente, el secretario de Diversidad y LGTBI del PSOE de Málaga ha pedido al PP de Torremolinos “que abandone el paripé de hacerse la foto en el Orgullo y abracen el compromiso de trabajar por un Torremolinos más respetuoso y diverso del que ellos dejaron”, añadiendo que “Pepe Ortiz ha devuelto el brillo y la categoría de icono LGTBI a la ciudad de Torremolinos, algo que es un hecho indiscutible”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Francisco Javier López, Fuensanta Lima, Homofobia/Transfobia, José Ortiz, Juan Carlos Suffo, Málaga, PP, PSA (PSOE), PSOE, Torremolinos

Al parecer, el Partido Popular de Torremolinos distingue entre “gais serios y formales” y gais “de baja estopa” (decimos estopa en lugar de estofa por respetar el original…). Así se deduce del texto publicado en su Facebook, en el que criticaba la gestión turística del Ayuntamiento de la ciudad malagueña, gobernado desde 2015 por el PSOE andaluz tras perder el PP la mayoría absoluta y obtener el respaldo de Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida.

Ha sido el periodista Alberto Gómez el que nos ha hecho descubrir algo que… no nos ha sorprendido nada. Alberto ha publicado en su Twitter una nota de prensa enviada por el equipo del Partido Popular de Torremolinos en la que analizan los resultados turísticos de Torremolinos en 2017. Según el Partido Popular el turismo en Torremolinos está fatal. Dicen que la culpa es del PSOE, de haber perdido la segunda mejor feria turística de España, de haber eliminado el Campeonato de Europa de Baile que atraía a 5000 personas, de haber dejado decaer el Palacio de Congresos y las instalaciones deportivas. Echan también la culpa a haber dejado de lado a FITUR… Y al final se preguntan si el declive del turismo en la ciudad no es también culpa de los homosexuales. Pero de los homosexuales malos. De los que dan vergüenza. De las travestis, los que tienen pluma… Vamos, de la chusma:

En una nota de prensa, el PP de Torremolinos distingue entre gays «serios y formales» y el resto y asegura que el turismo LGTBI «ahuyenta el turismo familiar». Año 2018. @PPMalaga @PPopular pic.twitter.com/kMbMMhfGbR

— Alberto Gómez (@agalmendres) 25 de enero de 2018

En primer lugar, el texto de la polémica, tomado literamente de la mencionada entrada en Facebook:

¿A quién le puede extrañar si es que no nos acordamos que el PSOE suprimió de raíz las promociones que hacíamos en las capitales de provincia de toda España? ¿O que hemos tirado por la borda EUROAL, la segunda mejor Feria Turística de España después de FITUR? ¿O que hemos eliminado el Campeonato de Europa de Baile que atraía a 5.000 personas durante una semana ¿O el decaimiento de eventos en nuestro Palacio de Congresos? ¿O el fuerte descenso de turistas que han dejado de utilizar nuestras instalaciones deportivas por el pésimo mantenimiento de las mismas? ¿O la supresión de la promoción en FITUR cuyo eco se reflejaba durante tres días en TV1, Antena 3 y Tele 5? ¿O promocionar solo un turismo Gay de baja estopa que ahuyenta el Turismo Familiar y rechazan los propios Gays serios y formales que siempre se han sentido a gusto en Torremolinos?

En este punto, conviene recordar la actuación del PP cuando aún gobernaba Torremolinos. Fue en 2014, cuando el Ayuntamiento prohibió la celebración del “Orgullo Solidario”, un evento que pretendía servir de colofón a una campaña de recogida de alimentos emprendida por activistas LGTB y empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad, por incluir actuaciones de transformistas, al considerar que estos artistas “no dan buena imagen”. Una prohibición que acabó desembocando en la celebración, a modo de protesta, del “Día Internacional del Transformismo” con la participación de numerosos transformistas que quisieron expresar su rechazo a la posición del entonces alcalde, Pedro Fernández Montes, que sigue siendo a día de hoy presidente del PP local, que vive en cualquier caso una fuerte división entre sus partidarios y los de  Margarita del Cid, recientemente confirmada como próxima candidata popular a la alcaldía.

Se da la circunstancia, además, de que desde la actual corporación municipal en efecto se ha hecho un esfuerzo de promoción del turismo LGTB, que por otra parte es tradicional en Torremolinos desde hace décadas. Torremolinos ha participado en las últimas ediciones de FITUR LGBT y fue sede a finales del año pasado del I Encuentro Internacional de Turismo LGTBI de Andalucía. Una promoción que por lo que parece no es del agrado de los populares de la localidad (lo que no deja de ser sorprendente, si se tiene en cuenta la supuesta defensa del empresariado de la que los conservadores presumen…).

Ante el revuelo que el texto publicado en el Facebook del PP ha levantado, el propio partido ha publicado una especie de “rectificación” en la misma red social, firmada por el propio Fernández Montes, que (cómo no) asegura tener amigos gais… La reproducimos, también literalmente:

Quiero salir al paso de las interpretaciones que se han dado sobre la promoción de turismo Gay de baja estopa que no tiene otro sentido que turismo barato, que es lo único que el ayuntamiento ha promocionado en FITUR, lo que ha sido objeto de crítica general incluido Gays que viven en Torremolinos .

Nada de homofobia, desde muy joven he convivido en Torremolinos con amigos y conocidos Gays y de hecho en la anterior legislatura tuve una concejala Gay y en las listas de 2015, figuraban tres personas Gays.

Lo que no quiero para Torremolinos es un turismo Low Cost , sino que se debe promocionar toda clase de segmento turístico incluido LGTB, siempre dirigido a una clase media o alta porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el hecho de que de cada cuatro españoles que pernoctaron en Torremolinos en 2016, uno ha dejado de venir en 2017.

Lamento si alguien se ha sentido aludido.

Casi que preferimos no opinar…

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Gómez, Andalucía, Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede, Discriminación, FITUR LGBT, Homofobia, IU, Margarita del Cid, Pedro Fernández Montes, PP, PSOE, Torremolinos, Turismo, Turismo LGTB

El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

General, Homofobia/ Transfobia. Alicia García, Álvaro Escudero, AWEN LGTBI+, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Equo, FECyLGTB, Fundación Triángulo, Ignacio Paredero, Iguales, Iguales USAL, IU, Juan Vicente Herrera, Junta de Castilla y León, Lesgavila, LGTBfobia, Podemos, PP, PSOE, Segoentiende, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

A partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo”

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

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El Parlamento de La Rioja ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos. El Partido Popular, que ya no dispone de la mayoría absoluta en la cámara riojana, ha preferido abstenerse. 

La Rioja, una comunidad atrasada respecto a otras por lo que al reconocimiento de los derechos LGTBI a escala autonómica se refiere, da un paso de gigante con la tramitación de la iniciativa. Es sin duda una excelente noticia, que esperamos se vea culminada tras el correspondiente proceso parlamentario. Representantes de los colectivos Marea Arcoíris, Gylda y Chrysallis, presentes en el Parlamento regional, desplegaron banderas trans para celebrar el momento, aunque confían en que el proyecto sea todavía mejorado en su tramitación parlamentaria. “Ahora se abre la fase de enmiendas, que mejorarán esta proposición de ley, haciéndola una de las leyes por los derechos de las personas transexuales más avanzada del estado, primando sobre todo los derechos de las niñas y niños trans”, expresaba en Twitter Marea Arcoíris.

Frente a las felicitaciones de los representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos, la parlamentaria del Partido Popular Noemí Manzanos se lamentaba de “no haber sido invitados a formar parte de esta iniciativa”, sobre cuya tramitación su formación se ha abstenido. Lamentos que el activista riojano José Urbaneja reprochaba en Twitter: “Sí se os ha invitado a colaborar con los colectivos LGTB+, en esta y otras iniciativas, y nunca habéis venido a las reuniones”, aseguraba. “No se puede mentir con tanto descaro. Porque las palabras se las lleva el viento, pero los correos electrónicos invitando a su formación a las mesas de trabajo sobre materia LGTB+ son una realidad que existen”, añadía en tuits posteriores.

Seguimos a la espera de una ley estatal

La tramitación de la proposicion de ley en La Rioja es una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana. En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Seguimos a la espera, por tanto, de la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto absolutamente desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (hasta el Tribunal Supremo ha cuestionado en el pasado su constitucionalidad por ese motivo). En este sentido, ya el pasado mes de febrero el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización, que a día de hoy sigue sin producirse.

También estamos a la espera, por cierto, de que avance la tramitación del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB, presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y que el pasado septiembre el Congreso aprobaba tomar en consideración, también con el apoyo de PSOE y Ciudadanos (además de otros grupos minoritarios) y también con la abstención del Partido Popular. Un proyecto que cuenta en su articulado con disposiciones a favor de las personas trans en materia educativa, sanitaria o laboral.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Chrysallis, Ciudadanos, Discriminación, GYLDA, José Urbaneja, La Rioja, Marea Arcoíris, Noemí Manzanos, Parlamento de La Rioja, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad

El Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

El #Pleno da el primer paso para la #ReformaLeyTRANS2007 propuesta por @gpscongreso que permite a los menores transexuales la modificación registral de sexo y nombre 📝 NdP: https://t.co/5AnRWljpzW pic.twitter.com/5jaC1b2JEX

— Congreso (@Congreso_Es) 30 de noviembre de 2017

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

🏳️‍🌈 Estamos en la marcha del #WorldPrideMadrid apoyando los derechos LGTBI 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ioFUmRxka6

— Partido Popular (@PPopular) 1 de julio de 2017

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.

Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Argentina, Bélgica, Carla Antonelli, Ciudadanos, Colombia, Compromís, Dinamarca, En Comú Podem, En Marea, ERC, Escocia, España, Foro Asturias, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, Malta, María del Carmen Dueñas, María Dolores Galovart, Nepal, Noruega, Partido Demócrata Catalán, PNV, Portugal, PP, PSOE, Teresa Jordà, Transexualidad, Transgenerismo, Ttransfobia, Unidos Podemos, UPN

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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