Tras conocerse la presentación de una moción de censura para desplazar al PP de Gobierno de Murcia, el líder regional de los socialistas, Diego Conesa, destacaba que el mal llamado «PIN parental», al que también se oponían desde Ciudadanos, había sido una de las claves del movimiento, junto a la «falta de transparencia en la gestión» y la «corrupción del escándalo de las vacunas». Las maniobras posteriores del PP, que se ha asegurado el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos a cambio de incorporarlos al Gobierno regional, han dado al traste con el intento de desplazar a los populares del Gobierno regional y anular la influencia de Vox. 

La Región de Murcia se despertaba la mañana del pasado miércoles con el registro de una moción de censura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos contra el popular Fernando López Miras, que desde las elecciones de 2018 gobernaba en coalición con el propio Ciudadanos con apoyo externo de Vox, la formación de extrema derecha. El motivo era la tensión creciente en el seno del gobierno entre populares y naranjas, motivado por el reciente escándalo de la vacunación contra la covid-19 de la cúpula de Sanidad (así como del concejal Felipe Coello, ya dimitido, en el Ayuntamiento de Murcia), las denuncias cruzadas en el consistorio de la capital entre los populares y el concejal de Ciudadanos Mario Gómez con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio y, finalmente, el nuevo acercamiento del PP a la extrema derecha de Vox en materia educativa que, como adelantábamos en febrero, supondrá previsiblemente la reintroducción del la censura parental en las aulas a cambio de su voto favorable a los Presupuestos autonómicos de 2021. Un acuerdo entre PP y Vox que se confirmaba días después.

Pese a que todas eran cuestiones de peso para la formación naranja, el partido Ciudadanos se había opuesto a volver a implantar la medida estrella de la extrema derecha en las aulas. Un giro significativo, dado que aunque el partido naranja siempre se había sentido incómodo con la medida, en la práctica la había tolerado. Es necesario recordar, de hecho, que hasta que la justicia la suspendió cautelarmente la medida llegó a estar vigente en la región mientras la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, también ejercía como vicepresidenta única de la comunidad autónoma. Franco es, precisamente, una de las tres tránsfugas de Ciudadanos que finalmente han dado al traste con la posibilidad de cambio al frente del Gobierno de Murcia.

El que más rotundamente indicó que el retorno de la censura parental a la Región de Murcia supuso un acelerador del intento de moción de censura fue el líder de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa. El secretario general de los socialistas murcianos manifestaba la mañana del 10 de marzo en el programa de televisión Al Rojo Vivo que «el PP es un juguete roto en manos de la ultraderecha. Queriendo de nuevo reavivar los fantasmas de la censura educativa con el pin parental han acelerado este proceso y esta toma de decisiones».

En cualquier caso, el Gobierno central ya ha anunciado que volverá a recurrir la censura parental denunciando ante los tribunales a todas las comunidades autónomas que la apliquen, sean la Región de Murcia, Andalucía o Madrid, otras dos comunidades en las que Vox, desde su posición de fuerza en los parlamentos regionales, exige la aplicación de la medida (hasta ahora este recurso solo había sido necesario en Murcia). Además, según informa Fuensanta Carreres en el diario La Verdad de Murcia, la censura parental quedará sin efectividad tras la aplicación en el currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, también conocida como «Ley Celaá»). Sin embargo, en la Región de Murcia al menos modificaría la naturaleza de las charlas que históricamente venía impartiendo el colectivo No Te Prives, ya que los contenidos de educación afectivo-sexual pasarían a ser impartidos por los profesores y no por los profesionales de la asociación.

Moción de censura condenada al fracaso

Por lo que se refiere a la moción de censura contra López Miras, está queda condenada al fracaso tras la maniobra del PP asegurándose el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que a cambio incorpora al Gobierno (dos son nuevos consejeros, la tercera es Isabel Franco, que sigue como vicepresidenta). Los naranjas perderán así, muy probablemente para siempre, la posibilidad de presidir por primera vez una comunidad autónoma (la candidata era la hasta pocos días consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal). Habrá que ver qué pasa, eso sí, con los municipios que entraban también en el pacto inicial entre el PSRM y Ciudadanos, y donde los naranjas han gobernado hasta ahora con el PP habiendo sido los socialistas la opción más votada en las pasadas elecciones: Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, que pasarían a ser regidos por los socialistas.

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«El Consejero de Presidencia y Hacienda ha ratificado por escrito a Vox la voluntad y el compromiso «indudable» del Ejecutivo murciano de aplicar la censura parental, medida estrella de la formación de extrema derecha, y le ha transmitido que ya se trabaja en la modificación de los decretos que impiden su aplicación.

El Gobierno de la Región de Murcia vuelve a hacer un guiño a Vox (la fuerza más votada en las últimas elecciones generales en la región) poniendo en el punto de mira a la educación en valores y al colectivo LGTBI+. Mediante un documento escrito, el consejero de Presidencia y Hacienda ha asegurado a la formación de extrema derecha  que ya se trabaja en regular la autorización de los padres para charlas en centros educativos. Este documento es un informe del grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox para aprobar los Presupuestos de 2020 de la Comunidad Autónoma. Ahora, con la negociación para la aprobación de los Presupuestos de 2021 en marcha, el Gobierno regional parece apretar el acelerador para contar con los votos de la extrema derecha, a la cual necesita si el resto de la oposición se opone a las cuentas.

Según el diario La Verdad, el documento confirma que está en marcha la modificación de los tres decretos que establecen el currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El eufemismo que utilizan desde el Gobierno de San Esteban para aplicar la censura parental es «aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos». El texto añade que se busca «adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto, el pluralismo y el uso de criterios científicos», términos ambiguos y que, según la interpretación del texto, podrían validar o denegar una misma actividad en el aula.

Según indica también el texto, la Consejería de Educación no ha recibido durante el curso pasado ninguna reclamación de alumnos, padres o docentes, en cuanto a la idoneidad o no de actividades complementarias. Este periodo realmente solo correspondería a los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020, periodo en el que hubo actividad presencial en las aulas.

Hay que recordar, en este sentido, que la pandemia por coronavirus azotó a España justo después de que el Ministerio de Educación llevara a los tribunales al Ejecutivo autonómico al implantar la censura parental, una medida que permite a los padres homófobos impedir que sus hijos acudan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual, principalmente impartidas por profesionales del colectivo LGTBI de la Región de Murcia, No Te Prives. Una medida que se aplaudió desde los sectores más reaccionarios y contrarios al avance de los derechos de las personas LGTBI+. A continuación, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de forma cautelar su implantación. Una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, el alto tribunal murciano archivó el recurso contra la censura parental al haber expirado el ámbito temporal de aplicación de la medida. Sin embargo, con la vuelta a una relativa normalidad en las aulas y la aparente sensación de que la presencialidad va a continuar durante el vigente curso 2020-2021, resucitan las exigencias de la extrema derecha para implantar la que desde el inicio de la legislatura regional ha sido su medida estrella. La censura parental, recordemos, fue una de las pocas condiciones que acordó la extrema derecha con el Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de la comunidad (de hecho es la primera medida que se enumera en el documento rubricado por las tres formaciones).

De confirmarse la noticia, es de prever que el Gobierno de España active de nuevo la vía judicial contra la medida. También es esperable que, pase lo que pase, el discurso de la extrema derecha, de nuevo protagonista de la agenda política y mediática, continúe intentando socavar la profesionalidad del personal que imparte estas charlas, creando de nuevo un conflicto que no existía y legitimando el discurso de odio contra el alumnado, colectivos y la población LGTB+ en general.

Fuente Dosmanzanas

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 La consejería de Educación está dirigida por Javier Imbroda, de Ciudadanos

El pin parental evitará que se enseñe derechos humanos, como los de las personas #LGTBI, en las aulas andaluzas

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Alejandro Hernández, han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar los “cambios normativos” para que los padres puedan decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias en los colegios, el llamado “pin parental”.

Este acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, se ha firmado el mismo día en el que el pleno del Parlamento ha convalidado, con el apoyo de Vox al PP y Ciudadanos, coaligados en el Gobierno andaluz, el decreto-ley que modifica el proceso de escolarización y adapta la admisión del alumnado a la reforma educativa del Gobierno, que se aplicará en el próximo curso 2021-2022.

El objetivo de este acuerdo, es “salvaguardar la libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente”.

La Consejería, liderada por Imbroda, que pertenece a Ciudadanos, se compromete a impulsar, antes de que finalice el periodo de sesiones que ha comenzado hoy, “los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo”.

Aboga por establecer “un sistema transparente de información a los padre a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española”.

Fuentes de la Consejería de Educación han manifestado que es un “acuerdo para, como ya dijo el consejero en su momento, trabajar en mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información previa del proyecto del centro educativo a las familias”. “Es decir, implementar mecanismos para que los padres conozcan el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo. Se trata exclusivamente de mejorar la información y la transparencia, no de implementar una autorización expresa”, han dicho.

Fuente Agencias

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Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) emprenderá acciones legales si el Gobierno de Murcia cumple su anuncio de blindar el veto parental exigido por Vox a través de la modificación en los decretos de currículum educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Así, de publicarse, la Federación recurrirá dicho decreto. Además, confía en que el Ministerio de Educación mantenga su compromiso de actuar, si esto ocurre, a pesar de las últimas modificaciones anunciadas por la Consejería de Educación murciana.

En este sentido, la responsable de políticas identitarias de FELGTB, Paula Iglesias, recuerda que “el veto parental, a pesar de sus últimas modificaciones, sigue vulnerando varias de las leyes recogidas por la legislación española, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU ratificada por España y va en contra del interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico del estado”. Además, denuncia que “se trata de una medida que vulnera el derecho del alumnado al conocimiento y que deja desprotegida a la infancia frente a la LGTBIfobia a la que la ultraderecha está incitando de manera recurrente desde la esfera pública”.

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, manifiesta que “nuestras leyes prohíben el veto parental porque son un reflejo de nuestra sociedad y nuestra sociedad rechaza el veto parental porque quiere que sus menores crezcan informados y educados en el respeto, la igualdad y los derechos humanos. El veto parental sigue dejando a parte del alumnado aislado a merced de posibles ideas LGTBIfóbicas, racistas o machistas de sus familias”.

Así, denuncia cómo la Consejería de Educación de Murcia ha adoptado el discurso LGTBIfóbico de la ultraderecha al anunciar que las charlas impartidas por el funcionariado no estarán expuestas al veto parental al entenderse que las personas funcionarias cuentan con una “neutralidad ideológica”.

“Las charlas en diversidad afectivo- sexual, familiar y de género, al igual que las charlas contra el racismo, el machismo o las que tratan sobre la inclusión de las personas con discapacidad son formaciones en derechos humanos impartidas por el tercer sector que nadan tienen que ver con contenidos ideológicos”, asegura. “Permitir a las familias que eviten que sus menores reciban este tipo de educación es lanzar el mensaje de que vivimos en una sociedad donde la xenofobia, el machismo o la LGTBIfobia son comportamientos aceptables”, añade.

“Arrebatar a los menores su derecho al conocimiento es una forma de discriminación contra la que el estado de derecho debe actuar. Se les está privando, entre otros aspectos, de conocer herramientas para identificar el machismo o las relaciones tóxicas, prevenir las ITS o combatir el acoso escolar”, asegura.

Asimismo, recuerda que el veto parental es una medida impulsada en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad española. “En los últimos días, hemos visto a multitud de entidades sociales, organizaciones feministas, de personas migrantes, sanitarias, de infancia, asociaciones de familias o representantes de la comunidad educativa, entre otros, rechazar frontalmente esta iniciativa. Ya somos más de 200 entidades las que nos hemos adherido a un manifiesto para exigir su inmediata retirada”, recuerda.

Fuente FELGTB

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En el I.E.S. Narcis Monturiol de Parla, Madrid, se está llevando a cabo una iniciativa desde el año pasado llamada Recreos Diversos. Se intenta crear un espacio para adolescentes LGTB en el que puedan expresarse libremente.

“Aquí nadie nos juzga. No nos sentimos rechazados, nos sentimos liberados”, opina Atalanta Iniesta, una estudiante integrante de este grupo. Este grupo esta supervisado y coordinado por Alba Sierra, la cual indica la dificultad que tiene descubrir tu sexualidad siendo tan joven y que además no encuentres apoyo a tu alrededor. Esta iniciativa vino como resultado de un experimento social que la propia Sierra llevo a cabo en sus clases. Simplemente llevo una pulsera con los colores LGTB, sus alumnos la preguntaron por ello. Después les paso un cuestionario sobre diversidad LGTB.

Desde aquel momento, un grupo de profesores se reúnen para implantar los valores de la diversidad. Pese a esta iniciativa, se sigue considerando concienciar a la gente. Para Atalanta una mejora, sería que todos los profesores normalizasen a las personas LGTB. Otra compañera suya, Paula Estefani, se ha quejado de que no haya referencias a personas LGTB en las clases de historia.

En Madrid se está incluyendo de manera obligatoria materia LGTB desde el año 2016. Apoyadas por la Ley de Identidad y Expresión de Genero e Igualdad Social y no Discriminación, y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Orientación Sexual. Esta última establece que se debe desarrollar un plan de estudios transversal en el que se visibilice y normalice la realidad LGTB. “Debería estar integrado en todas las asignaturas”, según Rubén López, director del Observatorio Madrileño contra la LGTBofbia.

La LGTBIfobia sigue siendo un problema y se combate con educación.

Fuente El País

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De su blog Teología sin censura:

“Una cosa es ‘educar’ y otra cosa es ‘adoctrinar'”

“La religión tiene una particularidad que no la suelen tener las demás asignaturas. No es lo mismo ‘enseñar’ matemáticas o geografía que ‘adoctrinar’ a los alumnos en una determinada religión”

“Es importante saber (y tener siempre en cuenta) que la religión – con todo lo que la religión implica – se puede (incluso se suele) falsificar con más frecuencia de lo que imaginamos”

“Seamos ciudadanos honrados y honestos. Si lo somos, no perderemos el tiempo discutiendo si tengo o no tengo derecho a hacer con mis hijos lo que a mí me gusta, me conviene o me interesa”

20.01.2020 José María Castillo

No es lo mismo enseñar la “asignatura de religión” que utilizar la escuela para transmitir unas determinadas “creencias religiosas”. Porque la religión tiene una particularidad que no la suelen tener las demás asignaturas que se enseñan a los niños y jóvenes en las escuelas y colegios. No es lo mismo “enseñar” matemáticas o geografía, pongo por caso, que “adoctrinar” a los alumnos en una determinada religión.

Las matemáticas son “conocimientos”, que no tienen por qué condicionar la vida y la conducta del que aprende los números y su importancia en la vida y la cultura. La religión se basa en unas “creencias”, que (si se enseñan como tiene que ser) cada cual las acepta o las rechaza libremente. No olvidemos que las creencias religiosas, si se aceptan libremente, condicionan o modifican la vida del creyente.

Otra cosa es, si lo que se enseña, en la clase de religión, es explicar el “hecho religioso”, en la historia de la humanidad, en la cultura de los pueblos y en los beneficios o peligros que ese hecho suele aportar (o puede tener) para los individuos y para la sociedad. Es evidente que el “hecho religioso” ha sido – y en gran medida sigue siendo – un fenómeno de notable importancia en la vida y la cultura de los pueblos y de la sociedad en general.

Por otra parte, es importante saber (y tener siempre en cuenta) que la religión – con todo lo que la religión implica – se puede (incluso se suele) falsificar con más frecuencia de lo que imaginamos. Por eso me gusta recordar lo que recientemente ha escrito el profesor Thomas Ruster, de la universidad de Dortmund.

Refiriéndose a lo que pasó en Alemania, en la segunda guerra mundial, nos recuerda Ruster que “el holocausto se produjo dentro de una cultura conformada por el cristianismo. No solo los campos de concentración estaban ubicados cerca de museos, auditorios y bibliotecas, no solo quienes planearon y ejecutaron el exterminio leían a Goethe y a Schiller, sino que la mayoría de aquellos facinerosos habían recibido durante años clases de religión cristiana, asistían con frecuencia al culto divino y escuchaban sermones e instrucciones morales.

Existió un cristianismo que hizo posible Auschwitz, o al menos no lo impidió. No hubo una protesta, una resistencia general de los cristianos en Alemania cuando Auschwitz se hizo vivible, ni cuando se fue conociendo más y más lo que allí sucedía… Se enseñó, entendió y vivió la fe en el Dios de los cristianos olvidando la comunión de estos con el pueblo de la alianza” (El Dios falsificado, Sígueme, 2011, p.32-33).

Y para terminar, que nadie me venga diciendo que “mis hijos son míos”. Y, en consecuencia, yo los educo como yo quiero. Por favor, que nadie vaya por ahí, diciendo que “mis hijos son míos”. Y, en consecuencia, yo lo adoctrino como quiero y como me parece. Una cosa es “educar” y otra cosa es “adoctrinar”.

Educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales o morales, mientras que adoctrinar es inculcar determinadas ideas o creencias. Lo padres deben educar a sus hijos, por supuesto. Y deben adoctrinarlos en los criterios determinantes de la vida honesta y honrada. Pero no olvidemos que uno de esos criterios debe ser el de la libertad, para ir por la vida siendo personas honradas y coherentes. Teniendo presente que, cuando la religión no está falsificada, las creencias religiosas ayudan poderosamente a vivir siempre en la honradez y la honestidad.

Por eso, me atrevo a pedirle a todo el mundo: seamos ciudadanos honrados y honestos. Si lo somos, no perderemos el tiempo discutiendo si tengo o no tengo derecho a hacer con mis hijos lo que mí me gusta, me conviene o me interesa.

Cristianismo (Iglesias) Adoctrinar, Educar, Hijos, Padres, Pin parental

FELGTB celebra la decisión del Gobierno central de recurrir por la vía judicial el ‘pin parental’ de Vox

Diversos colectivos LGTB, entre los que se encuentran FELGTB y Arcópoli han convocado una marcha para hoy jueves 23 de enero en Madrid, para protestar contra la medida que el partido de ultraderecha VOX, apoyado por el Partido Popular y Ciudadanos ha aprobado en Murcia y  quiere instaurar en el país, el llamado PIN parental.

La convocatoria ha sido publicada en las cuentas de Twitter de las distintas asociaciones.

“¡Debemos garantizar el derecho de todo el alumnado de recibir formación en Diversidad LGTB!”, apuntaba el mensaje.

Llaman a toda la ciudadanía para seguir reivindicando los derechos de los menores a ser educados.

“Ni son propiedad de nadie ni vamos a consentir que se invisibilice la diversidad sexual y de género en las aulas”, escribía Arcópoli en su mensaje.

¡Este jueves, únete a la concentración y di #NoAlPinParental!

¡Debemos garantizar el derecho de todo el alumnado de recibir formación en #DiversidadLGTBI!#TienenDerechoASaber #YoEducoEnDiversidad pic.twitter.com/d0E3IOWARZ

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) January 20, 2020

Ante la situación que ha provocado la demanda del grupo de ultraderecha, todas las organizaciones se han visto obligadas a alzar la voz en contra de esta medida. “Todas las personas y entidades compañeras que quieran sumar su voz están invitadas a unirse. Juntos somos más fuertes y haremos que nos escuchen en todas partes”, decía parte del mensaje en relación a la necesidad de unión.

A este mensaje se ha unido Docentes LGTB, una organización formada por docentes a favor de la diversidad afectica, sexual y de género. “Decimos NO al PIN parental y proponemos la Visibilidad LGTB del profesorado. Todas las niñas, les niñes, y los niños tienen derecho a saber  y a estudiar en escuelas seguras libres de LGTBIfobia”, señalan desde Docentes LGTB.

Nosotros desde Cristianos Gays, queremos sumarnos a la protesta y extender el mensaje de la marcha de hoy en Madrid en la Plaza Zerolo a las 18:00 de la tarde, para que vaya todo el mundo.

Fuente Agencias/FELGTB/Arcópoli

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Este hombre siempre sale a la palestra para defender lo más retrógrado si hay la mínima posibilidad de arremeter contra las personas LGTBI, sin importarle alinearse con la extrema derecha…

 El prelado ha defendido el sistema impulsado por Vox mediante el que los padres podrían negarse a que sus hijos recibieran charlas de educación afectivo-sexual en los colegios

En la misma audición, Munilla ha considerado “cada vez mayor” la “intromisión del estado en la vida de la familia” y ha opinado que el nuevo gobierno le está poniendo “palitos a la rueda” de la asignatura de Religión

 El portavoz de la CEE, Luis Argüello, entra en la polémica por el pin parental: “Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado!”

Los protestantes lamentan el “falso debate” sobre el pin parental

Escuelas Católicas considera innecesario el ‘pin parental’

Una educación integral: Pin parental, pin social. La batalla de la escuela

20.01.2020 José Manuel Vidal

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha reivindicado el polémico ‘pin parental’ implantado en Murcia en su audición de este lunes en Radio María. El prelado defiende, de esta manera, el sistema impulsado por Vox mediante el que los padres podrían censurar las charlas afectivo-sexuales que se impartieran en el centro escolar de sus hijos.

Famoso por su pensamiento ultraconservador, Munilla ha arremetido contra la ministra de Educación, Isabel Celaá, que el pasado viernes mostró el rechazo del nuevo gobierno a la censura parental. “No me importa que la mayoría piense una cosa. Existe el derecho a ser minoría”, ha declarado Munilla, en una desconcertante alusión a las palabras de la ministra. “Si ese curso de educación afectivo-sexual está dado desde una concepción de la antropología contrario a las convicciones de una familia, ¿quién es usted, quién es el Estado, quiénes son las administraciones públicas para imponer tal concepción?”, ha espetado en la radio.

Una Iglesia contra la ‘estadolatría’

En la misma audición, Munilla ha considerado “cada vez mayor” la “intromisión del estado en la vida de la familia”, y sumándose a las voces más broncas y apocalípticas de la jerarquía católica ha afirmado que “Caminamos hacia la ‘estadolatría’”, porque el pacto que permitió la formación del nuevo Ejecutivo busca poner, en su opinión, “palitos en la rueda” a la asignatura de Religión y el modelo de educación católica.

Escuelas Católicas ha matizado que el pin “no es en sí mismo ilegal”, pero que su utilización podría “introducir una enorme complejidad en los centros” innecesariamente.

Cerrando puertas…

Escuelas Católicas considera innecesario el ‘pin parental‘

Por su parte, en un comunicado, Escuelas Católicas ha recordado que el Estado no puede suplantar a los padres en la formación moral de sus hijos, pero ha manifestado considerar “innecesario” el pin parental.

La organización ha matizado, apaciguando la polémica y desde una perspectiva más realista, que dicho pin “no es en sí mismo ilegal”, pero que su utilización podría “introducir una enorme complejidad en los centros al poder implicar la necesidad de autorización expresa y previa para una gran amplitud de situaciones y actividades”.

En cuanto a la educación en sus centros afiliados, ha explicado que ya “funcionan todos en régimen de coeducación” y que “desde hace tiempo apuestan porque sus alumnos reciban una formación afectivo sexual como parte de su educación integral, siempre acorde con el proyecto educativo y el ideario que los padres conocen y han aceptado”.

Fuente Religión Digital

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La organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, Discriminación, Educación, HazteOir, Homofobia/Transfobia, LGTBfobia, Pin parental, PP, Teresa García Noblejas, VOX

Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia.  PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. CC OO, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Foro de la Familia, Homofobia, Javier Celdrán, La Verdad, LGTBfobia, Murcia, No Te Prives, Pin parental, PP, VOX

José María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
• Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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La organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

El kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

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A través de la campaña “Tienen derecho a saber”, FELGTB y sus entidades miembros exigen al Ministerio de Educación y a las consejerías autonómicas que recuerden a sus centros educativos la obligatoriedad de cumplir la legislación y  que se imparta educación en diversidad LGTBI de forma obligatoria

Solicitar el consentimiento de las familias para dar cumplimiento a la ley educativa abre la puerta a que el sistema educativo reconozca como “válidas” otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia

(30.10.19) La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB)

y sus entidades miembros recuerdan, tanto al Ministerio, como a las consejerías autonómicas de Educación, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Sin embargo, en la actualidad, muchos territorios no tienen implementado este tipo de formación como deberían.En este sentido, las entidades LGTBI recuerdan que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, además de diversas legislaciones autonómicas, establecen la obligatoriedad de que el Estado adopte medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.

Así, declaran que las consejerías de Educación tienen, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, según explican, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como defiende la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.

Por este motivo, las entidades representantes de personas LGTBI solicitan tanto al Ministerio, como a sus respectivas consejerías de Educación que, tal y como ya ha hecho la Administración de Canarias, recuerden a través de un documento escrito a sus centros educativos la necesidad y la obligatoriedad de implantar este tipo de formación en sus aulas y de ofrecerla a la totalidad del alumnado. Además, a través de la campaña “Tienen derecho a saber”, invitan a la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa y envíe sus propias cartas con esta demanda a las Administraciones públicas.

Asimismo, exigen a las consejerías que están implantando medidas que contradicen incluso sus propias legislaciones autonómicas, como es el caso de Murcia o Andalucía, la retirada o modificación inmediata de las instrucciones que obligan a los centros a solicitar el consentimiento familiar para que el alumnado reciba determinadas formaciones y que, lejos de garantizar la educación en libertad como promulgan, están privando al alumnado de su derecho a conocer la realidad de la sociedad en la que viven y continúan dejando a la infancia LGTBI desprotegida en las aulas.

Según la coordinadora del grupo de Educación de FELGTB, Visi González, “la intención de esta acción es recordar la obligada responsabilidad de los poderes públicos de cumplir y defender la legislación actual en materia educativa y disipar las dudas que estén pudiendo surgir como consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas”.

En este sentido, González recuerda que “la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género”.

Y es que, según la representante de FELGTB, la aplicación de un “pin parental” que la ultraderecha, con el apoyo de otras fuerzas políticas, está instaurando en algunas autonomías “abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores”.

Además, explica que el uso del término pin parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, añade que “el pin parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado “PIN parental” no es más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. “El alumnado no necesita un PIN parental para la escuela puesto que el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”, declara la experta.

Fuente FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Pin parental, Tienen derecho a saber

Vox vuelve a cargar con su propuesta del Pin parental, lo han comunicado en la Asamblea de Madrid, quieren que los padres puedan elegir si sus hijos acudan a clases sobre educación LGTBI u otras actividades de índole sexual. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a llegar a ese extremo, lo considera inadecuado para la docencia.

Esto ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el día de ayer, cuando el diputado de Vox Mariano Calabuig preguntó al consejero si iban a eliminar el PIN parental que ya existe sobre los valores y la religión, no entendía porque el sistema educativo permite elegir entre esas dos modalidades y no se permite “dar la libertad” a los padres de mandar a sus hijos a clase o actividades LGTBI.

Lo considera un paso atrás en materia de derechos hacia los padres. Ossorio le respondió que no tienen pensado suprimir ningún PIN parental, porque no hay ninguno que suprimir, sino que es un decreto existente para las familias. “Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no pueden estudiar astronomía”, concluyo el consejero, mostrando su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la constitución.

No obstante, el también diputado del PP ha recordado que el Tribunal Supremo ha determinado que “en los centros educativos no se puede imponer ni inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas”. Por ello, asegura, los colegios tendrán que explicar el contenido de su programación a principio de curso para que las familias decidan dónde matriculan a sus niños.

Esta polémica se remonta a las negociaciones para formar el Gobierno regional tras las elecciones que ganó el PSOE pero dieron una mayoría a las suma de los partidos de centroderecha. Entre otras cuestiones, Vox planteó como requisito imprescindible para apoyar un Ejecutivo bicolor de PP y a Cs la aplicación de lo que denomina pin parental para evitar “el adoctrinamiento” en las aulas con contenidos académicos relativos a la sexualidad o a los derechos del colectivo LGTBI, recogidos en las leyes autonómicas aprobadas la pasada legislatura.

Finalmente, el pacto no incluyó dicha referencia, pero en su discurso de investidura la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se comprometió a cambio a que sea “obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción”. En ella deberá incluirse tanto el “proyecto educativo” como las “temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas”.

Sin embargo, Vox ha vuelto a poner este jueves en el centro del debate parlamentario la cuestión del pin parental, equiparándolo a la posibilidad de elegir entre la asignatura de Religión y la de Valores. “¿Por qué no existe cuando los padres dicen, mire, es que hay una serie de cosas que no quiero que se le den a mis hijos, como son clases o actividades sobre LGTBI o educación afectivo-sexual que afectan muy directamente a las familias?”, ha preguntado el diputado Mariano Calabuig.

Ossorio le ha respondido que los progenitores no pueden limitar determinados contenidos que reciben los alumnos. “Lo ha dicho el Tribunal Supremo: no se admite objeción de conciencia a los padres cuando son asignaturas del currículo obligatorio”, ha subrayado.

La controversia ha seguido en la Asamblea en una comparecencia solicitada por Más Madrid para interrogar al consejero de Educación sobre la aplicación de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, la diputada de Vox Alicia Rubio, que es profesora, ha llegado a poner como ejemplo de los contenidos que su grupo no quiere que se impartan en los centros escolares el caso de una alumna que le dijo que hasta que recibió una de esas charlas pensaba que “el sexo oral era decir cochinadas por teléfono”.

“¿Qué derecho ampara a esos grupos para entrar como elefante en cacharrería en las aulas, en las conciencias, en la intimidad y en la inocencia de esos menores? ¿No deberían los padres saber y autorizar estos contenidos?”, ha preguntado la representante de la formación ‘verde’, que ha asegurado que “sí se adoctrina en las aulas” con “contenidos sesgados de la sexualidad humana”, y se ha planteado “dónde termina la educación en diversidad sexual” y dónde comienza “la corrupción de menores” con los contenidos que se desarrollan en los centros educativos por parte de colectivos LGTBI. En este punto, la parlamentaria se ha preguntado quiénes son esos colectivos que dan charlas en los colegios y “qué es lo que les avala” para que la Comunidad les permita acudir a los centros educativos a dar estos contenidos. “Yo creí en esos contenidos de género para evitar la violencia y fomentar la tolerancia, hasta que vi su trayectoria y vi que no tenía nada que ver con la tolerancia. Hasta ese momento no supe dónde terminaba la educación en diversidades sexuales y comenzaba la corrupción de menores”, ha lanzado.

En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha puesto otro ejemplo, un “caso real” de un chico gay al que su padre, al enterarse de su condición sexual, le dijo antes de destrozar la vajilla de la casa: “Ojalá te hubieras muerto en el accidente de coche que tuviste el año pasado. Prefiero tener un hijo drogadicto, asesino o con discapacidad antes que un hijo maricón de mierda”.

“Esta situación es extrema, desde luego, pero hay demasiadas familias que no ofrecen un entorno seguro a los menores LGTBI precisamente por esos prejuicios que tienen”, ha espetado el parlamentario del grupo de izquierda en una crítica directa a Vox . “Esos niños tienen derecho a que la escuela no reproduzca los prejuicios que tienen los padres, tienen derecho a que se les eduque en libertad”, ha apostillado.

El parlamentario de Más Madrid ha sostenido que este grupo parlamentario se supera “a sí mismo” en cada intervención. “Escuchando a los señores de Vox siempre pregunto lo mismo: ¿a qué tienen ustedes tanto miedo? ¿qué es exactamente lo que les asusta tanto que conozcan sus hijos? ¿sus convicciones son tan débiles como para pensar que sus hijos algún día escuchan algo diferente a las barbaridades y les va a pasar algo? ¿van a ser LGTBI?”, ha espetado.

En este punto, ha recordado que las personas LGTBI se criaron “rodeados de personas heterosexuales, rodeados de referentes heterosexuales, escuchando películas heterosexuales” y ni les cambian, ni ha pasado nada. Les ha instado, además, a que no tengan “tanto miedo a la diversidad” ni a que sus hijos conozcan “la realidad de España en el siglo XXI”.

Por parte del PSOE la parlamentaria Carla Antonelli solicitó a la Comunidad que informara acerca de cuál es su compromiso con el cumplimiento y desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI y se ha refirió a la expulsión de Alicia Rubio de un instituto madrileño y le ha acusado de tener una psicopatía que se llama «transfobia».

Carla Antonelli ha sostenido que a sus 60 años “hay cosas que parecía imposible imaginar” como lo ha sido “escuchar” en la Cámara autonómica “tanto odio que puede escupir una persona” y se sorprende de que “sus vidas hayan girado en torno al odio hacia otras personas”, que han luchado “igual por la democracia y las libertades” en España. “Hacen apología del odio hacia los LGTBI intentando impedir que los niños sean educados en el respeto, dejen a nuestros niños y niñas en paz, que crezcan en libertad y en respeto a su propia identidad”, ha subrayado.

La diputada Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, ha mencionado a HazteOir.org  y defendido el capítulo educativo de la ‘Ley LGTBI’ de Madrid. Y ha reprochado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, de permitir el reparto de folletos en los colegios madrileños, hacer oídos sordos a la creación de páginas web con listas de centros, para intimidar y perseguir a los centros que dan cursos de diversidad sexual…

Este no es más que otro intento de Vox de dañar al colectivo LGTB, con políticas absurdas que no benefician a nadie y no son más que pasos atrás de la sociedad.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Alicia Rubio, Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno, Carla Antonelli, Ciudadanos, Eduardo Fernández Rubiño, Enrique Ossorio, España, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Madrid, Mariano Calabuig, Más Madrid, Pin parental, PP, PSOE, VOX

Califica de “adoctrinamiento de género” los programas de igualdad y pide que las familias puedan rechazarlos

Los colegios han vuelto a abrir el pasado mes de septiembre y los miles de centros educativos del país se han visto envueltos en una polémica campaña del colectivo de ultraderecha “Hazte Oír”. Este colectivo ha realizado una intensa campaña contra la educación de diversidad sexual que se va a empezar a llevar a cabo en los centros docentes.

El grupo ultracatólico Hazte Oír ha enviado cartas a varios colegios navarros en las que cuestiona los programas de coeducación e igualdad, y exige que las familias puedan rechazar lo que califica de “adoctrinamiento de género”. El colectivo ultra, que en 2017 ya genero polémica por un autobús transfobo que fue declarado non grato por varios ayuntamientos y gobiernos autonómicos, acompaña la carta con un formulario para que los centros repartan entre las familias y estas puedan rechazar las actividades vinculada a la igualdad. Añaden, además,  el  enlace del sitio web de “mishijosmidecision.org”. Un folleto digital en el que se advierte de un supuesto “adoctrinamiento de género”, advierten de que en los colegios se estaría enseñando “cosas relacionadas con las lesbianas, el aborto y que podrías hacer el día del Orgullo Gay”. Y animan a secundar un documento que se enviara a los líderes de PP, Ciudadanos y Vox para que se implemente la propuesta llamada Pin parental.

En la campaña se han incluido más de 23.000 colegios de toda España, entre ellos varios navarros, que la semana pasada recibieron la documentación. La carta va firmada por su presidente, Ignacio Arsuaga, y afirma hablar en nombre de los “padres” que “desconfían de las imposiciones ideológicas que se incluyen en las leyes”. Señala que “las leyes autonómicas obligan a los centros escolares a adoctrinar impartiendo contenidos afectivo-sexuales sin conocimiento previo ni autorización de las familias”. Ante lo que propone que se reparta el formulario base entre las familias del centro para que se puedan negar a que sus hijos participen en las actividades programadas en horario escolar.

Junto a ello, el grupo ultra también ha remitido a los colegios un libro titulado Dejad a los niños en paz. Una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género, en el que se recoge su visión de las leyes de igualdad y muestras las iniciativas llevadas a cabo por la organización. Entre ellas se recoge la visita del polémico autobús a Pamplona, a cuyo alcalde, entonces Joseba Asiron, califica de “filoetarra”, y donde afirma haber sido víctima de acciones de “kale borroka” ante “la pasividad absoluta” de la Policía Municipal.

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia a la Fiscalía General del Estado por considerar que esta campaña representa un delito de odio. Compromís estudia acciones legales contra Hazte Oír por su propaganda en las escuelas.

Recordamos que en mayo la Comunidad de Murcia, el gobierno del PP, llevo a cabo la propuesta de Vox “Pin parental”, que obliga a los centros docentes a informar a las familias de todas aquellas actividades que sus hijos van a realizar dentro del centro.

Como esta medida está fuera de las competencias de las escuelas, no se han podido “activar”, y en el caso de la comunidad murciana, ha sido Comisiones Obreras quien se ha puesto al mando para recurrir esta medida, estando a la espera de la resolución de la consejería de la comunidad.

Dado que según las normas autonómicas establecen que este tipo de actividades, que están dentro del horario lectivo de los centros, son obligatorias para todos los alumnos, este hecho haría inviable la propuesta del Pin parental.

Diversos centros que han recibido los envíos de esta campaña, ya han demostrado su objeción a esta propuesta, declarando que sería censurar la forma de educación a los más jóvenes y callar la voz de aquellos que están a favor de la diversidad de género u orientación sexual.

Por ejemplo, el IES Bahía Marbella instituto marbellí planta cara a ‘Hazte Oír‘ en redes sociales: «No educamos en el odio» : «Si ustedes quieren educar a sus hijos en el odio, háganlo en sus casas. Aquí no».

Así que por favor, dejen de gastar el dinero de sus subvenciones en mandar documentación a este centro que solo tendrá un destino: el cubo de la basura. Si quieren ustedes educar a sus hijos en el odio, haganlo en sus casas. Aquí no.

— iesbahiamarbella (@bahiamarbella) 25 de septiembre de 2019

En el caso de este instituto marbellí, su negativa fue más allá y se ha acabado viralizando en redes sociales.

«Estimados señores de Hazte Oír, hemos recibido su carta y su panfleto. Queremos comunicarles que no vamos a establecer su pin parental. En este centro se educa en libertad y en valores. Es un centro libre de acoso contra la comunidad LGTBIQ y así continuará siendo… Así que por favor, dejen de gastar el dinero de sus subvenciones en mandar documentación a este centro que solo tendrá un destino: el cubo de la basura».

Según explica el director del centro, Jorge Figueroba, se trata de un envío masivo a todos los centros de Andalucía, en un sobre sin remitente. «Todos los centros están actuando igual que nosotros, lo que pasa que nos hemos hecho más visibles por el ‘twit’». Figueroba asegura que este envío ya se realizó el año pasado. «Tenemos alumnos LGTB y alumnos transexuales que solicitan un cambio de género. Es un tema que está dentro de la sociedad, y no podemos mirar hacia otro lado porque ciertas personas lo digan», señala.Asimismo, el director del centro afirma que nunca ha habido problemas en este sentido con los padres de los alumnos. «Tenemos constancia de que apoyan estas charlas y estas actividades, es nuestro deber».

Por su parte, Hazte Oír se hizo eco del ‘twit’ del centro educativo y no dudó en responder: «El IES Bahía Marbella se declara centro adoctrinador en ideología de género», publicaban en su cuenta de Twitter. El colectivo apuntó que «seguirá defendiendo el derecho fundamental de los padres a elegir qué educación quieren para sus hijos». Hazte Oír asegura que «no se trata de una campaña contra los profesores y la comunidad educativa, sino contra los activistas LGTBI que quieren adoctrinar a nuestros hijos» y señala que su único objetivo es conseguir que los padres sean informados y consientan la participación de sus hijos en este tipo de actividades. «Nos han llegado casos de padres a los que sus hijos de ocho años les han contado que han aprendido a poner un preservativo en clase. Solo queremos que se informe a los padres de las actividades que se realizan en el centro».

Por su parte, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional en la que muestra “su más rotundo rechazo” a la campaña de la plataforma Hazte Oir  así como “a cualquier iniciativa que transmita ideas contrarias al respeto, la igualdad y la libertad e intente coaccionar a la comunidad educativa en lo que respecta a la educación afectivo-sexual y la igualdad de derechos” y solicita al departamento de Educación que “adopte las medidas oportunas para que los centros educativos descarten y no difundan entre la comunidad educativa este tipo de materiales”.

Fuente Agencias

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Teresa García Noblejas, vocera de Hazte Oír

El colectivo homofóbico Hazte Oír comenzó a repartir folletos alertando a los padres sobre el supuesto «adoctrinamiento sexual» en las escuelas de España.

El grupo homofóbico Hazte Oír dio rienda suelta a su campaña #MisHijosMiDecisión en España. En Madrid, este lunes 9 de septiembre de 2019, día del regreso a clases, se entregaron folletos en contra de la educación sexual en los colegios acompañados de la nueva propuesta de Hazte Oír: el PIN parental.

La iniciativa surgió debido a que, según el colectivo, tienen más de 300 casos registrados de ‘adoctrinamiento sexual’ en los colegios españoles. Entre ellos está el hecho de que una drag queen haya explicado a niños y niñas de 6 años lo que es la diversidad sexual en el colegio del Pinillo de Torremolinos, en Málaga.

Por ello, miembros del colectivo repartirán desde esta semana alrededor de 100,000 ejemplares del PIN parental. Planean hacer esto en al menos 23,000 colegios de todo el país. Con respecto a esta nueva iniciativa, Teresa García Noblejas, vocera del colectivo, aseguró lo siguiente.

«Los políticos han decidido que se hable a los menores de placeres eróticos y de que pueden elegir su género, entre otras cosas. Sencillamente, pedimos que se dé a los padres la opción de conocer con antelación las actividades y charlas que afecten a la formación afectiva y sexual de sus hijos».

Otro de los programas que este grupo homofóbico ha intentado combatir es el SKOLAE. Este enseña progresivamente a los alumnos cosas como la crítica frente a la desigualdad, empoderamiento y participación social, además de temas de sexualidad, convivencia y prevención de la violencia. Pero, según la malinterpretación de Hazte Oír, el programa busca «iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos como forma de reconocimiento de la sexualidad infantil».

Este es uno de los elementos claves para la campaña #MisHijosMiDecisión. El PIN parental es una solicitud de información previa y consentimiento expreso. En esta se pide a los docentes informar de cualquier actividad escolar que «afecte directamente a la educación moral del alumno en cuestiones socialmente controvertidas». Entre estos temas se encuentran los relativos a la educación afectivo-sexual, la ‘identidad y expresión de género’, la ‘diversidad sexual y afectiva’, los ‘diferentes modelos de familia’, etc.».

PIN parental entregado por Hazte Oír a padres madrileños. / Foto: Hazte Oír

Con esto, se les pide a los maestros que informen a los padres sobre los objetivos, contenidos, programaciones, materiales, fecha, horario, persona o entidad que impartirán los cursos. De esta manera, los papás y mamás podrán decidir si quieren que su hijo o hija asista o no a estas actividades. En el caso de que un docente haya firmado el PIN parental pero no haya informado a los padres sobre esta actividad, se indica en el papel que los padres podrán asistir a la Consejería de Educación y a la directiva del centro educativo para que se le exima de estas actividades al menor.

Es importante ser conscientes de que, si esta campaña se vuelve popular, esto podría ralentizar la inclusión de más programas de educación sexual en toda España. Por eso es necesario denunciar estas propuestas y ‘opiniones’ como lo que son: homofobia e intolerancia disfrazada de preocupación parental.

Con información de Actuall y Confilegal , vía SoyHomosensual

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La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

La probable futura presidenta del Gobierno regional madrileño, Isabel Díaz, ha hecho caso a todas las propuestas de VOX, lo que incluye derogar partes de las leyes LGTB y Trans, con la aquiescencia de Ignacio Aguado.

El pasado lunes 8 de julio PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para constituir el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo no podía ser posible sin el apoyo de la ultraderecha de VOX. Por ello Isabel Díaz Ayuso, anunció que el pacto al que han llegado recoge todas las medidas que exigía el partido de extrema derecha, que tenía varias propuestas contra el colectivo LGTB. Si bien en el acuerdo no hay ninguna medida contraria al colectivo LGTB, en las declaraciones posteriores la candidata del PP anunció que se llevarían a cabo cambios en las Leyes LGTB y Trans de la Comunidad de Madrid, como reclamaba la formación de ultraderecha.

Arcópoli considera fundamental la educación en las aulas tal y como está aprobado en la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de todos los partidos. A día de hoy según el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia llevamos 154 incidentes de odio recogidos en lo que va de año. Los agresores siguen siendo muy jóvenes. Necesitamos hablar de igualdad y eliminar prejuicios en las aulas tal y como exige la Constitución y las leyes. Dejar al albur de los padres el prohibir que tus hijos escuchen hablar de respeto al colectivo LGTB es atentar contra la igualdad.

Asimismo, consideramos esencial en la Ley el apartado de sanciones, cuestionado por VOX y recientemente por la candidata del PP. Dicho apartado es la esencia de la Ley y desde el primer momento en el que se negoció la misma se exigieron las sanciones, ya que una Ley que no sanciona su incumplimiento no es una Ley, sino un compendio de sugerencias.

Isabel Díaz afirmó ayer que “no se va a retroceder en nada” mientras hablaba de poder dar carta de libertad a padres y madres para prohibir a sus hijos asistir a “talleres afectivos en los colegios”. Eso es retroceder una década, afirma Áxel Sarraillé, nuestro Coordinador General. 

El Coordinador de Arcópoli @AxelSkye96 afirma que: “No es momento de revisarla, sino de desarrollar sus reglamentos tal y como firmaron los diputados de @Cs_Madrid“

— Arcópoli (@arcopoli) 11 de julio de 2019

Exigimos a Ciudadanos y en particular a Ignacio Aguado que aclare su postura sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, puesto que él y su partido fueron redactores de la ley y ahora callan ante el anuncio de una revisión. El Coordinador de Arcópoli afirma que: “No es momento de revisarla, sino de desarrollar sus reglamentos tal y como firmaron los diputados de Ciudadanos en nuestro manifiesto durante la campaña electoral, revisar la ley para eliminar puntos es una traición al colectivo LGTBI”. 

Terminado el Orgullo LGTB 2019. Con nuestros derechos NO se negocia. pic.twitter.com/ZL0KcDMejN

— Arcópoli (@arcopoli) 6 de julio de 2019

Fuente Arcópoli

General, Homofobia/ Transfobia. Arcópoli, Áxel Sarraillé, Ciudadanos, Comunidad de Madrid, Gobierno, Homofobia/Transfobia, Pin parental, PP, VOX