La Asamblea Legislativa de Puerto Rico (Senado y Cámara de Representantes) ha aprobado la llamada ley de “restauración de la libertad religiosa”, que no es otra cosa que un intento de los sectores políticos conservadores de legalizar, por la puerta de atrás, la discriminación a personas LGTB. Las esperanzas de los colectivos en favor de los derechos civiles están ahora depositadas en el gobernador, Ricardo Rosselló, que en su momento mostró su oposición a una versión anterior del mismo proyecto, y que dispone de capacidad de veto.

La ley de “restauración de la libertad religiosa” imita leyes del mismo estilo que a lo largo de los últimos años han sido aprobadas en varios estados de Estados Unidos (sobre todo del sur), y que ensanchan los límites de la Religious Freedom Restoration Act, la ley federal de protección de la libertad religiosa aprobada en 1993 y vigente también en Puerto Rico. Se trata de leyes que, al calor de los más recientes avances en materia de derechos LGTB en Estados Unidos (muy especialmente tras la decisión de 2015 del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario y sus consecuencias) buscan dar cobertura legal a personas, instituciones y negocios para discriminar (sin nombrarlas) a las personas LGTB en nombre de la libertad religiosa.

En el caso de Puerto Rico, en concreto, el proyecto es visto como una especie de “compensación” a los sectores religiosos (especialmente las pujantes iglesias evangélicas), muy molestos por la reciente aprobación de una ley de adopción abierta a parejas no casadas y del mismo sexo. Ha sido promovido por los representantes María Milagros Charbonier, Guillermo Miranda Rivera y Carlos “Johnny” Méndez, todos ellos miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), partidario de la anexión completa de Puerto Rico a los Estados Unidos, y que actualmente tiene mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y al que también pertenece el gobernador.  Carlos “Johnny” Méndez, de hecho, es el presidente de la Cámara de Representantes.

El proyecto que ha sido aprobado determina que el Gobierno no podrá “menoscabar” ni “imponer una carga sustancial” al “libre ejercicio religioso de una persona”, aun cuando la carga resulte de la aplicación de una ley o norma (la única excepción será la existencia de un “interés gubernamental apremiante”). Permite también a cualquier “empleado, contratista o funcionario” que considere que su libertad religiosa está amenazada “requerir a su institución eclesiástica que le asista en su reclamo”. Una redacción que los grupos de defensa de los derechos civiles consideran claramente una “licencia para discriminar”. “Si este proyecto se convierte en ley con la firma del gobernador, los servicios gubernamentales serán rehenes de las creencias religiosas de quienes trabajen en él”, asegura por ejemplo Amárilis Pagán, representante de CABE (Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad). Desde esta organizacion recuerdan además que no solo las personas LGTB están en peligro: según el abogado y portavoz Osvaldo Burgos, poner en manos de un funcionario la capacidad de elegir a quiénes discriminar en el ofrecimiento de servicios “es dar mano libre para discriminar a madres solteras, a víctimas de violencia doméstica, a personas negras, a personas de residenciales, a usuarios de sustancias y a tantas otras personas cuya apariencia o circunstancias puedan ser juzgadas de manera negativa”.

Los partidarios del proyecto, por su parte, argumentan que el texto incluye una salvaguarda que asegura que ninguna persona deje de recibir un servicio del Estado. Una pareja del mismo sexo a la que un funcionario rechace dar servicio alegando motivos religiosos mantendrá su derecho a ser atendida por otro.

La decisión, en manos del gobernador

Sea como sea, el proyecto ya ha sido aprobado por el Senado de Puerto Rico (por 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones) y por la Cámara de Representantes (por 29 votos a favor y 6 en contra, con 16 ausencias). Queda ahora a la espera de la decisión que adopte el gobernador, Ricardo Rosselló, que dispone de capacidad de veto (que solo puede ser levantado por dos tercios de las cámaras legistativas), y que cuando se discutió una versión anterior del proyecto se mostró en contra al entender que en efecto abría la puerta a la discriminación. La duda es si tras las modificaciones técnicas introducidas en esta segunda versión el gobernador seguirá opinando lo mismo. Por el momento ha preferido no despejar las dudas, supuestamente por no conocer todavía la versión definitiva. “Mi posición, ustedes la conocen, y ha sido bien clara. A menos que yo vea unos cambios significativos, lo cierto es que mi posición continúa siendo la misma”, ha declarado.

En estos últimos días se han sucedido los llamamientos a Rosselló para que vete el proyecto por parte de personas y organizaciones en favor de los derechos civiles, incluyendo por ejemplo a la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que considera que el proyecto tendrá un impacto directo en el “bienestar psicológico, emocional, social, económico y legal” de los grupos vulnerables y “levantaría exclusión e interpretaciones equivocadas en favor de la libertad de culto”. Los líderes religiosos, por su parte, amenazan a Rosselló con retirarle el apoyo en las próximas elecciones. Veremos qué sucede finalmente.

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Más de sesenta parejas del mismo sexo se casaron o renovaron votos nupciales este domingo en el Viejo San Juan, centro histórico de la capital de Puerto Rico. La multitudinaria boda, en la que participaron contrayentes de muy diferentes orígenes y que fue oficiada por ministros de varias confesiones religiosas, supone un hito de visibilidad LGTB en el país y un rayo de esperanza para el Caribe.

Ya en julio nos hacíamos eco de la celebración de las primeras bodas en Puerto Rico, menos de un mes después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario. Pero la de este domingo ha sido sin duda hasta ahora la más significativa. Y es entre las más de sesenta parejas que contrajeron matrimonio (algunas de ellas renovaron votos, porque ya estaban casadas) hubo ciudadanos cubanos, chinos, dominicanos o haitianos. Cada pareja pudo escoger además un oficiante religioso, y de hecho hubo representantes de varias confesiones, incluidas la musulmana y la budista.

La boda tuvo lugar en el Paseo de la Princesa, uno de los rincones emblemáticos del Viejo San Juan, bajo una lluvia que nunca cesó y que de hecho fue saludada como un buen augurio por los asistentes, especialmente si se tiene en cuenta que Puerto Rico se enfrenta a un período de sequía. “¡Hoy el cielo llora de felicidad!”, comentó la abogada y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Puerto Rico, Ada Conde, una de las organizadoras del evento. Conde formó parte del grupo de activistas que demandaron a Puerto Rico ante la justicia federal (en su caso, por negarse a reconocer su matrimonio con Ivonne Álvarez, celebrado en el estado de Massachussetts en 2004).

A continuación insertamos un emotivo vídeo realizado por el diario puertorriqueño El Nuevo Día, que muestra diversas imágenes del acto. La alegría que traslucen es indudable:

Una historia judicial complicada

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Como en otros territorios vinculados a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la historia del matrimonio igualitario en Puerto Rico no se puede desligar del ámbito judicial. En octubre del año pasado, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era constitucional. Los demandantes recurrieron ante la Corte federal de Apelaciones del 1er. Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra la isla (una de las que no había tenido oportunidad de dirimir sobre la cuestión, porque en el resto de los estados que comparten jurisdicción ya estaba vigente sin que se plantearan desafíos ante la justicia federal).

La Corte de Apelaciones denegó sin embargo en abril la solicitud para fijar la fecha de presentación de los argumentos orales, retrasando en la práctica la decisión hasta que el Supremo se pronunciase. Tras la sentencia del Supremo, un panel de tres jueces de la Corte confirmaba el 8 de julio por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública del estado hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales a partir del 13 de julio (aquí puedes ver el formulario, que simplemente habla de “contrayente A” y “contrayente B”).

Hubo una última escaramuza por parte de los sectores homófobos de la isla antes de aceptar su derrota. Cuatro representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación conservadora que curiosamente defiende la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que frenase la aplicación en la isla de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así como la orden ejecutiva emitida por el gobernador. El Supremo de Puerto Rico rechazó sin embargo la solicitud, y los legisladores del PNP decidían finalmente acatar la decisión y retirar la demanda que además habían interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, antes de que fuera el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico el que solicitase su desestimación. El matrimonio igualitario ya era una realidad en el Caribe.

Fuente Dosmanzanas

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Las bodas entre personas del mismo sexo llegan a Puerto Rico, menos de un mes después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (con jurisdicción sobre el estado libre asociado) que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario. Una de las primeras bodas ha sido de hecho la celebrada entre Yolanda Arroyo y Zulma Oliveras, una de las parejas que en su momento recurrieron ante la justicia federal para ver reconocido su derecho a casarse.

Y es que, como en otros territorios vinculados a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la historia del matrimonio igualitario en Puerto Rico no se puede desligar del ámbito judicial. En octubre del año pasado, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era constitucional. Los demandantes recurrieron ante la Corte federal de Apelaciones del 1er. Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra Puerto Rico.

La Corte de Apelaciones denegó sin embargo en abril la solicitud para fijar la fecha de presentación de los argumentos orales, estableciendo que en el plazo de 14 días desde la decisión del Tribunal Supremo las partes debían presentar sus propuestas de calendario para los procedimientos pendientes. En definitiva, se retrasaba la decisión hasta que el Supremo se pronunciase unas pocas semanas después. Conviene tener en cuenta que la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito era una de las que no había tenido oportunidad de dirimir sobre la cuestión del matrimonio igualitario, porque en el resto de los estados de su jurisdicción (Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island) este ya está vigente por decisión de sus Cortes Supremas, sus legislaturas estatales o incluso –en el caso de Maine– mediante referéndum.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba el pasado 8 de julio por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales a partir del 13 de julio (aquí puedes ver el formulario ya disponible, que simplemente habla de “contrayente A” y “contrayente B”).¨

Fracasó el  intento de un grupo de políticos de detener las bodas

Sin embargo la batalla judicial se prolongaba: cuatro representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación de corte conservadora que curiosamente defiende la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos como un estado más de la unión, solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que frenase la aplicación en la isla de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así como la orden ejecutiva emitida por el gobernador. El Supremo de Puerto Rico rechazó sin embargo la solicitud el pasado jueves, y los legisladores del PNP decidían finalmente acatar la decisión y retirar la demanda que además habían interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, antes de que el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico tuviera tiempo de solicitar su desestimación.

Poco ha importado este último intento desesperado de los homófobos de detener la aplicación de la sentencia del Supremo: lo cierto es que las bodas entre personas del mismo sexo ya han comenzado en Puerto Rico. La de Yolanda Arroyo y Zulma Oliveras ha sido la primera en trascender. Ha tenido lugar en Santurce, un barrio de San Juan. La madrina del enlace fue la abogada y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Puerto Rico, Ada Conde, quien también ha formado parte del grupo de activistas que demandó a Puerto Rico ante la justicia federal (en su caso, por negarse a reconocer su matrimonio con Ivonne Álvarez, celebrado en el estado de Massachussetts en 2004).

¡Muchas felicidades a las recién casadas y a todas aquellas parejas de Puerto Rico que sigan sus pasos!

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