Lo decíamos anteayer, con motivo de la propuesta de Vox de clausurar el Centro LGTBI de Barcelona: el recorte de los derechos del colectivo LGTBI ocupa ya un papel central en el discurso político de la extrema derecha española. Hoy ha sido su candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, el que ha propuesto invisibilizar el Orgullo LGTB de Madrid, expulsándolo del centro de la ciudad y llevándolo a la Casa de Campo. 

«Lo mantendremos, cambiando de sitio las fiestas del Orgullo, sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos, y los mandaríamos, para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay [sic] y todo lo que quieran, pero dentro de la Casa de Campo, y por supuesto con un contrato de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer, que es un esfuerzo económico muy importante, lo paguen los organizadores», ha respondido Ortega Smith al ser preguntado si un Ayuntamiento gobernado por Vox mantendrían las fiestas del Orgullo LGTB en un debate entre los principales candidatos a la alcaldía organizado por El País y la cadena SER:

En definitiva, la extrema derecha española propone expulsar de las calles de la capital española un evento que, conviene recordar, antes que una fiesta es una manifestación política y un ejercicio de visibilidad. Llevar el Orgullo LGTB a la Casa de Campo, un gran parque situado fuera de la trama urbana de Madrid, no es más que silenciar y hacer invisible al colectivo.

Sobre las molestias que genera el Orgullo y la basura generada, asistimos a un debate que de forma recurrente los sectores conservadores de la sociedad madrileña, y muy singularmente sus medios de comunicación, ya han agitado en el pasado. El Orgullo, como bien sabemos, se ha convertido con el paso de los años en la fiesta más importante de la capital de España. Genera molestias similares a las de la Fallas en Valencia o los Sanfermines en Pamplona, por mencionar dos eventos que nadie propone invisibilizar.

Sobre la basura, ya en 2015 hicimos un ejercicio y comparamos el Orgullo con la la Semana Santa, otro evento que nadie propone desterrar del centro de las ciudades. Nos fijamos en concreto en tres ciudades andaluzas en las cuales esta celebración tiene gran relevancia social y de cuyos residuos también la prensa se había hecho eco en un tono mucho más neutro. ¿El resultado? Pues teniendo en cuenta la población de cada una de las ciudades, el resultado es que la Semana Santa generaba más basura que el Orgullo.

No nos engañemos. No se trata de las molestias a los ciudadanos ni la basura. Si fuera por eso Vox propondría medidas similares para los eventos mencionados. Se trata de invisibilizarnos, de devolvernos al armario colectivo. Con una diferencia importante en el caso de Madrid sobre Barcelona: en la capital catalana Vox carece de cualquier posibilidad de determinar el gobierno municipal. En Madrid esa posibilidad es muy alta: basta que las formaciones progresistas no obtengan mayoría absoluta y Vox sume mayoría junto a PP y Ciudadanos para que el partido de Ortega Smith se convierta en determinante.

Fuente Dosmanzanas

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Este próximo domingo se celebran elecciones generales en España. Posiblemente las más importantes desde la recuperación de la democracia ya que la entrada de juego de Vox, formación de extrema derecha que irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones andaluzas y que podría tener un gran resultado ha alterado el panorama político de forma irreversible y que ha influído en la derechización del discurso de los partidos con los que se manifestó en la Plaza de Colón: Ciudadanos, el Partido Popular y UPyD.  Solo una fuerte movilización del electorado de izquierda puede evitar la catástrofe.

Es por tanto, interesante conocer lo que los diferentes partidos políticos plantean en sus programas en esta materia, y que consideramos conveniente conocer: PSOE; Unidas Podemos (Podemos+IU); Ciudadanos; PACMA; PP y Vox.

PSOE (ver programa)

En la sección dedicada a las personas mayores del programa socialista, aparece la siguiente afirmación génerica: «Las instituciones deben velar por todas las personas mayores y establecer políticas que compensen las especiales situaciones en la que se encuentre algunos colectivos como las personas mayores LGTBI o las personas mayores del ámbito rural». En la sección dedicada al deporte, el programa socialista promete «impulsar nuevas iniciativas que contribuyan a alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, mediante la puesta en marcha de programas cuyo objetivo sea la plena inclusión e integración social y la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la xenofobia, el racismo y la LGTBIfobia en el ámbito deportivo».

El programa incluye luego una sección dedicada enteramente a la «Igualdad de trato para el colectivo LGTBI», cuyas promesas son:

• Aprobar una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género «que establezca medidas de carácter específico para luchar contra la discriminación por estos motivos en el ámbito de la sanidad, la educación, el empleo y la ocupación, los servicios sociales y el acceso a los bienes y servicios a disposición del público».
• Garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual y estado civil.
• Asegurar que la inscripción de los hijos de parejas de mujeres lesbianas, concebidos a través de las técnicas de reproducción humana asistida admitidas en nuestro ordenamiento jurídico (queda excluida, por tanto, la gestación subrogada), se produce sin discriminación alguna en relación con las parejas heterosexuales que utilizan las mismas técnicas.
• Mejorar el estudio y atención de las solicitudes de protección internacional fundadas en la persecución por orientación sexual, identidad de género y características sexuales y reforzar la formación en este ámbito del personal que interviene en la tramitación y resolución de los expedientes, garantizando la seguridad de estas personas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.
• Impulsar la adopción por parte de las autoridades educativas de protocolos destinados a evitar el acoso transfóbico y homofóbico y favorecer el tratamiento de las personas trans en los centros educativos de acuerdo con su identidad de género.
• Impulsar la aprobación de protocolos específicos de atención destinados a personas LGTBI mayores y con discapacidad que tengan en cuenta sus necesidades específicas.
• Impulsar el estudio del fenómeno de la violencia sufrida por las personas LGBTI en el entorno familiar, así como la producida en el seno de parejas del mismo sexo, con vistas a la adopción de medidas específicas para la protección efectiva de sus víctimas.
• Mejorar la formación de las y los empleados públicos, en especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal al servicio de la administración de justicia, en materia del respeto a la diversidad sexo-afectiva y familiar.
• Colaborar con los movimientos sociales en la celebración de las fechas conmemorativas de la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGBTI, así como en la recuperación de la memoria de la lucha por los derechos de este colectivo.
• Promover la creación y funcionamiento del Consejo de Participación de las Personas LGBTI.

Respecto a las personas trans, el PSOE promete impulsar la reforma de la ley de identidad de género, eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registral al sexo y el nombre de los menores de 16 años y las personas extranjeras con residencia legal en España en su documentación identificativa, así como la eliminación de la obligación de determinación del sexo en el caso de los menores intersexuales. También promete adoptar medidas específicas para la inserción sociolaboral de las personas trans y garantizar la financiación pública de las operaciones de reasignación de género.

Para coordinar todas estas actuaciones el PSOE promete aprobar un Plan Estratégico para la no Discriminación de las Personas LGBTI, para garantizar su igualdad real y efectiva.

Finalmente, en la sección dedicada a la política exterior, el PSOE promete luchar a nivel europeo e internacional para que «el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI sea una realidad» y crear la figura del «embajador o embajadora en misión especial para los Derechos Humanos y la Diversidad».

Podemos (ver programa)

El programa de Podemos recoge como principal compromiso la aprobación de dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas LGTBI, «en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio»,  y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

Otras menciones a las personas LGTBI en el programa de Podemos aparecen en los siguientes compromisos:

• Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia. Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las administraciones públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores.
• Impulsar los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.
• Reconocer la diversidad familiar. Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.
• Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global mediante una nueva Ley de Asilo que entre otras cosas pondrá especial atención «a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata».

Izquierda Unida (ver programa)

Izquierda Unida (IU). Por un lado, en la sección dedicada a la Educación, IU promete la implantación de un programa «de educación afectivo-sexual obligatorio, en igualdad y con sensibilización a la diversidad sexual e identidad de género libre de estereotipos sexistas, LGTBIfóbicos y transfóbicos y por parte de profesorado especializado en enfoque de género», así como el «desarrollo de programas de formación para el personal que trabaja en los centros educativos públicos y, hasta la eliminación de los conciertos educativos, centros sostenidos con fondos públicos, para que tengan conocimientos sobre diversidad sexual y de género y que pueda atender a estudiantes LGTBIQ+, abordar casos de acoso escolar o mediar en conflictos entre estudiantes, en colaboración con las organizaciones sociales LGTBIQ+» y la «formación de inspectores/as de la Inspección Educativa en materia de diversidad sexual y de género, con el objetivo de evaluar adecuadamente la eficacia en la lucha contra el acoso escolar LGTBIfóbico en los centros educativos».

El programa de IU dedica varias páginas a la realidad LGTB:

• Creación de un instituto, público y gratuito, para la promoción, defensa y atención del colectivo LGTBI.
• Exigir de todos los medios de comunicación un tratamiento respetuoso y digno de todas las informaciones relacionadas con las personas LGTBI por medio de la aprobación de un protocolo de control de estereotipos.
• La promoción de campañas de información social que denuncien los comportamientos LGTBIfóbicos.
• La completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual promovidos desde instancias tanto públicas como privadas, así como cualquier mención del término «grupo de riesgo» en alusión al colectivo LGTBI.
• Campañas de fomento del asociacionismo juvenil LGTBI.
• Inclusión en las políticas de las personas menores, con medidas que garanticen la libre expresión de la sexualidad, la identidad y la expresión de género, para evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un ambiente familiar y social que rechaza la diversidad, con especial atención a menores transexuales.
• Fomento de los estudios e investigaciones LGTBI en los que se tengan en cuenta los efectos de las discriminaciones múltiples.
• Asistencia social pública y gratuita para todas aquellas personas LGTBI que hayan huido de sus respectivos hogares de residencia como consecuencia de la discriminación. Las administraciones deberán facilitar la ayuda necesaria: psicológica, orientación jurídica, pisos de acogida, becas de estudio o pensiones de manutención.
• Convocatoria específica estatal de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan activamente por los derechos del colectivo LGTBI.
• Dotar las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la realidad LGTBI.
• Ruptura del concordato con la Iglesia católica, así como de algún tipo de convenio económico y la no promoción de ningún tipo de confesión religiosa en la televisión pública.
• Fomentar las medidas para combatir el «sexilio» como fenómeno por el que una parte de nuestra población LGTBI tiene que emigrar a otras localidades por cuestiones relativas a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
• Compromiso de registro, trámite y apoyo de la ley de igualdad de trato y contra la discriminación de personas LGTBI que luche contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario, en la esfera pública… Dicha ley posibilitará, por ejemplo, la elaboración de protocolos sanitarios inclusivos o medidas de acción positiva para personas transexuales en las contrataciones públicas, sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias (también con las personas que viven con VIH) o la inclusión obligatoria de una perspectiva LGTBI en convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas.
• La Creación de un Observatorio Estatal de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
• Compromiso de registro, trámite y apoyo de una ley estatal trans que reconozca la autodeterminación del género, despatologice la transexualidad, posibilite la descentralización sanitaria y que reconozca estos derechos a los menores. Esta ley irá acompañada de un protocolo sanitario de atención a personas trans así como también un protocolo educativo que posibilite que los menores trans puedan desarrollarse libremente.
• Formación específica al personal de la administración pública en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI.
• Realizar campañas que fomenten la denuncia de agresiones LGTBIfóbicas, así como dar recursos económicos a los colectivos LGTBI para que puedan hacer campañas de denuncia, así como programas de acompañamiento y asesoramiento integral a las víctimas.
• Visibilización de la violencia intragénero para que deje de considerarse un tabú y se puedan llevar a cabo las medidas oportunas, tanto de asesoramiento como legales.
• Reconocimiento de la memoria histórica. Incluir la persecución y el exterminio sufrido por las personas LGTBI durante los regímenes totalitarios como el franquismo o el nazismo y los conflictos armados en Europa en el siglo XX, así como promover compensaciones, incluidas las de carácter económico.
• Recuperar para todas las mujeres los tratamientos de reproducción asistida, aprobar una normativa general que garantice que la política sanitaria sea respetuosa hacia las personas LGBTI e incorpore servicios y programas específicos y garantizar que la atención sanitaria dispensada por el sistema sanitario público se adecue a la identidad de género de la persona. La cartera de servicios básica incluirá el tratamiento hormonal, en particular en el caso de menores de edad, quienes tendrán derecho a recibir tratamiento hormonal al inicio de la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. La cartera de servicios complementaria proporcionará el proceso de reconstrucción genital.
• En materia de intersexualidad, IU propone erradicar por completo las prácticas de asignación de sexo en bebes recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida.

Por lo que se refiere a las personas mayores LGBTI, IU proponer impulsar medidas para garantizar que las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, no permitan ningún tipo de discriminación de personas LGBTI, así como fomentar la creación de residencias para personas mayores específicas para el colectivo LGTBI, «espacios seguros y cómodos donde puedan disfrutar sin miedo nuestras personas mayores, con tendencia a la inclusión a medida que se avance en la consecución de derechos y normalización del colectivo».

A nivel internacional, IU propone, entre otras medidas, promover la defensa de los derechos de las personas LGTBI en las organizaciones y foros internacionales, así como la inclusión explícita a los derechos LGTBI en la cláusula de derechos humanos incluida en todos los acuerdos entre el Estado Español y otros estados u organismo y la elaboración de un programa de cooperación internacional enfocado a los derechos de las personas LGTBI. También propone incidir en las instituciones de la Unión Europea para que se apruebe una Directiva europea contra todo tipo de discriminación, incluyendo la basada en prejuicios LGTBIfóbicos, así como impulsar la revisión y reformulación de diversas directivas comunitarias para asegurar el reconocimiento de las familias LGTBI en todo el continente.

Ciudadanos (ver programa)

Ciudadanos propone incluir en su propuesta de reforma constitucional «blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no discriminación por razón de orientación o condición sexual» y endurecer «las sanciones por comportamientos que ultrajen los símbolos constitucionales, enaltezcan el terrorismo o promuevan conductas de odio (racismo, sexismo, LGTBIfobia, etc.)».

Ciudadanos también promete aprobar «una nueva Ley de igualdad real para el colectivo LGTBI». «Queremos acabar con cualquier discriminación por razón de su identidad, orientación o condición sexual. Facilitaremos el acceso a un alojamiento transitorio a las personas LGTBI, especialmente los jóvenes, que se ven forzados a irse de su casa por el rechazo familiar a su orientación sexual. Atenderemos las necesidades específicas de las personas mayores LGTBI», asegura el programa naranja. También promete acabar «con la discriminación que todavía sufren las personas portadoras del VIH en nuestro país» y prohibir «cualquier discriminación en el acceso al empleo por ser portador de esta enfermedad [sic]».

Pero la promesa claramente más diferenciadora de Ciudadanos (y con la que nos mostramos radicalmente en contra por significar la explotación de una mujer…) es la aprobación de «una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. Nuestro modelo, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida».

PACMA (programa)

El partido animalista, si bien tiene como absoluta prioridad la introducción de cambios legales relacionados con la protección de los animales, asegura en su programa estar comprometido con la lucha contra toda discriminación y suscribir, en este sentido, las demandas de la FELGTB. Entre ellas incluye la aprobación de leyes integrales de transexualidad y por la igualdad de las personas LGTB; la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos, así como la prevención del acoso y la violencia por LGTBIfobia; la realización de programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar; la creación de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGBTIQ+; la creación de un programa de información y atención a personas LGBTIQ+, que contemple también actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al conjunto de la población; el desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a LGBTIQ+ con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGBTIfobia así como de apoyar a las personas transexuales a lo largo del proceso transexualizador; el reconocimiento del derecho de las mujeres sin pareja varón a los tratamientos de reproducción asistida en el sistema público de salud; la inclusión y reconocimiento de las familias LGBTIQ+ en las políticas sobre familia y la asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo.

PP (ver programa)

El PP no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

VOX (ver programa)

La formación de extrema derecha propone, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Partido Nacionalista Vasco (ver programa)

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

Esquerra Republicana de Catalunya (ver programa)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propone en su programa impulsar la aprobación de la ley de Igualdad LGTBI, así como dar soporte a la aprobación de todos aquellos proyectos legislativos que permitan avanzar en la igualdad legal de las personas LGTBI. ERC también propone impulsar la tramitación de una una ley de igualdad de transexualidad y personas transgénero para avanzar en aspectos con la despatologización de la transexualidad, así como la modificación de los datos registrales de menores y adultos sin necesidad de informe médico o psiquiátrico alguno y mejorar la inserción social y laboral de las personas trans.

ERC también proponer garantizar el derecho a la financiación pública de la reproducción asistida de todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual o estado civil, garantizar el derecho de asilo a personas LGTBI perseguidas en sus países de origen y recuperar la perspectiva del movimiento LGTBI en los programas de memoria histórica.

Cabe destacar, en cualquier caso, que ERC propone también medidas a aplicar en una hipotética República catalana independiente, que incluirían en reconocimiento constitucional expreso de los derechos de las personas LGTBI.

Junts per Catalunya (ver programa)

El programa de Junts per Catalunya incluye una mención expresa a la realidad LGTB, aunque de tipo genérico y sin enumerar medidas concretas. En este sentido, la formación nacionalista catalana propone trabajar por «el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGTBI en todos los ámbitos»,  «por el compromiso en la lucha contra la homofobia» y en favor de «garantizar el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos», evitando cualquier discriminación de las familias con progenitores del mismo sexo respecto al resto de familias.

Compromís (ver programa)

La formación valenciana propone en su programa, a nivel de la Comunidad Valenciana (donde este próximo domingo también se celebran elecciones autonómicas) desarrollar la ley integral del derecho a la identidad y expresión de género y la ley de igualdad de las personas LGTBI, mientras que a nivel estatal promete impulsar una ley estatal para el pleno reconocimiento de los derechos LGTBI.

Coalición Canaria (ver programa)

En su programa, la formación canaria se compromete a lucha contra la LGTBIfobia mediante el impulso de medidas legislativas. En este sentido, se suma expresamente a la petición de la FELGTB para que se modifique la Ley 3/2007 para que se reconozca y respete el derecho de autodeterminación de las personas trans y se permita su acceso a los tratamientos hormonales y al cambio de nombre registral sin necesidad de disponer de un diagnóstico sanitario e independiente de su edad o nacionalidad. También aboga por desarrollar protocolos de actuación específicos para los casos de acoso escolar por LGTBIfobia y por integrar de manera trasversal en los currículos de los centros educativos la diversidad afectivo-sexual y de identidad o expresión de género, así como por implantar medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans y por impulsar formación específica para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal sanitario, la comunidad educativa y los jueces, magistrados, fiscales y otros representantes del poder judicial sobre la realidad del colectivo LGTBI y sus especificidades.

En Marea (ver programa)

El programa de la formación gallega para las elecciones generales de 2019 propone impulsar una ley integral LGTBIQ+; aprobar una ley trans estatal no patologizante, así como agilizar los trámites para que las personas trans puedan modificar su nombre y acceder a los tratamientos hormonales; regular por ley la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género; fomentar protocolos de actuación contra el acoso en centros escolares, con formación específica al  profesorado y a los profesionales sanitarios; promover la visibilidad sexual y de género en Televisión Española; modificar la ley de Registro Civil para que no haya que hacer constar el sexo de las personas registradas; facilitar la adopción; considerar las agresiones a las personas LGTBIQ+ delitos de odio de oficio, así como establecer que aquellas organizaciones que resulten condenadas por acciones LGTBIfóbicas non puedan recibir ayudas públicas.

EH Bildu

En la web de esta formación no hemos podido encontrar ningún documento programático referido expresamente a las elecciones generales del próximo domingo.

Si has llegado hasta aquí y las propuestas en materia LGTBI son importantes para ti, seguramente tendrás ya claro qué votar. Pero si pese a todo tienes dudas, intentaremos facilitarte la tarea:

• Si quieres un avance significativo en materia de derechos LGTBI, puedes votar a PSOE, Unidas Podemos, ERC, Compromís o En Marea. También resultaría aceptable votar a Coalición Canaria, a EH Bildu (por su trayectoria pasada) o a PACMA, formaciones que no se opondrían a este avance o que incluso pueden participar del mismo, aunque no lo lideren. En el caso de PACMA, eso sí, ten en cuenta que carece de posibilidades reales de obtener diputado en la inmensa mayoría de las provincias. Piénsalo bien si no quieres que tu voto resulte inútil.
• Lo que sí es altamente posible es que si Ciudadanos, PP y Vox reúnen mayoría absoluta conformen una mayoría de gobierno que permitirá a la formación de extrema derecha influir de forma determinante en la sociedad española de los próximos años. Allá tú…
• Si te dan igual los derechos LGTBI pero te encuentras en una posición de privilegio social y económico que quieres mantener frente a otros colectivos económicamente vulnerables, vota PP o Vox. Aunque en este último caso nadie te garantiza que en un futuro tu condición de persona LGTBI te convierta también en un perseguido. Ha sucedido en el pasado, aunque no lo quieras recordar.

Ahora solo nos queda movilizarnos para evitar el desastre para España y, en conccreto, para el colectivo LGTBI+.

Con información de Dosmanzanas (autor Flick)

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El alcalde de Alcorcón y diputado en la Asamblea de Madrid David Pérez ha sido el elegido por Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, como su número dos en las próximas elecciones autonómicas madrileñas. Pérez, que se significó por no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia y que ha impedido que la bandera arcoíris ondee en el balcón del Ayuntamiento, llegó a amenazar al colectivo LGTB Arcópoli con una demanda.

David Pérez fue uno de los dos diputados «díscolos» que en julio de 2016 prefirieron ausentarse y no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia, que el PP de la entonces presidenta Cristina Cifuentes apoyó y que de hecho fue aprobada por unanimidad de la cámara regional (el otro diputado ausente fue Luis Peral).

Un par de semanas antes de aquella votación Pérez protagonizaba otro triste episodio al negarse a izar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTB, pese al requerimiento mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Alcorcón. Una actitud que desembocó finalmente en una reprobación del alcalde popular por parte del resto de grupos políticos. El equipo de Gobierno de David Pérez, de hecho, había rehusado ejecutar todas las resoluciones en materia LGTB presentadas por los partidos de la oposición y aprobadas por el pleno municipal (el PP cuenta con 10 concejales, mientras que el conjunto de la oposición alcanza los 17, si bien Pérez es alcalde gracias al apoyo que le brindó Ciudadanos). Una reprobación que en lugar de mover a Pérez a la reflexión fue despreciada por el propio alcalde en un tuit en que aseguraba de forma despectiva que «a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas». Cabe destacar que esta reprobación no es la única de la que ha sido merecedor David Pérez a lo largo de esta convulsa legislatura municipal: la pasada semana, de hecho, era reprobado por sexta vez.

En aquella ocasión, sin embargo, la reprobación de Pérez tuvo una vergonzante derivada, y fue la amenaza del alcalde de demandar al colectivo LGTB madrileño Arcópoli por haber criticado su actitud LGTBfoba. Una amenaza que Arcópoli recibió con asombro. «Creemos que es un gran error intentar coaccionar a una ONG mediante una demanda para silenciarnos. La mejor forma de que Arcópoli crea que el grupo municipal popular tiene interés por el colectivo LGTB es que lo demuestre mediante iniciativas y no a través de demandas», expresaron entonces desde el colectivo activista. «Si el alcalde quiere demostrar que no es bífobo, transfobo y homofobo denunciar entidades LGTB no parece la mejor alternativa, sino todo lo contrario», añadían.

El tiempo ha pasado, y aunque no tenemos constancia de que la amenaza de Pérez se materializase, el alcalde ha continuado con su actitud de desprecio. En junio de 2017, por ejemplo, mientras los colores del arcoíris inundaban fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, David Pérez, decidía ocultar la bandera LGTB tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no fuese visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos habían aprobado que ondease en el balcón del edificio. Lo mismo sucedió, de hecho, en 2018.

Rubén López: «parece que el PP más rancio ha escalado posiciones»

Rubén López, destacado activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha lamentado en declaraciones a dosmanzanas la decisión de los populares madrileños. «La elección de David Pérez como número dos de la lista del PP de Madrid es una muy mala noticia para las políticas de igualdad y en especial las del colectivo LGTB. Pérez es famoso por ausentarse de la votación de la ley LGTB, por negarse a poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento o por organizar en Alcorcón unas jornadas de familias excluyentes. Desde Arcópoli además nos causa un gran recelo: este señor amagó con denunciarnos tras llamarle homófobo después de su comportando tras el Orgullo de 2017», ha recordado.

«Parece que el PP más rancio ha escalado posiciones en la Comunidad de Madrid. Políticos como Pérez que estaban ya defenestrados pasan así a la primera línea de nuevo, retrocediendo una década y volviendo al PP más conservador. Colocarlo como número dos en la lista es un contundente gesto a ese sector más conservador contrario a los avances LGTB que se estaba marchando a Vox. Realmente una noticia muy negativa para quienes luchamos contra la LGTBfobia en nuestra región», ha añadido.

Homofobia/ Transfobia. Alcorcón, Arcópoli, Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes, David Pérez, Discriminación, Isabel Díaz Ayuso, LGTBfobia, Luis Peral, Madrid, PP, Rubén López

Este sábado, 23 de febrero, ha tenido lugar el acto de colocación de una placa en honor a las personas trans víctimas de discriminación y violencia, y que por fin hace reconocible a los viandantes la Plazuela de la Memoria Trans, en pleno barrio de Chueca de Madrid. Una denominación que por fin hace hueco en el callejero madrileño a tantas personas perseguidas, violentadas, asesinadas y masacradas por su identidad de género. 

La Plazuela de la Memoria Trans se ubica en el cruce de las calles San Gregorio y San Lucas, a algo más de cien metros de la emblemática Plaza de Chueca. Es un espacio arbolado, en el que se sitúa un pequeño parque infantil, que carecía de nombre diferenciado pese a ser un cuadrado bien definido. El grupo municipal de Ahora Madrid propuso dedicarla a Alan, el adolescente trans cuyo suicidio en Rubí (Barcelona) en diciembre de 2015 supuso un auténtico mazazo para el colectivo LGTB. La familia, sin embargo, no estaba de acuerdo, motivo por el cual se modificó la propuesta para convertir la plaza en un homenaje genérico a todas las personas trans víctimas del odio y la intolerancia. Formalmente aprobada el 21 de septiembre de 2017 por el pleno de la Junta Municipal de Centro (con la significativa abstención del Partido Popular), no fue hasta el 4 de abril de 2018 cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid le dio su visto bueno definitivo.

«Un espacio recoleto motivo de mucho orgullo, solidaridad y donde se escuchan los pájaros», ha señalado esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. «Es un objetivo fundamental que Madrid sea solidaria porque la vocación de la ciudad es la solidaridad y que todos podamos vivir juntos y felices. Por eso estamos muy orgullosos de haber hecho realidad esta propuesta que recuerda que todos los seres humanos tenemos como esencia la diferencia y la diversidad», ha añadido Carmena, para la que «la historia de la memoria trans es la historia de una lucha a favor de la felicidad de todos los seres a pesar de la esencia de su naturaleza y que enriquece la diversidad humana». «Todos somos conscientes de que hemos de impedir que Madrid vuelva para atrás. Madrid no puede volver al pasado porque pensar en futuro es necesario y nos lo está pidiendo toda la ciudadanía. Además es una suerte contar con una ciudad como Madrid, tan abierta y acogedora. Una ciudad del abrazo. Por eso es necesario que la memoria se convierta en futuro y el futuro sirva para hacer olvidar todo el sufrimiento inferido a esas personas, solo por tener una forma diferente de amar y de elegir a sus parejas», ha finalizado la alcaldesa.

La alcaldesa ha estado acompañada, entre otras personalidades, de la primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Vivienda y Derechos Sociales, Marta Higueras, del concejal presidente del distrito Centro y delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, de los concejales socialistas Purificación Causapié y José María Dávila, del concejal de Ciudadanos Bosco Labrado, de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid e incansable activista Carla Antonelli y de la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, primera mujer trans que preside el colectivo madrileño. Les acompañaban un nutrido grupo de activistas trans y LGTB.

Insertamos a continuación algunos de los mensajes que tanto la alcaldesa como otros asistentes han publicado en Twitter:

Hemos inaugurado la ‘Plaza Memoria Trans’ en Chueca. Ha sido muy hermoso. Lo hacemos en recuerdo a toda la lucha por la tolerancia y la diversidad. Seguiremos viviendo en este Madrid libre al que nadie podrá hacerle retroceder. pic.twitter.com/VJN69fuABf

— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 23 de febrero de 2019

Hemos inaugurado la ‘Plaza Memoria Trans’ en Chueca. Ha sido muy hermoso. Lo hacemos en recuerdo a toda la lucha por la tolerancia y la diversidad. Seguiremos viviendo en este Madrid libre al que nadie podrá hacerle retroceder. pic.twitter.com/VJN69fuABf

— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 23 de febrero de 2019

Madrid hoy es una ciudad más libre y más justa. Hoy inauguramos la Plazuela A la Memoria Trans@CarlaAntonelli @LGTBPSOE @COGAM @PSOEMadridAyto @AhoraMadrid @FELGTB pic.twitter.com/z7TD7MzqKb

— Puri Causapié (@PuriCausapi) 23 de febrero de 2019

Hoy hemos inaugurado la plazuela de la Memoria Trans.
👏Un pequeño reconocimiento a todas las personas luchadoras por nuestros derechos.
👏Nos mantiene viva la memoria de la lucha que nos queda por librar. pic.twitter.com/LSVC2d4R9n

— COGAM (@COGAM) 23 de febrero de 2019

369 personas trans y género-diversas asesinadas en un año

Según los datos que Transgender Europe hizo públicos con ocasión de la celebración, el pasado 20 de noviembre, del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se registraron 369 asesinatos de personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trataba, por cierto, de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil volvió a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Ahora Madrid, Alan, Ayuntamiento de Madrid, Bosco Labrado, Carla Antonelli, Carmen García de Merlo, Ciudadanos, COGAM, Discriminación, Jorge García Castaño, José María Dávila, LGTBfobia, Madrid, Manuela Carmena, Marta Higueras, Memoria Histórica, Plazuela de la Memoria Trans, PP, PSOE, Purificación Causapié, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe

Ernesto Folgueira junto a Javier Maroto, vicesecretario nacional de organización del PP / Ernesto Folgueira

Ernesto Folgueira, a quien el comité electoral local del Partido Popular en la localidad madrileña de El Molar había elegido candidato a alcalde por su partido en las próximas elecciones municipales de mayo, ha denunciado públicamente que su condición de gay ha llevado al PP regional a preferir a otro candidato, Borja Díaz.

Ernesto Folgueira, que además del aval del comité electoral local contaba con el respaldo del exalcalde y líder local del partido, Emilio de Frutos, ha asegurado a la cadena Ser que el PP se «está saltando todos los procedimientos» y ha acusado a Borja Díaz de trasladar en las reuniones internas del partido que «un homosexual» no podía encabezar la lista de los populares en su pueblo.

Folgueira está convencido de que en efecto esta es la principal razón de que el PP regional, que según las normas internas de ese partido tiene la potestad de ratificar o no a los candidatos propuestos a nivel local, haya decidido en el caso de El Molar que él no sea el candidato a alcalde. «Ahora que se supone que el Partido Popular era renovación y tolerancia, etcétera, etcétera, parece un poco radical la verdad», ha opinado. Fuentes del PP han señalado a la cadena SER que en efecto Borja Díaz será proclamado candidato a la alcaldía del El Molar por «ser más idóneo», sin que supuestamente la orientación sexual de Folgueira tenga que ver en esa menor idoneidad.

De acuerdo a las declaraciones de Folgueira, bien podríamos encontrarnos ante un nuevo episodio de discriminación por razón de orientación sexual, en este caso en el seno del PP madrileño.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Borja Díaz, Discriminación, El Molar, Emilio de Frutos, Homofobia, LGTBfobia, Madrid, PP

Cantabria no tendrá una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, al menos por el momento. El Partido Regionalista de Cantabria y Ciudadanos han rechazado la petición que les había hecho el colectivo Alega y no han retirado la solicitud de comparecencias de expertos previa a la discusión de la que hubiera sido ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», cuyo anteproyecto aprobó el pasado octubre el Gobierno de Cantabria. Por una cuestión de plazos ello hace imposible su aprobación antes del final de la legislatura. 

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) seguía, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTBI aprobadas en otros lugares de España: una regulación transversal que abarcaba diferentes áreas de actuación, con un texto que contenía tanto principios orientadores de la actuación de los poderes públicos como medidas concretas de acción positiva a ejecutar, y que además reconocía de forma expresa el principio de autodeterminación de género (por lo que al ámbito autonómico se refiere, ya que las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades). El texto incluía, en este sentido, medidas en los ámbitos educativo, sanitario y laboral, así como de la cultura, el ocio y el deporte. Contaba, además, con un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supusiesen una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

No era fácil, sin embargo, dada la tardanza del Gobierno cántabro a la hora de lanzar la iniciativa. Ya el pasado octubre, cuando el anteproyecto fue aprobado, hacíamos alusión a lo apretado del calendario, lo que había generado críticas por parte de Podemos (formación que en su momento consiguió 3 diputados electos en el Parlamento de Cantabria, si bien su grupo parlamentario ha sido formalmente disuelto como resultado de sus divisiones internas). El Gobierno cántabro, recordemos, está formado por una coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC, que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece sin embargo de mayoría absoluta. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos (o mejor dicho, sus restos, ya sin formar grupo parlamentario) 3, Ciudadanos 1, y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido, también por disensiones internas).

Críticas que han resultado ser fundadas, como cuenta de forma detallada El Faradio. Curiosamente, la falta de voluntad política de acelerar el proceso ha encontrado un excelente caldo de cultivo en la propia crisis de grupo parlamentario de Podemos, cuya disolución ha llevado a que la comisión que debía valorar las comparecencias solicitadas (la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social) no se celebrase hasta hoy. La presidenta de la comisión era Veronica Ordóñez, diputada de Podemos que ha pasado a ser no adscrita, lo que forzó a la elección de un nuevo presidente. Algo que no ha ocurrido hasta esta semana, a pesar de que Ordoñez pasó a ser no adscrita hace más de un mes.

Aun así hubiera sido posible cumplir con los plazos, si los grupos políticos que habían solicitado comparencias de expertos (PRC y Ciudadanos) hubieran renunciado a ellas. No solo no lo han hecho, sino que el PP se ha sumado a la solicitud, lo que hace ya imposible apurar los plazos: hasta que no finalicen las 21 comparecencias aprobadas por PP, PRC y Ciudadanos no se iniciará el trámite de enmiendas. El propio Víctor Casal, diputado socialista y nuevo presidente de la citada comisión, reconocía que ya «no hay tiempo». 

Desde el colectivo Alega Cantabria lanzaban ayer miércoles un llamamiento desesperado a regionalistas y a Ciudadanos. «Desde Alega nos ponemos en contacto por última vez con su partido, en un intento desesperado por conseguir derechos, algo que es triste tener que estar pidiendo por favor, pero que a día de hoy en nuestra sociedad aún no tenemos, y que penden de sus manos. Entendemos que este jueves para ustedes será un día laboral más, en el que sumergirse en papeles, informes y trámites. Sin embargo, seremos muchas y muchos quienes, durante toda la mañana, estaremos expectantes, con una mezcla de miedo a la par que esperanza aun cuando sabes que no tienes a lo que aferrarte. Volvemos a solicitarles, por justicia social, que retiren sus comparecencias y permitan el trámite de la ley LGTBI. Compartimos la idea de democracia y lo positivo que siempre es el debate, y siempre estamos y estaremos dispuestas a ello. Pero no cuando no queda tiempo, no cuanto la LGTBIfobia campa a sus anchas en las calles de Cantabria, sin tener una ley específica que otorgue derechos para remediarlo», expresaba el texto.

«A día de hoy en Cantabria se sigue prohibiendo a niños y niñas trans que usen el baño y el vestuario que les corresponde. Se les sigue llamando por el nombre que ya no tienen en vez de usar su nombre sentido. Imaginen el dolor y la desesperación que se siente cuando te persiguen 20 personas para agredirte solo por ser una chica trans. Cuando por darle un beso a tu novio te pegan a la vez que gritan ‘maricón’. Cuando por ir de la mano con tu novia te señalan, te insultan y se ríen. Cuando te echan de casa y pierdes el contacto con tu familia por decir que eres bisexual. Desde ALEGA nos desgarramos cada vez que tenemos que atender un caso así y no les podemos otorgar la atención y la protección necesaria. Como decía Desmond Tutu, ‘si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el bando del opresor’. Nuestros derechos penden de sus manos. Ojalá el jueves demuestren que están ahí para combatir injusticias, para mejorar el mundo, y no para colaborar con la opresión hacia nuestro colectivo», finalizaba la petición:

⚠️🏳️‍🌈COMUNICADO🏳️‍🌈⚠️
Mañana jueves es el último día que tienen @prcantabria y @CsCantabria para retirar sus comparecencias y que dé tiempo por fin a aprobar la #LeyLGTBI de Cantabria, una de las cinco comunidades que aún no la tienen.
Este es el correo que les hemos mandado👇 pic.twitter.com/Ia35nNo80J

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 20 de febrero de 2019

Ni el Partido Regionalista de Cantabria, ni Ciudadanos, ni tampoco el PP (que ha acabado sumandose a las peticiones de comparecencia) la han escuchado. «Ley LGBTI de Cantabria bloqueada. No saldrá adelante. ¡Gracias políticos y políticas del Parlamento de Cantabria! ¡Nos sentimos súper protegidas y representadas gracias a vosotros!», se lamentaba en Twitter el colectivo cántabro:

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado al PSOE de ser el responsable del retraso en la tramitación y ha justificado la necesidad de hacer comparecer a representantes de muy diversos colectivos y organizaciones para «que se conozca la opinión de todos y todas sobre los problemas del colectivo LGTBI en Cantabria». Entre los invitados a opinar, por mencionar un ejemplo llamativo, se encuentra el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE). La portavoz regionalista en la materia, Matilde Ruiz, ha incidido en que los tiempos en la presentación de los proyectos de ley, que tienen un media de tramitación de seis meses, «no los fija» su partido, y ha recordado que el anteproyecto llegó al Parlamento a finales de octubre, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos de Cantabria para 2019. Ruiz también ha querido responsabilizar a la crisis interna de Podemos del hecho de que la comisión que debía aprobar las comparecencias solicitadas no se haya celebrado hasta hoy. Según Ruiz, «es un derecho y una obligación de los diputados» estudiar y analizar el texto remitido por el Gobierno, para «mejorarlo» con las opiniones de expertos y presentar las correspondientes enmiendas.

Desde Ciudadanos, por su parte, se insiste en descargar la responsabilidad de lo sucedido sobre el Gobierno cántabro. «¿Por qué se ha retrasado la tramitación de esta ley? El Gobierno la anuncia en mayo del 17 pero no es hasta noviembre de 2018 cuando la traslada al Parlamento. Se une a otra docena de leyes que tramitar todas a final de legislatura y en mitad del debate de presupuestos», ha justificado en un hilo de Twitter su portavoz parlamentario, Rubén Gómez. «Ante el volumen de leyes remitido por el Parlamento los portavoces acordamos un calendario con el objetivo de tramitar todas las posibles antes del parón en navidades. Aun cuando las tramitaciones coinciden con los presupuestos. Dentro del acuerdo se habilita enero para tramitación parlamentaria previendo poder tramitar la ley LGTBI a continuación de la de Igualdad y la de Emergencias y 112. El grupo parlamentario Podemos se disuelve y paraliza el Parlamento. La presidenta de la comisión es la diputada de Podemos que pasa a ser no adscrita. Al perder la comisión a su presidenta todas las tramitaciones quedan paralizadas hasta la elección de un nuevo miembro. Desde Ciudadanos pedimos un total de 6 comparecencias, todas ellas debidamente justificadas como detallamos en el comunicado publicado el 30 de enero. No es hasta el viernes cuando la presidenta del Parlamento convoca la comisión para elegir a un nuevo presidente. Paso imprescindible para retomar la actividad. La ley de Igualdad se encuentra igualmente bloqueada por la misma razón. La responsabilidad de los grupos parlamentarios es trabajar adecuadamente las leyes y esto supone, en la mayoría de las ocasiones, escuchar a expertos para poder mejorarlas en la medida de lo posible. Mañana se propondrá un calendario con el objetivo de poder realizar las comparecencias de manera que sea posible tramitar la ley antes de finalizar la legislatura, como siempre ha sido voluntad de Ciudadanos Cantabria. La responsabilidad del retraso en la ley es en primer lugar del Gobierno, que la trajo tarde y junto con otra docena de leyes y posteriormente de quienes bloquearon la cámara por la desaparición de su grupo (Podemos)», concluye.

También Izquierda Unida de Cantabria se ha pronunciado, arremetiendo en un duro comunicado contra lo que ha calificado de «alianza conservadora de PP, Ciudadanos y PRC». «Los tres partidos están pensando en las elecciones y la futura e hipotética configuración del Parlamento y no en proteger a la sociedad cántabra, en este caso, a un colectivo históricamente oprimido y discriminado y que ve todo su trabajo hecho durante años en el texto ninguneado por sus representantes», ha expresado Israel Ruiz Salmón, el ya candidato de IU a la presidencia del Gobierno cántabro en las próximas elecciones regionales, y que ha prometido que su formación retomará la propuesta «de inmediato» tras las elecciones de mayo.

Fuente Dosmanzanas

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¿Y qué diran las personas LGTBI que votan a este partido con el que pactan el PP y Ciudadanos? ¿Qué dicen los #YoSoyGayydelPP, o los del grupúsculo LGTBI de Ciudadanos? Algún día, los Medios de Comunicación Social deberán reflexionar el por qué les dan cancxha a estos especímenes…

Si te hablamos de Pilar Gutiérrez puede que el nombre no te suene. Pero si te decimos el apodo con el que se hizo popular el pasado verano seguro que la reconoces: “la franquista de la tele”. Esta señora franquista que estuvo defendiendo al dictador en todos los programas de televisión que pudo vuelve ahora a la carga en Cuatro. El programa diario presentado por Risto Mejide, ‘Todo Es Mentira’, la entrevistaba hace unos días para darnos más titulares. Activista de Hazte Oír y VOX: “los niños adoptados por gays acaban siendo gays y abusados”.

En primer lugar hemos de decir que esperamos que esta sea la última vez en la que hablamos de esta señora. ¿Por qué los medios siguen dándolo espacio para criticarla si así lo único que consiguen es difundir el mensaje de los partidos y organizaciones de ultraderecha? Sobra recordar que el auge de VOX se ha producido, en parte, por los medios de comunicación generalistas que le han dado demasiada cancha.

Vayamos al grano: la reportera Elsa Ruiz fue a entrevistar a Pilar Gutiérrez. Una mujer trans entrevistando a una mujer franquista, agresiva y de ideas conservadoras… imagínate el resultado. No hace falta, porque lo podrás ver en el siguiente vídeo. Pilar dijo que los “niños adoptados por homosexuales acaban siendo homosexuales y abusados”, que el colectivo LGTBI es un lobby que “impone la homosexualidad” a los menores, que somos más propensos a abusar de menores, que las personas trans no son felices y que el cambio de sexo no es una necesidad de salud que deba ser cubierta por la sanidad pública. No sabemos cómo Elsa Ruiz fue capaz de aguantar esta sarta de barbaridades cargada de homofobia y transfobia.

Pilar Gutiérrez, a Elsa Ruiz: “Algunos niños adoptados por homosexuales son abusados”

Fuente Cromosomax

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El juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Totana ha dictado un auto con el sobreseimiento y archivo provisional de las diligencias por la querella interpuesta por la autodenominada Asociación Libertas contra el alcalde y la concejala de Igualdad  de Totana por el repintado de varios pasos de peatones con los colores de la bandera arcoíris con motivo de la celebración del pasado Orgullo LGTB. Una iniciativa que en su momento despertó las iras del Partido Popular y de La Falange. La formación de extrema derecha promovió de hecho una sonora campaña en la localidad murciana.

El Ayuntamiento de Totana, en el contexto de la «Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI»  que se celebró en la localidad murciana del 18 al 29 de junio pasado, repintó varios pasos de cebra con los colores de la bandera arcoíris. Una iniciativa que por cierto se lleva a cabo en diversas ciudades del mundo con motivo de las celebraciones del Orgullo. La iniciativa desencadenó las iras del Partido Popular de la localidad, que la consideró ilegal y argumentó «no se pueden modificar ni alterar las señales y marcas viales de forma arbitraria y caprichosa, máxime cuando están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos de Totana», así como de La Falange, que colocó pancartas junto a los pasos de cebra con el lema «No a la imposición ideológica de género. Totana adoctrina». Los pasos, además, fueron emborronados con pintura. El Ayuntamiento de Totana, conviene precisar, está gobernado por una coalición entre el PSOE y Ganar Totana IU.

Sin embargo, la polémica no se quedó ahí. La Asociación Libertas (organización constituida precisamente en respuesta a la aprobación de una ley de igualdad LGTBI en la Región de Murcia) presentó una querella criminal contra el alcalde, Andrés García, y la concejala de Igualdad, Eulalia Moreno, a los que acusaba de un delito de prevaricación, y que fue admitida a trámite el 12 de septiembre. Ahora la justicia, en primera instancia, ha dictado un auto con el sobreseimiento provisional de las diligencias, argumentando que «no ha quedado suficientemente justificada la concurrencia de ningún delito de prevaricación, al desprenderse de las mismas la ausencia del elemento subjetivo configurador del mismo».

Una querella «ideológica, política y sectaria»

Una vez conocida la noticia, el alcalde de Totana y la concejala de Igualdad comparecieron públicamente para manifestar sus impresiones. Andrés García no dudó el calificar la querella de «ideológica, política y sectaria» y señaló a las personas que la interpusieron como «próximas» hoy día a Vox, la formación de extrema derecha que recientemente irrumpió en el Parlamento andaluz. El alcalde tuvo también palabras de reproche hacia el Partido Popular de Totana y hacia el único concejal no adscrito de la localidad, elegido en su momento en las listas de Ciudadanos, a quienes acusó de haber fomentado la polémica, junto a la Falange y a la Asociación Libertas.

Os dejamos con el vídeo de su comparecencia, publicado por Totana Noticias:

Fuente Dosmanzanas

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Hace unos días anunciábamos que el Gobierno de Canadá quiere conmemorar el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad con la emisión de una moneda especial de un dólar de curso legal. Se desconoce todavía cuál será el diseño de la moneda, contra la que grupos ultraconservadores ya han empezado a hacer campaña. Entre ellos CitizenGO, la marca internacional de la organización HazteOír.

Las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo fueron despenalizadas en Canadá en 1969, siendo primer ministro Pierre Trudeau. El propio Trudeau había introducido la propuesta de reforma del Código Penal un par de años antes, cuando ocupaba la cartera de Justicia. «No hay lugar para el estado en los dormitorios de la nación», argumentó entonces, una frase que ya ocupa un lugar en la historia de los derechos LGTB en Canadá:

50 años después, el Gobierno que precisamente preside Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, ha decidido commemorar aquel momento con la acuñación de una moneda de dólar canadiense (un «loonie», como es conocida popularmente esta moneda) que será de curso legal, si bien se desconoce todavía cuál será su diseño. Una decisión que confirmaba el propio ministro de Economía de Canadá en Twitter el pasado 22 de diciembre:

Stay tuned Canada! Incredibly proud to have approved this new loonie to commemorate the 50th anniversary of the decriminalization of homosexuality in Canada – an important milestone, and strong reminder of the work still to do. https://t.co/I2nTJZzzKR

— Bill Morneau (@Bill_Morneau) 21 de diciembre de 2018

Un anuncio coherente con la trayectoria de Justin Trudeau como primer ministro, caracterizada por la defensa de los derechos LGTB sobre todo a nivel de gestos (lo que no deja de tener su importancia) pero también de algunas decisiones concretas, como la emisión de pasaportes que reconocen las identidades no binarias con una tercera opción de género o el acogimiento de refugiados LGTB víctimas de persecución en Chechenia.

La conmemoración del 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Canadá, sin embargo, no gusta a los grupos ultraconservadores. Es el caso, por ejemplo, de Campaign Life Coalition, un colectivo de los autodenominados «provida», cuyo portavoz considera la decisión «algo que uno esperaría de la China comunista, de la antigua Unión Soviética o del todopoderoso estado alemán de los años treinta y cuarenta, que usaron el aparato del gobierno para asegurarse de que ningún ciudadano escapaba al adoctrinamiento». Así, tal cual.

En este contexto, CitizenGo, que no es otra cosa que la marca internacional de la organización HazteOír, ha iniciado una campaña de protesta contra la decisión, que en estos momentos ha conseguido unas 30.000 adhesiones. «’Legal’ no significa ‘moral’. No todo lo que es ‘legal’ debe ser conmemorado. Hay muchas cosas que son perfectamente legales en Canadá que no solo son cuestionables, sino que son profundamente inmorales», argumenta la petición. «¿Por qué debería esta práctica sexual divergente e impopular ser subrayada en nuestras monedad circulantes?», añade en otro párrafo. «Es más, muchos canadienses consideran la homosexualidad pecaminosa, de acuerdo a las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo», continúa. La petición llega a asegurar que la homosexualidad supone un riesgo para la salud. «Los homosexuales activos no viven tanto como los no homosexuales y son propensos a más enfermedades. Debemos conmemorar un estilo de vida que coloca a las personas en un mayor riesgo de daño?», añade.

Una petición cargada de odio, en definitiva, en la misma línea que las que pone en marcha CitizenGo en otros países. Por ejemplo en Kenia, donde directamente han llegado a promover una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

En España siguen siendo de utilidad pública

Como bien sabemos, CitizenGo es la marca internacional de HazteOír, una organización a la que en 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder el estatus de utilidad pública. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza». Una definición que a nuestro juicio no casa con HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, como hemos visto arriba.

Es cierto que en agosto de 2018, después de que se divulgara una noticia según la cual el Gobierno de Pedro Sánchez descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», el Ministerio de Interior anunció la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública». Ha pasado casi medio año y HazteOír sigue manteniendo dicho estatus.

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Kim estuvo en huelga de hambre desde el arranque del gobierno PP-Ciudadanos-Vox en Andalucía hasta el pasado domingo 20 de enero, momento en que ingresó en Urgencias tras un desmayo y tuvo que abandonar la huelga por exigencia médica. ¿Pero quién es Kim Pérez?

Esta profesora de ética y conocida activista LGTB fue la primera transexual en ir hacer política en Andalucía, específicamente con Izquierda Unida en su provincia natal, Granada. Kim fue la primera mujer en conseguir que la reconociera como tal el Centro de la Mujer de Granada, y consiguió que José Chamizo, en 1997, por entonces el defensor del pueblo Andaluz, diera el primer reconocimiento oficial a la transexualidad. “En esos primeros años estuve acudiendo muchas veces a televisión. Salí mucho. Y la televisión podía hacer que mucha gente se escandalizara pero eso hacía que la gente me fuera conociendo y además salía con ropa masculina diciendo que iba a ser una mujer. Eso era un desconcierto tremendo pero sano. Iba a acostumbrar a los españoles a pensar de otra manera”.

20 años después, Kim no está dispuesta a dar pasos atrás. “En el momento en que oigo con horror que unos insensatos e incultos intentan despreciar a las personas transexuales, tengo que ponerme en pie”.Vox defiende que la Seguridad Social no debe pagar las reasignaciones ni ningún otro tratamiento a las personas transexuales. Kim ha vivido el mundo cuando la Sanidad no entendía que las personas con disforia de género sufren tanto que llegan a cuestionarse el suicidio cuando no logran acceder a este tipo de soluciones. No está dispuesta a ese retroceso. Pero sí está dispuesta a jugarse la vida para evitar la pérdida de muchas otras.  Este partido acusa también a la Ley de igualdad LGTB, que promueve la educación en tolerancia en las escuelas, de “progapanda homosexual”. (Lee aquí todas las amenazas de VOX a la comunidad LGTB).

Amigos y personalidades de la lucha LGTB la apoyaron, aunque también la incitaron a pensárselo dos veces. Es el caso de Carla Antonelli, que le propuso varias veces en su Instagram buscar un método que no le haciera peligrar su vida. Pero Kim, a sus 77 años, no es porque sí la Medalla de Oro al Mérito de su ciudad, y se estubo alimentando exclusivamente con bebidas isotónicas hasta el desmayo.

Con 13 años Kim se dio cuenta de que era mujer, cuando no había ninguna cultura ni información sobre la disfória de género ni la transexualidad, ni siquiera en el diccionario. Con 50 salió del armario para el mundo y logró ser quien realmente era. “Me dije -aunque el mundo se hunda tengo que salir del armario-“, explicaba recientemente la activista para Eldiario.es. “Y el mundo no se hundió. A partir de ese momento fui feliz. Tuve la adolescencia y la juventud tardía con 50 años. Empecé a tener amigos y a gozar con su compañía saliendo juntos. Me apresuré a recuperar el tiempo perdido. Tuve diez años que fueron maravillosos”.

Esta mujer es un referente en la lucha LGTB de Andalucía.

Gracias

Fuente Oveja Rosa

General, Historia LGTBI Andalucía, Carla Antonelli, Ciudadanos, Derechos LGTBI, Huelga de hambre, Kim Pérez, Personas trans, PP, VOX

El Consejo de Europa pone a Albiol y Maroto como ejemplos de políticos xenófobos

Javier Maroto,  el “homosexual para enseñar”, que le sirve de coartada al homófobo PP,  no solo afirmaba que “si todos los gais fueran de izquierdas no habría ni matrimonio igualitario“, sino que además contribuía con su partido a mantener la utilidad pública de Hazte Oír.

Pensábamos que ya no podría sorprendernos más, pero lo ha hecho. Maroto publicó un tweet en el que se alegraba del pacto con la extrema derecha de VOX, que define como “un acuerdo histórico para el cambio de Andalucía“. A eso añadía que “lo que parecía difícil se ha hecho realidad“, y nosotros suponemos que se refiere al hecho de que un maricón se alegre de que un partido que nos quiere muertos llegue al poder.

Acuerdo histórico para el cambio en #Andalucia. Lo que parecía difícil se ha hecho realidad 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/c2HibWKAB0

— Javier Maroto (@JavierMaroto) 9 de enero de 2019

No es la primera vez que Javier Maroto nos sorprende con su hipocresía. Inclñuso fue capaz de afirmar que el PP nunca había tenido problemas con los homosexuales!!!). Ahora, las exigencias de Vox buscan directamente eliminar nuestros derechos como colectivo. Y es que con sus propuestas (las que han pactado con el partido de Maroto) buscan derogar las leyes de violencia de género y las de igualdad LGTB+. Al tiempo, eso sí, quieren proteger la tauromaquia.

Esto no es más que la triste confirmación de que, una vez más, para muchos homosexuales la clase y la posición social importan mucho más que su orientación sexual. De ahí que a sujetos como Maroto no les importe bajarse los pantalones para seguir manteniendo su posición y no perder sus privilegios frente a unos compañeros de partido que lo desprecian. No olvidemos que fue su partido el que recurrió la ley del matrimonio homosexual… Y después los invitó a todos a su boda.

Él se excusa en que esto no es así, claro. De hecho, según dijo hace unos días en LaSexta Noche, “en Nuevas Generaciones del PP hay más gais que en todas las plataformas y asociaciones de la Federación LGTB“. 

Según él, la izquierda colectiviza la homosexualidad. Por tanto, a las “personas homosexuales” se les dice cómo deben actuar: “Para ser buen gay hay que ser así, pensar así, vestir así y tener determinadas ideas porque lo dicen ellos“. Nada que ver con lo que hace la derecha, claro, que no nos quiere a todos normativos, calladitos y lo más invisibles posibles. Qué va.

Lo de Maroto es una pena. Una pena, y también una vergüenza. Tener a una persona abiertamente LGTB en el PP, concretamente a un hombre homosexual, podría hacer mucho por el bien del colectivo. Sin embargo, él ha preferido venderse a los que persiguen su sexualidad, porque sabe que eso le ayudará a mantener su statu quo de hombre blanco y los privilegios que ello conlleva. Después de todo, el pacto de PP, C’s y Vox existe para perpetuar los privilegios de las personas bien posicionadas que lo crearon.

Todo lo demás, para él (y los que son como él) es secundario.

Fuente HazteQueer

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Homofobia/Transfobia, Javier Maroto, PP, VOX

Uge Sangil: “Los partidos que han pactado con Vox deberían recordar que ni la sociedad, ni sus propios votantes, están de acuerdo con las medidas que plantea esta formación”

[14.01.19]. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), así como las entidades que la componen, secundarán mañana, 15 de enero, las movilizaciones convocadas en distintas ciudades españolas bajo el lema

#NiUnPasoAtrásEnIgualdad #NuestrosDerechosNoSeNegocian.

 La FELGTB denuncia la proliferación de los discursos de odio en los órganos de gobierno de Andalucía e identifica claramente “un retroceso en el grado de respeto a los derechos y las libertades de las personas que componen nuestra sociedad”. “Abrir debates ampliamente superados como el cuestionamiento de la Ley de Violencia de Género o el matrimonio igualitario, no tiene sentido en pleno siglo XXI”, señala la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil. “Los partidos que gobiernan deberían tener puesta la mirada hacia el futuro, en lugar de ceder ante discursos machistas y LGTBIfóbicos con tal de conseguir el acceso al poder”, añade.

 Asimismo, la Federación condena tanto las propuestas iniciales presentadas por Vox, que incluían la derogación de las leyes de violencia de género e igualdad LGTBI andaluza, como las concesiones que el Partido Popular y Ciudadanos están teniendo con esta formación política, como la creación de una consejería específica para abordar los asuntos de familia.

En este sentido, Sangil apunta que “no debemos olvidar que quien está planteando estas medidas es un grupo político con una representación minoritaria en el Parlamento, por lo que los partidos que han pactado con él harían bien en recordar que ni la sociedad andaluza, ni sus propios votantes, están a favor de las políticas, ni los mensajes, que lanza esta formación de ultraderecha”.

Por todos estos motivos, la FELGTB y sus entidades participarán mañana en las concentraciones contra el ascenso de la ultraderecha convocadas en las distintas ciudades españolas.

Fuente FELGTB

General #NiUnPasoAtrás, Ciudadanos, Derechos LGTBI, Igualdad, Machismo, Mujer, PP, Uge Sangil, VOX

¿Cuántas personas LGTBI, cuántas mujeres habrán votado a este partido misógino, xenófobo, homófobo y antiinmigración?

Los que tenemos canas nos acordamos de la soledad del franquista Blas Piñar en el Congreso de los Diputados clamando contra la Ley del Divorcio: “Dios y yo somos mayoría“… Resultaba patético y los nostálgicos del Franquismo iban viendo reducirse sus manifestaciones de la Plaza de Oriente año tras año… Y es que Alianza Popular, madre del Partido Popular les acogió con los brazos abiertos… Pero no los domesticó y ahora reaparecen en sus hijos y nietos alimentados por su odio a todo lo que huela a Diversidad…

Por primera vez en la reciente historia democrática española, un partido de extrema derecha pura y dura consigue un importante éxito electoral. Vox, formación política que nació como una escisión por la derecha del Partido Popular, entra en el Parlamento de Andalucía con 12 diputados y un 10,98% de los votos. Se convierte además en árbitro de la situación política andaluza, dado que sus votos son necesarios para que la suma de las fuerzas de derecha (Vox, PP y Ciudadanos) desbanque de la Junta de Andalucía al PSOE, incapaz de sumar mayoría absoluta con Adelante Andalucía (la marca electoral bajo la que concurrían Podemos e Izquierda Unida).  Y , todo apunta a que el «efecto contagio» al resto de España convertirá en los próximos años a la extrema derecha en protagonista de la política española. Una mala noticia, sin paliativos, que amenaza muy directamente el futuro de los derechos LGTB en nuestro país.

Susana Díaz (PSA-PSOE) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía)

El PSOE de Susana Díaz  ve reducido su porcentaje de voto al 27,95% y consigue solo 33 diputados, frente a los 47 que obtuvo en 2015. El PP también cae con fuerza, quedándose con el 20,75% de los votos y 26 diputados (tenía 33). Ciudadanos, en cambio, obtiene una considerable subida. Se coloca como tercera fuerza política en Andalucía, con el 18,27% de los votos, y pasa de 9 a 21 diputados. Adelante Andalucía, en cambio, queda muy por debajo de lo que en 2015 consiguieron por separado Podemos e IULV-CA: 16,18% de los votos y 17 diputados, frente a los 20 que reunieron entonces. Vox, por último, irrumpe en el Parlamento andaluz, consiguiendo 12 diputados y un 10,97% de voto. La extrema derecha consigue representación en todas las provincias andaluzas, con especial éxito en Almería, la provincia andaluza tradicionalmente más escorada a la derecha, donde se sitúa como tercera fuerza política tras PP y PSOE. Un excelente resultado para una formación que hasta hace pocas semanas era marginal, a la que la esta pasada noche la mismísima Marine Le Pen se apresuraba a felicitar en Twitter.

Los resultados, en definitiva, cierran la puerta a un posible pacto de gobierno entre PSOE y Adelante Andalucía, la opción que hasta este domingo parecía la más probable de acuerdo a las encuestas previas. PSOE y Ciudadanos tampoco suman mayoría, como sí lo hicieron en 2015 . Sobre el papel, PP, Ciudadanos y Vox, que sí reúnen mayoría absoluta, serán los que tendrán que ponerse de acuerdo para de una forma u otra desbancar al PSOE de la Junta. El PP de Pablo Casado y Ciudadanos, de hecho, nunca han manifestado rechazo expreso a pactar con Vox, partido con el que comparten su defensa a ultranza de la unidad de España y su hostilidad al nacionalismo catalán como elementos centrales de su ideario.

Una opción alternativa que algunos comentaristas políticos han puesto encima de la mesa pasaría porque el PSOE ofrezca a Ciudadanos la presidencia de la Junta de Andalucía y que este partido acepte un acuerdo con los socialistas que precisaría, además, de la abstención de Adelante Andalucía. Una operación políticamente complicada, cuya única razón de ser sería el neutralizar a Vox como árbitro político, algo que por el momento Ciudadanos no ha dado muestras de considerar necesario blanqueando a Vox con el único fin de desplazar de la Junta de Andalucía al PSOE, partido que ha gobernado esta comunidad de forma ininterrumpida desde las primeras elecciones autonómicas.

La mala, malísima,  noticia es la irrupción de la extrema derecha. Vox, es una formación no solo contraria al matrimonio igualitario, sino a cualquier reconocimiento jurídico expreso de la realidad familiar LGTB. Propone derogar las leyes de igualdad y no discriminación aprobadas por las comunidades autónomas, y su programa para Andalucía incluye la derogación de la correspondiente norma andaluza. A nivel educativo considera que hay un «evidente adoctrinamiento en ideología de género» y propone la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad». También propone excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y esto por mencionar aspectos relacionados únicamente con los derechos LGTB.  A esto hay que añadir los aspectos relacionados con el estado de las Autonomías que pretenden suprimir, la inmigración o la violencia de género y la igualdad de género.

La Santísima Trinidad
(El Padre Casado, el hijo Rivera y el Espíritu Santo Abascal)

El problema, sin embargo, no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no tiene aún fuerza para imponer, al menos en su totalidad) como la consolidación de una agenda política marcada por las demandas de la extrema derecha y el desplazamiento general hacia la derecha del discurso del resto de los partidos, al que ya venimos asistiendo desde hace semanas. E incluso de un cierto sector de opinión en la izquierda política, todavía minoritario pero cada vez mas ruidoso, que en los últimos tiempos viene lanzando diatribas contra lo que llaman «políticas de identidad», a las que culpan del ascenso de la extrema derecha. Un sector de opinión que reclama que la izquierda deje de considerar como uno de los elementos centrales de su causa la lucha por los derechos civiles de las minorías (y muy singularmente la LGTB), que según ellos la distancia del electorado obrero, y vuelva a un esquema clásico de «lucha de clases». Argumentación curiosa si se tiene en cuenta que Vox es una formación profundamente neoliberal en lo económico y que a día de hoy carece de respaldo entre los sectores socialmente más desfavorecidos. Entre los que por cierto hay muchas personas LGTB.

Habrá multitud de opiniones sobre los factores que nos han llevado hasta aquí: la crisis catalana y la consecuente exacerbación del sentimiento nacionalista español; la machacona presencia en las últimas semanas de Vox en los medios pese a ser hasta ahora un partido extraparlamentario (alguien debería estudiar muy seriamente el papel que programas de televisión de corte supuestamente progresista están jugado como «caja de resonancia» de la extrema derecha); la amplísima difusión en redes sociales de contenidos relacionados con Vox y con su líder, Santiago Abascal (en muchos casos haciendo burla de su campaña, pero al mismo tiempo contribuyendo a amplificarla); el blanqueamiento de la formación («Vox propulsa al centro derecha», podíamos leer hoy mismo como uno de los titulares en la portada del diario económico Expansión) o el fortísimo abstencionismo (la participación en las elecciones andaluzas ha caído cuatro puntos respecto a 2015, llevando la abstención por encima del 40%). Lo cierto es que la situación es ya difícilmente reversible. Se abre un ciclo político que en materia de derechos para las minorías no augura nada bueno. Y los LGTB, recordemos, llevamos siempre las de perder en estos casos.

Y estos son los 12 “apóstoles” del “evangelio” machista, homófobo, xenófobo…

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Benito Morillo, Rafael Segovia, María José Piñero, Manuel Gavira, Francisco Ocaña, Rodrigo Alonso, Eugenio Moltó, Ana Gil, Ángela Mulas, Luz Rodríguez, Francisco Serrano, Alejandro Hernandez. La mayoría  son abogados

Ojalá estemos aún a tiempo de reaccionar.

Con información de Dosmanzanas/El País

General, Homofobia/ Transfobia. Adelante Andalucía, Alejandro Hernández, Ana Gil, Andalucía, Ángela Mulas, Benito Morillo, Ciudadanos, Discriminación, Eugenio Moltó, Fascismo, Francisco Ocaña, Francisco Serrano, Junta de Andalucía, LGTBfobia, Luz Rodríguez, Manuel Gavira, María José Piñero, Marine Le Pen, Parlamento de Andalucía, PP, PSOE, Rafael Segovia, Rodrigo Alonso, Santiago Abascal, Susana Díaz, VOX

Rayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI AWEN LGTBI+, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Equo, FECyLGTB, Fundación Triángulo, Ignacio Paredero, Iguales, Iguales USAL, IU, Junta de Castilla y León, Lesgavila, LGTBfobia, Podemos, PP, PSOE, Segoentiende, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles, con el apoyo de todas las formaciones políticas allí representadas salvo el Partido Popular, la ley valenciana de igualdad LGTBI. La Comunidad Valenciana, que ya en 2017 aprobó una ley integral de transexualidad, se suma así al grupo de comunidades que en el ámbito legislativo autonómico protegen a las personas LGTBI contra la discriminación y promueven políticas de igualdad. 

La ley incluye medidas en los ámbitos social, sanitario, educativo, cultural y familiar. Como elementos especialmente destacados, recoge de forma explícita la prohibición de las «terapias» de conversión y la creación de un Consejo Valenciano LGTBI como órgano consultivo y de participación ciudadana, así como de un Espacio de la Memoria LGTBI, un servicio cuyo objetivo sera promover y favorecer el conocimiento, estudio e investigación sobre la historia del colectivo LGTBI.

El texto también recoge medidas de atención a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, el desarrollo de un servicio público de información, orientación y asesoramiento a personas LGTBI y sus familias y de un servicio de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. También recoge en su articulado medidas contra la violencia familiar, así como de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo.

La ley incluye un capítulo sancionador, con multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Otras posibles sanciones son la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat Valenciana, así como de contratar con esta, sus organismos autónomos o entes públicos por un período que puede ir desde el año hasta los tres años. También la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, una magnífica ley que sigue la estela de otras ya aprobadas en comunidades como Andalucía, País Vasco, Baleares, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia , Canarias, Aragón o Navarra. Leyes frente a las que el PP ha mantenido todas las posiciones posibles: las ha apoyado, por ejemplo, en Andalucía o Madrid, mientras que se ha opuesto en Cataluña (con una especial fiereza) o Navarra. En el caso valenciano ha decidido abstenerse, frente al voto positivo de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. De hecho, la única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares fue de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

En cualquier caso, que la abstención de los populares valencianos supone un avance respecto a lo sucedido el año pasado con la ley integral de transexualidad, a la que se opusieron. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015, arrastrado por una gestión que convirtió la la Comunidad Valenciana en el estandarte de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. De hecho, solo unos pocos meses antes el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Esperemos que ahora la ley, recibida con satisfacción por los colectivos LGTB valencianos, se acompañe del necesario desarrollo reglamentario, y que su implementación sea efectiva y no quede únicamente, como a veces da la sensación que esta sucediendo en algunas de las comunidades en las que se han aprobado leyes similares, en una hermosa declaración de intenciones.

General, Historia LGTBI Ciudadanos, Compromís, Comunidad Valenciana, Cortes Valencianas, Discriminación, Generalitat Valenciana, LGTBfobia, Podemos, PP, PSPV-PSOE

Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Congreso de los Diputados, Dinamarca, eldiario.es, En Comú Podem, En Marea, España, FELGTB, Grecia, HazteOir, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, LGTBfobia, Malta, Noruega, Orgullo LGTB, Pablo Casado, Personas transgénero, Portugal, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos, UPN, World Pride, World Pride 2017

Maroto y Levy prometiendo lo que no hacen…

Hace unos meses, el PSOE propuso una reforma de la Ley Trans para introducir dos conceptos que la anterior ley de 2007 no reflejaba y que son de extrema importancia para las personas trans: la despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género. O, lo que es lo mismo: que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de presentar un informe médico. Hasta ahora las personas trans necesitaban que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder comenzar los trámites legales (si querían, obviamente) para hacer los cambios oportunos en el registro; una normativa claramente anticuada, aunque solo sea porque la propia OMS aclaró que la transexualidad no es una enfermedad, aunque la llamen “incongruencia de género” por varios motivos .

Ya en su momento el Partido Popular, votó en contra de la tramitación de esa reforma; así que era de esperar que ahora volvieran a ponerse en contra. Pero como ellos son así han decidido ir un paso más allá y llevarle también la contraria a la OMS.

Actualmente la reforma de la ley está paralizada en la Comisión de Justicia porque hay una “sobrecarga de leyes”. Pero lo que sí se ha completado es el periodo de presentación de enmiendas, que luego se debatirán en sede parlamentaria, y entre las que el PP ha colado una de traca.

La propuesta del Partido Popular es mantener la obligatoriedad de presentar un informe médico con un diagnóstico de disforia de género (aunque la OMS haya dicho que eso no se puede diagnosticar ya) para poder acceder a los cambios registrales porque, según el PP, “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares“.

En el PP creen que la identidad de género de una persona trans es algo que puede variar según cómo se levante esa persona cada día y claro, hay que pedirle a un médico que certifique que está enferma, no sea que le cambiemos el nombre y dentro de dos años quiera recuperar el antiguo. Sí, es un nivel intelectual a la altura de los republicanos yankis que decían que las personas trans eran hombres con peluca que iban a entrar a los lavabos públicos a violar mujeres y niñas.

“Esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos que nos coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que demostrar lo que realmente decimos ser“, ha explicado Leo Mulió a ElDiario.es. Leo es un activista trans, psicólogo del equipo psicosocial de la asociación Transdiversa. Y añade: “Esta idea parte de un prejuicio y de esa mirada patologizante de entender la identidad trans como algo diferente al resto. A las personas trans se nos pone continuamente bajo sospecha de estar mintiendo, de que se nos pueda pasar, de que vayamos a aprovecharnos de alguna forma perversa de la ley. Yo tengo el mismo derecho a que no se me cuestione mi identidad que las personas cis“.

General, Homofobia/ Transfobia. Chrysallis, Congreso de los Diputados, Leo Mulió, Ley 3/2007, Ley de Identidad de Género, Natalia Aventin, Personas trans, PP, PSOE, Transdiversa., Transexualidad

Rueda de prensa del X Congreso Nacional de GeSIDA (Foto: GeSIDA)

Durante la presentación del X Congreso Nacional de GeSIDA la secretaria del Plan Nacional del SIDA en España, Julia del Amo, asegura que Sanidad está comprometida con la implantación de la PrEP

Estos días se celebra en Madrid el X Congreso Nacional de GeSIDA y durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el evento ha hablado Julia del Amo, co-presidenta del Congreso y secretaria del Plan Nacional del SIDA en España. Del Amo ha sido clara: la PrEP “es una prioridad del equipo de trabajo y puedo expresar compromiso en la instauración de todas las medidas de prevención en VIH, y no solo de la PrEP“.

Del Amo, además, ha asegurado que la actual ministra de sanidad, María Luisa Carcedo, “conoce muy bien esta situación“ y está muy concienciada con el tema.

“Para implementar la PrEP hace falta compromiso político” ha explicado Del Amo en la rueda de prensa, “y estamos trabajando en ello. Esperemos que en breve pueda estar disponible. Es fundamental y una herramienta más para la prevención. Además, no sería muy cara. Hay compromiso en la implementación de todas las medidas de prevención contra el VIH“.

Curiosamente es exactamente lo mismo que Del Amo expresó hace justo un mes durante la celebración del X Congreso de CESIDA. En ese acto, el primero como secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, Del Amo ya dejó claro que “existe un compromiso de Salud Pública respecto a la implantación de la PrEP” y aseguró que era algo en lo que ya se estaba trabajando.

Después de muchos años en los que el gobierno del Partido Popular no ha hecho nada en la lucha contra el SIDA se agradece que el gobierno de Pedro Sánchez mencione la PrEP.

Otro dato útil de la rueda de prensa de presentación de este X Congreso Nacional de GeSIDA lo ha ofrecido Santiago Moreno, co-presidente del congreso. Según Moreno, España está a punto de conseguir llegar al 90-90-90: 90% de personas con VIH diagnosticada, 90% de personas diagnosticadas en tratamiento antirretroviral, 90% de personas en tratamiento que se vuelven indetectables. “Los dos últimos 90 lo hemos conseguido, pero fallamos en tener el 90% de las personas diagnosticadas. Solucionaríamos lo de esa fracción haciendo más test a más personas“.

Según datos oficiales en España viven entre 130.000 y 160.000 personas con VIH, de las cuales un 18% no saben que son portadoras del virus. Para atajar eso los expertos recomiendan realizar la prueba del VIH en los análisis de sangre rutinarios de todos los pacientes en lugar de esperar a que el médico sospeche algo o a que el paciente pida que le hagan la prueba.

La PrEP (Profilaxis Pre-Exposición) es un tratamiento médico que puede prevenir el contagio por VIH y se basa en la toma de antirretrovirales y un seguimiento médico con análisis regulares para controlar los posibles efectos secundarios y los contagios de otras ITS.

Fuente  Infosalus

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La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves el anteproyecto de ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», una nueva norma autonómica que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra su discriminación. El anteproyecto debe todavía hacer su travesía parlamentaria, por lo que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, especialmente si se tiene en cuenta lo avanzado de la legislatura.

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) sigue, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTB aprobadas en otros lugares de España. Se trata de una regulación transversal que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, y medidas de acción positiva a ejecutar, y que reconocer de forma expresa el principio de autodeterminación de género por lo que al ámbito autonómico se refiere (recordemos que, por ejemplo, las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades).

Así, en el ámbito educativo el anteproyecto propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación. Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso por LGTBfobia en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección hacia el alumnado trans. En el ámbito sanitario, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en menores, la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, el anteproyecto incluye la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, de forma que se valore a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y se prohíba contratar a aquellas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Por último, el anteproyecto recoge un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta 3 años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.

Alegría de Alega Cantabria y críticas de Podemos al calendario

El colectivo Alega Cantabria ha expresado su alegría de que por fin inicie su andadura la que fue su principal petición en el Orgullo LGTB, aunque ha recordado que el anteproyecto queda pendiente de la tramitación parlamentaria:

Ha llegado el día

️‍APROBADA LA LEY LGTBI+ DE CANTABRIA ️‍

Aún hace falta que se apruebe en el Parlamento, pero para eso están los currantes de Alega!!

Por si no lo sabéis, esta fue la principal petición en el orgullo pasado, y la verdad es que estamos ORGULLOSOS. (1/4) pic.twitter.com/Vw5akD5StQ

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 25 de octubre de 2018

También se ha manifestado públicamente Podemos (formación que cuenta con 3 diputados en el Parlamento de Cantabria), que si bien ha expresado su alegría por el contenido del anteproyecto ha denunciado que tal y como funcionan los plazos en el Parlamento cántabro «es prácticamente imposible» que se apruebe la ley en la vigente legislatura, por lo que puede considerarse un «brindis al sol». «Desde la formación morada se recuerda que la proyecto de Ley de Igualdad de Cantabria se llevó a pleno el pasado mes de marzo y aún se encuentra en fase de enmiendas (hasta el mes de enero). En el caso de la Ley de Garantías de Derechos del Colectivo LGTBI el plazo es aún mayor, porque al tratarse de un anteproyecto debe someterse a información pública, lo que demorará aun más su llegada al Parlamento para su debate y aprobación», han expresado. Podemos critica además que el Gobierno cántabro votara en contra de algunas propuestas realizadas en el mes de junio por la formación morada que afectan de manera directa a esta normativa. «Solo puede calificarse de incoherente y oportunista», han criticado.

El Gobierno de Cantabria, recordemos, está formado por una coalición entre El Partido Regionalista de Cantabria (que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece de mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos 3, Ciudadanos 1 y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido por disensiones internas).

Estaremos pendientes de la evolución parlamentaria del anteproyecto y muy vigilantes de si las fuerzas políticas cántabras realmente están por la labor de que la ley sea una realidad sin necesidad de esperar otra legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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Tras reunirse con representantes de Chrysallis, asociación de familias de menores trans, el Ministerio de Justicia ha anunciado que prepara una instrucción para que los registros civiles faciliten el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria (así los esperamos…) al menos hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.

«La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad», asegura el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, que alude también a la reunión mantenida entre representantes de Chrysallis, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro. Se trata de agilizar y de alguna forma automatizar el proceso “para facilitar la vida de los menores trans”, ha dicho Natalia Aventín, representante de Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, que ha señalado que este avance ha sido fruto del compromiso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, tras una reunión celebrada esta semana.

En esta reunión, Chrysallis ha recordado al Ministerio que el Gobierno de España no ha atendido todavía la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación. En resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.

Tras la reunión, el director general de los Registros y del Notariado ha reconocido que la actual regulación vulnera derechos fundamentales de los menores trans y lastra su desarrollo personal, aspectos que tratará de evitar tanto la instrucción que ya se prepara como la reforma legal en tramitación parlamentaria.

Fuentes del ministerio de Justicia han explicado que la instrucción es un parche para facilitar los trámites de los menores mientras se tramita la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención en cuanto al sexo y al nombre, con el objetivo de que pueden inscribirse “en un viaje de fin de curso, recoger un paquete en correos o hacer infinidad de gestiones sin tener que exponer su intimidad”. De momento, la instrucción se limita solamente al nombre y no al sexo.

El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. Este mismo viernes, de hecho,  Gabriel y su familia han entregado en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.

Retrasos intolerables en la tramitación parlamentaria

En efecto, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

No debe confundirse esta proposición con la que a su vez el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ha sido necesaria una huelga de hambre de un grupo de activistas trans (entre los que se encontraba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) para que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que la mantenía «en el congelador», tomase la decisión de impulsarla en el contexto de sus recientes acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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