Suscribimos las frases finales del artículo: “Lo que sí se puede decir con propiedad es que el Sodalicio es una institución blasfema, pues recurre al nombre de Dios para justificar abusos de todo tipo y prácticas criminales. Y contra esas blasfemias no veo que hayan protestado con tanta vehemencia ni los católicos tradicionales ni la mayoría de los obispos peruanos…” Y añadimos que protegidos por ellos, como el cardenal Cipriani.

La obra ha generado reacciones airadas de parte de colectivos católicos en Perú 

El anuncio de la obra teatral María Maricón de Gabriel Cárdenas Luna en el marco del festival de artes escénicas “Saliendo de la Caja” organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha generado reacciones airadas de parte de colectivos católicos, la Conferencia Episcopal Peruana, el Ministerio de Cultura, el Congreso de la República y diversos personajes vinculados a las tendencias más ultraconservadoras del catolicismo peruano”

“¿Acaso la obra y su afiche impiden que los católicos puedan ejercer libremente sus creencias religiosas? Lo que sí atenta contra libertades constitucionales es censurar la obra e impedir que puedan acceder a ella los que quieran verla. Soy católico, pero no comparto la necedad de Mons. Miguel Cabrejos, quien firma el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana en su calidad de presidente de esa entidad“

26.01.2025 | Martin Scheuch

El anuncio de la obra teatral María Maricón de Gabriel Cárdenas Luna en el marco del festival de artes escénicas “Saliendo de la Caja” organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha generado reacciones airadas de parte de colectivos católicos, la Conferencia Episcopal Peruana, el Ministerio de Cultura, el Congreso de la República y diversos personajes vinculados a las tendencias más ultraconservadoras del catolicismo peruano. ¿Está justificada esta reacción que no sólo pretenderse quedarse en protestas declarativas, sino que busca una censura de la obra, a fin de que no sea representada ante el público de ninguna manera?

El resumen del contenido de la obra que aparece en el folleto del festival no parece ser motivo suficiente para estas reacciones hiperventiladas:

«Obra escénica testimonial que explora el conflicto entre la religión y el género, a través de la deconstrucción de diferentes vírgenes y santas católicas. Utilizando danzas folklóricas peruanas, cantos y textos religiosos y populares, además de la experiencia de vida personal del performer principal quien es homosexual, la obra teje una narrativa compleja y emotiva que desafía las normas establecidas y celebra la diversidad».

Lo que ha suscitado tantas iras santas es el título mismo de la obra, y sobre todo el afiche, donde aparece un hombre vestido con una ornamentación que suelen vestir las imágenes sagradas de la Virgen María en el panteón de la devoción católica.

Carta del Gran Canciller Carlos Castillo a la Comunidad Universitaria de la PUCP pic.twitter.com/34EJUilgfq

— Arzobispado de Lima (@arzolima) January 15, 2025

En esta línea va el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, que dice defender «la libertad de expresión. Sin embargo, consideramos, que no es un derecho absoluto y tiene límites, sobre todo cuando riñen con otros derechos como la libertad religiosa, la fe y la devoción del pueblo peruano. Estos límites adquieren mayor rigor si tenemos en cuenta que la PUCP es una universidad católica y pontificia que debe transmitir los valores cristianos y está sujeta a las Enseñanzas y Magisterio Pontificio».

Por otra parte, el Ministerio de Cultura «invoca el respeto por los símbolos religiosos, que son patrimonio de nuestro país. El título de la obra y la forma en que se presenta el afiche, con la imagen de un varón que reemplaza la figura de María de Nazareth, atenta contra tres elementos de la fe católica que se recogen en la Sagrada Tradición de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura y el propio Magisterio de la Iglesia».

Conferencia Episcopal Peruana rechaza obra teatral que se realizará el 30 de enero y alude a la imagen del Inmaculado Corazón de la Virgen María. pic.twitter.com/bxnFMr8SL9

— Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) January 14, 2025

Lo que no queda claro es cómo una obra de teatro —o su promoción mediante un afiche— puede atentar contra la libertad religiosa, si consideramos el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú:

«Toda persona tiene derecho: A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público».

¿Acaso la obra y su afiche impiden que los católicos puedan ejercer libremente sus creencias religiosas? Lo que sí atenta contra libertades constitucionales es censurar la obra e impedir que puedan acceder a ella los que quieran verla. Soy católico, pero no comparto la necedad de Mons. Miguel Cabrejos, quien firma el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana en su calidad de presidente de esa entidad.

¿Hasta qué punto se deben respetar los símbolos religiosos? En la medida en que se respeta a la persona humana y sus creencias. Pero eso no anula la posibilidad de recurrir a la sátira cuando hay motivos suficientes para ello

¿Hasta qué punto se deben respetar los símbolos religiosos? En la medida en que se respeta a la persona humana y sus creencias. Pero eso no anula la posibilidad de recurrir a la sátira cuando hay motivos suficientes para ello. Y la creación artística abre esas posibilidades. En ese sentido, es legítimo satirizar cualquier símbolo, sea el que fuere. Si se cree que no se puede hacer con los símbolos del catolicismo, entonces no se podría hacer con los del islamismo, del nazismo, del comunismo, del capitalismo, etc. Y en toda sátira hay ineludiblemente una vena crítica que ofende a algunos. Como decía un cura jesuita ya fallecido: son los gajes de la democracia.

La #PUCP comunica a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/knSrlMN0CR

— PUCP (@pucp) January 14, 2025

¿Significa eso que en el arte todo está permitido? El límite es lo delictivo. Si una obra justifica la discriminación, el racismo y el odio a minorías, o hace apología de conductas criminales, entonces ya no es libertad de expresión sino delito. La valoración de María Maricón, una obra que hasta ahora nadie ha visto, debe hacerse sobre la base del contenido de la obra, no del afiche, que no configura ningún delito.

Por otra parte, toda imagen icónica o sagrada de María es una creación humana que se ha generado en determinados contextos sociales e históricos, y ninguna representa fidedignamente a la María de carne y hueso que habría vivido a inicios del siglo I en la pequeña localidad de Nazaret. Si me preguntan, ella debió parecerse más a cualquier mujer palestina que habita la franja de Gaza. Por lo tanto, satirizar artísticamente una imagen de la Virgen María no constituye necesariamente una falta de respeto a la madre histórica de Jesús.

¿Y qué decir de aquellos que exigen que la universidad que está detrás del festival censure la obra porque no es compatible con los valores cristianos que ella representa? Debo aclarar que se llama Pontificia Universidad Católica del Perú, no Pontificia Universidad Católica Conservadora Fundamentalista y Fanática del Perú. La libertad de conciencia está entre uno de los valores fundamentales que, como entidad católica, debe salvaguardar. Además, no se necesita ser católico para estudiar en esa universidad y la libertad de expresión del estudiante debe quedar incólume. Existe el derecho a la crítica y a la sátira, caiga quien caiga.

Hay quien ha hecho el paralelo con sociedades islámicas, donde una falta de respeto a la figura de Mahoma acarrea consigo reacciones violentas y sanciones crueles, incluyendo la muerte. Pero hacer este paralelismo entre católicos y musulmanes es improcedente. La mayoría de los musulmanes que conozco no son así, y eso se da sólo en sociedades teocráticas gobernadas por islamistas radicales y fanáticos. ¿Es que también son así los católicos? La mayoría de católicos no son así, predispuestos al fanatismo y a la violencia verbal … e incluso física.

¿Nos hallamos ante una blasfemia, como ha afirmado el pseudo-periodista Alejandro Bermúdez, expulsado del Sodalicio de Vida Cristiana por el Papa Francisco?

El Catecismo de la Iglesia Católica define así el pecado de blasfemia:

«La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios —interior o exteriormente— palabras de odio, de reproche, de desafío; en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a “los que blasfeman el hermoso Nombre (de Jesús) que ha sido invocado sobre ellos” (St 2, 7). La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión».

Es decir, para cometer una blasfemia es requisito creer en Dios, la Iglesia, los santos y las cosas sagradas. Eso no aplica para no creyentes. Manifestar algo ofensivo respecto a cosas en cuya existencia no se cree no califica como blasfemia. Y los creyentes no pueden pretender que a los no creyentes se les aplique las mismas normas morales que valen para ellos.

Además, Bermúdez se olvida de que quien ofendió a la gente religiosa y piadosa de su tiempo fue Jesús mismo, según cuentan los Evangelios. Fue acusado en varios momentos de cometer blasfemia. Tan ofendidos se sintieron los sacerdotes judíos y los fariseos, cumplidores de la Ley, que conspiraron para matarlo y decidieron entregarlo a las autoridades romanas para su ejecución cuando interpretaron una de sus frases ante el Sanedrín como una blasfemia contra Dios.

Lo que sí se puede decir con propiedad es que el Sodalicio es una institución blasfema, pues recurre al nombre de Dios para justificar abusos de todo tipo y prácticas criminales. Y contra esas blasfemias no veo que hayan protestado con tanta vehemencia ni los católicos tradicionales ni la mayoría de los obispos peruanos.

(Columna publicada el 20 de enero de 2025 en Sudaca)

Fuente Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Cardenal Claudio Castillo, Festival Saliendo de la Caja, Gabriel Cárdenas Luna, Género, Iglesia Católica, Lima, María Maricón, Personas LGBTIQ+, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Rafael López Aliaga. Carlos Waite, Religión, Sodalitium Christianae Vitae (SCV), Veronique Lecaros

La imagen principal del cartel que causó la polémica

‘María Maricón‘, la blasfemia inexistente

Un cartel de una producción teatral en una universidad católica de Lima, Perú, ha desatado una polémica nacional por su título y por la forma en que un cartel de la producción representaba a la Santísima Madre.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) suspendió el martes 14 de enero, un festival de teatro de su Facultad de Artes Escénicas tras quejas del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios partidos políticos por el cartel de una de las obras que utilizaba varios símbolos religiosos. Durante la jornada, se creó un gran debate sobre dicho cartel de la representación, denominada ‘María maricón‘, y que muestra un hombre vestido de virgen, una figura masculina mirando bajo su manto y un gran sagrado corazón.

Crux informó que la obra, María Maricón, explora el “conflicto entre la religión y el género a través de la deconstrucción de varias vírgenes y santos católicos”. El cartel de la obra, que presentaba a un hombre vestido de mujer mariana, se volvió viral y provocó una indignación generalizada.

Maricón es un insulto español no traducible para un hombre homosexual, cargado con la misma violencia lingüística que “maricón”, pero que deriva de una etimología completamente diferente: probablemente del propio nombre María, ya que llamar a un niño o a un hombre por un nombre femenino arquetípico tiene la intención de transmitir su afeminamiento.

La obra estaba prevista como parte del festival de teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La obra se iba a exponer a final de enero en el Festival Saliendo de la Caja, organizado por la Especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas de dicha universidad, donde los estudiantes exponen sus trabajos finales.. A pesar de la controversia, la institución pospuso el festival, originalmente previsto para enero, hasta marzo, pero no hizo ningún comentario sobre la obra ni sobre si seguirá incluida. Finalmente fue suspendida.

Tanto personalidades eclesiásticas como políticas condenaron la producción, incluido el alcalde católico conservador de Lima, Rafael López Aliaga. Carlos Waite, el hombre que publicó la imagen del cartel de la obra en Internet, encabezó una manifestación de 500 personas en el campus de la universidad y dijo que “todos los católicos del país lo vieron como una blasfemia, insultó a millones”.

“Ante los cuestionamientos a las piezas gráficas de una de las obras presentadas en el Festival, rechazamos el mal uso de los símbolos religiosos y expresamos las disculpas a la comunidad y a la opinión pública, con lo cual ratificamos los principios católicos que rigen nuestra institución“, indicó la PUCP en un comunicado. “Comunicamos que se suspende la realización del festival y que llevaremos a cabo los procesos necesarios con la finalidad de que situaciones como esta no vuelvan a suceder“, añadió la PUCP.

Horas antes, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que “rechazó el contenido de la resolución directorial, expedida por la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, que otorgó la calificación de espectáculo público cultural no deportivo“, a la representación teatral.

Agregó que esta resolución fue suscrita sin el conocimiento del Despacho Viceministerial del Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, e invocó “al respeto de los símbolos religiosos, que son patrimonio del país. El título de la obra y la forma en que se presenta el afiche, con la imagen de un varón que reemplaza la figura de María de Nazareth, atenta contra tres elementos de la fe católica que se recogen en la Sagrada Tradición de la Iglesia Católica“, concluyó.

Y también se pronunció la Conferencia Episcopal, que “lamentó profundamente” que la PUCP avale y auspicie una obra cuya publicidad, título y contenido “instrumentalizan y aluden a la imagen del Inmaculado Corazón de la Virgen María, en forma vejatoria que ofende la fe católica. Algo, que considera, “va a contracorriente de una comunidad universitaria que se define estatuariamente como católica y cuenta con título pontificio. La Conferencia Episcopal Peruana defiende la libertad de expresión. Sin embargo, consideramos que no es un derecho absoluto y tiene límites, sobre todo cuando riñen con otros derechos como la libertad religiosa, la fe y la devoción del pueblo peruano“, señaló al pedir a la universidad a no acoger dicha obra.

Tras la noticia de la suspensión del festival, colectivos de estudiantes anunciaron una protesta en el Centro Cultural de la PUCP de Lima “contra la censura de las artes y cultura, respeto del Estado laico, diversidad y libertad de expresión“.

El arzobispo de Lima, el cardenal Claudio Castillo, que también es el gran canciller de la PUCP, adoptó una postura interesante sobre la obra. Denunció lo que llamó la “publicidad insultante hacia nuestra fe cristiana” del cartel. Sin embargo, el cardenal, que es visto como un protegido progresista del difunto teólogo Gustavo Gutiérrez, utilizó el evento para centrarse en una controversia católica nacional totalmente separada. En su declaración sobre la obra, el cardenal agregó que “si bien en la PUCP hay personas que trivializan nuestra fe”, también hay en la iglesia peruana “sectores que se autodenominan católicos que transformaron la fe en una ideología para dominar y destruir a las personas”, una aparente referencia al ahora oficialmente suprimido Sodalitium Christianae Vitae (SCV): la otrora poderosa asociación laica de las élites católicas cuya caída impulsada por los abusos ha sacudido a la sociedad peruana.

La teóloga Veronique Lecaros, directora del departamento de teología de la PUCP, explicó que el cartel tocó una fibra de la piedad y el prejuicio populares:

“Incluso las personas que no asisten a la misa… son devotas de los corazones benditos. Ese cartel tocó un elemento muy sensible entre la gente… “En Perú, la homosexualidad es un tema que para muchos cristianos es aún más inquietante que el aborto, por ejemplo. Los católicos tradicionalistas han aprovechado la confusión para promover sus ideas”.

La controversia de María Maricón coincide con las inminentes elecciones de la conferencia episcopal peruana y podría influir en los resultados.

Fuente Jeromiah Taylor, New Ways Ministry, 24 de febrero de 2025/Religión Digital

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Nos alegramos de la caída de esta bestia parda que nos humilló y persiguió… Bien conocido en esta web por su LGTBIfobia militante.

El Vaticano confirma las sanciones impuestas contra el arzobispo emérito de Lima, quien niega las acusaciones pese a que ha sido sancionado por pederastia y arremete contra Roma; mientras, el Papa ultima la disolución del Sodalicio.

El Sodalicio concluye su Asamblea General aceptando “con docilidad” su disolución y pidiendo perdón a las víctimas. A falta del decreto oficial de la Santa Sede, se ponen fin a 54 años de infamias

Jesús Bastante.

Durante décadas, especialmente a lo largo del pontificado de Juan Pablo II, fue una de las cunas de la Iglesia ultra en Latinoamérica. Capitaneada por el todopoderoso Juan Luis Cipriani, el primer cardenal en la historia del Opus Dei, la Iglesia peruana se convirtió, junto la mexicana, en el epicentro de la restauración neocatólica.

Perú, como antes lo fue México, protagonizó el matrimonio entre los poderes neoconservadores en el mundo de la política, la empresa, la judicatura y la religión. Lo hizo ocultando abusos, aupando el crecimiento de organizaciones radicales como el Sodalicio de la Vida Cristiana o el Instituto del Verbo Encarnado (el primero está a punto de ser disuelto, el segundo ha sido intervenido por Roma) y arremetiendo, hasta casi la extinción, contra la Teología de la Liberación, fundada también en Perú por el teólogo Gustavo Gutiérrez, recientemente fallecido.

Todo ello con el aval del Opus Dei, que todavía hoy ejerce una suerte de primado político en Lima a través de la figura del alcalde, Rafael López Aliaga, miembro también de la Obra y que este mismo mes de enero otorgó a Cipriani la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”. Fue justo antes de recibir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante el mandato de Cipriani, tanto el Opus como el Sodalicio camparon a sus anchas en el país. La alianza entre Cipriani y Luis Fernandi Figari (fundador del Sodalicio) fue estrecha durante décadas. Ídolos que resultaron tener pies de barro, como se ha demostrado en el caso de Figari quien, como Marcial Maciel y la Legión de Cristo que fundó, utilizó la obra –y el apoyo cerrado de la institución– para convertirse en un depredador sexual y tejer una red de negocios prácticamente infinita.

Negocios de mil millones

Según los investigadores Paola Ugaz o Pedro Salinas, los negocios del Sodalicio –que arrancaron con la cesión de muchos cementerios a lo largo del país– superan los mil millones de dólares. Un dinero que el delegado papal para la disolución del Sodalicio, el español Jordi Bertomeu, tiene el encargo de utilizar para, entre otras cosas, poder indemnizar a cientos de víctimas. En un gesto simbólico, el primer denunciante de Figari fue recibido la pasada semana por el Papa Francisco en el Vaticano, confirmándole la disolución de la organización y la ayuda total para los supervivientes. En los mismos salones vaticanos que ocuparon a sus anchas Figari o Maciel, otro Papa acogía a sus víctimas.

Poco después de cumplir los 75 años, el Papa fulminaba a Cipriani como arzobispo de Lima. En 2019, tras unas denuncias por abusos sexuales supuestamente acaecidas en 1983, el Papa Francisco “impuso al cardenal un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias”, tal y como reveló este fin de semana El País y confirmó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. Entre las medidas impuestas estaban no utilizar las insignias cardenalicias, reducir su presencia pública o viajar a Perú.

Pese a ello, Cipriani –que reside en Madrid desde entonces– ha viajado en varias ocasiones al país latinoamericano, la última de ellas para recibir un galardón de manos del alcalde López Aliaga. El purpurado negó las acusaciones. “Quiero aclarar que los hechos que describen son totalmente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente ni en 1983 ni antes ni después”, afirmó, y llegó a decir que fue rehabilitado por Roma en 2020. Sin embargo, tal y como aclaró la Santa Sede, dichas medidas “siguen vigentes”.

El velo de silencio sobre Cipriani comenzó entonces a resquebrajarse. La puntilla se la dio su sucesor en Lima, Carlos Castillo, a quien Francisco designó cardenal en el último consistorio, y que es uno de los pocos prelados peruanos que ha defendido a las víctimas del Sodalicio frente a la protección de la mayor parte de la Conferencia Episcopal del país. En una carta abierta a los fieles, Castillo fue tajante con el caso Cipriani: “En los últimos meses, luego de serias y precisas investigaciones, existen personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y las decisiones tomadas por la Santa Sede. Convocamos a todos a entrar en razón mediante un camino de conversión que implique abandonar las vanas justificaciones, el empecinamiento y el rechazo a la verdad”.

Comunicado del Arzobispo de Lima al Pueblo de Dios pic.twitter.com/MaXrEhJlHT

— Arzobispado de Lima (@arzolima) January 28, 2025

Sostiene Castillo en su misiva: “Lo declarado oficialmente por la Santa Sede hace unos días nos remite, ante todo, al inmenso dolor y al sufrimiento que experimentan las víctimas de todo tipo de abuso dentro de nuestra Iglesia y en la sociedad”. Un sufrimiento que “desgarra nuestro espíritu, nos interpela profundamente y nos compromete solidariamente con ellas”, se lee.

“Todo ser humano ultrajado es un clamor de Dios”, añade Castillo, quien invita a “esforzarnos personal y eclesialmente en acoger y acompañar, así como detener y sancionar las agresiones, usando los medios adecuados y justos, y comprometernos en su protección, defensa, restablecimiento y reparación”.

Compartimos el Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana “La verdad les hará libres” (Juan 8,32). pic.twitter.com/fRmDlXAx7H

— Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) January 29, 2025

Tras el cardenal de Lima, el episcopado de Perú, tradicionalmente refractario a reconocer el sufrimiento de las víctimas (que consideran que sólo cinco prelados de los 54 que forman parte de la Conferencia Episcopal han hecho algo para frenar los abusos del Sodalicio en el país), admitió que en el caso de Cipriani “se comprobó la veracidad de los hechos”.  

“Nos sentimos apenados al conocer las recientes noticias acerca del Cardenal Cipriani”, arranca la nota, en la que los obispos lamentan “el dolor sufrido por la víctima de abusos y por la comunidad eclesial”, y piden “a todo el Pueblo de Dios que respete la voluntad de la víctima de permanecer en el anonimato”.

“Reafirmamos nuestra cercanía a todas las víctimas de cualquier tipo de abuso”, constatan los obispos del país, que reconocen “la sabia decisión del Santo Padre, al unir en ella la justicia y la misericordia, de aceptar que deje el Ministerio Episcopal del Arzobispo Emérito de Lima al cumplir los 75 años, y de imponerle algunas limitaciones ministeriales”. “Pedimos a todo el Pueblo de Dios que ofrezca oraciones por el denunciante, por el Cardenal Juan Luis Cipriani y por la Iglesia para que sea espacio seguro, donde vivir la reconciliación”, finaliza el escrito.

La reacción de Cipriani no se hizo esperar. “Sorpresa y dolor”, aseguró en una nueva carta, en la que denunció “la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona”.

 “Se han dejado confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor”, asegura Cipriani. E insiste, frente a lo dicho con anterioridad, en que ha “aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa”, de la que no se ha podido defender, según asegura. Desde Madrid –la Archidiócesis dice desconocer en qué lugar reside el purpurado–, un Cipriani herido prepara su defensa.

Fuente elDiario.es

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(Imagen de Casa América)

Presentamos, mediante estos enlaces, el gran trabajo de la Agencia Presentes que nos informa de lo que han sido en este año que ya declina, los avances, retrocesos y sufrimiento en Los países hermanos:

Argentina 2024: el año de la destrucción de políticas públicas de géneros y diversidad

Un año de Milei: la quita de derechos para la tribuna y el desamparo

Bolivia 2024: 4 crímenes de odio y por primera vez un asesinato contra mujer trans se juzgó como femicidio

El Salvador 2024: uno de los peores años para las personas LGBTI+

Guatemala 2024: Más retrocesos que avances para la población LGBTI+

Honduras 2024: deuda pendiente en identidad de género y derechos humanos

México 2024: La despenalización del aborto avanza y la violencia transfeminicida no cesa

Paraguay 2024: Entre el poder «provida», la desinformación y la resistencia

Perú 2024: El año en que el ministerio de Salud patologizó a personas trans y hubo pocas buenas noticias para LGBT

(Imagen de Ciudadanos en red)

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General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. América Latina, Argentina, El Caribe, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Personas LGTBIQ, Perú

Un informe realizado por segunda vez en Perú revela las consecuencias en la salud mental de las personas LGBTIQ+ tras sufrir violencia y discriminación.

13 de noviembre de 2024
Melissa Goytizolo Castro
Edición: Maby Sosa

LIMA, Perú. El II Estudio de Salud Mental LGBTIQ+ de Más Igualdad registra cifras alarmantes sobre distintos tipos de violencia, discriminación y “terapias de conversión” que padece la comunidad. Y, en consecuencia, altos índices de afecciones en la salud mental. Les principales víctimas son las personas trans, no binarias, intersex y bisexuales.

“Esta persona -la que me abusó sexualmente- me hizo mirarme al espejo y decir que nunca más iba a besar a una mujer. Me acuerdo que yo estaba desnuda y me puso frente al espejo y me hizo decir que yo estaba anatómicamente hecha para un hombre. Y que no puedo besar a una mujer. Me dijo que me tape la boca y me decía que me estaba limpiando”, relata a Más Igualdad Andrea, mujer cisgénero y bisexual, 31 años, sobre el asalto sexual que sufrió a causa del machismo y el odio hacia su orientación sexual.

Agencia Presentes tuvo acceso al informe final de la ONG Más Igualdad, el cual revela problemas en la salud mental de las personas LGBTIQ+ por diversos abusos padecidos y la constante estigmatización de la que son víctimas. Incluso, por parte de les profesionales que deberían proteger su bienestar emocional.

Prácticas violentas

La publicación de este estudio cobra más relevancia en el escenario actual. El 2024 será recordado como el año en que el Ministerio de Salud de Perú emitió un Decreto Supremo que considera a la identidad trans como una enfermedad. Un año más en el cual no se ha incluido en la Ley de Salud Mental la prohibición y sanción de las “terapias de conversión”.

Mientras esto último no cambie las infancias peruanas seguirán siendo víctimas de crueles prácticas, como la ocurrida hace pocos meses con niños torturados con plantas de ortiga por tener un “comportamiento femenino”, en la comunidad awajún, departamento de Amazonas.

El estudio obtuvo una muestra de 1267 personas LGBTIQ+, o que se encuentran en cuestionamiento de serlo, en Lima y regiones. Este grupo se identificó como personas trans (15%), no binaries(13%), intersex (2%). En cuanto a la orientación sexual bisexuales (40%), gays (45%), lesbianas (11%) y asexuales (10%). Los porcentajes pueden sumar un número mayor al 100% porque hay quienes pueden identificarse con dos etiquetas al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien puede identificarse como intersex y lesbiana, o como no binarie y bisexual.

Presentación del II Estudio de Salud Mental LGBTIQ+. A la izquierda una de les autores del informe, Alex Hernández

Foto: Más Igualdad.

Acoso y violencia sexual

“Cuando salgo a la calle procuro arreglarme, dependiendo de mi estado de ánimo. Entonces, si ven literalmente a una fémina, tal cual, la agresión está presente, que es algo que viven la mayoría de mujeres con su día a día. Pero cuando salgo como masculinidad trans, la cosa cambia. Porque es como si quisieran ponerse en un jueguito de ver si tienes o no tienes tetas”, comparte a Más Igualdad Demian, transmasculino no binario, 21 años.

El testimonio de Demian evidencia el acoso sexual que recibe de manera frecuente un 38% de la comunidad LGBTIQ+. De este número las identidades con un porcentaje más alto son las personas trans (59%), no binaries (51%), intersex (42%) y bisexuales (41%).

Imagen: Más igualdad.

La activista de Fuerza No binarie, G Santos, explica a Presentes que se tiene preconcebida la idea de que una persona no binaria (NB) “es sinónimo de una persona que está abierta a cualquier tipo de experiencia sexual. O que disfrutan que les hagan comentarios con connotación sexual. Eso nos pone en una situación de vulnerabilidad tanto en espacios heterosexuales como LGBT”, afirma.

El estudio también registró que un 34% de la comunidad sufre siempre o casi siempre violencia verbal o psicológica. Y que la cifra se incrementa en personas no binaries (59%), trans (53%) e intersex (48%). También suben los números de estas tres identidades respecto a agresiones físicas, amenazas y el hecho de sentirse amenazades. Además, se reportó que un 10% de la comunidad sufre de manera frecuente violencia sexual, aumentando los números en personas trans (44%), no binaries (39%) e intersex (39%). Se debe resaltar que el 31% de la muestra de personas LGTBIQ+ registró haber padecido agresión sexual al menos una vez en sus vidas.

“El Perú es un país machista. Todo lo que se sale del estereotipo masculino es castigado socialmente. Por eso las personas que somos parte de la diversidad de género sufrimos más violencia y discriminación”, dice a Presentes Leyla Huerta, mujer trans fundadora y directora de Féminas Perú. “No se nos acepta como ciudadanes, pero sí como objetos del placer. Por eso es que las mujeres trans estamos en situación de prostitución”, informa.

Para Alex Hernández, investigadora del estudio, psicóloga y activista bisexual de Más Igualdad (el otro investigador es el psicólogo y activista gay Rodrigo Flores, de la misma ONG), la violencia sexual hacia la comunidad muchas veces es utilizada como un “arma correctiva”. Agrega que “en el caso de masculinidades trans, como en el caso de las lesbianas y en el caso de cualquier persona que es asignada mujer al nacer y que tiene una identidad diversa siempre está latente el riesgo de ser víctimas de “las violaciones correctivas”.

G Santos en el bloque No Binarie de la Marcha del Orgullo 2024, en Lima

Foto: Yacila Y. Sprungli

Estrés “de minorías”

Les investigadores del estudio midieron en las personas encuestadas el estrés de “minorías”, “modelo teórico que reconoce que existen condiciones y eventos adversos que experimentan las personas LGTBIQ+ por ser un grupo “minoritario” (entendido como opuesto al grupo “mayoritario” en la sociedad). Esto genera un estrés específico y adicional que puede afectar su salud mental a largo plazo”. Este tipo de estrés se plasma en los siguientes pensamientos y actitudes.

Un 48% de la comunidad reportó de manera frecuente que su pensamiento más repetitivo es tener que “prepararse mentalmente para recibir faltas de respeto por ser LGBTIQ+”. Un 46% se preocupa de forma recurrente “sobre qué pasará cuando las personas se enteren que soy una persona LGBTIQ+” y un 36% casi siempre o siempre registró mantenerse “en alerta y en guardia porque he temido que algo malo me ocurra por ser una persona LGBTIQ+”.

También se observó que el 63% de la muestra experimenta angustia siempre o casi siempre por vivir en un país que no reconoce sus derechos, lo cual repercute en su proyecto de vida. Este porcentaje aumenta a 80% para la población trans y 71% para la población no binaria.

Porcentajes se disparan en personas trans

El 38% de las personas encuestadas ha recibido alguna vez un diagnóstico clínico sobre su salud mental. Estas cifras aumentan en la comunidad bisexual (45%), trans (54%) y no binarias (55%). Además, se indica “que los trastornos de ansiedad y depresión son los más frecuentes de ser diagnosticados (34% y 27%, respectivamente) en la comunidad”. Se destaca que “son preocupantes los niveles de trastornos de ansiedad identificados en la muestra bisexual (91%), trans (91%) y no binaria (90%)”.

Más Igualdad también hizo preguntas a las personas encuestadas para conocer su estado de salud mental, basándose en la propia evaluación de las personas acerca de sus emociones y experiencias. “La desregulación emocional se presenta en niveles altos y muy altos. En el 66% de la muestra, los síntomas de depresión en niveles altos y muy altos en 44% y finalmente, un preocupante 26% presenta ideación suicida casi siempre o siempre”, se lee.

Imagen: Más Igualdad.

En todos los índices medidos las personas trans registraron niveles más altos que la muestra general LGBTIQ+, incluyendo la ideación suicida. Para Leyla Huerta esta situación se debe “al constante bombardeo de mensajes en contra nuestra, que no eres parte de, que no debiste nacer. Violencia en todos los espacios. Esto hace que esas cifras sean tan altas en una comunidad que es muy atacada desde que somos muy niñes”, explica a Presentes.

Casi 1 de 4 personas LGBTIQ+ pasó por “terapias de conversión”

“Un psiquiatra me dijo que la solución era darme estrógenos, para así dejar de sentirme un chico. Que con hormonas femeninas todo se arreglaba”, cuenta a Más Igualdad Manolo, transmasculino y bisexual, 32 años. Su testimonio evidencia una de las técnicas perversas, -como lo es el tratamiento hormonal-, que se utilizan en las “terapias de conversión”, cuyo fin es buscar “cambiar”, a como dé lugar, la orientación sexual, identidad o expresión de género que no se ajuste a la heteronormatividad.

Prestigiosas instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Asociación Americana de Psicología (APA), entre otras, han condenado estas terapias debido a que son “una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas”. La ONU también concluyó que utilizan métodos considerados torturas.

El estudio revela que casi 1 de 4 personas encuestadas (23%) alguna vez en su vida han pasado por “terapias de conversión”, tanto por iniciativa propia (11%), como de forma obligada (15%). Las razones más frecuentes de quienes fueron por su propia voluntad es que “tenía miedo de no poder ser feliz” (57%) y “no quería decepcionar a mi familia” (57%). Estos porcentajes son más altos entre personas trans y no binarias.

En tanto, el 15% de la muestra que respondió que habían sido obligades a ir a estas terapias dijeron, en su mayoría, que fueron llevades cuando eran adolescentes (66%), principalmente por sus padres o cuidador principal (75%). El 72% dijo que la realizaron en algún centro de salud mental o fue hecha por un profesional de salud mental. Un 47% indicó que en la iglesia o por una autoridad religiosa. Las técnicas más frecuentes fueron psicológicas (84%), de tipo religioso (16%), tratamientos hormonales (9%) y terapia electroconvulsiva (5%).

Casi todes reportaron secuelas luego de las “terapias de conversión”: problemas en la salud mental (71%), depresión (36%), estrés postraumático (24%). El estudio encontró “que existe asociación entre haber pasado por “terapias de conversión” y un índice más alto de ideación y pensamientos suicidas y consumo problemático de sustancias”. Estas cifras se reflejan en el testimonio que brinda a Más Igualdad Majo, lesbiana, 30 años: “La consecuencia fue que me deprimí muchísimo y pasé por otro intento de suicidio”.

Salud excluyente

“No es posible que las personas LGBTIQ+ debamos ocultar nuestra identidad para recibir atención. Yo he tenido que ir en falda o en vestido. He tenido que presentarme de manera femenina para recibir atención”, dice a Más Igualdad Alexander, transmasculino, 26 años, sobre un centro de salud público al que acudió. El testimonio de Alexander evidencia la data obtenida sobre las barreras que existen para una atención de la salud mental sin discriminación. “El mayor obstáculo es el costo de la atención (55%), la poca capacitación que tienen los profesionales de salud mental en enfoque afirmativo o su poca preparación y/o experiencia en el trabajo con población LGBTIQ+ (41%), así como la poca información a disposición de las personas sobre profesionales que trabajen con enfoque afirmativo (41%)”, se lee.

También se halló que el 44% de la muestra atiende su salud de forma privada, un 23% en centros de salud público y un 28% no atiende su salud mental. En este último caso las cifras de personas trans y no binarias fue de 33% y 32% respectivamente. Además, el 19% de las personas encuestadas reporta haber pasado por situaciones de discriminación. En el caso de la comunidad trans el porcentaje llega a 41% y en la comunidad no binaria a 32%. Las cifras hacen referencia a espacios tanto públicos como privados.

Sin salida

G Santos comparte a Presentes su opinión sobre los espacios de salud mental estatales en Perú. “Si una persona no binaria desea asistir a un centro de salud público tendrá que mentalizarse que le van a llamar por su nombre legal (el nombre que aparece en el DNI). Para muchas personas, incluyéndome, los nombres legales terminan generando disforia. De antemano sé que cuando llegue a la consulta voy a estar con síntomas terribles para mi salud”, afirma.

Sus palabras describen la profunda sensación de angustia e incomodidad que causa a las personas no binarias ir a un lugar estatal para revisar su salud mental. “En muchos casos no vamos a poder hablar sobre nuestra identidad o expresión de género, porque el psicólogo puede verlo como algo negativo o caer en “terapias de conversión”. El problema es que, si no me protege el Estado y no tengo los medios para costear una terapia privada, me quedo sin tratamiento. No hay salida”, cuestiona.

Bisexualidad negada

Más Igualdad presentó a las personas encuestadas varias frases estereotipadas y discriminatorias que suelen escuchar las personas LGTBIQ+ en espacios de atención a la salud mental, con la finalidad de que seleccionen las que más han experimentado. Frases bifóbicas producto del prejuicio fueron las más escuchadas: “las personas bisexuales esconden una homosexualidad latente” (53%) y “las personas bisexuales están confundidas con su orientación sexual y necesitan definirse” (47%).

Al respecto, Alex Hernández comenta que la ONG tiene un proyecto de salud mental llamado El Directorio, una base de datos pública integrada por profesionales de la salud mental afirmativa, que han sido previamente evaluades para poder atender con eficacia a la comunidad.

Durante el proceso de selección se observó que la forma de trabajo con gays y lesbianas era excelente, pero al preguntarles como atenderían a una persona bisexual bastantes respondían que “son personas que necesitan ayuda para descubrir su homosexualidad”. “Existe la creencia errónea de que la orientación sexual solo puede estar orientada hacia un género. Evidentemente estas personas no forman parte de nuestro directorio. La bifobia es un tema del que debemos hablar y combatirla”, expresa a Presentes.

Foto: Gentileza Féminas Perú realizada durante la protesta frente al Ministerio de Salud por el decreto que considera a las personas trans como enfermas 

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Homofobia/Transfobia, II Estudio de Salud Mental LGBTIQ+, Lima, Más Igualdad, Perú, Salud mental

Un nuevo estudio revela que los católicos de Estados Unidos y América Latina siguen divididos sobre las cuestiones LGBTQ+, pero el apoyo está aumentando en algunas áreas.

El estudio del Pew Research Center study encuestó a más de 5.600 católicos de siete países y dijo que las diferencias se dan en gran medida a nivel nacional.

En Argentina y Chile, la mayoría de los católicos creen que la Iglesia debería reconocer la igualdad matrimonial, lo que demuestra la creciente aceptación de las relaciones LGBTQ+ en estas regiones. En contraste, menos de la mitad de los católicos en México y Perú apoyan el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En los Estados Unidos, poco más de la mitad de los católicos creen que la Iglesia debería reconocer tales matrimonios.

Argentina tiene el mayor número de católicos que desean reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, con un 70%. Seguido de Chile con un 64% y Estados Unidos con un 54%. Casi la mitad de los mexicanos apoyan el reconocimiento de la igualdad matrimonial, al igual que el 43% de los brasileños y el 40% de los colombianos. Perú, con un 32%, tiene el menor número de católicos en América Latina que apoyan dicho reconocimiento.

El estudio de Pew también analiza la ordenación de mujeres como sacerdotes, donde hay más consenso, ya que la mayoría de los católicos en todos los países encuestados apoyan la ordenación de mujeres. Asimismo, la mayoría de los católicos cree que la iglesia debería permitir el uso de métodos anticonceptivos.

Existe un mayor desacuerdo sobre si se debería permitir que los sacerdotes se casen. Alrededor de dos tercios de los católicos en Argentina, Chile y los EE. UU. apoyan esta idea, mientras que en México y Perú, la mayoría de los católicos se oponen a ella, con solo el 38% y el 32% a favor, respectivamente.

La brecha generacional es otro factor importante. Los católicos más jóvenes se inclinan más por el progresismo, y específicamente los católicos entre las edades de 18 y 39 años son mucho más propensos a apoyar cambios progresistas. En Colombia, el 65% de los católicos jóvenes cree que se debería permitir que las mujeres se conviertan en sacerdotes, en comparación con el 49% de los católicos de mayor edad. De manera similar, los católicos más jóvenes de la región son más propensos a estar a favor de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que demuestra que la afirmación de la comunidad LGBTQ+ puede crecer con la generación más joven a medida que adquieren roles más destacados en la iglesia.

Entre los católicos que asisten a misa semanalmente o rezan a diario, hay menos apoyo a la inclusión LGBTQ+. En México, solo el 38% de los feligreses semanales cree que la iglesia debería reconocer la igualdad matrimonial, mientras que el 52% de los asistentes a misa con menos frecuencia apoya esta idea. Aunque las encuestadoras como Pew a menudo utilizan la asistencia a misa como un barómetro de la fidelidad, es importante recordar que vivir la fe católica se extiende mucho más ampliamente.

El Papa Francisco, un motivador principal para la aceptación de las personas LGBTQ+ por parte de muchos católicos, también fue un tema de la encuesta. Sigue siendo ampliamente popular en todos los países encuestados. Sin embargo, sus índices de favorabilidad han disminuido en la última década, especialmente en Argentina, su país de origen, donde solo el 74% de los católicos lo ven ahora favorablemente, en comparación con el 98% hace una década. De manera similar, en Estados Unidos, una encuesta de febrero de 2014 reveló que el 85% de los católicos tenían una opinión favorable del Papa, y ahora esta encuesta más reciente revela que solo el 75% todavía mantiene esa opinión.

—Elsie Carson-Holt (ella), XX de octubre de 2024

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Fuente New Ways Ministry

General, Historia LGTBI Argentina, Brasil, Centro de Investigaciones Pew, Chile, Colombia, Iglesia Católica, Latinoamérica, México, Papa Francisco, Personas LGTBIQ, Perú

Más de 30 organizaciones debatieron sobre la vulneración de los derechos de personas LGBT migrantes. Por qué es necesario visibilizar una migración cis-no heterosexual.

Fuente Agencia Presentes

6 de noviembre de 2024
Geo González
Edición: Maby Sosa

El incremento de la xenofobia, vulneraciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ y la urgencia de que los Estados intervengan con acciones claras, son algunos de los puntos que se debatió en el IV encuentro de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas.

Más de 30 organizaciones en Cartagena de Indias intercambiaron saberes, buenas prácticas, la situación de vulneración de derechos humanos para estas poblaciones en sus territorios, las deudas de los Estados y las oportunidades que desde la Red construyen para que las personas LGBTIQ+ en movilidad estén informadas y reciban apoyo comunitario, institucional y protección internacional con enfoque diferenciado.

La Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas nació en 2019. Su origen está vinculado a los desafíos que las personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan en la región. Sobre todo, en consecuencia, a la discriminación, violencia generalizada, y falta de enfoques y perspectivas por parte de actores clave sobre las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+ en su derecho a recibir asilo debido a la violencia y persecución por su orientación sexual, expresión e identidad de género.

Este cuarto encuentro de la Red tiene vigencia por tres aspectos, según lo explicó a Presentes, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. La organización colombiana que da acompañamiento jurídico y psicosocial a personas LGBT en situación de movilidad humana.

“Las crisis humanitarias en la región ha aumentado el nivel de personas LGBTIQ+ en movilidad humana que están transitando buscando mejor calidad de vida. Las organizaciones sociales tenemos que transformar nuestras estrategias para dar una respuesta. El incremento de la xenofobia que, unido a prácticas de prejuicio por orientación sexual, identidad y expresión de género está agudizando la vida de las personas LGBTIQ+ y debemos exigirle a los Estados acciones contundentes para que en la atención humanitaria y la atención migratoria existan enfoques diferenciales que garanticen una atención adecuada a las personas LGBTIQ+ en procesos de movilidad humana”.

Los desafíos que enfrentan las personas LGBTI+ en situación de movilidad

Durante los tres días del encuentro (23 al 25 de octubre) las distintas organizaciones compartieron la situación que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas en distintos territorios de la región. Las rutas que toman, las formas cómo se informan sobre cómo migrar y solicitar refugio y las vulneraciones a sus derechos humanos que enfrentan en sus países y el de tránsito.

De manera generalizada durante las discusiones se pudieron identificar algunos elementos compartidos por la mayoría de las organizaciones. Ellos son la falta de acceso a servicios de salud incluyendo atención a personas que viven con VIH; falta de políticas públicas y acciones afirmativas que validen certificados educativos y así garantizar el derecho a la educación y el trabajo y su integración social. Además de la dificultad para acceder a documentación en los procesos de regularización, sobre todo a personas trans, en la que se respete su nombre elegido, su expresión e identidad de género.

Otro factor es que algunos países de la región siguen sin reconocer los derechos y las vulneraciones de las personas LGBTI+. Ello es motivo de persecución y salida de sus países, tampoco hay protección a la discriminación como en Guatemala, El Salvador y Honduras.

“No se reconoce la vulneración a su orientación sexual o identidad de género, lo cual es motivo de persecución. Son, por lo tanto, víctimas de discriminación, de redes de trata y violencia estructural de las instituciones de su Estado. No hay seguimiento al acceso a la justicia, salud y otras garantías de derechos humanos. En Guatemala tampoco son reconocidas como vulneración todas esas violaciones en su ruta o en el país como tal. Y hay abuso de las autoridades que hacen cobros no permitidos y con eso les limitan el acceso o el tránsito”, explicó a este medio Ale Morales, integrante de la Asociación Lambda.

Falta de enfoques diferenciados

Esta misma falta de reconocimiento de esas vulnerabilidades es ejercida por las autoridades migratorias. La falta de capacitación y sensibilización limita la garantía al derecho al asilo y refugio de las personas LGBTI+.

“La violencia generalizada, los crímenes de odio, procesos de discriminación de manera más acotada en entornos familiares y comunitarios son otros factores que podrían elevar los riesgos y necesidades de desplazarse a otros países en búsqueda de protección internacional. De ahí la importancia de tener atenciones diferenciadas a través del tránsito, en las casas de acogida. Pero también en los procesos de asilo identificando estas necesidades y contextos sobre los que estas poblaciones podrían verse afectadas. Al mismo tiempo identificando que no es un grupo homogéneo, y que, por ejemplo, las personas trans podrían estar en mayor riesgo”, comentó en entrevista Cristina Sousa. Ella trabaja como asociada de protección comunitaria en la oficina regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las políticas migratorias con sesgos racistas y xenófobas. La militarización y el control de las fronteras por parte del crimen organizado son otros obstáculos que compartieron las organizaciones. Incluso la repartición de la ayuda humanitaria y los espacios de alojamiento que en su gran mayoría no trabajan con un enfoque de diversidad sexual y de géneros, y han documentado que son espacios en donde aumenta el riesgo de las personas LGBTI+ a vivir discriminación y violencias.

“Las pocas ayudas que hay no tienen perspectiva de diversidad. Las personas son alojadas en lugares donde hay agresores hacia la orientación sexual e identidad de género. Las ayudas que entrega ACNUR son en lugares religiosos donde son revictimizadas y en Argentina en particular, en este contexto político, sabemos que ya está habiendo y va a haber más retrocesos en materia de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Así que estamos alertas”, dijo a Presentes, María Rachid, integrante de la Federación Argentina LGBT.

“Visibilizar una migración no cis-heterosexual”

Las organizaciones dedicadas a acompañar personas LGBTI+ migrantes y refugiadas insistieron en que trabajar en red ayuda también a fortalecerse de manera interna. Mejorar y adoptar buenas prácticas, crear y mantener albergues para personas LGBTI+, migrantes y refugiadas. Y, además, crear acciones locales y regionales para dar respuesta a las necesidades de estas poblaciones y en la incidencia política con organizaciones humanitarias y los Estados.

“Es muy importante reconocer la importancia de esta red para visibilizar que hay una migración no cis-heterosexual. Estamos construyendo acciones poco a poco y en ese sentido estamos ganando un territorio que garantiza derechos y permite que las personas LGBTIQ+ que salen de sus países tengan espacios de cuidado a los países donde llegan. Y principalmente, reconocer la participación política y la agencia política que tienen las personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+. Hacemos una acción política, tenemos trayectorias de vida y una agencia que tenemos que seguir fortaleciendo comunitariamente en términos de derechos”, dijo a Presentes, María Botero, parte de la Rede Milbi y de la secretaría técnica de la Red.

Al finalizar el encuentro se rescató el valor de estos espacios para la generación de conocimiento, información, datos y producción de informes, que ayuden a conocer estas realidades. Y, en consecuencia, incidir en las instituciones migratorias de los Estados que tienen por responsabilidad brindar apoyo y asegurar la protección de los derechos de las personas LGBTI+ en movilidad.

Las organizaciones participantes son de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. También se juntaron con un objetivo: llevar acciones comunitarias que incorporen enfoques de diversidad sexual y de géneros para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas LGBTI+ hacia la próxima revisión de la Declaración de Cartagena 1984 que sucederá este diciembre en Santiago de Chile.

La Declaración de Cartagena 1984 es un documento amplio de cooperación y responsabilidad entre países de la región que abarca la protección y tratamiento que ha de brindarse a las personas migrantes y refugiadas.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ale Morales, Argentina, Asociación Lambda, Brasil, Caribe Afirmativo, Cartagena de Indias, Chile, Colombia, Costa Rica, Cristina Sousa, Declaración de Cartagena 1984, Ecuador, Federación Argentina LGBT, Guatemala, Honduras, IV encuentro, LAMBDA, María Botero, María Rachid, México, Paraguay, Personas LGTBIQ, Perú, Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes. Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas, Rede Milbi, Venezuela, Wilson Castañeda

Con la ayuda de Promsex, Eidán demanda el cambio de sexo y nombre en su documento de identidad. También el acceso a la salud. Es determinante la decisión que tome el Tribunal Constitucional

Fuente Agencia Presentes

24 de septiembre de 2024
Melissa Goytizolo Castro
Edición: Maby Sosa

LIMA, Perú. Hace 43 años, en Huánuco, en la sierra peruana, nació Eidan en la casa de sus padres. Luego de examinarlo rápidamente, la partera determinó de manera arbitraria que era una niña. Fue así como sus padres lo registraron con un sexo y nombre femenino. Eidán, su nombre, lo eligió él tiempo después, porque se autopercibía hombre. Toda su niñez y adolescencia fue tratado como mujer, pese a que sentía rechazo de vestirse y seguir roles históricamente asignados al sexo femenino.

Según refiere la demanda de la ONG Promsex, a la cual Agencia Presentes tuvo acceso, al crecer notaba que sus genitales no se ajustaban a la morfología de “un cuerpo femenino”. Eidan prefería jugar fútbol con los niños y vestir ropa holgada, lo cual era mal visto por sus padres y su comunidad.

Cuando terminó el colegio, cansado de soportar discriminación y violencia, huyó de su casa. Se mudó a Lima y allí estudió la carrera de obstetricia, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una vez que obtuvo su independencia, comenzó a adoptar una expresión de género masculina y se hizo llamar Eidan.

En 2017, gracias a los conocimientos obtenidos en su profesión, y para encontrar una explicación a lo que le ocurría, Eidan se sometió a unos exámenes médicos. Así supo que nació con testículos no descendidos, otras características físicas intersexuales y cromosomas XY, que son considerados los cromosomas sexuales masculinos. Así supo que era una persona intersex.

Desde hace un tiempo, Eidan batalla por sus derechos: a la identidad y a la salud. El Tribunal Constitucional es quien debe decidir su futuro y el de las personas intersex en ese país.

Intersex: una forma de diversidad corporal

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), “las personas intersexuales nacen con características sexuales (tales como la anatomía sexual, órganos reproductivos, patrones hormonales y/o cromosomales) que no encajan con los conceptos típicos binarios de cuerpos masculinos y femeninos”. Mientras que la ONG Planned Parenthood Global subraya que “ser intersexual quiere decir simplemente que naciste con una variación que ocurre de manera natural en los seres humanos”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que un 1,7 % de la población mundial nace con características intersexuales.

A través de su demanda, Eidan, junto con Promsex, buscan el respeto a la diversidad corporal de las personas intersex y a la urgencia de garantizar derechos fundamentales, como identidad de género, igualdad y salud. También reclaman por la ausencia de procedimientos internos y políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de esta comunidad invisibilizada y en situación de vulnerabilidad.

Imagen: Promsex

La intersexualidad no es una patología, como el estado peruano sigue considerándola. “La intersexualidad no es una enfermedad. Desde el activismo internacional intersex se enfatiza que, si las personas intersex tuvieran algún problema de salud, eso no está vinculado al aspecto de los genitales. Por eso, las cirugías genitales no consentidas deben detenerse”, afirma a Presentes Marina Elichiry, médica argentina aliada del movimiento intersex. La principal demanda del movimiento intersex en el mundo es que se ponga fin a las cirugías mutilantes de los genitales de bebés intersex, calificadas como tortura por la ONU.

En ese contexto, las autoridades peruanas deberían de conocer una noticia que ha pasado desapercibida en nuestro país. El pasado 4 de abril el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución histórica a favor de los derechos de las personas intersex. En ella se pide a los países acabar con la discriminación, violencia y prácticas nocivas a esta comunidad.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución por la cual se hace un llamamiento a los Estados Miembros a aumentar sus esfuerzos para combatir la discriminación, la violencia y las prácticas perjudiciales contra las personas intersexuales https://t.co/BDYEOFCut3

— United Nations Human Rights Council | #HRC57 (@UN_HRC) April 12, 2024

Reiterada humillación 

El 30 de mayo del 2018, Eidan, de la mano de Promsex, interpuso una demanda de amparo. La pretensión principal ordenaba al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y a la municipalidad donde nació que modifiquen en su acta de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI) el sexo por “masculino”, y los nombres por “Eidan Kaletb”.

Edith Arenaza, asesora legal de Promsex, afirma a Presentes que su patrocinado es constantemente vulnerado en sus derechos en cualquier ámbito de su vida. Una de las principales razones es que en sus documentos de identidad no se respeta su identidad de género. “En el trabajo, por ejemplo -Eidan trabaja para el Estado como obstetra- por cualquier tema de comunicación interna, a nivel de los centros de salud, le mandan cartas con el nombre de su sexo legal. Estas cartas pasan por diversas manos y sus compañeros empiezan a comentar, lo cual genera una situación muy dolorosa para él”, relata.

Edith Arenaza, asesora legal de Promsex.
Foto: Melissa Goytizolo.

El juzgado que vio el caso negó esta demanda en primera y segunda instancia. Indicó que “que se ha establecido vía jurisprudencial que los pedidos de cambio de nombre y sexo se tramiten mediante el proceso sumarísimo”. Promsex interpuso recurso de agravio constitucional y es así como el caso se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC) a la espera de un pronunciamiento.

El pasado 24 de julio se llevó a cabo una audiencia pública en el TC sobre el caso de Eidan. Un representante de la procuraduría pública del Reniec dejó en claro que su institución no está de acuerdo con el cambio de sexo y nombres de Eidan en sus documentos de identidad.

Salud de la comunidad intersex en peligro

Eidan tocó las puertas de Promsex, hace más de seis años, porque su vida estaba en riesgo. En su calidad de asegurado del Seguro Social de Salud (EsSalud) tuvo barreras para acceder a los servicios de salud. El motivo es que figura en el sistema como una persona de sexo femenino. Según explica Promsex, no se registró su diagnóstico del examen cariotipo (una prueba para examinar cromosomas en una muestra de células) por no corresponder al sexo registrado del paciente. En consecuencia, no pudo acceder a los exámenes complementarios necesarios y atenciones especializadas, pese a que presentaba dolores fuertes y riesgo de cáncer testicular.

“De acuerdo con la programación del software del Sistema de Gestión Hospitalaria vigente en el hospital donde se atendió (Eidan) -y en todos los que pertenecen a EsSalud- aquellos requerimientos estaban autorizados solo para personas del sexo legal masculino. Es así como se supeditó su atención al sexo legal asignado en sus documentos de identidad”, afirma la ONG.

En este sentido, Edith Arenaza explica que uno de los objetivos fundamentales de este litigio es que el TC declare “estado de cosas inconstitucional” el limitar las atenciones a las personas en base al sexo establecido en los documentos nacionales de identidad y no a las necesidades en su salud. “Lo que le sucede a Eidan también lo padecen otras personas, como las personas intersex. Al declararse vulnerado por parte del TC este derecho, estas prácticas van a ser declaradas inconstitucionales”, asevera.

Foto:  Facebook EsSalud

Sin accesos

Las personas intersex no son las únicas perjudicadas por este software del Sistema de Gestión Hospitalaria, también las personas trans. “Si soy una persona trans masculina y ya me cambiaron mi DNI al sexo masculino, pero sigo teniendo útero, voy a necesitar una consulta ginecológica. Si este sistema continúa así, aunque haya modificado mi DNI tampoco podría acceder a este servicio”, explica a Presentes la abogada de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez.

La perita médica que ve el caso de Eidan para este litigio es la médica experta en Género y Sexualidades, Marina Elichiry. Ella, a través de la historia clínica de Eidan de la institución donde siempre se atendió, y entrevistas con él, armó su peritaje médico.

Elichiry afirma a Presentes que por muchos años Eidan tuvo un riesgo alto de cáncer testicular. Recién en 2018 pudieron operarlo gracias a la intervención de Promsex. También refiere que, a la fecha, ha podido constatar que Eidan no tiene controles anuales de sus gónadas. Tampoco posee estudios anuales hormonales para ver cómo funcionan sus testículos. Dice que esta situación se debe a tres motivos: la restricción por género del sistema de EsSalud, el maltrato sistemático que ha recibido por la incomprensión del personal que lo atendía, y la falta de equipos especializados en intersexualidad que le brinden información fehaciente sobre los riesgos que puede tener y los estudios que necesita realizarse cada cierto tiempo.

“Estamos hablando de una persona adulta con una situación de enorme vulneración de su derecho a la salud y a la identidad, con riesgo de estar poniendo en peligro su vida”, asegura la experta.

“EsSalud estaría incumpliendo su obligación”

La primera sentencia del juzgado que vio el caso declaró “el estado de cosas inconstitucional” en esta materia. Ordenó a EsSalud, en máximo dos meses, adecuar el software del Sistema de Gestión Hospitalaria. No obstante, EsSalud apeló y ganó en la segunda instancia.

En su descargo, en agosto del 2020, EsSalud afirmó que su sistema está interconectado al Reniec. Por tanto, afirman, no puede realizar ninguna modificación en la información brindada por esta institución. Sostuvo también que “en razón a la interoperabilidad de las entidades públicas, el Sistema de Gestión Hospitalaria trabaja con la información que extrae del sistema. Y que ésta variaría si el demandante realizara la modificación de sus datos utilizando las vías judiciales idóneas”.

Brenda Álvarez, quien también fue abogada de Eidan. Sostiene que EsSalud incumple su obligación de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, sin discriminación. «Lo que EsSalud estaría planteando, en términos simples, es que para asegurar el acceso a la salud de personas en situaciones similares a la de Eidan, primero el Reniec o el Poder Judicial deben ajustar los indicadores de sexo. Un proceso que puede tardar seis años o más, con suerte. Esto retrasa el acceso a las prestaciones de salud», explica. Álvarez enfatiza que esta situación vulnera el derecho a la salud establecido en la Ley General de Salud, que garantiza un acceso prioritario y oportuno a las prestaciones médicas.

Un seguro que excluye

En su descargo EsSalud dice, además, que no se ha vulnerado el derecho a la salud de Eidan, porque la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) señala en un informe que el hospital donde se atendía el demandante cumplió con brindar acceso a la atención en salud pese a la barrera informática. También afirma que sigue atendiendo las necesidades del demandante porque “durante el año 2019 se presentan 5 atenciones registradas del asegurado en el Sistema Informático de EsSalud”.

Álvarez explica que esas atenciones fueron después de que Eidan pudo contar con una asesoría legal (la de Promsex) y la intervención de la Defensoría del Pueblo. “No cualquier persona que esté en la situación de Eidan cuenta con un abogado(a) y puede hacer que la Defensoría intervenga para poder acceder a su atención a salud. Es absolutamente irrazonable”, afirma.

Por su lado, Edith Arenaza resalta que, a la fecha, debido a la rotación del hospital donde le corresponde a Eidan por su labor como obstetra (trabaja en distintos lugares del Perú) para acceder a atenciones médicas “tiene que realizar toda una explicación al personal administrativo y al de salud. Esta situación hace incluso que desista de acudir a las atenciones que requiere”, y enfatiza que “hasta que EsSalud no modifique (su sistema) la vida de las personas va a estar en riesgo”.

Presentes se comunicó con EsSalud para solicitar una entrevista sobre la vulneración a la salud de Eidan y de las personas intersex. Esperamos muchos días, pero no hubo respuesta.

Un proceso cruel

Eidan y Promsex también están solicitando al TC que se declare “un estado de cosas inconstitucional” a la ausencia de un procedimiento administrativo que permita realizar el cambio de nombres y sexo de las personas intersex y trans en el Perú. Edith Arenaza explica que actualmente este proceso debe hacerse por la vía judicial, que dura años y se debe pagar un abogado(a). Ello constituye una barrera para hacer efectivo, y disfrutar, el derecho a la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad.

Magistrados(as) del Tribunal Constitucional que se pronunciarán muy pronto sobre este emblemático caso.
Foto: web del Tribunal Constitucional Peruano.

La primera sentencia del juzgado que vio el caso declaró “el estado de cosas inconstitucional” en este tema y ordenó a Reniec, en el plazo máximo de un año, que cumpla con implementar un procedimiento administrativo. Sin embargo, Reniec apeló y ganó en segunda instancia. “Exhortamos al Tribunal Constitucional a emitir un fallo que garantice el respecto a la identidad de todas las personas intersex, libre de discriminación, y que procure la igualdad en todas las esferas de la vida”, afirma Promsex. Los magistrados(as) que dictarán la sentencia en breve no deben olvidar que están obligados(as) a proteger y garantizar los derechos de todes los cuidadanes.

General, Historia LGTBI Brenda Álvarez, Edith Arenaza, Eidán, Eidan Kaletb, EsSalud, Intersexualidad, Marina Elichiry, Personas Intersexuales, Perú, Promsex

Se viralizó un video de una comunidad indígena de Bagua, departamento de Amazonas, donde se somete a tortura niños con plantas de ortiga.

Fuente Agencia Presentes

18 de septiembre de 2024
Gianna Camacho

Edición: Ana Fornaro

Un video generó denuncias de la comunidad LGBTI+ peruana luego de ver como dos niños son castigados por tener un “comportamiento femenino” en una comunidad originaria en la provincia de Bagua, en el departamento de Amazonas.

En las imágenes los pequeños gritan y lloran de dolor tras ser sometidos a contacto físico con ortiga, plantas que poseen pelos punzantes en el tallo y en los bordes de sus hojas. Producen ardor, picazón e inflamación por varios días.

‘Estos castigos severos son supuestamente castigos ejemplares. Esto lo hacen con los niños que presentan comportamientos afeminados. Los padres o integrantes de la comunidad asumen que por ese comportamiento esos niños ya son homosexuales, y que por eso no deberían existir. Lo que buscan es que esos niños sean más hombrecitos”, denuncia Euner Kajekui, activista gay de origen Awajún, quien publicó el video para visibilizar la tortura que reciben los niños en esa parte del Perú.

Euner precisa que desde épocas ancestrales han existido integrantes de pueblos originarios gays o trans y no habían recibido ese tipo de castigo. Por lo que que ve en esta práctica una influencia de la política actual, que en diferentes niveles se ha mostrado en contra de la población LGBTI.

Asimismo, las creencias religiosas hacen que los vean como seres humanos que merecen ser castigados porque personifican la maldad de la humanidad.

“Nos ven como pecadores, principales causantes de la maldad ya que para ellos los homosexuales somos hijos del diablo, y que nunca seremos buenos para la sociedad. Difunden la idea de que en los pueblos indígenas no deberían haber personas homosexuales”, puntualiza Euner.

Charlas para «restaurar el diseño original»

Este caso de tortura a los dos pequeños se suma a la denuncia realizada hace algunos meses contra una organización evangélica también de la selva peruana. Allí se ofrecen charlas y conferencias para tratar las atracciones por el mismo sexo y las adicciones sexuales a través de la fe.

Cabe precisar que las prácticas de “conversión” pueden implicar violencia física, pero también psicológica donde se busca que la víctima se sienta culpable por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, así como una identidad y expresión de géneros disidentes.

En un Informe elaborado por las Naciones Unidas en 2020, se detalló que existen tres tipos de las mal llamadas “terapias de conversión”: la intervención psicoterapéutica basada en la creencia de que la diversidad sexual o de género tiene su origen en una crianza o experiencia anormal; las prácticas médicas basadas en que las personas LGBTI tienen una enfermedad; y las intervenciones basadas en la fe, que actúan bajo la premisa de que hay algo intrínsecamente maligno en estas personas.

Respuesta del Estado peruano

Luego que la denuncia se viralizara, el Gobierno peruano se pronunció a través de sus redes sociales oficiales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechazó cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Rechazamos cualquier tipo de violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes | El MIMP ha tenido acceso a un video que está circulando en redes sociales, donde se muestra castigos físicos a niños en una comunidad indígena de nuestro país. Estamos tomando medidas para… pic.twitter.com/2uNjtbExGE

— Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) August 31, 2024

“El MIMP ha tenido acceso a un video que está circulando en redes sociales, donde se muestra castigos físicos a niños en una comunidad indígena de nuestro país. Estamos tomando medidas para identificar el lugar de los hechos y a los posibles afectados, con el fin de intervenir y contribuir a su protección”, publicó en X el Ministerio de la Mujer.

Por su parte, el Ministerio de Cultura publicó un hilo en la misma línea del MIMP.

El Ministerio de Cultura rechaza categóricamente cualquier forma de violencia física hacia niñas, niños y adolescentes y todo acto que atente contra sus derechos fundamentales y su dignidad.

— Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) August 31, 2024

“Desde el Mincul, se ha tenido acceso a un video que viene circulando en las redes, que evidencia maltrato a niños de una comunidad indígena awajún, acto que denunciamos firmemente. El Ministerio de Cultura rechaza categóricamente cualquier forma de violencia física hacia niñas, niños y adolescentes y todo acto que atente contra sus derechos fundamentales y su dignidad”, publicaron.

Además, precisaron que se encontraban coordinando con el MIMP acciones para garantizar la protección de los niños, asegurando que todas las acciones se realicen con pertinencia cultural.

Activistas y colectivas LGBTI de Perú ya se encuentran organizándose para realizar acciones de protección y salvaguarda de los pequeños violentados, sobre todo porque sus padres son quienes aceptaron que se les castigue de esa manera tan aberrante.

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Entre 2020 y 2023 se cometieron 54 asesinatos a personas TLGBI, según el último Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Fuente Agencia Presentes

22 de julio de 2024
Melissa Goytizolo Castro
Alfonso Silva Santisteban.
Edición: Ana Fornaro

El Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI registró 54 asesinatos hacia personas de la comunidad y 170 casos de vulneración de sus derechos entre el 2020 y 2023.

“De aquí se la llevaron”, dice a Presentes Xiomara*, mujer trans peruana y trabajadora sexual, señalando una vereda del jirón Chancay, en el Centro de Lima. Allí, en febrero del 2023 extorsionadores de la banda criminal “Los Gallegos” secuestraron a su compañera Rubí Torres Silvano (31 años) y la llevaron al distrito de Carabayllo, donde la asesinaron de aproximadamente 30 impactos de bala. “Nos mandaron un video al celular, era el cuerpo de Rubí. Así nos amenazaron para que paguemos cupo por ocupar la plaza. Hay mucha rabia hacia nosotras”, afirma.

Entre 2020 y 2023, en Perú se cometieron 54 asesinatos a personas TLGBI, según el último Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El documento enfatiza que más de la mitad de las víctimas fueron mujeres trans (30), seguido por hombres gay (23) y una mujer lesbiana.

En 2023 se incrementó el número de homicidios con 19 casos, de los cuales 12 fueron mujeres trans y 7 gays. El año anterior fueron 13 personas: 8 gays y 5 mujeres trans. En 2021 diez: 5 mujeres trans y 5 gays. Y en el 2020 doce: 8 mujeres trans, 3 gays y una lesbiana.

Mujeres trans: las más violentadas

Los crímenes se han dado con ensañamiento, desde múltiples disparos y puñaladas en el cuerpo hasta degollamientos, lo que indica un odio extremo por las identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales que no se ajustan a las reglas heteronormativas.

El reporte también detalla en la categoría vulneración de derechos- es decir, por ejemplo, violencia por parte del Estado, incitación a la discriminación, intento de asesinato- que la mayor cantidad de estos atropellos se cometieron durante el 2020, alcanzando 61 denuncias. Seguido en el 2022, con 43. Luego el 2023, con 34. Y el 2021, con 32. Se observa que en esta categoría las mujeres trans, nuevamente, son las más perjudicadas.

La coautora del informe, mujer trans defensora de derechos humanos TLGBI y periodista, Gianna Camacho, explica a Presentes porque este grupo es el más afectado en sus derechos. “Las mujeres trans somos las personas más violentadas porque nos hemos atrevido a salirnos “del equipo ganador” para pasarnos “al equipo más débil”. Por eso el castigo social de esta violencia que sufrimos”.

Para la psicóloga y activista bisexual de la organización feminista y LGTBIQ+ Más Igualdad, Alex Hernández, las mujeres trans son las principales víctimas de crímenes de odio “porque ellas desafían los mandatos de la masculinidad. Al ser personas que son asignadas masculino al nacer, pero tienen y construyen una identidad femenina, esto desafía los mandatos que se suponen que tienen las personas asignadas hombres al nacer en su masculinidad. Al desafiarlo suponen un gran problema social para la mirada patriarcal. Por esto hay un ensañamiento con ellas”, dice a Presentes.

“Yo no quiero que me maten”, dice Xiomara. Ella y sus compañeras desearían no dedicarse a la prostitución, pero no tienen otra manera de sobrevivir por la falta de oportunidades laborales. De acuerdo con un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del año 2012, el 70% de las mujeres trans de Lima y Callao se dedican al trabajo sexual.

Crímenes impunes

El informe enfatiza que los números de crímenes de odio registrados son únicamente un subregistro. Se indica que “hay muy pocas medidas para contribuir a la disminución de la violencia, así como facilitar el registro de asesinatos de personas LTGBIQ+, no se ha incorporado un sistema virtual que contemple la supuesta orientación sexual o identidad de género de la víctima, no se ha aprobado una Ley de Identidad de Género”.

Gianna Camacho subraya que, ante la ausencia de estadística estatal, utilizaron denuncias dadas a conocer por la prensa y registros directos de organizaciones LGBTIQ+. “Hay muchos casos de los cuales no nos hemos enterado porque no son reportados o porque las víctimas nunca visibilizaron que eran LGBTIQ+”, agrega.

Al Estado peruano no le importa registrar las vulneraciones a los derechos de la comunidad TLGBI, pese a que tiene la responsabilidad de controlar la violencia. Tampoco le importa que los crímenes de odio sean sancionados.

En Presentes observamos que, de los 54 asesinatos registrados en el informe entre el 2020 y el 2023, en 26 no han sido identificados los asesinos. La situación se agrava en el 2023: de 19 homicidios en 13 no se halló a los responsables.

Al respecto, el excongresista Alberto de Belaunde comenta que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía cuentan con todas las herramientas legales para perseguir este tipo de delitos. “El que estos crímenes queden en la impunidad no se debe a vacíos en la ley. Se debe a falta de decisión, a la incapacidad de estas instituciones de entender que están trabajando con población en situación de vulnerabilidad, falta de protocolos para asegurar la atención y una evidente falta de interés”, afirma a Presentes.

“Nos están observando”

Xiomara se encomienda a Dios cuando sale a trabajar. “La vida de nosotras es muy dura, sino nos atacan los extorsionadores son nuestras autoridades. Recuerdo que tiradas en el piso, la policía nos ponía encima a los perros. Sentía sus uñas. Era horrible. Nos decían que por ser maricones nos pasaba eso”.

A inicios del 2022, como se lee en el informe, integrantes de la sanguinaria organización criminal “Los Gallegos” empezaron a pedir cupos a las mujeres trans cuya zona de trabajo son las calles del Centro de Lima. El 12 de febrero del 2023 dispararon múltiples balas a los cuerpos de Rubí Torres Silvano (31) y Priscila Aguado Huatuco (30).

La crueldad de ambos homicidios hizo que la comunidad TLGBI realizara platones frente a las dependencias policiales que estaban a pocas cuadras de donde habían secuestrado a las víctimas. En marzo del 2023 la policía capturó a dos de los asesinos. “Los meses siguientes disminuyeron los asesinatos, pero aumentó la extorsión en toda la ciudad (de Lima), según refieren las activistas. (…) La violencia de género no ha parado. Tampoco la disputa entre las mafias”, dice el informe.

Xiomara comenta que hace varios meses ya no pagan cupos, al menos, en las calles del Centro de Lima, pero afirma que desde hace veinte días han empezado a ver motos y carros sospechosos. “Es como si estuvieran marcando de nuevo el territorio, como si estuvieran contándonos. Entre todas llegamos a la conclusión de que nos están observando. Hace poco soltaron granadas en el jirón Zepita, como advirtiéndonos que va a entrar una nueva mafia”.

*Xiomara es el seudónimo que eligió la entrevistada por medidas de seguridad.

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Estuvimos en las calles de Lima, Asunción, Buenos Aires y Ciudad de México cubriendo los reclamos y celebraciones.

Fuente Agencia Presentes

Milena PafundiGianna CamachoJuliana Quintana

Alfonso Silva Santisteban.Jessie Insfrán

“Este 2024 estamos haciendo historia acá en Paraguay. Muchísimas organizaciones nos respaldan y hoy tenemos el escenario brillando con todes les artistas que son de nuestro país. El arte es una herramienta poderosa con la que podemos transformar vidas”, expresó González.

Cuando la marcha llegó a Plaza de la Democracia, Yren Rotela,defensora de derechos humanos y fundadora de Casa Diversa Casa Trans, anunció la creación de un nuevo movimiento político de cara a las elecciones municipales: Paraguay Diverso.

Organizaciones como Casa Diversa, Repadis, Panambi, TEDIC, Centro Cultural de España Juan de Salazar, La Chispa y otras apoyaron la movilización pero también hubo muchas personas autoconvocadas que se movilizaron de forma independiente. Pero no fue la única marcha por el orgullo que transcurrió el sábado.

Más temprano, como todos los años, SomosGay celebró la Parada del Orgullo Paraguay Pride 2024, bajo el lema de Roguata Tekoporã Rapere (Caminamos por el camino del bien). Sus autoridades repudiaron la postura homoodiante del presidente Santiago Peña ante la OEA  y lamentaron que siga sin reconocer los derechos de todas las personas.

A  las 13:00 se encontraron en la Plaza de la Libertad y marcharon hasta las calles Independencia Nacional y Manduvirá. Se realizaron test de VIH y se distribuyeron PrEP, de forma gratuita. El microcentro de Asunción estuvo de fiesta toda la tarde.

La diversidad de la diversidad en Ciudad de México

La Ciudad de México vivió la 46ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ con más de 260 mil personas de la diversidad que se reunieron para celebrar la visibilidad y el orgullo  pero también para seguir exigiendo y protestando frente a las violencias que atraviesan las personas de la diversidad. En el contexto de genocidio sucediendo en Palestina, Sudán del sur, Congo, Yemen, Haiti, Tigray, y frente al pinkwashing se organizó una ContraMarcha con la consigna “Con genocidio no hay orgullo”.

La cita para todes fue a las 10am en el Ángel de la independencia, los clásicos carros alegóricos y por lo general, los que llevan las marcas, este años estuvieron bien atrás y distanciadas de la Marcha de a pie que se dirigió hacía el zócalo en formato de marcha pero también de desfile ya que miles de personas, se quedan en los costados viendo a los contingentes pasar, cantándoles y festejando.

Dentro de la marcha hubo diversos contingentes, entre ellos el Bloque Disidente conformado por Vihve Libre, Lleca y Racismo MX, mujeres  trans adultas mayores,  quienes llevaron como consigna: “Ley integral para personas trans”, “Tipificación de transfeminicidio” y terminaron en el congreso de la CDMX con el ataúd que cargaron como ejercicio de memoria frente a las 31 personas trans asesinadas en lo que va de  el 2024. También el bloque de personas con discapacidad visibilizando el orgullo de ser quienes son y como dice una de sus integrante: “no le debemos hegemonía de nuestros cuerpos a nadie, también cojemos y también podemos ser de la diversidad sexual y nos gusta sentir placer”, junto a este movimiento marcharon personas intersexuales.

El contingente folklore mexicano conformado por Muxes, llevaron color y música. El grupo de Mujeres trans “Mariposas Negras” se ubicó a un costado del desfile con su tianguis habitual, muchos grupos variados de  batucadas y tambores a lo largo de toda la marcha, el contingente Puteril de trabajadoras sexuales junto a CLap. El contingente Bisexual este año fue muy tullido con grandes banderas y muchas personas, hubo grupo de organizaciones sociales como Yaaj y cuenta conmigo y por supuesto, el de familiares de personas Lgbtttiaq deaparecidas. En los carros se pudo ver Vaqueros mexicano: nueva generación, norteños, osos y más.

Así de plural se vivió la marcha, y algo muy llamativo fue la cantidad de familias elegidas con carteles de apoyo, así como madres, padres, hermanxs y  tixs apoyando y marchando con sus familiares LGBT+

Dentro de la ContraMarcha había personas judías con Palestina, mujeres trans, personas no binaries,  lenchas, bisexualas, maricas, personas transmasculinas que también marcharon y exigieron memorias por las 31 personas trans y disidencias asesinadas este año y por un alto al fuego.

Por 100 años de despenalización

En Lima, unas 50.000 personas LGBTQI+, familiares y aliades marcharon en el marco de los 100 años de la despenalización de la homosexualidad en el Perú. Fue el tema elegido para esta edición número 22 de la Marcha del Orgullo de Lima. Por segundo año consecutivo, tuvo que realizarse un recorrido distinto, debido a la postura conservadora del actual alcalde capitalino Rafael López Aliaga.

Este año el colectivo Marcha del Orgullo de Lima declaró como “institución no grata” al Ministerio de Salud peruano. Fue por el decreto supremo del mes de mayo que señaló a las personas trans como personas con “trastornos mentales” debido a su identidad de género. Decreto del que tuvo que retractarse este mes.

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Tras el repudio y lucha del activismo de la diversidad sexual local e internacional.

Fuente Agencia Presentes

Agencia Presentes

Alfonso Silva Santisteban.

El Ministerio de Salud de Perú tuvo que deshacer su decisión de catalogar el «transexualismo» y el «travestismo» como trastornos mentales. La clasificación se adoptó en decreto oficial el 10 de mayo. El argumento fue que era una manera de que la comunidad trans pudiera acceder a la seguridad médica. La ley especificaba como elegibles para los servicios públicos y privados de salud mental a quienes tuvieran «trastorno de identidad de género».

Esta medida contradecía la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-11 (2018) que reemplazó a la CIE-10. de 1990. En un hito histórico, se dejó de considerar la «disforia de género» como una enfermedad mental.

El decreto generó un repudio inmediato del activismo de la diversidad y organismos de derechos humanos locales e internacionales que se manifestaron para revertir la medida.

«Esto ha sido a consecuencia del trabajo de activistas y defensores de derechos humanos LGBT de todo el país», dijo la periodista y activista trans Gianna Camacho.

Cabe destacar que no es solo porque el @Minsa_Peru lo haya decidido así. Fue importante el compromiso y el tiempo de cada unx de los que estuvimos en las reuniones técnicas con ellos. De esta manera comprobamos que juntos, hermanxs LGBTQIA+, somos más fuertes ‍⚧️ https://t.co/jMsvSeYhkK

— Gianna Camacho García (@periodistatrans) June 25, 2024

En Perú no existe una ley de de identidad de género y los sectores conservadores que gobiernan se oponen a cualquier avances de derechos para las personas LGBTI+.

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Las protestas estallaron en Perú después de que las personas trans, no binarias e intersexuales fueran clasificadas como enfermas mentales, tras un decreto del Ministerio de Salud del gobierno.

Activistas de la diversidad sexual se plantaron frente al Ministerio de Salud del país el viernes (17 de mayo), coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), para exigir al gobierno que derogue el decreto.

Aunque la homosexualidad es legal en Perú y existen algunas leyes de discriminación, el país todavía no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El decreto, firmado por la presidenta peruana Dina Boluarte, define el “transexualismo” y el “trastorno de identidad de género en niños” como enfermedades mentales.

Presenta el “travestismo de doble rol”, el “travestismo fetichista” y “otros trastornos de identidad de género”  bajo la misma luz.

El decreto ha provocado revuelo, ya que Jheinser Pacaya, director de OutfestPerú, anteriormente publicó en X/Twitter que la comunidad transgénero del país sudamericano no descansará hasta su derogación.

Los manifestantes también realizaron manifestaciones frente a la embajada de Perú en Quito, la capital del vecino Ecuador.

Durante las protestas, que también marcaron el Día Internacional Contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), un día que tiene sus raíces en mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, la gente sostenía pancartas que expresaban su oposición a la legislación.

Otros se reunieron para tumbarse sobre mantas rojas, creando lo que parecía un mar de sangre, mientras sostenían carteles en contra del decreto.

La semana pasada, cientos de personas se reunieron en la capital, Lima, para protestar. “Nuestras vidas también son valiosas, vuestra indolencia nos está matando”, decía una pancarta.

En un comunicado la semana pasada, el Ministerio de Salud dijo que, a pesar del decreto, las personas LGBTQ+ no deberían ser sometidas a las llamadas terapias de conversión y señaló una resolución de 2021 que protege contra esta práctica.

Una encuesta de Ipsos del año pasado encontró que el 81 por ciento de los peruanos cree que los hombres y mujeres transgénero enfrentan una “gran” discriminación en la sociedad.

Fuente PinkNews

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La comunidad trans peruana está en alerta. El Ministerio de Salud (MINSA) emitió el 10 de mayo un decreto que considera a la identidad trans como un padecimiento mental. De esta manera, dicen, podrán pedir cobertura de salud. Esto contradice la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-11 (2018) que…

Fuente Agencia Presentes

Gianna Camacho

La comunidad trans peruana está en alerta. El Ministerio de Salud (MINSA) emitió el 10 de mayo un decreto que considera a la identidad trans como un padecimiento mental. De esta manera, dicen, podrán pedir cobertura de salud. Esto contradice la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud CIE-11 (2018) que reemplazó a la CIE-10. de 1990

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“Esta medida del MINSA lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud fomenta la violencia hacia las personas trans, porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas”, explica Leyla Huerta, presidenta de la organización de mujeres trans, Féminas Perú.

La comunidad LGBTI exige acciones concretas

La polémica desatada el pasado viernes hizo que diversas organizaciones LGBTI+ se pronunciaran a través de redes sociales. El Ministerio de Salud contestó con un comunicado al día siguiente.

Sin embargo, Manuel Siccha, abogado e integrante de la comunidad LGBT,  hace hincapié en que esta expresión de rechazo a la estigmatización de la diversidad de género y sexualidad debe respaldarse con acciones concretas que protejan los derechos y la dignidad de las personas LGBTI.

“Instamos al Congreso de la República a ejercer su función fiscalizadora y requerir al Despacho Ministerial de Salud información detallada sobre las salvaguardas implementadas para evitar la patologización y garantizar una atención integral y respetuosa para las personas LGBTI en el sistema de salud peruano. Además, cabe la propuesta para que desde la Comisión de Salud del Congreso se abra un espacio de evaluación y debate sobre esta normativa con actores importantes tanto del lado técnico, político como del lado de sociedad civil que debió ser convocada y consultada”, detalla Manuel.

Acciones a futuro 

Los diferentes colectivos, organizaciones y activistas de la comunidad LGBTI se han reunido y han determinado dos acciones. Primero, pedir la derogación de este documento oficial. Segundo, pedir que el Sistema Nacional de Salud se actualice e implemente el CIE-11, acciones que irán acompañadas de movilizaciones en las calles.

“Es imperativo que se considere la actualización del sistema de clasificación al CIE-11, que se alinee con estándares internacionales y refleje de manera precisa y no estigmatizante la diversidad de experiencias de género y sexualidad», puntualiza Manuel Siccha.

Estas acciones se suman a las que actualmente pide la comunidad trans, como una Ley de Identidad de Género o el acceso a Salud Integral Trans.

¿Este decreto supremo beneficia a las personas trans?

Diferentes especialistas de la salud peruanos han comentado a través de redes sociales que el  contenido detallado del Decreto Supremo Nº 009-2024-SA es beneficioso para la comunidad trans ya que ahora podrán recibir tratamiento hormonal gratuito.  Sin embargo, esta aparente acción positiva tiene un gran costo legal y social, puesto que le da a los antiderechos LGBT un argumento oficial para decir que las personas trans sufren un trastorno mental debido a su identidad de género.

De esta manera se verían truncados los procesos judiciales de cambio de sexo y nombres en el Documento Nacional de Identidad. Tendrían problemas para acceder a un trabajo formal, además de exponerlas a maltrato por parte de los profesionales de la salud que atienden en los centros médicos a nivel nacional.

Más preocupante aún es que esta acción por parte del Estado le ha abierto la puerta a las llamadas ‘terapias de conversión’. Ya que bajo la excusa de que “necesitan ser curadas”, las personas trans podrían ser sometidas a tratamientos violentos, deshumanizantes que hoy por hoy son considerados como tortura por los organismos internacionales de derechos humanos.

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La Resistencia es uno de los grupos de ultraderecha que ataca a organizaciones de derechos humanos, feministas y periodistas. Por qué continuan impunes.

Fuente Agencia presentes

Verónica Ferrari

Junto a “Los Combatientes” y “La Insurgencia”, la Resistencia formó el autodenominado “Frente Popular Democrático”, una agrupación de corte fascista (algunos de sus integrantes han adoptado incluso el saludo fascista) para oponerse al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Estos grupos fueron quienes intentaron llegar al Palacio de Gobierno el 6 de junio de 2021, antes la asunción de Castillo. Alineados con el Fujimorismo, a pesar que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori negó tener vinculación con ellos, realizan acciones aún impunes.

“Este grupo se encubre en un uso indebido de la libertad de expresión”, explica a Presentes la abogada de derechos humanos María Ysabel Cedano. “La Policía, el Ministerio Público, los Juzgados Penales de turno deberían accionar porque hay delito de acoso, difamación, alteración de la tranquilidad pública. Estos son delitos contra la integridad, la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Pero para el Estado, la ley y sus instituciones ellos son una organización que ejerce su derecho a la libertad de expresión”.

Antecedentes

Según una investigación del portal Ojo Público, el antecedente más antiguo fue el protagonizado por el exmilitar Pedro Rejas Tataje, cercano al expresidente Alberto Fujimori. En 2007 Rejas Tajate ingresó por la fuerza a Palacio de Justicia con un grupo de Carapintadas.

En 2012, la exsecretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, sufrió un ataque televisado en donde la escupieron. Ella es una de los tantos políticos, líderes, periodistas y activistas que han sido acosados por La Resistencia y sus ramificaciones. Autoridades como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Salas Arena han sido blanco de sus ataques, con contínuos plantones en la puerta de su casa. También han vandalizado eventos de organizaciones de derechos humanos, como la irrupción en un evento de Amnistía Internacional, en mayo del año pasado. Allí se iba a presentar un informe sobre las violencias en el marco de las protestas contra la asunción del gobierno de Dina Boluarte. Boluarte reemplazó a Castillo tras los intentos destituyentes del Congreso y el intento de autogolpe.

Tampoco han dudado en atacar espacios infantiles, como la feria para recaudar fondos que realizó la Biblioteca Miguelina Acosta, el primer antecedente de ataque a menores de edad, en mayo de 2022. También atacaron a periodistas como Gustavo Gorriti o Rosa María Palacios, yendo a sus casas y a sus lugares de trabajo.

Contra la memoria

La escultura El ojo que llora, situado en La Alameda de la Memoria, ha sido uno de sus puntos predilectos de ataque. Actualmente, y con el apoyo del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, buscan demoler la efigie que simboliza a todas las víctimas del conflicto armado interno y que es Patrimonio Cultural de la Nación.

Gisela Ortiz, vocera de los familiares de víctimas de la Masacre de la Cantuta (1992) presenció varios de estos ataques al Ojo que Llora. Señala que agrupaciones como La Resistencia tienen detrás personas y organizaciones poderosas que los protegen. Por eso no tienen temor por las denuncias.

“Hay una ‘incapacidad’ para identificar quiénes son los que operan por detrás de los que hacen el trabajo sucio. No sabemos quiénes los financian, a quiénes obedecen. Detrás de ellos hay partidos políticos pero también jefes policiales que los están protegiendo. Por eso es que en flagrancia no detienen a nadie”, dijo a Presntes.

Otro blanco de ataques fue la exposición “De qué color son tus muertos”, una muestra fotográfica sobre la masacre a 49 manifestantes por parte de la las Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. que las Fuerzas Armadas asesinaron a 49 manifestantes que protestaban contra el régimen de Dina Boluarte. Las dos veces que se realizó la muestra, fueron atacados por La Resistencia.

“Había como ocho personas de La Resistencia dentro de la casa que habíamos alquilado para el evento. Las empezamos a arrear hacia afuera. Pero esta gente comenzó a invadir el estacionamiento golpeando los vidrios de la puerta, nos pusieron un parlante, estuvieron una hora y media así”, cuenta a Presentes Mario Colán, fotógrafo de la muestra.

Sus banderas son antidemocráticas, pues no permiten el disenso ni el diálogo. Atacan a todo aquel que piense diferente a ellos. Defienden los crímenes cometidos en tiempos de Alberto Fujimori. Y son antigénero, ya que se oponen al enfoque de género en el currículo acompañando campañas de desinformación como “Con mis hijos no te metas”.

Las denuncias judiciales

María Ysabel Cedano representa a las víctimas de esterilizaciones forzadas (miles de mujeres andinas durante el régimen de Fujimori) y fue testigo de varios ataques. El 28 de septiembre de 2021 la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas realizó un plantón pacífico frente al Poder Judicial e integrantes de la Resistencia las atacaron.

«Ellas estaban ejerciendo sus libertades políticas de expresión. Hicieron la denuncia, la congresista Ruth Luque las acompañó, el Ministerio de la Mujer también, incluso identificaron al agresor, pero no lograron que la investigación prospere”, dijo a Presentes.

El agresor de estas mujeres fue Ricardo Alvarado Arias, miembro de una de las ramas de La Resistencia denominada Los Insurgentes, y quien cuenta con múltiples denuncias de agresión. A pesar de ello, sigue libre.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron en 2023 una denuncia contra La Resistencia y sus derivados ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de Crimen Organizado. Definieron a La Resistencia como «una organización criminal constituida por multiplicidad de personas, con carácter estable, permanente y organizada en el tiempo, donde sus miembros tienen tareas repartidas y cuyas actividades se orientan a cometer diversos ilícitos como el marcaje con la finalidad de dañar, lesionar, obstaculizar su libertad de accionar de algunas autoridades, personas o colectivos civiles”.El Ministerio Público investigó al colectivo pero esas 11 denuncias de acoso fueron archivadas.

«Por más que uno los denuncie ante la comisaría no hay una investigación que avance, que te identifique a los responsables cuyos nombres son públicos, cuyas caras ya se conocen, porque es gente identificada no solo por medios de comunicación, sino por diversas denuncias públicas que salen”, dijo Gisela Ortiz.

En febrero de 2024, Juan José Muñico Gonzales, alias Jota Maelo, líder de La Resistencia, fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del Instituto de Defensa Legal. Luego, la jueza dispuso que la pena se transforme en 70 jornadas de servicio comunitario.

Complicidad del Estado

La abogada Cedano señala que hay varios factores que permiten el accionar impune de La Resistencia: su vínculo con el Fujimorismo; con el partido político Renovación Popular, con altos mandos de la PNP y del Gobierno:

“Actúan así porque la ley y las instituciones no se les aplica. A pesar de que son una organización criminal que anuncia la comisión de sus delitos. La Fiscalía de Prevención del Delito, las Fiscalías Penales y la PNP no actúan. No son casos de desidia o negligencia, sino que son una organización protegida. Son una versión propia para este contexto del Grupo Colina o del Comando Rodrigo Franco (grupos paramilitares de los gobiernos de Fujimori en los 90 y García en los 80). Básicamente atentan contra la integridad, la salud emocional y mental e instalan el miedo y el terror», dice Cedano a Presentes.

A pesar de saber de su accionar, instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura se han reunido con estos grupos señalando que “todos deben ser escuchados en democracia”.

«Sirven a los objetivos de partidos políticos y al Estado, atacando a instituciones y personas que les son incómodas y que ponen en riesgo la corrupción y la violación de derechos humanos que obran en este país”, agregó Cedano.

***

Nosotros añadimos esta imagen para que se conozca a estos fascistas:

De izquierda a derecha: Ricardo Alvarado, José Luis García, Flor de los Milagros Contreras, Roger Ayachi y Álvaro Subiria, miembros de ‘La Resistencia‘ o ‘La Insurgencia‘. (Foto: Twitter)

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Fujimori, Amnistía Internacional, Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, Biblioteca Miguelina Acosta, Comando Rodrigo Franco, Con mis hijos no te metas, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Dina Boluarte, Extrema derecha, Frente Popular Democrático, Fuerza Popular, Gisela Ortiz, Grupo Colina, Gustavo Gorriti, Homofobia/Transfobia, Ideología de género, Jorge Salas Arena, Juan José Muñico González, Keiko Fujimori, La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH, La Insurgencia, La Resistencia, Lima, Los Combatientes, Machismo, María Ysabel Cedano, Mario Colán, Ojo Público, Pedro Castillo, Pedro Rejas Tataje, Perú, Rafael López Aliaga, Ricardo Alvarado Arias, Rocío Silva Santisteban, Rosa María Palacios, Violencia

El obispo de Moyobamba, encargada a la archidiócesis de Toledo, con parte de su clero RRSS

Inician una recogida de firmas porque “no podemos aceptar este tipo de bendiciones”

“Santo Padre, por el bien de la Iglesia, anule Fiducia Supplicans“. Esta es la petición que, a través de Change.org, han puesto en circulación el pasado 31 de diciembre un grupo de sacerdotes españoles para recabar firmas con la finalidad de que, apenas dos semanas después de su publicación, el papa Francisco deje sin efecto la declaración de Doctrina de la Fe “sobre el sentido pastoral de las bendiciones”

Los cuatro sacerdotes promotores -a los que se han unidos otras 19 personas consagradas y laicas- fundamentan su solicitud en su adhesión “a la verdad revelada, recogida en la Biblia y en la Tradición e interpretada por el Magisterio secular de la Iglesia”, por lo que estiman que “bendecir parejas en situación irregular o en convivencia homosexual, aunque sea de forma extralitúrgica, contradice el plan de Dios”

Esta declaración, que en la práctica supone no aplicar cuando les sea solicitada conforme a lo establecido en la nota doctrinal dicha bendición pastoral, está encabezada por ‘el clan de Toledo‘, un grupo de sacerdotes salidos de las diócesis primada (tres de ellos) y uno de Cádiz

Tirón de orejas (suave) de Cerro a los curas que se rebelan contra ‘Fiducia Supplicans’: “No es irreformable”. El arzobispo de Toledo les pide una actitud “que permita mantener la comunión con el Sucesor de Pedro”“

Excomulgan a un párroco italiano por tildar a Francisco de “usurpador”

03.01.2024 José Lorenzo

Jose Maria Cabrero Abascal RRSS

Dos días después de realizada esta petición pública, otro pastor salido de Toledo, y ahora obispo de prelado de Moyobamba, Rafael Escudero López-Brea, hacía público un ‘mensaje pastoral’ “ante el desconcierto sin precedentes provocado por la Declaración Fiducia supplicans en el clero y muchos fieles de esta Prelatura y de tantos lugares del orbe católico”.

Llegado a Perú en 2004 con el primer grupo de sacerdotes diocesanos de Toledo que atienden la prelatura de Moyobamba, y consagrado dos años después obispo por el entonces cardenal primado, Antonio Cañizares, Escudero asegura en su carta a sus sacerdotes, religiosos y fieles que “no pocos hermanos en el episcopado y sacerdotes, contraviniendo la moral objetiva de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, llevan mucho tiempo confundiendo al pueblo de Dios con la bendición indiscriminada de estas uniones objetivamente desordenadas y por lo tanto pecaminosas, incurriendo en horrendo sacrilegio”.

El obispo de Moyobamba, Rafael Escudero Prelatura de Moyobamba

“Bendecir a las parejas en una situación irregular y a las parejas del mismo sexo es un abuso grave del Santísimo Nombre de Dios, que invocan sobre una unión objetivamente pecaminosa de fornicación, adulterio, o aún peor de actividad homosexual”, afirma en su mensaje.

Por eso, asegura el obispo Escudero que, “ante la falta de claridad del documento, debemos seguir la praxis ininterrumpida de la Iglesia hasta la fecha, que es bendecir a toda persona que pide una bendición, y no a las parejas del mismo sexo o en situación irregular”.

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El arzobispo de Toledo les pide una actitud “que permita mantener la comunión con el Sucesor de Pedro”.

Tirón de orejas (suave) de Cerro a los curas que se rebelan contra ‘Fiducia Supplicans’: “No es irreformable”

05.01.2024 José Lorenzo

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Antonio Diufaín, Cádiz, Clan de Toledo, Fidei Donum, Fiducia Supplicans, Francisco Cerro Chaves, Homofobia/Transfobia, José Manuel Alonso Ampuero, Julio Alonso Ampuero, Luirían, Moyobamba, Papa Francisco, Perú, Rafael Escudero López-Brea

De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

• El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
• En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
• El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
• El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

(Pincha en la imagen para ampliarla)

Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Asesinatos, Azerbaiyán, Bangladés, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Delitos de Odio, Día Internacional de la Memoria Trans., Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irak, Italia, LGTBIfobia, México, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, Personas trans, Perú, Puerto Rico, Racismo, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Trabajo sexual, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela, Violencia LGTBIfoba, Xenofobia

Imagen de la web de Casa de América

Argentina 2023: Diario de un mal año para la igualdad y los derechos LGBT:

Este 2023 cierra con incertidumbre en Argentina. El repaso de un año de pocas buenas noticias para la diversidad sexual y la igualdad, y un rotundo avance de la derecha extrema cuestionando la agenda de derechos. Leer más…

* Protocolo anti-protesta en Argentina: por qué es ilegal y qué recomiendan abogadxs y activistas

* En su única mención al género, el DNU de Milei «convalida actos discriminatorios» en el trabajo

* Cómo la motosierra en el Estado puede atentar contra las leyes de cupo trans y de discapacidad

* Despidos en el Estado: Cupo laboral travesti trans queda fuera pero en riesgo.

* Ley Ómnibus y DNU: riesgos para el ambiente y las comunidades indígenas y campesinas.

* Ley Ómnibus: cómo afecta la reforma en políticas de género y diversidad.

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Perú 2023: Retrocesos en derechos LGBTI y aumento de transfeminicidios:

Los sectores antiderechos avanzaron contra la comunidad LGBT, en el contexto del gobierno represivo de Dina Boluarte. Leer más…

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Guatemala 2023: en medio de la crisis política, aumentó la violencia hacia personas LGBTIQ+:

Hubo al menos 34 crímenes de odio, un 20% más que en los últimos tres años. La crisis política y social agrava la violencia hacia personas LGBTI+. Leer más…

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Paraguay 2023: Avance antiderechos y antigénero en el país «Provida» y «Profamilia»

Este 2023 la desinformación y las narrativas antiderechos se instalaron desde la campaña electoral. El nuevo gobierno avanzó con políticas en esa dirección. Hasta se planteó crear el “orgullo hetero“. Leer más…

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El Salvador 2023: Personas LGBTI+ temen a las Fuerzas de Seguridad y el Congreso no trató la ley de identidad de género

Al cierre de este año, las organizaciones ven incumplimientos de leyes que garanticen sus derechos, retroceso en los espacios de diálogo y acuerdos con las instituciones del Estado salvadoreño y acoso de policías y soldados. Leer más…

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México 2023: respuestas comunitarias, desinformación y violencia que no cesa

El activismo fue protagonista este año en México. No cesó la violencia y hubo algunos avances en materia de derechos. Leer más…

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Honduras 2023: el gobierno sigue en deuda con la población LGBTI+ y crece la violencia

En los dos últimos años, fueron asesinadas 93 personas disidentes sexuales. Leer más…

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. América Latina, Argentina, El Salvador, Guatemala, Homofobia/Transfobia, México, Paraguay, Perú

Un grupo de activistas se propuso recuperar la memoria LGBT+. Un posicionamiento político ante la invisibilización.

Por Verónica Ferrari
Fotos: Archivo de la Memoria Disidente

LIMA, Perú. No es fácil encontrar la historia de la comunidad LGTBIQ+ en el Perú. Son pocas las personas que se han ocupado de sistematizar, archivar, guardar o recuperar la memoria de una población que sigue sin importarle al gobierno peruano. Más aún en la deriva conservadora en la que ha entrado a partir del gobierno de Dina Boluarte.

Abundan los ensayos históricos, académicos o de derechos humanos. Pero ¿qué hay de lo que dijo la prensa o de los propios testimonios de las personas LGTBIQ+? ¿qué hay de sus fotos o de los rastros de sus vidas? ¿qué hay de su arte y de su transgresión en el ámbito privado y público? ¿Quién rescata la memoria? Y no sólo eso sino quién la mantiene viva para que otrxs podamos escucharla y conocerla, para que otrxs podamos reflejarnos y seguir resistiendo.

Archivo Bell (Custodia de Cecybell González). Antes del viaje. China de risa, Cecybell y Crisbell en el bar Carmuti en Chiclayo.

Archivo de la Memoria Disidente Perú

Es por ello que los archivos se levantan para gritar frente al silencio, para hacer en lugar de omitir, para recordar y dejar de olvidar. En esa apuesta se encuentran Ronny Álvarez, Ana Karina Barandiarán y quien escribe esta nota. En encontrar un lugar en donde preservar la historia de los olvidados. Ese lugar ahora se llama Archivo de la Memoria Disidente y se ubica en una casa del centro de Lima dispuesta a recibir a quien quiera saber más de esta historia.

Del libro al archivo

Álvarez nos cuenta cómo nace la idea del archivo: “Surge debido a la inexistencia de un archivo de la memoria LTGBIQ+ en el Perú, a lo que su suma una sistemática y estructural política de borramiento por parte del Estado peruano y sus instituciones públicas.

Esto ha tenido definitivamente una repercusión en la sociedad. Podríamos decir que el germen que detonó la idea fue la celebración del Bicentenario, ya que al momento de preparar algunos hitos sobre las vivencias LTGBIQ+, nos dimos con la sorpresa que no existía un archivo de ningún tipo que recuperara nuestras existencias”.

Material con el que se está gestando el archivo.(pincha en las fotos para agrandarlas)

Esos hitos se convirtieron en Estampas maricas, una colección de relatos ilustrados, escritos en tándem por Álvarez, Ferrari y Carlos Jaramillo, que reivindican la memoria LGTBIQ+ de la Lima republicana, publicada en 2023 por la editorial Gafas Moradas. Este libro lleva a la ficción distintos episodios históricos peruanos sucedidos entre los siglos XIX y XX. Incluye también una historia basada en la cultura prehispánica moche.

 Lxs autorxs recuperan un pasado despreciado y negado y lo reinscriben en la historia, reclamando el espacio que merece. Las diez estampas que componen el libro constituyen un trabajo arduo de (re)construcción basada en la búsqueda de evidencia material sobre las vivencias y existencias de sujetos de la diversidad.

Como señala la presentación del libro: “Estampas maricas de Lima se opone a la invisibilidad y negación de las disidencias sexuales en nuestra historia, reafirma que siempre han existido. El libro deja al descubierto una verdad innegable: la diversidad siempre ha sido parte de nuestra historia. Esta recuperación, rescate y (re)construcción del pasado «marica/machona/travesti» busca reafirmar el presente e iluminar el futuro de la comunidad LGTBIQ+ peruana que está, estuvo y siempre estará”.

Un vacío en la historia

¿Pero en qué consiste el trabajo que se hace en el archivo? Barandiarán nos comenta desde España, -en donde estudia una maestría en archivo documental- que este archivo consiste en recuperar vivencias y evidencias de las existencias LGTBIQ+, principalmente a través de fotografías, testimonios y material audiovisual.

Aparte del acervo que tienen de libros, investigaciones, estudios, afiches, postales y recortes de prensa en donde se acumulan décadas de historia disidente. “Hay un enorme vacío que como sociedad civil tenemos que ir llenando, sobre todo de las historias lésbicas y trans. Estas historias se pierden en la oralidad, pasa de boca en boca y se queda para algunxs iniciadxs. O también cuando una persona fallece y la familia se encarga de botar o quemar sus cosas. Sus historias de pronto son borradas. Nosotrxs queremos que estas vidas no se pierdan y las conozcan todxs”.

Álvarez añade que “el archivo es una invitación abierta para todas las personas que desean compartir sus vivencias”. A su vez sabe que el mejor trabajo es el que se hace ‘puerta a puerta’, por lo que el archivo se mueve por las diferentes regiones para recuperar esas vivencias cotidianas que han estado ‘invisibilizadas’ y que se muestran en la plataforma del fanpage y el Instagram”.

El archivo se mantiene sólo de la autogestión de sus impulsorxs en un país que difícilmente apuesta por poblaciones como la LGTBIQ+. Pero ya era hora de empezar a recuperar esta historia no sólo en Lima, sino en todo el Perú. Por eso esperan que surjan más iniciativas así, en donde se puedan encontrar, en espacios físicos, dentro de archivadores, la historia de todos los peruanos y peruanas.

Martín Jaime, Alithu Bazán y Ronny Álvarez.

4 de octubre de 2023

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Archivo de la Memoria Disidente, Diversidad sexual, Memoria Disidente, Personas LGTBIQ, Perú

El cónclave fue convocado por Equa, un espacio internacional integrado por organizaciones LGBTIQA+ de diversos países, entre esos el Movilh de Chile.

Un encuentro internacional sobre los discursos de odio que afectan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y otras (LGBTIQA+) convocó la semana pasada en Lima a  activistas de la diversidad sexual y de género, a autoridades y a académicos/as de diversos países.

Denominado “Por una defensa activa frente a los discursos de odio por orientación sexual o identidad de género”, el cónclave fue convocado por Equa, un equipo iberoamericano de análisis y respuesta a los grupos anti derecho  que integran Promsex de Perú; Caribe Afirmativo de Colombia; Fundación Triángulo de España y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de Chile.

“Actualmente, el odio está aumentando en todo el mundo con discursos que incitan a la violencia, socavan la cohesión social y la tolerancia, y causan daños psicológicos, emocionales y físicos a las personas afectadas. Sin embargo, este discurso de odio no solo afecta a los individuos y grupos específicos a los que se dirige, sino también a las sociedades en general”, señaló Equa.

“Lamentablemente, su efecto devastador no es nada nuevo, pero su escala e impacto son mayores que nunca por el mal uso de las nuevas tecnologías, convirtiendo el discurso de odio en uno de los métodos más frecuentes para difundir retóricas e ideologías divisorias a escala global. El anonimato que proporcionan las redes sociales ofrece a quienes fomentan el rechazo a la diversidad LGTBIQ+ un espacio idóneo para publicar y expandir su discurso homofóbico y transfóbico”, añadió Equa

Durante el encuentro, apoyado por el Ayuntamiento de Sevilla, expusieron activistas, académicos y/o autoridades de Bolivia, Colombia, Chile,  España, Perú, Paraguay, México, quienes analizaron el estado presente y pasado de los discursos de odio y ahondaron en estrategias y medidas para hacer frente a la discriminación

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Ayuntamiento de Sevilla, Bolivia, Caribe Afirmativo, Chile, Colombia Fundación Triángulo, Encuentro Internacional LGBTIQA+, Equa, España, Lima, México, MOVILH, Paraguay, Perú, Promsex