El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) ha denegado la solicitud de cambio de nombre de Gabriel, un adolescente trans de 15 años cuya identidad de género es masculina, que cuenta con el respaldo unánime de su familia y amigos, así como de sus compañeros de instituto y profesores, pero al que un auto niega precisamente su derecho a ver reconocido legalmente su nombre por tratarse de un nombre inequívocamente masculino. Lo sucedido con Gabriel pone de manifiesto la cada vez más vergonzosa situación española por lo que al reconocimiento de la identidad de género se refiere, así como la hipocresía de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, a las que se les llena la boca a la hora de hablar de derechos LGTB pero que llevan toda la legislatura impidiendo el avance de diferentes proposiciones de ley que de ser aprobadas impedirían esta y otras situaciones absurdas.

«Ni me planteaba que lo iban a rechazar», explicaba a El Heraldo de Aragón Pilar Suárez, madre de Gabriel, que hasta el momento no había encontrado dificultad a la hora de que su hijo pueda vivir la vida a la que tiene derecho. Gabriel ya tiene, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a su nombre, gracias a la avanzada ley de identidad de género que hace unos meses aprobaron las Cortes de Aragón. De la misma forma, ha iniciado el tratamiento hormonal con bloqueadores de la pubertad, lo que por el momento impedirá que desarrolle caracteres sexuales femeninos, no deseados. Y pronto empezará tratamiento hormonal, lo que facilitará que desarrolle caracteres sexuales masculinos.

Pero la normativa autonómica de nada sirve cuando se trata de la rectificación registral de la mención al sexo. En este caso entra en juego la anacrónica normativa estatal, que no contempla la realidad de los menores transexuales o de las personas migrantes, y que incluso para los mayores de edad mantiene como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Todo queda a criterio del juez de turno. Y lo mismo sucede con el mero cambio de nombre, pese a que en este caso los jueces son algo más generosos. No ha sido el caso, por desgracia, de la jueza del Registro Civil de Calatayud, que pese a la abundante documentación aportada por la familia (incluyendo un informe del instituto donde estudia Gabriel que acredita que ese es su nombre habitual y así es tratado en clase por compañeros y profesores) ha denegado el cambio.

La razón que da la jueza, según explica la petición que la familia ha lanzado en la plataforma change.org, es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro», algo que en su opinión viola la normativa actual sobre cambios de nombre en el Registro Civil, que no admite aquellos que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre) ni los que induzcan a error sobre el sexo. Sin tener en cuenta que en este caso nos encontramos con la realidad de que quien solicita el cambio es un chico con identidad masculina, no una chica ni una persona no binaria. «Gabriel se llama Gabriel. Y queremos ese nombre en su titulo de la ESO que obtendrá en junio y en su DNI. Y así creemos que debe entenderlo la juez encargada del Registro Civil que lleva el caso. Cuanta más gente firmemos esta campaña, mayor será la presión y más fácil se lo pondremos a otros niñes como mi hijo», finaliza la petición.

Responsables, los partidos representados en el Congreso

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ni siquiera el propio grupo parlamentario que la presentó ha querido llevarla más allá (en teoría hasta tener amarrados suficientes apoyos parlamentarios). Ello ha motivado que un grupo de activistas trans (entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) hayan iniciado una huelga de hambre exigiendo a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que proceda a llevarla al pleno.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

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Una pareja de hombres ha denunciado una agresión homófoba ocurrida en una piscina de una urbanización en Santa Pola (Alicante). Los dos se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja, cuando un vecino les llamó «maricones de mierda», les forzó a salir de la piscina y agredió salvajemente a uno de ellos. El pasado viernes varias decenas de personas protestaron por lo sucedido organizando una besada frente al castillo de la localidad.

Según relata el diario Información, la agresión tuvo lugar el jueves, 12 de julio, al filo de la medianoche. Fran, de 44 años, se encontraba con su novio haciendo uso de la piscina de la urbanización en la que reside desde hace dos años. No eran los únicos: un grupo de adolescentes disfrutaban también de la instalación en ese momento. Como cualquier otra pareja en su situación, Fran y su novio se encontraban en actitud cariñosa, dándose besos. Algo que al parecer irritó al agresor, un vecino que apareció, les gritó «maricones de mierda» y los forzó a salir de la piscina, amenazándolos con arrojarles una piedra. Ya fuera de la piscina el individuo golpeó a Fran en la boca con la piedra, además de darle varias patadas, según la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil esa misma madrugada tras ser atendido en el consultorio médico de Santa Pola. Según el parte de lesiones presentaba heridas en el labio, rotura de un incisivo, lesiones en el hombro y dolor en el tobillo. La víctima refiere además sentir miedo de salir de casa después de lo sucedido.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que está acompañando a la víctima en el proceso. Desde el Observatorio dan la voz la alarma, al considerar que este tipo de agresiones sigue ocurriendo, entre otras razones, debido a la sensación de impunidad de los agresores, ya que «en el ámbito de la tramitación judicial es complicado que un juez encuentre el agravante de homofobia, no son sensibles a la realidad y queremos que se agraven las penas», en palabras de Toño Abad, director del Observatorio. Confiemos en que este no sea caso, y por el contrario la justicia actúe de forma similar a como hizo recientemente en Denia, también en la provincia de Alicante, donde un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, fue condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras insultarles y amenazarles.

Besada de protesta

Lo sucedido a Fran ha encendido las alarmas en Santa Pola, cuyo concejal de Igualdad y Diversidad, Samuel Ortiz, ha expresado su más absoluto rechazo y se ha mostrado además preocupado por el hecho de que esta no sea la primera agresión homófoba que llega a conocimiento del Ayuntamiento, y ello a pesar de las iniciativas en favor de la diversidad que el Ayuntamiento ha desarrollado. «Quizás los ataques de odio de ciertas personas sean una especie de respuesta a esta visibilidad, y es que las raíces heteropatriarcales todavía están muy arraigadas, y ante eso solo nos queda visibilizar las medidas en favor de la diversidad», ha declarado a eldiario.es. En concreto, el concejal menciona una agresión que sufrió otra pareja gay en la zona de Playa Lisa, que se suma a otra agresión que sufrió un miembro del colectivo juvenil Chronos Teatre cuando el pasado 30 de junio participaba en una performance en la calle con motivo del Orgullo LGTBI. Y hace varios meses fue el bar Eccolo, un local regentado por una pareja de chicas y frecuentado por clientela LGTB, el que fue objeto de un ataque a su fachada. 

De ahí que Chronos Teatre, la plataforma feminista Voces de Santa Pola y el propio bar Eccolo convocasen el pasado viernes una concentración ante la fachada principal del castillo-fortaleza de Santa Pola, en el centro de la localidad, a la que acudieron varias decenas de personas. 

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, ante las Cortes Valencianas

Precisamente este lunes comparecía ante la Comisión de Igualdad de Género y LGTBI de las Cortes Valencianas Toño Abad, directos del Observatorio y presidente de Diversitat, para mostrar los datos de su primer informe anual y reclamar la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos discute el parlamento regional. «La discriminación, el odio y la violencia conforman un continuo que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, el trabajo, la familia, los círculos sociales. Llamamos a esta discriminación continua LGTBIfobia básica de fondo, que no es más que un continuo discriminatorio que nos lanza el mensaje de que somos peores personas por ser LGTBI», ha expresado Abad ante los miembros de la Comisión.

«La diversidad se penaliza, y este es un hecho que hay que reconocer para avanzar y ser mejores como sociedad, y es una obligación ética visibilizar esta situación para poder combatirla, independientemente de nuestra ideología, por eso invito al Partido Popular a votar a favor», ha añadido Abad, que ha propuesto incorporar a la futura ley una serie de medidas como consecuencia del análisis comparativo de otras normas, como el deber de intervención de la administración pública autonómica en la detección y erradicación de la violencia o la incorporación de planes de atención a la diversidad en la administración pública valenciana, incluyendo a los Ayuntamientos. Por su parte, Visitación González, responsable de Educación de Diversitat y coordinadora del área de Educación de la FELGTB, que también intervino ante la Comisión, resaltó la importancia que tiene para los docentes una ley que respalde el trabajo en la atención a la diversidad en las aulas.

Tas numerosas alusiones  de la diputada popular Blanca Garrigues a que la ley nacía como una mera declaración de intenciones, innecesaria por existir una ley de mayor rango como la Constitución, Toño Abad contestó que «los cambios sociales, las mejoras como sociedad y como democracia nacen también de las declaraciones de intenciones, de las buenas declaraciones de intenciones». La diputada, en su turno de preguntas, insistió en que las leyes vigentes actualmente ya consagran la igualdad. «La igualdad hay que crearla, no somos todos iguales cuando no recibimos el mismo trato, no conozco a ninguna persona heterosexual que haya sido dicriminada por su orientación sexual o su identidad de género ni tampoco que le hayan puesto las maletas en la puerta sus padres por ser quien es», le respondió Abad, que también se refirió a las acusaciones de «adoctrinamiento» por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad valenciana. «Nadie puede adoctrinar en las aulas para modificar la orientación sexual o la identidad de género en las personas, dado que si esto fuera posible todos seríamos heterosexuales, ya que estamos socializados y educados en la discriminación y la visión negativa de la realidad LGTBI. Si esto fuera posible, no habría ni lesbianas, ni gais, ni bisexuales ni personas trans», explicó Abad.

Fuente Dosmanzanas

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Quienes sigan a dosmanzanas desde sus orígenes recordarán a Javier Rodrigo de Santos, el que fuera concejal de Urbanismo de Palma de Mallorca con el Partido Popular (PP), conocido por su militancia católica y su negativa a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Rodrigo de Santos fue condenado a prisión en 2009 por varios delitos de abusos sexuales a menores, así como por malversación de fondos públicos en locales de alterne homosexual. Años después, Rodrigo de Santos ha sido imputado de nuevo.

Las víctimas de los abusos por los que fue condenado en 2009 fueron menores vinculados a las actividades del Camino Neocatecumenal, la organización católica a la que Rodrigo de Santos pertenecía. Inicialmente la Audiencia de Palma le impuso una condena de 13 años, pero luego fue rebajada a 9 años por el Tribunal Supremo. Antes había sido condenado además a 2 años de prisión por malversar fondos públicos (más de 50.000 euros) en locales de alterne homosexual. En ambos casos se benefició parcialmente del atenuante de drogadicción por ser adicto a la cocaína.

Javier Rodrigo de Santos, casado y padre de cinco hijos, era un político muy cercano al catolicismo más conservador, que como concejal se negaba a oficiar enlaces entre personas del mismo sexo. Participó en las concentraciones con motivo de la visita papal a Valencia en el año 2006, fotografiándose en compañía del entonces obispo de Mallorca. De Santos había llegado a Mallorca de la mano de la que ahora es presidenta del Congreso, Ana Pastor, que lo nombró presidente territorial de la mutualidad de funcionarios del Estado cuando ella dirigía dicha entidad. De Santos desarrolló con posterioridad una fulgurante carrera dentro del PP balear.

Pues bien, como si se tratara de una especie déjà vu, este martes nos desayunábamos con la noticia, publicada por eldiario.es, de que Javier Rodrigo de Santos ha sido imputado por un posible delito de agresión sexual. Según el artículo que firma el periodista Pedro Águeda, Rodrigo de Santos, que salió de la cárcel en 2014, habría utilizado presuntamente su puesto en la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, una ONG que entre otras actividades se dedica a ayudar a la reinserción de reclusos, para coaccionar a dos presos en tercer grado y obligarlos a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su puesta en libertad a Instituciones Penitenciarias.

Rodrigo de Santos habría conseguido su puesto en la ONG tras un periodo como voluntario para el que fue recomendado por una religiosa. Después fue contratado para cubrir una vacante de forma temporal y más adelante ascendió a responsable de uno de los programas de reinserción de presos.

La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos cuenta en su patronato con varias personalidades vinculadas al PP de ideología fuertemente conservadora, como Luis Peral, que siendo diputado de la Asamblea de Madrid se ausentó para no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia. También forma parte del patronato el socialista José Bono. La dirección de la ONG asegura que ninguno de ellos conocía la contratación de Rodrigo de Santos, que fue despedido en diciembre, tras resultar imputado. De hecho, siempre según eldiario.es, la detención de Rodrigo de Santos arrastró a la que era entonces presidenta de la ONG, María Dolores Navarro (exconcejal del PP en los ayuntamientos de Madrid y Torrejón) que se vio obligada a dimitir.

Fuente Dosmanzanas

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El 28 de junio se cumplieron 40 años de la primera manifestación del Orgullo en Madrid y las entidades organizadoras han programado un acto en conmemoración de esos 7.000 pioneros que se manifestaron por las calles de la capital en 1978 por los derechos de las personas LGTB.

Este año, la manifestación comenzará el 7 de julio a las 17.30 horas en Atocha e irá dedicada a las personas transexuales. La primera pancarta llevará el lema ‘Conquistando la igualdad, transformando la sociedad‘, en la que irán los activistas del colectivo y representantes de los partidos políticos que apoyen una hoja de ruta para aprobar la Ley de Igualdad LGTBI y también un Pacto de Estado contra el VIH.

“Tenemos el deber de reivindicar los derechos de las personas trans, el derecho que tienen de que puedan ser y elegir sin estar tutorizadas. Celebramos este año el hecho histórico que ha supuesto la despatologización de la psiquiatrización de las personas trans. No estamos enfermos”, ha dicho Uge Sangil, presidenta de la FELGTB.

Precisamente, la segunda pancarta se llamará ‘Ley de Igualdad LGTBI y Pacto de Estado contra el VIH ya’. Luego le seguirán pancartas de asociaciones de todo tipo, saliendo la última a las 19.30 horas.

Según han informado la responsable para el Orgullo del Ayuntamiento de Madrid, Berta Cao, la primera carroza será la municipal y luego le seguirá la Fundación 26 de Diciembre, asociación fundada por y para mayores LGTB. A las 20.15 saldrán la primera carroza y a las 22.45 horas saldrá la última. Prevén que la última carroza pase por Cibeles a las 00.30 horas. En el escenario de Colón, varias portavoces del colectivo trans irán presentando la llegada de las carrozas mientras pinchará música Paco Clavel.

Uge Sangil, presidenta de FELGTB, ha querido recalcar que este año no ha sido invitado el Partido Popular para asistir de forma institucional a la manifestación del Orgullo. Sangil se ha remitido a sus palabras del 16 de abril, tras ser nombrada para el cargo en la federación de entidades LGTB españolas, cuando ya anunció que el PP no estaría este año en “la cabecera del Orgullo, nuestra confianza ha sido papel mojado y no se merece estar”.

La activista ha señalado el incumplimiento del compromiso al que llegó el partido conservador con la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, que actualmente se encuentra atascada en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

“Decidimos darle un voto de confianza pero hemos constatado que el PP ha traicionado su palabra y nuestra confianza y este año no lo renovamos”, han afirmado desde FELGTB, que critican que el Partido Popular terminase retirando su apoyo al proyecto respaldado por las entidades LGTB y presentando una alternativa “descafeinada”, justo después de que personalidades del Partido Popular asistieran en calidad institucional el año pasado al World Pride,

Durante la rueda de prensa de presentación de los actos del Orgullo, Cogam y FELGTB han recordado que el 28 de junio, se celebraba el 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI en Madrid, que reunió a 7.000 personas, convocada por el Frente de Liberación Homosexual de Castilla (Flhoc). Como homenaje a ellos,el pasado jueves al las 19.30 horas se celebró una manifestación en recuerdo y homenajes a ellos.

Fuente Agencias

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El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el pasado 13 de junio la toma en consideración de la «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», que todos los grupos de la oposición política acordaron presentar después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. La decisión contó con el voto favorable de la presidenta de la Cortes, la popular Silvia Clemente, que atribuyó su decisión de romper la disciplina de voto de su partido a un impulso del «subconsciente».

Los antecedentes de la proposición de ley son ciertamente complelos. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente: se trataba de conseguir su apoyo. Y así parecía que iba a ser. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses estaban incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero incluso así finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno.

El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. Pero era el pasado 13 de junio cuando el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una buena noticia, sin duda, aunque el PP ya ha anunciado su intención de seguir dificultando la aprobación de una ley muy similar a las que han apoyado en otras comunidades y que contribuiría a mejorar la vida de las personas LGTB en Castilla y León. En este sentido, los populares ya han anunciado que pedirán la prórroga del plazo de enmiendas, decisión que corresponde a la Mesa de las Cortes, que en estos momentos cuenta con tres representantes del PP (incluida su presidenta) y tres de la oposición. La posición de Silvia Clemente, en este sentido, seguirá siendo clave a la hora de permitir o no el avance de su tramintación parlamentaria.

Fuente Dosmanzanas

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¿Por qué será que no nos extraña? Teniendo en cuenta que afirmó: “Yo creo que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer” …

La organización ultraconservadora HazteOír, promotora de diversas campañas de odio contra las personas LGTB tanto en España como en otros países (a través de su marca internacional CitizenGO), ha decidido apoyar activamente a Pablo Casado como futuro presidente del Partido Popular. La decisión ha sido adoptada como resultado de una encuesta entre sus simpatizantes, en la que han participado 9.933 personas.

En primer lugar, los simpatizantes de HazteOír debían contestar a la pregunta «¿Eres partidario de lanzar una campaña en favor de alguno de los candidatos?». La respuesta ha sido claramente afirmativa: el 79,83% se han mostrado a favor de participar en favor de uno u otro candidato, mientras que un 20,17% preferían no participar en esta campaña.

Preguntados ya expresamente «¿A qué candidato deberíamos apoyar?», el candidato favorito, entre todos los que han formalizado su candidatura para suceder a Mariano rajoy, ha sido Pablo Casado, que se ha alzado con un 38,56% de las preferencias. La segunda, a más de 16 puntos de distancia, ha sido Soraya Sáenz de Santamaría, con un 22,42%. El resto de candidatos se sitúa muy por detrás: Maria Dolores de Cospedal, con un 13,37%: José Manuel García-Margallo, con un 11,94%; José Ramón García Hernández, con un 8,40%; Elio Cabanes, con un 3,27%, y por último José Luis Bayo, con un 2,04%.

Según el mensaje enviado a los simpatizantes en el que se les informa del resultado de la encuesta, al que ha tenido acceso dosmanzanas, ahora HazteOir propone lanzar una campaña para influir en la elección del presidente del PP, «alguien que defienda los valores que tú y yo defendemos». «Esta campaña no es para apoyar al PP, ni significa que estemos pidiendo ningún voto para el PP, porque ahora no hay elecciones ni municipales, ni autonómicas, ni europeas, ni nacionales. Son unas elecciones primarias dentro del PP y queremos influir en ellas para que el próximo presidente del PP sea un claro defensor de la vida, la familia y las libertades que no nos traicione», asegura.

La campaña, para la que HazteOír solicita ayuda económica a sus simpatizantes, incluirá un bombardeo masivo «a más de seis millones de ciudadanos» a través de correo electrónico y redes sociales, anuncios en prensa nacional, caravanas informativas sobre Pablo Casado, difusión de cárteles en zonas próximas a sedes del PP, etc. HazteOír también expresa su intención de entrevistarse con los presidentes provinciales del PP «para pedirles que observen la máxima neutralidad en estas elecciones primarias».

El texto, firmado por Miguel Vidal «y todo el equipo de HazteOir.org», termina insistiendo en la necesidad de que sus simpatizantes les donen dinero. Vidal es el director de campañas de la organización ultraconservadora.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular de Totana denuncia que esta iniciativa esconde “una ilegalidad” y exige que los pasos de cebra se vuelvan a repintar de blanco de forma inmediata para garantizar la seguridad vial del municipio

“Me parece penoso que el PP se ponga a la altura de Falange“, lamenta Juan José Cánovas, concejal de Igualdad de Totana, y considera que la oposición a la Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI responde a “cuestiones ideológicas”

Falange fue el primer partido en criticar la decisión del Ayuntamiento, colocando de madrugada pancartas homófobas y boicoteando con pintura los pasos de peatones que mostraban los colores del arcoíris

Si es que les traiciona hasta el lenguaje… Cuando en su comunicado hablan de “depurar”, y coincidiendo con La Falange, a algunos nos recuerdan un cierto tipo de “depuraciones”…

El Partido Popular considera “ilegal” la decisión del Ayuntamiento de Totana (Murcia) de pintar varios pasos de peatones con los colores de la bandera arcoíris con motivo de la ‘Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI’, que se celebrará en la localidad entre el 18 y el 29 de junio. Una iniciativa de la concejalía de Igualdad para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI que también ha recibido las críticas y el boicot de La Falange.

Al igual que el colectivo ultraderechista, el Partido Popular denuncia que esta iniciativa esconde “una ilegalidad” y exige que los pasos de cebra se vuelvan a repintar de blanco de forma inmediata, “según estipula la normativa vigente”.

En un comunicado, los populares aluden a los riesgos para la seguridad vial que puede ocasionar esta modificación y afirman que “no se pueden modificar ni alterar las señales y marcas viales de forma arbitraria y caprichosa, máxime cuando están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos de Totana”. “Queremos manifestar nuestro máximo apoyo y respeto a cualquier colectivo que reivindica los derechos que considera oportunos […] siempre y cuando no constituyan ningún tipo de ilegalidad”,

“Vamos a depurar la presunta comisión de actos ilegales por parte de los miembros que lo conforman, porque entendemos que no pueden utilizar el cargo que ostentan para defender un interés particular, partidista e ilegal por encima del interés y la seguridad de todos los totaneros”, añade el PP en el comunicado.

Los populares aseguraron no entender «dónde quiere llegar el alcalde con estas actuaciones» y subrayaron que «nos da a entender que puede ser a buscar la crispación máxima entre vecinos».

En su escrito incidieron en que «cuando todas estas actuaciones vienen desde la izquierda es un todo vale, todo lo justifican y todo lo argumentan intentando hacer ver a la gente que tienen la razón absoluta, incluso en ocasiones, como las que nos ocupa, hasta pasando por encima de la seguridad de las personas».

La campaña de sensibilización y concienciación por las libertades del movimiento LGTBI ha sido liderada por la concejalía de Igualdad a cargo de Juan José Cánovas, portavoz del grupo Ganar Totana-IU. En declaraciones a este periódico, Cánovas lamenta el cambio de opinión del PP respecto a estos temas porque “antes todas las medidas aprobadas en pleno tenían el apoyo unánime”. En este sentido, el edil relaciona este cambio con la entrada al consistorio de un concejal no adscrito y militante de Falange, “provocando que desde el año 2015, las mociones vinculadas a temas de igualdad y diversidad de género no tengan el voto favorable del PP ni el de este falangista”, lamenta Cánovas.

Juan José Cánovas afirma que el PP se ha puesto a la misma altura que Falange y que cuando alude a cuestiones de seguridad vial para oponerse a esta iniciativa “en realidad lo hacen por cuestiones ideológicas”, indica Cánovas y señala que “ahora más que nunca es necesaria la visibilización del colectivo LGTBI”.

La Falange coloca pancartas homófobas en los pasos de peatones LGTBI de Totana

Los primeros críticos contra la campaña de apoyo al movimiento LGTBI del Ayuntamiento fue Falange,  cuando el pasado 13 de junio colocaron pancartas con el símbolo del partido y con un mensaje contrario a lo que ellos consideran “ideología de género”. En este sentido, los partidarios de Falange continuaron sus actividades vandálicas y utilizaron pintura para tapar los colores del arcoíris los pasos de peatones de localidad.

Tanto la Policía como los servicios municipales de Totana han retirado las pancartas homófobas y respecto a los pasos peatonales “volverán a tener los colores de la bandera del arcoíris como parte del programa de la Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI”, manifiesta Cánovas.

¿Y qué dicen estos dos después de ir tras la pancarta del Orgullo?

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

Fuente La Razón de Murcia, vía la Crónica del Pajarito

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El Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para tumbar una moción presentada por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y apoyada por el resto de fuerzas sobre educación para la igualdad y la diversidad. La moción tenía por objetivo instar al Gobierno de España, en colaboración con las administraciones autonómicas, a reforzar la igualdad y la visibilidad de las personas LGTBI en el ámbito educativo.

La moción, que fue defendida el pasado martes por la senadora gallega Vanessa Angustia, portavoz adjunta del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, recogía entre sus propuestas (puedes descargar aquí el texto completo) incluir en el currículum educativo contenidos que fomenten la educación en Derechos Humanos y la valorización de la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar; diseñar un programa de formación de docentes sobre la igualdad de derechos de las personas LGTBI; crear un protocolo específico contra el acoso y la violencia escolar por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género; y aplicar los Principios de Yogyakarta en la legislación nacional relativa a Derechos Humanos.

Tras su debate, e incluyendo aportaciones de Compromís y del PDeCAT, el texto de la moción fue sometido a votación. Fue rechazada por 141 votos en contra (todos del Partido Popular), 109 votos favorables (los de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, Ciudadanos, PdeCAT, Partido Aragonés, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, EH Bildu y Nueva Canarias) y 3 abstenciones (las de Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y la del la exsenadora popular Pilar Barreiro, ahora en el Grupo Mixto). La senadora Ana María González, portavoz del PP en el debate, se escudó en que «en el currículum educativo no existen menciones discriminatorias ni discursos de odio sobre ningún colectivo» para justificar su negativa.

Vanessa Angustia recordó que la moción es consecuencia de la interpelación realizada el pasado 22 de mayo al ya exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. «A pesar del cambio que registra ahora la posición del PP, en dicho debate el entonces ministro mostró su compromiso con medidas que contribuyan a la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo y a la lucha contra el acoso escolar por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género», se ha lamentado en un comunicado el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En palabras de su portavoz adjunta, «el Partido Popular vuelve a hacer gala en el Senado de su mayoría absoluta arrogante e intolerante y vuelve a mostrar su nulo compromiso con la igualdad y la diversidad. Utiliza las iniciativas parlamentarias que pretenden fortalecer la protección de los derechos de las personas LGTBI para vengarse de las fuerzas progresistas que han conseguido terminar con el Gobierno de la corrupción. Las personas LGTBI no nos merecemos que el PP use nuestros derechos para materializar mezquinas vendettas políticas».

Fuente Dosmanzanas

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Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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Como ya anunciábamos hace unos días, tras ser aprobada por la Cámara Baja y el Senado, el gobernador de Hawái, David Ige, firma la ley mediante la que se prohiben las terapias de conversión a menores de edad en el denominado estado aloha, que se convierte en el duodécimo de los estados que prohiben estas medidas en los Estados Unidos.

El gobernador de Hawái, David Ige, firma este viernes, 25 de mayo, una ley mediante la que prohibe que psiquiatras, trabajdores sociales, asesores médicos y terapeutas familiares o matrimoniales recomienden las terapias de conversión a menores de edad. Con esta ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, Hawaii se convierte en el duodécimo de los estados en prohibir las terapias de conversión en los Estados Unidos. «Abrumadoras investigaciones científicas han demostrado que la ‘terapia de conversión’ no es efectiva y con frecuencia tiene un impacto psicológico duradero y dañino en los menores. Esta práctica no es médica ni éticamente apropiada», declara Ige en un comunicado.

«El propósito de esta Ley es proteger el bienestar físico y psicológico de los menores, incluidos las personas jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, contra la exposición a daños graves causados por los esfuerzos de cambio de orientación sexual al regular la conducta de un estado específico con licencia. Personas que brindan asesoramiento profesional a menores de menos de dieciocho años y que prohíben a estos profesionales involucrarse, intentar participar o publicitar los esfuerzos de cambio de orientación sexual en personas menores de dieciocho años», explican en el proyecto de ley que ha sido defendido principalmente por los demócratas, que dominan la Cámara Baja, donde ha sido aprobado con los únicos votos en contra de dos republicanos. También la Cámara Alta aprobaba holgadamente prohibir las terapias de conversión, al encontrarse con un único voto en contra, el del demócrata Mike Gabbard, líder de la Alianza para el Matrimonio y los Valores tradicionales, que anteriormente habría estado haciendo campaña contra el matrimonio igualitario.

Con la aprobación de esta ley también se crea un grupo de trabajo de orientación sexual para proporcionar ayuda profesional a los menores que buscan asesoramiento en cuestiones relacionadas con la orientación sexual. «Agradecemos a los muchos defensores, aliados, padres y sobrevivientes que hablaron en contra de esta práctica abusiva e instamos a sus funcionarios electos a adoptar estas protecciones cruciales. También agradecemos al Gobernador Ige y a la Legislatura del Estado de Hawái por promulgar esta legislación para proteger a los jóvenes LGBTQ del estado», declara Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign.

Con esta medida, Hawái se une a Maryland, que también aprobaba hace menos de dos semanas una ley similar y cuyo gobernador republicano, Larry Hogan, firma una ley promovida por un senador demócrata mediante la que se prohíben las terapias de conversión en menores de edad en su estado.

Siguiendo la postura de otros estados, Larry Hogan, gobernador republicano del estado de Maryland, ratifica la medida ya aprobada por la Cámara Baja del estado para prohibir las terapias de conversión a menores de edad en su estado este mismo martes, 15 de mayo, haciendo de su estado el undécimo que prohíbe este tipo de prácticas homofóbicas. Que pretender alterar la orientación sexual de una persona a través de terapias psicológicas ampliamente desacreditadas por las asociaciones médicas y de salud mental. Los partidarios de la medida están convencidos de que de esta manera contribuyen a proteger a los menores de edad de la depresión, la ansiedad y los potenciales intentos de suicidio que provocan este tipo de prácticas.

«Creo que es fantástico, porque salvará las vidas de los jóvenes en nuestro estado (…). Para los jóvenes LGBT, es una situación demasiado prevalente, y es un avance significativo decir: ‘¿Sabes qué? Sé quién eres’», declara Richard Madaleno, senador demócrata y promotor de un proyecto de ley que ha sido apoyado también por algunos republicanos, como la delegada Meagane Simonaire, que llegó a compartir con la Cámara Baja el dolor que sintió cuando sus padres le recomendaron las terapias de conversión al revelar que era bisexual. La mera idea de que sus padres pensaran que podrían «arreglarla» fue suficiente para caer en una profunda depresión. «Estoy muy orgullosa del duro trabajo de todos», asegura Simonaire, mostrándose orgullosa de que un gobernador republicano haya firmado esta ley.

«Sabemos que 700.000 personas en los Estados Unidos han pasado por terapia de conversión, y 78.000 adolescentes la pasarán en los próximos cinco años, y esto nos está acercando a cero», declara Mathew Shurka, un activista que ha estado haciendo campaña por la prohibición de las terapias de conversión después de haber estado cinco años sometido a ellas, cuando tenía entre 16 y 21 años de edad.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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La Universidad Complutense de Madrid ha presentado públicamente su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, cuyo desarrollo comenzó ya en 2016. La Complutense decidió así adelantarse al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid (la ley integral trans), aún pendiente. La puesta de largo del protocolo tuvo lugar en una jornada que tuvo lugar este viernes, organizada junto al colectivo madrileño Arcópoli. La Universidad Complutense de Madrid es la universidad española con mayor número de alumnos presenciales en sus aulas.

«Nuestro protocolo es el primero que en la Comunidad de Madrid aborda de manera integral la identidad de género. Es un documento vivo con vocación constante de mejora y adecuación, y que es resultado de la colaboración fructífera entre esta Delegación, el Vicerrectorado de Estudiantes y la Asociación Arcópoli», expresó Esteban Sánchez, delegado del rector de la Complutense para la Diversidad y el Medio Ambiente. «La Universidad Complutense de Madrid contempla la diversidad como un activo, como una fortaleza de la institución», añadió.

El rector Carlos Andradas, que inaguró la Jornada sobre Identidad de Género en el marco de la cual se presentó el protocolo, no quiso olvidar la labor realizada por la anterior delegada en materia de Diversidad, la profesora Mercedes García, quien promovió que la Universidad Complutense fuese pionera sin necesidad de esperar el desarrollo reglamentario de la ley integral trans. «Se nos deberían abrir las carnes con que a estas alturas del siglo XXI aún tengamos que estar dando pasos en cosas que deberían estar hechas hace mucho tiempo». señaló Andradas, muy acertadamente.

La jornada reunió en primer lugar a representantes de los cuatro partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid: Carla Antonelli (PSOE), Ana Camins (PP), Eduardo Fernández Rubiño (Podemos) y Tomás Marcos (Ciudadanos). Los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que recordamos fueron las tres fuerzas que aprobaron la ley integral trans gracias a que el PP no dispone de mayoría absoluta en la presente legislatura, lamentaron que el Gobierno regional madrileño no la esté materializando. La diputada popular Ana Camins se defendió argumentando que «no es una ley de fácil aplicación», aunque añadió que su despliegue va a ser una realidad «espero que en breve».

Los representantes de los cuatro partidos elogiaron a la Universidad Complutense por el paso dado al desarrollar su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, aunque el representante de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño, insistió en que es también necesario que la futura Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (la polémica LEMES, que se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea de Madrid) garantice también los derechos de las personas trans y LGBTI para reforzar el respeto a los mismos con independencia de la mayor o menor voluntad de los rectorados.

Tras el debate político, moderado por el delegado de Diversidad de la Complutense Esteban Sánchez, tuvo lugar una mesa redonda organizada por Arcópoli y en la que participaron varias personas trans que debatieron sobre la situación real del colectivo en la Comunidad de Madrid.

29 estudiantes han visto ya modificados sus datos personales

El acto finalizó con la presentación formal del protocolo, que según explicó durante la jornada Laura Jiménez, de Arcópoli (colectivo que tiene precisamente una base universitaria) ya está dando resultados: hasta la fecha son 29 los estudiantes que ya han visto modificados sus datos personales en toda la documentación generada por la Universidad Complutense (carné de estudiante, certificados, listas de clase, actas, censos electorales, etc.).

Os dejamos con el vídeo publicado por la Universidad Complutense en su canal de YouTube que recoge la parte de jornada en la que intervinieron representantes de la Universidad (tanto el debate político como la presentación del protocolo):

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Adriano Antinoo, la entidad proponente de la iniciativa, lamenta la abstención del PP con la excusa de cuestiones técnicas.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado dedicar a Pedro Zerolo, activista LGTB fallecido en junio de 2015, una plaza en el centro de la ciudad. En concreto, el espacio que recibirá su nombre está situado junto a la Alameda de Hércules, al frente de los cines Alameda. A día de hoy carece de nombre diferenciado. El Partido Popular no ha querido sumarse al homenaje del resto de grupos políticos del Ayuntamiento sevillano y ha preferido abstenerse alegando cuestiones técnicas.

La asociación Adriano Antinoo felicita la aprobación por parte del Pleno Municipal de Sevilla de dedicar a Pedro Zerolo, activista LGTBI que impulsó la lucha por el matrimonio igualitario en España, que estará situada en el espacio situado delante de los cines Alameda, junto a la Alameda de Hércules. Esta iniciativa es fruto de la petición de la asociación Adriano Antinoo, que informaba a través de un tuity pretende incorporar al callejero de la ciudad de Sevilla personas que se han distinguido en la lucha por los derechos y la visibilidad LGTBI.

La propuesta, que ya había recibido el visto bueno de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo en julio del año pasado, ha sido aprobada finalmente con los votos de PSOE, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). «Los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida han apoyado Este reconocimiento permite a nuestra ciudad incorporarse a la lista de ciudades españolas que reconocen la importancia histórica de Zerolo a favor de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales», se ha felicitado el colectivo Adriano Antinoo, promotor de la medida, en un comunicado de prensa hecho público tras la aprobación de la propuesta.  Este colectivo también ha lamentado la abstención del PP, «que una vez más ha desaprovechado la ocasión para ponerse junto a las personas LGTBI y no a contra corriente de los avances de los derechos y las libertades de este colectivo».

Sevilla | PEDRO ZEROLO TIENE YA UNA PLAZA EN SEVILLA. A propuesta de la Asociación Adriano Antinoo, el Pleno del @Ayto_Sevilla ha aprobado hoy dedicar al activista #LGTBI la plaza existente delante de los cines Alameda, junto a la Alameda de Hércules. pic.twitter.com/p5MJmQzEUw

— Adriano Antinoo LGTB (@AdrianoAntinoo) 25 de mayo de 2018

Desde Cristianos Gays felicitamos al Ayuntamiento de Sevilla por su decisión. Pedro Zerolo, presidió la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) desde 1997 a 2003 (siendo precisos, fue presidente de la FELGT, ya que la entidad aún no había añadido la “B” a su denominación oficial). Desde esa posición Zerolo resistió los duros embates del aznarismo entonces gobernante y contribuyó a desarrollar el movimiento asociativo LGTB en España tal y como lo conocemos hoy. Cuando consideró necesario incorporarse a la política lo hizo desde las filas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, partido del que fue secretario de Movimientos Sociales y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. La historia del movimiento LGTB en España y de sus conquistas (muy singularmente ser uno de los primeros países del mundo en aprobar el matrimonio igualitario) no hubiera sido la misma sin Zerolo, que también contribuyó personalmente a la extensión de estos avances a América Latina.

Por lo que respecto a la abstención final del Partido Popular (que en 2007 sí que apoyó la propuesta cuando la discutió la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo) no supone demasiada sorpresa si se tiene en cuenta el antecedente de lo sucedido en Madrid en el año 2015. Los populares tampoco quisieron adherirse entonces a la decisión del resto de grupos municipales de renombrar la antigua Plaza Vázquez de Mella como Plaza Pedro Zerolo.

El partido que más activamente se ha opuesto a la igualdad de derechos de las personas LGTB entre los grandes partidos españoles queda nuevamente retratado.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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El colectivo madrileño COGAM ha lamentado, en un comunicado de prensa difundido este jueves, el  nombramiento de Miriam Rabaneda como nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. COGAM denuncia que Rabaneda negó, en el anterior cargo que ocupó, «derechos básicos a las personas trans». Se refiere, en concreto, a la negativa a que las personas trans pudieran utilizar el nombre que corresponde a su identidad en las tarjetas sanitarias. 

Miriam Rabaneda ha sido alcaldesa de Pinto y directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2016 fue nombrada directora general de Planificación y Formación de la Consejería de Sanidad, un puesto desde el que controlaba, entre otras muchas competencias, la gestión de la tarjeta sanitaria individual. Un documento emitido por la Comunidad de Madrid, y en el que por tanto, según marca la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid en marzo de 2016, las personas transexuales tienen derecho a que figure el nombre que corresponde a su identidad.

Algo a lo que según COGAM denuncia Miriam Rabaneda, la nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se negó, alegando «problemas informáticos» e invasión de competencias estatales. «Se negaba a entregar los informes jurídicos que justificaran dicha denegación hasta que le obligó el Consejo de Transparencia» argumenta COGAM. Desde la Consejería de Sanidad se argumentó en su momento que la tarjeta sanitaria es un documento vinculado con la Seguridad Social, por lo que cambios en el nombre podrían dar lugar a «distorsiones en el sistema de prestación de servicios», y que obliga también a otras comunidades en caso de prestar asistencia sanitaria a residentes en Madrid. Un argumento que se desmorona si se tiene en cuenta que comunidades como Andalucía o Baleares sí permiten el cambio del nombre en sus respectivas tarjetas sanitarias.

Es por eso que COGAM «quiere expresar su rechazo a este nombramiento dada la negación de derechos humanos básicos que la dirigente [Miriam Rabaneda] ha estado acometiendo durante sus cargos anteriores». «Consideramos una ofensa a las personas trans y sus familias que la directora general que ha sido responsable de no facilitar a las personas trans las tarjetas sanitarias que están siendo facilitadas en otras comunidades autónomas bajo las mismas condiciones haya sido nombrada viceconsejera de Políticas Sociales. Es muy triste tener constancia de que el incumplimiento de la ley trans de Madrid va a continuar hasta el final de la legislatura», ha declarado Emilio García, responsable del grupo Familias Transformando del colectivo madrileño. Desde COGAM afean de hecho al Gobierno regional que asociaciones y colectivos trans «tuvieran que acudir al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que calificó como ‘un problema de discriminación realmente importante’, el no desarrollo de la ley aprobada por mayoría en la Asamblea de Madrid».

COGAM espera también que Ángel Garrido, elegido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid como los votos de PP y Ciudadanos tras la dimisión de Cristina Cifuentes, «se involucre personalmente en el desarrollo de los protocolos y reglamentos necesarios para implantar la Ley de Identidad y Expresión de Género, aprobada en 2016. Durante este tiempo el Ejecutivo que dirigía la dimitida Cifuentes no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley en ámbitos tan necesarios para las personas trans como el educativo o el sanitario. Haciendo oídos sordos, además, a los colectivos trans y a diversos diputados y diputadas del PSOE y Podemos que han pedido en sede parlamentaria la implantación definitiva de esta ley».

«Es necesario desarrollar el mandato legislativo de desarrollo de la ley», ha declarado por su parte Jesús Grande, presidente de COGAM, que en cualquier caso ha tendido la mano al Gobierno regional para ayudarle a rectificar. «Continuaremos ofreciendo la colaboración con las diferentes consejerías, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, y poniendo nuestros recursos, experiencia y conocimientos a la disposición de la Comunidad de Madrid», ha expresado

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, COGAM, Comunidad de Madrid, Defensor del Pueblo, Discriminación, Emilio García, Francisco Fernández Marugán, Jesús Grande, Madrid, Miriam Rabaneda, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad

Por Marta Marquez

Hace ya tiempo que ni Zinegoak ni Lesgaicinemad tenían subvenciones por parte del Gobierno pero aún nos quedaba el Fire!!. Ahora podemos decir que el Gobierno ha quitado las ayudas a los festivales de cine LGTB. El Ministerio de Cultura ha denegado la subvención del ‘Fire!!‘ de Barcelona, la última muestra audiovisual LGTB en España que contaba con apoyo del Ministerio de Cultura.

 

Antoine Leonetti, coorganizador de ‘Fire!!‘ ha contado cómo el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) ha sacado de las listas al único Festival que contaba con algo de ayuda; una pequeña ayuda que, desde luego, no da para mucho pero sí para hacer un poco más digno un festival internacional.

Barcelona era la última muestra apoyada por el ICAA. Sin nuestra subvención, y con Madrid y Bilbao fuera del reparto, no existe un festival de cine LGTB en España apoyado por el Ejecutivo.

 

Según el Ministerio de Cultura: el ICAA no concederá ayudas a los festivales en las que su contenido sea dirigido al público LGTB.

Ninguno de los tres solicitantes —Fire!!, LesGaiCineMad y Zinegoak de Bilbao– resultaron beneficiarios de ayuda al tener una puntuación inferior a 65 puntos. Más de 30 festivales de diferentes temáticas y formatos se quedaron sin recibir ayuda por no superar el corte de puntuación referido en 2017. Hay que poner de manifiesto que existe una fragmentación de festivales con esta temática, (Cataluña, Madrid y País Vasco) que perjudica su acceso a estas ayudas. En este sentido, ayudaría a la obtención de la subvención la existencia de un festival de ámbito nacional y con un impacto mediático, social y en el sector más potente.

 

Según palabras de el productor del LesGaiCineMad, Gerjo Pérez, los grandes festivales como San Sebastián, Valladolid, Málaga o Sitges también “están fragmentados” y, sin embargo, continúan recibiendo apoyo del Ministerio.

Se trata de una política de premiar a los grandes eventos de alfombra roja, que es necesaria, claro, pero estamos olvidando a muestras que fomentan la pequeña producción y fomentan nuevas audiencias, que es lo que pide el Gobierno.

 

Antoine y Gerjo (os dejamos sus comentarios en este orden) han remarcado que sus festivales sobreviven gracias al trabajo de muchas personas voluntarias. Trabajo por el que otras personas cobran y que ellas hacen por “amor al arte”, nunca mejor dicho.

Somos festivales consolidados, con más de 20 años a nuestras espaldas. Aunque pequeñas, las ayudas permiten costear parte de la infraestructura, pagar a la gente y dignificar los eventos. La decisión de restringir las ayudas a los grandes festivales es política.

Proyectamos películas que difícilmente pasarán por el circuito comercial. Y por un tema de visibilidad del colectivo LGTB. 

 

Fuente Oveja Rosa

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La alcaldesa de Alfaro (La Rioja) convocó el pasado jueves al Consejo de la Juventud de la localidad, al que instó a evitar simbología LGTB en la fiesta que organizaba al día siguiente en la Plaza de San Francisco si no quería que esta fuese suspendida. La actitud de la alcaldesa ha merecido la condena de PSOE e IU (los otros dos partidos representados en el consistorio, que gobierna el PP con mayoría absoluta) El colectivo riojano Gylda ha exigido al PP una explicación de lo sucedido, mientras que la alcaldesa Yolanda Preciado asegura que mostrar simbología arcoíris no solo «no era necesario», sino que incluso podía llegar a ser «contraproducente».

El Consejo de la Juventud de Alfaro es un órgano independiente conformado por voluntarios, si bien recibe una subvención del Gobierno de La Rioja (no del Ayuntamiento de Alfaro, que en ese caso se limitaba, según el comunicado del Consejo, a colaboración logística y cesión de espacios). El pasado viernes había organizado una fiesta, amenizada por varios DJs, con la diversidad como leitmotiv, y que tenía lugar en el contexto de las Fiestas de Primavera de la localidad. De hecho, el propio cartel de la fiesta (ver en el lateral) incluía la bandera arcoíris, así como la fotografía de una chica luciendo sus colores en las mejillas. «El motivo de la fiesta ha sido constantemente anunciado desde el 18 de abril», explica de hecho el Consejo de la Juventud en su comunicado.

El propio Consejo de la Juventud de Alfaro confirma en la nota que Yolanda Preciado les convocó expresamente el 10 de mayo, un día antes de de la fiesta, para prohibirles expresamente «mostrar cualquier bandera, pegatina o pulsera que portase los colores del Orgullo Gay». La razón que se les dio era que la bandera arcoíris no era inclusiva y que su exhibición suponía «una discriminación positiva» hacia el colectivo LGTB, algo que el Ayuntamiento consideraba incluso «perjudicial» al no darse casos de homofobia en el pueblo (afirmación curiosa desde el punto de vista estrictamente lógico si se tiene el cuenta que de lo que se trataba era de censurar la bandera arcoíris). Según el Consejo de la Juventud, se les dejó muy claro que «en caso de mostrarlos [los símbolos arcoíris] la fiesta sería suspendida».

La propia alcaldesa, de hecho, ha confirmado lo sucedido al asegurar, «partiendo de la base de nuestro total y absoluto respeto y cariño hacia personas que tienen otra tendencia sexual [sic]» que en efecto convocó al Consejo «porque veía que no era necesario y podía ser contraproducente para el propio Consejo de Juventud (que representa a toda la juventud) marcar diferencias en un concierto inclusivo y organizado extraordinariamente hacia toda la juventud». La alcaldesa, además, aseguró sentirse engañada por el Consejo ya que «solicitaron a festejos (y así salió en el programa), una fiesta de DJs y la víspera del concierto anunciaron una fiesta del orgullo». Lo cierto es que, más allá de lo que reflejara el programa oficial, cualquiera puede comprobar en la página de Facebook del Consejo de la Juventud de Alfaro que desde casi un mes antes de la fiesta esta ya se anunciaba como una fiesta diversa con los colores del arcoíris bajo el hashtag #MásOrgullososqueNunca.

El Consejo de la Juventud ha asegurado, además, estar recibiendo amenazas e insultos tras hacerse pública la polémica, que asegura van a denunciar, y en concreto se refieren al trato denigrante hacia ellos por parte de un programa radiofónico, que no citan expresamente. «Nos sentimos desamparados en este momento por parte de las instituciones públicas, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de La Rioja», aseguran. «No vamos a permitir que se nos trate de mentirosos ante la opinión pública», añaden.

Condenas de PSOE, IU y del colectivo Gylda

Lo sucedido en Alfaro ha sido denunciado por los otros dos partidos presentes en el consistorio riojano, PSOE e IU, que tachan la actitud de la alcaldesa de «dictatorial». La oposición alfareña critica además la hipocresía del PP local, que por primera vez en la legislatura este año daba su apoyo a una moción sobre la visibilidad lésbica «hace apenas quince días en el pleno municipal» y que ahora intenta coaccionar al Consejo de la Juventud para evitar la presencia de simbología LGTB en una fiesta.

Por su parte, desde el colectivo Gylda han querido agradecer el gesto del Consejo de la Juventud de Alfaro «al incluir la diversidad afectivo-sexual en su actos festivos de este fin de semana». Una iniciativa que consideran tiene un valor muy importante, «puesto que ha nacido desde el propio Consejo y sin contactar con las entidades LGTBI, cuestión que demuestra que la juventud alfareña es sensible con nuestra realidad y ha querido trasladar un mensaje de inclusión para las y los jóvenes de la comarca, haciéndoles partícipes de sus fiestas».

Por lo que se refiere a la actitud del Gobierno municipal, Gylda considera que lo sucedido muestra su «poca sensibilización hacia la diversidad, pluralidad y la tolerancia». «Vemos inadmisible que desde una institución pública que debe velar por incentivar el trabajo asociativo y la transmisión de valores como la igualdad, el respeto o la diversidad, se coarte la libertad de entidades asociativas», añade.

El colectivo riojano denuncia además «el postureo del Partido Popular», que por un lado aprueba mociones de cara a la galería y por otro, «coarta todo avance de visibilización y normalización de la realidad LGTBI+ en nuestra comunidad». «Desde Gylda exigimos al PP de La Rioja una explicación de lo ocurrido en Alfaro, así como el desbloqueo de la ley integral trans que mantiene en el Parlamento riojano», añade. Gylda termina su comunicado agradeciendo a todas las personas que acudieron a los actos organizados por el Consejo de la Juventud de Alfaro «con la buena intención de disfrutar de las fiestas haciendo participes a todas las personas independientemente de su orientación e identidad de género».

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Los estados de Maryland y Hawái, se han convertido, respectivamente, en el 11º y el 12º de ese país (sin contar a Washington D.C., la capital federal) en vetar las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad. Intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas y contra las ya antes se han pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otros países del mundo también han aprobado o discuten su prohibición.

Ambos proyectos de ley (puedes descargar aquí el de Maryland y aquí el de Hawái) son similares a las leyes ya aprobadas en otros estados norteamericanos. Prohíben el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores, así como toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Los profesionales sanitarios (médicos, psicólogos u otros) que lleven a cabo estas prácticas en menores o las publiciten como efectivas se enfrentarán a sanciones que pueden acarrear la pérdida de su licencia.

La propuesta de Maryland fue aprobada por el Senado por 34 votos a 12 el pasado 24 de marzo y por la Cámara de Delegados por 95 a 27 unos días después. El gobernador republicano Larry Hogan ha anunciado que firmará la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Durante su tramitación, la delegada abiertamente bisexual Meagan Simonaire sorprendió al revelar que su padre, senador republicano, le aconsejó buscar terapia cuando se enteró de su orientación sexual. Simonaire, también republicana, hizo un llamamiento por un amplio apoyo bipartito a la medida.

En Hawái, el proyecto fue aprobado por el Senado del estado, compuesto solo por demócratas, por 24 votos a favor y solo uno en contra (el de Mike Gabbard, conocido por sus posiciones LGTBfobas). Posteriormente recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde solo recibió dos votos en contra (de sendos republicanos). Durante su tramitación se introdujeron enmiendas para que la prohibición se extienda no solo a las «terapias» que pretendan cambiar la orientación sexual de un menor, sino también las que persigan modificar su identidad o expresión de género. Solo queda pendiente la firma por el gobernador David Ige, demócrata, que se da por segura. La entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Foto: Facebook Colectivo No Te Prives

La Consejería de Educación de Murcia ha suspendido temporalmente, a petición del autodenominado «Foro de la Familia» (una de las organizaciones ultraconservadoras que más activamente se han movilizado contra el matrimonio igualitario en España) las charlas de educación afectivo-sexual y contra la LGTBfobia que desde hace años venían impartiendo en centros educativos de la región voluntarios del colectivo No Te Prives, y que recientemente la Consejería había anunciado que se expandirían en el marco de un programa conjunto. La consejera Adela Martínez-Cachá ha accedido a la petición del grupo ultraconservador dee que antes de las charlas se recabe el consentimiento expreso de los padres, que previamente deberán conocer de forma detallada su contenido. 

La consejera de Educación Adela Martínez-Cachá

Según informa el diario La Verdad, el pasado miércoles la consejera de Educación de Murcia mantuvo una reunión de la que por cierto la Consejería no informó ese día con el presidente del Foro de la Familia, Alfonso Galdón. Según ha expresado esta organización en un comunicado, la consejera accedió a sus peticiones e incluso les pidió disculpas. «Aceptamos las disculpas de la consejera, que ha reconocido que no se requirió el consentimiento expreso a los padres en ningún momento, vulnerando sus derechos constitucionales», expresa la organización ultraconservadora. «Nos ha asegurado [en referencia a la consejera] que utilizará el documento presentado por esta institución para requerir el consentimiento expreso de los padres para recibir formación de este tipo, y será obligatorio que los padres conozcan con detalle el contenido de las charlas o actividades en las que participarán sus hijos», añade.

Alfonso Galdón

Galdón se llena la boca asegurando que el Foro de la Familia no ha actuado contra ningún colectivo sino en defensa de “los derechos constitucionales y libertades fundamentales de los padres, en concreto el de educar en libertad y conciencia a sus hijos“. Pero protestan solo cuando esa educación atañe a la libertad, salud y seguridad (derechos humanos) del colectivo LGTB. Algo en lo que, según parece, el Foro de la Familia y el gobierno del PP de Murcia creen que es mejor que los chavales no aprendan si sus padres no lo autorizan. ¿Quién va a querer que a su hijo lo eduquen en la prevención del acoso y el bullying, o en el respeto y la tolerancia ante la diversidad sexual?

No Te Prives ya venía impartiendo este tipo de charlas en institutos desde el año 2010, siempre después de que los centros lo solicitasen, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. El pasado 17 de abril, sin embargo, la Consejería anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives, a través de una serie de charlas y talleres. El programa incluye además formación y asesoramiento para el profesorado. «La Región es una comunidad avanzada donde apostamos por los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad y es importante inculcar a nuestros alumnos principios que favorezcan la no discriminación y el respeto a la diversidad», declaraba entonces la consejera de Educación.

Sin duda, una magnífica noticia… si no fuera porque el entusiasmo de la consejera en favor del respecto a la diversidad ha durado poco más de una semana. Resulta sencillo de entender que, al ceder a las exigencias de los ultraconservadores y condicionar la asistencia a este tipo de charlas al consentimiento ideológico de los padres, el programa queda absolutamente desnaturalizado. Como bien declaraba a La Verdad el presidente de No Te Prives, Jesús Costa, «los contenidos de las charlas están recogidos en la LOMCE, por lo que no es necesario solicitar autorización alguna». Costa ha lamentado que la Consejería no les informase de la decisión.

Pues Adela. Ella lucha contra la discriminación, el acoso y el bullying como solo una Consejera de Educación puede hacerlo: yendo a un concierto.

Gracias a los más de 3.000 alumnos y docentes que nos acompañaron anoche en el primer concierto contra el acoso escolar ❤️ #NoTeCallesRM pic.twitter.com/3deTDc4v63

— Adela Martínez-Cachá (@AdelaMCacha) 28 de abril de 2018

Porque todos sabemos que la mejor forma de luchar contra el acoso es organizar un festival y no educando a los chavales y chavalas. ¿Pediste autorización a todos los padres de los menores que estaban en ese concierto para que asistieran, Adela, o crees que la lucha contra el acoso escolar es algo básico que se ha de enseñar a los alumnos?

Ya tenemos a los primeros alumnos de la @regiondemurcia esperando para el I Concierto Contra el #AcosoEscolar . ¡Nos vemos a las 20.30h!👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/87jfp0jV8Y

— Adela Martínez-Cachá (@AdelaMCacha) 27 de abril de 2018

La ley regional contra la LGTBIfobia, ¿papel mojado?

La decisión resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de la ley murciana…

Murcia está gobernada por el Partido Popular, que pese a perder en las últimas elecciones autonómicas la mayoría absoluta de la que gozaba cuenta con el respaldo parlamentario de Ciudadanos, a losque poco parece importarles que medios ultracatólicos  difundan noticias como las que siguen:

Captura de la web Religión en Libertad

Le dan legitimidad a personas que llaman “lobby” a organizaciones que luchan por tus derechos y por tu igualdad; a personas que voluntariamente ofrecen su tiempo y esfuerzo para que los jóvenes LGTB tengan toda la información que necesitan para no sufrir acoso y poder expresarse en libertad.

Y,  Adela, y su partido aceptan de buen grado que organizaciones que llaman “doctrina” al cortometraje In A Heartbeat decidan que nuestra seguridad y nuestro conocimiento no tiene cabida en las aulas…

Fuente  La Crónica del Pajarito, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Adela Martínez-Cachá, Alfonso Galdón, Discriminación, Educación, Foro de la Familia, Gobierno de Murcia, Jesús Costa, La Verdad, LGTBfobia, Murcia, No Te Prives, PP

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la «Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación», una norma que aborda de forma integral la realidad de las personas trans en el ámbito normativo y competencial aragonés. Lo ha hecho, además, por unanimidad, y dando respaldo a un texto en el que han participado activamente colectivos trans y LGTB aragoneses.

Los grupos parlamentarios han trabajado durante casi diez meses la propuesta, remitida en julio a las Cortes por el Gobierno aragonés (una coalición de PSOE y Chunta Aragonesista que cuenta con apoyo parlamentario de Podemos), aunque el texto había sido trabajado por organizaciones como Chrysallis, Towanda o SOMOS LGTB+ (entre otros).

Durante su tramitación parlamentaria se han estudiado más de 80 enmiendas de todos los partidos (los ya mencionados PSOE, CHA y Podemos, además de PP, Partido Aragonés, Ciudadanos e IU). Finalmente, este jueves la cámara aragonesa daba su visto bueno de forma unánime al texto propuesto por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, al que puedes acceder aquí. SOMOS LGTB+, unos de los colectivos que ha contribuido, lo celebraba en Twitter, donde publicaba además algunas fotos de la alegría de los activistas presentes:

Se ha aprobado por unanimidad la Ley Trans de la Comunidad de Aragón!!! Enhorabuena y gracias! 💙💗💙💗💙💗 pic.twitter.com/ySMKmWJTs4

— SOMOS (@SOMOSLGTB) 19 de abril de 2018

La nueva ley incorpora el principio de autodeterminación de género y supone la despatologización de las identidades trans en el ámbito competencial de la comunidad autónoma. Reconoce, por ejemplo, el derecho a una documentación adecuada a la identidad de género manifestada en las relaciones con la Administración pública aragonesa. También regula la atención sanitaria a las personas trans en el servicio aragonés de salud e incorpora numerosas medidas a nivel educativo, laboral y empresarial, social y familiar y en campo del ocio, la cultura y el deporte.

Por lo que se refiere a los menores trans, en concreto, la ley aragonesa les reconoce el derecho a recibir el tratamiento médico que precisen para su bienestar. En menores de 14 años el consentimiento lo deberán prestar sus padres o tutores legales, aunque los menores tendrán que ser escuchados. En mayores de esa edad lo prestarán ellos mismos (salvo que estén legalmente incapacitados), con la mera asistencia de sus padres o tutores legales, que podrán en cualquier caso recurrir a la justicia en caso de que consideren que existe un perjuicio. La ley establece, en este sentido, que toda intervención pública deberá estar presidida por el criterio de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de su personalidad conforme a la identidad autopercibida.

La ley incorpora también un apartado dedicado a las personas intersexuales, estableciendo de forma expresa que el sistema sanitario público velará por la erradicación de las prácticas de modificación genital en bebes recién nacidos, salvo que ello sea imprescindible para proteger su salud.

El texto incorpora un capítulo sancionador que enumera una serie de infracciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas trans e intersexuales. Las posibles sanciones van desde el apercibimiento o multa de 200 a 3.000 euros (infracciones leves) hasta las multas de 20.001 hasta 45.000 euros, que pueden ir acompañadas de la prohibición de acceder a ayudas públicas o de la inhabilitación temporal para prestar servicios públicos por un periodo de hasta tres años (en el caso de las sanciones muy graves).

Leyes autonómicas de transexualidad 

La aprobación de la nueva ley aragonesa es una buena noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana.  última de las leyes integrales de transexualidad aprobadas. Hay además leyes de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTB que, no siendo específicas de transexualidad, sí que incluyen muchos de los aspectos recogidos en las leyes integrales mencionadas (es el caso de la ley extremeña, la catalana, la murciana o la balear). El siguiente mapa te las muestra de un vistazo:

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

¿Y a nivel estatal?

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas.

Fuente Dosmanzanas

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Hace ahora un año adelantábamos que Madrid contaría con una plaza de la Memoria Trans en pleno barrio de Chueca. La propuesta partió de Ahora Madrid y contó con el apoyo de PSOE y Ciudadanos en la Junta Municipal del Distrito Centro (el Partido Popular prefirió abstenerse). Formalmente aprobada el 21 de septiembre de 2017 por el pleno de la Junta Municipal de Centro, no fue hasta el 4 de abril cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid le dio su visto bueno definitivo.

La ya oficialmente “Plazuela de la Memoria Trans” se ubica en el cruce de las calles San Gregorio y San Lucas, a algo más de cien metros de la emblemática Plaza de Chueca. Es un espacio arbolado, en el que se sitúa un pequeño parque infantil, que hoy día carece de nombre diferenciado, pese a ser un cuadrado bien definido. El grupo municipal de Ahora Madrid propuso en su momento llamarlo Plaza de Alan Oliveira Costa, el joven adolescente trans cuyo suicidio en Rubí (Barcelona) en diciembre de 2015 supuso un auténtico mazazo para el colectivo LGTB. La familia, sin embargo, no estaba de acuerdo, motivo por el cual se modificó la propuesta para convertir la plaza en un homenaje genérico a todas las personas trans víctimas del odio y la intolerancia.

La placa que hará visible el nombre de la plazuela a los viandantes se instalará en un acto público el próximo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. También se pondrá una placa conmemorativa con los nombres de destacadas víctimas de la transfobia, entre ellas el mencionado Alan.

Fuente Dosmanzanas

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