Una pareja ha denunciado haber sido objeto de una agresión tránsfoba en la madrugada del pasado 26 de mayo en Zaragoza. La peor parte, por lo que a los golpes se refiere, fue para el chico, Erik García, presidente del colectivo aragonés Visión Trans, que solo días antes había recogido en Sevilla un premio por su activismo en favor de los derechos de las personas trans.

Según ha denunciado la Federación Plataforma Trans, la pareja, formada por un chico y una chica, ambas personas trans, intentó entrar pasadas las tres de la madrugada del domingo 26 de mayo a un bar, aún con clientes dentro, con intención de comprar tabaco. Una persona vinculada al establecimiento les prohibió el acceso, argumentando que ya estaba cerrado. Al salir, uno de ellos rozó la persiana metálica, que estaba medio bajada, y la persona que les había prohibido el acceso salió y se dirigió hacía ellos, comenzando los insultos homófobos y tránsfobos del tipo de «en mi bar no van a entrar maricones de mierda ni putos travestis». Insultos de los que fue testigo una amiga que acompañaba a la pareja. Al pedir explicaciones por la reacción, el agresor agarró a la chica. Cuando él intentó separarlos le propinó un fuerte golpe en el rostro, lo tiró al suelo y continuó dándole puñetazos. En el parte de lesiones se hace constar un hematoma en zona infraorbitaria y la presencia de siete piezas dentales con línea de fractura. Su pareja, por su parte, ha tenido que tomar medicación como resultado del cuadro de ansiedad resultante.

#StopTransfobia #SiTocanAUnxNosTocanATodxs
🔊 Es #URGENTE la tramitación de la #LeyTransEstatal de protección jurídica del derecho a la identidad sexual y agravar los delitos de odio #ContraLaTransFobiaTolerenciaCero
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— Plataforma Trans (@PlataformaTrans) 2 de junio de 2019

La Federación Plataforma Trans ha condenado los hechos y ha exigido que se adopten las medidas oportunas. «Las personas trans somos objeto de una gran violencia que se concreta en bullying escolar, acoso laboral, en redes sociales y agresiones tanto verbales como físicas en espacios públicos, ante la falta de aplicar en los delitos de lesiones o vejaciones el agravante de odio por transfobia», señala en su comunicado su presidenta, Mar Cambrollé.

Una de las víctimas, premiado en mayo por su activismo

Erik García, el chico agredido, fue galardonado el pasado 17 de mayo con uno de los Premios T, que concede la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, en reconocimiento a su activismo. En su discurso aludió a los riesgos de una involución en los derechos de las personas trans y exigió, como buena parte de los allí presentes, la aprobación de una ley trans de carácter estatal que protega los derechos de este colectivo especialmente vulnerable. «Hemos luchado contra el gobierno, contra todo, y hemos conseguido que en Aragón se haya aprobado una ley que reconoce nuestros derechos. Y ahora queda por hacer que haya una ley estatal para toda España», expresó entonces, en alusión a la aprobación, el pasado 2018, de una avanzada ley trans en su comunidad.

Fuente Dosmanzanas

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Otra vez una adolescente trans se ha quitado la vida en España. En esta ocasión ha ocurrido en Móstoles (Madrid). A pesar de que se desconocen públicamente muchas de las circunstancias que rodearon su suicidio, las reacciones no se han hecho esperar. No es de extrañar. Las recientes campañas tránsfobas de HazteOír, la desesperante lentitud con la que se están acometiendo los cambios legislativos necesarios para abordar de una vez la realidad de los menores trans y el recuerdo de Alan y de Ekai, otros dos adolescentes trans que también se quitaron la vida, pesan demasiado.

La noticia la difundía este viernes el colectivo Móstoles feminista en su página de Facebook. «Hoy tenemos también una lamentable noticia, ayer una mujer trans de 17 años se suicidó, aquí en nuestra ciudad, vecina y alumna de una compañera. Thalía acababa de comenzar su tratamiento hormonal. Algo, ese algo que a menudo se llama presión social, maltrato institucional o acoso, llevo a Thalía a quitarse la vida. Sentimos y nos indignamos con casos como el suyo. Nunca, nadie, debería decirnos como tenemos que ser», contaba Móstoles Feminista.

Carla Antonelli se hacía eco poco después en su cuenta de Twitter, denunciando la «insoportable presión social» que sufren las personas trans menores de edad y los discursos de odio a los que se tienen que enfrenta :

De nuevo día muy oscuro, como informa @MostFeminista, una adolescente trans 17 años, Thalia, se ha quitado la vida en Mostoles, insoportable presión social, discursos #IdeologíaDelOdio que llevan al limite vidas que rompen en mil añicos, DEP, #NosQueremosVivxs #ThaliaContigo❤️ pic.twitter.com/n009Lc3B06

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 5 de mayo de 2018

La Plataforma por los Derechos Trans, por su arte, ha expresado su gran dolor por la «reiterada y lamentable forma con que los jóvenes trans ‘gritan’ al mundo, que esta sociedad está enferma si no es capaz de crear condiciones culturales, sociales y participativas, donde todas y todos quepamos y donde el derecho a ser sea un derecho que vertebre la convivencia social». «Hay que dar urgentemente una respuesta transversal e integral a todas las situaciones y ámbitos donde las personas trans son objeto de discriminación; la educación, atención sanitaria, inclusión laboral, el deporte y la identidad legal, han de proteger el derecho a la identidad sexual y expresión de género”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

Los detalles sobre el suicidio de Thalía se desconocen públicamente. Según ha podido saber dosmanzanas de fuentes que la conocen, su historia es compleja y en ella entran también en juego otras circunstancias personales ajenas a la condición trans de la chica. Pero no nos cabe la menor duda de que la realidad social a la que hoy día siguen teniendo que enfrentarse las personas trans menores de edad ha contribuido.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

En febrero de este año otro adolescente trans, Ekai, se suicidó en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre. Quizá no sea suficiente para acabar totalmente con la sangría, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans.

Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado. Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por último, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros.

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Vergonzosa transfobia de la Fiscalía, que en un escrito dirigido al Tribunal Supremo en el que solicita que se confirme la condena de un año de cárcel a Cassandra Vera por sus chistes sobre la muerte de Carrero Blanco se refiere a esta en masculino y la acusa de esconderse bajo un “pseudónimo”, en referencia a su nombre. 

En un escrito para refutar el recurso de la defensa solicitando al absolución de Cassandra Vera, la Fiscalía reincide en su actitud transfóbica al referirse a ella siempre en masculino y señalando que el nombre que ella a elegido para reflejar su identidad de género es un simple «pseudónimo» bajo el que oculta su «verdadera» identidad.

El caso es bien conocido. La estudiante trans de Historia Cassandra Vera fue condenada en marzo de 2017 a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta al considerarla la Audiencia Nacional culpable de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras publicar varios chistes referidos a la muerte de Luis Carrero Blanco (el que fuera presidente del Gobierno de la dictadura franquista, objeto de un atentado de ETA en junio de 1973). La defensa de la joven presentó el correspondiente recurso al Tribunal Supremo. Durante el proceso y después la joven ha sido víctima de comentarios tránsfobos (incluso por parte de cargos públicos electos) que, estos sí, han quedado impunes.

Pues bien, según desvelaba ayer la cadena SER, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena mediante un escrito en el que continúa refiriéndose a Cassandra Vera en masculino (como ya ocurrió durante el juicio en la Audiencia Nacional). Y ello a pesar de que es público y notorio que su identidad de género es femenina, aunque no haya modificado a día de hoy su identidad registral. Pero la Fiscalía va en este caso aún más lejos, y la acusa de esconderse bajo pseudónimo. “Existen datos para sostener que el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilícitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra?”, afirma el escrito, siempre según la SER. En definitiva, la condición trans de Cassandra se convierte en un argumento culpabilizador…

En una entrevista concedida al diario Público, Cassandra Vera asegura sentirse humillada, aunque no sorprendida, tras conocer la noticia. “Es una muestra de que en las instituciones sigue habiendo mucha homofobia y transfobia. Era difícil superarse y lo han conseguido. Se han lucido. Muestra lo bajo y lo ridículo que ha caído el fiscal de mi caso. Cassandra es mi nombre, es el que todo el mundo usa conmigo y así me presento. Es ridículo que diga que lo utilizo para esconder mi identidad cuando yo he subido fotos mías a Twitter, de mi vida cotidiana, del sitio donde estudio…“, asegura.

Público pregunta también a Vera por lo que sucedió en el juicio de la Audiencia Nacional, donde ya se la trató en masculino. La joven destaca, en este sentido, lo paradójico de que en un juicio que supuestamente buscaba reparar la dignidad de otra persona se denigrara la suya. “Como si yo tuviera menos derecho a la dignidad. En la sentencia también se escribió mi antiguo nombre, en masculino. No sé hasta qué punto debe de ser así en los documentos legales, pero es cierto que en el juicio podrían haber mostrado más respeto, pero nada. Hay que tener en cuenta que hablamos de una gente que me juzgó y condenó por hacer chistes de un fascista. No espero ningún re speto ni comprensión de esta gente”, añade.

«El escrito menosprecia intencionadamente un derecho tan básico como la identidad de género de las personas . Además, durante la visita oral en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se la trató continuamente como un hombre pese que ella se considera una mujer, lo que es otro claro discriminación institucional», declara Marta Sorlí, de Compromís, quienes han solicitado en varias ocasiones el indulto para la tuitera murciana.

“Estupor” de la Plataforma por los Derechos Trans

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad ha mostrado en un comunicado su desconcierto por el trato a Cassandra Vera en el escrito de la Fiscalía, que considera “vejatorio, trasnochado y una agresión al derecho de la libre determinación de la identidad y expresión del género”. “La identidad sexual no es un disfraz, es un derecho humano, y en consonancia a esta las personas nos socializamos y relacionamos”, asegura su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual el nombre por el cual las personas desean ser llamadas forma parte del derecho al honor, intimidad y la propia imagen de las personas trans.

La Plataforma recuerda que no solo diversas leyes autonómicas reconocen como un derecho la libre determinación de la identidad y de la expresión de género, sino también distintas directivas y declaraciones internacionales “que hacen que la libre determinación de la identidad tenga rango de derecho humano fundamental”. “Denominar pseudónimo al nombre libremente elegido con el que la joven Cassandra se socializa y vive su identidad es una forma de ridiculizar y no respetar la identidad de esta joven, y por ende de todas las personas trans, constituyendo un retroceso y un revés a todos los avances en derechos ya en vigor en muchas comunidades del Estado español” añade Erik García, vocal de juventud de la entidad.

“Estos lamentables e inaceptables hechos, ponen de manifiesto la necesidad de una legislación específica para las personas trans que garantice la libre determinación de la identidad y expresión de género. Es inaplazable seguir demorando el registro inminente de la propuesta de ley trans estatal que Unidos Podemos se ha comprometido a registrar y que hará de España el epicentro del respeto y la protección jurídica de las personas trans”, concluye el comunicado.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/Universogay

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La Fundación del Español Urgente ha escogido “trans” como una de sus doce candidatas de 2017 a palabra del año. Se trata de una lista de términos que han estado presentes en la actualidad informativa del año en cuestión y manifiestan además algún interés o curiosidad desde el punto de vista lingüístico. 

“Trans”, según la Fundéu, “es un acortamiento válido de los adjetivos transexual y transgénero”. “Aunque en algunos contextos se emplean indistintamente las palabras transgénero y transexual para referirse a las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer, en otros la segunda se aplica solo a quienes, además, han iniciado un proceso de reasignación mediante tratamientos como la hormonación o la cirugía. Trans es un acortamiento adecuado desde el punto de vista lingüístico (como foto, tele, hetero o progre) que engloba los dos términos anteriores y es, en general, la forma preferida por las personas de este colectivo”, argumentaba en marzo de 2017 esta entidad.

“Al igual que transexual y transgénero, trans es un adjetivo que se emplea en ocasiones como sustantivo («un/una trans»). La comunidad LGTB rechaza este uso y prefiere que se utilice como adjetivo («una persona trans»). En todo caso, no es preciso destacarlo con cursivas ni comillas”, continuaba la Fundéu. “Para aludir al rechazo a las personas trans se emplea el sustantivo transfobia. El adjetivo preferible es tránsfobo, aunque la forma transfóbico no es incorrecta”, añadía.

Al hilo del término “trans”, la Fundéu hacía también una referenca al término “cis”: “El uso de los términos transexual y transgénero ha dado lugar, en este contexto, a la aparición de sus contrarios, cisexual y cisgénero, con los que se alude a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Se usa también, y es válido, el acortamiento cis”.

La Plataforma por los derechos Trans lo celebra

Tras conocer la inclusión del término entre las candidatas, la Plataforma por los Derechos Trans # Nadie Sin Identidad ha mostrado en un comunicado su satisfacción “por la visibilidad que supone para un colectivo que por ignorancia vive en la exclusión social y en una falta de protección jurídica que le garantice el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género como derecho humano fundamental”, en palabras de su presidenta, Mar Cambrollé.

Para esta plataforma, “aunque desde hace aproximadamente 25 años los colectivos de gais y lesbianas nos incluyeron en el acrónimo LGTB, paradójicamente al tratarse de realidades distintas, orientación e identidad, las políticas LGTB han hecho más hincapié en las demandas y visibilidad de las personas gais y lesbianas”. “Lo que no se visibiliza, no existe, y lo que no existe, no tiene derechos, por ello es de suma importancia para nuestra comunidad la visibilidad de la palabra trans, máxime cuando estamos a las puertas de que se registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley integral para las personas trans”,  explica Alejandro Moreno, secretario de organización de la Plataforma.

La Fundéu, cada vez sensible a la terminología LGTB

La Fundación del Español Urgente (también conocida como Fundéu BBVA, o ya simplemente como Fundéu) fue creada en 2005 por un acuerdo entre el banco BBVA y la agencia EFE, y su objetivo es velar por el buen uso del castellano en los medios de comunicación. Cuenta además con el asesoramiento de la Real Academia Española de la Lengua, aunque reacciona de forma mucho más rápida que esta por lo que a las necesidades de nuevas recomendaciones y términos se refiere.

La Fundéu comenzó a escoger “palabra del año” en 2013, con intención de destacar aquellos nuevos términos que han estado presentes en la actualidad informativa del año en cuestión y manifiestan además algún interés o curiosidad desde el punto de vista lingüístico. En las ediciones previas las elegidas fueron escrache (2013), selfi (2014) y refugiado (2015). En 2016 la ganadora fue populismo, aunque una de las doce candidatas finales fue LGTBfobia”, como recogimos en su momento. Y que duda cabe que este 2017, debido sobre todo a la campaña de odio promovida por la organización HazteOír, palabras como “trans” y “transfobia” han estado muy presentes en los medios.

La Fundéu también ha mostrado una capacidad de rectificación digna de agradecer en estos tiempos en los que reconocer errores propios es una rareza; el pasado noviembre retiró la recomendación de utilizar matrimonio homosexual en lugar de matrimonio igualitario tras analizar los argumentos contrarios que desde diferentes ámbitos del movimiento LGTBI se le hicieron llegar.

Fuente Dosmanzanas

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A lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.

Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concentración este miércoles en Valencia

Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.

Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

Demà, us esperem a totes i tots davant les Corts a partir de les 19 hores. #ConLaVozBienAlta #Transfobia pic.twitter.com/CJne8dKstk

— Lambda (@lambdavalencia) 28 de febrero de 2017

Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente

En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.

ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús

A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.

Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Fuente Dosmanzanas

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Se está produciendo un aumento de las agresiones contra miembros del colectivo LGBTI. Hoy, nos toca hablar de una agresión tránsfoba que se produjo en Madrid el pasado 29 de enero.

La activista transexual V. G. sufrió el pasado domingo una agresión en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, según ha denunciado el Observatorio Ético Internacional (OBETI). La agresión a Gómez, refugiada en España, se produjo de madrugada, cuando a la salida de un local en el que había estado con unos amigos varios individuos le dirigieron insultos tránsfobos y la golpearon. Tras la paliza, la activista fue atendida en el Hospital Infanta Leonor, aunque ya ha sido dada de alta.  

Una mujer trans fue agredida el pasado 29 de enero a la salida de una discoteca de música latina en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. El parte de lesiones indica múltiples contusiones en espalda, piernas y brazos, según un comunicado del Observatorio Ético Internacional (OBETI).

Según OBETI, V. G. (son las iniciales de la agredida) actualmente se encuentra acogida en Madrid dentro del programa “Proyecto Rosa” de la entidad, dedicado a ofrcer refugio a mujeres y personas LGTBI que se puedan encontrar en riesgo de exclusión social por motivos de violencias machistas (principalmente, entre otros).

V.G., es natural de Honduras y se encuentra en España tras abandonar su país por distintas amenazas relacionadas con su activismo y por visibilizar la transfobia en su lugar de origen.

V. G. es una pedagoga hondureña que se vio obligada a escapar de su país, uno de los que registra mayor violencia contra las personas LGTB del mundo, y muy destacadamente contra las personas trans. Según Transgender Europe, el país centroamericano registra una tasa de 10,77 muertes de personas trans por millón de habitantes, la más alta del mundo en términos relativos. En 2015, de hecho, V. G. sufrió amenazas de muerte que fueron recogidas por la propia prensa hondureña. Refugiada ahora en España, también aquí ha sido por desgracia víctima de la violencia tránsfoba, de la que tampoco estamos libres.

La agredida aún se encuentra recuperándose de la múltiples contusiones que le dejaron sus agresiones, por lo que la denuncia de los hechos todavía no se ha realizado, la cual “se presentará esta tarde o cuando ella se mejore”, según la entidad.

La agresión a Gómez, que tiene intención de interponer la correspondiente denuncia, ha recibido la condena de la Plataforma de Derechos Trans, que ha solicitado la intervención de la Fiscalía. “Es obligación de los estados proteger y garantizar la integridad física y moral de la ciudadanía, así como condenar cualquier agresión o incitación al odio, máxime cuando confluye el agravante de la condición de la persona”, ha asegurado su presidenta, Mar Cambrollé. “Acabar con las agresiones por identidad sexual es una responsabilidad social”, ha añadido.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia

Desde el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia tenemos a día de hoy registradas 12 agresiones al colectivo LGTB en lo que va de año, unos datos similares a los de 2016, con lo que seguimos exigiendo mayor implicación a las instituciones en las labores de sensibilización ante el colectivo LGTB así como campañas propias de concienciación del propio colectivo LGTB para motivar la denuncia y no callarse.

Yago Blando, portavoz de Arcópoli ha declarado que: ”esta agresión tránsfoba ha tenido especial dureza y ensañamiento con una víctima. Los delitos de odio son especialmente sensibles porque atacan a la dignidad de la persona y la víctima queda muy dañada. Necesitamos recursos para poder atender más sólidamente a las víctimas de LGTBfobia, que lo necesitan”.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre, del colectivo Fuenla Entiende y del Movimiento Contra La Intolerancia, entre otros colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios del año 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Si eres víctima de una agresión, denuncia.

• Si necesitas ayuda en Madrid, ponte en contacto con el Observatorio contra la Homofobia.

• Si necesitas ayuda en Barcelona, ponte en contacto con el Observatori contra l’Homofòbia.

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Dolors Monserrat, ministra de Sanidad

Las personas transexuales viven momentos de gran preocupación. Dos medicamentos fundamentales para ellos, Testex Prolongatum y Meriestra, han dejado de estar presentes en las farmacias españolas. En el caso de Meriestra, de hecho, la comercialización ha quedado suspendida de forma indefinida sin que se hayan hecho públicas las razones, lo que aumenta la sensación de impotencia. Los colectivos LGTB piden respuestas.

El problema sanitario afecta tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los varones es el suministro de Testex Prolongatum 250 mg/2 ml, de cuya comercialización en España es titular Desma Laboratorio Farmacéutico, S.L y cuyo principio activo es el cipionato de testosterona, el que está afectado. El problema derivaría, según el laboratorio, de “un aumento de la demanda”. Según una nota hecha pública el 24 de noviembre por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), los problemas en el suministro de este producto “durarán previsiblemente hasta mediados de enero de 2017”. La nota asegura que “se está haciendo una distribución controlada con el fin de que el medicamento llegue a las diferentes entidades de distribución sin generar una rotura de stock”. “Sin embargo, estas unidades son insuficientes por lo que el medicamento puede no encontrarse en todas las oficinas de farmacia”, añade. La AEMPS,que asegura haber iniciado “las gestiones oportunas para intentar importar la presentación de 250 mg/2ml a través del Servicio de Medicamentos en Situaciones Especiales” recomienda mientras tanto como alternativa Testex Prolongatum 100 mg/2 ml (una presentación con una concentración menor, lo que obliga a ajustar el número de inyecciones) o las formas tópicas de testosterona.

Otra posibilidad es recurrir al Reandron, otra forma inyectable de testosterona (undecanoato de testosterona) que en su momento fue retirada por Bayer España después de que el Ministerio rebajara su precio de referencia, al considerar la compañía que ya no le resultaba rentable comercializarlo como medicamento financiado. En estos momentos Reandron sí se encuentra comercializado, pero fuera de la financiación por la sanidad pública y al precio que el laboratorio, ya libre de ataduras, ha fijado. “Esto ya ocurrió con la retirada del Reandron, cuya administración es también intramuscular, y que suponía un tratamiento más efectivo”, ha asegurado Mané Fernández, miembro del equipo coordinador de la FELGTB. “Como hombre transexual, anteriormente tomaba Reandron y ahora mi endocrino me receta Testex. Otros tratamientos alternativos, como los parches hormonales, no son una alternativa viable porque pueden producir alergia, como sucede en mi situación y en la de muchos otros hombres”, ha añadido.

En el caso de las mujeres, el problema deriva de la suspensión de comercialización de Meriestra (valerato de estradiol, comprimidos de 1 y de 2 mg.), de la que es titular en España Novartis Farmacéutica. Una suspensión sobre cuyas razones ni la AEMPS ni el Ministerio de Sanidad (de la que esta al fin y al cabo depende) han hecho pública información al respecto.

“Recibimos todos los días llamadas de personas alarmadas por esta situación y no tenemos respuesta”, ha declarado por ejemplo, Hugo Alonso, responsable del Área Trans de Fundación Triángulo en Extremadura. Una situación que se está produciendo, de hecho, en todo el territorio nacional. “No es posible que en pleno siglo XXI, en Europa, se niegue a una parte de la población el acceso a uno de sus derechos más básicos”, ha declarado el presidente de Triángulo, José María Nuñez. “Por eso, pedimos que el Ministerio actúe de inmediato, garantice un abastecimiento seguro y continuado de Testex y de Meriestra, vuelva a incluir tratamientos hormonales avanzados como el Reandron y ofrezca alternativas cofinanciadas de calidad”, añade, como conclusión, Hugo Alonso.

Los colectivos LGTB se movilizan

El desabastecimiento de estos medicamentos está siendo denunciado por colectivos LGTB de todo el territorio español: las ya mencionadas Triángulo y FELGTB (y las entidades asociadas a esta), la Plataforma por los Derechos Trans… Organizaciones que están planificando diversas acciones de protesta ante el silencio de las autoridades.

Por lo pronto, hay una petición en la plataforma change.org, dirigida a la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, e iniciada por Marta Corrales, para que estos medicamentos vuelvan ya a las farmacias españolas. Puedes adherirte a la petición aquí.

Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos. Como primera medida, el Ministerio de Sanidad debería explicar qué sucede. Los episodios de desabastecimiento, en muchas ocasiones, no son más que la expresión de un tira y afloja entre los intereses económicos de la industria farmacéutica, por un lado, y las autoridades regulatorias en materia de medicamentos, por otro. Si en este caso es así, el Ministerio debería abandonar su silencio, explicar la situación y tomar todas aquellas medidas que están en su mano para garantizar el correcto abastecimiento y dispensación de medicamentos que son esenciales para un colectivo de ciudadanos por parte de los titulares de su comercialización, tal y como marca la propia legislación española (artículos 2 y 64 de la vigente ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, entre otros).

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La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que ha preferido abstenerse, una proposición no de ley que insta al gobierno a modificar la legislación que regula la rectificación del sexo registral de las personas trans y adecuarla al principio de autodeterminación de género. La proposición, presentada por Ciudadanos y que ha recibido aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pide eliminar el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo, así como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

La proposición no de ley, tal y como figura en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 11 de octubre, y tras la correspondiente exposición de motivos, decía así:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de las personas transexuales menores de edad, atendiendo a su interés superior, independientemente de su edad y sin necesidad de someterse a tratamientos médicos obligatorios y a un previo diagnóstico de salud mental.

2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.

3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.

4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:

a. Se elimine el límite de edad establecido para poder solicitar la rectificación de la mención registral del sexo.

b. Eliminar la obligatoriedad de recibir tratamiento médico para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado como requisito para acordar la rectificación.

Una redacción que era bien recibida por los colectivos trans, que aun así la consideraban mejorable. Es el caso de la Plataforma por los Derechos Trans, que en una nota de prensa hecha pública antes de su aprobación pedía que se modificase el apartado 4.b, para el que proponía la siguiente redacción: “Eliminar la obligatoriedad del informe médico y todos los requisitos mencionados en el artículo 4 de la mencionada Ley”.

Finalmente, y según nos han confirmado desde la propia plataforma, la solicitud de modificación era atendida y tramitada mediante enmienda transaccional acordada entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Así ha quedado el texto definitivo:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de los menores.

2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.

3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.

4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:

a. Se permita la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

b. Eliminar la obligatoriedad de los requisitos mencionados en el artículo 4.

5. Permita el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia de los migrantes trans.

En definitiva, una proposición muy positiva, que esperamos sea atendida. En la actual coyuntura política española, conviene precisarlo, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo no dispone de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que si las fuerzas que ayer aprobaron esta proposición se ponen de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado.

Ahora bien,  y como en estos últimos días muchos analistas han destacado al hilo de una supuesta “capacidad del Congreso” para legislar en contra del Gobierno, este debe dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso, en el que a priori parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Ley integral de transexualidad a nivel estatal

Desde la Plataforma por los Derechos Trans, en cualquier caso, no dejan de insistir en que la aprobación de una reforma de este tipo no invalida la más que necesaria aprobación de una ley integral de transexualidad a nivel estatal. “Es una medida urgente que esperamos que el gobierno asuma y entienda, aunque desde esta federación de entidades trans pedimos de nuevo no meter en el cajón del olvido la propuesta  de una ley trans estatal, que esta federación puso en la mesa de todos los partidos políticos, para poner fin a las desigualdades que se dan de unas comunidades con respecto a otras”, ha declarado a este respecto su presidenta, Mar Cambrollé.

Fuente Dosmanzanas

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Con dolor, indignación y un gran pesar, la Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, quiere hacer pública su más sentida condolencia a los familiares de Alan, pero no sin denunciar las causas estructurales que han provocado dicha tragedia. La transfobia se cobra de nuevo la vida inocente de un menor transexual, nos roba a otro miembro de nuestra comunidad. Alan, un menor de 17 años de Barcelona se ha suicidado tras sufrir acoso escolar por su condición de transexual. Había sido uno de los primeros autorizados a cambiar su nombre en el DNI en Cataluña.

Según estudios realizados por Newton Massachusetts Education Development Center y National Center for Transgender Equality/National Gay & Lesbian Task Force, ambos hechos públicos en 2010, el 83 % de los menores transexuales piensa en el suicidio y el 41 % lo intenta.

“Es responsabilidad de toda la sociedad evitar situaciones de discriminación, pero los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el libre desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos, social, familiar y educativo”.

Por ello, desde la Plataforma por los Derechos Trans, recordamos que la Constitución española establece en su artículo 10, que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, y el libre desarrollo de la personalidad, son fundamento del orden político y de la paz social. Por su parte, tanto el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, proclaman el derecho a la vida privada, en la que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias. La jurisprudencia española y de otros países, y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconoce estos derechos y valores a las personas cuya identidad sexual no coincide con la que se les asignó erróneamente al nacer.

Las personas menores de edad también son titulares del derecho a la identidad sexual. Los menores transexuales fueron excluidos expresamente de la Ley 3/2007 registral de cambo de nombre y sexo, lo que lejos de atender a su interés superior tal y como impone a los órganos legislativos la Convención sobre los Derechos del Niño, se les obstaculiza el respeto a sus derechos fundamentales, que son menoscabados al obligarles a exponer públicamente que su nombre y sexo registral no coinciden con el sexo que sienten y muestran.

Así mismo, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, tras su reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece en su artículo 11.1,l) como uno de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores, el libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual. Como se ha expuesto, sólo reconociendo el derecho a la identidad sexual autopercibida, será posible que el desarrollo de la personalidad de los menores conforme a su identidad sexual sea verdaderamente libre.

Desde la Plataforma por los Derechos Trans, exigimos urgentemente un cambio en la Ley 3/2007, que incluya a los menores y se elimine cualquier procedimiento o requisito médico, que coarte la identidad libremente determinada. La Inclusión en los curriculum académicos y en la educación, el respeto a las identidades y cuerpos diversos.

A los medios, que respeten la dignidad y el honor de las personas trans, refiriéndose a ellas por el sexo y género que viven, sienten y se socializan y no por el asignado al nacer, así como tener en cuenta el sustantivo “personas”, y no solo utilizar el adjetivo “transexual o transexuales”. Ello implica una deshumanización y cosificación de las personas transexuales.

La sociedad, los medios, las familias, los poderes públicos, han de velar por los derechos, el respeto y la diversidad de la ciudadanía, si no, estaremos construyendo una sociedad enferma, y la transfobia en una enfermedad que mata.

Por último, pero no por ello menos importante, desde esta Plataforma por los Derechos Trans, recordamos y exigimos a los partidos políticos un consenso en la tramitación urgente de una Ley Estatal de Transexualidad y de una Ley contra los delitos por LGTBifobia.

Los derechos de las personas trans, son Derechos Humanos, que sean estos reconocidos no han de costar más vidas.

Fuente Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad

General, Homofobia/ Transfobia. National Center for Transgender Equality/National Gay & Lesbian Task Force, Newton Massachusetts Education Development Center, Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, Transexualidad, Transfobia

El activismo reclama medidas urgentes contra la transfobia después del suicidio de un menor

El suicidio de un menor trans barcelonés a causa del acoso y abuso de origen transfóbico experimentado en su centro de estudio ha motivado numerosos actos de repulsa en toda España que reclaman la investigación del suceso para poder establecer medidas urgentes contra otros casos similares. Las asociaciones de familias de menores trans han mostrado su consternación en 9 actos de repulsa organizados por toda España. Este caso pone de manifiesto la desprotección de los y las menores del colectivo transexual y transgénero en el entorno educativo, tal y como han destacado varias de las asociaciones organizadoras de los actos.

Un emocionante minuto de silencio frente a la sede del Ayuntamiento de Rubí, seguido de una larga serie de aplausos, han servido este lunes de recuerdo a Alan, el adolescente transexual que se quitó la vida el pasado día 24. Los convecinos del chico se sumaban así a los múltiples homenajes que han tenido lugar en otros rincones de España. Pero la muerte de Alan pone además sobre la mesa la necesidad de actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad.

Concentración ante al Ayuntamiento de Rubí

El acto de Rubí tenía lugar pocas horas después de que a lo largo y ancho de la geografía española se desarrollaran numerosas concentraciones. Las más numerosas, las de Barcelona y Madrid, en la Plaça de Sant Jaume y en la Plaza Pedro Zerolo, respectivamente. Pero no fueron las únicas. También hubo muestras de dolor en Benalmádena, en Binéfar (Huesca), en Burgos, en Cartagena, en Coruña, en Gijón, en Maspalomas, en San Sebastián, en Sevilla, en Valencia, en Zaragoza… Otras localidades, como Logroño, celebrarán concentraciones en próximos días.

Unas concentraciones en las que ha actuado como catalizador Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, a la que la madre de Alan comunicaba la terrible noticia el mismo día de Navidad. “Siento en el alma tener que dar esta terrible y triste noticia. Nuestro hijo Alan se quitó ayer su corta vida de 17 años. No pudo con la presión de la sociedad y nos ha dejado para siempre. Muchas gracias por todo vuestro apoyo recibido”, era el estremecedor mensaje con el que Chrysallis daba a conocer la muerte de Alan. Una muerte que desde Chrysallis no dudan en calificar de auténtico “asesinato social”, como bien dejan claro en el manifiesto hecho público para su lectura en las diferentes concentraciones:

Esta era la primera Navidad que Alan, un chico transexual de diecisiete años de Barcelona, vivía de acuerdo a su identidad. Era también la primera en la que celebrar un DNI recién estrenado. Pero trágicamente ha resultado ser la última. La transfobia en el ámbito escolar ha podido con Alan. Sufrió mucha transfobia a lo largo de su vida; como su madre dice, lo ocurrido no es responsabilidad de una sola persona, sino que cada día durante años alguien se ocupó de que supiera que su diversidad no era aceptada. Entre todos le mataron. No ha sido un suicidio, sino un asesinato social. Las personas transexuales y sus familias sufrimos cotidianamente actos de microviolencia tanto social como institucional, que se acumulan, sumándose a los obstáculos que supone vivir esta situación y que, como le pasó a Alan, se convierten en una carga insoportable.

Desde Chrysallis exigimos a los poderes públicos, a las administraciones educativas y sanitarias, a los encargados de los registros civiles, a los grupos parlamentarios y partidos políticos, y en general a toda la sociedad, que se proteja a los menores transexuales, haciendo que se reconozca y respete su identidad sexual, y que se ataje la transfobia en todos los ámbitos.

La transfobia NOS mata a todos. Todos somos Alan.

Chrysallis no es la única entidad que se han manifestado en estos términos. También desde el Observatori Contra l’Homofòbia han querido expresar su “total repulsa por el asesinato social de Alan”. “Es inadmisible que la transfobia y la violencia que herían cada día la vida y la dignidad de Alan puedan producirse en nuestras escuelas. No podemos permitirnos la falta de políticas contundentes y rigurosas contra el bullying a los menores transexuales. Es imprescindible implementar medidas urgentes que erradiquen las violencias LGTBfóbicas”, continúa el comunicado, que exige a las administraciones públicas “que activen todas las herramientas necesarias para combatir esta lacra social, no podemos esperar más. Hace falta priorizar la lucha contra la transfobia como una emergencia social”. En concreto, la entidad catalana pide desarrollar en su integridad la ley contra la LGTBfobia que el Parlamento catalán aprobó en 2014 y suprimir a todos los efectos cualquier referencia a la “disforia de género”.

También la Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad ha querido denunciar las que considera causas estructurales que hay detrás de tragedias como las de Alan, y en concreto lamenta que los menores transexuales permanezcan excluidos de la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, “lo que lejos de atender a su interés superior, tal y como impone a los órganos legislativos la Convención sobre los Derechos del Niño, obstaculiza el respeto a sus derechos fundamentales, que son menoscabados al obligarles a exponer públicamente que su nombre y sexo registral no coinciden con el sexo que sienten y muestran”. “Desde la Plataforma por los Derechos Trans exigimos urgentemente un cambio en la Ley 3/2007 que incluya a los menores y que se elimine cualquier procedimiento o requisito médico que coarte la identidad libremente determinada”, continúa el comunicado, que pide también “la inclusión en los currículos académicos y en la educación el respeto a las identidades y cuerpos diversos” y que se logre un consenso político para la tramitación urgente de una ley  estatal de transexualidad y de una ley contra los delitos por LGTBIfobia.

Un consenso político al que aludía también la activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, que en un artículo de opinión titulado Alan: cuando la vida ya no importa nada, publicado por varios medios (también por Cristianos Gays) hace un llamamiento a todos la fuerzas políticas, “sean del color que sean y al conjunto de la sociedad para que realicemos un enorme ejercicio de empatía hacia personas que gritan —aunque no los oigas— que quieren respeto y tener su espacio en esta sociedad, al igual que el resto. Que integremos las diferencias en nuestros círculos de convivencia. A los partidos políticos, para que saquen adelante todas aquellas legislaciones que lo faciliten y a las personas para su plena concienciación, ya que los unos sin los otros seguirían siendo un puzle incompleto”.

Otros países ya han dado pasos adelante

Países como Irlanda, Argentina, Dinamarca o Malta han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente.El modelo de la “muy católica” Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del sexo registral y por tanto extender ese principio a los menores. Malta, precisamente, dio a conocer hace meses sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales (puedes descargar aquí el documento). También Noruega planea un cambio similar que sería extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, país donde los avances conseguidos en la anterior legislatura quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque después leyes más recientes, como la ley integral de transexualidad de Andalucía  y la de Canarias, o las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporen ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

No debería ser complicado que España siguiera esta nueva senda. El nuevo Congreso de los Diputados salido de las pasadas elecciones arroja, en teoría, una clara mayoría favorable a la aprobación de estas leyes. A lo largo de estos días numerosos representantes políticos de diversos partidos han mostrado públicamente su dolor por la tragedia de Alan. Esperemos que ese dolor, seguro que sincero, se traduzca en hechos.

Fuente Dosmanzanas y Chueca.com

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Nota de Prensa:

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad exige la intervención de la Fiscalía General del Estado y de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid en relación a un artículo publicado en el diarioYa.es en el que, señalan, se vulneran los Derechos Humanos y los derechos recogidos en la Constitución Española.

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, manifestamos nuestra más enérgica condena, estupor e indignación, por vulneración de los Derechos Humanos, directivas y recomendaciones internacionales y por los derechos que garantizan nuestra constitución; al libre desarrollo de la personalidad, al honor, la intimidad, la salud, la propia imagen y sobre todo, la dignidad.

En relación con un artículo que se ha publicado en el DiarioYa.es de fecha 18 de diciembre de 2015 con el titular; “Exclusiva: Así son las operaciones de cambio de sexo en el hospital de La Paz”. Aparece sin autor, por lo que responsabilizamos del mismo a su consejo editorial.

En el mismo se declara que, “DiarioYA ha tenido acceso a unos informes internos que revelan cómo se llevan a cabo decenas de operaciones de cambio de sexo en el hospital La Paz de Madrid”, vulnerando el principio de confidencialidad y privacidad de las/os usuarios. Se alude a las personas trans con el término TIG (Trastornos de Identidad de Género), recordamos al anónimo autor, que dicha tipificación médica está en desuso por la propia OMS (Organización Mundial de la Salud) y la APA (American Psychological Association), lo que demuestra una intencionalidad perjuiciosa y estrechez mental de quien así lo declara. Se usa para referirse a mujeres y hombres transexuales el sexo y género asignado al nacer, vejando y negando la identidad libremente determinada, rallando en lo mediocre y la mofa, así, se menciona a los hombres trans, como “mujeres peludas” y a las mujeres trans, como hombres con “atributos masculinos”. Se difunde que el derecho a la salud como un bien universal garantizado en nuestra constitución, ha de ser cuestionado y negado a las personas trans, lo que se traduce en un trato subhumano, violando los artículos de nuestra Constitución: 14, “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud de todas las personas. Se nos presenta como personas “trastornadas” que necesitan de la psiquiatría. Mire señor anónimo, existe ya un amplio consenso médico que aboga por la despatologización de las identidades trans, sentando precedente legal al respecto, la Ley andaluza de 8 de julio 2014, la Ley extremeña de 8 de abril de 2015 y en breve la “Ley de Identidad y Expresión de Género” de la Comunidad de Madrid.

“Solo desde el anonimato es posible tan cobarde, ofensiva y discriminatoria forma de ensañarse contra un grupo humano como son las personas transexuales, incitando al odio sobre las mismas”. Por ello, en representación legítima de las personas trans, la Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, consideramos un valor el nuevo contexto social y celebramos el amplio consenso médico, social y político en favor de la igualdad para uno de los colectivos más vulnerables socialmente. Hacemos público que no vamos a consentir que se nos quiera retrotraer a tiempos donde la identidad sexual podría ser objeto de tipificación penal o psiquiátrica. Apelamos a que este tipo de “agresiones” no queden impune, pues son un atentado contra una sociedad, respetuosa, igualitaria y diversa, es labor de todas y todos desterrar este tipo de conductas que “enferman”, fomentan el odio, la discriminación y ponen en cuestión las normas democráticas de convivencia.

Ante estos deleznables y deprorables hechos, EXIGIMOS:

La intervención del Fiscal General del Estado, por vulneración de derechos y por incitación al odio y la discriminación.

La actuación de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, para depure responsabilidades en el acceso a unos informes internos e historiales médicos de usuarios del Hospital de la Paz, por violación del principio de confidencialidad y privacidad de los mismos sin el consentimiento de los afectados.

Condena pública e implicación de todos los partidos políticos que en su programa han recogido medidas para la equiparación de derechos y garantías para la no discriminación de las personas trans.

Fuente ATA Silvia Rivera

General, Homofobia/ Transfobia. diarioYa.es, Hospital La Paz, OMS, Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad

Reunión con el PSOE

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad realiza una ronda de reuniones con los partidos políticos entregándoles la Propuesta de Ley Estatal de Identidad Sexual y Expresión de Género, elaborada por los colectivos Trans que la integran. Desde la creación de la Plataforma, las asociaciones que la componen marcaron en su hoja de ruta, como objetivo prioritario, la equiparación en derechos del colectivo Trans con el resto de la ciudadanía a través de la creación de un marco legislativo basado en la libre autodeterminación de la identidad y la despatologización de la transexualidad.

Entendiendo que los derechos fundamentales de las personas no deben estar supeditados a intereses de banderas o colores, la Plataforma ha iniciado una ronda de reuniones con las diferentes fuerzas políticas estatales con el fin de trasmitir, de primera mano, las reivindicaciones del colectivo.

Reunión con IU

Dichas reivindicaciones han sido recogidas por la Plataforma en una propuesta de Ley cuyas líneas principales son:

Respeto efectivo a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas transexuales, con especial atención a los menores de edad, al reconocerles el derecho a la identidad sexual autopercibida, despatologizando la transexualidad en la línea reclamada internacionalmente por parlamentos y organismos, incluidos el Consejo de Europa.

Supresión de la necesidad de acreditar la identidad sexual a través de informes psicológicos o psiquiátricos, y de someterse a tratamientos médicos, tanto para rectificar el sexo registral como para ser tratados conforme a la identidad sexual a todos los efectos y en todos los ámbitos.

Reunión con Podemos

Extensión de este derecho a las personas intersexuales y a aquellas con expresión de género no binaria. Para ello, se incluye la opción de que en el registro civil, en la mención del sexo figure No determinado.

Implantación de medidas de protección y contra la discriminación por razón de identidad sexual, así como para favorecer la inserción social de las personas transexuales, contemplando la existencia de un cupo laboral del 1 por 100 en las Administraciones públicas y grandes empresas, en la línea iniciada en otros países.

Reunión con el PP

Representantes de la Plataforma se han reunido ya con dirigentes del Partido Popular, Izquierda Unida, PSOE y Podemos para exponer la situación actual de las personas transexuales, en especial en la infancia y adolescencia. Aprovechando la ocasión para hacer entrega de la Propuesta de Ley Estatal de Identidad Sexual y Expresión de Género. Solicitando también el compromiso de hacer suyas las demandas de los colectivos.

Si quieres conocer el texto íntegro de la Propuesta de Ley Estatal de Identidad Sexual y Expresión de Género, pincha sobre este enlace.

Fuente Ragap

General Despatologización, Elecciones Generales, Izquierda Unida, Mar Cambrollé, Partido Popular, Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, Podemos, PSOE, Transexuales, Transexualidad

Han pasado ya más de ocho años y medio desde que entrase en vigor la ley española de identidad de género. Una norma que en aquel momento supuso un enorme paso adelante sobre la situación previa, que exigía un proceso judicial, y que incluso hoy día sigue colocando a España por delante de muchos países de nuestro entorno, pero que sigue manteniendo la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que presume –cada vez con menos razón– de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB debe ya replantearse.

Países como Irlanda, Argentina, Dinamarca o Malta han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la muy católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, dio a conocer hace pocos meses sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales (puedes descargar aquí el documento).

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. A lo largo de estos últimos meses hemos visto también como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia emitía un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que también sería extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, país donde los avances conseguidos en la anterior legislatura quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque después leyes más recientes, como la ley integral de transexualidad de Andalucía  y la de Canarias, o las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporen ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo.

Una demanda que nació en los márgenes

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una demanda marginal de los colectivos, aunque no está de más mantener viva la memoria histórica y recordar que fue la presión de los grupos más radicales (en su acepción más literal: aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que mantuvo viva la reivindicación y la hizo crecer hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado cuatro años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo.

Instituciones, todo sea dicho, que por el momento poco han hecho a la hora de forzar a los estados a actualizar sus legislaciones.

Los colectivos se movilizan

Así lo exigen los diferentes colectivos LGTB y de personas trans con ocasión de la celebración, el 24 de octubre, del Día Internacional por la Despatologización Trans. El Grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha convocado, por ejemplo, una marcha que partirá desde la madrileña Plaza de Chueca, a las 19:00 horas de la tarde. Entre las demandas de la FELGTB para este día se encuentra la inmediata y definitiva retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales. Por lo que se refiere a España, la FELGTB pide que se adecúe la legislación a esta realidad, “cejando en su empeño de exigir diagnósticos médicos para reconocer los derechos de las personas transexuales”. El Grupo de Políticas Transexuales de la FELGTB exige también medidas referentes a luchar contra la transfobia en el ámbito laboral, la protección de las trabajadoras sexuales y el reconocimiento los derechos de las personas transexuales menores e inmigrantes. Puedes descargar su manifiesto para este día pinchando aquí.

Demandas similares a las de Fundación Triángulo, para la que, sin negar los avances obtenidos, es necesaria “la adopción a nivel estatal de una Ley de identidad de género que reconozca este derecho fundamental de todos los ciudadanos, el derecho a ser y desarrollarse libremente y sin presiones; la  defensa de los menores transexuales, de sus derechos sanitarios y educativos”. Fundación Triángulo reclamará hoy la identidad de género como un derecho fundamental bajo el lema “Mi identidad es mi derecho” (#MiIdentidadEsMiDerecho en Twitter).

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, por su parte, ha hecho público un manifiesto en el que niega cualquier tipo de reconocimiento a la American Psychiatric Association (APA) ni a la Organización Mundial de la Salud para “decidir sobre nuestras identidades ni las de nuestras hijas e hijos”. “No toleramos ningún tipo de tutela psiquiátrica o psicológica encaminada a coartar nuestra autonomía, rechazamos el rol paternalista del Estado y sus intentos de control sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, no identificamos ni la disforia ni la incongruencia como definiciones válidas de la transexualidad, no avalamos la supuesta ‘especificidad’ de los tratamientos, que determina el poder político sobre nuestros cuerpos convirtiéndonos en objetos de la medicina”, prosigue el texto.

La plataforma reivindica, en este sentido, la eliminación de todas las categorías diagnósticas que afectan de una u otra manera a las personas trans, el derecho a recibir una atención sanitaria “que no implique segregación ni praxis patologizantes” y un acceso a dicha atención sanitaria que supere el modelo de las clásicas “UTIG” (unidades de trastornos de identidad de género), “encaminadas a las modificaciones corporales, las cuales siguen siendo concebidas, intolerablemente, como el ‘tratamiento’ indicado para un padecimiento diagnosticado, y nunca como un modo de atención armonizadora de expresión del ser”.

Por cierto que la convocatoria de Madrid arriba mencionada no es ni mucho menos el único acto convocado con motivo de este día. En la web de la Campaña Stop Trans Pathologization podrás encontrar información sobre diversas convocatorias tanto en el resto de España como  en otros países de África, América Latina, Asia y Europa.

Petición en change.org

Por cierto que sigue viva una petición promovida desde hace tres años por Carla Antonelli en la plataforma change.org a favor de la despatologización de la transexualidad y que lleva reunidos más de 90.000 apoyos. Si aún no lo has hecho, puedes sumarte aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Premiados, artistas invitados, directivos y miembros del colectivo madrileño COGAM… todos los protagonistas de la gala organizada para la entrega de los Premios Triángulo (que reconocen la labor positiva, desde distintos campos, en favor de la comunidad LGTB) han tenido alguna palabra de recuerdo, de reconocimiento o de admiración a la figura del activista y político Pedro Zerolo, tristemente fallecido hace solo unas semanas. Entre los premiados: Emilio de Benito, Topacio Fresh, Antonio Arroyo o la plataforma Change.org. Cabe destacar que uno de los galardones anunciados, concedido al empresario Kike Sarasola, ha sido temporalmente suspendido hasta que se esclarezcan los hechos tras una denuncia por transfobia, lanzada por la Plataforma por los Derechos Trans. El Ladrillo Rosa, el antipremio habitual, en esta edición ha ido a parar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como responsable de la infame ‘ley mordaza’.

El salón de actos del sindicato UGT, en la avenida de América de Madrid, ha acogido este año el acto de entrega de los Premios Triángulo y Ladrillo 2015 del Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM). A la gala, que tuvo lugar en la tarde de ayer, asistieron rostros conocidos del activismo y de la política madrileña. Por el PSOE, Ángel Gabilondo, Carla Antonelli o Antonio Miguel Carmona son solo algunos de los rostros conocidos que se unieron con su presencia a los de los premiados de esta edición. Varios artistas como Alicia Ramos u Ondina han amenizado el acto, superando distintos problemas técnicos. Pero, sin lugar a dudas, si este año ha habido un nexo común en todas las intervenciones realizadas desde el atril del escenario, ese ha sido el recuerdo y el afecto hacia Pedro Zerolo.

El de ayer es un nuevo reconocimiento colectivo a Zerolo, que se suma a otros que se han hecho en los últimos días. Uno de los primeros fue la despedida que el activismo le rindió en la plaza de Chueca, al día siguiente de su deceso. Emotivas palabras también la que le dedicaban dirigentes políticos, personajes de la cultura o la televisión. En el ámbito político, las alabanzas no solo llegaban desde el partido en el que militaba, el PSM-PSOE, sino también de otros como Izquierda Unida o Ahora Madrid. En este último, durante la presentación de su grupo Ahora Madrid LGTBI, la diputada Beatriz Gimeno y el concejal Jorge García Castaño, no dudaron en dedicarle los mejores elogios a Zerolo. Incluso desde ambientes católicos se lamentó públicamente su muerte. El propio arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, le dio el pésame al viudo de Zerolo, Jesús Santos. Aunque esta actitud se convertiría, desgraciadamente, en flor de un día: el mismo jerarca católico reprendería al Padre Ángel por el homenaje a Pedro Zerolo que el religioso promovió en una iglesia de Chueca.

En su discurso, el director de Change.org, Francisco Polo, tras subir a recoger el galardón concedido por COGAM a la plataforma de la que es responsable, ha sido uno de los que más profusamente ha incidido en la importancia de la figura de Zerolo. “Quiero darle las gracias por inspirar a las generaciones futuras. Un mundo mejor es posible. Muchas gracias”, expresaba Polo. Y proseguía: “Debemos sumarnos a una lucha que no ha terminado. Este es uno de los grandes problemas de la humanidad. Quedan muchos cambios por lograr”. No podemos olvidar que la acción lanzada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) en Change.org para que el Ayuntamiento de Madrid cambie el nombre a la plaza de Vázquez de Mella por ‘plaza de Pedro Zerolo’ ya ha superado las 82.500 firmas.

Por otra parte, COGAM ha decidido bautizar con el nombre de ‘Pedro Zerolo’ al Premio a la Trayectoria, desde esta misma edición. Una distinción, por cierto, que ha recaído en Antonio Arroyo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Arroyo ha expresado que “son todavía muchos los prejuicios y las agresiones que sufrimos, por eso COGAM ocupa un papel fundamental en la sociedad”. Además, el profesor Arroyo ha bromeado diciendo que “COGAM no es postureo”.

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, ha acompañado a recoger el Triángulo Audiovisual a Fernando Olmeda, autor del documental El Viaje de Carla. Olmeda ha reconocido que este galardón “supone una reafirmación de mi compromiso”. Antonelli, por su parte, aseveraba que este no es solo su viaje sino el de todos. Además de recordar a Zerolo y declarar que ahora sabemos que “la ciudad del arcoíris se puede alcanzar”, ha ironizado al asegurar que “quería dedicarle el premio a Cristina Cifuentes, pero veo que no ha venido”.

COGAM le ha concedido el premio Triángulo Comunicación a Emilio de Benito, periodista LGTB de El País, que ha dicho que “en los 17 años que llevo ejerciendo como periodista me lo habéis puesto muy fácil”. Asimismo, confesaba que “cuando yo empecé a trabajar, Pedro [Zerolo] ya estaba ahí”. La galerista, artista y televisiva Topacio Fresh ha recibido el premio Triángulo Cultura y ha mostrado su cara más emotiva al referirse a su madre, que padece la enfermedad de Alzheimer, y le ha agradecido que le diera “estas alas tan grandes para volar”.

Javier Martínez Piñón ha sido nombrado ‘socio de honor’ y Manuel David García, Catherine Langlois, M. Elena Barranco y Joaquín Arroyo han sido merecedores de las Banderas a la Militancia. El antipremio Ladrillo Rosa, por sus ‘méritos’, se le concedía al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Muy especialmente como promotor y responsable de la llamada ‘ley mordaza’, que restringe derechos universales, recogidos en la Constitución Española, como el de la libertad de expresión.

Mención aparte merece el galardón no entregado al empresario Kike Sarasola. Aunque se le había anunciado como merecedor del premio Empresa Amigable LGTB, finalmente se ha anunciado su suspensión hasta que se esclarezca el supuesto caso de discriminación tránsfoba ocurrido en su hotel Room Mate Oscar de la Plaza Vázquez de Mella. A través de una nota de prensa, remitida a dosmanzanas, la Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad denunciaba a este establecimiento de Sarasola por un “acto de transfobia con agravante sexista y clasista”.

En el marco de la celebración del Orgullo Crítico, alternativo a la manifestación general del Orgullo LGTB que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid, a la activista trans Verónica Arauzo, al parecer, se le negó la entrada al hotel. Según ella misma explica, la negativa se habría producido por estar “prohibido el acceso a personas disfrazadas”. Desde la plataforma, “exigimos la actuación de la Fiscalía para que este hecho no quede exento de las responsabilidades legales oportunas”. Algunos medios han recogido que el empresario niega la mayor. No obstante, Sarasola no ha utilizado, por ejemplo, su cuenta de Twitter (de la que suele ser un usuario activo) para hacer ningún tipo de comentario sobre lo sucedido (al menos, hasta el momento).

Fuente Dosmanzanas

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