Ampliamos la noticia de la que hablábamos el pasado día 27 de junio. El Parlamento de Islandia ha aprobado una reforma de la ley de identidad de género que incluye el reconocimiento, por primera vez, de una tercera opción de sexo legal. La medida se adoptó sin votos en contra y adopta el principio de autodeterminación de género para la modificación registral del sexo de las personas trans, un procedimiento que estará disponible también para menores de edad. El activismo lamenta que no se hayan abordado asuntos como la prohibición de las cirugías de «normalización» en menores intersexuales. La ley, que ha contado con el apoyo de la Primera Ministra Katrín Jakobsdóttir,  reafirma la autonomía del cuerpo de cada individuo en la sociedad; también busca designar un grupo de trabajo que trate el estatus de las personas intersex.

La ley de identidad de género aprobada en 2012 contempló la creación de una unidad de disforia de género en el Hospital Universitario Nacional de Islandia, con la capacidad de llevar a cabo operaciones de reasignación. El proceso de reconocimiento de la nueva identidad legal se extendía durante 18 meses y se exigía una justificación de haber vivido de acuerdo con el género escogido durante al menos 12 meses. A continuación, un comité de expertos decidía sobre el diagnóstico de disforia de género y, en caso positivo, aprobaba la modificación registral del sexo y la expedición de los nuevos documentos de identidad. El texto no requería someterse a una operación de reasignación.

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno islandés, de coalición entre el Movimiento Verde de Izquierda, el conservador Partido de la Independencia y el agrarista Partido Progresista, actualiza el texto de 2012 para adaptarlo a las demandas de despatologización y autodeterminación de género de la comunidad trans. El Parlamento islandés aprobó la reforma el pasado 19 de junio por 45 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Quince diputados no estaban presentes en el momento de la votación.

La medida adopta el principio de autodeterminación de género y elimina la necesidad de un diagnóstico de disforia de género para acceder a la modificación registral del sexo legal. Los trámites se simplifican y se acortan en el tiempo, y el procedimiento también estará disponible para los menores de edad, siempre que cuenten con la autorización de un progenitor. Como novedad, también se introduce una tercera opción de sexo legal «X», que ya existe en otros países europeos como Alemania (donde se denomina «diverso»), Austria o Malta.

A pesar de los avances, el activismo ha lamentado que el texto aprobado por el Parlamento no contemple la prohibición de las cirugías de «normalización» en menores intersexuales. El proyecto presentado por el Gobierno sí incluía la medida, que desapareció de la versión final. Un comité de expertos discutirá durante los próximos doce meses sobre un texto legislativo que aborde las necesidades de las personas intersexuales. Otro de los puntos que ha sido criticado se refiere al dilatado periodo de tiempo, de hasta 18 meses, que habrá que esperar para poder registrarse bajo el sexo legal «X».

En cualquier caso, la norma coloca a Islandia en el grupo de cabeza de los países con legislaciones más avanzadas en cuanto a reconocimiento de la autodeterminación de género. En Europa, países como Dinamarca,  Grecia, Irlanda,  Malta, Bélgica o Noruega   también han aprobado normas similares en los últimos años. En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. En el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alemania, Austria, Despatologización, Dinamarca, España, Género no binario, Grecia, Identidad de género, Intersexualidad, Irlanda, Islandia, Malta, Movimiento Verde de Izquierda, Partido de la Independencia (Islandia), Partido Progresista (Islandia), Portugal, Transexualidad

Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

General, Homofobia/ Transfobia. Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Bután, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chechenia, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Croacia, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado Islámico, Estonia, Etiopía, Etiquetas:Afganistán, Finlandia, Fiyi, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Helen Kennedy, Holanda, Homofobia, Homofobia de Estado, Honduras, Hungría, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Ruth Baldacchino, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, senegal, Serbia, Seychelles, Sharia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del sur, Suecia, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Zambia. Zimbabue

Como cada año, la guía de viajes Spartacus World ha publicado su lista anual de países y territorios puntuados según su nivel de aceptación de las personas LGTB. Este año encabezan la lista Canadá, Suecia y Portugal, que obtienen una nota perfecta de 10 puntos. España, por su parte, aparece en cuarto lugar, junto a otros 12 países, que han alcanzado los 9 puntos. La lista valora positivamente las legislaciones antidiscriminatorias y favorables a los derechos LGTB, pero también el ambiente social de aceptación. Por otra parte, resta puntos por la influencia negativa de las organizaciones religiosas, el ambiente social hostil, las legislaciones discriminatorias, la persecución o los crímenes LGTBfobos. Como en años anteriores, el último lugar es para Chechenia, un territorio en el que la población LGTB es objeto de persecución policial, confinamiento y tortura.

La guía de viajes Spartacus World está orientada al público LGTB y anualmente publica una lista para que sus usuarios puedan comprobar gráficamente el estado de los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales en los lugares de destino de sus desplazamientos. Podéis consultarla aquí.

Al estar relacionada con los viajes y el turismo, la lista no solo incluye países, sino también territorios que suponen un destino turístico diferenciado, facilitando así búsquedas más concretas. En total son 197 localizaciones, que son calificadas según 14 categorías distintas.

Se valoran positivamente:

• La legislación contra la discriminación de las personas LGTB (hasta 3 puntos, según su alcance).
• El matrimonio igualitario (2 puntos) o las uniones civiles para parejas del mismo sexo (1 punto).
• La adopción homoparental (hasta 2 puntos si no difiere de la heteroparental).
• La legislación favorable a los derechos de las personas transexuales (hasta 2 puntos, según su alcance). Además, este es el primer año que se tiene en cuenta.
• La equiparación en la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales y heterosexuales (1 punto).

Se valoran en negativo:

• La influencia negativa de las organizaciones religiosas (resta hasta 2 puntos).
• Las restricciones para viajar a las personas que viven con el VIH (resta 1 punto).
• Las leyes contrarias a los derechos de las personas LGTB (resta 1 punto).
• La existencia de leyes que prohíben la homosexualidad (resta 1 punto).
• La prohibición del Orgullo LGTB (resta 1 punto).
• El ambiente social hostil (resta hasta 2 puntos).
• La persecución de las personas LGTB (resta hasta 2 puntos).
• La frecuencia de los asesinatos de las personas LGTB (resta hasta 2 puntos).
• La pena de muerte para las relaciones homosexuales (resta hasta 5 puntos).

La lista la encabezan Canadá, Suecia, y Portugal, que obtienen 10 puntos al sumar la máxima puntuación en las categorías positivas y no tener ningún punto negativo. Los dos primeros repiten el puesto obtenido el año pasado, mientras que Portugal alcanza por primera vez esa posición, debido a sus recientes leyes sobre autodeterminación de género. Tras ellos, obtienen el cuarto lugar, con 9 puntos, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, la Isla Reunión, España y el Reino Unido.

Como en el año anterior, los últimos lugares los ocupan Irán, Arabia Saudí, Somalia y Chechenia, países donde está implementada la pena de muerte para las relaciones homosexuales o cuyas fuerzas policiales persiguen y torturan a la población LGTB.

España repite la misma puntuación que en pasados años, si bien en este ocupa una posición inferior al haber tres países con 10 puntos. La falta de una ley antidiscriminatoria de ámbito nacional ha impedido que alcance la puntación perfecta. Caben destacar las bajadas en la clasificación de países como Alemania o Francia, que anteriormente habían obtenido la misma puntuación que España. El descenso se debe, como ocurrió en el caso del Reino Unido, al incremento de las agresiones LGTBfobas y la falta de reacción de las autoridades para atajarlas. Alemania ha descendido del tercer puesto en 2018 hasta el vigésimo tercero en 2019. El clima social de fuerte LGTBfobia tras la victoria de fuerzas políticas ultraconservadoras y la promoción de legislaciones que hacen perder los derechos adquiridos por la población LGTB ha tenido como consecuencia que Brasil baje hasta el puesto 68 y los Estados Unidos hasta el 47. Por otra parte, Spartacus World está pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos en países como Costa Rica o Taiwán, que muy posiblemente legislen en poco tiempo a favor del matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

General Alemania, Brasil, Canadá, Chechenia, Discriminación, España, Estados Unidos, Homofobia, Portugal, Reino Unido, Spartacus World, Suecia, Transfobia

Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha hecho públicos los datos (actualizados a junio de 2018) sobre vigilancia epidemiológica del VIH/sida, referidos al año 2017 (puedes descargarlos aquí). Y no son precisamente buenos. En 2017 se notificaron 3.381 nuevos diagnósticos de VIH, prácticamente el mismo número que en años precedentes. Se estima que la tasa para 2017 será de 8,82 casos por 100.000 habitantes cuando se haya completado la notificación de todos los diagnósticos (todavía superior a la media de la Unión Europea y de otros países de Europa occidental). Casi la mitad, el 47,8% de los nuevos diagnósticos, siguen siendo tardíos. 

El 84,6% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en 2017 se produjeron en hombres. La mediana de edad fue de 35 años. La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) sigue siendo la más frecuente, con un 54,3% de los casos, seguida de la transmisión por vía sexual heterosexual (28,2%) y de la que se produce en usuarios de drogas inyectadas (un 3,1%). El término «HSH» se utiliza a menudo cuando se habla de prevención, dado que hay hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres pero prefieren no identificarse a sí mismos como gais o bisexuales.

Por lo que se refiere al momento en que se produjeron, el 47.8% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos, es decir, presentaban ya una cifra de linfocitos CD4 inferior a 350 células/µl en el primer análisis tras el diagnóstico. No está de más recordar, una vez más, que el diagnóstico precoz es clave para poder iniciar tratamiento cuando antes con antirretrovirales y combatir así tanto el desarrollo de la enfermedad como las nuevas transmisiones del virus. Es importante insistir, además, en que cuando una persona con VIH se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable ya no transmite el virus. Algo que muchas personas aún desconocen.

Sin comparamos los datos de 2017 con los de 2016, lo cierto es que apenas se reflejan cambios. Si en lugar de mirar solo un año se examina todo el periodo 2009-2017, siempre según los datos del Ministerio de Sanidad, la tendencia global es solo «ligeramente descendente», con un mayor descenso en los casos atribuidos a uso de drogas inyectadas y a relaciones heterosexuales. Otro dato a tener en cuenta durante el periodo 2009 a 2017, referido ya solo a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, son los incrementos de los nuevos diagnósticos en el grupo de edad de 30 a 34 años entre 2009 y 2013 y en el de 25 a 29 años entre 2009 y 2015, que se han seguido de una estabilización a partir de esa fecha.

CESIDA advierte: «seguimos fallando» en prevención

«La prevención es donde seguimos fallando», se ha lamentado el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), Ramón Espacio, que ha reclamado que no demore por más tiempo la autorización en España de la profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia preventiva de alta eficacia. Hace pocas semanas, por ejemplo, recogíamos como la implementación de la PrEP ha permitido la caída de un 25,1% en el número de nuevas transmisiones del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el estado australiano de Nueva Gales del Sur.

La PrEP consiste en que una persona no infectada por el VIH tome tratamiento antirretroviral de forma preventiva. En Europa hay un medicamento autorizado con tal fin: Truvada, una combinación de emtricitabina y tenofovir comercializada por el laboratorio farmacéutico Gilead, y que la Organización Mundial de la salud ha incluido en su lista de medicamentos esenciales con mención expresa a su posible uso con esta indicación. La Agencia Europea del Medicamento, además, dio luz verde en 2017 a la fabricación de un genérico.

Como cualquier otra medicación, la PrEP tiene contraindicaciones y potenciales efectos adversos, y no asegura en el 100% de los casos que uno no se pueda infectar (de hecho, ya han sido comunicados varios casos de «fallo»). Pese a lo cual su eficacia es muy alta, por lo que los especialistas en la materia la consideran ya una de las principales herramientas de prevención en aquellos grupos especialmente vulnerables en los que es ya evidente que las estrategias clásicas (básicamente las campañas centradas en el uso del preservativo) no han dado el resultado deseado. Es por ello que son ya varios los países europeos cuyos Sistemas Nacionales de Salud han acordado (bajo condiciones diversas) su financiación, como Bélgica, Escocia, Francia, Luxemburgo, Noruega o Portugal. Otros países, en cambio, van más retrasados, y están todavía evaluando o a la espera de evaluar esta estrategia de tratamiento.

En España, existe un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en el que se propone una estrategia de implementación, centrada en grupos de varones homosexuales que tienen relaciones sexuales de alto riesgo, y en la que la medicación se prescribiría en unidades asistenciales específicas. Hay además en marcha un programa piloto, que está previsto se extienda hasta finales de este año. A principios de este mes de noviembre, de hecho, la la secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, anunciaba que estaría disponible «en breve».

Esperemos que así sea, porque como el propio documento del Ministerio reconoce, las personas interesadas en la utilización de la PrEP la consiguen ya fuera del circuito sanitario formal y de manera no controlada (mediante compra online, por ejemplo, o compartiendo fármacos con personas infectadas en tratamiento) sin que se les realice seguimiento alguno.

General Australia, Bélgica, CESIDA, Escocia, España, Estadísticas, Francia, Gilead Sciences, Luxemburgo, Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, Noruega, Nueva Gales del Sur, Portugal, PreP, Profilaxis preexposición, Ramón Espacio, Salud sexual, Truvada, VIH

Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Congreso de los Diputados, Dinamarca, eldiario.es, En Comú Podem, En Marea, España, FELGTB, Grecia, HazteOir, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, LGTBfobia, Malta, Noruega, Orgullo LGTB, Pablo Casado, Personas transgénero, Portugal, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos, UPN, World Pride, World Pride 2017

Importante estudio sobre la profilaxis preexposición el publicado en The Lancet HIV, y que muestra una caída de un 25,1% en el número de nuevas transmisiones del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el estado australiano de Nueva Gales del Sur tras la implementación de esta estrategia en dicho colectivo (aclaramos que el término «hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres» es un término meramente descriptivo que se utiliza en estudios de este tipo, dado que muchos hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres no necesariamente se identifican a sí mismos como gais o bisexuales).

El estudio evalúa los resultados de un programa de implementación de la profilaxis preexposición (también conocida por los acrónimos PrEP y PPrE) en una cohorte de 3.700 participantes seronegativos reclutados entre marzo y octubre de 2016. La inmensa mayoría (3.676) eran hombres que mantiene relaciones sexuales con otros hombres. Para formar parte del programa debían ser sexualmente activos y admitir prácticas de alto riesgo, como por ejemplo ser receptores de penetración anal sin preservativo por parte de contactos esporádicos de los que desconocían el seroestatus o que eran seropositivos, combinar las prácticas sexuales con el uso de determinadas drogas o haber sido diagnosticados antes de alguna ITS rectal. Una vez reclutados, a los 3.700 se les facilitó la correspondiente medicación, y se les hizo un seguimiento de un año.

Los resultados, en cuyo detalle e incidencias no entraremos (puedes descargar aquí el estudio para más información) tiene dos vertientes. Por un lado, el análisis de lo que sucedió en dicha cohorte, que según estimaciones de población constituiría de por sí un porcentaje significativo de la población de hombres homosexuales sexualmente activos que tienen prácticas de riesgo en Nueva Gales del Sur (cercano al 10%). En este sentido, solo dos de los 3.700 participantes iniciales habían contraído el VIH un año después, y en ambos casos se trataba de hombres que no habían seguido la PrEP correctamente. Uno de ellos no llegó a seguirla nunca, y en otro caso solo lo hizo durante los tres primeros meses. Con fecha posterior al final del año de seguimiento se conocieron tres casos más, en todos ellos personas que no seguían la PrEP en el momento estimado de la infección.

Por otro lado, y lo que nos parece el dato más relevante, la puesta en marcha del programa supuso una caída considerable de los nuevos diagnósticos de VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. El número de diagnósticos cayó de 295 en los doce meses previos a 221 en los doce meses posteriores. Una caída del 25,1%, que contrasta con la estabilidad de las cifras en años anteriores, y que por cierto fue considerablemente mayor entre los nacidos en Australia (donde llegó al 48,7%) que entre los emigrados, lo que muestra cómo los determinantes sociales también tienen gran importancia a la hora de combatir la infección.

Los autores del estudio concluyen, sin lugar a dudas, que más allá de los resultados individuales la PrEP se traduce en una reducción de las nuevas infecciones por VIH a nivel poblacional. De hecho, el programa de implementación de la PrEP en Nueva Gales del Sur continuó desplegándose más allá de los 3.700 participantes iniciales, estimándose que en octubre de 2017 había llegado a cerca del 20% de la población diana.

La profilaxis preexposición

La PrEP consiste en que una persona no infectada por el VIH tome tratamiento antirretroviral de forma preventiva. En Europa hay un medicamento autorizado con tal fin: Truvada, una combinación de emtricitabina y tenofovir comercializada por el laboratorio farmacéutico Gilead, y que la Organización Mundial de la salud ha incluido en su lista de medicamentos esenciales con mención expresa a su posible uso con esta indicación. La Agencia Europea del Medicamento, además, dio luz verde en 2017 a la fabricación de un genérico.

Como cualquier otra medicación, la PrEP tiene contraindicaciones y potenciales efectos adversos, y no asegura en el 100% de los casos que uno no se pueda infectar. De hecho, ya han sido comunicados varios casos de «fallo». De cinco de ellos hablamos hace unos meses, mientras que el sexto se ha conocido hace pocos días. Pese a lo cual su eficacia es muy alta, por lo que los especialistas en la materia la consideran ya una de las principales herramientas de prevención en aquellos grupos especialmente vulnerables en los que es ya evidente que las estrategias clásicas (básicamente las campañas centradas en el uso del preservativo) no han dado el resultado deseado. Buena muestra de ello son las estadísticas de nuevas infecciones del Ministerio de Sanidad español. Durante el año 2016, último del que se han hecho públicas cifras completas, se notificaron 3.353 nuevos diagnósticos de VIH, prácticamente el mismo número que en el año 2015. En el 53,1% de los casos en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Lo peor: los nuevos diagnósticos tardíos siguen siendo casi la mitad.

Es por ello que son ya varios los países europeos cuyos Sistemas Nacionales de Salud han acordado (bajo condiciones diversas) su financiación, como Bélgica, Escocia, Francia, Luxemburgo, Noruega o Portugal. Otros países, en cambio, van más retrasados, y están todavía evaluando o a la espera de evaluar esta estrategia de tratamiento.

En España, existe un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en la que se propone una estrategia de implementación, centrada en grupos de varones homosexuales que tienen relaciones sexuales de alto riesgo, y en la que la medicación se prescribiría en unidades asistenciales específicas (hasta ahora, Truvada solo se administra en dispensación hospitalaria como tratamiento de la infección por VIH). Hay además en marcha un programa piloto, que está previsto se extienda hasta finales de este año. Esperemos que la decisión final no se demore mucho más allá, porque como el propio documento del Ministerio reconoce, las personas interesadas en la utilización de la PrEP la consiguen ya fuera del circuito sanitario formal y de manera no controlada (mediante compra online, por ejemplo, o compartiendo fármacos con personas infectadas en tratamiento) sin que se les realice seguimiento alguno.

Fuente Dosmanzanas

General, Sexualidad Australia, Bélgica, Escocia, España, Francia, Gilead Sciences, Luxemburgo, Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, Noruega, Nueva Gales del Sur, Portugal, PreP, Profilaxis preexposición, Salud sexual, The Lancet, The Lancet HIV, Truvada, VIH

La Cámara de Diputados, el parlamento unicameral de Luxemburgo, aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley que simplifica los trámites para modificar el nombre y el sexo legales. La norma, adoptada por abrumadora mayoría, permitirá la inscripción de los nuevos datos personales mediante una solicitud al Ministerio de Justicia y elimina el requisito de presentar informes psiquiátricos o someterse a tratamientos hormonales, intervenciones médicas y esterilización. En el caso de menores de edad, será necesario el consentimiento parental.

El texto aprobado coloca a Luxemburgo en el cada vez más numeroso grupo de países que incorporan a sus legislaciones el principio de autodeterminación de género. La nueva ley elimina de forma explícita la necesidad de haberse sometido a tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas o esterilización. La persona interesada solo tendrá que enviar una solicitud motivada al ministerio de Justicia para reclamar la modificación del nombre y el sexo legal. Deberá justificar, eso sí, que utiliza la identidad de género especificada en su vida privada y laboral.

Para el cambio del nombre y el sexo legal de un menor de edad, sin embargo, será necesario el consentimiento de sus progenitores. Si hay desacuerdo decidirá un tribunal, salvo si se trata de un menor de cinco años, en cuyo caso siempre se tendrá que pronunciar la justicia. La norma también será aplicable a los extranjeros que hayan residido al menos un año en el país.

La tramitación del proyecto de ley, que presentó el Gobierno luxemburgués en mayo de 2017, se ha prolongado durante más de un año. Finalmente, la Cámara de Diputados le ha dado luz verde por 57 votos a favor frente a tres en contra, los de los representantes del derechista Partido Reformista de Alternativa Democrática (ADR). Las formaciones de la coalición de Gobierno entre liberales, socialistas y verdes han sumado también el apoyo de los democristianos y la izquierda anticapitalista.

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Luxemburgo por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura, como antes ya suciedese con  Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica, Noruega, o Portugal,  en Europa. En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En el Congreso se presentó una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en agosto, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registró en pasado marzo, también en el Congreso, una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta de los «morados» contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

General, Historia LGTBI ADR, Argentina, Despatologización, Dinamarca, Discriminación, Grecia, Intersexualidad, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nepal, Personas transgénero, Portugal, Transexualidad

Magnífica noticia: la Asamblea de Portugal ha aprobado con mínimos cambios (referidos a los menores de 16 a 18 años) la nueva ley de identidad de género, que el presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, había vetado en mayo. El voto positivo del Partido Comunista, que cuando se votó el proyecto por primera vez se abstuvo, permite además que el texto cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara, lo que asegura su aprobación en caso de que el presidente insista en bloquearla.

La nueva ley elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se puede solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la primera versión de la ley fue aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.

El presidente de la República Portuguesa, sin embargo, decidió vetar la ley (en nuestra anterior entrada lo explicamos con detalle) y pidió a la Asamblea que introdujese como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. La situación se complicaba por el hecho de que la abstención comunista dejaba la ley sin mayoría absoluta, necesaria para levantar el veto presidencial.

Finalmente, Partido Socialista, Bloque de Izquierda PAN acordaban presentar una enmienda al artículo 7 del proyecto que introduce, en el caso de los menores, el requisito de un informe médico o psicológico, pero no para certificar ningún diagnóstico, sino para acreditar que el menor que hace la petición lo hace de forma libre e informada y cuenta con su consentimiento expreso. La enmienda señala expresamente que dicho informe no podrá incluir referencias a ningún tipo de diagnóstico relacionado con la identidad de género. Se trata de una solución «intermedia» que ha sido además apoyada por Verdes, Partido Comunista y por la diputada Teresa Leal Coelho, del PSD, lo que permite que la redacción final de la ley cuente, en este caso sí, con mayoría absoluta. En caso de nuevo veto presidencial, por tanto, la Asamblea podría levantarlo sin necesidad de cambiar el texto.

Esperemos que en esta ocasión Marcelo Rebelo de Sousa sancione la ley, que colocará a Portugal en el grupo de países más avanzados de Europa por lo que al reconocimiento de la autodeterminación de género se refiere.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Portugal sigue el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega,  que también han actualizado en los últimos años sus leyes para adaptarlas al principio de autodeterminación de género. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 no ha sido todavía actualizada, por lo que sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en julio, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Bloque de Izquierda (Portugal), CDS-PP (Portugal), Discriminación, Identidad de género, LGTBfobia, Marcelo Rebelo de Sousa, PAN (Portugal), Partido Comunista (Portugal), Personas transgénero, Portugal, PSD (Portugal), Teresa Leal Coelho, Transexualidad, Transfobia, Verdes (Portugal)

Las escuelas portuguesas son, para muchos jóvenes LGBTI+, un entorno inseguro. Un 36,8% de los adolescentes que se identifican como parte del colectivo aseguran sentirse inseguros en su colegio o instituto a causa de su orientación sexual, mientras que un 27,9% lo hacen a causa de su expresión de género. No es de extrañar, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que un 66,7% de ellos ha sido objeto en alguna ocasión de agresiones verbales, mientras que un 17,9% ha sufrido agresiones físicas.

El colectivo ILGA Portugal ha dado a conocer los resultados del Estudio Nacional sobre Ambiente Escolar, resultado de una encuesta en la que se recogieron los datos de 663 jóvenes de entre 14 y 20 años que hubiese cursado estudios de primaria o secundaria durante el curso lectivo 2016-2017 (puedes descargar aquí el estudio en formato PDF). La edad media de los encuentados fue de 16,2 años, siendo el grupo más representado, por lo que a la orientación sexual se refiere, el de los jóvenes que se identificaron como bisexuales (34,7%), seguidos de gais (23,8%), lesbianas (18,4%), pansexuales (13,1%), queer (3,6%), heterosexuales (1,5%) y cualquier otra orientación (4,8%). Por lo que a la identidad se refiere, el 54,3% se identificaron como de sexo femenino, el 33,8% como de sexo masculino, el 2,6% como persona trans, el 3,5% como hombre trans, el 0,9% como mujer trans, el 6,9% como queer y el 2,7% como otra.

El estudio ha contado con el apoyo de la estadounidense GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network), organización de la que partió la idea de hacer este tipo de estudio en diferentes países, así como del Centro de Investigación e Intervención Social del ISCTE-IUL (Instituto Universitario de Lisboa) y del Centro de Psicología de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto.

Algunos de los datos referidos a agresiones verbales o físicas los hemos adelantado ya arriba, pero hay más datos interesantes. Un 75,1% de la muestra ha escuchado comentarios de tipo LGTBfóbico por parte de compañeros, pero quizá lo que resulta más preocupante es que un 62% los han escuchado a personal de los centros educativos (tanto docente como no docente). La mayoría de los encuestados (73,6%) refiere haber sufrido algún tipo de exclusión deliberada por parte de compañeros, situación que ha sido además frecuente para el 28,5%. No es de extrañar que la posibilidad de faltar a la escuela, según el estudio, sea cuatro veces superior en este grupo de estudiantes. Por otra parte, menos de un tercio de los estudiantes encuestados (un 31,9%) ha denunciado alguna de estas situaciones al personal del centro. Y solo un 30,4% de ellos consideran que el centro respondió de forma eficaz.

Por lo que se refiere al apoyo del personal del centro, un 93,3% de los encuestados es capaz de identificar al menos a una persona que apoya abiertamente a los estudiantes LGTBI, pero solo la mitad es capar de identificar a seis o más. Por lo que se refiere a con quien hablar de temas relacionados con el ámbito LGTBI, un 51,4% se siente cómodo haciéndolo con alguno de los psicólogos o trabajadores sociales del centro y un 50,2% con alguno de los profesores. Una cifra que curiosamente desciende al 24,4% si se trata de profesores de Educación Física. Tres cuartos de los estudiantes (el 74,9%) aseguraron además no haber asistido nunca a una actividad de abordaje positivo de las cuestiones LGTBI en las aulas. Un dato significativo: mientas que la mayoría si han tratado el tema del bullying o acoso, solo el 26,4% asegura que en algún momento se abordó de forma específica la orientación sexual y la identidad o expresión de género como una de las causas.

Más datos importantes: en los casos en los que si se abordaron las cuestiones LGTBI mediante programas inclusivos, la percepción de apoyo del entorno fue claramente superior (75.9% frente a 51.4%), así como el sentimiento de pertenencia (71.7% frente a 46%), mientras que disminuye el absentismo (13,3% frente a 16,1%). De la misma forma, en aquellos centros que desarrollan políticas activas contra el bullying, disminuye de forma significativa la posibilidad de que el personal del centro (docente o no) haga comentarios discriminatorios.

Un estudio, en definitiva, que muestra lo mucho que las autoridades educativas portuguesas deben aún trabajar para mejorar la situación de sus estudiantes LGTBI+, pero que en cualquier caso demuestra, una vez más, la utilidad de las políticas activas de inclusión de la diversidad y contra el acoso por LGTBfobia. Algo que resulta igual de válido en nuestro país, donde este tipo de estudios son igualmente necesarios.

Estudios similares llevados a cabo en la Comunidad de Madrid

Es una buena oportunidad para recordar, en este sentido, que según un estudio publicado en 2016 y llevado a cabo en la Comunidad de Madrid por voluntarios del grupo de educación del colectivo COGAM gracias a una subvención de ILGA Europe, un 60% de todos los alumnos había sido testigo de agresiones verbales LGTBfóbicas, que sufren adolescentes que eran LGTB o que sin serlo simplemente no reproducían los estereotipos de género tradicionales. El 7% había presenciado incluso agresiones físicas. El estudio fue realizado entre más de 5.600 alumnos y 30 profesores de 39 centros de educación secundaria de la Comunidad de Madrid (puedes descargar un resumen ejecutivo de este estudio aquí, o si lo prefieres estudiar con más detalle puedes descargarlo íntegramente aquí.

Un segundo estudio, realizado y presentado simultáneamente, buscaba valorar de forma específica cómo influyen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el acoso que tradicionalmente sufren los estudiantes LGTB. En él participaron más de 2.600 alumnos, 30 docentes y 10 autoridades competentes en materia de educación, ciberacoso y discriminación, mostró que el 15% del alumnado LGTB padecía ciberacoso, especialmente el alumnado trans. Más del 52% de los alumnos, de hecho, había sido testigo de este tipo de acoso. El estudio detectaba además una importante falta de sensibilización y concienciación a nivel familiar, educativo e institucional. Puedes descargar su resumen ejecutivo aquí (y descargarlo íntegramente aquí).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Adolescentes LGTB, Bifobia, Educación, GLSEN, Homofobia, ILGA Portugal, ISCTE-IUL, Jóvenes LGTB, Lesbofobia, LGTBfobia, Portugal, Transfobia, Universidad de Oporto

Los Gobiernos de cinco estados federados alemanes registraron este miércoles una iniciativa legislativa ante el Bundesrat alemán para elevar a rango constitucional la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las administraciones regionales, en las que están representados los partidos socialdemócrata, verde, liberal y Die Linke (La Izquierda), atienden así una demanda histórica de los colectivos LGTB. El acuerdo de gran coalición entre la CDU/CSU y el SPD, que concedió a Angela Merkel su cuarto mandato, la había pasado por alto. Pero la aprobación de la reforma constitucional requeriría necesariamente el concurso del partido de la canciller.

Los Gobiernos regionales de Berlín (SPD-Linke-Verdes), Brandeburgo (SPD-Linke), Bremen (SPD-Verdes), Renania-Palatinado (SPD-FDP-Verdes) y Turingia (Linke-SPD-Verdes) han presentado una iniciativa para blindar el derecho a la no discriminación de las personas LGTB en la Ley Fundamental alemana. La reforma presentada en el Bundesrat, la cámara de representación de los estados federados, consistiría en añadir la «identidad sexual y de género» a las categorías merecedoras de protección que recoge el artículo 3.3 de la Constitución, que en la actualidad reza:

Nadie debe ser discriminado o privilegiado por razón de su sexo, su origen familiar, su raza, su lengua, su procedencia, sus creencias, sus ideas religiosas o políticas. Nadie debe ser discriminado por razón de su discapacidad.

El blindaje constitucional de la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género es una reivindicación histórica del activismo LGTB alemán, que lo puso sobre la mesa tras las elecciones de 2017. El decepcionante acuerdo que renovó la gran coalición entre la CDU/CSU y el SPD ignoró este punto junto con el resto de las demandas de los colectivos.

Ahora, sin embargo, el SPD se une al resto de fuerzas favorables a la igualdad LGTB representadas en el Parlamento alemán y con las que gobierna en cinco Länder para reclamar la medida. Se trata de una iniciativa promovida por el Gobierno de la ciudad-estado de Berlín, a la que se han unido otros estados federados regidos por coaliciones sin presencia de los democristianos de la CDU o la CSU.

El auge de los discursos de odio LGTBfobo, que tiene en la presencia parlamentaria de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) su más clara expresión política, ha sido la principal motivación de las fuerzas representadas en los Gobiernos que han propuesto la medida. La legislación alemana contempla la prohibición expresa de la discriminación basada en la «identidad sexual» desde la aprobación en 2006 de la Ley General de Igualdad de Trato, pero su plasmación a nivel constitucional serviría de blindaje de estos derechos.

El proyecto presentado el pasado miércoles en el Bundesrat necesita el apoyo de los dos tercios tanto de esta cámara como del Bundestag, por tratarse de una reforma de la Constitución. Descartada la AfD por su abierta LGTBfobia, el concurso de la CDU/CSU se hace por tanto imprescindible para su aprobación. La conocida reticencia de la formación de la canciller a los avances legislativos en la igualdad LGTB enfría las expectativas de éxito de la propuesta.

Actualmente, las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Malta hacen referencia explícita a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las de México, Portugal, Sudáfrica y Suecia mencionan solo la orientación sexual. Dentro de Alemania, los estados federados de Brandeburgo y Turingia se refieren en sus leyes fundamentales a la protección de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. AfD, Alemania, Angela Merkel, Berlín, Bolivia, Brandeburgo, Bremen, Bundesrat, Bundestag, CDU, CSU, Die Grünen, Die Linke, Discriminación, Ecuador, FDP, Malta, México, Portugal, Renania-Palatinado, SPD, Sudáfrica, Suecia, Turingia

ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Visibilidad LGTBI

El presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa

El presidente de Portugal veta la ley de autodetermintación de género aprobada por el parlamento hace unas semanas porque cree “razonable” pedir un informe médico a las personas trans menores de edad.

El presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ha decidido vetar la ley de identidad de género recientemente aprobada por la Asamblea de su país. El veto supone que el texto debe ser votado de nuevo y conseguir la mayoría absoluta de la cámara, fijada en 116 diputados. En la anterior votación la ley recibió 109 votos a favor y 106 en contra. Los 15 votos del Partido Comunista Portugués, que en su momento decidió abstenerse, serán decisivos a la hora de que el proyecto salga adelante. Los grupos que apoyaron la ley, por su parte, buscan posibles alternativas que permitan sortear el veto.

Hace unas semanas celebrábamos que el parlamento de Portugal había aprobado con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley para garantizar el derecho a la autodeterminación de la identidad y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona.

Es una ley que garantiza que las personas trans puedan cambiar legalmente su nombre y género en el registro sin necesidad de un informe médico y, además, rebaja la ley edad mínima para hacer ese cambio de los 18 a los 16 años. La ley, como comentamos hace meses, también prohibirá la cirugía en bebés intersexo.

Pero el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha bloqueado temporalmente la ley y la ha devuelto al parlamento solicitando que le añadan una enmienda para firmarla. Y es que a Rebelo de Sousa no le hace gracia que los menores trans puedan realizar ese cambio de forma tan fácil y cree que es “razonable” pedir que haya un “examen médico”. Porque claro, lo que necesitan los menores trans es que un señor les diga que vayan a un médico a asegurarse de que son trans.

Ésa es la mala noticia. La buena noticia es que, según la Constitución de Portugal, el Parlamento puede o bien añadir ese cambio a la ley o pasar por encima del presidente aprobándola con mayoría absoluta. “Creemos que el parlamento portugués tiene la capacidad de superar este veto“, han declarado desde ILGA Portugal, “Es necesario que se tome este camino para garantizar los derechos humanos de todas las personas trans“.

Marcelo Rebelo de Sousa besa la mano del papa Francisco al recibirloe en Fátima

Como decimos, la nueva ley portuguesa de identidad de género elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se pueden solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la ley fue finalmente aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.El sistema político portugués, sin embargo, permite al presidente de la República (elegido por sufragio universal directo en unas elecciones que se celebran cada 5 años) un considerable grado de intervención política. Puede vetar leyes aprobadas por la Asamblea de Portugal (veto que requiere de mayoría absoluta para ser levantado) y puede pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas antes de rubricarlas. De hecho, la presidencia portuguesa, ocupada desde 2006 por un conservador del PSD (Aníbal Cavaco Silva hasta 2016, Marcelo Rebelo de Sousa desde entonces) cuenta con un largo historial de obstrucción a leyes en favor de los derechos LGTB. Cavaco Silva, por ejemplo, forzó en 2010 la revisión de la ley de matrimonio igualitario por el Tribunal Constitucional (que le dio por cierto su visto bueno) y vetó al final de su mandato la ley que permite a las parejas del mismo sexo adoptar hijos (veto que la Asamblea levantó poco después y tuvo que dale su visto bueno y promulgarla).

Ahora es Rebelo da Sousa el que decide vetar una ley tan necesaria para las personas trans y pide directamente a la Asamblea que introduzca como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. El presidente portugués (católico practicante) argumenta que si en el futuro la persona desea someterse a cirugía de reasignación de sexo «parece razonable que exista un parecer clínico más temprano, en el momento inicial de la decisión de elección de género [sic]» y se escuda además en que el denominado Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida también se opuso a la modificación legal y en que esta carece de suficiente «consenso» social y político.

Veremos qué sucede finalmente, aunque a la vista de la composición de la Asamblea portuguesa y del resultado de la votación anterior será fundamental la posición de los diputados del Partido Comunista, que en la votación de abril decidieron abstenerse. Algo que no causa especial extrañeza, ya que los comunistas portugueses nunca se han caracterizado precisamente por estar a la vanguardia de los derechos LGTB. Cuando se discutía por ejemplo la ley de matrimonio igualitario (aprobado en enero de 2010), los comunistas no apoyaron a Bloque de Izquierda y Verdes en su demanda de que incluyera la adopción (y que el Gobierno socialista de la época había decidido dejar fuera). Dos años más tarde, de hecho, los comunistas se alinearon con la derecha para votar contra una iniciativa que buscaba aprobar expresamente la adopción homoparental. Su entonces líder parlamentario se amparó en la «prudencia constructiva» en un asunto que según afirmó «no está suficientemente debatido y sedimentado en la sociedad». Bien es cierto que con el paso de los años han acabado por aceptarla.

Por otra parte, según informa el diario portugués Público las fuerzas políticas que han impulsado la ley estarían dispuestas a aceptar una solución intermedia, que pasaría por introducir como alternativa al informe médico (que rechazan de plano) la figura de los «testigos». Se trataría de personas que, de la misma forma que hacen los testigos de una boda civil, darían testimonio de que la solicitud por parte de una persona trans de entre 16 y 18 años esta fundamentada. Según Sandra Cunha, diputada del Bloque de Izquierda, dicha solución debería ser consensuada en cualquier caso entre los grupos parlamentarios y los activistas trans…

Habrá que esperar entonces a ver si Portugal se convierte definitivamente en el sexto país europeo en adoptar una ley de autodetermintación de género junto a Malta, Noruega, Dinamarca, Irlanda y Bélgica. Estaremos muy atentos a la evolución de los acontecimientos.

En España el PSOE registró una propuesta para actualizar la Ley de Identidad de Género aprobada en 2007 para recoger, entre otras cosas, la posibilidad de que las personas mayores de 16 años puedan acceder al cambio registral sin necesidad de haberse sometido a ningún tipo de tratamiento médico.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Con la incorporación del principio de autodeterminación de género a su ordenamiento jurídico, Portugal seguía el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente | Pink News, víaEstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Ley de Identidad de Género, Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal, PSOE

El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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Después de muchos retrasos, la PrEP llega por fin a Portugal pero limitada a una cantidad ridícula de 100 usuarios acordados entre la Seguridad Social y el fabricante.

Las personas que quieran acceder al medicamento tendrán que superar una gymkana de obstáculos administrativos. 

Hace poco más de un año os explicábamos que Portugal había decidido dar un nuevo enfoque a su estrategia nacional de lucha contra el VIH y que habían prometido que la PrEP pasaría a formar parte de los medicamentos proporcionados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) antes de que terminara 2017.  También os contábamos entonces que el principal escollo era el presupuestario, ya que el SNS no había determinado la forma en que se podría financiar la compra de la Truvada y si los usuarios podrían acceder gratuitamente a ella o a través de un copago.

Desde entonces no volvimos a saber nada más de nuestros vecinos, que fueron retrasando varias veces la puesta en marcha del programa hasta que a finales del año pasado (coincidiendo oportunamente con la semana del día mundial de lucha contra el Sida)  la Dirección General de Salud publicó el algoritmo clínico para decidir si una persona puede acceder al tratamiento con la PrEP.

El diagrama, como podéis ver, es muy sencillo y realmente no cuenta nada que no supiéramos ya: la DGS recomienda el tratamiento con Truvada a aquellas personas seronegativas que tienen un “riesgo incrementado de infección por VIH”, después de superar unas pruebas clínicas (para descartar otras ITS, por ejemplo) y con un seguimiento médico permanente, para evitar posibles efectos secundarios. Como no nos hemos cansado de repetir, la PrEP es una herramienta más de control y prevención que no es necesariamente para todo el mundo y es también un tratamiento que tienes que tomártelo en serio (y con el control adecuado) para que realmente sirva de algo.

Ahora, después de más meses de silencio, la sanidad pública portuguesa parece que empezará por fin a distribuir la PrEP en Portugal, aunque no nos gusta nada la forma en la que van a hacerlo.

Esta semana la Infarmed (la Autoridad Nacional del Medicamento portuguesa) ha publicado en su sitio web que el proceso de financiación del medicamento aun no ha terminado y que sólo está en condiciones de proporcionar dosis para el tratamiento de 100 personas. Por su parte Gilead, los fabricantes de la pastilla, se ponen la medallita diciendo que la cantidad ha sido acordada con la Seguridad Social y que ésta es una manera de que el sistema público de salud acceda al medicamento sin costes hasta que terminen de negociar el proceso de financiación.

Al mismo tiempo la DGS anunció la puesta en marcha de un Programa de Acceso Precoz (PAP) a la PrEP que durará hasta diciembre de 2018 para decidir cómo se eligen estos 100 primeros usuarios.

Ya os podéis imaginar que no va a ser fácil ser uno de esos 100 elegidos. Para empezar, la circular explica (supuestamente para garantizar la equidad y la monitorización) que cada médico de cabecera puede proponer durante este periodo de reserva un máximo de 5 pacientes para el programa de acceso a la pastilla, y recibirá en un plazo de 72 horas la respuesta sobre si recibirá el medicamento o no. Aunque en teoría el acceso a la sanidad en Portugal es universal, de esta manera hay personas que no tienen asignada un médico de cabecera que ya quedan excluídas automáticamente del proceso. En el documento también se explica cómo se deben recoger los envases y reutilizar las pastillas sobrantes en caso de que algún paciente abandone el tratamiento.

Por otro lado, las trabas burocráticas no terminan aquí: para tener acceso a la profilaxis, las personas tendrán que venir referenciadas por otro médico de una consulta hospitalaria especializada en PrEP, y en este momento aún no se ha abierto ninguna de estas consultas.

Vamos a resumir por si os habéis perdido un poco. Ahora mismo, para poder acceder a la PrEP  una persona tendría que acceder a una consulta que todavía no existe en ningún hospital del país, ni se sabe cuándo ni dónde empezarán a funcionar, para que les remitan a su médico de cabecera y que éste solicite uno de los cien tratamientos disponibles en todo Portugal. Todo esto teniendo en cuenta, además, que cada médico solo puede realizar cinco solicitudes. Llegados a este punto, el plazo de respuesta de tres días para autorizar la entrega de la pastilla ya es una cuestión menor.

Según Isabel Aldir, la coordinadora del Programa Nacional para la Infección de VIH /Sida, “la decisión de tener o no esta consulta depende de los hospitales y las instituciones necesitan tiempo para organizarse” aunque al mismo tiempo dice que “es muy recomendable” que dispongan de ella. En este momento, parece que sólo en Lisboa (y tal vez en Oporto) algunos especialistas están interesados en abrir lo antes posible este nuevo servicio.

Bruno Maia

Bruno Maia, activista y médico en el Centro Hospitalario de Lisboa Central (uno de los pocos que podría estar en condiciones de ofrecer el servicio, y esto contando con la buena voluntad del personal), explica que la forma en la que la PrEP llega a Portugal es un fracaso porque las estrategias de prevención solo pueden funcionar cuando se hacen llegar a la población objetivo, no cuando esta población logra acceder a ellas después de una carrera de obstáculos y considera que este programa es una limosna de Gilead que se agotará tan pronto como unos pocos afortunados logren acceder a las consultas.

Para hacernos una idea de lo ridícula que es esta cantidad de usuarios que pueden acceder al programa, en Noruega, con una población que no llega a los 5 millones de habitantes, el sistema nacional lleva unos meses proporcionando el tratamiento a 700 personas. Los activistas portugueses estimaban que el objetivo para Portugal, con una población de 10.5 millones, era tener 1500 personas en tratamiento este verano. Solamente en el área de Lisboa hay unos 1000 usuarios que ya están comprando la PrEP por su cuenta y que acuden al GAT (Grupo de Ativistas en Tratamentos, una ONG que funciona como un centro de salud sociocomunitario) para el seguimiento médico.

Activistas del GAT

Su presidente, Luis Mendão, dice que esperan que se pueda renegociar el número de usuarios que accedan al programa de acceso precoz y que tienen capacidad para solicitar las consultas con los especialistas en cuanto los hospitales publiquen la forma en que deben hacerse. También ha pedido que se pueda renegociar lo antes posible el número de usuarios que tengan acceso al programa y ha insistido en la necesidad de abrir consultas fuera de los hospitales y más cerca de las comunidades.

De momento está claro que las cosas no van a cambiar: la respuesta de Isabel Aldir ha sido que está a favor de la descentralización, pero que la PrEP será siempre un medicamento de dispensa hospitalaria y asociado a una consulta.

Fuente | Público, vía EstoyBailando

General Bruno Maia, Grupo de Ativistas en Tratamentos (GAT), Infarmed, Isabel Aldir, Luis Mendão, Portugal, PreP, VIH-Sida

Dos nuevos casos de infección por VIH ocurridos en Estados Unidos en personas que seguían la profilaxis preexposición (si bien uno de ellos es dudoso) atraen de nuevo la atención sobre la eficacia de esta estrategia preventiva. Aprovechamos la oportunidad para hablar de nuevo de ella y remarcar que estos dos nuevos casos no modifican lo que en realidad ya se sabía: que la profilaxis preexposición es altamente efectiva, pero no segura al 100%.

También conocida por los acrónimos PPrE y PrEP, la profilaxis preexposición consiste en que una persona no infectada por el VIH tome tratamiento antirretroviral de forma preventiva. En Europa ya hay un medicamento autorizado con tal fin: Truvada, una combinación de emtricitabina y tenofovir comercializada por el laboratorio farmacéutico Gilead, y que recientemente la Organización Mundial de la salud ha incluido en su lista de medicamentos esenciales con mención expresa a su posible uso en profilaxis preexposición. La Agencia Europea del Medicamento, además, dio luz verde en 2017 a la fabricación de un genérico, Los especialistas en la materia la consideran ya una de las principales herramientas de prevención en grupos especialmente vulnerables en los que las estrategias clásicas no han dado el resultado deseado. Sin embargo, y es importante saberlo, la profilaxis preexposición presenta (como cualquier otra medicación) contraindicaciones y potenciales efectos adversos, y sobre todo no asegura en el 100% de los casos que uno no se pueda infectar, como estos nuevos casos ponen de manifiesto.

No es la primera vez que ocurre, de hecho. Ya antes habían sido comunicados varios casos de infección en varones homosexuales que seguían la profilaxis. En los dos primeros casos, ocurridos en Toronto y en Nueva York, fueron infectados por una cepa de VIH resistente al tratamiento con emtricitabina y tenofovir. En el tercer caso, ocurrido en Ámsterdam, la infección se produjo sin embargo por una cepa no resistente (aunque hay especialistas que defienden la hipótesis de que en este caso el tratamiento sí que frenó la diseminación de la infección por el organismo, que solo se produjo tras la suspensión de la profilaxis). Hace menos de un año se comunicó la existencia de un cuarto caso en Melbourne, aunque no hemos podido localizar información sobre el tipo de infección ni el caso aparece citado en documentos más recientes.

Sea como sea, en estos últimos días se han conocido dos casos más. En el primero de ellos, ocurrido en Carolina del Norte, parece que no será posible determinar si realmente hubo “fallo” de la profilaxis, ya que la persona no hacía un seguimiento adecuado y no puede descartarse que la transmisión ocurriera en un momento en el que no la seguía. Aun así la cepa contraída es también resistente a Truvada. El segundo caso de los conocidos estos días ha ocurrido en el área de Seattle, en el estado de Washington, y de la misma forma la cepa responsable sería resistente.

En cualquier caso, elevada eficacia

En definitiva, en el peor de los casos hasta la fecha existirían referencias a seis posibles transmisiones en personas que seguían PrEP. Teniendo en cuenta que ya habría cientos de miles de personas siguiéndolo (solo en el condado de King, en Washington, en el que ha ocurrido la última transmisión, habría ya unas 6.500) no deja de ser cierto que hablamos de una estrategia muy eficaz.

Es por esa elevada eficacia que los especialistas recomiendan su administración en personas con un elevado riesgo de transmisión. Según Gesida (el Grupo de Estudio de Sida de SEIMC, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) estas personas son básicamente hombres que tiene relaciones sexuales con otros hombres y mujeres transexuales que en los seis meses previos:

1. Hayan tenido relaciones que incluyan prácticas de riesgo sin preservativo.
2. Hayan presentado además una de las siguientes características:

• Relaciones con más de dos parejas.
• Les ha sido diagnosticada alguna infección de transmisión sexual (ITS).
• Han necesitado profilaxis postexposición.
• Han usado sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales.

Gesida también aconseja valorar la profilaxis preexposición en personas con una pareja infectada por VIH sin control clínico o virológico y con la que no se utilice preservativo; en personas con relaciones sexuales no protegidas e “intención transaccional” (sea por dinero, drogas u otra razón); en usuarios de drogas por vía parenteral que compartan jeringuillas y en general en personas en situación de vulnerabilidad social expuestas a contactos no protegidos con alto riesgo de infección por VIH.

No conviene, en cualquier caso, banalizar lo que supone la profilaxis preexposición: hablamos de que una persona sana tome una medicación que no necesitaría tomar si adoptase otras medidas de prevención. Sin olvidar la importancia de la adherencia al tratamiento, es decir, de que las personas respeten escrupulosamente la pauta establecida y se acuerden de tomar de forma correcta la medicación (lo que por ejemplo no es fácil si se opta por una pauta intermitente en lugar de una diaria). Y una buena adherencia no siempre es sencilla cuando una persona no presenta síntomas de enfermedad. De hecho, los mismos especialistas que apuestan por la profilaxis preexposición recuerdan que esta debe ser complementaria a otras estrategias, como la prueba del VIH y el inicio precoz del tratamiento en personas infectadas. También recuerdan la importancia del preservativo como la más sencilla de las herramientas de prevención, poniendo el acento en que la profilaxis preexposición se dirige precisamente a aquella población en la que esta estrategia no basta.

Otra preocupación de los expertos es la posible repercusión que la profilaxis preexposición puede tener sobre la expansión de otras ITS, que obviamente no previene, especialmente entre aquellos usuarios que renuncian al uso del preservativo. Es por todo ello que desde Gesida recomiendan que la profilaxis preexposición sea prescrita y supervisada por un facultativo con experiencia en VIH e ITS y con capacidad de hacer un seguimiento.

España: ya hay un documento de consenso

Aunque la promoción de la profilaxis preexposición ha sido discutida en el pasado, la evidencia señala que es hora de apostar por ella ante el fracaso parcial de las estrategias clásicas (básicamente las campañas centradas en el uso del preservativo) en determinados grupos. Buena muestra de ello son las estadísticas de nuevas infecciones del Ministerio de Sanidad español. Durante el año 2016, último del que se han hecho públicas cifras completas, se notificaron 3.353 nuevos diagnósticos de VIH, prácticamente el mismo número que en el año 2015. En el 53,1% de los casos en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Lo peor: los nuevos diagnósticos tardíos siguen siendo casi la mitad.

Es por ello que son ya varios los países europeos cuyos Sistemas Nacionales de Salud han acordado (bajo condiciones diversas) su financiación, como Bélgica, Escocia, Francia, Luxemburgo, Noruega o Portugal. Otros países, en cambio, van más retrasados, y están todavía evaluando o a la espera de evaluar esta estrategia de tratamiento.

En España, existe ya un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en la que se propone una estrategia de implementación, centrada en grupos de varones homosexuales que tienen relaciones sexuales de alto riesgo, y en la que la medicación se prescribiría en unidades asistenciales específicas (hasta ahora, Truvada solo se administra en dispensación hospitalaria como tratamiento de la infección por VIH). Esperemos que las autoridades sanitarias se pongan ya manos a la obra, porque como el propio documento del Ministerio reconoce que las personas interesadas en la utilización de la profilaxis preexposición la consiguen ya fuera del circuito sanitario formal y de manera no controlada (mediante compra online, por ejemplo, o compartiendo fármacos con personas infectadas en tratamiento) sin que se les realice seguimiento alguno.

Fuente Dosmanzanas

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El judoca portugués Célio Dias, de 25 años, ha querido visibilizarse públicamente como gay en una entrevista al periódico deportivo Record. Representante de su país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Célio Dias (que también ha hecho sus pinitos como modelo) se convierte así en el primer deportista olímpico de Portugal en salir del armario. Dias no se ha quedado ahí, y ha reunido el valor necesario para hacer público también que padece síndrome esquizo-compulsivo, una enfermedad mental que debutó tras su participación en los Juegos de Río de Janeiro, en 2016.

Célio Dias, medallista en numerosos torneos de judo, fue 7º en el Campeonato Mundial de 2013 (en la categoría de -90 kilos). En los Juegos de Río (en los que no formaba parte de la lista de deportistas abiertamente LGTB) no vio cumplidas sus expectativas y quedó en un discreto 17º lugar en la misma categoría. Aquel fracaso le sumió en una profunda depresión que le llevó a dos intentos de suicidio, según él mismo ha contado ahora. Dias, que cuenta con antecedentes de esquizofrenia en su familia, fue finalmente diagnósticado de síndrome esquizo-compulsivo, por el que sigue tratamiento psiquiátrico y del que en estos momentos se encuentra recuperado.

El judoca ha querido ahora agradecer todo el cariño recibido durante este periodo tan difícil y lo ha hecho visibilizándose como enfermo mental, por un lado, y como gay, por otro, al asegurar que ha llegado un momento en su vida en el que ya no tiene sentido seguir escondiéndolo. “Puedo ser perfectamente feliz, como cualquier otra persona”, ha asegurado. Célio Dias, de hecho, está recibiendo un gran apoyo en redes sociales por su valentía a la hora de visibilizarse como gay, por un lado, y como enfermo mental, por otro, como una forma de luchar contra el estigma.

Reproducimos a continuación el mensaje que Célio Dias dejó el pasado 28 de febrero en su perfil de Facebook pocas horas después de hacerse pública su entrevista:

No tengo palabras para agradecer todo el cariño que he recibido después de mi entrevista en Record. Muchas personas me han dado la enhorabuena por mi personalidad y por el valor de ser el primer atleta olímpico de Portugal en exponer socialmente su homosexualidad y su enfermedad mental.

Me halaga recibir tanto amor y estoy agradecido a Dios por el momento que estoy viviendo. Quiero agradecer primero a mis padres, que con sus 48 años de matrimonio de 48 años me enseñan todos los días que el amor es la respuesta a todo tipo de discriminación; quiero agradecer a mi familia por el apoyo incondicional y por haberme enseñado que es en mis orígenes donde está mi fuerza; quiero agradecer a mi profesora de Filosofía Joana Rigato por enseñarme a tener un espíritu crítico ante la realidad concreta y objetiva y por darme las herramientas necesarias para darme cuenta de que todo el mal no es más que es la expresión de la falta de amor y de educación; quiero agradecer a Telma Monteiro por ser una referencia en mi vida y por haberme enseñado que los grandes logros se consiguen fuera del tatami; quiero agradecer a mi entrenador Go Tsunoda que me enseñó a luchar con amor en el corazón y con un espíritu de nobleza. de forma general, quiero agradecer a todos mis héroes anónimos que me ayudan a estructurar mi mentalidad y personalidad.

A todas las personas que sufren de una enfermedad mental quiero decirles que no están solas y que tengan el valor de aceptar su condición. Es posible vivir una vida equilibrada y funcional, créanme. A la comunidad LGTB quiero enviarle un mensaje de esperanza y aplaudir a todos aquellos que luchan por los derechos y por una sociedad más inclusiva y saludable. Es un privilegio ser deportista y dar un testimonio de vida a todos aquellos que estén abiertos a escuchar mi mensaje.

¡Gracias Portugal!

Se plantea formarse como activista LGTB

El joven deportista, de hecho, ha manifestado su interés en formarse como activista LGTB para seguir ayudando al colectivo. Él mismo lo contaba el pasado viernes, también en Facebook, tras una visita a ILGA Portugal, posiblemente el colectivo LGTB más importante del país vecino:

Desde España no podemos sino felicitar a Célio Dias por su valor, por su doble visibilidad y desearle todo lo mejor. Todo un campeón de la vida, con o sin medalla olímpica.

Fuente Dosmanzanas

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¿Esta es la Iglesia samaritana?

Portugal es líder europeo en divorcios. 7 de cada 10 matrimonios acaban en divorcio

El patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, recomienda abstinencia a los divorciados vueltos a casar

Podrán comulgar “en circunstancias especiales”

Teólogos y religiosos debaten ahora sobre si su mensaje se ha malinterpretado.

El cardenal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, ha sorprendido hoy con un documento en el que recomienda abstinencia sexual a aquellos divorciados que se hayan vuelto a casar. La recomendación de abstinencia sexual a los católicos casados en segundas nupcias ha dividido a Portugal, líder europeo en divorcios y donde teólogos y religiosos se preguntan ahora si el mensaje se ha malinterpretado o si, por el contrario, la iglesia del país vive ajena a la sociedad.

El controvertido consejo se divulgó como una de las “líneas operativas” que el cardenal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, dirigía a los religiosos para que sepan cómo acercar los sacramentos a los divorciados. El resultado, lejos de aclarar eventuales dudas, ha causado estupor.

Su consejo, destacado por todos los periódicos portugueses, es una de las conclusiones que extrae tras estudiar la exhortación apostólica Amoris Laetitia, un documento publicado en abril de 2016 en el que el Papa Francisco apoyaba el acompañamiento de las situaciones familiares “irregulares”, como los divorciados vueltos a casar.

Clemente apunta que el acceso a los sacramentos por parte de los casados en segundas nupcias puede darse “en circunstancias excepcionales”, pero sin “dejar de proponer la vida en continencia” en lo que llama “la nueva situación”, refiriéndose así a quienes tengan nuevo cónyuge si su primer matrimonio no ha obtenido la nulidad eclesiástica.

En cualquier caso, agrega, el acceso de los divorciados a los sacramentos se realizará “tras un largo camino de discernimiento” y con una evaluación de su situación que corresponderá en primer término a los confesores, que a su vez serán los encargados de recomendarles abstinencia.

Estas “líneas operativas”, como las define en su texto, han causado enorme sorpresa en Portugal, líder europeo en separaciones; por cada 100 matrimonios que se celebran en el país hay a su vez 70 divorcios, según la base de datos estadísticos lusa Pordata.

El divorcio fue legalizado por primera vez en Portugal en 1910, pero la firma del Concordato de 1940 con la Santa Sede lo prohibió para los matrimonios católicos y no volvió a ser legalizado hasta 1975, un año después de la Revolución de los Claveles que acabó con medio siglo de dictadura salazarista.

“No es razonable”, afirma tajante Anselmo Borges, sacerdote y profesor de filosofía de la Universidad de Coimbra, que se ha erigido como una de las voces más críticas en el debate. “La iglesia no se debe meter en la vida íntima de la pareja. Luego, si efectivamente están casados, es natural que tengan relaciones sexuales, forma parte de la pareja. Si se forma una pareja no es para vivir como hermanos”, argumenta Borges, para quien la idea de la abstinencia “contradice la naturaleza de las cosas”.

Este sacerdote y académico lamenta que la moral católica “continúe muy centrada en el sexo” y apunta que declaraciones de este tipo pueden alejar a las personas de la iglesia, pues, aunque el cardenal de Lisboa solo tenga poder jurídico sobre su diócesis, socialmente es considerado el jefe eclesiástico del país.

Quizá por ello y para apagar el inesperado fuego causado por Clemente ya han hablado públicamente miembros de otras diócesis, como el padre Mário Tavares de Oliveira, asistente en Évora. “D. Manuel es obispo de Lisboa y sus orientaciones no son para la iglesia en Portugal ni vinculan a otras diócesis”, asevera al diario Público, idea con la que coincide Miguel Abreu, miembro de la diócesis de Viseu, en el mismo periódico: “Es su opinión”.

La prensa portuguesa se ha convertido en foro de discusión entre teólogos y religiosos que tratan de defender al cardenal de Lisboa, cuyas palabras habrían sido, sostienen, malinterpretadas o sacadas de contexto. “La expresión usada tal vez no haya sido la más afortunada para ser entendida por personas con lenguaje no eclesiástico”, indica en ese sentido el padre José Manuel Pereira de Almeida a Diário de Notícias. Y matiza: “Hay circunstancias en las que tendrá sentido proponerlo (la abstinencia sexual). Pero las personas deciden lo que les parece más adecuado”. Otros, como la doctora en teología Teresa Toldy, investigadora en la Universidad de Coimbra, ven en las palabras de Clemente “una enajenación completa en relación a la vida de las parejas”. “Es revelador de cómo se produce un discurso por parte de personas que, cuando hablan de matrimonio de manera dura y rápida, no saben de lo que están hablando y corren el riesgo de hacer propuestas ridículas”, afirma Toldy al mismo rotativo.

El revuelo ha llevado a pronunciarse al director del departamento de comunicación del Patriarcado, Nuno Rosário Fernandes, quien ha subrayado que es “equivocado decir que es el patriarca quien propone” el consejo de abstinencia porque “ya fue afirmado por Juan Pablo II en el Familiaris Consortio, una exhortación apostólica de 1981.

Fuente Agencias/Religión Digital

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