El Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 una subvención de 8.500 euros a «Mater Familiae», una organización vinculada a la Diócesis de Cartagena que entre sus servicios ofrece «atender los casos en los que se una desviación de la conducta sexual», aunque, eso sí, asegura hacerlo «con especial delicadeza». El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda a la población que las mal llamadas «terapias» de conversión de la homosexualidad son inadmisibles de acuerdo al conocimiento científico actual.

Lo ha denunciado el grupo municipal del PSOE: el Ayuntamiento de Murcia, gobernado en 2018 por el PP gracias al apoyo de Ciudadanos (los populares perdieron la mayoría absoluta en la capital murciana 2015) concedió 8.500 euros a «Mater Familiae» para subvencionar un proyecto de «intervención en familias en situación de dificultad social».  «Mater Familiae» es una entidad vinculada a la diócesis de Cartagena que se define como un «centro de orientación familiar» que integra entre sus filas profesionales abogados, psiquiatras, pedagogos y psicólogos. La entidad ofrece «formación prematrimonial, reconocimiento de la fertilidad y orientación familiar», y según puede leerse en el apartado de metodología del proyecto presentado en su momento al Ayuntamiento «atiende con especial delicadeza» los casos en los que hay una «desviación de la conducta sexual», en lo que claramente parece una alusión a las «terapias» de conversión. En ese mismo documento puede leeerse que «Mater Familiae» trabaja como telón de fondo con «la antropología adecuada que se desprende del Magisterio de la Iglesia y los escritos de los Papas»:

Nos resulta absolutamente anacrónico el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a una asociación que se dedica a reconvertir las desviaciones sexuales», ha criticado la concejala socialista Esther Nevado, para la cual estas supuestas terapias «han sido desautorizadas por la comunidad científica internacional y tan sólo son defendidas por los grupos afines a la extrema derecha». La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, se ha defendido argumentando que el Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 subvenciones a 127 entidades sociales «de todo tipo de ideologías» y ha asegurado en el documento de memoria presentado por «Mater Familiae» para la justificación de la subvención «no consta ninguna actividad referida a intervención o atenciones a conductas sexuales desviadas».

El Colegio de Psicólogos de Murcia investigará el caso

Ante la gravedad de lo denunciado por el PSOE murciano, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COPRM) ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de investigación para conocer «qué se está haciendo por parte de la asociación y quién está llevando a cabo los tratamientos».

Al mismo tiempo, el COPRM expresa su rechazo a la utilización de las conocidas como «terapias» de conversión y recuerda que «como colegio profesional, nuestra postura está en consonancia con la de la Asociación Americana de Psicología (2009), que en base a más de 80 estudios científicos, declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indicaran, instaran o hicieran creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento».

«Aprovechamos para recordar que el COPRM cuenta con un grupo de trabajo sobre intrusismo, que analiza las ofertas realizadas por personas, que sin la requerida cualificación profesional, prometen con sus ‘terapias’ curaciones o logros milagrosos. Por eso, desde el COPRM enviamos el mensaje a todos los murcianos para que acudan a un psicólogo colegiado para consultar todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con su salud emocional y la de los suyos», añade el comunicado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos, Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia, Diócesis de cartagena, Discriminación, Esther Nevado, Homofobia, Iglesia Católica, LGTBfobia, Mater Familiae, Murcia, Pilar Torres, PP, PSOE

El Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Homofobia, Junta de Andalucía, LGTBfobia, Murcia, Parlamento de Andalucía, PP, VOX

Vox vuelve a cargar con su propuesta del Pin parental, lo han comunicado en la Asamblea de Madrid, quieren que los padres puedan elegir si sus hijos acudan a clases sobre educación LGTBI u otras actividades de índole sexual. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a llegar a ese extremo, lo considera inadecuado para la docencia.

Esto ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el día de ayer, cuando el diputado de Vox Mariano Calabuig preguntó al consejero si iban a eliminar el PIN parental que ya existe sobre los valores y la religión, no entendía porque el sistema educativo permite elegir entre esas dos modalidades y no se permite “dar la libertad” a los padres de mandar a sus hijos a clase o actividades LGTBI.

Lo considera un paso atrás en materia de derechos hacia los padres. Ossorio le respondió que no tienen pensado suprimir ningún PIN parental, porque no hay ninguno que suprimir, sino que es un decreto existente para las familias. “Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no pueden estudiar astronomía”, concluyo el consejero, mostrando su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la constitución.

No obstante, el también diputado del PP ha recordado que el Tribunal Supremo ha determinado que “en los centros educativos no se puede imponer ni inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas”. Por ello, asegura, los colegios tendrán que explicar el contenido de su programación a principio de curso para que las familias decidan dónde matriculan a sus niños.

Esta polémica se remonta a las negociaciones para formar el Gobierno regional tras las elecciones que ganó el PSOE pero dieron una mayoría a las suma de los partidos de centroderecha. Entre otras cuestiones, Vox planteó como requisito imprescindible para apoyar un Ejecutivo bicolor de PP y a Cs la aplicación de lo que denomina pin parental para evitar “el adoctrinamiento” en las aulas con contenidos académicos relativos a la sexualidad o a los derechos del colectivo LGTBI, recogidos en las leyes autonómicas aprobadas la pasada legislatura.

Finalmente, el pacto no incluyó dicha referencia, pero en su discurso de investidura la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se comprometió a cambio a que sea “obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción”. En ella deberá incluirse tanto el “proyecto educativo” como las “temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas”.

Sin embargo, Vox ha vuelto a poner este jueves en el centro del debate parlamentario la cuestión del pin parental, equiparándolo a la posibilidad de elegir entre la asignatura de Religión y la de Valores. “¿Por qué no existe cuando los padres dicen, mire, es que hay una serie de cosas que no quiero que se le den a mis hijos, como son clases o actividades sobre LGTBI o educación afectivo-sexual que afectan muy directamente a las familias?”, ha preguntado el diputado Mariano Calabuig.

Ossorio le ha respondido que los progenitores no pueden limitar determinados contenidos que reciben los alumnos. “Lo ha dicho el Tribunal Supremo: no se admite objeción de conciencia a los padres cuando son asignaturas del currículo obligatorio”, ha subrayado.

La controversia ha seguido en la Asamblea en una comparecencia solicitada por Más Madrid para interrogar al consejero de Educación sobre la aplicación de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, la diputada de Vox Alicia Rubio, que es profesora, ha llegado a poner como ejemplo de los contenidos que su grupo no quiere que se impartan en los centros escolares el caso de una alumna que le dijo que hasta que recibió una de esas charlas pensaba que “el sexo oral era decir cochinadas por teléfono”.

“¿Qué derecho ampara a esos grupos para entrar como elefante en cacharrería en las aulas, en las conciencias, en la intimidad y en la inocencia de esos menores? ¿No deberían los padres saber y autorizar estos contenidos?”, ha preguntado la representante de la formación ‘verde’, que ha asegurado que “sí se adoctrina en las aulas” con “contenidos sesgados de la sexualidad humana”, y se ha planteado “dónde termina la educación en diversidad sexual” y dónde comienza “la corrupción de menores” con los contenidos que se desarrollan en los centros educativos por parte de colectivos LGTBI. En este punto, la parlamentaria se ha preguntado quiénes son esos colectivos que dan charlas en los colegios y “qué es lo que les avala” para que la Comunidad les permita acudir a los centros educativos a dar estos contenidos. “Yo creí en esos contenidos de género para evitar la violencia y fomentar la tolerancia, hasta que vi su trayectoria y vi que no tenía nada que ver con la tolerancia. Hasta ese momento no supe dónde terminaba la educación en diversidades sexuales y comenzaba la corrupción de menores”, ha lanzado.

En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha puesto otro ejemplo, un “caso real” de un chico gay al que su padre, al enterarse de su condición sexual, le dijo antes de destrozar la vajilla de la casa: “Ojalá te hubieras muerto en el accidente de coche que tuviste el año pasado. Prefiero tener un hijo drogadicto, asesino o con discapacidad antes que un hijo maricón de mierda”.

“Esta situación es extrema, desde luego, pero hay demasiadas familias que no ofrecen un entorno seguro a los menores LGTBI precisamente por esos prejuicios que tienen”, ha espetado el parlamentario del grupo de izquierda en una crítica directa a Vox . “Esos niños tienen derecho a que la escuela no reproduzca los prejuicios que tienen los padres, tienen derecho a que se les eduque en libertad”, ha apostillado.

El parlamentario de Más Madrid ha sostenido que este grupo parlamentario se supera “a sí mismo” en cada intervención. “Escuchando a los señores de Vox siempre pregunto lo mismo: ¿a qué tienen ustedes tanto miedo? ¿qué es exactamente lo que les asusta tanto que conozcan sus hijos? ¿sus convicciones son tan débiles como para pensar que sus hijos algún día escuchan algo diferente a las barbaridades y les va a pasar algo? ¿van a ser LGTBI?”, ha espetado.

En este punto, ha recordado que las personas LGTBI se criaron “rodeados de personas heterosexuales, rodeados de referentes heterosexuales, escuchando películas heterosexuales” y ni les cambian, ni ha pasado nada. Les ha instado, además, a que no tengan “tanto miedo a la diversidad” ni a que sus hijos conozcan “la realidad de España en el siglo XXI”.

Por parte del PSOE la parlamentaria Carla Antonelli solicitó a la Comunidad que informara acerca de cuál es su compromiso con el cumplimiento y desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI y se ha refirió a la expulsión de Alicia Rubio de un instituto madrileño y le ha acusado de tener una psicopatía que se llama «transfobia».

Carla Antonelli ha sostenido que a sus 60 años “hay cosas que parecía imposible imaginar” como lo ha sido “escuchar” en la Cámara autonómica “tanto odio que puede escupir una persona” y se sorprende de que “sus vidas hayan girado en torno al odio hacia otras personas”, que han luchado “igual por la democracia y las libertades” en España. “Hacen apología del odio hacia los LGTBI intentando impedir que los niños sean educados en el respeto, dejen a nuestros niños y niñas en paz, que crezcan en libertad y en respeto a su propia identidad”, ha subrayado.

La diputada Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, ha mencionado a HazteOir.org  y defendido el capítulo educativo de la ‘Ley LGTBI’ de Madrid. Y ha reprochado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, de permitir el reparto de folletos en los colegios madrileños, hacer oídos sordos a la creación de páginas web con listas de centros, para intimidar y perseguir a los centros que dan cursos de diversidad sexual…

Este no es más que otro intento de Vox de dañar al colectivo LGTB, con políticas absurdas que no benefician a nadie y no son más que pasos atrás de la sociedad.

Fuente Agencias

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Es lo que tiene el pactar con la ultraderecha para impedir que gobierne el más votado (PSOE). El Trifachito en acción. Luego se extrañan algunas de que no sean bienvenidas en la Manifestación del Orgullo. ¿Esto es defensa de las personas LGTBI+?

La Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos, ha decidido finalmente oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses y que la formación naranja sí que apoyó en la pasada legislatura. Así lo ha trasladado en un documento remitido a las Cortes regionales, en el que la coalición que gobierna Castilla y León apuesta por un texto propio. En este sentido, dosmanzanas ha tenido acceso al primer borrador de anteproyecto propuesto por el Gobierno regional, y lo que hemos podido leer resulta muy preocupante. La Junta introduce significativos recortes a la propuesta de los colectivos, muy especialmente en materia de Educación y en todo lo que tiene que ver con los derechos de los menores trans.

Hace ahora un mes recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos han vuelto a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), ha dado un giro de 180 grados y apostaba ahora por un texto recortado que pudiera ser consensuado con el PP, su socio de gobierno. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que el texto del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

Pues bien, dosmanzanas ha tenido acceso a un primer borrador de dicho texto, y más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes nos llaman la atención aspectos como:

• La desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• La desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• La eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Estos son algunos de los elementos que «desaparecen» del borrador de proyecto de ley de la Junta. Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Se abre la puerta a los baños «apartheid» para menores trans

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos, que en su momento contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos. «Es fundamental que se apruebe la ley de los colectivos, que garantiza todos nuestros derechos. El texto que está impulsando el PP incluye recortes que ya conocemos y que se negociaron en la pasada legislatura con grupos contrarios a la diversidad sexual, por lo que una ley así no puede ser nuestra ley. Le pedimos al PP que por una vez deje de bloquear nuestros derechos y a Ciudadanos que demuestre su compromiso y mantenga su apoyo al texto que apoyó la anterior legislatura», ha manifestado a dosmanzanas Ignacio Paredero, presidente de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+).

Cabe señalar, al respecto de las negociaciones que señala Paredero entre el PP y grupos contrarios a los derechos LGTB, que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado al Gobierno de Murcia, también una coalición entre PP y Ciudadanos). También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. Una avalancha de comentarios que pese a resultar obvio que son fruto de una acción coordinada de sabotaje bien podría ser utilizada por el Gobierno de Castilla y León para justificar sus recortes. leone

Estaremos pendientes de cómo evoluciona la cuestión, y muy especialmente de si Ciudadanos en Castilla y León persiste en su alianza con el PP o decide volver a dar su apoyo a las medidas que en su momento defendió.

Comunicado de la Asociación Valladolid Diversa

Las organizaciones ATC Rainbow, Chrysallis, Fundación Triángulo y Valladolid Diversa, tras la reunión que hemos mantenido hoy con representantes de Ciudadanos, queremos expresar nuestra satisfacción por el compromiso mostrado por este grupo parlamentario con la igualdad real y los derechos de la Diversidad Sexual y de Género en Castilla y León, al aceptar y comprometerse a apoyar las aportaciones que hemos hecho a la propuesta de Ley LGTB+ de la Junta.

Entendemos que esta ley es absolutamente necesaria, pues necesitamos derechos y herramientas válidas para su defensa, y en este sentido han ido nuestras aportaciones al texto remitido por la Junta. Entre otras medidas, hemos incluido en nuestras enmiendas la continuidad y garantía de aplicación del protocolo de Educación, la mejora del protocolo de Sanidad, derechos como la tarjeta sanitaria para las personas trans menores de edad, la garantía de la atención integral sanitaria para todas las personas con diversidad sexual y de género, así como medidas para proteger del acoso escolar y del maltrato familiar a todas las personas de nuestro colectivo.

Asimismo, queremos recordar que las organizaciones LGTB+ somos las auténticas expertas en la materia que trata esta ley, pues somos nosotras, las personas con Diversidad Sexual o de Género, quienes sufrimos en nuestras propias carnes y en nuestro entorno todos los males que esta ley pretende erradicar o mitigar. En ese sentido llevamos luchando desde hace años y conocemos mejor que ninguna otra organización o profesional de fuera de nuestro colectivo cuáles son las herramientas que necesitamos para acabar con las discriminaciones que sufrimos y garantizar nuestra igualdad real.

Las cuatro organizaciones entendemos que será necesario el consenso parlamentario para sacar adelante esta ley. Por ello hemos empezado hoy nuestra ronda de reuniones con los grupos políticos, en primer lugar con Ciudadanos por ser el primer grupo en responder a nuestra petición, pero también nos reuniremos próximamente con el resto de grupos políticos. En dichas reuniones expresaremos nuestro deseo de alcanzar el consenso partiendo de nuestras medidas presentadas hoy como un mínimo para garantizar que la ley que finalmente se apruebe por las Cortes sea una herramienta efectiva para nuestra igualdad y nuestros derechos. De todas formas, entendemos que nuestras aportaciones siempre pueden ser ampliadas y mejoradas con más aportaciones en positivo. Lo que no estamos dispuestas a aceptar son recortes en igualdad y derechos. Deseamos mantener esta necesaria colaboración durante el trámite parlamentario de la ley, hasta que el texto sea finalmente aprobado por las Cortes de Castilla y León.

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Asociación Valladolid Diversa
Luchamos por la diversidad

Fuente Dosmanzanas/Valladolid Diversa

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, ATC Rainbow, Castilla y León, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Equo, Francisco Igea, Fundación Triángulo, HazteOir, Ignacio Paredero, IU, Junta de Castilla y León, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

La formación, parte del programa de cursos de verano denominados «Universidad Internacional del Mar» se centró en analizar los ámbitos educativos y socio-sanitarios que afectan a la vida diaria de las personas LGTBI.

La atención específica a las necesidades de las personas pertenecientes al colectivo de diversidad sexual y de género se ha visto reforzada en la Región de Murcia con esta iniciativa de formación de profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo.

La Universidad de Murcia ha sido la encargada de promoverla, en colaboración con el colectivo LGTBI No Te Prives, ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia) y el Ayuntamiento de Molina de Segura, localidad en la que se celebró el curso.

En la inauguración intervino el presidente del colectivo No te Prives, Jesús Costa, que lamentó que «pese a que la legislación recoge medidas para alcanzar la igualdad, las políticas no se aplican en materia de Sanidad y Educación». Por su parte, la representante de la Universidad de Murcia, María Guirao Carrillo (profesora de la Facultad de Psicología), confirmó que «se intentará sacar adelante la segunda edición del curso para el próximo verano». Guirao destacó el papel de la educación y la Formación como vehículo para erradicar la equiparación entre lo «diferente» y lo «malo». Por parte del consistorio local, la concejal de Cultura y Juventud de Molina de Segura, Soledad Nortes, criticó los discursos que se escuchan actualmente en contra de la convivencia y la diversidad y abogó por seguir haciendo visible al colectivo.

El contenido del curso comenzó con unas nociones básicas sobre diversidad sexual y con la ponencia del histórico activista LGTBI Armand de Fluvià. Una declaración a favor de recuperar la memoria histórica del colectivo en nuestro país y en concordancia con la reivindicación anual del colectivo de reconocer el papel de nuestros mayores en la consecución de derechos. «Ahora no hay discriminación legal, ahora la lucha es contra la homofobia», declaró Fluvià. El veterano activista señaló la necesidad de contar en la lucha contra esa homofobia con el apoyo del sistema educativo y los medios de comunicación. El presidente de No Te Prives aprovechó para hacer entrega de la Pluma de Plata del colectivo a Fluvià en reconocimiento a la valentía demostrada en los años 70 para que las personas LGTBI puedan disfrutar hoy día de los derechos conquistados.

Además de esta incursión histórica y diversas nociones básicas, en este curso se impartieron charlas de inmersión al lenguaje inclusivo, cuestiones referentes a la legalidad nacional e internacional y legislación en materia de delitos de odio. El curso dedicó una jornada entera a la despatologización trans, así como otra al aspecto más estrictamente socio-sanitario y una última al educativo, contando en todas ellas con ponentes con una extensa formación específica. Las familias también tuvieron voz en este curso: representantes de ASFAGALEM participaron para contar su experiencia y señalar aspectos a mejorar en el funcionamiento de diversos servicios públicos. Esta asociación está centrada en defender los derechos de los menores provenientes de familias con madres y padres lesbianas y gais.

Los partidos políticos también estuvieron presentes a través de una mesa redonda en la que participaron ponentes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. También participó la ahora independiente María Jesús López, exconcejala de Ciudadanos en Hellín (Albacete) que hace unos meses acusó a la formación naranja de transfobia tras negarle encabezar la lista municipal.

Más de 40 alumnos asistieron a esta primera edición del curso «Diversidad Afectivo Sexual y de Género: Perspectivas desde el ámbito educativo y socio-sanitario», de la Universidad Internacional del Mar (perteneciente al Campus Mare Nostrum de excelencia universitaria de la Universidad de Murcia).

El curso ha estado dirigido por Francisco Rafael Lázaro, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, e Ismael Jiménez, profesor del Departamento de Enfermería. Esta ha supuesto la primera formación en diversidad sexual y de género llevada a cabo por la Universidad de Murcia en colaboración con los colectivos regionales. Un hecho que el presidente del colectivo No Te Prives celebró agradeciendo al nuevo rector de la institución universitaria su predisposición para estrechar lazos y colaborar en la erradicación de mala praxis profesional hacia las personas LGTBI.

La Universidad de Murcia se convierte así en otra institución universitaria visiblemente sensibilizada con las demandas del colectivo. Otro ejemplo de la unión entre saber y diversidad después de que la Universidad Complutense de Madrid inaugurara recientemente su Master en Estudios LGTBIQ+.

Fuente Dosmanzanas

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Y luego les extraña que no se les quiera en la Manifestación del Orgullo… es el pago por los votos de la ultraderecha.

Giro de Ciudadanos en Castilla y León. Tras haber apoyado en la anterior legislatura la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses, la formación naranja ha decidido ahora desmarcarse de la misma y optar por un texto alternativo al que pueda sumarse el PP. El movimiento de Ciudadanos ha generado inquietud en los colectivos LGTB de la región, que ven en la maniobra la intención de rebajar el alcance del texto.

Para entender la dimensión de lo sucedido es necesario hacer un poco de historia: a finales de 2016 diferentes colectivos LGTBI+ de Castilla y León  presentaron en las Cortes regionales una primera propuesta de ley de igualdad LGTBI. Utilizaron como base una ley promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que de hecho fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos se mostraron incluso dispuestos a hacer concesiones «dolorosas», pero finalmente los populares dieron carpetazo al proceso. Los colectivos consiguieron, sin embargo, el apoyo del resto de las formaciones representadas entonces en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Un compromiso que se materializó en marzo de 2018, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite aquella proposición de ley.

El proceso que siguió dicha admisión fue, sin embargo, infructuoso. Solo el voto sorpresa de la entonces presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, permitió la toma en consideración de la proposición, en contra del criterio del que era entonces su partido, el PP. Clemente también unió sus votos a los de la oposición para poner fin al bloqueo de su tramitación. Pero no fue suficiente. La legislatura terminó sin que la propuesta fuese aprobada (Silvia Clemente, curiosamente, fichó por Ciudadanos y fue promovida por su dirección nacional a candidata a presidenta de la Junta. Sin embargo, las elecciones primarias en las que ganó por un puñado de votos se desvelaron fraudulentas, lo que llevó a que finalmente fuera su rival, Francisco Igea, el candidato de los naranjas).

A Ciudadanos ya no le gusta el texto de los colectivos

En las elecciones del pasado mayo el PP (que en la anterior legislatura tenía la mitad exacta de los diputados)  cayó a la segunda posición, siendo superado por el PSOE. Pero los populares llegaron a un acuerdo con Ciudadanos para mantenerse en la presidencia de la Junta a cambio de repartirse el Gobierno regional y dar a los naranjas la presidencia de las Cortes. En el plano parlamentario, sin embargo, se registraba una clara mayoría de los partidos que en la legislatura anterior registraron la proposición de ley propuesta por los colectivos. No había ya impedimento alguno… Si no fuera porque Ciudadanos ha decidido desmarcarse.

Francisco Igea, lider de Ciudadanos en CyL con Albert Rivera

Lo ha hecho, además, por sorpresa. «No supimos que Ciudadanos daba marcha atrás a su compromiso de mantener su apoyo al registro del texto acordado la pasada legislatura hasta la misma mañana del registro de la ley cuando no aparecieron», ha indicado en un comunicado la FECyLGTB+ (Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), entidad que el pasado miércoles registraba de nuevo la proposición en las Cortes de Castilla y León de la mano de los grupos socialista y mixto (salvo, en este último caso, el único diputado de Vox) y con la llamativa ausencia de la formación naranja.

Y propone recortar un 30% y consenso con el PP

Especial inquietud ha causado entre los colectivos las explicaciones dadas por Ciudadanos. Su portavoz en las Cortes ha argumentado que ahora prefieren aprobar un texto que pueda apoyar su socio de gobierno, el PP, después de escuchar «a los profesionales de la educación o la sanidad». En el mismo sentido se ha pronunciado Francisco Igea, ahora vicepresidente de la Junta, que ha anunciado que será el propio Gobierno regional el que enviará a las Cortes un proyecto de ley que recogerá «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

«Sabemos perfectamente cuáles son nuestros derechos», responden desde la FECyLGTB+ a Ciudadanos. «Proponer ahora que sean los profesionales médicos los que opinen sobre qué derechos necesitamos o reclamamos para alcanzar nuestra igualdad legal es tratarnos como menores de edad o algo peor. Y eso por no hablar de que se reúnan con colectivos religiosos contrarios a nuestros derechos para consultarles nuestra ley, algo que, en el pasado, ya ha hecho la Junta», continúa el comunicado. «Si la ley que quiere promover la Junta recoge, como ya han dicho, el 70% de nuestro texto, ¿cuál es el 30% de nuestros derechos que no se van a recoger? ¿Qué colectivo o derechos se van a quedar fuera?», añade. En este sentido, la FECyLGTB+ se muestra especialmente preocupada por la posibilidad de que un texto recortado y descafeinado perjudique especialmente a las personas trans y a los menores.

«No vamos a volver a caer en lo que sucedió la anterior legislatura, en la que estuvimos reuniéndonos con la Junta años para que al final, tras reunirse con colectivos religiosos, cambiasen de opinión y bloqueasen nuestra ley. Vamos adelante con la proposición de ley presentada con el texto acordado con Ciudadanos, PSOE, Podemos y UPL en la anterior legislatura, por supuesto, abierta a negociar debatir y enmendar con todos los grupos y que esperamos se discuta hasta su aprobación final en las Cortes. Es lo mínimo que merecemos tras cuatro años luchando por sacar adelante esta ley. Esperamos que se esté a la altura y se deje de una vez a un lado protagonismos, trabas, bloqueos, el interés electoral y la búsqueda de medallas y, simplemente, se apoyen nuestros derechos e igualdad tras el debate democrático», ha declarado el presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero.

Estaremos atentos a lo que sucede…

Fuente Dosmanzanas

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Más allá de los exabruptos, las salidas de tono y las declaraciones en medios y redes sociales, la extrema derecha comienza a imponer su agenda de odio en aquellos territorios en los que sus acuerdos con PP y Ciudadanos fuerzan a estos a asumir sus postulados. La primera parada, Murcia, donde la Consejería de Educación acaba de advertir a los colegios de la región que los alumnos deberán contar con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. 

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril del año pasado, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. «Es importante inculcar a nuestros alumnos principios que favorezcan la no discriminación y el respeto a la diversidad», declaraba entonces la consejera de Educación. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del autodenominado «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello).  La medida, sin embargo, no se llegó a implementar formalmente.

Tras las pasadas elecciones autonómicas, se produjo un vuelco: el PSOE pasó a ser el partido más votado, pero el PP consiguió acordar con Ciudadanos y Vox mantenerse en el poder. La mayoría parlamentaria de los tres partidos dio el gobierno a una coalición de PP con Ciudadanos, partido que prefirió esta opción a la de conformar una mayoría alternativa con el PSOE. Un acuerdo que, al igual que sucedió en la Comunidad de Madrid, se hizo de forma teatralizada y después de que la extrema derecha amagara con no dar su apoyo a PP y Ciudadanos si no se derogaba la ley regional contra la discriminación de las personas LGTBI. Finalmente Vox obtuvo el compromiso del PP de que atendería sus demandas, pese a que no se produjese una derogación formal de la ley. Bastaba con convertirla en papel mojado…

Este 29 de agosto la maniobra se ha, por fin, materializado. En una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación, al frente de la cual se sitúa ahora María Esperanza Moreno, se ordena que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria deben ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos deben dar su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta, después de la exigencia de Vox, que el objeto de la orden no es otra que desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

La decisión del Gobierno murciano ha encontrado rápida respuesta en el diputado socialista en la Asamblea regional Emilio Ivars, que en un hilo de Twitter ha destacado que la resolución contraviene el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. «No nos quedaremos quietos», ha advertido el diputado socialista:

Hola @RmEsperanza Creo que ayer tu Secretaria General metió la pata con las instrucciones de inicio de curso. (Abro hilo) pic.twitter.com/wWvxTVE1l4

— Emilio Ivars /❤️ (@eivars) 3 de septiembre de 2019

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

La decisión resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Insistimos, como venimos haciendo desde que el pasado mes de diciembre Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: El problema no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para aferrarse al poder en Madrid o en Murcia, han acabado por completar un escenario que no es precisamente halagüeño para los derechos LGTBI. Y ya empezamos a sufrirlo.

Fuente Dosmanzanas

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El partido de extrema derecha solicita a la Asamblea de Madrid una relación de colegios que dan cursos afectivo-sexuales con detalles sobre los contenidos

Rocío Monasterio, quien registra la petición, intenta en estos días cerrar un acuerdo de investidura con PP y Ciudadanos

La Consejería de Educación avanza que no facilitará esta información al partido porque vulnera la ley de protección de datos

Vox pide a la Comunidad de Madrid que identifique a las personas que han impartido talleres afectivo-sexuales en los colegios madrileños desde 2015. La portavoz de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, ha registrado una petición de información en la Asamblea de Madrid para conocer la “relación de colegios en los que COGAM –la asociación LGTBI que los da– ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole”, con detalles sobre el “temario”, “una breve descripción de la actividad” y la identidad de los ponentes.

La formación de Santiago Abascal ya ha actuado de forma similar en el Parlamento Andaluz, donde solicitó identificar a los funcionarios que evalúan los casos de violencia de género para depurar “casos ideológicos”, y también en la Generalitat Valenciana. Ahora, extiende este tipo de peticiones a la Comunidad de Madrid mientras intenta cerrar un acuerdo de investidura con el Partido Popular y Ciudadanos. Los tres partidos se reunieron este martes por primera vez y ahora tratan de encontrar una fórmula para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso sin necesidad de firmar por escrito un pacto conjunto. Los votos de Vox son imprescindibles para que el gobierno de coalición acordado por Díaz Ayuso e Ignacio Aguado sea realidad.

La diputada socialista, Carla Antonelli, que ha compartido en su cuenta de Twitter el registro de Vox, señala que la extrema derecha está “obsesionada” con el colectivo LGTBI y que ha iniciado en Madrid “una caza de brujas” contra ellos. “¿Va a admitir a trámite Ciudadanos y PP esta petición que vulnera la ley de protección de datos?”, se pregunta Antonelli.

Gravísimo VOX en su particular cacería brujas e inquisición al colectivo LGTBI pide los datos, nombres y apellidos de quienes han impartido cursos o talleres de sensibilización en colegios de la CM ¿va admitir a trámite Cs y PP esta petición que vulnera Ley Protección de datos? pic.twitter.com/87eL6dRnfo

— Carla Antonelli /❤️ (@CarlaAntonelli) 11 de julio de 2019

Fuentes de la Consejería de Educación avanzan que no facilitarán esta información a Vox porque vulnera la ley de protección de datos y afirman que no tienen “un listado de acciones formativas” de cada colegio. “Está dentro de la autonomía de los centros. La Consejería no tiene por qué tener control sobre lo que se hace fuera del horario lectivo”, añaden las mismas fuentes. COGAM, sin embargo, señala que algunas de estas actividades sí se pueden hacer en horario de tutorías por iniciativa docente o del orientador u orientadora del centro.

Fuente El Diario

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La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

La probable futura presidenta del Gobierno regional madrileño, Isabel Díaz, ha hecho caso a todas las propuestas de VOX, lo que incluye derogar partes de las leyes LGTB y Trans, con la aquiescencia de Ignacio Aguado.

El pasado lunes 8 de julio PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para constituir el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo no podía ser posible sin el apoyo de la ultraderecha de VOX. Por ello Isabel Díaz Ayuso, anunció que el pacto al que han llegado recoge todas las medidas que exigía el partido de extrema derecha, que tenía varias propuestas contra el colectivo LGTB. Si bien en el acuerdo no hay ninguna medida contraria al colectivo LGTB, en las declaraciones posteriores la candidata del PP anunció que se llevarían a cabo cambios en las Leyes LGTB y Trans de la Comunidad de Madrid, como reclamaba la formación de ultraderecha.

Arcópoli considera fundamental la educación en las aulas tal y como está aprobado en la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de todos los partidos. A día de hoy según el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia llevamos 154 incidentes de odio recogidos en lo que va de año. Los agresores siguen siendo muy jóvenes. Necesitamos hablar de igualdad y eliminar prejuicios en las aulas tal y como exige la Constitución y las leyes. Dejar al albur de los padres el prohibir que tus hijos escuchen hablar de respeto al colectivo LGTB es atentar contra la igualdad.

Asimismo, consideramos esencial en la Ley el apartado de sanciones, cuestionado por VOX y recientemente por la candidata del PP. Dicho apartado es la esencia de la Ley y desde el primer momento en el que se negoció la misma se exigieron las sanciones, ya que una Ley que no sanciona su incumplimiento no es una Ley, sino un compendio de sugerencias.

Isabel Díaz afirmó ayer que “no se va a retroceder en nada” mientras hablaba de poder dar carta de libertad a padres y madres para prohibir a sus hijos asistir a “talleres afectivos en los colegios”. Eso es retroceder una década, afirma Áxel Sarraillé, nuestro Coordinador General. 

El Coordinador de Arcópoli @AxelSkye96 afirma que: “No es momento de revisarla, sino de desarrollar sus reglamentos tal y como firmaron los diputados de @Cs_Madrid“

— Arcópoli (@arcopoli) 11 de julio de 2019

Exigimos a Ciudadanos y en particular a Ignacio Aguado que aclare su postura sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, puesto que él y su partido fueron redactores de la ley y ahora callan ante el anuncio de una revisión. El Coordinador de Arcópoli afirma que: “No es momento de revisarla, sino de desarrollar sus reglamentos tal y como firmaron los diputados de Ciudadanos en nuestro manifiesto durante la campaña electoral, revisar la ley para eliminar puntos es una traición al colectivo LGTBI”. 

Terminado el Orgullo LGTB 2019. Con nuestros derechos NO se negocia. pic.twitter.com/ZL0KcDMejN

— Arcópoli (@arcopoli) 6 de julio de 2019

Fuente Arcópoli

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No solo ha sucedido en Madrid. Vox, la formación de extrema derecha, ha endurecido también en la Región de Murcia sus condiciones para trasladar al Gobierno regional la alianza con PP y Ciudadanos que ha permitido a estos hacerse, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid. Entre otras medidas reaccionarias, Vox exige en Murcia hacer explícito el compromiso de derogar la ley contra la discriminación de las personas LGTBI que fue aprobada por la Asamblea Regional en 2016. Eso sí, a diferencia de Madrid, donde Vox pide una derogación parcial, en Murcia los ultras piden la derogación total.

El documento hecho público por Vox en Murcia comienza exigiendo «una negociación visible, transparente y simultanea de los tres partidos, incluyendo a Vox, si es que solicitan nuestro apoyo para la investidura». para luego pasar a detallar sus condiciones, de forma más detallada que en el documento madrileño. Entre estas, la «instauración del PIN parental y de la autorización expresa de los padres para cualquier actividad relacionada con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales», así como «la derogación de la ley autonómica de 8/2016 de 27 de Mayo de igualdad social LGTBI, por vulnerar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de libertad de educación, de expresión y de comunicación, entre otros».

Habrá que esperar a ver qué sucede finalmente. Por lo pronto, Ciudadanos ha hecho público su rechazo a aceptar las condiciones plasmadas en el documento de Vox. Por lo que se refiere al PP, este no se ha pronunciado expresamente sobre el retroceso exigido en materia LGTB (como sí hizo la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se mostró dispuesta a valorarlo). En cualquier caso, el entendimiento entre PP y Vox en Murcia parece más sencillo, dado que los populares murcianos ya han cedido a Vox varias concejalías en Puerto Lumbreras, Ceutí y Fuente Álamo para «engrasar» el pacto.

Como ya comentamos en el caso madrileño, habrá que ver si Vox mantiene su pulso o todo obedece a la enésima «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose finalmente con una reedición de la alianza de facto entre las fuerzas de derecha. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con el PSOE, formación con la que en la Región de Murcia reúne mayoría absoluta, dejando a la extrema derecha fuera de juego (en el caso de Madrid sería necesario además el concurso de Más Madrid). Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses respecto al PSOE.

También en Murcia estaremos muy atentos a lo que suceda.

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El nuevo Ayuntamiento de Madrid, gobernado por PP y Ciudadanos y el sustento de la extrema derecha) que por el momento ha renunciado a ocupar los cargos municipales que se les ofrecían por parecerles insuficientes) sigue dando muestras de su escaso respeto hacia el Orgullo LGTB. Si hace pocos días decidía mutilar la campaña promocional heredada de la anterior corporación municipal y retirar de las banderolas los mensajes de contenido activista, hoy han dado un paso más al desplazar la bandera arcoíris de la posición central que ocupaba durante los últimos años en su fachada durante estos días y colocar en su lugar una bandera española desprovista del escudo constitucional.

La imagen no puede tener más carga simbólica. El nuevo Ayuntamiento ha decidido mantener la tradición heredada y colocar la bandera arcoíris en la fachada desde hoy, 28 de junio (Día del Orgullo LGTBI) hasta el final de las celebraciones del Orgullo. Pero en lugar de colocar la bandera en la posición central que ocupaba desde 2015 (entonces nos hicimos eco de la preciosa ceremonia que tuvo lugar entonces), PP y Ciudadanos han decidido desplazarla a un lateral. En su lugar han colocado una bandera española, desprovista por cierto del escudo constitucional. «La ubicación [de la bandera arcoíris] ha sido decisión de patrimonio», se ha justificado la vicealcaldesa de Ciudadanos, Begoña Villacís, intentando negar lo que resulta evidente para cualquier persona mínimamente objetiva: el indisimulado gesto «compensatorio» a sus socios de la extrema derecha, que habían reclamado que en el lugar de la bandera arcoíris (que obviamente ellos no querían ver en ningún sitio) el Ayuntamiento simplemente colocase otra bandera española.

Equidistancia entre la extrema derecha y el colectivo LGTBI, aunque dando preferencia a los primeros. «Pues ya sabemos cuál es el lugar que va a ocupar los derechos de las personas LGTB para este ayuntamiento y cual las demandas LGTBIfóbicas de los ultras los próximos 4 años» tuiteaba el colectivo COGAM, organizador, junto a la FELGTB, de la próxima Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI. No podemos estar más de acuerdo:

Pues ya sabemos cuál es el lugar que va a ocupar los derechos de las personas #LGTB para este ayuntamiento y cual las demandas #LGTBIfóbicas de los ultras los próximos 4 años… pic.twitter.com/H1lkCN5Omy

— COGAM (@COGAM) 28 de junio de 2019

Fuente Dosmanzanas

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La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

Escalada LGTBfoba en la política madrileña. Vox, la formación de extrema derecha que sostiene a PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha endurecido sus condiciones para que la alianza de las formaciones de derecha se repita en la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, exige que las tres formaciones se comprometan a reformar las leyes de contra la LGTBIfobia y la ley integral de transexualidad.

El documento hecho público por Vox exige (reproducimos literalmente) «Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos. Aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones. Derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se derogarán artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio». Estas dos últimas leyes son precisamente la ley integral de transexualidad y la ley contra la LGTBIfobia, aprobadas en la pasada legislatura. La primera, por PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP de Cristina Cifuentes. La segunda, por unanimidad de todos los grupos, aunque dos diputados del PP se ausentaron para no votarla. Uno de ellos fue David Pérez, el ya exalcalde de Alcorcón, que precisamente ha sido el número dos de los populares en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y que parece destinado a ocupar una posición destacada en un hipotético futuro gobierno de las derechas.

Según la lista enumerada en una comparecencia ante los medios de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, los artículos que la extrema derecha quiere derogar son numerosos y vaciarían de contenido ambas leyes por lo que se refiere a políticas de diversidad familiar, medios de comunicación y medidas educativas. Desaparecerían, además, los capítulos sancionadores, así como la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación (un principio por el que, cuando el interesado aporte hechos o indicios «razonables, fundamentados y probados» de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria demostrar que esta no ha existido).

Habrá que ver qué sucede en próximos días. Por lo pronto, la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a estudiar las peticiones de Vox. «Aspiro a tener un gobierno a mi manera, no tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas», ha declarado. Más complicado parece tenerlo Ciudadanos, partido que en su momento se implicó en el proceso de discusión y aprobación de ambas leyes. Además, aceptar de forma explícita las exigencias de Vox echaría por tierra su machacona estrategia mediática, consistente en negar la existencia de pactos con la extrema derecha e insistir en que ellos solo pactan con el PP. Hacerlo además en este punto (que no es el único: Vox también exige, por ejemplo, retirar la asistencia sanitaria a los migrantes «sin papeles») sería además reconocer (sin posibilidad de coartada) que tienen razón los colectivos LGTB que no permiten la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos en la próxima Manifestación Estatal del Orgullo por no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba.

Todo ello a pesar de que PP, Ciudadanos y la extrema derecha ya han establecido una alianza de facto en el Ayuntamiento, que por cierto no ha dudado en mutilar la campaña promocional del Orgullo heredada de Carmena y eliminar las banderolas con mensaje activista que debían haber sido colgadas de las farolas de la capital. Sin embargo, Vox no disimula la molestia que le ha producido que su acuerdo secreto con el PP, que incluía el que la formación de extrema derecha ocupase concejalías y «responsabilidad directivas en entes municipales», no haya sido, a su juicio, respetado. Para Vox, la presidencia de varias juntas de distrito y los cargos intermedios que el PP estaba dispuesto a cederles no satisfacían dicho acuerdo, motivo por el cual ahora endurecen sus condiciones de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad.

Habrá que ver si Vox mantiene su pulso (lo que podría llevar a una situación de bloqueo e incluso a nuevas elecciones) o todo obedece a una nueva «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose con una reedición de la alianza municipal. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con PSOE y Más Madrid, dos formaciones que desde el principio se han mostrado abiertas a una alianza que haga innecesario el concurso de la extrema derecha en el proceso. Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid.

Estaremos muy atentos.

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El cambio en el Ayuntamiento de Madrid se empieza a notar, también por lo que a la esfera LGBTB se refiere. El nuevo gobierno municipal, formado en este momento por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox (seguimos a la espera de conocer qué puestos de responsabilidad tendrá la extrema derecha) ha mutilado la que era última campaña promocional del Orgullo LGTB comprometida por el Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena. En concreto, el Ayuntamiento ha eliminado las banderolas que contenían mensajes referidos al activismo de las personas mayores LGTB, a las que este año está precisamente dedicado el Orgullo.

Lo ha denunciado Más Madrid, la formación que ganó las últimas elecciones municipales, aunque sin posibilidad de formar mayoría absoluta junto al PSOE, lo que permitió que la alianza PP-Ciudadanos-Vox se hiciera con el control del Ayuntamiento. Más Madrid ha hecho públicas las ya clásicas banderolas para colgar de las farolas de las que iba a constar la campaña, que junto al lema principal «Nuestro Mayor Orgullo» colocaba diversas frases que precisamente le daban sentido al lema, como «Quienes guardan recuerdo de la represión», «Quienes de verdad saben lo que nos jugamos», «Quienes levantaron nuestros derechos», «Quienes se mantuvieron firmes» o «Quienes estaban cuando no estábamos»:

Hoy se han puesto las banderolas con la última campaña del Orgullo del gobierno de @ManuelaCarmena.

Todos los carteles de “Nuestro Mayor Orgullo” estaban planeados para ir acompañados de un mensaje de reconocimiento y visibilización.

Parte censurada por el gobierno tripartito👇🏼 pic.twitter.com/SYhdGr0cBy

— Más Madrid (@MasMadrid__) 24 de junio de 2019

Al no acompañarse de estas frases, las banderolas, como resulta obvio, pierden todo su mensaje de reconocimiento al activismo de nuestras personas mayores y se convierten en un mero reclamo publicitario:

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, no tiene dudas en acusar al Ayuntamiento de Madrid de censura. «Me parece que es una indecencia censurar los mensajes que hacen referencia, precisamente, a la trayectoria de esas personas, y a la memoria de esas personas que son las que nos han hecho disfrutar de derechos que hace 30 años eran impensables», ha declarado a la cadena SER.

Según informan diversos medios (no encontramos comunicado de prensa al respecto en la web del Ayuntamiento), el Ayuntamiento de Madrid niega que la campaña haya sufrido «ninguna modificación sustancial» y asegura que el cambio solo afecta a las banderolas, como forma de «unificar el mensaje», pero no al resto del mobiliario urbano. «Me da la sensación que tiene que ver con los tiempos de la gestión, que no han sido capaces de quitarlo en todos los soportes. Y además el de las banderolas es que el que permanece más tiempo fijo», contraargumenta Maestre.

La decisión del Ayuntamiento de mutilar la campaña y eliminar de las banderolas las referencias expresas al activismo tiene lugar, recordemos, tras la polémica generada por la decisión de los organizadores de la Manifestación Estatal del Orgullo 2019 de no permitir la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos al no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba como condición sine qua non para ser invitados. Y también tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos, del que nos hicimos eco en esta página, para definir el Orgullo madrileño como «transversal», en la línea de la intensa campaña que Ciudadanos está llevando a cabo en redes sociales como respuesta a la FELGTB y a COGAM.

De forma mucho más difusa también tiene lugar una campaña de desgaste del activismo LGTB por parte de trolls de derecha, que a la mínima oportunidad utilizan expresiones del tipo «chiringuito subvencionado» y similares para denigrar tanto a colectivos LGTB como a activistas. Poca sorpresa, en cualquier caso: se repite la misma sistemática que ya conocimos en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la aprobación del matrimonio igualitario. Entonces la batalla no se daba en redes sociales, sino en comentarios de páginas como dosmanzanas, pero la estrategia era muy similar. Toca seguir batallando, como entonces.

Por lo pronto, si lo deseas puedes adherirte a la petición puesta en marcha en la plataforma change.org por Maribel Torregrosa, Violeta Assiego y Paco Tomás para que el Ayuntamiento dé marcha atrás e incluya de nuevo en la campaña las banderolas eliminadas, «descafeinando y quitando todo el carácter reivindicativo que tenían las imágenes originales».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ayuntamiento de Madrid, Cadena Ser, Censura, Change.org, Ciudadanos, El País, Madrid, Manuela Carmena, Maribel Torregrosa, Orgullo LGTB, Paco Tomás, PP, Rita Maestre, Violeta Assiego, VOX

El portavoz de VOX Javier Ortega Smith arropa al nuevo alcalde José Luis Martínez-Almeida

El Ayuntamiento de Madrid, capital de España y sede tradicional de la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI, vuelve a ser gobernado por la derecha tras un paréntesis de cuatro años. Con una diferencia respecto a los años de Álvarez del Manzano, Ruiz Gallardón o Botella: ahora la extrema derecha, con un partido propio y no desde dentro del PP, formará parte de la ecuación que completan los populares y Ciudadanos, sosteniendo la mayoría en el pleno y muy posiblemente ejerciendo, según adelantan diversos medios, la presidencia de varias juntas de distrito. Pero si hoy hacemos una entrada sobre este tema no es porque se trate de Madrid (el acuerdo de las tres formaciones se repite en otras ciudades y pueblos de España), sino porque incluye una referencia expresa a una manifestación a la que llega incluso a redefinir, a pesar de que su convocatoria no corresponde al Ayuntamiento.

En su acuerdo bilateral entre PP y Ciudadanos (existe además otro acuerdo separado entre PP y Vox, para así permitir a Ciudadanos seguir sosteniendo su estrategia mediática de que ellos «no pactan» con la extrema derecha) se asegura, en su punto 41, que «el Orgullo seguirá celebrándose donde viene siendo habitual estos últimos años siendo una marcha reivindicativa, inclusiva y transversal».

Llama poderosamente la atención que dos partidos políticos decidan de mutuo acuerdo desde el lugar de celebración de una manifestación que no convocan ellos y que además entren a definir su carácter. Es cierto que la primera frase, «el Orgullo seguirá celebrándose donde viene siendo habitual estos últimos años» puede entenderse como una salvaguarda frente a los deseos de Vox de impedir su celebración en el centro de la capital y desterrarlo a la Casa de Campo. Es, en este sentido, una afirmación positiva, más allá de que sean los organizadores de la manifestación (COGAM y la FELGTB) los encargados de solicitar a las autoridades qué recorrido quieren. Sin embargo, creemos sospechosa la segunda afirmación, «siendo una marcha reivindicativa, inclusiva y transversal».

El nuevo alcalde de Madcrid (PP), flanqueado por sus socios Ortega Smith (VOX) y Begoña Villacís (Ciudadanos)

Unas sospechas que derivan de la polémica que hemos vivido en días precedentes, debido a la decisión de COGAM y de la FELGTB de no invitar a líderes de partidos políticos a la cabecera de la manifestación pero sobre todo de no permitir la participación de una carroza de Ciudadanos, al haberse negado este partido a firmar un decálogo de exigencias planteado por COGAM antes de las elecciones autonómicas y municipales a todas aquellas formaciones que quieran estar presentes «de modo oficial» en el Orgullo que incluye el «No valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar». Ciudadanos reaccionó de forma indignada, emitiendo un comunicado en el que aseguraban que «por encima de las siglas y del sectarismo está la libertad y el propio espíritu de transversalidad con el que nació la reivindicación de este día».

A partir de ahí, tanto políticos de Ciudadanos como cuentas de redes sociales afines a este partido desencadenaron toda una campaña de críticas a COGAM, insistiendo en su idea central de que el Orgullo debe ser una manifestación «transversal», que permita la presencia de todas las fuerzas políticas que quieran estar representadas. Es el caso, por mencionar solo un ejemplo, de la diputada Patricia Reyes, que repetía de nuevo la idea de que el Orgullo «nació» con un «espíritu de transversalidad»:

Por encima de las siglas y del sectarismo está la libertad y el propio espíritu de transversalidad con el que nació la reivindicación del Orgullo.

No se puede expulsar a las personas LGTBI liberales y progresistas del día del Orgullo. Expulsarlas es traicionar su esencia. 👇🏻 https://t.co/FpiMA73P7o

— Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) 7 de junio de 2019

Afirmación que nosotros mismos rebatimos desde nuestro perfil de Twitter. «El Orgullo no nació de forma ‘transversal’. Nació como una revuelta violenta del lumpen LGTB que esa noche estalló contra una redada policial en un local de Nueva York. Memoria, por favor», le respondíamos. «Y después de Stonewell [sic] lo que se consiguió fue aunar fuerzas entre personas muy diferentes (clase social, generacionales…etc) para reivindicar derechos y acabar con las discriminaciones: transversalidad», insistía ella.

Incluso Vox, la formación de extrema derecha, salía en defensa pública de sus socios por esta cuestión y amenazaba de forma explícita el Orgullo: «Habrá que ver si seguimos permitiendo que se organicen en Madrid cosas que solo están hechas para algunos», declaraba su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que además calificaba al colectivo COGAM de ser «un chiringuito» subvencionado que solo permite «una forma de ser LGTBI». Una expresión esta, «chiringuito subvencionado», que se ha hecho especialmente popular entre las formaciones de derecha a la hora de referirse a grupos y colectivos LGTBI.

No es al Ayuntamiento de Madrid, ni a ningún partido político, al que corresponde definir qué es o no el Orgullo, una movilización reivindicativa convocada, en el caso de la Manifestación Estatal, por el histórico colectivo madrileño COGAM (en su vertiente local) y por la FELGTB (federación «paraguas» que agrupa a decenas de colectivos de toda España y que constituye la organización LGTBI más importante del país). Y con sus aciertos y sus errores son los convocantes quienes deciden a quien invitan de forma oficial (aún resuena, por ejemplo, lo sucedido hace dos años con ocasión de la coincidencia con el World Pride, cuando COGAM y la FELGTB cayeron en la trampa del PP y permitieron su presencia tras firmar un documento que luego los populares no cumplieron). Esperemos, en este sentido, que la afirmación contenida en el acuerdo entre PP y Ciudadanos no oculte una afán intervencionista sobre una convocatoria que no les corresponde, al margen de que el partido naranja haya defendido en el pasado o pueda defender en el futuro políticas pro-LGTBI. Sería el fin del Orgullo madrileño tal y como lo hemos conocido desde hace décadas.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos, COGAM, Discriminación, FELGTB, Iván Espinosa de los Monteros, Madrid, Orgullo LGTB, Patricia Reyes, PP, VOX

A nadie le puede sorprender ver que en el Partido Popular y Ciudadanos están muy nerviosos porque se les han escapado los fascistas, se les han presentado a las elecciones por separado y ahora los necesitan para seguir gobernando…

Ya demostraron su incoherencia cuando pensaron que era buena idea  llevar la bandera LGTB+ a la manifestación de Colón para que no se viera a los franquistas y neonazis (los que nos parten la cara por llevar esa bandera en nuestras calles) que tenían al lado. Y ahora, en un ejercicio de elegancia, saber estar y cero rastro de homofobia interiorizada, ha sido Iñaki Oyarzábal (secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP) el que ha vuelto a dejar claro que en la derecha… sí, derecha, PP y Cs

Iñaki Oyarzábal (el #YoSoyGayYDelPP previo a Maroto) ha publicado este tweet en el que muestra que, a pesar de las diferencias, todos podemos sentarnos a dialogar…

Los organizadores del Orgullo son una panda de sectarios, un chiringuito de estómagos subvencionados que ya no representan a casi nadie. Tienen fobia al pensamiento libre, pero no salimos de un armario para que ahora dejemos que nos metan en otro. Que les den. #OrgulloLibre🏳️‍🌈🇪🇸 https://t.co/Xozav4nnq3

— Iñaki Oyarzabal (@InakiOyarzabal) 10 de junio de 2019

Dejando a un lado que lo de «que les den» es un poquito homófobo,  resulta gracioso que un político del partido que ahogaba a sanciones a los organizadores del Orgullo y que hace no mucho casi se carga a un buen puñado de ONGs LGTB+ por jugar con las ayudas y subvenciones públicas, ahora venga a hablarnos de «estómagos subvencionados«.

El motivo por el que el COGAM no permite que Ciudadanos y Partido Popular vayan a hacerse la foto con la pancarta del Orgullo LGTB+ de Madrid es bien sencillo: tanto unos como otros se negaron a firmar el decálogo de los organizadores que exige a los partidos no aceptar votos de formaciones que atentan contra la igualdad y los derechos LGTB+. Como VOX. Pero PP y Cs sabían que iban a necesitar a VOX para gobernar (como ya habían hecho antes en Andalucía) y se negaron a firmarlo. Y ahora se hacen las víctimas porque ya no podrán hacerse la foto que tanto necesitan para que no se les note -sobre todo en Europa- que están pactando con quienes defienden las “terapias” de reconversión

La derecha española ha activado el modo Trump: soltar soflamas absurdas sin ningún sentido ni respeto por la verdad que van repitiendo y repitiendo hasta la saciedad hasta que  se acaba imponiendo.

Por eso resulta que ahora el Orgullo (al que pisotean cuando gobiernan) no es «libre» y que está en manos de «sectarios» que lo usan en favor político de la izquierdasimplemente porque somos coherentes coherentes

Otra de las cosas que tanto Iñaki Oyárzabal como el resto de homosexuales «liberales» están recordándonos a todos estos días es que el Orgullo no puede ser de izquierdas porque el comunismo mató a muchos homosexuales. Y es cierto, el comunismo mató a decenas de miles de hombres homosexuales. Hace 50 años. De hecho, raro sería el país en el que hace 50 años no nos asesinaban, torturaban, detenían, encarcelaban…

Precisamente porque hace 50 años en el mundo se nos trataba como se nos trataba un 28 de junio de 1969 a las personas LGTB+ (mayoritariamente mujeres trans) que estaban en el Stonewall se les acabó la paciencia y pusieron en marcha el Movimiento de Liberación Gay con unos disturbios violentos que mostraron al mundo que ya no íbamos a seguir siendo víctimas. Eso es lo que se celebra en el Orgullo, lo que se conmemora y lo que nos comprometemos a seguir haciendo cada año. Eso es a lo que os queréis sumar. Y gracias a esa lucha, Iñaki, hemos conseguido que gente como aquel señor que tu partido llevó al senado a decir que eres un enfermo, Aquilino Polaino, no siga siendo la gente que decide sobre nuestras vidas.

Y como ni siquiera habéis pedido disculpas por lo de Aquilino, Iñaki, no hacía falta ningún decálogo para que supieras que NO estás invitado al Orgullo.

Por cierto. quien más asesinaba, torturaba y perseguía al colectivo LGTB+ era Francisco Franco, que nos pilla más cerca aunque igual de lejos en el tiempo aunque los de VOX se encargan de resucitarlo.

El lema de este año en la manifestación es “MAYORES SIN ARMARIOS. ¡HISTORIA, LUCHA Y MEMORIA! POR UNA LEY LGTBI ESTATAL“. Si pactas con los que torturaban y asesinaban a nuestros mayores, ¿cómo puedes esperar ser bien recibido? Porque, aún hay supervivientes del franquismo esperando a que alguien les pida disculpas por los crímenes que el Estado Español (cuando lo dirigía Franco) cometió contra ellos. Y el PP y Ciudadanos han preferido ponerse del lado de los verdugos. Han hecho su elección política y han dejado claro lo que les importa.

Fuente HazteQueer

General, Homofobia/ Transfobia. #YoSoyGayYdelPP, Ciudadanos, Homofobia/Transfobia, Iñaki Oyarzábal, PP

Las dos entidades organizadoras de la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI, el colectivo madrileño COGAM y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), han decidido finalmente que este año 2019 la cabecera de la manifestación esté copada por activistas históricos del movimiento LGTBI y no por los líderes de los partidos políticos, como venía sucediendo en los últimos años. La decisión viene a rebajar la polémica suscitada por la previsible no invitación ni a PP ni a Ciudadanosa ocupar un puesto en la cabecera de la manifestación por sus alianzas con la extrema derecha homófoba, aunque no del todo: ambas entidades han confirmado que Ciudadanos, que en los últimos años participaba además con una carroza, no podrá en esta ocasión hacerla circular. 

En un comunicado hecho público este mismo lunes, la FELGTB y COGAM han anunciado que cabecera de la manifestación «estará liderada por activistas históricas como Boti García Rodrigo, Jordi Petit, Carla Antonelli o Beatriz Gimeno, entre otras personas, para conmemorar el 50 aniversario de las revueltas de Stonewall y el año temático ‘Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!’». «Este año queremos que todo el protagonismo recaiga sobre las personas que fueron pioneras en la lucha por nuestros derechos y, por lo tanto, serán ellas quienes encabecen la manifestación en lugar de los líderes de los partidos políticos», ha explicado la presidenta de FELGTB, Uge Sangil.

Según explica el comunicado, ademas de insistir en la reivindicación principal, la aprobación de una ley LGTBI estatal que proteja, entre otros, los derechos de las personas mayores LGTBI y de las personas trans, este año «la marcha hará especial hincapié en la importancia de no dar ni un paso atrás en derechos adquiridos y de frenar a la ultraderecha», que por primera vez en la historia democrática española es una fuerza decisiva a nivel autonómico y local de la mano de PP y Ciudadanos.

La alianza de los tres partidos, seguramente bajo la fórmula de gobiernos de coalición entre PP y Ciudadanos sustentados desde fuera por Vox, se hará muy posiblemente con el poder en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Tras la entrevista mantenida ayer domingo por Ignacio Aguado y la ultraderechista Rocío Monasterio, de hecho, los tres partidos han llegado a un acuerdo para hacerse con el control de la Mesa de la Asamblea, órgano clave a la hora de controlar el proceso legislativo, que permitirá además a los naranjas hacerse con el codiciado sillón del presidente de la cámara.

«Por este motivo, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos tendrán representación oficial en la marcha y, por tanto, no llevarán carroza a diferencia de otros partidos como PSOE y Podemos», expresa el comunicado. «Como en cualquier manifestación, tendrán por supuesto libertad para sumarse a pie en igualdad de condiciones que el resto de las entidades, pero encabezar una marcha que grita ‘Ni un paso atrás’ y simboliza la libertad y la igualdad de derechos del colectivo mientras se empodera a aquellos que quieren volver a privarnos de los pocos derechos que hemos alcanzado son cosas incompatibles. Desde las entidades que representan al colectivo LGTBI pedimos coherencia a los partidos», ha explicado Uge Sangil. «Este año, en el que han aparecido partidos políticos en España con representación institucional que propugnan volver a atrás, a un país gris, sin apenas derechos civiles, encorsetado y punitivo con respecto a lo que creían conductas inmorales y reprobables, pensamos que es mejor dejar al activismo en primera línea de esta manifestación», ha añadido por su parte la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo. Fue precisamente el colectivo COGAM el que puso como condición para ser invitados de forma oficial al Orgullo firmar un compromiso a los partidos que incluía el «No valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar».

La decisión de COGAM y FELGTB es un inmenso error pues se equipará a todos los partidos y se deja injustamente fuera de la cabecera a formaciones políticas que no han pactado ni tienen intención de hacerlo con la extrema derecha, siendo una cesión a Ciudadanos y a la presión mediática de sus medios afines.

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El espectáculo en el que se ha convertido la política española desde la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento andaluz el pasado noviembre sería cómico… si no fuera por sus terribles consecuencias para los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas LGTBI. Hoy asistimos a un nuevo episodio del vodevil: el abandono de una recién elegida concejal de Vox en Torremolinos de la formación de extrema derecha tras las críticas internas recibidas por asistir al despliegue de una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Lucía Cuín, que así se llama la lumbrera, ha descubierto que la formación con la que se presentó a las elecciones es homófoba. Debe ser que no se preocupó de informarse con anterioridad de donde se metía.

La historia es seguramente conocida por nuestros lectores, especialmente aquellos más activos en redes sociales. Lucía Cuín sorprendía hace unos días apareciendo junto a otros concejales en el balcón del Ayuntamiento de Torremolinos celebrando el despliegue de la bandera arcoíris que daba paso al mes del Orgullo LGTBI. Hay que tener en cuenta, para los que no lo sepan, que Torremolinos, localidad de la Costa del Sol, es un lugar que antaño desempeñó un papel clave en la historia del movimiento LGTBI español y sigue siendo hoy día un destino turístico preferente para este colectivo. La corporación municipal saliente, de hecho, ha hecho un esfuerzo importante de promoción de este tipo de turismo, que dio lugar incluso a una polémica de la que nos hicimos eco en enero de 2018 cuando el Partido Popular acusó al PSOE, entonces gobernante, de «promocionar solo un turismo gay de baja estopa que ahuyenta el turismo familiar y rechazan los propios gais serios y formales que siempre se han sentido a gusto en Torremolinos».

Lucía Cuín, cuarta comenzando por la izquierda

La participación de la concejala de Vox en el evento desencadenó, como era de esperar, reacciones indignadas entre los seguidores de la formación de extrema derecha en redes sociales, así como en medios cercanos. «Seguro que buena parte de los votantes y la base de militancia de Vox, sorprendidos ante la presencia de su candidata en el aquelarre anual de los homosexuales, su fiesta por antonomasia, se habrán quedado interpérritos [sic], completamente fuera de juego (…) Precisamente viniendo desde una formación que se ha desmarcado desde el principio del resto de siglas del arco parlamentario por criticar con dureza y sin complejos, los totalitarismos ideológicos y los chiringuitos subvencionados del lobby LGTBI o el negocio del feminismo en España», podía leerse en Mediterráneo Digital, un panfleto de extrema derecha. Alerta Digital, otro medio ultraderechista, recogía la noticia asegurando que «Vox en Málaga se podemiza ante la indiferencia de la dirección nacional» y alabando la postura homófoba del que fuera alcalde popular de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. «La ‘derechita cobarde’ al menos mantuvo los principios de los que la ‘derechita valiente’ carece», aseguraba. Conviene recordar, en este punto, que en 2014 el Ayuntamiento presidido por Fernández Montes prohibió la celebración del «Orgullo Solidario», un evento que pretendía servir de colofón a una campaña de recogida de alimentos emprendida por activistas y empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad, por incluir actuaciones de transformistas, al considerar que no daban «buena imagen». Una prohibición que acabó desembocando en la celebración, a modo de protesta, del «Día Internacional del Transformismo» con la participación de numerosos transformistas que quisieron expresar su rechazo a la posición del entonces alcalde.

Volviendo a Vox, el partido de extrema derecha decidía por fin reaccionar exigiendo el acta de concejal a Cuín por su participación en el mencionado evento, según recoge eldiario.es, así como pedirle que escribiera una carta pública mostrando su arrepentimiento. «Les dije que no porque considero que es fundamental la lucha por los derechos de las personas y creo que debía estar allí», ha declarado Cuín a este medio digital.

Finamente, Lucía Cuín ha optado por abandonar Vox (y de hecho ya ha comunicado su baja al partido) pero mantener su acta de concejal. Cuín, en realidad, lleva solo unos meses en Vox. Antes militaba en el PP, aunque acabó por abandonar este partido tras el cisma que tuvo lugar entre los partidarios del antes mencionado Pedro Fernández Montes (como ella misma) y los de la nueva candidata popular a la alcaldía, Margarita del Cid. La carámbola podría ser completa, de hecho: hasta el pasado jueves todo apuntaba a que el PP se haría con la alcaldía tras un paréntesis de 4 años, sumando los dos concejales de Ciudadanos y los dos de Vox. Si Cuín decide llevar ahora su disidencia de Vox más lejos y desmarcarse de un posible acuerdo entre las tres formaciones derechistas para elegir alcaldesa a del Cid (precisamente la rival de Fernández Montes…) quizá la situación sea otra muy distinta.

En cualquier caso, no deja de resultar sorprendente que a Cuín le extrañe la bien conocida posición de Vox en contra de los derechos de las personas LGTBI y del Orgullo.«Les dije [a los dirigentes locales del partido] que estas presiones no las iba a consentir y la carta no la iba a enviar. Porque al final la que sale de homófoba soy yo, y yo no soy así», ha declarado a eldiario.es. «No sabía que estaba cruzando una línea roja infranqueable. Este es un pueblo muy diverso en culturas, religión, orientación sexual… No creo que sea nadie para juzgar eso. Toda la campaña manteniendo que en Vox hay homosexuales y un chico negro, y a las primeras de cambio…». Cómo si un partido no pudiera tener el apoyo de personas homosexuales y defender políticas homófobas, por cierto.

En definitiva, no parece que Lucía Cuín se informase mucho del tipo de partido por el cual decidió presentarse a las elecciones municipales. Y eso que Vox, en su programa para las pasadas elecciones autonómica andaluzas, incluía la derogación de las leyes de protección al colectivo LGTBI y proponía, a nivel educativo, la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad», así como excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y en su programa para las pasadas elecciones generales proponía, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Pistas que al parecer Cuín no pilló.

General, Homofobia/ Transfobia. Alerta Digital, Andalucía, Bandera Arcoiris, Discriminación, eldiario.es, Homofobia, LGTBfobia, Lucía Cuín, Mediterráneo Digital, Orgullo LGTB, Pedro Fernández Montes, PP, Torremolinos, VOX

Hace unos días se presentaba públicamente la plataforma ‘Exterior es Diverso’, creada por un grupo de funcionarios LGTBI del Servicio Exterior español —así como sus familias y amigos— con el objetivo de impedir que este colectivo sufra trabas burocráticas y discriminación en muchos de los países a los que se ven obligados a trasladarse por motivos de trabajo.

Todo comenzó cuando un pequeño grupo de empleados públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores —diplomáticos, cancilleres, trabajadores de oficinas técnicas de cooperación y centros culturales, etc.— se puso en contacto con el resto de la plantilla del departamento que dirige el ministro Josep Borrell para darse a conocer como la «plataforma LGTBI del Servicio Exterior español». Esos miembros informaron de la creación de la plataforma ‘Exterior es Diverso’, que fue presentada en la Escuela Diplomática coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

«Nuestras gestiones han encontrado buena acogida e interlocución por parte del ministerio, como prueba el hecho de que en el lanzamiento de la plataforma el pasado 17 de mayo estuvieron presentes la Subsecretaria del MAUC y la Embajadora en Misión Especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género y Conciliación», asegura a Dosmanzanas Laura García Alfaya, miembro del comité de pilotaje.

Los impulsores de esta iniciativa aseguran que la plataforma nace para tratar de dar respuesta a las dificultades a las que se enfrentan desde hace tiempo en muchos países. García Alfaya comenta que, «en términos prácticos», la plataforma —que en breve se constituirá como asociación— «ha empezado su trabajo promoviendo, apoyando y complementando las acciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) tendentes a informar y dar apoyo en relación con la acreditación de parejas e hijos en su salida al Exterior, la conciliación familiar y personal, la situación de las personas LGTBI en los diferentes países de destino, la igualdad de trato en los convenios de trabajo de cónyuges, etc».

Pero además, apunta, «Exterior es Diverso tiene también como objetivo la promoción y protección de los derechos y la dignidad de las personas LGTBI en nuestra acción exterior, apoyando las acciones del MAUC que promuevan el debate, la formación y la concienciación pública al respecto de la diversidad en el servicio exterior español, y que defiendan la dignidad y los derechos de las personas LGTBI y su incorporación activa en nuestra política exterior».

Así pues, ‘Exterior es Diverso’ podría sumarse a la aparente voluntad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de Pedro Sánchez de relanzar las políticas LGTB. Tal y como asegura el Ministerio en su página web, el Ministerio «reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexuales».

Cabe recordar que, tal y como señalaba el PSOE en la sección de su último programa electoral dedicada a la política exterior, este partido promete luchar a nivel europeo e internacional para que «el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI sea una realidad» y crear la figura del «embajador o embajadora en misión especial para los Derechos Humanos y la Diversidad».

Por desgracia, la defensa de los derechos LGTBI en el extranjero no ha sido nunca un aspecto prioritario para los anteriores gobiernos del PP. Cómo no recordar en este punto la lamentable polémica que tuvo lugar en 2009, cuando el PP (todavía en la oposición) y algunos de sus apoyos mediáticos criticaron de forma inmisericorde la concesión de una subvención de 28.810 euros por el Gobierno español a Gays and Lesbians of Zimbabwe, entidad que lucha a favor de los derechos LGTBI en Zimbabue. U otro episodio acaecido en abril de 2014, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, dirigido por José Manuel García-Margallo, eliminaba de su página web —aunque luego rectificó y aseguró que todo había sido fruto de un malentendido— la referencia a la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual como parte de sus prioridades en el ámbito de los derechos humanos.

Una actitud que parece haber comenzado a cambiar, a tenor de noticias como la que hoy presentamos, o del reciente izado de la bandera arcoíris en la Embajada de España en Líbano, también con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Confiemos en que esta política se desarrolle y profundice mucho más, de forma que España pueda al menos acercarse a países como Holanda o Canadá (por mencionar solo dos ejemplos), con una significativa actividad diplomática en favor de los derechos LGTBI y de las organizaciones que los defienden en terceros países.

General, Historia LGTBI Ámbito laboral, Discriminación, España, Exterior es Diverso, Josep Borrell, Laura García Alfaya, Líbano, Ministerio de Asuntos Exteriores, Pedro Sánchez, PP, PSOE

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

Veto en el Orgullo 2019 para los partidos que ‘se valgan de los votos de la extrema derecha’

Los partidos cuya ideología, mensajes y actos atentan contra los derechos LGTB+ y quienes les apoyen no podrán participar activamente en el Orgullo LGTBI madrileño este año

El Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) lo tiene claro: aquellos partidos que “se valgan de los votos de la extrema derecha” para gobernar en las próximas elecciones autonómicas y municipales tendrán vetada su participación en el Orgullo 2019, tal y como avanzaban a principios de año.

Así lo confirma la entidad un decálogo de medidas para los partidos políticos de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo publicado este jueves en el que explican que “los partidos políticos cuya ideología, mensajes y actos atentan contra los derechos LGTB+” o aquellos que utilizan los votos de estas formaciones políticas no tienen cabida en una manifestación como el Orgullo.

Un acto que toma las calles de Chueca y el centro de Madrid para reivindicar los derechos del colectivo y su historia “marcada por el sufrimiento que han tenido especialmente nuestros mayores y nuestros jóvenes debido a dichas actitudes incívicas”, denuncian desde COGAM.

Quienes no tengan en cuenta el ‘Voto Arcoíris’ y se comprometan con ese decálogo en el que también se encuentran otras reclamaciones como promover la iniciativa contra el acoso escolar, el desarrollo y cumplimiento de las leyes autonómicas relativas a la LGTBIfobia o llevar a cabo políticas “efectivas de acogida a personas LGTB+ refugiadas y solicitantes de asilo” no podrán participar activamente en el Orgullo de Madrid.

Un llamamiento que la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, traslada al colectivo, “una comunidad madura que ejercerá su voto optando por programas políticos que defiendan sus derechos y por formaciones políticas que no restrinjan estos o que en sus alianzas los utilicen como moneda de cambio para obtener el poder político”.

Fuente SomosChueca

General, Homofobia/ Transfobia. Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Carmen García de Merlo, COGAM, Extrema derecha, Orgullo 2019, PP, Veto

La nueva campaña electoral que nos toca este mes está al rojo vivo. La derecha y la ultraderecha siguen acaparando titulares por sus escandalosas declaraciones. Hace unos días era noticia que VOX quería llevar el Orgullo LGBT fuera del centro de Madrid, desplazándolo a la Casa de Campo y que sus asistentes tuvieran que limpiar todo lo que ensuciaran. ¿Qué opinaban el resto de partidos? Pues aquí tenemos la opinión del PP, con la candidata a la alcaldía de la capital, Isabel Díaz Ayuso: “el Orgullo no puede ir a Casa de Campo porque van muchas familias”.

La pobre empezó bien, indicando que mover el Orgullo de localización no podía ser, pero terminó dejando ver su homofobia y su vena ultraderechista al decir que no puede ser que el Orgullo LGBT vaya a un lugar frecuentado por muchas familias. ¿En serio? ¿No van familias también al Orgullo? ¿Y somos conscientes de que en Casa de Campo lo que hay también es mucha prostitución? Díaz Ayuso dijo exactamente que la Casa de Campo es el “escenario de las familias durante el fin de semana” y también “de los que van a hacer deporte”. “Cada fiesta tiene su afán en Madrid, todos cabemos en Madrid y yo no creo que esos sean los problemas que tienen la ciudad ni la comunidad”, añadía la pepera.

Tras la polémica generada por sus palabras y tras convertirse en trending topic, también porque ha defendido los “trabajos basura”, ha dicho que el Orgullo se celebre “como siempre y donde siempre” y que no quiere entrar en “polémicas estériles”. Ha señalado que no va a “volver a caer en errores de elecciones anteriores” y que no quiere que “el colectivo LGBT se convierta en moneda de cambio político”. Acabáramos. Ve a votar si no quieres acabar gobernado por gente como ella o peor.

Fuente Cromosomax

General, Homofobia/ Transfobia. Casa de Campo, Familias, Homofobia/Transfobia, Isabel Díaz Ayuso, Orgullo LGBT, PP, VOX