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Cantabria promueve una ley de identidad de género para menores transexuales

Viernes, 5 de mayo de 2017
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psoe-bambrilla-alega-lara-revilla_ediima20170503_0433_5La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El gobierno del Partido Regionalista y el PSOE, presidido por Miguel Ángel Revilla no suscribirá conciertos ni ofrecerá ayudas a los centros educativos que discriminen al alumnado por su orientación o identidad sexual.

Los niños transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal.

El Gobierno de Cantabria quiere tener aprobada una ley regional que garantice la “plena integración” de las personas LGTBI “antes de que acabe el año”. Para lograrlo, ha presentado un anteproyecto en el que se prevé la igualdad de acceso de lesbianas y bisexuales a la reproducción asistida, así como tratamiento hormonal para menores transexuales.

Además, el gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla formado por Partido Regionalista de Cantabria y PSOE no suscribirá conciertos ni ofrecerá ayudas a los centros educativos que discriminen al alumnado por su orientación o identidad sexual.

La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Política Social, la socialista Eva Díaz Tezanos, y una representante del colectivo Alega en la comunidad autónoma, Kiara Bambrilla, han presentado el anteproyecto de Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, una norma que se va a publicar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que saldrá a información pública durante 20 días.

El texto podrá consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria y en la web Cantabria Participa para la realización de aportaciones. El anteproyecto se someterá a una tramitación interna en las consejerías para que en “el más breve plazo posible llegue al Parlamento” cántabro, donde Díaz Tezanos espera que salga adelante con la unanimidad de los cinco grupos (Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Ciudadanos).

 Otro de los aspectos que se establecen en este texto es que “para favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación”, la Administración regional proveerá “a toda persona que lo solicite de acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole”.

Se pretende, según ha explicado Díaz Tezanos, garantizar los derechos de los menores transexuales a expresar y desarrollar libremente su personalidad durante la infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y, con este fin, se establecen medidas sanitarias, educativas y de atención social.

En materia educativa, la ley obliga a los centros educativos a garantizar que el profesorado y personal se dirija al menor transexual por el nombre y la identidad de género que elija en todas las actividades docentes y extraescolares, incluidos lo exámenes.

Junto a ello, se respetará su imagen física y la vestimenta elegida, así como el acceso y uso de las instalaciones de acuerdo con esa norma, incluidos los aseos y vestuario.

Por último, se garantiza la confidencialidad de los datos del menor y la adecuación de toda la documentación administrativa conforme a la identidad elegida.

En el ámbito sanitario, se prevé que los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad fijado por criterio médico.

También se establece que, en el caso de que los padres o tutores legales se nieguen a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad, deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte la resolución correspondiente “en aquellos casos en los que, por causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor, se entienda que dicha decisión es contraria al mayor beneficio para su vida o salud”.

La ley también contempla un protocolo específico de actuación en materia de intersexualidad, que incluirá la atención psicológica a la persona intersexual, o a su familia si fuera necesario, y los tratamientos requeridos de acuerdo con el género con el que se identifica.

Además, “se evitará siempre que sea posible la intervención médica inmediata, quirúrgica y hormonal que tengan el objetivo de lograr la normalización sexual para ajustarse a las normas físicas del binarismo de género”, ha explicado Díaz Tezanos, “y se velará por la erradicación de modificación genital en bebés recién nacidos en un momento en que se desconoce la identidad real de la persona intersexual”.

Además, el texto establece medidas en el ámbito de la contratación pública, incluyendo cláusulas que garanticen que las empresas contratantes respeten la igualdad de oportunidades y la no discriminación a personas LGTB, priorizando la contratación a aquéllas que favorezcan estas medidas. Además, se incluyen iniciativas destinadas a evitar la discriminación en el ámbito laboral y en el cultural, de ocio, de turismo y en los medios de comunicación.

En el anteproyecto de ley, se concretan sanciones con tres niveles de infracciones (leves, graves y muy graves) y se prevén multas económicas que pueden llegar hasta los 30.000 euros, además de multas accesorias, como, por ejemplo, la prohibición de acceder a ayudas públicas, el cierre o suspensión del servicio y la inhabilitación temporal.

Entre las infracciones leves figura, por ejemplo, el uso de “expresiones vejatorias” por razón de orientación o identidad sexual o expresión de género contra las personas o familias de éstas de forma intencionada o cualquier discriminación contra ellas que no se consideren graves o muy graves. Infracciones graves se considerarán, entre otras acciones, la emisión intencionada de expresiones vejatorias de “LGTBfobia en los medios de comunicación” , en discursos o intervenciones públicas y también el impedir realizar trámites, acceder o permanecer en servicios o establecimientos para el público por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. Muy graves serán el acoso o comportamiento agresivo en función de la orientación o identidad sexual; las represalias contra persona que denuncien o hayan intentado impedir cualquier discriminación por estas causas. En esta categoría se incluyen la aplicación de terapias aversivas que supongan un “intento de conversión, anulación o supresión” de una determinada orientación o identidad sexual o el despido o expulsión de un persona de su trabajo, centro educativo, asociación o entidad por estas razones.

Fuente Cáscara Amarga

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No privarles de la Santa Misa.

Sábado, 1 de abril de 2017
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misa-tveAunque a mí personalmente me pongan de los nervios algunas homilías que se retransmiten, les recordaría a estos señores que antes de la misa, y en la misma cadena, se emiten los programas de distintas confesiones: Judía, Islámica y Protestante… Por cierto, en la laica y plural (quizá precisamente por eso) Francia, se hace exactamente lo mismo… pero para eso, quizá tengan que madrugar un poco y abrir la mente. Por eso, les puede ayudar este artículo…

He vuelto al templo, en realidad lo he hecho a menudo a lo largo de los últimos años. Voy de acompañante, primero de un padre, ahora de una madre en edad de agradecer filial compañía. Acompaño pero también canto a pleno pulmón, me arrodillo, doy la mano en señal de paz y me arranco sin dudar a comulgar cuando suena aquello de “Tú has venido a la orilla…” Lo paso peor con una “señal de la cruz que nos libra de nuestros enemigos…” y cuyos gestos lamentablemente ya he olvidado.

También he orado, con no menos fe, en los templos budistas, hinduistas, en sinagogas, en mezquitas…, sobre todo en templos universales de los diferentes continentes. En los templos de unos y otros países viví similar devoción, en todos observé gentes rendidas al mismo Dios “que los hombres distintos llamamos con distintos nombres, pero que es el Uno, el Único y el Mismo…” (Lanza de Vasto) De vuelta a mi ciudad natal, he visto a tantas personas de edad y buena voluntad remontar con sus bastones las escaleras de la parroquia del barrio, que me he visto inundado de un hondo y reconvertido aprecio por su íntima esfera religiosa. Deseo en este sentido expresar mi disenso ante la solicitud de “Podemos” de retirar la misa de la programación de TVE.

Sí, es cierto, el Estado y sus medios de comunicación han de hacer gala de aconfesionalidad, pero ello no contradice el hecho de mantener una escasa hora semanal de misa, mientras otros credos tengan asegurada su ventana a los televidentes, como ahora es el caso. En este sentido también esperamos que el ente público no tarde en abrirse a otras tradiciones espirituales que aún no tienen cabida en la parrilla.

Es preciso respetar la laicidad en la educación, en el ejército, en los actos oficiales… El Estado ha de mantenerse neutro ante una creciente pluralidad confesional, pero el Estado ha de servir también a los ciudadanos a través de sus medios de comunicación. La cesión en la tele pública de espacios a los diferentes credos en razón de su arraigo es un servicio nada desdeñable. Por lo demás, si la misa retransmitida reconforta a muchas personas de edad, ¿por qué precipitar su apagón? Tantos programas deberían desaparecer de la programación antes que ese oficio religioso. Sobran primero las series en las que se dispara y sangra,  las tertulias en las que se falta y ofende, las corridas en las que se tortura y mata gratuitamente

Ha de prevalecer una cierta amabilidad intergeneracional. Hemos de honrar a nuestros mayores, hemos de preservar sus referentes culturales y espirituales aunque no coincidan plenamente con los nuestros. Hemos de ser considerados con lo que tiene importancia y relieve para las generaciones que nos precedieron. Barrer la misa es olvidarnos en alguna medida de ellas. Hemos de unir a los pueblos, a las clases, a las razas y tradiciones…, pero hemos de empezar más cerca y tratar de enlazar también a las generaciones.

Por más que puedan aburrir sus fórmulas repetidas hasta la saciedad, por más que nos sorprenda que la mujer no ocupe aún su debido lugar en la presidencia del altar…, la misa es momento sagrado. En realidad todo lo que adquiere vital importancia para el otro es algo sagrado. Somos privilegiados, pues participamos de un mundo rico y diverso en el que se reúnen muy diferentes momentos y territorios sagrados. La consigna de manual de la emergente formación política puede ser poco considerada con el universo vital de quienes nos dieron vida. La necesidad  de superar los antagonismos civiles, nos invita también a ser respetuosos con los mayores y su misa de las once ya en vivo, ya a través de la pantalla.

Nadie nos obliga a sentarnos el domingo por la mañana al televisor, pero pienso en nuestros ancianos, muchos de ellos enfermos o impedidos, que en ese programa encontrarán consuelo y confort del alma. Nunca arrasar, nunca llevarse lo que es significativo para un importante colectivo, más al contrario intentar hacer nuestro algo de su universo. Para muchos de nuestros padres un domingo sin misa no es un verdadero domingo. Honrar a nuestros mayores no significa que tengamos que arreglarnos corriendo y salir al toque de sus campanas, que debamos arrodillarnos ante sus mismos iconos, que debamos necesariamente  oír el sermón de sus sacerdotes…, pero sí intentar facilitar la expresión de su fe, su legado, sus tradiciones.

Ninguna generación que nos precede ha debido de hacer  tamaño  esfuerzo para adecuarse a los nuevos tiempos como la de nuestros progenitores. Privarles de sus imprescindibles referentes, de sus anclajes, es un flaco reconocimiento a ellos y a cuanto nos dieron. No hay nada más revolucionario que el sincero agradecimiento y en ello debiera también reparar la formación morada.

Koldo Aldai

Fuente Fe Adulta

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El Parlamento Valenciano aprueba la ley “trans” con el único voto en contra del PP

Viernes, 31 de marzo de 2017
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ley_trans_valenciaCon esta ley la transexualidad ya no es considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana.

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, con los únicos votos en contra del PP, la ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, que amplía los derechos de las personas transexuales y regula medidas educativas, sanitarias o de ocio para este colectivo.

La norma, conocida como ley “trans”, ha salido adelante con los apoyos de los diputados del PSPSV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, quienes han aplaudido la aprobación de esta ley, así como a los representantes de este colectivo que seguían el debate desde la tribuna de invitados.

Diputados de estos cuatro grupos han coincidido en destacar que se trata de “un gran día”, pues se aprueba una ley que pondrá fin a “la marginación” que ha sufrido el colectivo trans, mejorará y facilitará la vida de estas personas y permitirá avanzar en la igualdad y contra el odio.

Desde el PP han considerado que esta norma no regula bien algunos aspectos importantes, es susceptible de ser recurrida y echada atrás por los tribunales, además de no estar de acuerdo con que se aparte a los padres de las decisiones que afectan los menores y con eliminar los informes médicos y psicológicos.

La ley garantiza el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento de su nacimiento, y en ella la transexualidad ya no es considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana.

Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, y plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas.

En el ámbito sanitario, incluye tratamientos quirúrgicos de cirugía para el cambio de sexo y garantiza a los menores trans el acceso a tratamientos hormonales. En el educativo, contempla un protocolo que permitirá usar las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluidos lavabos y vestuarios.

Además, establece que la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, actuará como interesada en causas penales que, por su especial relevancia y especialmente en materia de delitos de odio, justifiquen su personación en la defensa de los intereses colectivo y de los intereses de las personas trans.

En los pasillos de Les Corts, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado que se trata de un día “muy grande” ya que por fin hay una ley que ampara “la dignidad” de este colectivo y declara a la Comunitat Valenciana “libre de entender a los transexuales como personas enfermas”.

Oltra, quien ha advertido de que la ley deberá ser cumplida, ha defendido que una sociedad basada en la convivencia y la igualdad debe tener como base el respeto, y se ha preguntado “si alguien se imagina que en un colegio se pudiera enseñar que los negros son inferiores a los blancos”. “¿Verdad que es una cuestión que hay que obligar que en un currículum escolar se eduque en la igualdad? Pues eso pasa con todos los colectivos, sean mayoría o minoría en la sociedad”, ha defendido.

Sobre los menores, ha indicado que “no es una cuestión de consentimiento o no, sino de conflicto de intereses”, y ha dicho que la ley establece que en caso de que un menor transexual no tenga consentimiento de sus padres para emprender el camino elegido pueda acudir a los tribunales para que un juez dirima.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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Más de 70 eurodiputados de todo signo político alertan a la Comisión Europea del ataque transfóbico de Hazte Oír

Jueves, 30 de marzo de 2017
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arsuaga-en-el-parlamento-europeoInstan a Bruselas a tomar medidas contra HazteOír

Que presione a la ONU para retirarle el estatus de ‘organización consultiva’

Urgen al Gobierno español a retirar el estatus de “organización de utilidad pública”.

 Arsuaga, invitado por los ultras a hablar en el Parlamento Europeo

Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”. A esta conclusión han llegado más de 70 eurodiputados de todo signo político, quienes han instado este martes al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora.

Como reacción a la campaña del bus de la organización Hazte Oír que propaga un mensaje transfóbico, más de 70 eurodiputados de diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo han enviado una carta a la Comisaria Vera Jourova denunciando este ataque a la comunidad transgénero que incita al odio y constituye una grave violación de los principios fundamentales de la Unión Europea.

La misiva de los políticos coincide con la presencia en Bruselas del presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, quien este mismo martes ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo, invitado por el eurodiputado de la Lega Nord, Lorenzo Fontana, del mismo grupo al que pertenece el partido de Marine Le Pen.

Los eurodiputados firman una carta en la que denuncian que los mensajes del autobús de HazteOír que recorrió las calles de Madrid van en contra de los derechos fundamentales de la Unión Europea y los derechos humanos de todo el colectivo LGTBI, “reforzando la cultura de la exclusión y la discriminación”.

Por ello, instan a Jourova que tome medidas para presionar al Gobierno español para que retire a esta asociación el estatus de ‘organización de utilidad pública‘, ya que esta clasificación le permite disfrutar de beneficios fiscales.

La misiva, promovida por los eurodiputados Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Iratxe García Pérez (PSOE) y Ernest Urtasun (ICV), reclama también que se suspendan las subvenciones públicas que recibe HazteOír y pide a Bruselas que interceda para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) le retire el estatus de ‘organización consultiva’.

La carta termina con el llamamiento a que campañas como esta no vuelvan a repetirse ya que dejan a los menores en un estado de completa indefensión y cuestionan gravemente los pilares fundamentales de tolerancia y de coexistencia democrática.

Este tipo de campañas “condenan a la total desprotección” de los sectores expuestos a la vulnerabilidad como, por ejemplo, los menores y “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia”, concluye el texto firmado por los eurodiputados.

Junto a Lola Sánchez, Iratxe García y Ernest Urtasun, firman la carta eurodiputados españoles del PSOE, Izquierda Unida, Podemos, PNV y ERC, pero también de otras nacionalidades y familias políticas, como el conservador británico Ian Duncan, la belga de los liberales Lieve Wierinck o el socialista francés Eric Andrieu.

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol también remitió la víspera una carta al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, lamentando que se permitiera ofrecer un “discurso de odio” en las instalaciones de la Eurocámara.

Estimada Sra. Vera Jourova,

Durante estas últimas semanas ha circulado por las calles de Madrid un autobús con un mensaje tránsfobo de incitación al odio. El vehículo, que lleva inscritas frases como “los niños tiene pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen”, forma parte de una campaña contra la aprobación de leyes de protección de los colectivos LGTBI.

Consideramos que:

Se trata de una acción de incitación al odio en contra de la comunidad transexual e intersexual.

Estos mensajes vulneran claramente los principios fundacionales del estado de derecho, la carta de derechos fundamentales de la UE, y los derechos humanos de todo el colectivo LGTBI, reforzando la cultura de la exclusión y la discriminación hacia este colectivo.

Exigimos que la Unión Europea encomiende:

  • Al Gobierno de España a retirar la condición de “utilidad pública” a la asociación HazteOír: entre los requisitos para que una asociación sea declarada de utilidad pública está que respeten los valores constitucionales y de promoción de los derechos humanos o de fomento de la tolerancia. Esta condición permite a las organizaciones beneficiarse de exenciones y beneficios fiscales y asistencia jurídica gratuita.
  • A la Organización de las Naciones Unidas a que retire el estatus consultivo del que goza dicha organización, y no se le permita la asistencia, en Marzo, a las jornadas sobre derechos de la mujer organizadas en el seno de esta institución.
  • A las instituciones españolas a que le sean retiradas todo tipo de subvenciones públicas.
  • A que este tipo de campañas no se vuelvan a permitir, pues por un lado condenan a la total desprotección a los sectores más expuestos a la vulnerabilidad, como los menores, y por otro, ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia democrática.

Atentamente,

MEP AGUILERA GARCÍA, Clara Eugenia

MEP ALBIOL GUZMÁN, Marina Leer más…

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El Congreso de los Diputados de España exige al Gobierno que revoque la declaración de “utilidad pública” a HazteOir

Viernes, 17 de marzo de 2017
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Congreso de los Diputados cercaSostiene que promueve “el odio, la intolerancia y la discriminación de LGTBI”

El grupo ultracatólico vuelve a cambiar el logo de su autobús: “Lo dice la Biología”

El texto sometido a votación ha sido aprobado por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones. Es una transaccional suscrita por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC.

(J. Bastante/Agencias).- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, en virtud de la cual se exige al Consejo de Ministros que incoe el procedimiento y los trámites necesarios para la revocación de la declaración de utilidad pública a Hazte Oír, “cuyas actuaciones promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI“.

El texto sometido a votación, una transaccional suscrita por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, ha sido aprobada por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones.

La propuesta ha contado con 205 votos a favor y uno solo en contra. El grueso del Partido Popular (129) se abstuvo en la votación. El texto de la propuesta sostiene que las acciones de esta organización “promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI”.

Los grupos parlamentarios firmantes consideran que las actividades de esa organización resultan “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia”. Además, “no responde a los requisitos fijados en la ley orgánica reguladora del derecho de asociación”.

La moción inicial de Podemos que dio origen a la transaccional insta también al Gobierno a tramitar un proyecto de ley que regule los derechos de las personas LGTBI y un proyecto de ley integral para las personas ‘trans’ que no vulneren las competencias de las comunidades autónomas.

 Dichos proyectos de ley se trabajarán en coordinación con los colectivos de defensa de los derechos de esos colectivos y prestarán especial atención a las mujeres.

En las últimas semanas, Hazte Oír ha generado una gran controversia por su autobús tránsfobo que bajo el lema “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen” recorrió la capital. La Policía inmovilizó el autobús y HazteOir incluyó la palabra “censurado” en su nuevo autobús “por la libertad de expresión”. Ahora, ha vuelto a cambiar el lema del bus, que saldrá en las próximas horas hacia Barcelona. Ahora dice lo siguiente: Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Lo dice la biología. Respeto para todos. No al bullying”.

Los tres vehículos de HazteOir fueron multados por el Ayuntamiento de Madrid por incumplir la ordenanza de publicidad. El grupo ultracatólico asegura que con este autobús recorrerá varias ciudades españolas, todavía por determinar. Este mismo miércoles, HazteOir denunció ante la Fiscalía General del Estado a varios políticos, entre los que se encuentran Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Cristina Cifuentes y Alberto Garzón, “por insultar, amenazar y acusar de incitar al odio” a varios miembros de esta asociación

Fuente Agencias/Religión Digital

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Alfa y Omega denuncia que “HazteOir no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos” y la Asamblea de Madrid pide por unanimidad que HazteOír debe dejar de ser entidad de utilidad pública

Sábado, 11 de marzo de 2017
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alfa-omega-644x362nachoIgnacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

asambleaLa proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ministro-interior-homofobia-marceloultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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Significativa reacción institucional contra la campaña tránsfoba de HazteOír en Madrid, Valencia y Cataluña

Miércoles, 1 de marzo de 2017
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transfobiaA lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.

Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concentración este miércoles en Valencia

Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.

Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente

En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.

ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús

A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.

Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Fuente Dosmanzanas

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La Asamblea de Madrid aprueba una proposición de Ciudadanos de apoyo al World Pride, pero sin varias enmiendas del PSOE que la mejoraban de forma considerable

Lunes, 20 de febrero de 2017
Comentarios desactivados en La Asamblea de Madrid aprueba una proposición de Ciudadanos de apoyo al World Pride, pero sin varias enmiendas del PSOE que la mejoraban de forma considerable

asambleaCiudadanos aprueba en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para declarar la Comunidad como LGTBIfriendly y dejar claro que nos “toleran”, pero no nos “respetan”.

La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el prupo parlamentario de Ciudadanos que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha una serie de actuaciones para intensificar el apoyo institucional a la celebración del World Pride, que este 2017 se celebrará en la capital española. La aprobación ha quedado sin embargo empañada por la negativa de Ciudadanos a admitir una serie de enmiendas propuestas por el grupo socialista y consensuadas con los colectivos LGTB organizadores del Orgullo y Cesida para mejorar (de forma notable) el texto.

El texto de la proposición aprobada pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid lo siguiente:

  1. Promover la Declaración de la Comunidad de Madrid como “Comunidad Autónoma abierta, amigable y tolerante con las personas LGTBI” bajo la denominación “Comunidad de Madrid LGTBI friendly” como expresión del compromiso de la Comunidad de Madrid con las personas LGTBI y sus justas causas.
  2. Colocar la bandera LGTBI en la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid del viernes 23 de junio de 2017 al domingo 2 de julio de 2017 en un lugar destacado.
  3. Impulsar una campaña informativa y de sensibilización contra las agresiones a personas LGTBI, en todos los espacios que competen a la Comunidad de Madrid, especialmente en los lugares de ocio, entretenimiento, educativos, asistenciales, administrativos y de transporte.
  4. Impulsar una campaña institucional para la erradicación de las actitudes y demostraciones de rechazo a las personas LGTBI en las competiciones deportivas dependientes de la Comunidad de Madrid. Desde la implicación y la colaboración de los principales clubes y federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid.

Las enmiendas que proponía el grupo socialista (defendidas como siempre con gran convicción por la diputada y activista Carla Antonelli), acordadas por los colectivos organizadores del Orgullo LGTB (FELGTB, COGAM y AEGAL) y Cesida (la Coordinadora Estatal de VIH y sida) eran las siguientes:

  • En el punto 1, sustituir “tolerante” por “respetuosa”.
  • En el punto 2, añadir al final “así como en la sede de la Asamblea de Madrid el día 28 de junio”.
  • En el punto 3, añadir “con especial incidencia en la Radio Televisión Pública de Madrid.

Se proponía además añadir varios puntos más:

  • Un 5º punto, “Realizar una campaña de sensibilización a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la identidad de género y para obtener el respecto efectivo de la identidad de género de las personas trans”.
  • Un 6º punto, “Impulsar una campaña institucional de prevención del VIH hacia la comunidad LGTBI”.
  • Un 7º punto, “Colaboración con la empresa de Metro Madrid y los ferrocarriles de cercanías para la ampliación de horarios, facilitando el transporte público para los millones de personas que se van a congregar en esas fechas. Concretamente, la noche del sábado 1 de julio es imprescindible que Metro Madrid permanezca abierto las 24 horas y que haya un gran refuerzo de los trenes de cercanías”.
  • Un 8º punto, “Establecimiento de tarifas reducidas específicas en los transportes públicos para esos días con precios accesibles, especialmente para el colectivo de jóvenes y/o parados”.
  • Un 9º punto, “Colaboración por parte del Gobierno regional en el alojamiento de jóvenes que quieran acceder a este acontecimiento, mediante la cesión de espacios de alojamiento en albergues o habilitando espacios públicos y promoviendo colaboraciones privadas”.
  • Un 10º punto, “Implicación por parte del Gobierno regional tanto económica como logística en las actividades culturales que van a tener lugar durante el World Pride, una de las cuales, la conferencia de Derechos Humanos, va a estar ubicada en la Universidad Autónoma, o la exposición organizada por el Museo de América para divulgar la realidad histórica de la comunidad trans, obteniendo un efecto social pedagógico de primer orden”.
  • Un 11º y último punto, “Potenciar los actos del Orgullo LGTBI dentro del Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad de Madrid”.

Un desacuerdo que no debería repetirse

A la vista del texto de la proposición no de ley y de las enmiendas denegadas, queda claro que estas hubieran mejorado mucho la primera, que en cualquier caso ha sido aprobada por unanimidad. Esto es así, a nuestro juicio, porque lo que es una demanda de compromiso fundamentalmente simbólico y de imagen de la Comunidad de Madrid hubiera pasado a ser una demanda de compromiso logístico y económico (que las instituciones madrileñas no han tenido problema en el pasado en tener con otros acontecimientos de masas, como la Jornada Mundial de la Juventud católica de 2011).

Desde dos manzanas no hemos tenido problema alguno en alabar la convergencia en materia LGTB que PSOE, Podemos y Ciudadanos vienen demostrando a lo largo de la actual legislatura madrileña, y que ha permitido por ejemplo aprobar una avanzada ley integral de transexualidad. También  hemos dado la bienvenida a la actitud del Gobierno de Cristina Cifuentes, sin duda más comprometido con los derechos LGTB que ninguno de sus antecesores, como se demostró con la aprobación de la ley madrileña contra la LGTBfobia. Nos llama la atención, sin embargo, que en esta ocasión no se haya aprovechado la ocasión de reproducir ese mismo espíritu.

Ojalá este desacuerdo no se repita. Los derechos LGTB son demasiado valiosos para que ninguna formación política quiera utilizarlos de forma partidista. No hay mejor forma de demostrar que no es así que llegar a acuerdos para desarrollarlos al máximo.

Dicho, esto bienvenida sea la proposición aprobada, aunque no obstante, coincidimos con la opinión de Littlebab en EstoyBailando de la que reproducimos algunos extractos:

Después del proceso de cambio en materia LGTB de Ciudadanos (que a nosotros nos parece estupendo siempre que sea un cambio de verdad), los del partido naranja acaban de demostrar que lo LGTB está muy bien siempre que sea para el espectáculo y dar colorido, pero para cosas más serias, como “pedir respeto” a las personas LGTB no. Que ellos si acaso los toleran, pero que de ahí no pasan. Literalmente.

Sí. Han dicho”tolerante. Y nosotros no necesitamos que nos “toleren” sino que nos “respeten“, que ya va siendo hora de dejar de “llevarnos con paciencia” o de “permitirnos aunque no nos tengan por algo lícito“, que son los primeras acepciones de “tolerar” en el diccionario. Y sí, la RAE también dice que tolerar es “respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” pero la connotación negativa de la palabra no la hace precisamente la más adecuada.

¿Puede ser simplemente que se hayan expresado mal? Pues… No. Y es que el Partido Socialista presentó junto a Cogam, FELGTB, Cesida y Aegal (sí, Aegal) una serie de enmiendas al texto que entre otras cosas proponía cambiar la palabra “tolerante” por “respetuosa.  ¿Y qué pasó entonces? Pues que Ciudadanos le ha dicho al Partido Socialista que con su pan se lo coman, que el texto se queda así. Que ellos antes que respetuosos son tolerantes.

Eso nos lleva a pensar, que la elección de la palabra no es un error:  Ciudadanos nos está diciendo a la cara que está muy bien que un hombre se ponga tacones y lo llene todo de brilli brilli, que ellos “lo toleran“… Pero no lo respetan.  Y la Comunidad de Madrid ahora también, porque la Asamblea aprobó la propuesta.

Ay. Albert, te imaginamos cantando “porque soy la reina del postureo” al ritmo de Baloncesto. Y es que no se nos ocurre otra definición mejor para lo de ayer. En la exposición de motivos de la propuesta dice:

La dignidad de cada persona y el libre desarrollo de la personalidad constituyen la base del Estado de Derecho y están amparados en el artículo 10 de la Constitución española. La igualdad de trato y ante la ley de las personas, independientemente de su orientación sexual, es un derecho universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 14 de la Constitución española.
A pesar de esto, la homosexualidad (y con ella implícitamente la bisexualidad y la transexualidad) está castigada penalmente en 76 estados.”

A esos 76 Estados podéis añadir ahora a la Comunidad de Madrid, que tolera pero SE NIEGA a respetar al colectivo LGTB. Porque es la descripción exacta de lo que ha pasado: os negáis a poner la palabra respeto. Pero lo del respeto no debe ir mucho con vosotros a raíz de esta respuesta a la diputada Carla Antonelli cuando os afeó lo que habíais hecho:


Ese Tweet es una muestra fantástica de la enorme diferencia entre “tolerar” y “respetar”. ¿Verdad?

El siguiente punto del texto aprobado hace referencia a “colocar la bandera LGTBI en la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid“… Luego ya,  lo de respetar su significado lo dejamos para otro día. De momento, mientras no moleste mucho, la toleran. Por cierto,  que en las enmiendas rechazadas figuraba que la bandera LGTBI ondease también en la sede de la Asamblea de Madrid. Pero claro, allí igual no la toleran tanto y han decidido mejor no ponerla.

El resto de enmiendas rechazadas eran bastante razonables y complementan estupendamente la propuesta que se ha aprobado como una campaña institucional sobre VIH dirigida al colectivo LGTB, la ampliación de los horarios de metro (aunque finalmente Metro Madrid, por primera vez en su historia, abrirá las 24 horas durante el World Pride) o la implicación de Telemadrid.

Pero dicen en Ciudadanos que todo eso ya es pasarse. Será que bastante tienen con tolerarnos.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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El Parlamento Europeo reconoce las necesidades de las personas LGTBI (y muy singularmente trans e intersexuales) en materia de salud mental

Sábado, 18 de febrero de 2017
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beatriz-becerra-comision-200x300El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el voto a favor de 364 eurodiputados, el informe sobre igualdad de género en salud mental e investigación clínica elaborado por la eurodiputada española Beatriz Becerra (en la fotografía). Si lo mencionamos aquí es porque el informe contiene importantes recomendaciones en lo referido al bienestar y salud mental de las personas LGTBI que han merecido el aplauso de ILGA Europe.

El Parlamento Europeo, de esta forma, reconoce expresamente, entre otros muhcos considerandos:

  • que las mujeres lesbianas y bisexuales y las personas trans e intersexuales se enfrentan a problemas de salud mental derivados del estrés de las minorías, que se define como los altos niveles de ansiedad y estrés causados por prejuicios, estigmatización y experiencias de discriminación, así como por medicalización y patologización;
  • que las personas LGBTI pueden enfrentarse a problemas de salud mental y bienestar específicos que deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de salud mental;
  • que las identidades trans no son patológicas pero lamentablemente todavía se consideran trastornos de salud mental, y que la mayoría de los Estados miembros requieren diagnósticos para tener acceso al reconocimiento de género legal o a la asistencia sanitaria relacionada con las personas trans, a pesar de que las investigaciones han demostrado que el diagnóstico de ‘trastorno de identidad de género’ es una fuente de gran angustia para las personas trans;
  • que los niños prepúberes con variantes de género siguen sometidos a prácticas de diagnóstico perjudiciales e innecesarias, a pesar de que todos los niños deben poder explorar de forma segura su identidad y expresión de género;
  • que las personas trans muestran niveles significativamente altos de ideación suicida e intentos de suicidio;
  • que la educación en materia de sexual y relacional es fundamental para superar los estereotipos de género, afrontar la violencia de género y mejorar la salud mental y el bienestar para las niñas y los niños y las mujeres y los hombres;
  • que existe una falta de datos comparables, disponibles, accesibles y de calidad sobre la asistencia sanitaria específica para personas trans y que los productos utilizados en las terapias hormonales sustitutivas no se han probado ni autorizado debidamente;
  • que las personas intersexuales sujetas a mutilación genital sufren consecuencias en su salud física, psicológica y sexual y reproductiva;
  • que las personas trans todavía están expuestas a una esterilización forzada en los procedimientos de reconocimiento de género en 13 Estados miembros.

Hay muchos más considerandos, pero hemos seleccionado aquellos que más directamente tienen que ver con la realidad LGTBI en la Unión Europea. A partir de ellos, y entre otras muchas recomendaciones, el informe:

  • pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen que sus estrategias en materia de salud mental aborden los retos de salud mental a los que podrían enfrentarse las personas LGBTI;
  • anima a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones que figuran en el documento CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa y tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, bisexuales y trans en el desarrollo de las políticas, programas y protocolos sanitarios;
  • pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que desarrollen políticas adaptadas específicas con el fin de prestar servicios de salud mental a los grupos de mujeres vulnerables en comunidades marginales, y a aquellos que se enfrentan a discriminación interseccional, como las mujeres refugiadas y migrantes, las mujeres que se enfrentan a la pobreza y la exclusión social, las personas trans e intersexuales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las mujeres de las zonas rurales;
  • pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las estrategias de prevención se destinan específicamente a las mujeres que corren riesgo de discriminación interseccional, como las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, las migrantes y las refugiadas, las mujeres que viven en situación de pobreza y las personas trans e intersexuales;
  • pide a los Estados miembros que prevengan, prohíban y condenen la esterilización forzosa de mujeres, un fenómeno que afecta en particular a las mujeres con discapacidad, a las personas trans e intersexuales y a las mujeres romaníes.

En definitiva, una serie de recomendaciones que han sido específicamente bienvenidas por ILGA Europe, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente. “Gracias a la ponente Beatriz Becerra Basterrechea y a los eurodiputados que han votado a favor, ahora disponemos de un informe detallado sobre las necesidades de las personas LGTBI [en materia de salud mental y bienestar], y que en particular recoge las experiencias de vida de las personas trans e intersex. El lenguaje interseccional e inclusivo que Becerra ha utilizado en su informe es especialmente bienvenido”, ha declarado su directora ejecutiva, Evelyne Paradis.

El voto español

Como siempre intentamos hacer en dosmanzanas cuando nos referimos a una votación en el Parlamento Europeo, listamos a continunación el voto de los eurodiputados españoles (tal y como refleja el acta de votaciones):

Han votado a favor:

  • por ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa): la propia Beatriz Becerra (ahora independiente, fue elegida en las listas de UPyD), Izaskun Bilbao (PNV), Enrique Calvet (ahora independiente, elegido en las listas de UPyD), Maite Pagazaurtundúa (UPyD) y Ramón Tremosa (elegido en las listas de la entonces Convergència).
  • Por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Javier Couso (IU), Tania González (Podemos), Josu Juaristi (EH Bildu), Paloma López Bermejo (IU), Lola Sánchez Caldentey (Podemos); Maria Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda), Estefanía Torres (Podemos) y Miguel Urbán (Podemos).
  • Por S&D (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas): Clara Eugenia Aguilera (PSOE), Inés Ayala (PSOE), José Blanco (PSOE), Soledad Cabezón (PSOE), Jonás Fernández (PSOE), Eider Gardiazábal (PSOE), Enrique Guerrero (PSOE), Sergio Gutiérrez (PSOE), Ramón Jáuregui (PSOE), Javier López (PSC), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE).
  • Por Los Verdes/Alianza Libre Europea: Florent Marcellesi (Equo), Jordi Solé (ERC),  Josep-Maria Terricabras (ERC) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verts).

Han votado en contra: ninguno.

Se han abstenido:

  • Por ALDE: María Teresa Giménez Barbat (elegida en las listas de UPyD, ahora en Ciudadanos) y Javier Nart (Ciudadanos).
  • Por el grupo popular europeo: Pilar Ayuso (PP), Pilar del Castillo (PP), Agustín Díaz de Mera (PP), Rosa Estarás (PP), Santiago Fisas (PP),  Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes (PP), Esther Herranz (PP), Carlos Iturgaiz (PP), Teresa Jiménez-Becerril (PP), Verónica Lope (PP), Antonio López-Istúriz (PP), Gabriel Mato (PP), Francisco José Millán (PP), Ignacio Salafranca (PP) y Ramón Luis Valcárcel (PP).

Fuente Dosmanzanas

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La Generalitat valenciana garantiza el derecho del alumnado trans de los centros públicos a su identidad de género

Miércoles, 28 de diciembre de 2016
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14693771_712043775614196_4588685433470189568_nEl Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este martes el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos, desarrollado por la Consejería valenciana de Educación. El protocolo, que se activará en los centros educativos públicos, y al que se podrán acoger todos los demás centros que lo deseen, se adelanta a la próxima aprobación de la ley integral de transexualidad valenciana, en tramitación parlamentaria.

La finalidad del protocolo, según asegura la propia Consejería valenciana de Educación, es “favorecer la inclusión educativa, asumir la igualdad y la diversidad como valores capitales e irrenunciables, de manera que todas las personas que conformen la comunidad educativa respeten y hagan respetar los derechos humanos. Por eso, será imprescindible facilitar la construcción de su identidad y la participación activa en la vida del centro, de manera que sienta la pertenencia real al grupo de iguales, en el centro y el entorno”. El protocolo facilitará a los equipos directivos y los orientadores de los centros tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos como opciones sociales normalizadas y ayudará a prevenir casos de acoso.

Desde el punto de vista estrictamente organizativo, los centros adecuarán la documentación administrativa al nombre y al género con los que se sienta identificado el alumno, que será también el nombre y el género por el que el personal del centro se dirigirá a este. Mientras el alumno sea menor de edad o no esté emancipado, la petición deberá realizarla quien ejerza su tutoría legal. La documentación oficial, sin embargo, no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil. Un proceso que a día de hoy continúa regulado por la legislación estatal. En cuanto al uso de las instalaciones del centro, incluyendo lavabos y vestuarios, estas serán utilizadas según la identidad de genero manifestada.

El coordinador de igualdad y convivencia de centro será la persona encargada de supervisar todas estas actuaciones, en colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor, especialmente durante el proceso de transición de género que efectúe una persona durante su estancia en el centro educativo.

Son solo algunas de las medidas previstas en el protocolo, que puedes descargar en su integridad aquí. Los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana intentarán de esta forma garantizar a sus alumnos trans un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle en espacios libres de acoso, agresión o discriminación por cualquier motivo.

Valencia se pone al día

La puesta en marcha de este protocolo para centros públicos aún debe completarse con la aprobación por las Cortes Valencianas de su ley integral de transexualidad, presentada en sociedad el pasado septiembre y aún en tramitación, y cuyo anteproyecto fue consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas regionales. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Eso sí, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento Europeo aprueba un informe sobre derechos fundamentales en la Unión con un balance desigual en materia LGTBI

Jueves, 22 de diciembre de 2016
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Parlamento-EuropeoEl Parlamento Europeo aprobó el pasado martes el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2015. Un texto que analiza también la situación de la población LGTBI y llega a la conclusión de que, a pesar de algunos avances, queda mucho camino por recorrer. Especialmente para la comunidad trans y en el reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo.

Por 456 votos a favor, 138 en contra y 104 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó el pasado martes un informe anual sobre derechos fundamentales en la UE. La resolución, que no es vinculante, alerta entre otros contra la trata de personas y las desigualdades de género. El respeto de los derechos de los migrantes y los refugiados y la lucha contra la xenofobia, entre otras manifestaciones de odio, son otros de los puntos principales del documento.

En el ámbito LGTBI, al que dedica siete recomendaciones, destaca como positivo el incremento en el número de países que cuentan con alguna regulación para las parejas del mismo sexo. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la Comisión a actuar para que dichas uniones sean reconocidas en todos los Estados miembros, tal y como debería garantizar la libre circulación de personas. La lucha contra el acoso LGTBfobo, especialmente en el ámbito escolar y en el deportivo es otro de los asuntos que aborda el informe. También insta a acabar contra la patologización de la población trans.

Las referencias específicas a la orientación sexual y a la identidad de género vienen recogidas en las recomendaciones 123 a 129, que por su gran interés reproducimos literalmente a continuación (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo(…)

123. Condena toda discriminación o violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género; anima a la Comisión Europea a que presente una agenda que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos, respetando las competencias de los Estados miembros, y supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; acoge favorablemente, a este respecto, la lista de medidas preparada por la Comisión para promover la igualdad de las personas LGBTI, incluida la campaña de comunicación de la Comisión para luchar contra los estereotipos y mejorar la aceptación social de las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI; señala que la investigación de campo de la Agencia de los Derechos Fundamentales muestra que los funcionarios públicos consideran que la legislación y la política de la Unión son los principales impulsores de los esfuerzos nacionales para fomentar la igualdad de las personas LGBTI;

124. Lamenta que las personas LGBTI sufran un acoso y una intimidación que comienzan ya en la escuela y que sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas, incluido el lugar de trabajo; pide a los Estados miembros que presten especial atención a la homofobia en el deporte, a los jóvenes LGBTI y al acoso escolar; alienta a los Estados miembros a que apoyen a las organizaciones sindicales y patronales en sus esfuerzos por adoptar políticas en favor de la diversidad y la no discriminación centradas especialmente en las personas LGBTI;

125. Recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los derechos de las personas LGBTI; acoge con satisfacción el hecho de que un creciente número de Estados miembros ha tomado ya medidas para contribuir a una mejor promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI, y de que hayan adoptado nuevos procedimientos jurídicos de reconocimiento del género en relación con los derechos fundamentales de estas personas; pide a la Comisión y a sus agencias que recopilen datos sobre las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas LGBTI y que compartan con los Estados miembros las mejores prácticas en relación con la protección de sus derechos fundamentales, y anima a los Estados miembros a que informen a las personas LGBTI sobre sus derechos y a que intercambien las mejores prácticas a este respecto; condena las prácticas médicas que violan los derechos fundamentales de las personas transgénero e intersexuales;

126. Observa que las personas transgénero siguen siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; observa que la esterilización forzada constituye una violación de los derechos fundamentales; acoge favorablemente la reciente adopción por parte de varios Estados miembros de nuevos procedimientos de reconocimiento legal del género más respetuosos con los derechos fundamentales de las personas transgénero;

127. Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al trabajar por que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

128. Considera que existen más probabilidades de proteger los derechos fundamentales de las personas LGTB si estas tienen acceso a instituciones jurídicas como la convivencia, la unión registrada o el matrimonio; acoge con satisfacción el hecho de que en la actualidad dieciocho Estados miembros ofrezcan estas posibilidades, y pide a los demás Estados miembros que consideren la posibilidad de ofrecerlas igualmente;

129. Pide a la Comisión que presente una propuesta para el pleno reconocimiento mutuo de los efectos y la libre circulación de todos los documentos acreditativos del estado civil de todas las personas, parejas y familias en toda la Unión (incluidos todos los relativos al matrimonio y las uniones registradas, los cambios legales de sexo y los certificados de adopción y nacimiento), incluido el reconocimiento legal del género, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho a la libre circulación(…)

En el debate intervinieron los eurodiputados españoles Florent Marcellesi (Equo), Josep-Maria Terricabras (ERC), Marina Albiol (IU), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Izaskun Bilbao (PNV) y Ramon Tremosa (CDC). Terricabras y López Aguilar mencionaron los derechos LGTBI en sus alocuciones para defender el informe. Bilbao también apoyó el texto, como Marcellesi, quien sin embargo apuntó a la insuficiente presencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Albiol se mostró muy crítica con la pasividad de la UE ante el crecimiento de la derecha xenófoba y la intervención de Tremosa se centró en Cataluña.

De la delegación española, votaron a favor de la resolución los representantes del PP, PSOE, UPyD, CDC, ICV, PNV, Ciudadanos y Equo que estaban presentes. Se abstuvieron los eurodiputados de IU (Marina Albiol, Javier Couso, Paloma López Bermejo, Lidia Senra y Ángela Vallina), Podemos (Xabier Benito, Tania González y Miguel Urbán) y EH Bildu (Jon Juaristi).

El Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo ha saludado el informe como un texto “exhaustivo que persigue que se aplique en todo su potencial la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Lamenta, eso sí, que no saliera adelante una enmienda del grupo Verde que instaba a los Estados miembros a prohibir las intervenciones médicas innecesarias en los menores intersexuales. Ulrike Lunacek y Daniele Viotti, copresidentes del Intergrupo, destacaron el papel de la UE como garante de los derechos LGTBI y pidieron a la Comisión que tome la iniciativa para defenderlos de manera global con más decisión.

Fuente Dosmanzanas

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La derecha más rancia crea la Plataforma por las Libertades

Jueves, 22 de diciembre de 2016
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img-20161220-wa0003Cuando condenen una sola de la agresiones que sufrimos, que hablen… Y pensar que hay homosexuales que les votan…

Un “centenar” de asociaciones se unen para protestar contra las leyes de protección LGTB que se están aprobando a nivel autonómico en España.

Asociación con numerosos dirigentes del Partido Popular

Numerosas asociaciones provida y ultracatólicas han presentado la Plataforma por las Libertades. Una asociación que bajo el pretexto de defender la libertad de todxs lxs españolxs afirma que vivimos en una dictadura LGTB sustentada en la ‘perfida’ ideología de género.

El acto de presentación del Manifiesto contó con la presencia de los representantes de asociaciones que lo han promovido o se han adhertido a él: Jaime Mayor Oreja (Valores y Sociedad), José Eugenio Azpiroz (Familia y Dignidad Humana), Ignacio Arsuaga (HazteOir.org), Nicolás Jouvé (Civica), Rocío Monasterio (Femidisidencias), Pablo Siegrist (Fundación Jérome Lejeune) o Manuel Oliete (Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción), entre otros.

El mundo al revés. A pesar de que a lo largo del 2016, el colectivo LGTB ha sufrido una agresión cada tres días en la Comunidad de Madrid, algo ue no ha merecido la condena de esta gente, a pesar de que numerosas comunidades niegan el acceso a la reproducción asistida a las parejas lésbicas, a pesar de que el colectivo transexual y bisexual se encuentre en una espiral de silencio y burla, para la recién nacida Plataforma por las Libertades, en España vivimos en una dictadura LGTB.

Sí, varias asociaciones ultraconservadoras que reúnes a cuatro gatos y gatas cada una, de esas que dicen que están muy preocupadas por la vida de los demás y por las familias como debe ser de toda la vida de Dios, y dos universidades católicas (las de Murcia y la de Valencia) han formado una plataforma “por las libertades” cuyo único fin parece ser pedir el fin de las leyes autonómicas de protección al colectivo LGTB que poco a poco se están aprobando en toda España. Por queda alguien #YoSoyGayYDelPP entre quienes entran a esta página, a la cabeza de esta nueva plataforma están Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez, una señora muy católica y muy conservadora que fue diputada del PP hasta hace muy poco y que ahora se dedica a recorrer medios ultras de la caverna lloriqueando por la pérdida de sus valores reaccionarios en la política y prometiendo que habrá un nuevo partido de derechas porque lo de sus antiguos compañeros es una vergüenza.

El primer episodio de esta locura lo vivimos el pasado mes de noviembre. Este grupo de asociaciones mandaron una carta al Defensor del Pueblo indicando que:

“El derecho a la igualdad; el derecho a la integridad física y moral; el derecho a la protección de la salud; el deber de prestar asistencia a los hijos; el derecho a la libertad de expresión; el derecho de presunción de inocencia; el de seguridad jurídica; el derecho de tutela efectiva y el derecho de educación y a la libertad ideológica y religiosa eran vulnerados por la ‘Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual’ aprobada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Cristina Cifuentes”.

Sin embargo, La defensora del Pueblo decidió- dar carpetazo y rechazar la petición de amparo de los solicitantes y no interponer recurso alguno justificando la discriminación positiva que la Ley recoge en favor del colectivo LGTBI. 

Ahora, y a pesar del bofetón de realidad que supuso la decisión de la defensora del pueblo, estas asociaciones han decidido crear la Plataforma por las Libertades para seguir luchando contra un elemento que no se puede detener: la evolución de la sociedad.

En noviembre eran  20 las asociaciones que pedían el recurso a la ley Cifuentes, como ellos la llaman, y ahora afirman que más de 100 colectivos se han unido a su pataleta. No hemos encontrado el listado completo, pero viendo el nombre de algunas de ellas os podéis hacer una idea: Federación Europea One Of Us En Defensa De La Vida y Dignidad Humana,  la Asociación Ciencia, Vida y Cultura, la Asociación Española de Farmacéuticos  Católicos, la Asociación Familia y Dignidad humana, la Asociación Femidisidencia, la Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares, la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, la Asociación Europea de Abogados de Familia, la Comunidad Evangélica y la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia.

Entre ellas dstacamos la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja, y en cuyo patronato figuran también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil, o el exdiputado y exsenador Ángel Pintado. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley madrileña (el otro fue el alcalde de Alcorcón, David Pérez).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud era la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Dos organizaciones que precisamente figuran en la lista de las entidades que se han adherido al manifiesto fundacional de la plataforma, presentada esta misma semana en un acto presidido por los ya mencionada Lourdes Méndez y en el que estuvo también presente Jaime Mayor Oreja, un político que siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB (como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación).

Entre el resto de organizaciones que se han adherido hay pocas sorpresas. Está, por supuesto, HazteOír, pero también la Federación Europea One Of Us, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos  o el Instituto de Política Familiar, entre otros grupos ultraconservadores y tradicionalistas. Sí que nos llama la atención, por ejemplo, la presencia de dos universidades católicas (la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Universidad Católica de Valencia) o de algunos colectivos que sobre el papel aseguran defender causas ajenas a la oposición a los derechos LGTB, como la Federación de Familias Numerosas de Madrid o la Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos.

Una mirada retrógrada

Ya sabéis que en este tipo de asociaciones siempre repiten que montan estos circos por los niños, no vaya a ser que crezcan siendo un poco más decentes que sus padres y que alguien les explique que pueden usar su religión para otra cosa que no sea difundir ideas absurdas y como excusa discriminar a otras personas.  De todas formas, esta vez estaban más creativos que lo habitual y han escrito un manifiesto  para explicarnos por qué están en contra de estas normas… de nosotros, vamos…

Lo han escrito con todo su amor, porque aseguran que cualquier español debe estar protegido de ideologías totalitarias, y empiezan fuerte, afirmando que la libertad en España está amenazada bajo el pretexto de perseguir la discriminación por orientación sexual o combatir la LGTBIfobia. También dicen que se vulneran artículos de la Constitución española que protegen el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud o a la educación.

Esta plataforma nace como reacción a ese atropello político, cometido de espaldas a los ciudadanos y fruto de la presión de lobbies que pretenden arrogarse la representación exclusiva de las personas con inclinación homosexual. Cualquier español debe estar protegido de cualquier ideología que se quiera imponer de forma totalitaria.”

Este extracto del manifiesto que ha presentado la asociación (se puede leer de manera íntegra aquí) resume la posición de la Plataforma por las Libertades, que se sitúa a la derecha del sector más a la derecha de la política española.

Esta gente tan creyente y tan poco evangélica dice que son “personas que creen en la igualdad”  y que están muy discriminados porque una serie de leyes intentan proteger a un colectivo especialmente perseguido. Aunque a lo mejor es que de verdad creen en la igualdad y por eso han escrito este manifiesto, que ya es todo un ejemplo de por qué son necesarias estas leyes.

También aseguran que a su escrito se han unido científicos muy preocupados porque se defienda la libertad de investigación y profesionales de la sanidad. Y aquí es cuando ya no nos parece gracioso lo que dicen. Detrás de esta preocupación por la salud, la ciencia y la técnica está la última obsesión de moda entre los reaccionarios, que son las falsas terapias de conversión. ¿Qué más da que el criterio científico sea conocido y clarísimo? Ellos tienen amor cristiano que dar y lo demuestran así, diciéndote con una sonrisa que si eres discriminado de alguna forma no es porque hagan todo lo posible porque así sea, es porque te empeñas en vivir de acuerdo con cómo naciste y no como a ellos les gustaría. Igualmente, nos gustaría saber dónde han recibido sus titulos estos profesionales sanitarios que ignoran el altísimo riesgo de depresión y suicidio por el que pasan las personas obligadas a acudir a estas “curas“.

Desde la Plataforma por las Libertades (compuesta por En Defensa De La Vida y Dignidad Humana, la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia o la Asociación Europea de Abogados de Familia, entre otras) afirman que los derechos del colectivo LGTB se han impuesto de forma totalitaria y de espaldas a los ciudadanos.

Algo que es absolutamente falso, puesto que todas las leyes autonómicas se han votado (algunas han salido por unanimidad como en la Comunidad de Madrid) y todas las encuestas realizadas afirman que la sociedad española se sitúa a la vanguardia en cuanto a tolerancia e inclusión de la comunidad LGTB.

Los mismos perros que en el pasado (y en la actualidad) se postularon contra el divorcio y el aborto ahora ladran contra los derechos del colectivo LGTB y la igualdad de géneros. Y al igual que en el pasado, en la actualidad sus protestas tienen la batalla perdida: por mucho que retumbe la caverna del heteropatriarcado, el progreso no se detiene.

A este espanto de la Plataforma por las Libertades se unen también, entre otros, escritores preocupadisímos por la libertad de expresión, redactores de Actuall, periodistas contrarios a que la homosexualidad se convierta en un dogma de Estado, empresarios y muchos profesores que ven en peligro su libertad porque tendrán que hablar de la diversidad familiar en clase, o al menos no ignorarla si se da el caso.

Por suerte, sabemos que aunque haya unos cuantos profesores con ganas de meterle a sus alumnos la mayor cantidad de homofobia en la cabeza, hay muchísimos docentes por todo el país que están cabreadísimos con los panfletos homófobos que HO está mandando a los colegios. Se sienten muy insultados, precisamente, porque en esos librillos se cuestiona su actividad como educadores. Porque al final eso es lo que realmente les molesta, ver amenazada su libertad como padres para meter tonterías homófobas y discriminatorias en las cabezas de sus hijos.

Como ya comentamos en su momento, el hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores.

Si por ejemplo la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, el texto madrileño, sin duda ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse, pero no conviene bajar la guardia.

Fuente: La Gaceta, vía Redacción Chueca/EstoyBailando

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Un grupo de energúmenos arroja harina y huevos a la entrada de unas jornadas sobre menores transexuales en Cuenca

Martes, 20 de diciembre de 2016
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ars-antinatura-520x349Vergonzoso incidente el ocurrido el pasado sábado en Cuenca, donde un grupo de energúmenos ha arrojado huevos y harina a las puertas del Museo Paleontológico de la ciudad castellano-manchega, donde justo se iban a celebrar unas Jornadas sobre las Identidades Trans durante la Infancia y la Juventud. Por fortuna, el odio no ha impedido que el evento culminase con éxito.

Las “I Jornadas Identidades Trans durante la Infancia y la Adolescencia”, organizadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con la Fundación Daniela, han contado con la participación de más de doscientos profesionales de los sectores sociales, sanitarios y educativos de toda la comunidad autónoma, así como de especialistas en la realidad trans. Uno de los puntos a tratar era precisamente el desarrollo de un protocolo de atención a menores trans en el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lleva trabajando más de un año, según ha expresado la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez. Martínez ha aprovechado su presencia en la inauguración del evento para confirmar que en 2017 se convocarán las mesas de participación que definirán la futura ley LGTB regional, así como para recordar que esta misma semana se ha anunciado oficialmente que todas las mujeres castellano-manchegas podrán acceder a los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública regional con independencia de su orientación sexual o  estado civil.

La clausura de las jornadas ha estado a cargo del vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha reiterado la intención de su Gobierno de impulsar tanto el protocolo de atención a menores trans como la ley contra la discriminación de las personas LGTB, un texto que se quiere elaborar de forma participativa y consensuada con los colectivos. “No tenemos tanta prisa por la fecha como por que sea un texto que resuelva los problemas que puedan presentarse ante este tipo de situaciones”, ha declarado.

Magníficas noticias, en definitiva, para una región que lleva un considerable retraso jurídico en materia LGTB. Sin embargo, el evento de este viernes no ha estado libre de los propagadores de odio, tanto físicamente como en internet. Por un lado, tres individuos han arrojado huevos y harina a la entrada del evento, con el consiguiente riesgo físico para los asistentes. Uno de ellos mostraba un pequeño cartel en el que había escrito “Ars Antinatura, nunca mejor dicho”. También en internet era posible ver (en Actuall, panfleto digital ultraconservador en la órbita de HazteOír) cómo se acusaba a la Junta de sufragar con dinero público las jornadas a la vez que se hacía mofa de la transexualidad.

El violento incidente ha sido condenado tanto por la propia directora del Instituto de la Mujer quien mostró su apoyo a las personas LGTBI, para la cual “es intolerable que en una sociedad democrática y libre existan este tipo de actuaciones tan intolerantes basadas en la ignorancia y en el miedo”, como por el vicepresidente regional, para el que lo sucedido “en absoluto se corresponde con la voluntad de los conquenses”. “Somos una ciudad acogedora que respetamos cualquier tipo de pensamiento”, ha añadido.

También la Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha, que precisamente nos hacía llegar lo sucedido, ha condenado el incidente en Twitter:

WADO LGTBI+ también ha lamentado la ausencia en la inauguración de las jornadas tanto del alcalde de Cuenca como del presidente de la Diputación Provincial, que tenían previsto acudir pero que finalmente han preferido no hacerlo.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha, recordemos, está en manos del PSOE, que cuenta con 15 diputados en las Cortes regionales, uno menos que el PP. Los dos diputados de Podemos, sin embargo, evitaron que el PP gobernara, al quedar este partido un escaño por debajo de la mayoría absoluta en las pasadas elecciones regionales. La alcaldía de Cuenca y la presidencia de la Diputación Provincial están en manos, por el contrario, de lo los populares.

Fuente: Voces de Cuenca, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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Los colectivos LGTB+ de Castilla y León presentan en las Cortes regionales su propuesta de “Ley de Igualdad Social”, inspirada en el texto extremeño

Martes, 6 de diciembre de 2016
Comentarios desactivados en Los colectivos LGTB+ de Castilla y León presentan en las Cortes regionales su propuesta de “Ley de Igualdad Social”, inspirada en el texto extremeño

780x580-notasdeprensa-ignacio-perederoTransexualidad, Educación, Salud y Seguridad son temas centrales en la Ley.

Está basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura.

 Todas las capitales de provincia y decenas de otros municipios de la comunidad, han instado a la Junta de Castilla y León a aprobar la ley.

 La Junta de Castilla y León expresó durante el debate del estado de la región su voluntad de aprobarla.

Organizaciones LGTB+ de Castilla y León han presentado en las Cortes regionales, donde además se han reunido con representantes de todos los grupos políticos, su propuesta de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual, sobre cuyo borrador ya informamos hace unas pocas semanas. La propuesta tiene como base una ley muy similar que fue promovida en Extremadura por el Partido Popular y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño.

Tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado en tiempos recientes su voluntad de aprobar un ley de este tipo. El hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley así.

La propuesta de ley que han presentado los colectivos, basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura, tiene como objetivo “garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y cualquier otra forma de diversidad sexual y de género” y sus principios son, entre otros, la Igualdad y no discriminación, el reconocimiento de la personalidad, y la prevención de la discriminación y la desigualdad.

Para los colectivos castellano-leoneses, “existe una necesidad urgente de trabajar para eliminar la desigualdad social de la diversidad sexual, especialmente en temas como la transexualidad, la educación, la sanidad, la diversidad familiar o la seguridad”, temas centrales en la propuesta presentada este viernes. “Castilla y León es la comunidad del Estado con menor número de matrimonios del mismo sexo por población debido a su alto nivel de envejecimiento y a su ruralidad, dificultando de manera extrema el avance del respeto a la diversidad sexual, lo que hace a juicio de los colectivos que esta ley no sea solo necesaria, sino imprescindible”, expresan estos colectivos en un comunicado. Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo.

Respecto a la transexualidad, por ejemplo, el proyecto apuesta por el reconocimiento del derecho a la identidad sexual libremente manifestada, por una legislación integral para la salud de las personas transexuales así como por el reconocimiento y protección de los menores trans. En el ámbito de salud, persigue garantizar de manera integral las necesidades de las personas transexuales dentro del sistema de salud público, completando el protocolo de atención sanitaria ya existente. “Además, se apostará por eliminar las cirugías de asignación de sexo arbitrarias en bebés de los que no se conoce su identidad sexual, siempre que se garantice la salud del recién nacido. También se garantizará el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas con capacidad gestante y para terminar se avanzará en un protocolo de atención ginecológica que garantice la correcta atención a las mujeres lesbianas y bisexuales”, explica el comunicado.

En el plano educativo, la propuesta apuesta por un plan integral sobre educación y diversidad sexual y de género que proteja de manera especifica a los menores víctimas del odio a la diversidad sexual (diversexfobia), articulando un protocolo para evitar el acoso y proponiendo dos asignaturas optativas, una sobre derechos humanos y otra sobre sexualidad.

Respecto a la seguridad, el proyecto busca reforzar y potenciar las medidas de prevención, detección y sanción de cualquier conducta discriminatoria o cualquier forma de delito de odio, tanto en las empresas, a través de los planes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de la implementación del Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio. La ley, si se aprueba en los términos en los que desean los colectivos, promoverá sanciones administrativas a las personas físicas y jurídicas que vulneren los derechos de las personas LGTB+.

No hay razones políticas para que el proyecto no prospere…

780x580-notasdeprensa-fecylgtbTal y como está conformada en la actualidad la cámara regional y en la actual coyuntura política no debería haber problemas para que el texto resulte aprobado. En las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés. Y el PP, recordemos, fue el partido que promovió, con el acuerdo de los colectivos LGTB, la ley extremeña en la que se basa este texto. También ha dado su visto bueno a leyes similares aprobadas más recientemente en Baleares y Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Estaremos atentos a la tramitación parlamentaria.

“Esta propuesta de ley es la culminación de muchos años de trabajo en la calle de los colectivos, en una comunidad dura, durísima con la diversidad sexual. Solo venimos a proponer lo que muchas otras comunidades como Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares o Valencia ya han aprobado y lo proponemos aquí, precisamente donde es más necesario. Es hora de que Castilla y León se ponga al día con el respeto de la diversidad sexual. Hace mucha falta”, ha declarado Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+. “Desde Fundación Triángulo Castilla y León consideramos fundamental apostar claramente por la educación sexual que incluya la diversidad sexual y de género, en un marco que permita el autoconocimiento y el respeto por los derechos humanos de cara a vivir en sociedad atendiendo a la diversidad. Todo ello implica el respeto por la identidad del alumnado y la prevención del acoso escolar por motivo de orientación o identidad sexual”, ha expresado por su parte Yolanda Rodríguez, miembro del patronato de Fundación Triángulo Valladolid.

Fuente Dosmanzanas/Fundación Triángulo
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La “Plataforma por las libertades” pide a la Defensora del Pueblo que recurra la ley LGTB de Madrid

Lunes, 14 de noviembre de 2016
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soledad-becerril.-hagan-ustedes-el-favor_detalle_articuloSoledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

Ahora que se cumplen cuatro años del fallo del Tribunal Constitucional desestimando el recurso del Partido Popular contra el matrimonio igualitario, nos encontramos con que un centenar de organizaciones de corte ultraconservador, de esas que dicen defender a la familia,   han solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que utilice su capacidad legal para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad de las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio, incluyendo al Partido Popular de Cristina Cifuentes. Detrás de varias de estas organizaciones se esconden, curiosamente, diversas figuras del sector más extremista del PP, entre ellos uno de los dos diputados del grupo popular en la Asamblea de Madrid que aquel día se ausentaron del pleno para no votar la ley. Por cierto, entre los miembros de dichas asociaciones están antiguos miembros del Partido Popular como como Jaime Mayor Oreja y ex diputados y senadores como Lourdes Méndez, Javier Puente, Ángel Pintado y Gari Durán

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Colectivos LGTB+ de Castilla y León acuerdan un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género

Jueves, 3 de noviembre de 2016
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bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xOrganizaciones LGTB de Castilla y León han elaborado un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género que tienen previsto presentar a la Junta de Castilla y León para su tramitación. La propuesta está inspirada en la ley que en marzo de 2015 fue aprobada en la vecina Extremadura, con la mirada puesta en lo que allí sucedió: aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos en una cámara en la que el también gobernaba el Partido Popular.

Hay que tener en cuenta que tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo. Parece que el hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley de este tipo.

Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo. El texto, como mencionamos antes, adopta como modelo la Ley de Igualdad Social de Extremadura, promovida en su momento por el gobierno de José Antonio Monago y que aborda también en su articulado la realidad de las personas transexuales. No obstante, incluye mejoras que han sido tomadas de leyes aprobadas más recientemente en Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Recordemos que en las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés.

“Este borrador, este texto valiente, es un paso adelante más hacia conseguir la Ley de Igualdad Social LGTB+ que llevamos pidiendo en la calle varios años. Y ya estamos cerca de lograrlo”, ha señalado Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+. “Es hora de que Castilla y León avance de una vez hacia la igualdad del colectivo LGTB+. Precisamente aquí es donde más falta hace”, ha declarado por su parte Pepa Tascón, su vicepresidenta.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento andaluz aprueba tramitar dos propuestas de ley contra la LGTBIfobia: una de Podemos, y otra del PSOE

Martes, 11 de octubre de 2016

noticias_file_foto1_765153_1397130656El Pleno del Parlamento de Andalucía aceptó el pasado miércoles la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una presentada por Podemos y otra por el PSOE, contra la LGTBIfobia y la no discriminación de las personas LGTB. La toma en consideración del texto de Podemos, más ambicioso, recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas. La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, grupo que espera que se pueda llegar a un acuerdo y confluir en un único texto. Ambas proposiciones deberán ahora ser trabajadas en comisión. Esperamos que ahora todos los grupos políticos sean capaces de dejar atrás sus rencillas y consigan, en efecto, aprobar la mejor ley.

¿Cuál es la causa de que se hayan presentando dos proposiciones? Podemos ha optado por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo de la formación con varios colectivos LGTB andaluces. Ello ha dado lugar a un texto especialmente ambicioso, que incluye por ejemplo dar preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que va en la línea de respetar el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE está en desacuerdo.

No es algo nuevo, por cierto: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE andaluz, que en aquel momento gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar en más detalles y simplemente remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añadía de hecho el texto de aquella ley. Una solución un tanto ambigua que el texto presentado ahora por Podemos clarifica.

El PSOE, por su parte, ha preferido elaborar un proyecto alternativo al del Podemos, que ha presentado posteriormente. La propuesta socialista, en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans, remite simplemente a la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

No se trata, de todas formas, de único punto de discrepancia. Las hay, e importantes, a nivel laboral. El texto presentado por Podemos recoge una reserva de cuota de empleo público específica para personas transexuales. E incorpora el principio de inversión de la carga de la prueba: en casos de discriminación por LGTBIfobia, será el infractor el que deberá demostrar que no ha cometido la infracción.

Rivalidades políticas de fondo

PSOE y Podemos bien podrían haber intentado llegar a un acuerdo previo, pero lo que resulta en cualquier caso poco comprensible es la actitud de los socialistas, oponiéndose incluso a que el texto de Podemos fuese tomado en consideración. Una opinión extendida es que PSOE andaluz no ha querido que Podemos “se apuntase un tanto” ante el colectivo LGTB. En este sentido, resulta llamativo que tanto Ciudadanos como el PP hayan apoyado la toma en consideración de ambas propuestas, y que incluso la portavoz popular, Esperanza Oña, haya reconocido expresamente que el texto de Podemos es “más avanzado”. IULV-CA, por su parte, apoya el texto de Podemos.

Cabe destacar, de hecho, que el apoyo del PP a la toma en consideración de la propuesta de Podemos ha levantado ampollas en círculos conservadores. Buen ejemplo es el artículo publicado en ABC por Antonio Burgos, uno de los más ilustres representantes de la carcundia, que utilizando su habitual lenguaje faltón reprocha al PP que apoye “algo que les encanta a los votantes del PP (¡tararí!): una ley para que los menores puedan cambiar de sexo sin permiso de los padres y para que en el funcionariado reserven plazas para homosexuales y transexuales. Como ven, grandes preocupaciones que traen sin sueño a los votantes del PP”.

Un argumento de fondo, por cierto, que Burgos comparte con la diputada socialista en el Parlamento de Andalucía Soledad Pérez, encargada de defender la propuesta de su grupo el pasado miércoles. “Y, señora Oña, y señores y señoras del Partido Popular, ¿es menos o más ambicioso, que sin permiso paterno y sin pedirle ni opinión a los médicos, un menor de edad, transexual, se pueda hormonar solo? ¿Eso es más progresista o no? Eso es lo que dice la iniciativa del Grupo Podemos. ¿Eso es progresista, eso es avanzado…?”., le espetó la socialista a la diputada popular, después de que esta anunciase su apoyo a la toma en consideración de la proposición de Podemos.

Mar Cambrollé pide al PSOE que “deje de utilizar a los menores transexuales”

Todo apunta a que el tema de los menores transexuales seguirá dando que hablar. La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, ha solicitado de hecho al PSOE y al Gobierno andaluz “el cese de la campaña iniciada por este partido contra la ley contra la LGTBIfobia redactada por los colectivos” y en concreto ha pedido a Mario Jiménez, portavoz socialista en el Parlamento andaluz (por cierto, uno de los miembros de la gestora que actualmente gobierna al PSOE tras la caída de Pedro Sánchez) “la rectificación inmediata” de unas declaraciones en las que el socialista precisamente pedía al PP que pensase “si es coherente con su trayecto y pensamiento político aprobar una norma que permite que los menores, por su cuenta y riesgo, sin consentimiento paterno, puedan iniciar un procedimiento de reasignación de sexo” (cabe precisar, en este punto, que el procedimiento en discusión no es la cirugía de reasignación, sino un tratamiento médico que permite al menor que tras la pubertad su desarrollo corporal no se produzca en sentido opuesto a su identidad de género y que es reversible).

El político socialista, de hecho, cargaba en esas mismas declaraciones contra el hecho de que “la administración tenga que reservar plazas para transexuales en las convocatorias públicas”, algo que en su opinión “no es coherente ni razonable y que rompe la igualdad de oportunidades”, e incluso contra el principio de inversión de la carga de la prueba, algo que no se acaba de entender cuando ese mismo principio ha sido incorporado ya en diversas leyes autonómicas contra la LGTBfobia que han contando con el respaldo del PSOE o que incluso han sido promovidas directamente por este partido…

Y ahora otras organizaciones critican a Cambrollé

Para acabar de embrollar aún más el asunto, este viernes varias organizaciones (Junt@s tod@s por la igualdad, Glaidis, Fraternidad Apostólica de María, Adriano Antinoo, DeFrente y Andalucía Diversidad) hacían público un comunicado en el que “lamentan” el protagonismo de Mar Cambrollé y piden directamente a Podemos que elimine de su proposición de ley los aspectos que ya se abordan en la ley andaluza de transexualidad. “Ni Cambrollé ni su supuesta asociación son representantes de las personas LGTBI en Andalucía. No compartimos en absoluto las manifestaciones de Mar Cambrollé, quién se arroga una representatividad que no tiene, ya que no representa, ni mucho menos, al conjunto de entidades que se ven afectadas por el contenido de estas iniciativas legislativas”, expresa el comunicado, que llega incluso a considerar que Cambrollé “no está legitimada para ser portavoz del colectivo transexual desde el mismo momento en que fue expulsada de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por unanimidad de los representantes del área trans de esta federación”.

Para estos colectivos, es más adecuado “encauzar las reivindicaciones en materia de transexualidad en la evaluación de la ley integral aprobada en Andalucía” y muestran su rechazo a que “se inicie la tramitación de dos leyes en el Parlamento de Andalucía, porque esto generaría un bloqueo, un retraso en alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”. “Creemos que este tema no puede esperar y ante el análisis de las dos iniciativas consideramos que el texto del Grupo Socialista es el mejor punto de partida posible porque incorpora todas las sensibilidades y permitiría un acuerdo unánime de la Cámara andaluza”, añade el texto.

Mar Cambrollé, por su parte, ha expresado a dosmanzanas su indignación por unas acusaciones que directamente considera calumniosas hacia su persona. La presidenta de ATA insiste, en primer lugar, en que en ella habla en nombre de su asociación. Y respecto a su salida del área trans de la FELGTB, Cambrollé asegura que fue ella la que en su momento presentó la dimisión por propia voluntad, por lo que es “absolutamente falso” que fuera expulsada. Cambrollé señala, de hecho, que está estudiando emprender acciones legales para defender su honor e imagen.

Chrysallis Andalucía, a favor de la propuesta de Podemos

También la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis Andalucía ha terciado en la polémica, rechazado “el uso demagógico en la batalla política que se ha hecho del articulado de la proposición de ley presentada por Podemos en el Parlamento autonómico para garantizar los derechos de las personas LGTBI”. Chrysallis asegura en un comunicado que las afirmaciones de que esta permite que los menores inicien un procedimiento de reasignación de sexo sin consentimiento paterno simplemente “no se ajusta a la realidad”.

Chrysallis insiste en que a lo que se refiere el texto es a los “tratamientos hormonales, bloqueadores del inicio de la pubertad y cruzados, no a ninguna cirugía de ‘reasignación’ o reconstrucción genital, ‘como insidiosamente se ha pretendido hacer ver’”. Tratamiento que “para los y las adolescentes trans es esencial para su bienestar emocional, de modo que negárselo es tanto como abocarles al suicidio. Por ello todas las leyes autonómicas que han regulado en las últimas fechas esta materia recogen expresamente el derecho de los menores trans a recibir ese tratamiento hormonal; leyes en la mayoría de los casos aprobadas por unanimidad en sus respectivos parlamentos, porque en esta materia no debería haber intereses partidistas”.

Es por eso, según Chrysallis, que para proteger el interés del menor y dar cobertura a los profesionales sanitarios “que se encuentran impotentes antes la negativa injustificada de algunos padres, consideramos muy acertada la previsión contenida en la Proposición presentada por Podemos y cuya toma en consideración ha contado con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción del socialista”. “Instamos a todos los grupos parlamentarios a que den prioridad al interés superior de estos menores trans que no cuentan con el apoyo de alguno de sus progenitores, y que están siendo objeto de arma arrojadiza en una batalla política que no debería haber llegado a producirse”, añade el comunicado.

Confiemos en que se imponga el sentido común

El PSOE tiene en su haber una larga trayectoria de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTB, eso es indiscutible. Pero eso no debería suponer un cheque en blanco para que se arrogue en exclusiva una causa que no pertenece a ningún partido. En este sentido, no podemos sino calificar las mencionadas palabras de Soledad Pérez durante el pleno del miércoles, o las declaraciones de Mario Jiménez (anteriores a la votación), como muy poco afortunadas. Resulta especialmente difícil de entender que el portavoz socialista pareciese en ellas más preocupado de descalificar la propuesta de Podemos o de que el PP se saltase “sus propios principios y lo que viene defendiendo desde hace mucho tiempo [sic] que de defender las bondades de la propuesta del PSOE.

Es legítimamente discutible si esta ley debe entrar o no de lleno en la realidad sanitaria de los menores trans o ese capítulo debería reservarse para las discusiones sobre el desarrollo de la ley trans. Pero la descalificación de fondo que han hecho los portavoces socialistas del derecho de los menores trans a su autodeterminación de género, y sobre todo los términos en los que la hacen, es absolutamente reprochable.

Ojalá el PSOE sea capaz de reconducir la situación y en lugar de entrar en una absurda pelea para ver quien “se pone la medalla” sea capaz de confluir con la propuesta de Podemos y dar lugar al mejor texto posible. Y que las asociaciones LGTB andaluzas, libres de intromisiones de partidos y gobiernos, personalismos y luchas cainitas, remen también en ese sentido. Por el bien de todo el colectivo.

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Para todos los que queráis conocer las posturas de los grupos políticos sin intermediarios, en este enlace podéis acceder a la transcripción literal del debate que tuvo lugar el día 5 en el pleno del Parlamento andaluz (Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, páginas 6 a 32 del PDF).

Para los que queraís consultar las dos propuestas legislativas que están sobre la mesa, aquí tenéis el texto presentado por Podemos (páginas 8 a 38 del PDF), publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el 5 de agosto, mientras que aquí podéis consultar el presentado posteriormente por el PSOE (páginas 3 a 32 del PDF), publicado en ese mismo Boletín el 20 de septiembre.

Fuente Dosmanzanas

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FECyLGTB+ considera la Universidad Católica de Ávila no puede formar en delitos de odio a los policías

Viernes, 7 de octubre de 2016
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fecylgtb-logoLa formación contra delitos de odio es fundamental para garantizar la seguridad de las minorías.

La máxima autoridad de la Universidad Católica de Ávila es Jesús García Burillo, que considera que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad.

FECyLGTB+ pide a la Junta de Castilla y León que apoye a su Universidad Pública de Salamanca, como garantía de calidad e imparcialidad científica en la docencia.

 La FECyLGTB+, Federacion Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, considera preocupante para la protección de las minorias que una Universidad católica asuma la docencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de los funcionarios que nos protegen a todas y todos. Una institucion con una ideología religiosa determinada, contraria a la igualdad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, no puede impartir una docencia de calidad, imparcial y científica, que garantice la formación que necesitan los policias para identificar, comprender y proteger a las minorías frente a los delitos de odio.

Queremos recordar que la Universidad Católica de Ávila está encabezada jerarquicamente por el Obispo de Ávila, que considera la homosexualidad como menos legítima que la heterosexualidad llegando a afirmar estar alarmado de que con la aprobación del matrimonio igualitario “la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”. A juicio de FECyLGTB+, una institución encabezada jerarquicamente por alguien que afirma que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, dificilmente podrá impartir la formación necesaria para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en materia de delitos de odio, como recoge el Protocolo de Actuacion para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación , aprobado por el ministerio del interior.

Queremos recordar que en los dos últimos años, el numero de delitos de odio, especialmente las agresiones a la diversidad sexual, no han hecho más que aumentar en España. Es necesario mejorar la implementación del protocolo y promover nuevas medidas contra las agresiones a la diversidad sexual, pero esta concesión a una Universidad con una ideología que no respeta dicha diversidad nos genera, como colectivo, gran inquietud, pues tememos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lejos de avanzar para protegernos de los delitos de odio, sean formados en la creencia de que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, con las consecuencias que ello puede tener para nuestra seguridad.

Para Ignacio Paredero, Presidente de FECyLGTB+ “Una Universidad Católica no puede formar a la policía que nos protege a todos, incluso a los que dicha iglesia considera ilegítimos. Como colectivo LGTB+, que los policías que nos protegen reciban formación de una Universidad encabezada por quien nos considera ilegítimos, sencillamente, nos da miedo”.

Pepa Tascón, vicepresidenta de FECyLGTB+ ha afirmado que “España ya no es que sea aconfesional, es que es multicultural y está poblada por habitantes de diferentes religiones y creencias. Confiamos en que se inste a la Junta de Castilla y León a que la formación de nuestra Policía, la de todos, vuelva a la Universidad pública, neutral y aconfesional”.

Fuente FECyLGTB+

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El Ministerio del Interior adjudica la formación de los futuros policías nacionales a la Universidad Católica de Ávila

Miércoles, 5 de octubre de 2016
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ministro-interior-homofobia-marceloEl Ministerio del Interior, en manos del ultraconservador Jorge Fernández Díaz, ha adjudicado el concurso de formación de la Escuela Nacional de Policía, el lugar en el que se forman como agentes de la Policía Nacional aquellas personas que han aprobado la correspondiente oposición, a la Universidad Católica de Ávila, un centro de ideario católico, en lugar de a la Universidad de Salamanca, que ejercía hasta ahora esa función. Una noticia altamente preocupante, también en clave LGTB.

La Universidad Católica de Ávila, según se define ella misma“fue erigida por Decreto del Obispo de Ávila el 24 de agosto de 1996. Es una universidad de la Iglesia católica en España, canónicamente instituida a tenor del Artículo 3.1 de la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae del 15 de agosto de 1990; y civilmente amparada por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979”.

Su “gran canciller” (cúspide de su organigrama de gobierno) es el obispo de Ávila, Jesús García Burillo. Un personaje, no está de más recordar, que criticó duramente al Tribunal Constitucional por su sentencia favorable a la ley que hizo posible en España el matrimonio entre personas del mismo sexo. En un escrito dirigido a los fieles, García Burillo calificó al 6 de nvoiembre de 2012, fecha elegida por el alto tribunal para hacer pública la sentencia, como “dies amara valde” (“día de gran amargura”, en latín). Según el gran canciller de la Universidad Católica de Salamanca, ese día “se asestó un golpe letal a la institución familiar en España y se puso en peligro la educación afectiva de nuestros jóvenes”. García Burillo también aseguró que con dicha sentencia el Estado español se otorgaba “un papel totalitario” [sic]. “Pero más grave aún, y lo que hiere el alma de los educadores de jóvenes, es que con esta medida la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”, añadía en otro momento de la carta…

La “ideología de género”, equiparable al Estado Islámico

No es esta, de hecho, la primera vez que hacemos mención a la Universidad Católica de Ávila en esta página en el curso de pocos meses. El pasado mayo hacíamos referencia a una conferencia organizada por dicha institución, titulada “Teoría de género: sus repercusiones”, en la que el cardenal africano Robert Sarah, sucesor de Antonio Cañizares como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, equiparaba la “ideología de género” con el Estado Islámico (como por otra parte ya había hecho meses antes).

En la ciudad castellana, Sarah afirmó que “se ve claramente que hay un plan para destruir la familia y el matrimonio”, lo que supone “destruir la humanidad”. En este contexto, Según Sarah existen “dos fuerzas diabólicas: el ISIS o Estado Islámico y la teoría del género“. El Estado Islámico trata “a la mujer como una mercancía, una esclava“, y la teoría del género “niega la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino”En aquel acto estuvo, acompañando a Sarah, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez.

Malestar en la Universidad de Salamanca, protesta de PSOE y Podemos

La elección de la Universidad Católica de Ávila se ha justificado en el hecho de que este centro ha rebajado a la mitad el presupuesto de licitación, de 200.000 euros. Algo que ha causado malestar en la Universidad de Salamanca, cuyo rector, Daniel Hernández, se ha mostrado “dolido”, argumentando que una cuestión así no debe dirimirse solo por criterios economicistas. Los servicios jurídicos de la Universidad salmantina, de hecho, van a estudiar si la Universidad Católica de Ávila cumple los requisitos de profesorado exigidos. Se da la circunstancia además de que su profesorado, que tenía previsto seguir impartiendo la docencia a los futuros policías, había elaborado ya el programa para este curso.

250px-escuela_nacional_policia_espanaEn el plano político, tanto PSOE como Podemos han expresado su condena por la decisión y han pedido explicaciones. Para el PSOE, debe ser siempre una universidad pública la que se encargue de la formación universitaria de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los socialistas han anunciado la presentación de iniciativas tanto en el Congreso como en las Cortes de Castilla y León oponiéndose a esta medida (la Universidad de Salamanca, no lo olvidemos, es un centro público dependiente de la Junta de Castilla y León). El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León, por su parte, ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación de dicha comunidad, Fernando Rey, para que explique la posición de la Junta ante la decisión de Interior, y ha anunciado que su grupo registrará una Proposición No de Ley en la que reclamará a la Junta que inste al Gobierno de España a “evitar este atropello”.

Profundo desasosiego

Nuestra opinión como ciudadanos LGTB es clara: estamos ante una noticia muy grave. Saber que la formación jurídica (entre otras materias) de los futuros policías está en manos de una institución cuya máxima autoridad asegura que el Estado español se otorga “un papel totalitario” por aprobar una legislación que nos concede los mismos derechos nos produce un profundo desasosiego. Por muchas iniciativas de formación que luego se desarrollen para sensibilizar a aquellos para la LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas
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Piden la retirada de un libro de texto por su tratamiento de la gestación subrogada

Lunes, 19 de septiembre de 2016
Comentarios desactivados en Piden la retirada de un libro de texto por su tratamiento de la gestación subrogada

valores_eticosLa asociación Son Nuestros Hijos denuncia que el texto usa tanto un vocabulario como unos planteamientos que “desde el desconocimiento de la realidad de esta técnica reproductiva, ponen en riesgo de acoso escolar a los menores nacidos mediante esta”.

El colectivo Son Nuestros Hijos, que agrupa a familias -muchas de ellas homoparentales- que han tenido a sus hijos mediante el procedimiento de gestación subrogada, ha pedido la retirada inmediata del libro de texto escolar “VALORES ÉTICOS 3”, de tercero de secundaria (editorial Anaya). Para Son Nuestros Hijos, la forma de presentar las implicaciones éticas de este procedimiento “usa tanto un vocabulario como unos planteamientos que, desde el desconocimiento de la realidad de esta técnica reproductiva, ponen en riesgo de acoso escolar a los menores nacidos mediante esta”.

Desde Son Nuestros Hijos lamentan que se utilice en la aulas este libro editado en 2015 por ANAYA Educación, del grupo editorial ANAYA, y redactado por Fernando Martínez Llorca, José Javier Fernández Pereira y Sebastián Salgado González.  El texto denunciado por Son Nuestros Hijos, abiertamente crítico con la gestación subrogada (procedimiento al que llama “maternidad alquilada”, pese a que gestación y maternidad sean conceptos bien diferentes), es el siguienteEste trata la gestación subrogada en estos términos::

Dilemas morales en medicina y biotecnología: Maternidad alquilada. Una pareja desea tener descendencia pero, por problemas genéticos, no puede. Entonces contrata a una mujer joven para que sirva de “madre de alquiler”: los médicos han fertilizado a esta mujer con esperma del futuro padre. Una vez que haya dado a luz, la madre biológica cederá sus derechos de maternidad a la mujer estéril. Pero ¿qué ocurre si la madre de alquiler cambia de opinión o si el bebé nace con alguna enfermedad genética? En cualquier caso, ¿debe estar permitido el alquiler de la maternidad?

Para Son Nuestros Hijos, este texto “ofrece un desconocimiento total de cómo es la técnica reproductiva y de la legislación internacional sobre gestación subrogada incluidas las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, o las consideraciones sobre la técnica de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Española de Fertilidad y de otras sociedades médicas nacionales e internacionales”.

Pero más allá de estas consideraciones, “que de por sí descalificarían cualquier escrito”, para este colectivo lo más preocupante es “la terminología y las insinuaciones utilizadas en un texto destinado a ser analizado en clase y en el que se vulneran flagrantemente el respeto, dignidad y honor de menores nacidos por gestación subrogada, convirtiéndolos en presa fácil para el bullying”. “No es aceptable, de ninguna de las maneras, que se evalúe en el aula la idoneidad del modelo de familia de ningún menor. Por ello, se ha exigido la retirada del libro a la editorial y se ha solicitado a las autoridades educativas que, antes de autorizar cualquier texto que ponga en riesgo la integridad de los menores, se valore adecuadamente o se consulte con las familias implicadas, pues nada hay mas grave que estimular el acoso escolar desde dentro del propio centro educativo”, explican desde Son Nuestros Hijos.

Gestación subrogada: ¿debate tabú?

La gestación subrogada es una cuestión que despierta gran polémica. En España, por ejemplo, siempre ha habido gran resistencia a regularla, tanto desde posturas conservadoras como desde parte del movimiento feminista (representada por ejemplo por la plataforma No Somos Vasijas), que se opone por considerarla una forma de explotación mercantilista del cuerpo de la mujer. Ni siquiera entre los colectivos LGTB las posiciones son unánimes.

Hace pocos meses asistíamos a cómo por primera vez el debate llegaba a la Asamblea de Madrid de la mano de Ciudadanos, que propuso que el Gobierno madrileño solicitase al Gobierno de España que regulase esta práctica. Una propuesta que contó con el apoyo de la mayor parte de los representantes del PP de Cristina Cifuentes (aunque tres de sus diputados más conservadores se rebelaron y votaron en contra), el rechazo frontal del PSOE y la oposición matizada de Podemos, que presentó varias enmiendas con objeto de pedir garantías máximas para las mujeres gestantes, incluyendo el derecho a exigir la custodia del niño durante un periodo de tiempo establecido. La oposición del PSOE a la regulación de la gestación subrogada ya se había hecho evidente en junio del año pasado, cuando desde el entonces grupo socialista del Congreso se llegó incluso a proponer prohibir la difusión de cualquier información que facilitase el acceso a dicho procedimiento, legal en varios países (los socialistas acabaron por retirar la propuesta).

La iniciativa de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, de hecho, fue finalmente rechazada, gracias a la rebelión de los tres populares díscolos. El PSOE votó en contra y Podemos también, estos últimos al no ver admitidas su enmiendas. Sirvió, al menos, para que se abriera el debate. Especialmente interesante, a este respecto, fue la carta que Marta López, presidenta de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, dirigió a la diputada de Podemos Clara Serra, en la que López argumentaba de forma detallada por qué su asociación se oponía a las enmiendas sugeridas por Podemos. Un debate que sin embargo se encuentra de nuevo paralizado.

Y como siempre, las parejas del mismo sexo pagan el pato

No seremos nosotros, desde dosmanzanas, los que demos solución a la disyuntiva. Pero creemos que el debate debe continuar. La gestación subrogada es legal en países a los que España reconoce su capacidad para determinar la filiación, y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado ya en un par de ocasiones a favor del pleno reconocimiento en suelo europeo de los hijos nacidos por ese procedimiento en terceros países. La primera de las sentencias se produjo, de hecho, justo cuando en España algunos tribunales avalaban rechazar la inscripción de estos niños y el entonces gobierno del PP se planteaba un cambio legislativo que los dejaba absolutamente desprotegidos. Curiosamente, todos los problemas dieron comienzo cuando fueron parejas de hombres los que comenzaron a acceder a este procedimiento: a las parejas heterosexuales estériles no parece que el Registro Civil español les haya tradicionalmente puesto problema alguno para inscribir a sus hijos.

Países socialmente avanzados, como Canadá, se han llegado a plantear incluso su cobertura por la sanidad pública. Hay países, por otra parte, que han optado por legalizarla siempre que no medie interés económico, como es el caso del Reino Unido, donde por ejemplo una pareja de hombres pudo tener un hijo gracias a que la hermana de uno de ellos se ofreció para gestarlo y dar a luz o que un gay soltero sea padre gracias a la generosidad de su propia madre.

Lo que en cualquier caso no es de recibo es lo que ha sucedido en México o en Portugal, en los que finalmente se admite la gestación subrogada pero se excluye de ella a las parejas del mismo sexo. En el caso de México, lo que comenzó como una iniciativa que parecía en principio destinada a prohibir esta práctica (que había sido regulada en los estados de Tabasco y Sinaloa, y sobre la que existía un vacío legal en el resto del país) acabó por legalizarla cuando exista una estricta indicación médica. En definitiva y en la práctica, solo para parejas heterosexuales estériles. En el caso de Portugal, la alianza parlamentaria entre socialistas y Bloque de Izquierda, apoyada por alrededor de un tercio de los diputados del Partido Social Demócrata (oposición de centro-derecha, que tuvo libertad de voto) permitió la aprobación del procedimiento para parejas heterosexuales que no pueden concebir hijos, dejando fuera, en la práctica, a las parejas del mismo sexo.

En España, dentro del mundo LGTB, es el colectivo madrileño COGAM el que más se ha significado a favor de que se regule la gestación subrogada, y de hecho COGAM y otras organizaciones se han agrupado en la Plataforma de entidades LGTB+ por la legalización de la Gestación por Subrogación, presenta este miércoles en Madrid (puedes descargar aquí su manifiesto). Lo que pide COGAM es una regulación que respete los derechos de todas las personas intervinientes, vetando la posibilidad de intercambio económico más allá del abono de las molestias y gastos. “Tenemos el convencimiento de que el activismo LGTB debe estar presente en este debate ante la más que previsible legalización de esta técnica de reproducción asistida que se producirá antes o después, pero que tenemos el convencimiento de que llegará como está ocurriendo en los países de nuestros entorno”, expresaron desde COGAM en su momento. Otros colectivos LGTB, sin embargo, prefieren mantenerse al margen de este debate.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara amarga

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