Bea viajó a México por dos razones: vacaciones y un encuentro entre las organizaciones Brújula Intersex (de México) y Perú Intersex. Ambos colectivos tenían el objetivo de construir una reflexión en torno al trabajo compartido y cómo propiciar espacios de bienestar para activistas intersex de América Latina.

El arribo de Bea desde Lima (Perú) al Aeropuerto Internacional de Cancún fue el 24 de febrero a las 6:32 de la mañana. En el filtro de migración dos agentes la observaron de pies a cabeza y, sin su consentimiento, revisaron su celular.

Bea mostró sus reservaciones de hospedajes en las tres ciudades que iba a visitar. También mostró el itinerario de las actividades como defensora de derechos humanos y el vuelo de regreso. Aún así las agentes no le permitieron ingresar a México.

Una vulneración de derechos

Durante el interrogatorio al que la sometieron los agentes de migración, Bea no mencionó la palabra intersexual. Sin embargo, por cómo fue observada considera que el motivo de su retención, aislamiento, incomunicación y posterior deportación injustificada fue la discriminación racial y características sexuales no normativas. Como parte de su expresión de género Bea dejó crecer el vello de su barba.

“Esto afectó mucho mi salud mental. Me sentí muy vulnerable. Hasta hoy me cuestan hacer las actividades de mi vida. Lo que viví, los tipos de discriminación por la que atravesé en esta situación, a pesar de que la intersexualidad no fue mencionada de manera explícita o tocada en alguna de las preguntas de migración, por cómo las personas de migración me observaron, por mis características raciales y mi expresión de género creo importante mencionar que fue discriminación racial y discriminación por mis características sexuales no hegemónicas”, comentó Bea a Presentes.

La intersexualidad es una forma de diversidad corporal. No es una patología, no es una orientación sexual, no es una identidad de género y no es un “tercer género”.

De acuerdo al informe Violencia contra personas LGBTI en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la violencia contra las personas intersex se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino”.

Luego de la ventanilla de migración, Bea fue trasladada a una habitación en donde observó que había más personas de piel morena.

Denunciamxs la vulneración de los derechos humanos que sufrió nuestra coordinadora Bea IS en el Aeropuerto Internacional de Cancún en México al ser incomunicada, retenida por 12 horas e injustamente deportada a Perú. https://t.co/tchjKYcQAv

— Asociación Peruana De Personas Intersexuales (@Peru_Intersex) February 28, 2023

“Viví discriminación racial y por mis características sexuales no hegemónicas”

“En el primer filtro viví discriminación racial. Al pasar por la ventanilla de migración me preguntaron las reservas de hotel y vuelo; la señorita junto a otra, me observaron de pies a cabeza viendo las características externas de mi persona. Al pasar a una segunda entrevista me di cuenta que mis características coincidían con el grupo de personas que finalmente fuimos deportadas: en su mayoría con características de pueblos originarios, personas de color y personas que eran de ciertos países. Específicamente de Perú, Colombia y Venezuela. Había un patrón”, comentó a Presentes, Bea Is.

En esa segunda entrevista cuestionaron nuevamente a Bea sobre los motivos de su viaje. Mostró nuevamente, las reservas de su hospedaje y contó que colabora en la defensa de derechos humanos en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), el agente de migración que la entrevistó le dijo “no me quedan claros los motivos de tu viaje, ni tu itinerario”.

Además, el agente de migración revisó más información dentro del celular de Bea, sin su consentimiento.

“Vio el documento del evento que incluye información detallada del encuentro. Ahí está la palabra intersex y los logos de las organizaciones involucradas. Así es que ellos ven el término intersexual pero yo nunca lo hice explícito. Me da la impresión que en algún momento buscan información sobre las organizaciones y lo asumieron al colectivo LGBTIQ+. Finalmente el funcionario de migración determinó que no contaba con los requisitos para ingresar a México”, comenta Bea.

Pese a que Bea demostró documentos y gastos de vuelos y hospedaje, el agente de migración no le dijo la razón de su retención en la estación migratoria.

“El funcionario de migración solo me indicó que tomara asiento. Después de un rato me dijo que debía esperar el vuelo de regreso a mi país de origen”, recuerda Bea.

Autoridades migratorias violan derechos humanos

Actualmente el Instituto Nacional de Migración (INM) no cuenta con criterios, ni formatos, ni protocolos dentro de la Ley de Migración y su Reglamento; incluidas las normas en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM, que permita, desde el primer contacto, un trato digno hacia las personas LGBTI+ que se encuentran bajo cualquier estatus migratorio (turista; solicitante de asilo/refugio; migrante con situación administrativa regular o irregular).

El año pasado la activista trans brasileña, Keila Simpson llegaba a la Ciudad de México como invitada a un foro sobre derechos humanos. Fue aislada y deportada porque su documento no coincidía con su expresión de género.

A partir de la firma del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, el 7 de junio de 2019, organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas migrantes y medios de comunicación han reportado ataques sistemáticos contra esta población. Desde muertes bajo custodia del INM, hasta deportaciones injustificadas y malos tratos en estaciones migratorias.

Sin trato digno

Bea denuncia que ella y las otras personas en la estación migratoria del Aeropuerto Internacional de Cancún no recibieron un trato digno.

“El espacio donde nos tenían era vigilado por un oficial para evitar que alguien saliera. Estaba sucio, hacía frío, nos dieron de comer una vez, pero fue la aerolínea encargada de nuestro retorno; había colchonetas en mal estado y cobijas hechas de un material similar al papel aluminio. Nos prohibieron el uso de aparatos de comunicación y nos amenazaron”, comenta en entrevista.

Y agrega, “nos advirtieron que si alguno de nosotros tenía en su poder algún dispositivo que sirviera para comunicarse, nos iban a poner una alerta migratoria para no ingresar a ningún otro país, dando por sentado que todos los presentes queríamos emigrar a otro país y no nos encontrábamos viajando por placer”.

Además, Bea denuncia que a ella le tomaron fotografías y le pidieron dar su nombre completo. Dijeron que eran requisitos de la aerolínea a cargo de su retorno.

De acuerdo a lo que narra Bea, las autoridades migratorias incumplieron en más de un artículo de la normativa de Estaciones Migratorias y de la Ley de Migración para garantizar un trato digno y apegado a los derechos humanos.

Queja ante organismos de Derechos Humanos

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos, de 2018 a 2022, bajo la “nueva política migratoria del Gobierno de México (2018-2024)”, las quejas que recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones a derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración aumentaron un 264.7%. Tan solo de 2021 a 2022 aumentaron un 72.8%.

Bea pasó 12 horas incomunicada en la estación migratoria del Aeropuerto Internacional de Cancún hasta que fue retornada en un vuelo a Perú sin que las autoridades migratorias de México justificaran la razón de su deportación.

“Solo nos hicieron firmar la recepción de un sándwich y una gaseosa por parte de Volaris (una aerolínea)”, comenta.

La organización mexicana Brújula Intersexual emitió ese mismo día (24 de febrero) una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y otra más, con folio 2023/23171, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Exigimos una disculpa pública y la reparación del daño, pues nuestra compañera estaba invitada para viajar a Guanajuato y Ciudad de México. Denunciamos discriminación debida a características sexuales no normativas, así como discriminación de índole etno-racial”, publicó Brújula Intersexual en un comunicado.

El 7 de marzo Copred solicitó a Bea una relatoría de los hechos. Hasta ahora no ha recibido respuesta del proceso de su queja por discriminación.

“Esperemos que puedan avanzar, sabemos que puede ser un proceso quizá lento, sobre todo porque involucra revisar a un organismo tan hermético como lo son las autoridades migratorias”, comentó Bea al final de la entrevista con Presentes.

BUENOS AIRES, Argentina. “Nunca había visto algo así. Es un nivel de represión y un ocultamiento internacional propio de una dictadura. El Ejército está haciendo masacres. Los gobiernos latinoamericanos deberían tener otra postura ante lo que es un verdadero levantamiento del pueblo peruano contra el gobierno de facto de Dina Boluarte. Si no la repudian, la están legitimando”.

Alejandrina Barry es hija de desaparecidos de la dictadura cívico militar argentina que comenzó en 1976 y diputada de la Ciudad de Buenos Aires. En estos días viajó a Perú junto a su compañero, el diputado nacional Alejandro Vilca (Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS). Alejandrina es vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y él integra la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación. En esos espacios institucionales exigirán el pronunciamiento contra Boluarte. Luego de una semana en ese país, Barry afirma a Presentes: “A pesar de las matanzas, la unidad de obreros, estudiantes, campesinos e indígenas es una fuerza profunda que puede afectar a los dueños del poder”.

Apenas aterrizada desde Lima, la legisladora y militante de derechos humanos describe que “hay más 60 muertos en 60 días. Y esa es la cifra oficial. Terminan las marchas y el Ejército persigue a los manifestantes y los matan. No terminamos de contabilizar a los muertos; hay desaparecidos, torturados. Las causas judiciales son tremendas porque están basadas en el andamiaje legal que dejó la época de (Alberto) Fujimori. Te meten preso por terrorismo”.

Alejandrina Barry reunida con trabajadores en Perú, febrero de 2023.

– ¿Cómo caracteriza políticamente el estallido en Perú?

–Es un levantamiento popular muy grande a partir del golpe de Dina Boluarte, que metió preso al presidente Pedro Castillo. En ese momento se desarrolla un proceso de movilizaciones que exceden al propio Castillo. Tiene que ver con profundas y postergadas demandas donde los pueblos originarios y las comunidades campesinas tienen un rol muy importante. Es una crisis económica y social con discriminación. Boluarte ha dicho que la región movilizada de Puno no es Perú y luego ordena una brutal represión. Es muy importante la participación estudiantil en las movilizaciones y también del movimiento obrero.

Alejandrina cuenta que cuando llegaron a Perú, el jueves 9 de febrero, había una huelga general de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP). Era una huelga muy cuestionada, no se llamaba a una movilización desde 1977. Pero desde las bases fue una marcha de enorme participación.

Qué demandan las movilizaciones en Perú

– Están debatiendo la necesidad de coordinar tanta efervescencia. En el sur, donde están las comunidades, el nivel de manifestación es aún mayor, de la mano de más intensa represión. Las consignas son por la renuncia de Dina Boluarte, hay una bronca enorme que potencia las movilizaciones por los asesinatos y las matanzas, junto con las demandas económicas, sociales y de derechos políticos. Plantean la necesidad de una Asamblea Constituyente libre y soberana, para terminar con la Constitución de (Alberto) Fujimori que garantiza la riqueza concentrada en las manos de siempre, y que relega a las comunidades originarias que en Perú tienen un peso fundamental. Piden más democracia porque la criminalización a la protesta es constante. Esta es la base del levantamiento popular.

– ¿El día de esa huelga no hubo represión porque había veedores extranjeros?

–Soy hija de desaparecidos y nunca había visto algo así. Cuando llegás hay tanques del Ejército, la marcha fue de 7 mil personas y había 11 mil policías. Son operativos intimidantes para meter terror a la población. Creo que no reprimieron porque estaba el movimiento obrero organizado movilizándose.

Desinformación y cerco mediático

– Mencionó la desinformación. ¿Esa turbiedad conspira contra la impunidad con que se maneja Boluarte?

– Eso es lo más grave, en las dictaduras la prensa tergiversa o silencia. Ahora descubrieron las masacres de Ayacucho y de Puno. La información oficial había dicho que el 15 de diciembre los manifestantes querían tomar el aeropuerto, que los militares reprimieron de manera defensiva y que los manifestantes se habían matado entre ellos. Las investigaciones de la fiscalía ahora salen a la luz y dan cuenta de que el Ejército persiguió a los manifestantes en las calles de su región y los fusiló, ni siquiera en el lugar de los hechos. Esto es lo que hay que difundir a nivel internacional. En el caso de Puno, reprimieron hasta en el velatorio de las víctimas. Por este cerco de desinformación hicimos una marcha con la comunidad peruana acá para exigir a todos los gobiernos latinoamericanos, a la Celac que se reunió en Argentina, que haya condena a lo que pasa en Perú. En el caso de Brasil hay un hecho gravísimo, está enviando gases lacrimógenos a Perú, los compró (Jair) Bolsonaro, pero Lula podría haberse negado a mandarlos. La exigencia es que Alberto Fernández rompa relaciones con el gobierno de Dina Boluarte y que condene el golpe y la represión al pueblo peruano.

– ¿Esa represión incluye desapariciones, torturas y un alto grado de clandestinidad?

–Se sabe que hay más de 60 asesinados, con Alejandro Vilca nos reunimos con miembros de las comunidades y denuncian desapariciones, y que las detenciones se hacen con métodos de torturas. En las delegaciones donde están los campesinos y los originarios pareciera que vale todo, pero también reprimen a los estudiantes. Un hecho muy grave es la intervención militar en la Universidad de San Marcos porque los estudiantes habían abierto las puertas a los campesinos para que pudieran alojarse. Hubo 200 detenidos cuando ingresó el Ejército con tanques. La Coordinadora de Derechos Humanos explicó que las causas iniciadas a quienes protestan están basadas en artículos sobre terrorismo. Hay más de 100 procesados por ese delito, o por apología de ese delito cuando están participando de las movilizaciones.

– Están aplicando en andamiaje legal heredado del fujimorismo.

– Así es. Recordemos que Perú tiene 21 mil desaparecidos desde la década de los años 80. Hay mucha solidaridad, los comerciantes de la zona apoyan las colectas para que se puedan realizar las movilizaciones hacia Lima. Una mujer que había juntado dinero para eso fue acusada de ser parte de una organización criminal, lo que significa 36 meses de prisión. Es como si acá fueras encarcelado como criminal por organizar un fondo de lucha o de huelga.

– ¿Cómo vieron la situación de los heridos?

–Apuntan a la cabeza, los que perdieron un ojo no tienen cobertura médica y el sistema de salud no los atiende, no tienen atención médica. El Estado avala todo esto y no hay un sólo policía o militar siquiera investigado. Es una impunidad total, es sentir en carne propia lo que fue la dictadura en Argentina. Por el contrario, en medio de la represión les dieron un bono a los policías para premiarlos.

La persecución a las personas LGBTI

– ¿Supo del asesinato de una joven trans, Ruby Ferrer?

–Sí. Es tremenda la persecución a la comunidad LGBTI, el gobierno de Castillo se decía progresista pero era antiderechos. Ahora es todo peor. La comunidad LGBT+ y las mujeres vienen remando desde antes. Decir que sos feminista significa persecución. Ni hablar si decís que sos de izquierda.

#Ahora exigiendo justicia por las chicas trans extorsionadas y asesinadas, casos q suelen suceder en la jurisdicción de la comisaría de Alfonso Ugarte @PoliciaPeru necesitamos saber q acciones q están tomando. Exigimos la misma rapidez q en el caso de San Miguel pic.twitter.com/YeJ1QUiYV7

— Gianna Camacho García (@periodistatrans) February 15, 2023

– ¿Cuál es su conclusión tras estos días en Perú?

– Hay que apoyar el proceso de movilización del pueblo peruano porque es un gran ejemplo para el resto de los pueblos de América Latina. Sentí estar viviendo la dictadura genocida en Argentina, en mi caso cuando desaparecen a mis padres yo estaba apropiada, y la prensa montaba una campaña para ocultar los hechos. Por eso es tan importante romper el cerco mediático que hay sobre estos crímenes de terrorismo de Estado contra el pueblo peruano. No podemos permitir que se siga perpetuando con impunidad este nivel de represión y de matanzas, es esencial la condena internacional. El miércoles 22 vamos a hacer una audiencia en el Congreso con Alejandro Vilca, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, junto a la comunidad peruana, donde daremos a conocer estos informes que trajimos. Y entregaremos a las comisiones de derechos humanos.

– ¿Ven alguna relación con el levantamiento en Chile de 2019?

–Sí, como decían en Chile no son 30 pesos son 30 años, son demandas postergadas por décadas. Me encontré con hijas de desaparecidos en Perú, que siguen haciendo excavaciones para saber dónde están los cuerpos de sus padres, no hubo investigación ni mucho menos castigo a los culpables. Hay una precarización enorme de la vida. El 85 por ciento de la población en Perú trabaja de manera informal y de sol a sol. Las demandas de la población indígena son centrales, recién a partir de los años 70 han podido votar. Hay un movimiento obrero muy importante, por algo el Ejército mantiene rodeadas las minas. Si pararan los mineros y los portuarios de Perú cambiaría la situación. Obreros, campesinos, estudiantes e indígenas son una fuerza profunda que podría afectar a los dueños del poder. Ellos debaten cómo ganar esta pelea, que empieza con la caída de Dina Boluarte y terminar estas masacres. Sigue con pensar cómo construir una sociedad diferente, sobre nuevas bases, pensar en una Asamblea Constituyente libre y soberana pero sobre la base de un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y de las comunidades indígenas.

Alejandra Salazar Villa era una mujer trans de 54 años, que había llegado a la Argentina desde Perú. Se ganaba la vida como trabajadora sexual y vivía sola en su departamento ubicado en la avenida Corrientes al 2200, en el barrio porteño de Once. Fue asesinada en diciembre de 2020.

La fiscal Diana Goral había pedido una condena por homicidio con el agravante de mediar violencia de género (femicidio) y por odio a la identidad de género (travesticidio). El tribunal finalmente solo tuvo en cuenta la primera figura por lo que no consideró que el crimen haya sido un travesticidio.

“Nos damos por conformes con esta sentencia”, dijo a Presentes Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja. “Cumplimos con nuestro objetivo que es prisión perpetua”, agregó. Sin embargo, sobre el agravante que no consideró el Tribunal, sostuvo: “El artículo sobre el odio a la identidad de género no lo quieren aplicar porque trabajar con el odio es muy fuerte para los jueces”.

El crimen

Las cámaras de seguridad registraron a Alejandra cuando era seguida por los dos imputados en la causa.

El 6 de diciembre de 2020 Alejandra salió a comprar manzanas a un supermercado cercano a su vivienda. Una vez hecha la compra, alrededor de las 18.30, se dirigió hacia su casa y en el camino se cruzó con Rodrigo Keilis y Pablo Getar.

Keilis tenía entonces 20 años, trabajaba descargando camiones y se encontraba en situación de calle. Ese día estaba junto a su tío, Pablo Getar, un changarín y cartonero que en ese momento tenía 40 años.

Ambos escoltaron a Alejandra hasta su casa y uno de ellos, Keilis, subió con ella para mantener una presunta relación sexual, mientras Getar cruzó la avenida y se sentó a esperar.

Una vez allí, Keilis “colocó una de las bolsas de nylon traídas desde el supermercado, específicamente aquella en la que transportaba las manzanas, y la tomó fuertemente del cuello, lo que le provocó la fractura del hueso hioides y la muerte por compresión del cuello y sofocación”. Así lo indica el requerimiento de juicio, firmado por les fiscales Ignacio Mahiques y Mariela Labozzetta.

Acto seguido, el hombre tomó algunas pertenencias de Alejandra, como el dispositivo electrónico para abrir la puerta del edificio y un televisor. Afuera ya no se encontraba Getar -quien se fue diez minutos antes de que Keilis saliera del edificio-, así que tomó un taxi hasta el barrio de Constitución donde volvió a encontrarse con su tío.

El juicio

La investigación que llevó la causa a juicio fue realizada por la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional N° 35. Su titular, el fiscal Ignacio Mahiques, junto a Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), consideraron que la acumulación de prueba era suficiente para acusar a Rodrigo Alejandro Keilis de “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género en concurso real con robo simple”.

También a Pablo Isaac Getar como “partícipe necesario”. Sin embargo, Goral no consideró que hubiera la prueba necesaria para esta imputación por lo que pidió su absolución.

A lo largo de las audiencias del juicio declararon diferentes testigues como vecines, el encargado del edificio donde vivía Alejandra, el médico forense, psicólogas de Keilis y los dos policías a cargo de la primera investigación del caso.

Además, prestaron testimonio dos personas especializadas que explicaron la problemática que enfrenta el colectivo travesti trans y qué implica un travesticidio.

Testigas expertas

Una de ellas fue la activista travesti Marcela Tobaldi. A Alejandra la había conocido “en el marco de que ella necesitaba hacer el cambio de género”. “Se acercó un día. En aquella época yo trabajaba en la Defensoría de la ciudad de Buenos Aires. Preguntó por mí. Era muy tímida”, recordó. “No tenía ningún derecho de matarla, de ahorcarla, robarle y todo lo que hizo. Fue un travesticidio”, destacó en diálogo con Presentes.

«El travesticidio es una forma específica de violencia de género. Se consuma en el asesinato de las personas que expresan o afirman una identidad de género que no se condice con los criterios considerados ‘normales’ de la feminidad o la masculinidad”, explicó la antropóloga Josefina Fernández. Fernández es especialista en género, diversidad sexogenérica y políticas públicas. Junto a Lohana Berkins coordinó el informe “La gesta del nombre propio” y su actualización, La Revolución de las Mariposas. Durante el juicio declaró como testiga experta.

Su declaración aportó un dato recopilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el promedio de vida de las personas trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años. “Menos de la mitad del promedio del que goza el resto de la población”, destacó Fernández. Ese promedio es producto “no sólo de la violencia letal, sino también de sus recorridos vitales ligados, generalmente, a múltiples experiencias de vulnerabilización”, continuó.

También aportó una mirada interseccional para analizar el crimen de Alejandra. Ella, además de trans, era migrante y trabajadora sexual. En esta línea consideró que “a la condición trans ha de sumarse otras determinaciones y variables como la clase y la raza”. Esto puede agravar “aún más las condiciones de vida del colectivo en cuanto a su acceso a derechos. Y, claro, al sistema de justicia, lo que aumenta la impunidad de los agresores”.

Según una investigación que realiza la UFEM, el 66% de las mujeres trans o travestis asesinadas eran de nacionalidad extranjera. Y la abrumadora mayoría, casi el 100%, eran trabajadoras sexuales, aportó Fernández.

La condena

El asesino, Rodrigo Keilis

La condena fue bajo el artículo 80 inciso 11 del Código Penal: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua (…) al que matare (…) a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

«Faltó el agravante por el odio, pero es una sentencia histórica. Estoy contenta», dijo a Presentes la fiscal Goral. También consideró que este juicio «es importante para la nueva mirada que hay que tener respecto de los colectivos LGBTI».

A su vez, a lo largo de las audiencias la fiscal dijo que aprendió mucho y agradeció la presencia permanente de las integrantes de la organización La Rosa Naranja.

En su alegato formulado en la audiencia del 31 de octubre, la fiscal había considerado importante definir a este crimen como un travesticidio. «Permite identificar, registrar y cuantificar los crímenes perpetrados contra ellas además de habilitar el reconocimiento de las particularidades que estos ilícitos contienen como expresión extrema de la violencia de género», explicó.

Otras condenas por travesticidio

Las anteriores condenas por travesticidio que tuvieron lugar en la Argentina fueron por los crímenes de Diana Sacayán, Marcela Chocobar, Evelyn Rojas y Melody Barrera.

La primera condena fue por el travesticidio de la activista Diana Sacayán el 18 de junio de 2018. Allí el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino.

Luego, la condena, también a perpetua, por homicidio calificado por odio a la identidad de género (transfemicidio) que recibió Oscar Biott en junio de 2019. El hombre estaba acusado junto a Angel Azzolini de asesinar a la joven trans Marcela Chocobar. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces de la Cámara Criminal de Río Gallegos.

La tercera es reciente. El 17 de marzo de este año, el Tribunal Penal N°1 de Posadas condenó a Ramón Da Silva a prisión perpetua por homicidio por la relación de pareja, odio hacia su género y expresión, y por femicidio, tras el crimen de Evelyn Rojas.

En tanto, el 15 de septiembre de este año, un jurado popular en Mendoza condenó al ex oficial de la policía, Darío Jesús Chaves Rubio, a 27 años de cárcel por el transfemicidio de Melody Barrera.

“Desde la defensa de Rodrigo Ventosilla y Sebastián Marallano hemos interpuesto una denuncia por el delito de tortura. Es contra todos los funcionarios indonesios y peruanos que hubiesen participado en los atentados de la integridad física y derechos humanos de ambos”, dijo en conferencia de prensa Julio Arbizú, abogado de las familias.

El abogado se refiere a los hechos de la semana del 6 al 11 de agosto cuando un viaje de luna de miel de una pareja de hombres trans se convirtió en una pesadilla.

“En la denuncia que hemos interpuesto ante el Ministerio Público el cónsul peruano en Bali, Julio Tenorio, es imputado por el delito de comisión por omisión. Hay que entender que el Estado peruano tiene una obligación, a través de su Cancillería. Velar por la integridad física y vida de nuestros compatriotas es fundamental. Aquel que rehúya de esa obligación está cometiendo un delito como en este caso”, agregó el abogado.

La familia aún se encuentra a la espera del cuerpo de Rodrigo para que se realice el peritaje respectivo por parte del Instituto de Medicina Legal de Perú. Se buscan determinar la causa de su fallecimiento en un hospital, ya que es un aspecto que hasta el momento no ha quedado claro.
Cronología de las violencias

Tras su arribo al país asiático el 6 de agosto, Rodrigo Ventosilla fue detenido por la Policía en el aeropuerto de Denpasar. Lo acusaron de ser traficante de drogas por tener medicamentos vinculados a su tratamiento de salud mental. Él contaba con una prescripción médica de los mismos. Sebastián Marallano, su flamante esposo, llegaba en un vuelo distinto y también fue detenido cuando se dispuso a auxiliar a su pareja.

Los familiares aseguran que para dejarlos en libertad, la Policía indonesia les pidió primero 13 mil dólares y luego 100 mil.

El 7 de agosto la familia contactó al cónsul peruano, Julio Tenorio, y le informan sobre la situación por la que estaba atravesando la pareja. Pero, según relatan, la autoridad no se preocupó del caso y no se hizo presente.

La comunidad trans peruana pidió apoyo para recaudar fondos que permitan traer de vuelta a Sebastián y repatriar el cuerpo de Rodrigo. Rodrigo fue uno de los fundadores de la organización Diversidades Trans Masculinas (DTM). A través de las redes sociales se masificó el mensaje de ayuda, en medio de desconcierto y poca información sobre el caso. Mientras tanto, activistxs junto con la hermana de Sebastián iniciaron las gestiones para que ella viaje a Indonesia.

Por su parte, la familia de Rodrigo también viajó a Indonesia con la intención de esclarecer los sucesos que terminaron con la vida de su familiar e iniciar las diligencias para la repatriación del cuerpo. Esta situación se complic debido a una ineficiente labor de las autoridades peruanas en dicho país.

El rol de la Cancillería peruana

Ignorando las llamadas telefónicas y las comunicaciones a través de su WhatsApp personal, Julio Tenorio decidió ir al lugar recién un día después de la muerte de Rodrigo Ventosilla.

“Hay que recalcar que el Sr. Julio Tenorio sabiendo cuáles eran sus deberes para con sus connacionales esperó hasta el día 12 de agosto para asistir a Rodrigo y Sebastián”, precisó Luzmo Enriquez, vocero oficial del equipo de soporte de la familia.

El pasado 24 de agosto, a través de su cuenta oficial en Twitter, la Cancillería de Perú emitió un comunicado sobre el caso, donde le restan importancia a las denuncias de los ciudadanos peruanos. Ni mencionaron y dieron a entender que le dan la razón al Gobierno de Indonesia.

Tras el comunicado, la familia rechazó que la Cancillería negara que hubo transfobia. Consideran que revictimizan e invalidan el testimonio de Sebastian, además les resulta parcializado, insuficiente y poco empático.

Dos días después, el 26 de agosto, debido a las críticas recibidas, la Cancillería emitió un nuevo comunicado donde cambian el tono de su postura.

La historia de amor de Sebas y Rodrigo se selló en matrimonio el pasado 31 de mayo en Chile. Fueron allí porque en Perú las personas del mismo sexo no pueden casarse.

“Es loquis cómo operan los rituales sociales. Más allá de lo criticable de la función del matrimonio como figura patriarcal y dispositor de la heteronorma obligatoria, y todo ese rollo ‘woke’, para las personas trans como yo o mi amorcito es una representación de nuestros compromisos con nosotres. Es un pacto de entrega y la oportunidad de compartir este amor con nuestrxs seres queridxs y el mundo. Casarme con este bebito fiu fiu, colocarnos un anillo que nos dice que nos tenemos mutuamente se siente como una ráfaga de seguridad y merecimiento del que no siempre contamos, es muy bonito”, manifestó Sebastián el día de su boda.

Por la calidad humana de Rodrigo, gracioso y cariñoso, pero también resiliente y luchador es que los colectivos de personas trans han salido a las calles a exigir justicia. Además de ser un activista reconocido, Rodrigo era economista y estaba realizando estudios de posgrado en la Universidad de Harvard.

Pedidos de justicia

Continuando con las manifestaciones sobre el caso, los defensorxs de personas trans, amigos y familiares están convocando a un nuevo plantón en nombre de Rodrigo, pidiendo que a la llegada de su cuerpo, se realice un proceso de necropsia lo más rápido posible.

Gianna Camacho

Lo que no lograron en la sociedad civil los grupos anti derechos, encabezados por la campaña de desinformación “Con mis hijos no te metas”, lo están consiguiendo sus políticos en el Poder Legislativo.

Frente a ellos, los pocos congresistas progresistas que hay se encuentran sin capacidad de hacerles frente. Revisamos aquí que se ha aprobado y qué se quiere aprobar en el Parlamento:

Contra el enfoque de género: Aprobado

La Ley N° 31948 impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Con esa excusa, el Ministerio de Educación podrá restringir sus atribuciones y pasar por la valoración de los padres y madres de familia para publicar los libros dirigidos a lxs estudiantes de colegios nacionales de primaria y secundaria.

Esto se hace, a través de un registro de dirigentes en donde se inscribirán los representantes de las asociaciones de padres de familia. Lo que buscan los impulsores de esta ley es que ingresen grupos conservadores para censurar el enfoque de género, la educación sexual integral y cualquier tipo de referencia sobre métodos anticonceptivos o diversidad sexual.

Esta posibilidad de intervención de externos, no especialistas en el diseño de contenidos, elaborado por profesionales genera un obstáculo insalvable para la publicación de estos textos.

Como señala el artículo 5, inciso 1 de la ley, “los funcionarios y servidores civiles del sector educación no podrán aprobar o publicar materiales, textos ni recursos educativos cuyo contenido vulnere los principios previstos en el artículo 2 o que en cuya elaboración no hubieren participado los padres de familia, conforme a los términos previstos en esta ley”.

Una evaluación sobre las observaciones

Además, “la entidad pública deberá comunicar el resultado detallado del análisis y evaluación de los comentarios y observaciones recibidas a las organizaciones que las presentaron, luego de lo cual los representantes de las organizaciones de los padres de familia tienen un plazo de 10 días hábiles para expresar su conformidad, quedando dicha entidad pública habilitada para publicar o aprobar los materiales, textos y recursos educativos materia del procedimiento en caso de no existir impugnación al referido resultado”.

Y si esto no sucede, entonces los textos “dejarán de ser distribuidos, publicados, expuestos o —en general— se suspenderá cualquier acción que suponga su difusión a los educandos o comunidad educativa, siendo los responsables de la elaboración de dicho contenido pasibles de sanción administrativa determinada por su superior jerárquico”. Un círculo vicioso sin fin que solo logrará que nunca se publiquen los textos o se haga con información sesgada, parcializada, incompleta o equivocada.

Frente a ello, una estudiante ha interpuesto una acción de amparo contra esta ley por poner en peligro derechos fundamentales como el acceso a la educación, información, libertad de expresión, opinión, entre otros.

Contra los derechos sexuales y reproductivos en comisiones

El proyecto de Ley N° 785/2021-CR propone que “el concebido tiene derecho a la vida y al respeto de su dignidad” del artículo 1 del Código Civil peruano, se modifique por: “La vida humana comienza con la concepción. La persona humana es sujeto de derecho desde su concepción. El Estado peruano reconoce y garantiza el respeto a la dignidad del concebido, así como su derecho a la vida, a la identidad propia, a la integridad psíquica y física, así como a su libre desarrollo intrauterino”.

A su vez, el proyecto de Ley 1520/2021-CR, que promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar, propone priorizar el embarazo y la vida del concebido por encima de la vida y salud de la persona gestante, así se trate de una niña o adolescente.

Estas propuestas conservadoras buscan reconocer al concebido como persona humana por nacer. Darle una identidad propia y una personalidad independiente de la mujer gestante, lo que vulnera sus derechos reproductivos y obstaculiza su acceso a un aborto seguro, incluido el aborto terapéutico, que es el único aborto legal en el Perú. De ese modo pone en riesgo la vida de niñas, adolescentes y adultas.

Contra las madres que denuncian a padres agresores: en comisiones

El proyecto de Ley 1090 crea, implementa y constituye el Registro Nacional de Progenitores Obstructores – RENPROB, a cargo del Poder Judicial. Con esta propuesta se pretende perseguir y sancionar a madres que intentan proteger a sus hijxs de padres con denuncias de agresión.

El Proyecto de Ley 1096, regula la tenencia compartida de los niños y adolescentes. Con esta propuesta se busca la obligatoriedad de la tenencia, a pesar de que los padres puedan tener denuncias de agresión, violencia física, psicológica o sexual, o no pasar pensión alimenticia.

El Proyecto de Ley 1120 garantiza la aplicación de la tenencia compartida, modificando el código de los niños y adolescentes. Esta propuesta busca modificar los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93 y 97 del Código de los Niños y Adolescentes, para que padres y madres tengan tenencia compartida obligatoria, a pesar de denuncias de violencia. Variar de forma infinita la conciliación y las resoluciones de los juzgados; quitarles la potestad a los jueces para evaluar el bienestar de lxs hijxs, entre otros.

El Proyecto de Ley 1687 apunta a modificar el Código del Niño y del Adolescente sobre la tenencia compartida, y fue subsumida en el PL 1120.

Todos estos proyectos fueron aprobados por el Pleno del Congreso, la ley fue observada por el Poder Ejecutivo y se espera su aprobación por insistencia.

Contra el ministerio de la mujer

Otro proyecto de ley, el 1229, establece de necesidad pública el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. El argumento es que “permite poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar”.

Según esta propuesta, por colocar “Mujeres” en el nombre del ministerio se desprotege a niñxs y adultxs mayores, lo que cambiaría si cambian el nombre.

En el fondo, lo que se busca es desconocer la violencia histórica, estructural y sistemática que sufren las mujeres, subsumirlas en el entorno familiar y perpetuarlas en un rol reproductivo.

https://twitter.com/frentelumat/status/1547994633799471104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1547994633799471104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fagenciapresentes.org%2F2022%2F07%2F18%2Fel-poder-legislativo-de-peru-avanza-contra-los-derechos-de-las-mujeres-y-personas-lgbt%2F

Contra el uso de baños neutros

El Congreso, luego de las protestas y el ridículo internacional, dio marcha atrás y aprobó que la OEA realice su Asamblea en el Perú. El acuerdo fue aprobado con «reservas», pero no podrán evitar la instalación del baño neutro.

Según los congresistas que votaron en contra de suscribir el acuerdo, la OEA busca intervenir en el derecho interno peruano y contrabandear ideologías.

LIMA, Perú. El Tribunal Constitucional del Perú declaró improcedentes dos demandas de reconocimiento de matrimonios realizados en el extranjero. Una de ellas de la congresista de la república, Susel Paredes, casada con Gracia Aljovín en Estados Unidos.

Se trata de una muestra más de homofobia institucionalizada. Hace dos años se negaron a reconocer el matrimonio de Oscar Ugarteche y Fidel Aroche, realizado en México.

Esta determinación del Tribunal Constitucional fue una de las últimas decisiones que tomó antes de finalizar su mandato en mayo.

La magistrada Marianella Ledesma, que emitió un voto singular, a contraparte de sus compañeros, señaló que el Tribunal Constitucional está actuando como un Tribunal de la Santa Inquisición.

“¡Qué difícil es para algunos mirarnos como iguales! Qué difícil es aceptar que los tiempos han cambiado y que todos los peruanos y peruanas tenemos derechos. ¿Por qué buscar, a cualquier costo, que otros, que no forman parte de su ‘estamento’, no tengan derechos?”, escribió en su justificación.

La experta añadió la forma en que será leída esta resolución en el futuro. “Avizoro que estas sentencias serán estudiadas, a manera de ‘paleontología’ jurídica de un pensamiento anacrónico a los derechos de los peruanos y peruanas de nuestro país”.

Cómo se votó

El voto en mayoría de los magistrados expresó una serie de inexactitudes para defender sus argumentos en contra del matrimonio igualitario. Tergiversaron lo que indica la Constitución del Perú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También negaron el carácter vinculante de la Opinión Consultiva 24-2017de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se ordena regular a todos los Estados parte el matrimonio igualitario en sus países, con el fin de garantizar derechos fundamentales de todas las personas.

En su fundamento 21, los magistrados acusan a la CorteIDH de creerse “dueña de la verdad” y “monopolista de la virtud”. Aunque son ellos quienes actúan de esa forma. Es algo que la CorteIDH les hizo notar cuando intentaron indultar ilegalmente al exdictador Alberto Fujimori y fueron frenados esta instancia.

Óscar Ugarteche Galarza se casó en México con su pareja.

Un intento por frenar la legalidad

Para la abogada constitucionalista Yolanda Tito, “el Tribunal Constitucional, al analizar el caso, emitió una resolución que podría ser considerada como ‘legalista’. Señaló que el matrimonio igualitario carece de sustento constitucional basándose en el análisis textual de nuestro Código Civil y de nuestra Constitución. «Esto es, sin buscar una interpretación que pueda proteger los derechos más básicos de las demandantes”.

Tito apuntó varias preocupaciones que despierta esta resolución. La primera, que el Tribunal diga que la Opinión Consultiva (número 24-2017) emitida por la Corte IDH en una consulta hecha por Costa Rica, no es vinculante en términos jurídicos porque esta Corte está ‘ideologizada’. Por eso descarta aplicar las consideraciones ahí emitidas.

La segunda, que haya una interpretación sobre la palabra ‘unión’, donde se señala que la unión es igual al matrimonio. Por lo que incluso se intentaría cortar el término “unión civil” como alternativa al matrimonio igualitario.

Lo primero es un claro desacato al Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos. Y lo segundo un intento de poner un “candado” a cualquier posibilidad de reconocimiento legal de parejas de lesbianas y gays en el futuro.

Un camino para el derecho a contraer matrimonio

La abogada también señaló la ruta a seguir para los matrimonios realizados en el extranjero. “Si bien se trata de una resolución de improcedencia y no una sentencia, a efectos reales es un pronunciamiento sobre el fondo”, destacó.

“Se trata de un agotamiento de la jurisdicción nacional. Las demandantes se encuentran habilitadas para acudir a la jurisdicción internacional, de modo que, luego de pasar por la Comisión Interamericana, puedan llevar su caso a la alta CorteIDH. Allí seguramente alcanzarán la justicia que están solicitando”.

Para la activista lesbiana e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de la Mujer), María Ysabel Cedano, esto no solamente perjudican a la comunidad LGTBIQ+.

“Perjudican a la ciudadanía peruana en sus derechos fundamentales, sus derechos humanos y el derecho a la tutela jurisdiccional nacional e internacional, conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos”.

Sin validez jurídica

Cedano señala que estas sentencias no tienen validez jurídica. “Están contraviniendo no solo la ley, sino que, -más grave aún-, el derecho internacional público y privado, el derecho a la tutela jurisdiccional nacional e internacional, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a formar una familia. Además, están desconociendo la Convención Americana”.

La activista espera que la Corte “ponga a derecho y le enmiende la plana al Tribunal Constitucional. Como pasó en el caso de su decisión sobre el indulto a Fujimori»

«No podemos aceptar un TC que nos deje a las ciudadanas y ciudadanos desamparados de esa forma. Para qué existe entonces la justicia internacional, para qué existiría entonces la Corte IDH”, enfatizó.

Este tipo de sentencias también perjudica no solo a las lesbianas que se casan, sino que también tienen hijos y que luchan ante la justicia peruana para ser reconocidas en el documento de identidad de su prole.

Tal lo que sucede con Jenny y Darling, y su hijo Dakarai, cuyo caso ya se ha presentado a la CIDH a través de una medida cautelar.

Jenny Trujillo y Darling Delfín, las dos madres que luchan por ser reconocidas ambas como madres de su hijo.

Sobre el proceso de amparo de los matrimonios entre parejas del mismo sexo

El amparo es un proceso especial de índole constitucional de atención urgente, que se presenta cuando se vulneran derechos fundamentales.

En este caso, las demandantes, Susel Paredes y Gracia Aljovín, se casaron en los Estados Unidos y buscaban que se inscriba su matrimonio en el registro denominado Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil).

Las mujeres alegan la vulneración de sus derechos a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que, según el ordenamiento jurídico peruano, los actos jurídicos realizados en el extranjero pueden ser inscritos en el Perú. Siempre y cuando no violen el orden público ni las buenas costumbres.

Estas son demandas de parejas del mismo sexo para que se reconozcan y registren sus matrimonios realizados en el extranjero, para que se respeten los derechos que han adquirido al contraer matrimonio en el extranjero sin violar ninguna norma de orden público internacional.

Por lo tanto, el Estado peruano, a través del Tribunal Constitucional saliente, desconoce el artículo 2050 del Código Civil, la Constitución y la Opinión Consultiva 24-2017 de la CorteIDH.

Fuente Agencia Presentes

Lima, Perú. En el marco del Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y Crímenes de Odio hacia las Personas LGBT, se presentaron los resultados de un estudio que permitió conocer el perfil de las víctimas, victimarios y las motivaciones que éstos tuvieron para terminar con la vida de personas que se identificaban como LGBT o eran percibidas como tal.

De acuerdo con el estudio, del total de casos de muertes dolosas, el 55,8% fueron contra hombres gays, el 36,4 % contra mujeres trans, 3,4% hacia lesbianas y 2,2% se trató de bisexuales, o eran percibidos como tal.

En cuanto al rango de edad de las víctimas, el 72,8% oscilaba entre los 25 y 44 años, mientras que el 34,6% tenía como ocupación el estilismo.

Por su parte, las cifras sobre las características de los imputados o perpetradores de los crímenes, precisan que el 94,4% fueron hombres, 26,4% eran conocidos o familiares de las víctimas, y en el 26,4% de los casos los asesinos eran sus parejas o exparejas. 

El 47,7% de los casos las víctimas fueron asesinadas en sus propias viviendas. El 29,6% de homicidios se dio por un objeto punzocortante, 25% por un agente constrictor y el 15,9% por arma de fuego.

Un estudio en conjunto

La investigación exploratoria-descriptiva fue realizada por un trabajo en conjunto del Ministerio Público (MP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), para la cual revisaron, una por una, las carpetas fiscales de 88 casos de muertes violentas asociadas a delitos dolosos.

“Presentamos este informe en conmemoración de aquel acto de barbarie cometido por el MRTA (grupo terrorista) contra unas compañeras en el bar Las Gardenias en Tarapoto, el 31 de mayo de 1989. Ese hecho nos invita a tener en la memoria a todas aquellas personas que fueron asesinadas violentamente debido a su orientación sexual o identidad de género”, recordó la congresista Susel Paredes, organizadora del Foro “Crímenes de Odio en el Perú, los Registros Invisibles”, donde fue presentado el estudio del Observatorio de la Criminalidad del MP.

En el Perú ninguna entidad del Estado lleva un registro de todos los casos de vulneración de derechos de personas LGBT. El estudio realizado fue en base a un subregistro de los datos obtenidos por el Observatorio de Derechos Humanos LGBT de la UPCH.

Presentación del informe.

Foto: Amnistía Internacional.

Analizar el contexto

Conocer detalles de los crímenes, de las víctimas y de los victimarios permite establecer patrones de conducta en el contexto de la violencia que se ejerce por las causales de identidad de género u orientación sexual.

En el sistema de justicia peruano no existe ni se reconoce la figura legal de crímenes de odio o crímenes basados en prejuicios. Por lo que resulta trascendental los resultados de este estudio, ya que muestra a los operadores de justicia que sí se atenta contra la vida de las personas LGBT.

“Para saber el porqué de los crímenes, nosotros necesitamos saber cuál es la motivación que plantea el fiscal dentro de la carpeta para dar explicación a la muerte. Y para entender ello, la revisión de las carpetas fiscales fue complementada también con las noticias que daban detalles de los casos, así como las declaraciones de algunos testigos de estos crímenes y que nosotros hemos considerado al momento de la muestra”, precisó Rosa María Huanes del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.

Para muchos fiscales no hay motivación de género

Actualmente los fiscales no tienen en cuenta que los asesinatos pueden ser motivados por la identidad de género u orientación sexual de las personas. Por ello, en sus carpetas fiscales consignan otras motivaciones, como precisa el estudio.

Para ellos, la delincuencia común (21,6%) es el presunto motivo más señalado en las carpetas fiscales, seguido por la negativa a sostener relaciones sexuales (8%) y el ajuste de cuentas (4,5%). Es importante destacar que en el 45% de los casos revisados, no se consignó detalles de las causales de los crímenes.

En otros datos hallados, se descubrió que el 94,3% fueron de nacionalidad peruana y el 5,7% de las víctimas eran de nacionalidad extranjera, mientras que, en el caso de la nacionalidad de los homicidas, el 77,8% fueron peruanos y el 20,8% extranjeros (19,4% venezolanos y 1,4% argentinos).

Además, se descubrió que el 35,2% de los asesinatos se dieron en la madrugada, entre la 1 y las 6 de la mañana.

Crímenes de odio o crímenes basados en prejuicio

Si bien en el 45% de los 88 casos revisados los fiscales no tipificaron el delito, con los datos obtenidos por testigos y los mismos imputados, los conocedores de la situación de vulneración de las personas LGBT en Perú podrían deducir que se trataron de crímenes homofóbicos o transfóbicos.

“Existen estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También abogados criminólogos que trabajan el tema, que nos permiten identificar lo que podría ser un crimen basado en prejuicio contra la orientación o la identidad de género. Por ello, una de las cosas que hicimos fue analizar todos los hechos registrados en cada caso ocurridos antes, durante y después, para ver si había indicios para crímenes por esos motivos”, explica Alfonso Silva Santisteban, representante de la UPCH.

En la evaluación se tomaron en cuenta el ensañamiento que tuvieron contra la víctima, si previamente a la agresión les dijeron insultos discriminatorios, la expresión de género, entre otros rasgos que un policía o fiscal no tomaría en cuenta para desarrollar su investigación.

Del total de casos, en el 69% sí hubo indicios de actos basados en prejuicios, de ese 21% consignado como delincuencia común, el 81% presentó indicios de violencia basada por la identidad de género u orientación sexual. Y solo se encontraron 2 casos que fueron tipificados como discriminación, y se podría presumir que los fiscales encargados de esos casos sí tenían los conocimientos necesarios sobre diversidad sexual y realidad de las personas LGBT, lo cual les permitió tipificarlos como tal.

“La principal conclusión de este estudio es que el fenómeno existe socialmente pero no existe para el sistema de justicia. Es decir, los crímenes motivados por identidad de género u orientación sexual no está en el radar de los operadores de justicia. Por ejemplo, el titular de una noticia informó alguna vez que ‘hombre vestido de mujer aparece muerto’, y en la descripción de la historia podemos deducir que se trataría del posible asesinato de una mujer trans”, precisó el también médico.

“En nuestro país es más preciso hablar de crímenes basados en prejuicio que usar crímenes de odio, que viene de hate crimes de Estados Unidos, se tiende a ridiculizar, recordemos que tuvimos una congresista que dijo que, así como existen crímenes de odio, también existen crímenes de amor, dejando de entender la profundidad y seriedad de los actos que están detrás de este fenómeno”, finalizó Silva Santisteban.

Mucho trabajo por hacer desde la sociedad civil

Para la activista y sobreviviente de crimen de odio, Azul Rojas Marín, este tipo de trabajos de investigación son importantes. Pero más importante aún es la creación de protocolos y políticas públicas que permitan que no se vulneren nuestros derechos, y sobre todo que sancionen a quienes nos ataquen, violenten o asesinen.

“Este informe es muy interesante, pero de qué nos sirve un informe cuando las propias autoridades no hacen nada. O sea, vamos a venir a sentarnos y decir que hay cien muertos cada año, pero qué han hecho las autoridades para reparar el daño, qué han hecho las autoridades para que esos casos se vayan disminuyendo, entonces de qué sirven los informes, de nada. Discúlpenme por estas palabras porque son sentimientos encontrados, pero no solo hablo por mí, sino por todos, por favor no nos estigmaticen”, exigió la sobreviviente trans.

En el caso de Azul, ella no encontró justicia en el Perú y tuvo que elevar su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encontró culpable al Estado peruano. Pero al ver que éste no cumplía con resarcir el daño llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace dos años obtuvo una sentencia favorable, pero a la fecha el Estado peruano solo publicó la sentencia, pero no ha cumplido con los demás mandatos de la sentencia. 

Para revisar el estudio publicado “Características Criminológicas de las Muertes Dolosas de personas LGBT en el Perú 2012 – 2021” ingresar a   https://bit.ly/3D1auY1

LIMA, Perú. El 6 de mayo el Congreso de la República del Perú aprobó el proyecto de ley N° 904 titulado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”.

La norma permite la intervención de grupos conservadores en los textos escolares que contengan referencias al enfoque de género y a la educación sexual integral. Se trata de material educativo que se distribuye en colegios estatales.

De esta forma, los padres y madres obligatoriamente intervendrán en los contenidos de los materiales. Tendrán que ser consultados, a pesar de que no cuentan con conocimientos sobre la materia. Esta medida debilita el rol rector del Ministerio de Educación, que define e implementa el enfoque de género y la ESI en la educación escolar sin sesgos ideológicos y basado en evidencia.

Sabrina Rodríguez, vocera del Frente de Lucha Materna, señaló para Agencia Presentes que “el PL 904 brinda beneficios a grupos de padres conservadores para perseguir y sancionar a especialistas que elaboren materiales educativos con enfoque de igualdad de género. Además, atenta contra una educación en igualdad para niñes y adolescentes, negándoles el acceso a herramientas para identificar y actuar ante situaciones de violencia.”

#ConLaESINoTeMetas #NoalPL904 @congresoperu @PedroCastilloTe

Congreso, escucha.
La ESI es nuestra lucha!!!

Educación de CALIDAD YA
Educación de IGUALDAD YA!! https://t.co/AUZeBUIOzA

— Frente de Lucha Materna #ConLaESINoTeMetas (@frentelumat) May 10, 2022

“Atentar contra la Educación Sexual Integral es vulnerar el derecho a la información oportuna»

Fueron 91 votos los que aprobaron este proyecto de ley, liderado por el congresista evangélico Esdras Medina. Medina fue vocero de “Con mis hijos no te metas”, la campaña antiderechos que intenta desde el 2017 sacar el enfoque de género del currículo educativo.

Primero realizaron marchas, luego una acción popular en el Poder Judicial. Allí perdieron, pero ahora dan el último golpe en el Congreso, gracias a la confluencia de sectores conservadores de derecha, que son la mayoría. Incluido el partido de gobierno, que en estos temas es fundamentalista.

La congresista Flor Pablo, exministra de Educación, señaló los riesgos que corre la educación con esta ley. “Esto resulta muy peligroso porque los materiales educativos responden a políticas de Estado, y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales. Por ende, darles a las organizaciones de padres de familia la facultad de validar materiales educativos”.

Rodríguez manifestó además de “atentar contra la Educación Sexual Integral es vulnerar el derecho a la información oportuna acorde a la edad de desarrollo de les niñes. Desde el adultocentrismo punitivo, se restringe e impone, siendo indiferentes ante los problemas reales de embarazos infantiles forzados, así como de los constantes casos de abuso sexual a las infancias”.

Diversas organizaciones feministas y estudiantiles han señalado su protesta contra la aprobación de esta ley, por lo que le exigen al presidente Pedro Castillo que la observe, a través de plantones y marchas (la próxima fue el sábado 13 de mayo a nivel nacional).

Fuente Agencia Presentes

Dakarai, el pequeño hijo de ambas, ya tiene 7 años y aún no cuenta con el Documento Nacional de Identidad que reconozca que su familia está conformada por dos madres. Por esto, han solicitado una medida cautelar ante la CIDH contra el Estado peruano que sigue vulnerando sus derechos.

Las dos madres vivieron una continua discriminación del Poder Judicial y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil peruanos, quienes han bloqueado la posibilidad de que el derecho al nombre e identidad de su hijo sea respetado.

“Desde diciembre del 2016, estamos exigiendo a Reniec que trate a nuestro hijo y a nosotras, sus madres, como a cualquier otro peruano o peruana. Pero tanto el Reniec y el Poder Judicial peruano nos viene discriminando y violentando al tenernos en este proceso más de 5 años por algo tan simple como la emisión de un DNI donde inscriba la relación de nuestro hijo con sus dos mamás. Un trámite que no debería tomar más de dos semanas, nos está tomando varios años y eso es discriminación y violencia”, señaló Darling Delfín en conferencia de prensa.

Por su parte, Jenny Trujillo añadió: “Nosotras exigimos un trato justo, el Poder Judicial y el Reniec nos tratan como ciudadanas de quinta categoría, no es posible que durante todo este tiempo nosotras estemos bajo tanto estrés, tanto miedo, tanta indignación, esto nos enferma emocional y físicamente, nos quita la tranquilidad. Cosas tan simples como llevarlo al centro de salud, al hospital o inscribirlo en el colegio, tener un seguro familiar es complicado para nosotras, porque solo Darling puede representar a nuestro hijo”.

Ellas señalan las dificultades que atraviesan cada vez que tienen que hacer un trámite para su hijo. A Jenny se le niega la representación cuando va a un hospital, pues no permiten que se registre en la ficha familiar junto a su hijo, tampoco pueden tener un seguro privado para los tres, no las dejan viajar al extranjero pues les exigen un permiso notarial del padre. Si Darling enferma, Jenny no podría cuidar a su hijo, y si fallece, no podría tener la tutela de su hijo.

“No saben el miedo, el dolor, que siento cada vez que tengo que enfrentarme a ese tipo de discriminación, aguantarme para que mi hijo no sienta nuestro dolor. Mi pequeño puede pensar que hay algo malo en su familia y eso no es verdad. El Estado peruano nos desampara por ser lesbianas, no les importa el bienestar de los niños como dice la jefa de Reniec, Carmen Velarde”, comenta Jenny.

Una cadena de discriminación

Ambas presentaron una demanda de amparo el 21 de julio del 2017 contra Reniec, hace cuatro años y siete meses. Una demanda de ese tipo no debería tomar más de seis meses en resolverse, pero al Poder Judicial peruano le tomó más de cuatro años, a pesar de la evidente vulneración de derechos.  

En octubre del 2021, recibieron la sentencia del juez Jonathan Valencia que ordenó a Reniec entregar el DNI del niño con sus dos madres registradas, pero el procurador de Reniec, Marco Antonio Palomino, apeló esta sentencia.

Asimismo, el juez Valencia no hizo cumplir su propia decisión y envió la demanda a la segunda instancia, donde podría estar algunos años más hasta que se resuelva.

El dato

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual esta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Las dos madres esperan que la CIDH atienda con celeridad su pedido.

Fuente Agencia Presentes

De acuerdo al jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, coronel Víctor Revoredo, las primeras indagaciones señalan que el homicida es extranjero.

“(El caso) tiene el modelo criminal que ejercen algunos ciudadanos extranjeros de esta línea delictiva, que sujetan las extremidades superiores, manos y antebrazos, a la región dorsal, con la finalidad de someterlos a tortura. Y luego, en su mayoría, extraer la clave de su celular, en este caso un Iphone de alta gama”, precisó la autoridad, quien no descartó que el homicida haya obligado a la víctima a brindar también las claves de sus tarjetas bancarias.

La escena

Durante el levantamiento del cuerpo, los peritos encontraron todos los cajones de los muebles abiertos y desordenados, señal que el asesino buscó por todo el departamento objetos de valor. De acuerdo a un amigo de Kevin Jordan, víctima y victimario se conocieron a través de otro amigo, quien los presentó.

Según el certificado de necropsia, el joven médico recibió asfixia mecánica y murió por estrangulamiento. Por ello, y debido a la sustracción de sus pertenencias, el delito tipificado para este caso es el de robo agravado con subsecuente muerte, por el cual la justicia peruana da cadena perpetua.

La familia y los amigos de Kevin piden justicia.

A los pocos días del trágico acontecimiento, se difundieron las imágenes captadas por las cámaras del edificio donde vivía Kevin, en ellas se puede ver cómo ambos ingresan a las 2.37 de la madrugada. Posteriormente, a las 6.15 de la mañana el acompañante sale solo, portando dos maletas y una mochila.

Sin identidad de género, los crímenes continúan

Este es el primer crimen de odio del año en Perú. Tiene características similares a muchos otros casos, ensañamiento para luego sustraer los objetos de valor de las víctimas. Sin embargo, para el reconocido activista gay, Manuel Forno, mientras que en el Perú no exista la figura legal de crimen motivado por homofobia o transfobia se seguirán invisibilizando este tipo de casos.

“Lo que no se nombra no existe y al colocar, ya sea la identidad de género u orientación sexual de la persona, en un proceso criminal, nos convierte en ciudadanos de segunda categoría porque cualquier argumento puede ser utilizado a favor del victimario. Hay casos donde los asfixian con el cordón del televisor que les roban, y nadie merece morir así”, sentencia Forno.

De acuerdo al coronel Revoredo, están terminando de armar el caso con las imágenes captadas por otras cámaras aledañas, las declaraciones de otros testigos y del conserje del inmueble para dar con el paradero del homicida.

“Has traicionado la lealtad de un ciudadano peruano, y en irrestricto respeto a los derechos humanos, te vamos a capturar, donde estés. Te vamos a ubicar y te vamos a capturar bajo cualquier costo”, puntualizó el también especialista en criminalística.

Por su parte, el abogado de la familia Lucano, Mario Arribas, pidió que “una vez identificado plenamente el asesino, el fiscal tiene que pedirle a un juez, no una medida preventiva sino una detención preliminar para que venga a responder a la justicia”.

#JusticiaParaKevinJordan

El Colegio Médico del Perú publicó en sus redes sociales un saludo a nombre de la institución.

Por su parte, quienes conocieron a Kevin Jordan le dedicaron palabras de cariño y recordaron pasajes de la vida del joven médico ileño.

Lamentablemente, los prejuicios y estereotipos también se manifiestan ante casos que involucran a personas LGBTI.

Una violencia que se repite

Ante esto, Manuel Forno, considera que es un reflejo de cómo piensa la mayoría de peruanos sobre las personas no heterosexuales.

“La violencia estructural que sufrimos por nuestra identidad de género u orientación sexual empieza desde el Congreso que no aprueba leyes a favor de nosotrxs. Sigue en el sector Educación donde no se incorpora una currícula adecuada con respecto a la Educación Sexual Integral, entonces, todo eso hace que exista una carga muy fuerte sobre nosotrxs. Y esos comentarios (en redes) son validados porque no se crean mecanismos de protección para nosotrxs”, explica el destacado activista.

En las redes sociales publicaron mensajes de cariño hacia el joven asesinado.

Este caso indignó a los ciudadanos y medios de Ilo, capital de Moquegua, por lo que familiares y amigos de Kevin Jordan han iniciado una campaña pidiendo justicia con el #JusticiaParaKevinJordan.

“Felicito a la familia y amigos de Kevin por sentirse orgullosos de haber tenido un hijo como él. Porque en casos pasados, la principal opositora de que se visibilice una característica importante del crimen es la familia, invisibilizando los motivos reales de los casos”, puntualiza Forno Castro Pozo.

Kevin Jordan Lucano fue enterrado al compás de ‘marinera’, música tradicional peruana, la cual disfrutó y bailó una semana antes de su asesinato.

LIMA, Perú. Desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, hace 8 meses, les activistas y colectivos de personas trans denunciaron su preocupación por tener en los poderes ejecutivo y legislativo un número importante de políticos conservadores y religiosos que se oponen al reconocimiento de la identidad de personas trans.Aducen que que es parte de una imposición de, la mal llamada, “ideología de género”.

Esto significa una gran barrera para la población trans, ya que, en los últimos años, luego de un importante trabajo con otras instituciones públicas, concluyeron que la única vía para acceder al derecho fundamental a su identidad es a través de una ley que así lo estipule.

Durante la presentación del anteproyecto de la Ley de Identidad de Género, en noviembre de 2016

Presentación del Proyecto de Ley de Identidad de Género en 2016

En noviembre de 2016, un grupo de mujeres trans activistas presentaron el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género en el Congreso de la República, exponiendo que no se trataba de un capricho, ni de un antojo, sino, que significaba una reivindicación de un grupo de peruanas y peruanos que vivían en una exclusión histórica.

Un mes y medio después, las activistas junto a las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave, apoyadas por sus colegas Alberto de Belaunde, Tania Pariona, Gino Costa, Marco Arana, Richard Arce, entre otros, ingresaron el Proyecto de Ley de Identidad de Género 790/2016, el cual fue remitido a dos comisiones, Constitución y Reglamento, y Mujer y Familia.

Desde entonces, les activistas y colectivos han puesto todas sus energías y esperanzas en el debate, aprobación y promulgación del PL 790. Mientras eso no suceda, para modificar sus prenombres o sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI), les ciudadanes trans deben continuar demandando al Estado, llevar el proceso judicial y esperar una sentencia favorable.

Teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los hombres y mujeres trans peruanos, es difícil que tengan el dinero suficiente para empezar y concluir el proceso.

Además, uno de los grandes obstáculos que deberán enfrentar es contra otra entidad del sector público, el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC), que apela las sentencias favorables emitidas por los jueces, retardando más el acceso a la identidad de les solicitantes.

Cinco años de incidencia política

Cuando se ingresó el PL 790, se cuestionó su envió a la Comisión de Constitución y Reglamento, ya que no se pedía ningún cambio constitucional. La razón de su derivación a esta comisión respondía a que en ese momento su presidenta, la congresista fujimorista Rosa Bartra, pertenecía al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Lo que significó que el proyecto de ley fuera enviado al fondo de la fila de espera.

En septiembre de 2018, el Observatorio de Derechos Humanos LGBT y el Proyecto UNICXS, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, denunciaron ante la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD)del Ministerio de Justicia, actos de transfobia por parte de la procuraduría pública del RENIEC en los procesos de reconocimiento de nombre y/o sexo.

Un mes después, los representantes del Observatorio de DDHH LGBT, así como de la procuraduría pública del RENIEC, expusieron sus posturas durante la sesión de la CONACOD del 31 de octubre.

En enero de 2019, la CONACOD presentó el “Informe sobre la situación de la identidad de género de las personas trans en el Perú”. Allí la comisión considera que el Estado peruano tiene la obligación de reconocer legalmente y permitir el cambio de nombre y sexo de las personas trans, de forma tal que se logre garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.

Cuatro años después de la presentación del PL 790, la incidencia política realizada por un grupo de activistas trans, de la mano del regidor limeño Manuel Siccha, dio un paso más.

En diciembre de 2020 empezaron a mantener reuniones con congresistas de diferentes partidos políticos para sensibilizarlos sobre la importancia de una Ley que reconozca la identidad de género de las personas trans.

Activistas trans en el Congreso de Perú.

Las primeras reuniones que se mantuvieron fueron con las integrantes titulares y alternos de la Comisión de la Mujer y Familia. Allí lograron que se coloque en agenda de la comisión el debate del PL 790 el 15 de marzo de 2021.

Lamentablemente, el colectivo ‘provida’ Familias Reales realizó una campaña de acoso político e intimidación contras las congresistas de dicha comisión, invocando a la población a insultarlas a través de sus números telefónicos personales, los cuales difundieron en sus redes sociales.

A pesar de la violencia ejercida en contra del proyecto de Ley de Identidad de Género, el 29 de marzo del mismo año, la Comisión de la Mujer aprobó el dictamen que le permitiría avanzar al debate en el pleno. Sin embargo, aún faltaba el debate y dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Contra el tiempo, se realizaron reuniones con los congresistas de dicha Comisión para explicarles la importancia del proyecto de ley. Sin embargo, a pesar del seguimiento y presión en redes sociales, no pudo ser debatido y así llegó el final del gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti, en julio de 2021.

2022, se retoma la lucha por el derecho a la identidad

La responsabilidad de la aprobación de una Ley que reconozca la identidad de género de las personas trans recae enteramente en el Congreso de la República. En el Perú se necesita la mitad más uno de votos para que se apruebe una ley. Por ello, la preocupación se ha incrementado, ya que, de los 130 congresistas del actual parlamento, al menos 85 pertenecen a bancadas conservadoras que ya han manifestado estar en contra de los derechos de personas LGBT.

Sin embargo, Susel Paredes Piqué, congresista abiertamente lesbiana, se ha comprometido a ser la principal impulsadora de las demandas legislativas de la población trans. Sobre todo, porque entiende muy bien la necesidad del respeto al derecho a la identidad.

Susel Paredes Piqué, congresista abiertamente lesbiana.

“Es necesaria esta ley porque el derecho a la identidad está reconocido en nuestra Constitución. Todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también porque hemos firmado tratados internacionales, tenemos sentencias del Tribunal Constitucional peruano, sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Opiniones Consultivas que reconocen el derecho a la identidad. Por esto es que debemos insistir y persistir, aunque no tengamos mayoría en el Congreso”, subraya Paredes Piqué.

La legisladora ha mantenido reuniones con representantes de la comunidad trans peruana en las últimas semanas y juntas buscarán retomar el camino recorrido por el PL 790.

“Yo no estoy presentando un proyecto de cero, estamos actualizando un proyecto ya presentado que ha tenido el aporte y participación de la comunidad trans. Por ello, después de haber tenido varias reuniones con la comunidad, decidimos actualizar el proyecto de ley 790 porque ya tiene un dictamen de la Comisión de la Mujer. Eso que hará que nos ahorremos muchos meses de trabajo”, detalla la congresista.

También se mostró sorprendida por los debates internos dentro de la comunidad trans. Algunes señalan que debería presentarse un proyecto de ley que incluya a las personas de género no binario (PGNB). Otro grupo apunta a que aún no es el momento, dada la idiosincrasia peruana.

“Todos son bienvenidos a los espacios de discusión, porque, en mi opinión, las leyes se construyen consultando a quienes, tú presumes, van a beneficiar. Yo me debo a las personas que están relacionadas con los proyectos de ley y por eso, los escuché. Comprendí que necesitan una ley que apunte al cambio administrativo pero que reafirme otros derechos”, puntualizó la abogada y también activista LGBT.

Proyecto de Ley binario vs. no binario

Entre las recientes discusiones que han surgido en la comunidad trans peruana está la delimitación de cuánto están dispuestes a ceder en cuanto al alcance de este proyecto de ley. Hasta el momento, solo reconoce el cambio de femenino a masculino, y viceversa, no más.

“Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de las personas LGBTIQ está la ‘q’ de queers, que son las personas que no encajan o trascienden lo binario, es decir, no binarios. Yo considero que las identidades no binarias son propias de la identidad queer, y como tales tienen sus propias agendas; que deben ser luchadas y expuestas, pero no debe haber confusiones a fin de que haya un trato diferenciado de agendas”, sustenta Ana Flavia Chávez.

Para la lideresa del Movimiento Trans de Arequipa, las PGNB tienen una agenda distinta a las personas trans, en cuanto a necesidades y vivencias.

“Yo no estoy hablando de poblaciones binarias y no binarias. Yo hablo de hacer la distinción justa y correcta de las identidades trans y las identidades queers, y no lo digo yo, lo precisa la CIDDHH. Las agendas trans son muy diferentes a las agendas queers”, subraya Ana Flavia.

Por su parte, G Santos Salinas, de Fuerza No binarie, considera que el PL 790 responde a la necesidad de la población trans de hace algunos años, pero no a la situación actual del movimiento, donde las PGNB están teniendo cada vez más visibilidad.

“Creo que la realidad de las personas trans, y las que escapamos de lo cisgénero, porque no todas las PGNB nos denominamos trans, está mostrando mayor diversidad ahora. Sí creo que un proyecto de ley que nazca en este momento, debería abordar esta realidad, más compleja, pero más diversa, para así plantear soluciones”, explica G.

Para el compañere, el juego político de la derecha ha dejado de lado, durante mucho tiempo, a grupos humanos minoritarios y al dejar de lado a las personas de género no binario, estaríamos cayendo en lo mismo.

“Si bien (el PL 790) solo abarca dos identidades, el binomio tradicional, masculino y femenino, igual plantea una accesibilidad para el cambio, lo cual es un primer paso bastante importante. Existen PGNB que utilizan pronombres femeninos o masculinos, con lo cual se sienten cómodes, (…) la gran dificultad es que no todas las PGNB nos reconocemos como personas trans, por lo tanto, va a haber un sector que, o van a tener que esforzarse para expresar que son trans o simplemente no van a acceder a los beneficios porque no es su identidad y no van a forzar algo que no les pertenece”, detalla G.

La población trans de Perú se encuentra en etapa de organización y fortalecimiento de su lucha como comunidad. Por ello, muchos colectivos apuntan a la creación de espacios de aprendizaje y debate donde se puedan contraponer ideas, pero, además, diseñar soluciones de manera conjunta y con el mayor impacto positivo posible. 

“Quisiera que los niños y niñas trans sepan que no están locos, que no son personas enfermas, solo son distintas. Que sepan que personas como ellas y ellos existimos y siempre hemos existido. Estamos luchando para que lo que hemos pasado nosotras no lo pasen ellos. Por eso, les digo que tengan mucha fe y esperanza, para que, en vez de cosechar lágrimas y depresiones, puedan cosechar sonrisas y respeto. La lucha va por ellos, prioritariamente”, finaliza la activista arequipeña Ana Flavia.

Por su parte, G Santos considera que “la manera en cómo se hace política actualmente es como hace 50 años. No hay perspectiva, y se sigue repitiendo el mismo mecanismo”, por ello, anima a les jóvenes a involucrarse más.

“Me gustaría animar a los, las, les jóvenes a que ingresen a la política. Ya sea la política informal como es el activismo y a la política formal como la que se hace en el Congreso, porque siento que sí es necesario una reforma dentro de la política, para no repetir ese mecanismo que ha marginado a personas de diversas identidades y etnias”, puntualiza G.

Finalmente, la parlamentaria Susel Paredes dejó un mensaje para quienes no están involucrades en el activismo, pero se reconocen como personas trans.

“Como decía José Luis Rodríguez Zapatero, una sociedad civilizada es aquella en la que no se humilla a sus integrantes, por eso es importante la ley, para que no te humillen, para que te reconozcan, para que cuando quieras viajar, te subas al bus sin ningún maltrato. O cuando quieras ir al médico, no abandones el tratamiento, te puedan curar y sanar”, destaca Susel sobre el alcance del proyecto de ley 790 que actualizará y presentará.

Con este avance en materia del reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, se espera que el Perú se sume a la lista de países de la región que ya tienen un marco legal que las reconoce, y les permita avanzar hacia el goce de una ciudadanía plena como todos los demás ciudadanos.

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