El Ministerio de Justicia lo anunciaba la pasada semana, y ya es una realidad publicada en el Boletín Oficial del Estado (descargar aquí). Los registros civiles tienen instrucción de facilitar el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.

EL Boletín Oficial del Estado unifica el criterio para modificar o cambiar el nombre en el Registro Civil, cuyo único requisito será el de solicitarlo si eres mayor de edad, o que seas una persona emancipada o acudas con tus tutores legales, si eres menor de edad. Esta rectificación ha sido posible gracias a la lucha personal de Gabriel Delgado Suárez, un adolescente de Calatayud al que le denegaron cambiar su nombre porque no era neutro.

Cualquier persona transgénero puede cambiar o modificar su nombre en el Registro Civil reclamándolo en la oficina de su localidad o mediante documento público, según se publica en el Boletín Oficial del Estado este miércoles, 24 de octubre. El único requisito es que sean personas mayores de edad o, si se trata de menores de edad, que estén emancipados o acudan con sus tutores legales «declarando que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado», según aclaran desde la Dirección General de Registros y Notarios en lo que supone una unificación del criterio a nivel nacional y que antes quedaba a juicio del funcionario de turno o de un juez tras presentar un recurso.

De acuerdo a la instrucción publicada en el BOE este 24 de octubre y que firma el director general de los Registros y el Notariado, Pedro Garrido Chamorro (reproducimos literalmente):

Primero

En el supuesto de que un mayor de edad o un menor emancipado solicitara el cambio de nombre, para la asignación de uno correspondiente al sexo diferente del resultante de la inscripción de nacimiento, tal solicitud será atendida, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, el solicitante declare que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado, y que no le es posible obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el Registro Civil, por no cumplir los requisitos del art. 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Segundo

Los padres de los menores de edad, actuando conjuntamente, o quienes ejerzan la tutela sobre los mismos, podrán  solicitar la inscripción del cambio de nombre, que será atendida en el Registro Civil, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, los representantes del menor actuando conjuntamente declaren que el mismo siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado de forma clara e incontestable. La solicitud será también firmada por el menor, si tuviera más de doce años. Si el menor tuviera una edad inferior, deberá en todo caso ser oído por el encargado del Registro Civil, mediante una comunicación comprensible para el mismo y adaptada a su edad y grado de madurez.

Como recogimos tras el anuncio, la medida se hizo pública tras una reunión mantenida entre representantes de Chrysallis (asociación de familias de menores trans), la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el propio Pedro Garrido, en la que Chrysallis recordó al Ministerio que el Gobierno de España no había atendido todavía una Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba precisamente al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación vigente. El resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.

El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. El pasado viernes, de hecho,  Gabriel y su familia entregaron en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.

«Te preguntas: ¿por qué no me dejan ser quien soy? Es lo único que quiero y no hago daño a nadie (…). Si hubiera puesto Gabi habría servido. Pero quiero llamarme como yo desee. Elegir otro nombre sería corregirme y yo no soy un error. El error está en la ley y en este auto injusto», declara Gabriel cuando en septiembre del año pasado le deniegan cambiar su nombre en el Registro Civil,que solicita con el objetivo de que aparezca el nombre con el que se identifica y que utiliza habitualmente en su título de la ESO, cuyo último curso está terminando. El adolescente zaragozano no solo cuenta con el apoyo de su familia, sino que presenta informes médicos de diferentes especialistas en los que explican que ya se encuentra en proceso de transición hormonal, además de un informe favorable a la rectificación de su nombre por parte del instituto de secundaria en el que está matriculado, acreditando que profesores y alumnos se dirigen a él por el nombre de Gabriel.

«Cada vez que tengo que enseñar mi DNI es una humillación, cada vez que tengo que viajar con mi pasaporte es una humillación, cada vez que tengo que sacar un billete de bus es una humillación (…). No hago daño a nadie llamándome como me llamo. No le tengo que contar a nadie mi vida privada, nadie se tiene que enterar de que soy un menor trans, es una estupidez», explica Gabriel a los medios de comunicación cuando el pasado 19 de octubre entrega entrega en la Dirección General de Registros y Notarios más de 129.000 firmas, recogidas a través de una campaña en Change.org, a favor de que le permitan cambiar su nombre en su documentación legal.

«Aprecio mucho la rapidez que se han dado. Me ha sorprendido porque pensábamos que sería antes de Navidad pero no tan pronto», declara Pilar Suárez, madre de Gabriel, explicando que la modificación del BOE se produce tras una reunión de familias de menores transexuales con Chrysallis en Madrid en la que relataron sus experiencias personales sin saber que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, les estaba escuchando y agradecía que le hubieran abierto «las puertas a una nueva realidad y nos dijo que la política tenía que estar para hacer más felices a las personas».

«Estoy contento. Es un buen paso para lograr la igualdad por la que estamos luchando. Pero solo es un paso. Ahora tenemos que ponernos a caminar. No es para nada el final», afirma Gabriel tras la publicación del BOE a su favor, valorando positivamente que el Gobierno haya mostrado su compromiso por su causa, pero señalando que la verdadera victoria sería un cambio legislativo: «Es muy positivo, pero estas son solo recomendaciones. Lo que necesitamos es una ley que nos defienda». En cualquier caso, dado que Gabriel presentó un recurso contra el auto que le denegaba el cambio de nu nombre en su DNI, todavía debe esperar para poder concluir su proceso, aunque se muestra muy optimista y agradecido por todo el apoyo que ha recibido.

Fuente Universogay/Dosmanzanas

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El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) ha denegado la solicitud de cambio de nombre de Gabriel, un adolescente trans de 15 años cuya identidad de género es masculina, que cuenta con el respaldo unánime de su familia y amigos, así como de sus compañeros de instituto y profesores, pero al que un auto niega precisamente su derecho a ver reconocido legalmente su nombre por tratarse de un nombre inequívocamente masculino. Lo sucedido con Gabriel pone de manifiesto la cada vez más vergonzosa situación española por lo que al reconocimiento de la identidad de género se refiere, así como la hipocresía de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, a las que se les llena la boca a la hora de hablar de derechos LGTB pero que llevan toda la legislatura impidiendo el avance de diferentes proposiciones de ley que de ser aprobadas impedirían esta y otras situaciones absurdas.

«Ni me planteaba que lo iban a rechazar», explicaba a El Heraldo de Aragón Pilar Suárez, madre de Gabriel, que hasta el momento no había encontrado dificultad a la hora de que su hijo pueda vivir la vida a la que tiene derecho. Gabriel ya tiene, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a su nombre, gracias a la avanzada ley de identidad de género que hace unos meses aprobaron las Cortes de Aragón. De la misma forma, ha iniciado el tratamiento hormonal con bloqueadores de la pubertad, lo que por el momento impedirá que desarrolle caracteres sexuales femeninos, no deseados. Y pronto empezará tratamiento hormonal, lo que facilitará que desarrolle caracteres sexuales masculinos.

Pero la normativa autonómica de nada sirve cuando se trata de la rectificación registral de la mención al sexo. En este caso entra en juego la anacrónica normativa estatal, que no contempla la realidad de los menores transexuales o de las personas migrantes, y que incluso para los mayores de edad mantiene como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Todo queda a criterio del juez de turno. Y lo mismo sucede con el mero cambio de nombre, pese a que en este caso los jueces son algo más generosos. No ha sido el caso, por desgracia, de la jueza del Registro Civil de Calatayud, que pese a la abundante documentación aportada por la familia (incluyendo un informe del instituto donde estudia Gabriel que acredita que ese es su nombre habitual y así es tratado en clase por compañeros y profesores) ha denegado el cambio.

La razón que da la jueza, según explica la petición que la familia ha lanzado en la plataforma change.org, es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro», algo que en su opinión viola la normativa actual sobre cambios de nombre en el Registro Civil, que no admite aquellos que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre) ni los que induzcan a error sobre el sexo. Sin tener en cuenta que en este caso nos encontramos con la realidad de que quien solicita el cambio es un chico con identidad masculina, no una chica ni una persona no binaria. «Gabriel se llama Gabriel. Y queremos ese nombre en su titulo de la ESO que obtendrá en junio y en su DNI. Y así creemos que debe entenderlo la juez encargada del Registro Civil que lleva el caso. Cuanta más gente firmemos esta campaña, mayor será la presión y más fácil se lo pondremos a otros niñes como mi hijo», finaliza la petición.

Responsables, los partidos representados en el Congreso

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ni siquiera el propio grupo parlamentario que la presentó ha querido llevarla más allá (en teoría hasta tener amarrados suficientes apoyos parlamentarios). Ello ha motivado que un grupo de activistas trans (entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) hayan iniciado una huelga de hambre exigiendo a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que proceda a llevarla al pleno.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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