El cardenal ghanés se opone a una ley que impondrá duras penas al colectivo

La homosexualidad no debería ser un delito penal y se debería ayudar a la gente a comprender mejor el tema, dijo a la BBC un alto cardenal de Ghana.

“Si culturalmente tenemos expresiones… significa simplemente que no es completamente ajeno a la sociedad ghanesa”

“Es hora de comenzar con la educación, de ayudar a la gente a comprender cuál es esta realidad, este fenómeno. Necesitamos mucha educación para lograr que la gente… haga una distinción entre lo que es delito y lo que no lo es”

Los comentarios del cardenal Peter Turkson se producen mientras el parlamento debate un proyecto de ley que impone duras penas a las personas LGTBI

Sus puntos de vista están en desacuerdo con los obispos católicos de Ghana, quienes dicen que la homosexualidad es “despreciable“

El sexo gay ya es ilegal en Ghana y conlleva una pena de prisión de tres años

27.11.2023 | Damián Zane

El cardenal Peter Turkson, ex prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral y su predecesor, el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, criticó las leyes de criminalización en una entrevista con la BBC.

(BBC).- La homosexualidad no debería ser un delito penal y se debería ayudar a la gente a comprender mejor el tema, dijo a la BBC un alto cardenal de Ghana.

Los comentarios del cardenal Peter Turkson se producen mientras el parlamento debate un proyecto de ley que impone duras penas a las personas LGTBI.

Sus puntos de vista están en desacuerdo con los obispos católicos de Ghana, quienes dicen que la homosexualidad es “despreciable“.

El mes pasado, el Papa Francisco sugirió que estaría dispuesto a que la Iglesia Católica bendijera a las parejas del mismo sexo.

Sin embargo, añadió que la Iglesia todavía consideraba las relaciones entre personas del mismo sexo “objetivamente pecaminosas” y no reconocería el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En julio, los parlamentarios ghaneses respaldaron medidas en un proyecto de ley, que aún no ha completado su aprobación en el parlamento, que haría que identificarse como LGBT sea punible con una pena de prisión de tres años. Las personas que hagan campaña por los derechos LGBT también podrían enfrentarse a hasta 10 años de cárcel.

El sexo gay ya es ilegal y conlleva una pena de prisión de tres años.

En su declaración de agosto, emitida junto con otros importantes grupos cristianos del país, los obispos ghaneses afirmaron también que los países occidentales deberían “detener los incesantes intentos de imponernos valores culturales extranjeros inaceptables“, informó el periódico Catholic Herald . El arzobispo Philip Naameh, ex líder del GCBC, había escrito previamente una carta a los legisladores que abogaban por la ley, aunque también defendía que “los homosexuales… deberían disfrutar de los mismos derechos fundamentales que todas las personas disfrutan”, aun cuando también respaldaba y apoyaba la Terapia de conversión.

El cardenal Turkson, que en ocasiones ha sido considerado como un futuro candidato a ser Papa, dijo al programa HARDtalk de la BBC que “las personas LGBT no pueden ser criminalizadas porque no han cometido ningún delito”.

“Es hora de comenzar con la educación, de ayudar a la gente a comprender cuál es esta realidad, este fenómeno. Necesitamos mucha educación para lograr que la gente… haga una distinción entre lo que es delito y lo que no lo es”, continuó. decir.

El purpurado recordó que en una de las lenguas de Ghana, el akan, existe la expresión “hombres que actúan como mujeres y mujeres que actúan como hombres”. Sostuvo que esto era una indicación de que la homosexualidad no era una imposición externa.

Sin embargo, el Cardenal Turkson dijo que pensaba que lo que había llevado a los esfuerzos actuales para aprobar medidas estrictas contra los homosexuales en varios países africanos eran “intentos de vincular algunas donaciones y subvenciones extranjeras a ciertas posiciones… en nombre de la libertad, en el nombre del respeto a los derechos. Esta posición tampoco debería convertirse… en algo que se imponga a culturas que aún no están preparadas para aceptar cosas así”.

Con esta respuesta, Turkson, actualmente canciller de las Academias Pontificias de Ciencias, desafió a los obispos ghaneses que han apoyado las leyes de criminalización

Graphic Online proporcionó una transcripción editada de la entrevista, que detalla las respuestas de Turkson a las preguntas del entrevistador sobre género y sexualidad, y específicamente la legislación de Ghana:

“Mi posición ha sido simplemente la siguiente: las personas LGBT y homosexuales no pueden ser criminalizadas porque no han cometido ningún delito, pero esta posición tampoco debería convertirse en algo que se imponga a las culturas, que aún no están preparadas para aceptar cosas así. . .

“[M]i posición es contraria a lo que se acaba de aprobar, criminalizar a cualquiera, si eres capaz de identificar el delito, los casos LGBT no se deben criminalizar pero tampoco, y creo que esto es básicamente lo que causó todo esto en Ghana, la cultura ghanesa ha conocido personas con algunas de esas tendencias, y digo esto porque hay una expresión en el idioma akan local que en el mío, de hombres que actúan como mujeres y mujeres que actúan como hombres, hay una expresión para ellos, lo que significa que este fenómeno ha sido conocido, fue conocido en la cultura y en la comunidad y todo eso. . .

“[E]s hora de comenzar a educar para ayudar a la gente a comprender qué es realmente este fenómeno. Si culturalmente tenemos expresiones para esta época, simplemente significa que no es completamente ajena a la sociedad ghanesa. No sólo ajeno a la sociedad ghanesa, ahora que está saliendo a la luz lo que tiene que ser y cuál tiene que ser la respuesta. Creo que esta forma drástica que ha tomado en Ghana y probablemente en Uganda está generando la percepción de que Occidente estaba imponiendo esto, conectándolo o vinculándolo con donaciones y subvenciones y todo el tiempo, es como politizar la cosa de tal manera que la reacción también ha sido de carácter político”.

Los comentarios del cardenal Turkson ya han provocado un acontecimiento positivo. Alexander Kwamena Afenyo-Markin, líder adjunto de la mayoría del Parlamento de Ghana y católico, elogió las palabras del cardenal. Declaró a principios de esta semana, según Ghana Web:

“Personalmente, no creo que alguien que dice ser lesbiana o gay deba ir a la cárcel por eso. Ésa es la opinión de la Iglesia católica. Soy católico, el segundo vicepresidente aquí también es católico, somos católicos. Y la ley es muy clara y no creo que deba tener una opinión contraria a lo que ha dicho la iglesia”.

El cardenal Turkson se convirtió en el primer cardenal de Ghana en 2003, cuando fue nombrado por el Papa Juan Pablo II. Actualmente es canciller de las Academias Pontificias de Ciencias. La entrevista de la BBC no es la primera vez que Turkson condena las leyes de criminalización. Ya en 2015, durante el Sínodo sobre la Familia, Turkson dijo a Bondings 2.0 que las personas lesbianas y gays no deberían ser criminalizadas y que los países donde no se acepta la homosexualidad necesitan más educación. Ese mismo año, Turkson se reunió con representantes de los católicos británicos LGBTQ+ para discutir la despenalización. En 2014, criticó una propuesta de ley de criminalización en Uganda, aunque esta posición fue un cambio respecto de su apoyo inicial al proyecto de ley “Matar a los gays”. Sin embargo, al mismo tiempo perpetúa el mito de que el dinero de la ayuda al desarrollo a los países africanos se retiene por motivos de derechos LGBTQ+.

En mayo, en Uganda la Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. La ley propone cadena perpetua para cualquier persona condenada por homosexualidad y la pena de muerte para los llamados casos agravados, que incluyen tener relaciones sexuales homosexuales con alguien menor de 18 años o cuando alguien se infecta con un virus de por vida enfermedades prolongadas como el VIH.

En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda  debido a la medida y en octubre el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos sacaría al país de un acuerdo comercial preferencial debido a “graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para «practicar el lesbianismo». En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta «homosexualización» de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA,  «en los últimos años se han documentado varias detenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional.

Y en octubre de 2021, cuatro hombres homosexuales eran  golpeados, desterrados y arrestados en Ghana por “solo intentar vivir”. Todo esto apoyado por  Grupos cristianos anti-LGBTQ+ que  junio de 2022 lanzaban un siniestro anuncio en Ghana… Además, los obispos católicos y anglicanos de Ghana pidieron a los fieles apoyar la ley para que los homosexuales vayan a prisión…

En junio de 2022, activistas LGBTQ+ de Ghana eran detenidos y maltratados durante semanas y demandaronn al Gobierno.

Puedes ayudar a LGBT+ Rights Ghana

Si lo deseas, puedes contribuir a ayudar financieramiente al colectivo LGBT+ Rights Ghana a través de la plataforma GoFundMe.

Fuente Religión Digital/New Ways Ministry/Cristianos Gays

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Una coalición internacional de organizaciones católicas LGBTQ ha emitido un comunicado pidiendo a la jerarquía católica que “apoye a los débiles y perseguidos en Ghana”, en respuesta a los esfuerzos recientes en Ghana para criminalizar aún más la homosexualidad.

La declaración de la Global Network of Rainbow Catholics-Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) se dirigió al “Papa y a todos los obispos de todo el mundo para que intervengan en este asunto y condenen rotundamente la criminalización de los ciudadanos LGBTIQ + cuyos derechos humanos están siendo negados”.

Suplicando a los líderes de la iglesia que “hablen en contra de este paso violento y retrógrado”, la declaración continuó: “Les pedimos que recurran a la enseñanza y la práctica de la iglesia, como lo propugna el mismo Papa Francisco y como se indica en la enseñanza de la Iglesia para tratar a la persona LGBTIQ + con respeto, compasión y sensibilidad ”.

La declaración de la organización responde al reciente respaldo de los obispos de Ghana a un proyecto de ley que criminalizaría a las personas LGBTQ, “El Proyecto de Ley de Promoción de los Derechos Sexuales Humanos y los Valores Familiares de Ghana“.

GNRC es una organización cuyo objetivo declarado es “trabajar por el cuidado pastoral, la justicia, la inclusión, la dignidad y la igualdad para los católicos LGBTIQ y sus familias en la Iglesia Católica Romana y la sociedad en general”.

“La Iglesia cree en los derechos humanos y predica contra la discriminación dirigida contra minorías de cualquier tipo. Y, sin embargo, estamos viendo líderes de la iglesia apoyando y alentando esto en Ghana ”, dijo Chris Vella, copresidente de GNRC, en el comunicado. “A la luz del Evangelio y de Cristo crucificado, la Iglesia debe estar al lado de los débiles y perseguidos”.

La GNRC escribió que habían instado al Papa Francisco a abogar por la protección de las personas LGBTQ en marzo de 2021, pidiendo al Vaticano “hablar en contra de la violencia que se está aplicando a algunos de nuestros miembros que emana del lenguaje incendiario utilizado por los obispos en Ghana.” La declaración continuó diciendo que la organización estaba entristecida por la falta de respuesta del Vaticano y el progreso de la legislación anti-LGBTQ en Ghana. El proyecto de ley está a debate este mes.

Como informó Bondings 2.0, los obispos de Ghana dijeron en su respaldo al proyecto de ley: “Como iglesia, queremos que esta práctica abominable sea ilegal en nuestro país”. El proyecto de ley promovería el uso de la terapia de conversión para “tratar” a las personas LGBTQ.

El mes pasado, Bondings 2.0 también informó que uno de los principales obispos de Ghana, el arzobispo Philip Naameh, quien se desempeña como director de la Conferencia de Obispos Católicos de Ghana, anunció su apoyo activo al uso de la terapia de conversión contra las personas LGBTQ.

El medio de comunicación Modern Ghana informó recientemente sobre el continuo apoyo de los obispos católicos al proyecto de ley anti-LGBTQ, afirmando que la conferencia de obispos había “reafirmado su apoyo inquebrantable” al proyecto de ley e “instado a los ghaneses a apoyar su aprobación como ley“.

“La posición de la Iglesia Católica sobre LGBTQIA ha permanecido igual: que, tales prácticas no solo van en contra de los valores cristianos, sino también de los valores tradicionales musulmanes y ghaneses”, escribieron los obispos.

A pesar del respaldo de los obispos al proyecto de ley, no todo el clero de Ghana está de acuerdo con la postura de los obispos. Según un artículo en Modern Ghana, el p. Andrew Campbell es un párroco que ha declarado que las personas LGBTQ deben ser tratadas como hijos de Dios que son.

Aunque todavía enmarca sus comentarios en torno al mensaje de que “Cristo dijo amar al pecador pero odiar el pecado”, las palabras de Campbell también proporcionan una afirmación importante sobre la dignidad fundamental de las personas LGBTQ, hechas a imagen y semejanza de Dios.

“Todo el mundo es hijo de Dios. Si lees Efesios 2:10, dice que eres la obra de arte de Dios ”, dijo Campbell. “Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, no importa quién seas, eres un hijo de Dios”.

A medida que continúa el debate en Ghana sobre este proyecto de ley, la declaración de la GNRC pide a más clérigos que afirmen igualmente la dignidad otorgada por Dios a las personas LGBTQ. Como la GNRC recuerda a sus lectores, la propia enseñanza de la iglesia pide a los católicos que traten a las personas LGBTQ con respeto, compasión y sensibilidad. Corresponde a los líderes católicos, entonces, contrarrestar cualquier esfuerzo que criminalice, persiga o niegue la dignidad de las personas LGBTQ.

Desde 2015, los católicos han estado pidiendo al Papa Francisco que condene la criminalización anti-LGBTQ a través de la campaña #PopeSpeakOut  de New Ways Ministry. Si desea ponerse en contacto con el Papa sobre los obispos de Ghana, puede encontrar información sobre cómo hacerlo aquí.

Para ponerse en contacto con el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral que es de Ghana, envíe un correo electrónico a nfo@humandevelopment.va.

Para obtener la lista completa de recursos de New Ways Ministry sobre la criminalización anti-LGBTQ, incluida una cronología de las declaraciones positivas y negativas de los líderes católicos sobre el tema, haga clic aquí.

—Grace Doerfler, 26 de noviembre de 2021

Fuente New Ways Ministry

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“Crear una mentalidad y una cultura de la justicia que combata la corrupción”

“Para enfrentar un fenómeno que conlleva denigrar la dignidad de las personas”

(José M. Vidal/Agencias).- La excomunión, la máxima pena canónica, reservada a los mayores pecados, podría aplicarla ahora el Vaticano tanto a los corruptos como a los mafiosos, según consta en las conclusiones divulgadas hoy de un foro internacional celebrado en la Santa Sede sobre la lucha contra dichas plagas.

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral celebró el pasado 15 de junio el primer “Debate internacional sobre la corrupción”, en el que participaron 50 jueces antimafia, obispos, víctimas, periodistas e intelectuales de diversos países del mundo.

En el comunicado con las conclusiones se apunta a que “la lucha contra la corrupción y las mafias (…) es una cuestión no solo de legalidad sino de civismo”.

Por ello el grupo “está trabajando en la elaboración de un texto compartido que guiará los trabajos sucesivos y las futuras iniciativas”, apuntó la Santa Sede.

“Entre estas se señala por el momento la necesidad de profundizar, a nivel internacional y de doctrina jurídica de la Iglesia, la cuestión relativa a la excomunión por corrupción o asociación mafiosa“, se lee en el comunicado con las conclusiones.

El prefecto del dicasterio, el cardenal Peter Turkson, señaló en un comunicado que el encuentro contra la corrupción “fue pensado para enfrentar un fenómeno que conlleva denigrar la dignidad de las personas”.

“Afirmamos que no se puede maltratar, negar o menoscabar la dignidad de las personas. Por lo tanto, nos concierne, con el dicasterio, saber proteger y promover el respeto por la dignidad de la persona”, refirió el purpurado.

El arzobispo Silvano Tomasi dijo por su parte que el objetivo es “sensibilizar a la opinión pública, identificar pasos concretos que puedan ayudar a alcanzar políticas y leyes que eventualmente eviten la corrupción”.

“Por lo tanto el esfuerzo que estamos llevando a cabo es crear una mentalidad, una cultura de la justicia que combata la corrupción para favorecer al bien común”, destacó Tomasi.

El propio cardenal Turkson acaba de publicar un libro titulado “Corrosione” (Corrosión), en cuyo prólogo el papa Francisco llama a combatir el cáncer de la corrupción, que considera “la peor plaga social” y el origen de gravísimos problemas y crímenes.

Francisco ya arremetió en estos términos contra la poderosa red criminal de la ‘Ndrangheta calabresa, cuando en junio de 2014 viajó a Calabria, donde un niño de 3 años fue asesinado en un ajuste de cuentas, y manifestó que “los mafiosos no están en comunión con Dios, están excomulgados”.

Fuente Religión Digital

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La ONG Human Rights Watch ha expresado su preocupación porque las comunidades religiosas promuevan políticas y prácticas contra personas de minorías sexuales y de género, y pidió al papa un mensaje de claro repudio sobre este tipo de violencia.

El director del Programa de Derechos de Personas LGBT de la ONG Human Rights Watch (HRW), Graeme Reid, escribió al Papa Francisco para pedirle por las minorías sexuales y de género perseguidas. En la carta, Reid escribe que “La Iglesia católica y Human Rights Watch abordan los derechos de minorías sexuales y de género desde perspectivas diferentes, pero existen puntos comunes a partir de los cuales podemos lograr avances constructivos“, y afirma que “si bien entendemos que la Iglesia tiene derecho a promover sus doctrinas sobre la sexualidad en el ámbito público, le pedimos a Su Santidad que se sume a nuestros esfuerzos para asegurar que nadie utilice estas ideas para justificar el abuso violento o degradante de minorías sexuales y de género”.

El activista recuerda que el actual papa “ha hecho un llamamiento por una postura católica que respete los derechos civiles de los miembros de las minorías sexuales y de género, y que reivindique al mismo tiempo las enseñanzas morales de la Iglesia sobre la ética sexual”, aunque lamenta que “muchas comunidades católicas no han adoptado el mismo criterio”.

Para ello, desde HRW solicitan a Francisco que “repudie de manera clara y pública la violencia contra personas de minorías sexuales y de género, ya sea perpetrada por el Estado o por actores privados; inste a la despenalización de las relaciones sexuales practicadas con consentimiento, y apoye la derogación de otras sanciones penales injustas que discriminan a personas de minorías sexuales y de género; contribuya a moderar el tono con el cual los líderes locales de la Iglesia realizan declaraciones públicas sobre sexualidad; e inste a que se reconozcan mayores garantías legales a los miembros de minorías sexuales y de género”.

El papa recibiendo al dictador homófobo Mugabe

La misiva recuerda al papa los casos en África, donde “este año, numerosos obispos católicos en Uganda apoyaron una de las leyes más draconianas de persecución de homosexuales y lesbianas, la cual ya ha provocado un sufrimiento generalizado, que incluye actos de violencia y desalojos”, y destaca que “durante las homilías pronunciadas en Pascuas, varios obispos católicos elogiaron públicamente la nueva ley”. También hace mención a la jerarquía del clero católico de Nigeria , que “ha manifestado su apoyo a leyes similares” y a una carta en representación de la Iglesia Católica de Nigeria enviada al presidente del país, en la que “miembros del clero de ese país elogiaron la ‘valiente y sabia’  ley que prevé fuertes sanciones penales para las exhibiciones públicas de afecto entre dos hombres o dos mujeres“.

Reid alaba, por otro lado, la postura de otros líderes eclesiásticos que “han rechazado estas así llamadas leyes ‘antigays’, a través de mensajes de paz y tolerancia“, como un grupo de obispos de Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia y Ghana que “han llamado a los católicos a ponerse del lado de los vulnerables, y a oponerse a la persecución de minorías sexuales y de género en África”. También menciona al cardenal Peter Turkson, que “ha manifestado públicamente que ‘los homosexuales no son criminales’ y no deberían ser condenados a cadena perpetua”. No obstante, desde HRW lamentan que actuaciones como estas “a menudo quedan silenciadas”.

Fuente Cáscara Amarga

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En nombre de la dignidad de la persona

“Las leyes todavía criminalizan determinadas expresiones de sexualidad y género”

“Los líderes eclesiásticos deben distinguir entre la condena moral de determinados actos y relaciones, y la aprobación, de manera implícita o explícita, de la violencia”

(Celso Pérez, en America).- La reciente asamblea del Sínodo de Obispos sobre la Familia ha vuelto a suscitar interés sobre la posición católica con respecto a personas homosexuales y lesbianas. Durante el sínodo, líderes eclesiásticos discutieron sobre las perspectivas pastorales y teológicas relativas al lugar que ocupan las personas homosexuales en la Iglesia, y las enseñanzas de la Iglesia en materia de homosexualidad. A raíz del texto del informe intermedio y el informe final, denominado Relatio, buena parte del debate se centró en discutir en qué medida las personas homosexuales son bienvenidas en la Iglesia y en las feligresías locales.

Aunque hubo un diálogo notablemente abierto, los debates del sínodo incluyeron menciones relativamente escasas a la violencia que enfrentan habitualmente las minorías sexuales y de género en todo el mundo. (En este ensayo, empleo la expresión abreviada minorías sexuales y de género para referirme a todas las personas que se identifican como algo distinto de heterosexuales o cisgénero). Lamentablemente, la violencia es a menudo una realidad concreta para católicos y no católicos que no se ajustan ciertas expresiones de sexualidad o género. Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han advertido sobre los alarmantes índices de agresiones físicas contra estas personas.

Asimismo, en al menos 76 países, las leyes todavía criminalizan determinadas expresiones de sexualidad y género. A menudo estas leyes exponen a las personas a la persecución penal por parte del Estado, y a ataques y persecuciones por parte de miembros de la sociedad civil. Con frecuencia, algunos gobiernos usan a las minorías sexuales y de género como convenientes chivos expiatorios de problemas sociales, políticos y económicos, lo cual agrava su vulnerabilidad.

La creciente concientización sobre estas prácticas discriminatorias enfatiza la importancia de que los católicos, al debatir temas de sexualidad y género, reiteren un mensaje en contra de la violencia dirigida a estas personas. Como ha sido señalado por líderes eclesiásticos, estos llamados son consistentes con la doctrina católica sobre la dignidad de todos los seres humanos. El Catecismo de la Iglesia Católica insta a los católicos a acoger a las “personas homosexuales” con “respeto, compasión y delicadeza“.

La carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe “Sobre la Atención Pastoral a las Personas Homosexuales” (1986) exhorta a respetar la dignidad intrínseca de cada persona en las palabras, en las acciones y en la legislación, y condena la violencia contra las personas homosexuales. Si bien algunos líderes eclesiásticos y comunidades religiosas han enfatizado un mensaje de dignidad y respeto, muchos otros no lo han hecho. En los últimos años, católicos tanto religiosos como laicos, a través de sus actos y sus palabras, han promovido políticas y prácticas que parecen propiciar un clima de indiferencia o incluso hostilidad, en el cual se pueden producir actos de violencia contra miembros de minorías sexuales y de género.

Cambios positivos

Desde su elección en marzo de 2013, el Papa Francisco ha manifestado reiteradamente su preocupación por las personas más vulnerables de la sociedad. En su primera exhortación apostólica, “El Gozo del Evangelio”, el papa destacó la necesidad de “estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad, donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente“. El Papa citó el ejemplo de Jesús en Mateo 25, que explica la necesidad de identificarse con los más oprimidos. En declaraciones públicas menos formales, el papa Francisco ha reiterado con frecuencia este mensaje como parte central de la vida cristiana.

El papa Francisco parece haber aplicado este interés en los vulnerables al modo en que trata a las minorías sexuales y de género. En el verano de 2013, cuando se le preguntó por la existencia de curas homosexuales en la Iglesia, el Papa respondió con las siguientes palabras, que luego cobrarían gran resonancia: “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?“. En una entrevista posterior publicada en la revista estadounidense America, amplió estos comentarios y destacó la necesidad de amar y acompañar a personas homosexuales, en lugar de rechazarlas y condenarlas de manera categórica.

Otros líderes eclesiásticos han repudiado de manera más explícita los actos de violencia física y hostigamiento contra minorías sexuales y de género. El verano pasado, por ejemplo, el Nuncio Apostólico en Kenia, Arzobispo Charles Daniel Balvo, enfatizó que si bien la Iglesia no aprueba la conducta homosexual, reconoce y respeta la dignidad individual de todas las personas. Ante la escalada de denuncias sobre violencia contra personas homosexuales en algunas regiones de África, el arzobispo señaló que los “homosexuales deberían ser defendidos frente a violaciones de su dignidad y sus derechos humanos; son seres humanos como cualquiera de nosotros“. En Brasil, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de San Pablo, un grupo integrado por laicos y miembros del clero, repudió enérgicamente el número alarmante de ataques contra minorías sexuales y de género denunciados en el país.

Otros se han manifestado en contra de las leyes que criminalizan actos sexuales. El cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Mumbai, ha criticado abiertamente la ley contra la sodomía. Luego de que el Tribunal Supremo de dicho país restableciera la ley, el arzobispo señaló que la Iglesia “se opone a la legalización del matrimonio gay, pero enseña que los homosexuales tienen la misma dignidad que cualquier otro ser humano, y condena cualquier forma de discriminación injusta, hostigamiento o abuso”. Según el arzobispo, esto incluye la criminalización de las relaciones sexuales practicadas con consentimiento entre personas del mismo sexo, ya que la Iglesia “nunca ha considerado que las personas homosexuales sean criminales”.

El obispo Gabriel Malzaire de Roseau, de Dominica, y el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, han expresado comentarios similares sobre la criminalización de la sodomía en Dominica y Uganda, respectivamente. Obispos de Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia y Ghana han instado este año a los católicos a ponerse del lado de los vulnerables ante las leyes draconianas que están siendo sancionadas en el continente africano.

Numerosas comunidades católicas también han acogido a minorías sexuales y de género, generado así un espacio seguro para ellas en la Iglesia y en la sociedad en general. En Estados Unidos, por ejemplo, una encuesta extraoficial llevada a cabo por organizaciones católicas determinó que hay más de 200 parroquias en el país donde las personas gay son bienvenidas. Curas estadounidenses han observado la creciente aceptación de personas que se identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (que a menudo se agrupan colectivamente bajo la sigla LGBT), especialmente entre los feligreses más jóvenes.

Incluso líderes eclesiásticos que se han manifestado públicamente en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo por razones morales han llamado al respeto y la compasión hacia las personas LGBT. En Nueva York, el cardenal Timothy Dolan consideró positiva la decisión de permitir que grupos de personas LGBT marcharan durante el desfile de San Patricio en la Ciudad de Nueva York. El cardenal Dolan, que se ha opuesto públicamente al matrimonio entre personas del mismo sexo, participará en el desfile del próximo año en calidad de Gran Mariscal.

También en Europa se han observado tendencias similares. Este año, las conferencias episcopales en Alemania y Suiza publicaron informes sobre las creencias y prácticas de feligreses. Los informes se elaboraron sobre la base de extensas encuestas en parroquias de Alemania y Suiza, y a modo de preparación para el Sínodo de Obispos sobre la Familia. En ambos casos, los feligreses manifestaron un apoyo considerable a los homosexuales. El Cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal alemana, expresó que la Iglesia “no siempre ha adoptado el tono correcto” respecto de los homosexuales, y promovió un enfoque de mayor apertura.

Manteniendo la coherencia

El significado y el alcance de la discriminación injusta en contra de personas homosexuales aún es objeto de debate en círculos católicos. Sin embargo, las enseñanzas que imparte la Iglesia sugieren que, como mínimo, esto incluye la necesidad de abstenerse de ejercer la violencia contra personas por su orientación sexual o expresión de género, percibidas o reales, y de condenar dicha violencia. Tal como lo han señalado líderes católicos, esto incluye la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos.

En 1986, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger escribió: “Es deplorable que las personas homosexuales hayan sido y sean objeto de actos maliciosos de violencia, tanto en las palabras como en los hechos. Ese tratamiento merece la condena de los pastores de la Iglesia, en cualquier lugar donde se manifieste”. Las enseñanzas posteriores de conferencias episcopales locales, incluso una carta de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, reiteraron este mensaje de repudio a la violencia.

Si bien este mensaje no constituye una enseñanza oficial, también la Santa Sede se ha opuesto públicamente a la aplicación injusta de sanciones penales a personas homosexuales. En 2008, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el representante del Vaticano declaró públicamente que el Vaticano “sigue defendiendo la idea de que se deben evitar todos los signos de discriminación injusta hacia personas homosexuales e insta a los Estados a eliminar las sanciones penales contra estas personas. Los gobiernos deben eliminar las sanciones penales injustas”.

Si bien en la declaración no se proporcionaron ejemplos de cuáles serían estas sanciones penales injustas, el vocero del Vaticano señaló que incluyen “no sólo la pena de muerte, sino toda la legislación penal que implique violencia o discriminación respecto de los homosexuales”. En un evento paralelo de las Naciones Unidas realizado en Nueva York en 2009, la Santa Sede reiteró su oposición a todas las formas de violencia y discriminación injusta contra personas homosexuales, incluida la legislación penal discriminatoria que menoscaba la dignidad inherente de la persona humana.

Fracasos de la Iglesia

A pesar de estos ejemplos positivos, muchas comunidades y líderes católicos han ignorado o aparentemente contradicho la posición de la Iglesia respecto de las minorías sexuales y de género. En lugar de defender las enseñanzas de la Iglesia sobre ética sexual y, al mismo tiempo, condenar la violencia y promover el respeto por la dignidad humana, muchos han guardado silencio ante terribles atrocidades cometidas contra minorías vulnerables.

En Camerún, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos informaron en reiteradas oportunidades sobre casos de ciudadanos que son detenidos y perseguidos penalmente simplemente por “ser homosexuales“, lo cual supuestamente se deduce del modo en que se visten, su gesticulación o sus gustos personales. Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las minorías sexuales y de género son objeto de espantosos ataques. El año pasado, un reconocido defensor de derechos humanos, Eric Lembembe, fue torturado y asesinado brutalmente.

El arzobispo Samuel Kléda de Camerún no sólo no ha denunciado estos tipos de actos deplorables, sino que además ha contribuido activamente a un clima de hostilidad hacia las minorías sexuales y de género. En febrero de 2013, el arzobispo Kléda se sumó a un grupo católico de profesionales del derecho para apoyar públicamente la criminalización de la homosexualidad propuesta por el gobierno. En un panel de debate con juristas, el arzobispo citó el pasaje de Levítico 20:13 que insta a aplicar la pena de muerte para las relaciones sexuales entre dos hombres. El Código Penal de Camerún ya dispone que la persona que mantenga “relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo” puede enfrentar una pena de prisión de hasta cinco años.

Desde 2006 los políticos en Nigeria han debatido una serie de medidas legislativas que criminalizarían el matrimonio entre personas del mismo sexo, aplicarían penas severas a parejas del mismo sexo e incluso penalizarían la participación en un grupo que promueva los derechos de minorías sexuales y de género. Este año, en una carta enviada al presidente Goodluck Jonathan en representación de la Iglesia Católica de Nigeria, miembros del clero de ese país reivindicaron como “valiente y sabia” una nueva ley que prevé fuertes sanciones penales para las exhibiciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo. Los líderes eclesiásticos de Nigeria no han realizado ningún esfuerzo por condenar los ataques violentos contra minorías sexuales y de género ocurridos luego de que la ley fuera sancionada este año.

En Uganda, la Iglesia católica ha vacilado en su posición con respecto a un proyecto legislativo similar. En diciembre de 2009, el arzobispo Cyprian Lwanga se opuso al Proyecto de Ley contra la Homosexualidad, que inicialmente proponía sancionar actos sexuales entre personas del mismo sexo con la pena de muerte. El arzobispo Lwanga manifestó que el proyecto “era incompatible con los valores cristianos” como “el respeto, las compasión y la sensibilidad“. En ese momento la Santa Sede también condenó el proyecto por considerar que constituía una discriminación injusta. Sin embargo, en junio de 2012, una coalición de iglesias anglicanas, católicas y ortodoxas pidió al parlamento de Uganda que agilizara el proceso de sanción de una de las versiones preliminares del proyecto de ley.

La ley de Uganda fue aprobada a principios de 2014. Esta incluía disposiciones que establecían sanciones más rigurosas para personas que participaran en actos homosexuales, incluso la prisión perpetua. La ley también penalizaba delitos relacionados como la promoción de la homosexualidad y la “tentativa a cometer actos de homosexualidad”. Organizaciones de derechos humanos informaron un aumento en los casos de desalojos, violencia y discriminación contra minorías sexuales y de género a partir de la aprobación de la ley.

En lugar de condenar estos ataques, varios obispos de Uganda apoyaron de manera categórica la ley durante las homilías pronunciadas en Pascuas. Algunos prácticamente avalaron de forma tácita o, al menos parecieron justificar, los actos de violencia. Más recientemente, el Arzobispo Lwanga publicó un manuscrito en el cual subrayó la necesidad de respetar y proteger a las personas homosexuales. No obstante, hasta este momento, la Iglesia de Uganda en general no ha adoptado medidas significativas para condenar los abusos de los cuales son las objeto minorías sexuales y de género. Si bien la ley de 2014 fue derogada por el Tribunal Constitucional de Uganda en agosto, legisladores de Uganda presentaron un proyecto de ley similar, que pretenden aprobar antes de fin de año.

En el Caribe, el arzobispo de Kingston, Jamaica, Charles Dufour, también se ha rehusado a repudiar tanto la violencia endémica que enfrentan allí minorías sexuales y de género, como la criminalización por parte del gobierno de ese país de actos sexuales privados practicados con consentimiento entre adultos. En los últimos años, organizaciones de derechos humanos, la Organización de los Estados Americanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros gobiernos y organizaciones han criticado estos casos de violencia. Abundan los casos de miembros de minorías sexuales y de género que son víctimas de golpizas, brutalidad policial, tortura y homicidio.

Al igual que en otras partes del Caribe, algunos grupos locales cuestionan las leyes de Jamaica contra la sodomía. Cuando fue interrogado por activistas que le pidieron que aclarara cuál era la postura de la Iglesia católica con respecto a la criminalización de actos realizados con consentimiento entre parejas del mismo sexo, el arzobispo Dufour indicó que no “sentía la necesidad de efectuar ninguna declaración en particular” sobre el debate en Jamaica. No obstante, el arzobispo Dufour sí alertó sobre el vilipendio y la persecución de grupos religiosos que se oponen a reconocer los derechos de las minorías sexuales y de género. Estas declaraciones son profundamente desalentadoras. El arzobispo Dufour y otros líderes de la Iglesia de Jamaica han desaprovechado una oportunidad importante para poner en práctica la postura de la Santa Sede.

Las declaraciones y acciones de los líderes eclesiásticos tienen un profundo impacto sobre el entorno social en el cual viven las personas que pertenecen a minorías sexuales y de género. Los líderes eclesiásticos deben distinguir entre la condena moral de determinados actos y relaciones, y la aprobación, de manera implícita o explícita, de la violencia y la persecución. De lo contrario, no sólo se oponen a las enseñanzas de la Iglesia, sino que contribuyen a un clima de hostilidad que pone en peligro vidas humanas. El año próximo, el Sínodo de Obispos seguirá analizando las prácticas de la pastoral familiar de la Iglesia. Mientras los líderes eclesiásticos continúan debatiendo sobre la moralidad de las uniones de personas del mismo sexo y acerca de si los homosexuales deben ser acogidos en la Iglesia, también harían bien en condenar, de manera clara y categórica, la violencia que enfrentan minorías sexuales y de género en comunidades alrededor del mundo.

Celso Perez es becario Gruber en Human Rights Watch. Se graduó en derecho (J.D.) en Yale Law School y obtuvo una maestría (M.A.) y una licenciatura (B.A.) en ética teológica en Boston College.

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Arzobispo John Baptist Odama

El arzobispo católico de Gulu, en Uganda, ha afirmado que no debe “hacerse daño” a los homosexuales, aunque al mismo tiempo ha reafirmado la desaprobación de las relaciones entre personas del mismo sexo. Estas declaraciones se producen poco después de la anulación de la ley que endurecía el trato penal a las personas homosexuales, castigándolas en algunos casos con cadena perpetua, y que incluso obligaba a la delación.

Las declaraciones de John Baptist Odama tuvieron lugar en la Iglesia del Santo Rosario el pasado lunes 18 de agosto, en el contexto de una boda. Según este arzobispo, debemos aprender “a amar a las criaturas humanas de Dios. No es que defienda las prácticas homosexuales en el país, pero no deberíamos tomar las leyes a nuestra disposición para hacer daño y odiar a los homosexuales porque todos tenemos debilidades”.

Según Odama, la lucha contra la homosexualidad debe centrarse en “concienciar” a la juventud acerca de su supuesto impacto negativo, dado que “va contra los parámetros y normas culturales”.

Cardenal Peter Turkson

Las declaraciones del arzobispo de Gulu, que por cierto un recibió en 2012 un premio por su labor pacificadora, no dejan de tener relevancia en un país como Uganda, donde numerosos líderes religiosos se han encontrados entre los principales valedores de su legislación homófoba. La postura de la Iglesia católica, en este caso, ha sido relativamente moderada. De hecho, no es la primera vez que un alto miembro de la jerarquía católica se declara en contra de los castigos que preveía la ley. Ya en marzo pasado el cardenal africano Peter Turkson, en unas declaraciones informales, afirmaba que los homosexuales no debían ser “tratados como criminales”.

Sí que es la primera vez, con todo, que las declaraciones las hace un clérigo de alto nivel incardinado en la misma Uganda, lo que podría entenderse como un implícito apoyo de la Iglesia católica ugandesa al nuevo statu quo creado tras la reciente anulación por el Tribunal Constitucional de Uganda de la ley homófoba, escudándose en un defecto procedimental, y que no pocos observadores creen que ha sido inducida por el propio presidente ugandés, Yoweri Museveni, a la que esta ley ha traído grandes quebraderos de cabeza en la escena internacional.

Una anulación que de todas formas ha sido recurrida y que en cualquier caso ha dado pie a que sus partidarios se hayan puesto en marcha para volver a aprobarla. El que fue su principal promotor, el diputado David Bahati (con conocidas conexiones con la derecha religiosa estadounidense) confía de hecho en que al final “la moral del pueblo de Uganda prevalecerá”.

Dudas sobre una denuncia de lapidación de varias personas LGTB

La anulación de la ley, de hecho, provocó el temor a que se recrudeciera la violencia contra las personas LGTB. Un temor comprensible, teniendo en cuenta el clima de odio desatado en Uganda desde que se empezó a discutir la ley y que ha propiciado decenas de incidentes homófobos, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios.

Hace pocos días, de hecho, numerosos medios recogían la noticia del salvaje asesinato mediante lapidación de seis personas LGTB en una zona rural de Uganda, difundida mediante un comunicado de Friends New Underground Railroad, una organización cuáquera cuyo objetivo sería ayudar a escapar de Uganda a personas LGTB perseguidas. Pero la noticia no estaba contrastada por ninguna otra fuente y no provenía de las organizaciones que habitualmente y de forma fiable trasmiten información sobre la situación de las personas LGTB en Uganda. Días después, persisten serias dudas sobre la veracidad de la noticia, que activistas locales de contrastada trayectoria creen falsa y sobre la que no han encontrado evidencias tras trasladarse al lugar en el que supuestamente tuvieron lugar los hechos. Seguiremos en cualquier caso pendientes del tema.

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Un cardenal del Vaticano criticó el martes la ley de Uganda contra los homosexuales y exhortó a derogar las graves penalidades que impone.

Como dice Ragap, por fin una reacción por parte de una autoridad del Vaticano a la nueva legislación homófoba en Uganda. El cardenal Peter Turkson, de Ghana, ha criticado la nueva ley que condena con prisión de por vida las relaciones homosexuales. “Los homosexuales no son delincuentes, y no merecen ser condenados a cadena perpetua”, dijo este martes en representación de la institución eclesiástica.

El cardenal Peter Turkson, de Ghana, presidente del Consejo Pontificio para Justicia y Paz, dijo que “los homosexuales no son criminales“ y no deben ser condenados a prisión. En declaraciones a la prensa en Bratislava, donde asistió a una conferencia sobre la Iglesia católica y los derechos humanos, Turkson dijo que el Vaticano llama a la comunidad internacional a seguir brindando ayuda al país africano. Uganda ha sido sancionada con fuertes reducciones de ayuda financiera debido a la ley. El Banco Mundial ha postergado un préstamo de 90 millones de dólares para los servicios de salud.

El papa Francisco provocó revuelo al decir con respecto a los homosexuales, “Quién soy yo para juzgar”.

Esta declaración llega días después de que el Gobierno de Uganda asegurase que el Papa viajará a Kampala el próximo mes de octubre, aunque la autoridad eclesiástica no lo ha confirmado. En declaraciones a la prensa en Bratislava, Eslovaquia, Turkson dijo que el Vaticano ha pedido a la comunidad internacional mantener el suministro de ayuda.

El pasado 24 de febrero entró en vigor la ley, tras su ratificación por parte del presidente Yoweri Museveni. Ese mismo día salió a la luz que el informe con el que justificaba la aprobación de la ley había sido tergiversado. Sin embargo, esto no le hizo temblar el pulso a la hora de estampar su firma.

El Banco Mundial anunció la semana pasada que va a congelar la ayuda al desarrollo al país africano. La entre ha suspendido una partida de 66 millones de euros que estaba destinada a fortalecer el sistema de salud debido a la entrada en vigor de la nueva norma.

Esta acción del prestamista internacional llegó días después de que Holanda, Dinamarca y Noruega los primeros países en tomar una medida de este tipo. Suecia, Reino Unido y Estados Unidos también advirtieron que estudiarían cambios similares en la financiación a Uganda. Varios activistas gays en el país africano han alzado la voz contra esta reacción internacional.

Esta reacción de Peter Turkson sorprende si tenemos en cuenta que hace tan solo un año, en pleno debate en Roma sobre quién sería el nuevo Pontífice, el cardenal se manifestó a favor de la ley mata gays en Uganda. Recordemos que por aquel entonces, lo que se planeaba en el país africano era la aprobación de una ley que condenara a muerte a los homosexuales.  “En muchas comunidades, en diversas culturas en África, la homosexualidad o, en cualquier caso, las relaciones entre dos personas del mismo sexo, no son toleradas en nuestra sociedad. Es un tabú cultural, la tradición está ahí. Eso ha servido para mantenerlo alejado”, dijo Turkson a la CNN el año pasado.

En 2012, Turkson respondió a un discurso del Secretario General de la ONU Ban Ki- Moon que pedía a los líderes de la Iglesia hacer más por los derechos de los homosexuales en África. El cardenal dijo que eso era una exageración. “Así como hay un sentimiento de llamada a favor de los derechos, también hay una llamada a respetar la cultura, de todos tipos de personas”, añadió.

(RD/Agencias)

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Leído en La Excepción:

Un informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU del 5 de febrero de 2014 destaca el incumplimiento por el Vaticano de la Convención de los Derechos del Niño.

La Iglesia Católica Romana (ICR) ha sido tradicionalmente, y sigue siendo, más dura que nadie en su moralismo sexual. No se ha limitado a establecer unos criterios y normas de conducta sobre sus fieles, sino que siempre ha intentado imponerlos sobre el conjunto de la sociedad (algo que ha conseguido en los estados confesionales). Es una organización que presume de su identidad cristiana y de su excelencia moral.

Para colmo, la ICR introdujo en la Edad Media normas absurdas y totalmente contrarias al evangelio, como el celibato de los ministros. Aunque ciertos estudios afirman que el celibato no incide en un mayor índice de abusos, lo cierto es que hasta representantes de la propia ICR han reconocido esa relación. Por ejemplo, el cardenal británico O’Brien declaró: «Me doy cuenta de que muchos curas han encontrado muy difícil gestionar el celibato» (La Razón, 25.2.13); él mismo renunció ante Benedicto XVI “por motivos de edad” tras ser acusado por sacerdotes y seminaristas «que supuestamente fueron víctimas de la conducta indebida del cardenal cuando se encontraban bajo su tutela durante la década de los 80» (La Razón, 25.2.13). Por cierto, pidió perdón y renunció, pero no se entregó a las autoridades para responder de sus delitos.

Desde que se han ido destapando los incontables abusos cometidos en el seno de la ICR en las últimas décadas (en realidad estos hechos han ocurrido siempre, como demuestra la historia –p. ej., ya en el siglo XVII “san” José de Calasanz encubrió a un abusador–), muchos jerarcas y apologetas (como el cardenal Dolan) se han defendido diciendo que otros colectivos presentan unas tasas más altas de abusos a niños. Pero el caso es que, aparte de la exactitud o no del argumento y de la miseria moral que implica, esos otros colectivos no han tejido nunca una red jerárquico-administrativa tan gigantesca para tapar los abusos del colectivo, como ha hecho el papado. Esa es la clave.

La misma estrategia victimista aplicó el cardenal Ratzinger en 2002, cuando afirmó: «Estoy personalmente convencido de que la permanente presencia de pecados de sacerdotes católicos en la prensa, sobre todo en Estados Unidos, es una campaña construida, pues el porcentaje de estos delitos entre sacerdotes no es más elevado que en otras categorías, o quizá es más bajo. En Estados Unidos vemos continuamente noticias sobre este tema, pero menos del 1% de los sacerdotes son culpables de actos de este tipo. La permanente presencia de estas noticias no corresponde a la objetividad de la información ni a la objetividad estadística de los hechos. Por tanto, se llega a la conclusión de que es querida, manipulada, que se quiere desacreditar a la Iglesia» (citado en Zenit, 19.4.05; añadimos negrita en las citas).

Las implicaciones de Juan XXIII, Juan Pablo II y Benedicto XVI

El veneradísimo Juan XXIII (en proceso de canonización por la ICR) ya emitió en 1962 un documento que «se centra, en principio, en la relación sexual entre un sacerdote y un miembro de su congregación. Sin embargo, en la medida en que se avanza en la lectura del texto se hallan instrucciones referidas a “las obscenidades perpetradas por un clérigo con un joven de cualquier sexo, o con animales”. Los obispos de todo el mundo eran llamados a manejar estos casos de la manera “más secreta posible”» (Diario de Córdoba, 18.8.03).

Posteriormente, tal como resumía y documentaba Paolo Flores d’Arcais en un artículo imprescindible (El País, 14.4.10), el papa Juan Pablo II y su cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y después papa, Joseph Ratzinger «impusieron una obligación taxativa a todos los obispos, sacerdotes, personal auxiliar, etcétera, para que no llegara a las autoridades civiles nada de lo que tuviera que ver con casos de pedofilia eclesiástica». Un motu proprio de Wojtyla señalaba: «Cada vez que el ordinario o el superior tuvieran noticia con cierta verosimilitud de un delito reservado, tras haber realizado una indagación preliminar, la señalarán a la Congregación para la Doctrina de la Fe». Como explica Flores d’Arcais, «papa y prefecto informados de todo (es más, siendo los únicos en saberlo todo) son, exclusivamente, quienes tienen la primera y última palabra acerca de los procedimientos que se han de seguir. La “pena” máxima (casi nunca infligida) no va más allá de la reducción al estado laico del sacerdote. Por lo general, el castigo se limita a trasladar al sacerdote de una parroquia a otra. Donde, obviamente, reiterará su delito. “Pena” exclusivamente canónica, en todo caso. No ha de efectuarse denuncia alguna ante las autoridades civiles: “Las causas de esta clase quedan sujetas al secreto pontificio“», secreto cuya terrible naturaleza criminal se explica en el artículo.

Siendo Ratzinger papa, el cardenal de Nueva York Timothy Dolan pidió permiso al Vaticano en 2007 para blindar 57 millones de dólares ante la avalancha de demandas por abusos sexuales. «Entre los archivos hay una carta que Dolan envió al Vaticano en la que se explica esta transferencia de fondos en 2007: “Con este movimiento preveo una mejor protección de los fondos ante cualquier reclamo legal o de responsabilidad”, recoge. El Vaticano aprobó la solicitud en cinco semanas. […] Los archivos también revelan que persuadió a sacerdotes acusados de abuso para que abandonaran voluntariamente la Iglesia a cambio de sustanciosos beneficios, y cómo frenó los procedimientos canónicos impulsados desde Roma para echar a los que no cooperaban. En una ocasión, el Vaticano tardó cinco años en expulsar a un sacerdote abusador. […] “A medida que las víctimas se están organizando y se hacen públicos más casos, la posibilidad de un escándalo es cada vez más real“, escribió Dolan en 2003 en otra carta dirigida al entonces cardenal Joseph Ratzinger» (El País, 2.7.13).

En 2010 el Tribunal Supremo de Estados Unidos atendió el caso de una víctima que había sido objeto de abusos en Oregón en los años 60 por parte de un cura irlandés que ya había sido acusado de pederastia en Irlanda y posteriormente en Chicago. El Tribunal Supremo (con una mayoría de jueces católicos desde hace años) solicitó opinión al gobierno de Obama, quien «pidió a la Corte Suprema de su país otorgar al Vaticano inmunidad en los juicios de sacerdotes acusados de haber cometido abusos sexuales contra menores de edad en Estados Unidos» (TeleSur, 26.5.10). De este modo, Ratzinger y los jerarcas vaticanos se libraban de la posibilidad de tener que declarar en un tribunal. Ya en 2005 George Bush había otorgado inmunidad a Ratzinger, cuando la “Santa” Sede la había solicitado al convertirse este en jefe de estado por su cargo de papa (Diario Vasco, 29.3.10). Como siempre, los grandes poderes del mundo se unían para apoyarse en la impunidad y el abuso (ver El Eje Washington-Vaticano).

Posteriormente, el Tribunal Penal Internacional también cerró la vía de procesar a Ratzinger y sus colaboradores (Religión Digital, 15.5.13), y el Tribunal de Apelación de Oregón dictaminó contra la responsabilidad del Vaticano, con el argumento de la “Santa” Sede no tiene control de lo que hacen todos los sacerdotes en el mundo (La Razón, 7.8.13). Pero se obviaba la clave del asunto, que son las medidas obstruccionistas establecidas sistemáticamente por el papado.

Sólo como consecuencia de los escándalos difundidos por los medios de comunicación, Benedicto XVI, gravemente implicado en los encubrimientos durante décadas, comenzó a tomar algunas medidas, más de prevención que de resolución de casos del pasado (es decir, hasta hoy se mantiene la impunidad). Ha sido recientemente cuando la jerarquía ha empezado a dar instrucciones (y no lo está haciendo siempre) de que no se limiten a denunciar la pederastia internamente, sino que además se denuncie ante las autoridades civiles.

Ratzinger actuó enérgicamente en el caso del abusador Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, cuyos crímenes Juan Pablo II (también en proceso de canonización) y él mismo habían tapado sistemáticamente, como siguen denunciando sus víctimas. (Maciel falleció oportunamente, y sin haber sido procesado por sus fechorías, poco después de ser forzado a retirarse.) Por estas medidas, algunos cubrieron a Ratzinger de elogios, calificándolo de “barrendero de Dios” (¡!).

Con ocasión del último cónclave, el obispo maltés Charles Scicluna, fiscal del tribunal de la Doctrina de la Fe, ante la pregunta de si era justo que cuatro cardenales implicados por los escándalos de abusos estuvieran habilitados para elegir al nuevo papa, respondió: «Todos somos pecadores, y Dios sabrá obtener también cosas buenas de su presencia en el cónclave. Debemos tener cuidado al apuntar con el dedo acusador. Por lo demás, el primer colegio de apóstoles tampoco era para canonizarlo enteramente» (Páginas Digital, 26.2.13).

Como señala Alberto Athié, un antiguo sacerdote que denunció durante años sin éxito los sistemáticos abusos sexuales de Maciel (y cuyas denuncias ante la ONU finalmente consiguieron que ésta emitiera el reciente informe): «El procedimiento de desprecio a las víctimas, de encubrimiento a los pederastas, procede no solo de estrategias locales. Es una estrategia institucional. Con su fuente en el territorio del Vaticano y operado por la Santa Sede» (El País, 5.2.14).

Incluso algunos ultrapapistas sinceros han protestado, “sorprendidos” de ciertas conductas papales. Por ejemplo, Luis F. Pérez se escandalizaba de que ni Wojtyla ni Ratzinger hubieran tomado medidas contra el cardenal Law (Infocatólica, 3.3.10); hoy por hoy, Francisco sigue manteniéndolo en su retiro dorado en Roma.

Responsabilidad de Francisco

¿Qué tratamiento ha dado el papa Francisco a estos asuntos? Una de sus medidas ha sido establecer nuevas normas penales que incluyen disposiciones sobre abusos sexuales (Zenit, 11.7.13). Otra, nombrar una comisión de expertos sobre el tema (como suele decirse, crear una comisión es la forma elegante de quitarse un asunto de encima…).

El pasado 15 de enero Francisco puso en evidencia que, aparte de previsiones para el futuro, la interpretación del pasado sigue siendo la que se ha hecho hasta ahora. Dos enviados suyos comparecieron ante el Comité de la Convención de Derechos del Niño en Ginebra. Los miembros del Comité «no se mostraron muy satisfechos con las palabras del representante del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomasi, que reconoció que entre el clero hay abusadores; aunque matizó que también los hay “entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo”. “Este hecho es especialmente grave” en el seno de la Iglesia, dijo, “ya que estas personas están en posiciones de gran confianza y son llamados a promover y proteger todos los elementos de la persona, como la salud física, emocional y espiritual”», reconoció, pero eludió una vez más la cuestión del encubrimiento papal desarrollado durante décadas. Y «tanto Tomasi como el obispo auxiliar de Malta, Charles Scicluna, el otro representante que participó en la comparecencia de más de seis horas ante los 18 miembros del comité de la ONU, respondieron con evasivas a las agudas e insistentes preguntas de estos expertos sobre los supuestos traslados de diócesis de los responsables de abusos, denunciados por las organizaciones de víctimas, la falta de transparencia en las investigaciones de la propia Iglesia o la respuesta del Vaticano ante estos casos. El mensaje de la Santa Sede fue constante: los religiosos no son funcionarios del Vaticano, dijo Tomasi, que argumentó que investigar y juzgar estos delitos corresponde a los Estados donde tuvieron lugar» (El País, 16.1.14). Leer más…

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