La asociación Son Nuestros Hijos denuncia que el texto usa tanto un vocabulario como unos planteamientos que “desde el desconocimiento de la realidad de esta técnica reproductiva, ponen en riesgo de acoso escolar a los menores nacidos mediante esta”.

El colectivo Son Nuestros Hijos, que agrupa a familias -muchas de ellas homoparentales- que han tenido a sus hijos mediante el procedimiento de gestación subrogada, ha pedido la retirada inmediata del libro de texto escolar “VALORES ÉTICOS 3”, de tercero de secundaria (editorial Anaya). Para Son Nuestros Hijos, la forma de presentar las implicaciones éticas de este procedimiento “usa tanto un vocabulario como unos planteamientos que, desde el desconocimiento de la realidad de esta técnica reproductiva, ponen en riesgo de acoso escolar a los menores nacidos mediante esta”.

Desde Son Nuestros Hijos lamentan que se utilice en la aulas este libro editado en 2015 por ANAYA Educación, del grupo editorial ANAYA, y redactado por Fernando Martínez Llorca, José Javier Fernández Pereira y Sebastián Salgado González.  El texto denunciado por Son Nuestros Hijos, abiertamente crítico con la gestación subrogada (procedimiento al que llama “maternidad alquilada”, pese a que gestación y maternidad sean conceptos bien diferentes), es el siguienteEste trata la gestación subrogada en estos términos::

Dilemas morales en medicina y biotecnología: Maternidad alquilada. Una pareja desea tener descendencia pero, por problemas genéticos, no puede. Entonces contrata a una mujer joven para que sirva de “madre de alquiler”: los médicos han fertilizado a esta mujer con esperma del futuro padre. Una vez que haya dado a luz, la madre biológica cederá sus derechos de maternidad a la mujer estéril. Pero ¿qué ocurre si la madre de alquiler cambia de opinión o si el bebé nace con alguna enfermedad genética? En cualquier caso, ¿debe estar permitido el alquiler de la maternidad?

Para Son Nuestros Hijos, este texto “ofrece un desconocimiento total de cómo es la técnica reproductiva y de la legislación internacional sobre gestación subrogada incluidas las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, o las consideraciones sobre la técnica de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Española de Fertilidad y de otras sociedades médicas nacionales e internacionales”.

Pero más allá de estas consideraciones, “que de por sí descalificarían cualquier escrito”, para este colectivo lo más preocupante es “la terminología y las insinuaciones utilizadas en un texto destinado a ser analizado en clase y en el que se vulneran flagrantemente el respeto, dignidad y honor de menores nacidos por gestación subrogada, convirtiéndolos en presa fácil para el bullying”. “No es aceptable, de ninguna de las maneras, que se evalúe en el aula la idoneidad del modelo de familia de ningún menor. Por ello, se ha exigido la retirada del libro a la editorial y se ha solicitado a las autoridades educativas que, antes de autorizar cualquier texto que ponga en riesgo la integridad de los menores, se valore adecuadamente o se consulte con las familias implicadas, pues nada hay mas grave que estimular el acoso escolar desde dentro del propio centro educativo”, explican desde Son Nuestros Hijos.

Gestación subrogada: ¿debate tabú?

La gestación subrogada es una cuestión que despierta gran polémica. En España, por ejemplo, siempre ha habido gran resistencia a regularla, tanto desde posturas conservadoras como desde parte del movimiento feminista (representada por ejemplo por la plataforma No Somos Vasijas), que se opone por considerarla una forma de explotación mercantilista del cuerpo de la mujer. Ni siquiera entre los colectivos LGTB las posiciones son unánimes.

Hace pocos meses asistíamos a cómo por primera vez el debate llegaba a la Asamblea de Madrid de la mano de Ciudadanos, que propuso que el Gobierno madrileño solicitase al Gobierno de España que regulase esta práctica. Una propuesta que contó con el apoyo de la mayor parte de los representantes del PP de Cristina Cifuentes (aunque tres de sus diputados más conservadores se rebelaron y votaron en contra), el rechazo frontal del PSOE y la oposición matizada de Podemos, que presentó varias enmiendas con objeto de pedir garantías máximas para las mujeres gestantes, incluyendo el derecho a exigir la custodia del niño durante un periodo de tiempo establecido. La oposición del PSOE a la regulación de la gestación subrogada ya se había hecho evidente en junio del año pasado, cuando desde el entonces grupo socialista del Congreso se llegó incluso a proponer prohibir la difusión de cualquier información que facilitase el acceso a dicho procedimiento, legal en varios países (los socialistas acabaron por retirar la propuesta).

La iniciativa de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, de hecho, fue finalmente rechazada, gracias a la rebelión de los tres populares díscolos. El PSOE votó en contra y Podemos también, estos últimos al no ver admitidas su enmiendas. Sirvió, al menos, para que se abriera el debate. Especialmente interesante, a este respecto, fue la carta que Marta López, presidenta de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, dirigió a la diputada de Podemos Clara Serra, en la que López argumentaba de forma detallada por qué su asociación se oponía a las enmiendas sugeridas por Podemos. Un debate que sin embargo se encuentra de nuevo paralizado.

Y como siempre, las parejas del mismo sexo pagan el pato

No seremos nosotros, desde dosmanzanas, los que demos solución a la disyuntiva. Pero creemos que el debate debe continuar. La gestación subrogada es legal en países a los que España reconoce su capacidad para determinar la filiación, y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado ya en un par de ocasiones a favor del pleno reconocimiento en suelo europeo de los hijos nacidos por ese procedimiento en terceros países. La primera de las sentencias se produjo, de hecho, justo cuando en España algunos tribunales avalaban rechazar la inscripción de estos niños y el entonces gobierno del PP se planteaba un cambio legislativo que los dejaba absolutamente desprotegidos. Curiosamente, todos los problemas dieron comienzo cuando fueron parejas de hombres los que comenzaron a acceder a este procedimiento: a las parejas heterosexuales estériles no parece que el Registro Civil español les haya tradicionalmente puesto problema alguno para inscribir a sus hijos.

Países socialmente avanzados, como Canadá, se han llegado a plantear incluso su cobertura por la sanidad pública. Hay países, por otra parte, que han optado por legalizarla siempre que no medie interés económico, como es el caso del Reino Unido, donde por ejemplo una pareja de hombres pudo tener un hijo gracias a que la hermana de uno de ellos se ofreció para gestarlo y dar a luz o que un gay soltero sea padre gracias a la generosidad de su propia madre.

Lo que en cualquier caso no es de recibo es lo que ha sucedido en México o en Portugal, en los que finalmente se admite la gestación subrogada pero se excluye de ella a las parejas del mismo sexo. En el caso de México, lo que comenzó como una iniciativa que parecía en principio destinada a prohibir esta práctica (que había sido regulada en los estados de Tabasco y Sinaloa, y sobre la que existía un vacío legal en el resto del país) acabó por legalizarla cuando exista una estricta indicación médica. En definitiva y en la práctica, solo para parejas heterosexuales estériles. En el caso de Portugal, la alianza parlamentaria entre socialistas y Bloque de Izquierda, apoyada por alrededor de un tercio de los diputados del Partido Social Demócrata (oposición de centro-derecha, que tuvo libertad de voto) permitió la aprobación del procedimiento para parejas heterosexuales que no pueden concebir hijos, dejando fuera, en la práctica, a las parejas del mismo sexo.

En España, dentro del mundo LGTB, es el colectivo madrileño COGAM el que más se ha significado a favor de que se regule la gestación subrogada, y de hecho COGAM y otras organizaciones se han agrupado en la Plataforma de entidades LGTB+ por la legalización de la Gestación por Subrogación, presenta este miércoles en Madrid (puedes descargar aquí su manifiesto). Lo que pide COGAM es una regulación que respete los derechos de todas las personas intervinientes, vetando la posibilidad de intercambio económico más allá del abono de las molestias y gastos. “Tenemos el convencimiento de que el activismo LGTB debe estar presente en este debate ante la más que previsible legalización de esta técnica de reproducción asistida que se producirá antes o después, pero que tenemos el convencimiento de que llegará como está ocurriendo en los países de nuestros entorno”, expresaron desde COGAM en su momento. Otros colectivos LGTB, sin embargo, prefieren mantenerse al margen de este debate.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara amarga

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Segunda sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado francés en el intervalo de poco más de dos años, por negarse a registrar a tres niños nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada. El alto tribunal europeo, por unanimidad de los jueces que han examinado el caso, vuelve a considerar que la negativa viola el derecho de los menores al respeto de su vida privada. El Estado francés, empeñado en una cruzada contra la gestación subrogada, ha preferido por el momento no trasponer la jurisprudencia europea a su ordenamiento, y deja que sean los tribunales los que decidan caso a caso.

En este caso, los demandantes (por separado) eran dos hombres, Didier Foulon y Philippe Bouvet. Foulon es padre de una niña, nacida en Bombay en julio de 2009. Bouvet es a su vez padre de dos gemelos, nacidos también en Bombay, en abril de 2010. Ambos recurrieron a la gestación subrogada en la India, país que por entonces permitía el acceso a dicho procedimiento a ciudadanos extranjeros (posteriormente lo ha prohibido). Francia, país que prohíbe la gestación subrogada, se negó sin embargo a registrar a los tres niños como hijos de los que de hecho son sus padres biológicos.

Tras agotar las instancias judiciales francesas, ambos padres acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en una sentencia conjunta ha fallado, por unanimidad de los jueces que han examinado el caso, que el Estado francés ha violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra el derecho al respeto a la vida privada (ver sentencia). El alto tribunal explica que se trata de la misma situación que la planteada por los casos Mennesson y Labassee.

Dominique y Sylvie Mennesson y Francis y Monique Labassee son dos matrimonios franceses que tuvieron a sus hijas en Estados Unidos, también por el procedimiento de gestación subrogada, y a las que Francia negó también la inscripción. En junio de 2014, como ya entonces recogimos, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que pese a que las autoridades francesas conocían que las tres niñas habían nacido como hijas legales de sus padres en Estados Unidos, les habían denegado la protección que la ley francesa ofrece, socavando su identidad en el seno de la sociedad francesa. Aquella sentencia admitía que los estados disponen de un amplio margen para legislar como cada uno decida las condiciones en las que permiten o no la gestación subrogada, rechazando que la situación de las dos parejas de padres se pudiera considerar discriminatoria, y centrando su condena en cómo la decisión afectó a sus hijas. En este sentido, el tribunal consideró que el margen de los estados se reduce mucho cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, debiendo prevalecer el interés del menor y su derecho a la identidad.

De la misma forma, el alto tribunal considera ahora que Francia violó el derecho al respeto a la vida privada de los hijos de Didier Foulon y Philippe Bouvet, aunque no el derecho al respeto a su vida familiar, fijando además una indemnización similar a la que fijó en la anterior sentencia: el Estado francés deberá indemnizar con 5.000 euros a cada uno de las menores por el daño causado y tendrá que desembolsar además 15.000 euros a cada una de las familias demandantes en concepto de costas.

En definitiva, y como ya resumimos en 2014: la Corte Europea de Derechos Humanos permite que los estados (Francia, en este caso) puedan prohibir la gestación subrogada a sus ciudadanos, pero al negarles los derechos de filiación a los hijos que hayan nacido mediante este procedimiento en otro país que sí se los reconozca estima que lo que se está haciendo es vulnerar los derechos de los menores. Una jurisprudencia que, sin embargo, Francia se niega a incorporar a su ordenamiento jurídico, dejando en manos de los tribunales la decisión tras analizarlo caso a caso.

La primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Francia se produjo cuando precisamente en España algunos tribunales avalaban rechazar la inscripción de estos niños con argumentos similares a los del Estado francés, y el entonces gobierno del PP se planteaba un cambio legislativo que los dejaba absolutamente desprotegidos. Curiosamente, todos los problemas dieron comienzo cuando fueron parejas de hombres los que comenzaron a acceder a este procedimiento: a las parejas heterosexuales estériles que también recurren a este procedimiento no parece que el Registro Civil español les haya tradicionalmente puesto problema alguno para inscribir a sus hijos.

Un debate pendiente

Como recogíamos hace varias semanas, el debate sobre la gestación subrogada se ha abierto tímidamente en España de la mano de Ciudadanos, que propuso en la Asamblea de Madrid solicitar al Gobierno de España que la regulase. La propuesta contó con el apoyo de la mayor parte de los representantes del PP, incluido el de la presidenta Cristina Cifuentes (aunque tres de sus diputados más conservadores se rebelaron y votaron en contra), el rechazo frontal del PSOE y la oposición matizada de Podemos, que presentó varias enmiendas con objeto de pedir garantías máximas para las mujeres gestantes, incluyendo el derecho a exigir la custodia del niño durante un periodo de tiempo establecido.

Las posturas son desde luego difíciles de reconciliar. En España siempre ha habido gran resistencia a regular la gestación subrogada, y no solo desde posturas conservadoras: una parte del feminismo (representada por ejemplo por la plataforma No Somos Vasijas) se opone frontalmente, por considerarla una forma de explotación mercantilista del cuerpo de la mujer. También se opone abiertamente el PSOE, que en junio del año pasado llegó a proponer que se prohibiera la difusión de cualquier información que facilitase el acceso a dicho procedimiento, legal en varios países (los socialistas acabaron por retirar la sorprendente propuesta). Ni siquiera entre los colectivos LGTB las posiciones son del todo unánimes. El colectivo madrileño COGAM es desde luego el que más se ha significado a favor de que se regule, y junto a otras organizaciones ha promovido de hecho la Plataforma de entidades LGTB+ por la legalización de la Gestación por Subrogación (cuyo manifiesto puedes descargar aquí). Lo que pide COGAM es una regulación que respete los derechos de todas las personas intervinientes, vetando la posibilidad de intercambio económico más allá del abono de las molestias y gastos.

Más allá de la discusión de fondo, lo que en cualquier caso no parece de recibo es lo que ha sucedido en México o en Portugal, en los que finalmente se admite la gestación subrogada pero se excluye de ella a las parejas del mismo sexo…

Fuente Dosmanzanas

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