Jack Phillips, el tristemente conocido pastelero de Denver que, tras un largo periplo judicial por negarse a hacer la tarta de boda de una pareja gay, obtuvo el fallo favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, regresa a la justicia federal por otro episodio de discriminación. En este caso, la afectada es la abogada Autumn Scardina, una mujer trans a la que Masterpiece Cakeshop negó un pastel para la doble celebración de su cumpleaños y de los cambios de género con la excusa «de sus creencias religiosas». Scardina explica que «la mujer del teléfono me dijo que no hacían pasteles para celebrar los cambios de género». Ante la tránsfoba negativa, añade la mujer denunciante, «me quedé atónita». Por su parte, Alliance Defending Freedom (una organización cristiana ultra), ha argumentado, en apoyo al pastelero, que las protecciones de Colorado para las personas trans son «abierta y descaradamente hostiles hacia la religión».

El nuevo episodio de LGTBfobia que salpica a Jack Phillips se remonta al 26 de junio de 2017. La abogada Autumn Scardina llamó por teléfono a Masterpiece Cakeshop para realizar el pedido personalizado de una tarta. «Me preguntaron cómo quería que se viera el pastel y expliqué que celebraba mi cumpleaños el 6 de julio de 2017 y que también sería el séptimo año de mi transición de hombre a mujer». Así figura en la denuncia de Scardina a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. «Cuando les expliqué que soy tran y que quería mi pastel de cumpleaños para celebrar mi transición con un exterior azul y un interior rosado, me dijeron que no harían el pastel de acuerdo a sus creencias religiosas», agrega la denunciante.

Autumn Scardina no ha aclarado si en el momento de realizar el encargo conocía que esa misma pastelería y su regente era la protagonista del caso de discriminación homófoba que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Según alega Kristen Waggoner, del grupo de odio Alliance Defending Freedom, «el Estado de Colorado ignora el mensaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos al seguir señalando a Jack para castigarlo y mostrar hostilidad hacia sus creencias religiosas». Con este último argumento como epicentro, y de forma rocambolesca, Phillips se negó a la conciliación amistosa con Scardina, tal y como proponía la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y decidió adelantarse en esta ocasión, convirtiéndose él en demandante ante la justicia federal (arrogándose el falso rol de «víctima» a su libertad religiosa).

En la demanda del pastelero figura, literalmente, la siguiente acusación contra el gobierno demócrata de Colorado: «durante más de seis años, Colorado ha estado en una cruzada para aplastar al demandante Jack Phillips … porque sus funcionarios desprecian lo que él cree y cómo practica su fe». En la misma línea victimista y victimizante, el texto de la denuncia incluye que «la Constitución se erige como un baluarte contra los funcionarios del Estado que atacan a las personas y tratan de arruinar sus vidas debido a la animadversión antirreligiosa del gobierno». La Ley Contra la Discriminación de Colorado prohíbe que los lugares públicos discriminen a las personas por su género o por su orientación sexual.

El caso del pastel nupcial de una pareja gay

Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final era de 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se inclinaban de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se alineaban con el pastelero. ¿Qué pasó para que se produjera una mayoría tan clara? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. El texto, cuyo ponente fue precisamente Kennedy, señala que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según la interpretación de la mayoría, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del Estado no evaluaron con la objetividad a la que estaban obligados los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

Fuente Dosmanzanas

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Tras ganar las primarias demócratas en Vermont, Christine Hallquist es la primera aspirante abiertamente trans, por uno de los dos grandes partidos, para el cargo de gobernador de un estado norteamericano. Su nominación puede considerarse ya un hito de la visibilidad trans en la política, aunque a priori cuente con pocas posibilidades de desbancar al actual gobernador republicano Phil Scott en las elecciones de noviembre. Más fácil lo tiene el congresista demócrata Jared Polis, que se presenta por Colorado. Polis sería el segundo gobernador abiertamente gay y la tercera persona abiertamente LGTB en acceder a esta posición.

Christine Hallquist trabajó durante doce años como directora ejecutiva de la Vermont Electric Cooperative, una compañía energética estatal a la que salvó de la bancarrota. Su proceso de reasignación de género se produjo en 2015, mientras aún estaba a los mandos de la empresa. Su hijo Derek Hallquist grabó un documental sobre estos años, titulado Denial.

La candidata se impuso con relativa comodidad (48,4 % de los votos) a sus tres rivales en las primarias celebradas el pasado martes. Lo tendrá más difícil, sin embargo, para conquistar el puesto de gobernadora de Vermont en las elecciones del próximo 6 de noviembre, ya que las encuestas prevén que el republicano Phil Scott revalidará el cargo.

La candidata demócrata, en cualquier caso, ya ha hecho historia al convertirse en la primera persona abiertamente trans en optar al gobierno de un estado norteamericano. El equipo de Hallquist espera mejorar sus opciones conforme vaya avanzando la precampaña y la aspirante se vaya dando a conocer, tanto a nivel local como nacional. Entre los asuntos que piensa destacar se encuentran la lucha contra el cambio climático, la mejora del acceso a Internet en las zonas rurales del estado o la cobertura sanitaria universal.

La directora del LGBTQ Victory Fund, organización que da apoyo a candidatos abiertamente LGTB que no defiendan políticas homófobas con independencia de su partido, ha saludado la candidatura de Hallquist. «La victoria de Christine es un momento crucial en el movimiento para la igualdad trans», afirmó Annise Parker, destacando que los demócratas optaron por ella «no por su identidad de género, sino porque es una candidata abierta y auténtica con una larga historia de servicio al estado y que habla de los asuntos que más les importan a los votantes».

Otros candidatos a gobernadores abiertamente LGTB

Otras dos candidaturas de personas abiertamente LGTB han triunfado en las primarias de los 36 estados que celebrarán elecciones para renovar a sus máximos representantes en noviembre. Se trata de la actual gobernadora de Oregón, Kate Brown, y del congresista Jared Polis, que aspira a suceder al gobernador demócrata de Colorado.

En febrero de 2015, Brown se convertía la primera gobernadora abiertamente bisexual de la historia de Estados Unidos y la segunda persona LGTB en acceder a este cargo. El único precedente era el de James McGreevey, exgobernador de Nueva Jersey, que en 2004 anunció su condición homosexual poco antes de dimitir. Brown sí fue la primera que accedió al cargo siendo una persona LGTB visible. Ahora se enfrenta a la reelección con las encuestas a su favor.

Por su parte, Polis fue el primer congresista abiertamente gay en el momento de ser elegido por primera vez en 2008. Ha revalidado su escaño en la Cámara de Representantes en 2010, 2012, 2014 y 2016. Ahora ha ganado las primarias demócratas para gobernador de Colorado y aspira a suceder a su compañero de partido John Hickenlooper, que ha agotado su mandato. Los sondeos también le son favorables.

Fuente Dosmanzanas

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Brutal agresión de posible carácter tránsfobo en Valladolid. El agresor de 15 años ha confesado la autoría de la brutal paliza. Los hechos se produjeron este domingo pasado.

Alrededor de las seis y media de la mañana del domingo, los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur dieron aviso a la Policía y a los servicios de Emergencias tras encontrar a una persona inconsciente, desnuda de cintura para abajo y que posiblemente había sido víctima además del robo de un bolso. No ha trascendido su identidad, pero podría tratarse, de acuerdo a la prensa local, de una persona transgénero o percibida como tal. El autor de la agresión, menor de edad, se ha entregado voluntariamente.

La persona agredida, de alrededor de 55 años, fue trasladada inmediatamente, por Emergencias Sanitarias-Sacyl, con pronóstico muy grave al Hospital Río Hortega de Valladolid, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus heridas.

En la misma tarde del domingo, un menor de 15 años de edad, acompañado de su madre, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional en la Comisaría que la Polícia Nacional tiene en la calle Gerona, en el barrio de las Delicias, y declaró ser el autor de la brutal paliza. Se le acusa de los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

A la espera de que avance la investigación, no parece que existiera relación previa entre agresor y víctima, no habría conexión entre la víctima y el agresor, a la espera de la declaración de ambos. Por el momento, solo cuentan con la declaración de una de las dos partes, debido a la incapacidad de la agredida, que permanece ingresada en el hospital, de dar testimonio como consecuencia de la gravedad de sus heridas.  La Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, que investiga el caso, no excluía a priori que la agresión pueda tipificarse como delito de odio «vinculado con la identidad sexual de la víctima», sin embargo, la Policía Nacional de Valladolid, tras interrogarlo, parece que por el momento opta por no considerarlo delito de odio.

La Fiscalía de Menores ha decretado este martes el ingreso en el Centro de Menores de Zambrana del joven que confesó haber agredido a una mujer transexual, de 55 años, a la que le robó un bolso a las puertas del centro comercial Vallsur de Valladolid.

Por el momento no han trascendido más datos de lo sucedido, lo que nos obliga a ser cautos. Sin embargo, al margen de que se cometiera además un robo, con lo poco que se conoce resulta plausible pensar que se ha tratado de una agresión de carácter tránsfobo, sea porque la víctima fuera una persona trans o porque fuese percibida como tal.

Lo que sí es indiscutible (una vez más) es el tratamiento irrespetuoso de lo sucedido por parte de diversos medios generalistas, como bien señalaba en Twitter el activista David Jiménez, que hacía una recopilación de algunos de los titulares iniciales (que hablaban directamente de «un hombre vestido con ropas de mujer»):

Mandan a quien posiblemente sea una persona trans a la UCI muy grave en Valladolid y la @policia investigando si es delito de odio. No sé, lo mismo la agredieron por ser fan del Atleti ‍♀#LGTBIfobiaCriminal https://t.co/ZxIZoAKVl3

— David Jiménez (@DavidJimenezU) 13 de agosto de 2018

La prensa, cómo no, aportando su granito de arena para que el caso dé más asco aún. Ni vestido ni disfrazado de mujer, puede ser que fuese una mujer trans o incluso simplemente alguien vestido como le da la gana. #Transfobia pic.twitter.com/0zxMuowXR4

— David Jiménez (@DavidJimenezU) 13 de agosto de 2018

La FELGTB denuncia los titulares tránsfobos sobre la agresión de Valladolid y recuerda la importancia del lenguaje al tratar la diversidad sexual y de género

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado públicamente la transfobia de numerosos medios de comunicación en su modo de recoger la noticia de la agresión del pasado domingo en Valladolid. La FELGTB recuerda en su comunicado la importancia del lenguaje al tratar la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación.

El tratamiento de lo sucedido por parte de diversos medios generalistas ha sido irrespetuoso, ya que en su titulares se hablaba directamente de «un hombre vestido con ropas de mujer», y que ahora la FELGTB denuncia. «Estamos hartas de que no se nos respete y se nos trate con una identidad que no es la nuestra», asegura Victoria Agud, activista trans de la organización. «Los medios de comunicación son tan culpables como el agresor, al incitar la transfobia y la discriminación» añade, con dureza.

La FELGTB ha aprovechado para recordar que, junto a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en su momento elaboró una Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación, que pretende ser una herramienta para que los medios usen un lenguaje inclusivo y riguroso. «Los delitos de odio, ya sean de violencia machista, LGTBIfóbicos o de cualquier otra índole, aumentan en número cuando son respaldados por un discurso de odio y más aún si ese discurso parte de los medios de comunicación, responsables de informar desde el respeto y la diversidad», explica la FELGTB, que exige a los medios que han publicado esta noticia con lenguaje tránsfobo (entre los que incluye a medios tan conocidos como El Mundo, Antena 3, 20 Minutos, Diario de Sevilla o la agencia Europa Press) que la rectifiquen y la publiquen con un lenguaje inclusivo.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/FELGTB

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La Cámara de Diputados, el parlamento unicameral de Luxemburgo, aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley que simplifica los trámites para modificar el nombre y el sexo legales. La norma, adoptada por abrumadora mayoría, permitirá la inscripción de los nuevos datos personales mediante una solicitud al Ministerio de Justicia y elimina el requisito de presentar informes psiquiátricos o someterse a tratamientos hormonales, intervenciones médicas y esterilización. En el caso de menores de edad, será necesario el consentimiento parental.

El texto aprobado coloca a Luxemburgo en el cada vez más numeroso grupo de países que incorporan a sus legislaciones el principio de autodeterminación de género. La nueva ley elimina de forma explícita la necesidad de haberse sometido a tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas o esterilización. La persona interesada solo tendrá que enviar una solicitud motivada al ministerio de Justicia para reclamar la modificación del nombre y el sexo legal. Deberá justificar, eso sí, que utiliza la identidad de género especificada en su vida privada y laboral.

Para el cambio del nombre y el sexo legal de un menor de edad, sin embargo, será necesario el consentimiento de sus progenitores. Si hay desacuerdo decidirá un tribunal, salvo si se trata de un menor de cinco años, en cuyo caso siempre se tendrá que pronunciar la justicia. La norma también será aplicable a los extranjeros que hayan residido al menos un año en el país.

La tramitación del proyecto de ley, que presentó el Gobierno luxemburgués en mayo de 2017, se ha prolongado durante más de un año. Finalmente, la Cámara de Diputados le ha dado luz verde por 57 votos a favor frente a tres en contra, los de los representantes del derechista Partido Reformista de Alternativa Democrática (ADR). Las formaciones de la coalición de Gobierno entre liberales, socialistas y verdes han sumado también el apoyo de los democristianos y la izquierda anticapitalista.

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Luxemburgo por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura, como antes ya suciedese con  Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica, Noruega, o Portugal,  en Europa. En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En el Congreso se presentó una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en agosto, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registró en pasado marzo, también en el Congreso, una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta de los «morados» contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

General, Historia LGTBI ADR, Argentina, Despatologización, Dinamarca, Discriminación, Grecia, Intersexualidad, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nepal, Personas transgénero, Portugal, Transexualidad

Jonathan jurando bandera en el 2008

Un hombre transexual, que llevaba casi veinte años trabajando como militar en el Ejército de Tierra, ha sido despedido por el Ministerio de Defensa por «insuficiencia de condiciones psicofísicas», a pesar de tener un contrato con validez hasta el año 2026, según recoge eldiario.es. Cabe señalar que la baja fue publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, donde se refirieron al ya exmilitar como «Doña Jonathan».

Jonathan entró en las Fuerzas Armadas hace diecisiete años, cuando todavía conservaba el nombre y el sexo legal femenino que le fueron asignados al nacer, aunque ya había iniciado el tratamiento hormonal. Ya desde sus primeros años solicitó que le llamasen Jonathan, y en el seno del Ejército continuó su proceso de transición. Sin embargo, según ha contado él mismo, su vida militar pasó de ser un sueño hecho realidad a convertirse en una pesadilla. Sobre todo, por la multitud de burlas, vejaciones, insultos y faltas de respeto con las que tuvo que lidiar casi desde el primer día. De hecho, jamás se sintió comprendido entre sus compañeros y superiores. «Te acostumbras a todo. Me acostumbré a aguantar la orina hasta la última hora. Esperaba a que no hubiese nadie para entrar y salir corriendo», contó en una entrevista reciente.

Su carrera militar está llena de altibajos. En 2005, abandonó las Fuerzas Armadas, pero se reincorporó tres años más tarde, tras superar nuevamente los tests femeninos, única opción que le ofrecieron pese a que su transición física estaba ya avanzada. Poco después, en abril de 2009, realizó por fin el cambio de la mención registral de su sexo. Para entonces, ya hacía unos meses que había sido aceptado en un grupo de reconocimiento de la Legión. En 2014, decidió cesar en su destino asignado y pedir una baja, para someterse a una intervención quirúrgica programada dentro de su proceso de transición.

El principio del fin comenzó cuando a Jonathan se le diagnosticó un trastorno ansioso-depresivo y problemas en las piernas. En abril de 2017 la Inspección general de Sanidad del Ministerio de Defensa determinó que esas condiciones no le impedían desempeñar sus funciones de su Cuerpo, pero dos meses después la Junta de Evaluación le propuso como no apto y sugirió que le rescindiesen su contrato, que tenía validez hasta el 2026. Finalmente, Defensa ha decidido despedirlo alegando «insuficiencia de condiciones psicofísicas, ajenas a acto de servicio». Una circunstancia que aparece en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicado el pasado 28 de junio, donde, además, se refieren al militar como «Doña Jonathan».

Él, sin embargo, considera que detrás de su despido hay una clara discriminación por su condición de hombre transexual. «Mi baja está vinculada con que sea transexual. Prefieren quitarme de en medio y no tener que afrontar el problema. Todavía no tienen habilitados los acuartelamientos al siglo en el que estamos, no hay duchas individuales. Tengo prohibida la entrada a baños masculinos y femeninos», explica a eldiario.es. No en vano, Defensa ha señalado que a día de hoy no tiene ningún tipo de protocolo o estrategia para evitar que las personas trans sean discriminadas y lograr que se sientan integradas en el Ejército.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Discriminación, Ejército, Jonathan (militar trans), LGTBfobia, Personas transgénero, Transexualidad, Transfobia

Magnífica noticia: la Asamblea de Portugal ha aprobado con mínimos cambios (referidos a los menores de 16 a 18 años) la nueva ley de identidad de género, que el presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, había vetado en mayo. El voto positivo del Partido Comunista, que cuando se votó el proyecto por primera vez se abstuvo, permite además que el texto cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara, lo que asegura su aprobación en caso de que el presidente insista en bloquearla.

La nueva ley elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se puede solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la primera versión de la ley fue aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.

El presidente de la República Portuguesa, sin embargo, decidió vetar la ley (en nuestra anterior entrada lo explicamos con detalle) y pidió a la Asamblea que introdujese como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. La situación se complicaba por el hecho de que la abstención comunista dejaba la ley sin mayoría absoluta, necesaria para levantar el veto presidencial.

Finalmente, Partido Socialista, Bloque de Izquierda PAN acordaban presentar una enmienda al artículo 7 del proyecto que introduce, en el caso de los menores, el requisito de un informe médico o psicológico, pero no para certificar ningún diagnóstico, sino para acreditar que el menor que hace la petición lo hace de forma libre e informada y cuenta con su consentimiento expreso. La enmienda señala expresamente que dicho informe no podrá incluir referencias a ningún tipo de diagnóstico relacionado con la identidad de género. Se trata de una solución «intermedia» que ha sido además apoyada por Verdes, Partido Comunista y por la diputada Teresa Leal Coelho, del PSD, lo que permite que la redacción final de la ley cuente, en este caso sí, con mayoría absoluta. En caso de nuevo veto presidencial, por tanto, la Asamblea podría levantarlo sin necesidad de cambiar el texto.

Esperemos que en esta ocasión Marcelo Rebelo de Sousa sancione la ley, que colocará a Portugal en el grupo de países más avanzados de Europa por lo que al reconocimiento de la autodeterminación de género se refiere.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Portugal sigue el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega,  que también han actualizado en los últimos años sus leyes para adaptarlas al principio de autodeterminación de género. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 no ha sido todavía actualizada, por lo que sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en julio, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente Dosmanzanas

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Críticas a un socorrista por su falta de sensibilidad.

El monitor prohibió a un joven transgénero bañarse con camiseta. 

 Le espetó “la normativa es la normativa”.

Un grupo de unos 60 adolescentes del Gazte Rock, un campamento musical organizado por la Diputación Foral de Álava, se solidarizaban el pasado miércoles con un compañero trans al que un socorrista prohibió bañarse con camiseta en una piscina. Los jóvenes se arrojaron al agua con sus respectivas camisetas, lo que provocó que el socorrista avisase a la Ertzaintza.

Lo sucedido ha despertado debates en redes sociales (muchos de ellos teñidos de transfobia) sobre si la obediencia escrupulosa a las normas de este tipo de instalaciones está por encima del respeto a la dignidad de las personas trans, que a diario se tienen que enfrentar a situaciones personales de gran incomodidad. Un debate que a nuestro juicio lo que pone de manifiesto es la urgente necesidad de incorporar al cuerpo normativo de todo tipo de instituciones la realidad de las personas trans.

El incidente ocurrió el miércoles por la mañana en la piscina municipal de Salinas de Añana, en la provincia de Álava. Según explicaron a El Correo familiares de los chicos, todo comenzó cuando un adolescente trans que se encuentra en pleno proceso de cambio físico para acomodar su cuerpo a su identidad de género quiso bañarse con la camiseta para no mostrar su torso desnudo. El socorrista se lo prohibió, de acuerdo a las normas de uso de la instalación. Hasta ahí todo normal. Fue entonces cuando otros chicos e incluso monitores de la colonia le explicaron las razones por las cuales el chico no quería quitarse la camiseta. El socorrista, tras conocer la situación, siguió negándose. Según la versión de los familiares, utilizó además un tono amenazante.

Fue en ese momento cuando el resto de chicos, de forma espontánea, se pusieron de acuerdo para arrojarse con sus respectivas camisetas a la piscina, al grito de «¡Con camiseta!», como se puede apreciar en un vídeo que recoge el momento y que ha sido ampliamente difundido en redes sociales. El activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia Rubén López lo difundía por ejemplo el jueves en su cuenta de Twitter. «¡Bravo por los compañeros!», se felicitaba por la actitud de los chicos. El mensaje conseguía en pocas horas miles de retuits:

Los niños de un campamento en Salinas de Añana (Álava) se lanzan todos a la piscina con camiseta por solidaridad tras la prohibición del socorrista de que un compañero trans se pudiera bañar con camiseta. El socorrista acabó llamando a la Ertzainza. ¡Bravo por los compañeros! pic.twitter.com/lLRSdq5Pem

— 🏳️‍🌈Rubén López🏳️‍🌈 (@rubenlodi) 12 de julio de 2018

El socorrista acabó llamando a la Ertzaintza (policía autónoma vasca). Según la crónica de El Correo, fuentes policiales reconocen que en efecto se recibió una comunicación desde Salinas de Añana en la que un adulto alertaba de un «tumulto o intento de linchamiento» en las instalaciones de la piscina, pero cuando los agentes se personaron allí los chicos, acompañados de sus monitores, ya habían abandonado las instalaciones.

El Ayuntamiento de Salinas de Añana ha mostrado su pesar por lo ocurrido, que consideran un malentendido. Clemente Pérez de Nanclares, concejal que se personó también en la piscina tras el incidente para conocer lo ocurrido, ha declarado a la cadena SER que el socorrista «no tuvo mala intención e hizo lo que hizo aplicando la normativa», aunque también ha reconocido que la reacción de los chicos es perfectamente entendible y que incluso la comparte. «Yo habría hecho lo mismo. Entiendo que salieran rebotados, pero hemos hablado con los monitores y todo está arreglado», añadía en esas mismas declaraciones.

Cuando los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia, comenzaron a aparecer opiniones encontradas. Pese a que la mayoría de usuarios está de acuerdo en aplaudir la solidaridad de los compañeros del joven implicado, también han señalado que no bañarse con ropa es una prohibición común en todas las piscinas y que los socorristas solo hacen su trabajo.

Más allá del propio incidente, que gracias a la reacción de los chicos incluso nos deja buen sabor de boca, lo sucedido pone de manifiesto dos realidades sobre las que conviene incidir. En primer lugar, la necesidad de acomodar las normas y el funcionamiento de instalaciones públicas a la realidad trans.  Como bien ha señalado el colectivo Lumagorri, es necesario que las instituciones públicas formen de manera obligatoria en materia de diversidad a todo su personal, sea directo o subcontratado. Desde la asociación, han catalogado este hecho como agresión transfóbica y exigen a las instituciones que tomen medidas. Consideran que estos hechos son “inadmisibles” y que “adquieren una mayor relevancia al ocurrir en un recinto público, con un socorrista contratado para dar un servicio público como es el de atender unas piscinas municipales”.

Exigimos formación obligatoria en materia de diversidad para todo el personal público (directo y subcontratado) para que episodios como el de Salinas no se repita jamás #stoptransfobia

— Lumagorri (@Lumagorrihat) 13 de julio de 2018

En segundo lugar, como bien demuestran muchas de las reacciones al tuit de Rubén López (cargadas de odio y transfobia y que preferimos no reproducir), basta un pequeño incidente como este para despertar la LGTBfobia de muchas personas, que se escudan en argumentos del tipo de «las normas están para cumplirse» para evitar cualquier reflexión sobre la necesidad de situar el respeto a la diversidad como valor primordial y de paso mostrar su inquina hacia la reivindicación de los derechos de las personas trans.

Como el propio López señala en tuits posteriores, «una norma administrativa local no puede violar la dignidad de una persona, y en este caso podía ocurrir esto. El socorrista fue a lo fácil, pero en este caso, a lo inhumano. Esa decisión podía hacer mucho daño a una persona, porque no está adecuada a la realidad trans. Era tan fácil como realizar una excepción, llamar a un superior si tiene miedo de incumplir las normas (lo cual es legítimo, se juega su trabajo) antes, para preguntarle si permitir esa excepción, pero llamar después al alguacil para expulsarles a todos… Eso sí implica malicia. La clave de todo esto es la empatía».

Fuente Dosmanzanas /Cáscara Amarga

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Un año más hemos vivido la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI, culminación reivindicativa de la fiesta popular más multitudinaria de Madrid. Tras la inmensidad y el desbordamiento que supuso en 2017 el World Pride, este año la celebración ha recuperado un cierto sosiego, aunque la asistencia de gente fue otra vez impresionante. Este 2018 también nos ha traído un acento más activista, que este año ha tenido como protagonista a la comunidad trans, cuyos derechos han ocupado el centro del discurso, tanto entre los colectivos participantes como en el manifiesto que fue leído en la Plaza de Colón. 

Esperábamos con curiosidad ver cómo se desarrollaba este Orgullo LGTBI, el primero que se celebraba después de que en 2017 la Manifestación Estatal culminase un ciclo histórico, durante el cual una pequeña movilización reivindicativa de unos pocos miles de activistas se ha transmutado en el eje central de la principal fiesta de Madrid, con una capacidad de atracción nacional e internacional similar a la de otras grandes fiestas de España. La celebración del World Pride coincidía, en este sentido, con la conmemoración del 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI en el Estado español, que tuvo lugar en Barcelona en 1977. Madrid superó con nota la papeleta, pero al mismo tiempo alcanzó una cota imposible de superar.

Visto lo visto ayer (es una valoración subjetiva, por supuesto) creemos que se está en el buen camino, despejados algunos de los excesos del World Pride. La fiesta está consolidada (es imposible saberlo con certeza, pero una vez más cientos de miles de personas ocuparon el centro de Madrid para participar de una forma u otra en alguna de las celebraciones), y es además una fiesta que podemos sentir 100 % nuestra. Pero también advertimos los esfuerzos por recuperar la centralidad de la reivindicación, algo por lo que se debería seguir trabajando en próximas ediciones.

La cabecera, con dos ministros del Gobierno socialista y sin el PP

La manifestación la abrían los presidentes de sus dos entidades convocantes (Uge Sangil, de  FELGTB, y Jesús Grande, de COGAM). Junto a ellos, el activista trans y vicepresidente de la FELGTB Mané Fernández. La cabecera estuvo repartida entre dos pancartas: la primera, con el lema «Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad», mientras que la segunda rezaba «Ley Igualdad LGTBI y Pacto de Estado frente al VIH ¡Ya!».

Purificación Causapié, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Montón y Adriana Lastra

Lo que no es subjetivo es el éxito de convocatoria del que la manifestación goza entre la clase política, que esperemos se materialice pronto en avances legislativos. Este año, tras el reciente cambio de Gobierno, dos ministros ocupaban los puestos de honor: el ministro del Interior, el abiertamente gay Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón (ambos, por cierto, posaron muy amablemente para dosmanzanas mientras esperaban ocupar su puesto tras la pancarta). El Ayuntamiento estaba representado por Celia Mayer, la delegada de Políticas de Género y Diversidad.

Los ministros de @interiorgob, Grande-Marlaska, y @sanidadgob, @CarmenMonton, participando también en la manifestación del #Orgullo2018 #PRIDE
“Conquistando la igualdad,
TRANSformando la sociedad” pic.twitter.com/RX6TCrO7sW

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 7 de julio de 2018

Junto a ellos, numerosos representantes de partidos políticos y organizaciones sociales. No los mencionaremos a todos, pero no podemos dejar de destacar, por parte del PSOE, a su vicesecretaria general, Adriana Lastra; Carla Antonelli (activista y diputada en la Asamblea de Madrid); Ángel Gabilondo (portavoz en la Asamblea) y Purificación Causapié (portavoz en el Ayuntamiento). Podemos estuvo representado por Lorena Ruíz-Huerta (portavoz en la Asamblea) y Sofía Castañón (diputada), aunque también se encontraba presente, en una segunda línea, el casi seguro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, el también diputado Iñigo Errejón. Ciudadanos, por su parte, estuvo representado por su presidente, Albert Rivera, Begoña Villacís (portavoz en el Ayutamiento), Ignacio Aguado (portavoz en la Asamblea) y Bosco Labrado (concejal).

Dosmanzanas pudo charlar con dos de las representantes de las fuerzas políticas que han propiciado el cambio de Gobierno en España. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, nos transmitió su esperanza de que tanto la ley de igualdad LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género culminen pronto su tramitación parlamentaria y que coloquen de nuevo a nuestro país en vanguardia de los derechos LGTB. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, se mostró por su parte confiada en que la ley de igualdad LGTBI se apruebe sin cambios que desnaturalicen el trabajo que su formación llevó a cabo con los colectivos. Ruiz-Huerta también consideró «nefasta» la situación que se vive en la Comunidad de Madrid, donde la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea permanece de facto bloqueada por su falta de desarrollo. «Aquí están las consecuencias: este año el Partido Popular ha sido vetado para estar en la cabecera de la manifestación por sus actitudes tránsfobas y absolutamente intolerables, al negarse a desarrollar una ley que ha sido aprobada por la voluntad popular. Pero no solamente eso: el Partido Popular ha permitido que organización tránsfobas como HazteOír hagan apología de la transfobia», nos comentó la portavoz de Podemos en la Asamblea.

También estuvieron en la cabecera Juantxo López de Uralde (Equo), Vanesa Angustias (IU) y los secretarios generales de UGT (José María Álvarez) y Comisiones Obreras (Unai Sordo). Otra persona que estuvo en la cabecera es Beatriz Becerra, elegida en las listas de UPyD y hoy eurodiputada independiente adscrita al grupo liberal europeo, que realiza, por cierto, un gran trabajo en favor de los derechos LGTBI en el Parlamento Europeo.

Este año, sin embargo, no hubo representación de la Comunidad de Madrid, como sí había ocurrido en los dos años anteriores. Los colectivos convocantes no le cursaron invitación como protesta por la falta de desarrollo de las leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid en materia LGTB (muy especialmente la ya mencionada ley integral de transexualidad), que corren el riesgo de convertirse en papel mojado ante la falta de voluntad política de implementarlas. Tampoco se invitó a ningún representante del PP, un partido que por primera vez estuvo presente en 2017, después de comprometerse por escrito a apoyar el avance de las leyes que en materia LGTBI se encuentran pendientes de aprobación en las Cortes, un compromiso incumplido pocas semanas después.

En cualquier caso, hubo más nombres propios: todos los partidos mencionados (salvo el PP) llevaron sus propias delegaciones a la manifestación, que marcharon detras de los colectivos LGTBI. También lo hicieron partidos sin representación parlamentaria como UPyD o el PACMA.

El final en Colón, con la alcaldesa Manuela Carmena 

Tras la cabecera, entidades LGTBI de distintas comunidades autónomas marcharon con sus propias pancartas desde Atocha hasta la Plaza de Colón. Cabe destacar, en este sentido, las numerosas referencias a los derechos trans que podían observarse entre las diferentes delegaciones, fueran o no específicamente trans. En la Plaza de Colón, por fin, tuvo lugar la lectura del manifiesto (cuyo texto completo puedes ver aquí), y que exigió, entre otros puntos, el reconocimiento y la protección de la autodeterminación del género; la modificación de ley de identidad de género para que incluya a menores de edad, a personas migrantes y para que se elimine el requisito del «diagnóstico» médico o psicológico; la urgente aprobación de la ley de igualdad LGTBI «sin más demoras, sin más excusas y respetando el espíritu que le ha imprimido el movimiento LGTBI» y la aprobación en esta legislatura de un pacto de Estado frente al VIH.

Antes de la lectura del manifiesto, tuvieron lugar dos intervenciones destacadas: la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), y la de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez. Carmena, recibida con una estruendosa ovación, tuvo palabras de reconocimiento al colectivo LGTBI, del que reconoció que siempre está aprendiendo (su «queridísimos, queridísimas, queridísimes» quedará ya como una imagen clásica del Orgullo madrileño) y se comprometió a hacer todo lo que desde el Ayuntamiento esté en su mano para avanzar en sus derechos. También tuvo palabras de reconocimiento al sistema demócratico español, que en su opinión ha costado mucho conseguir y que animó a los asistentes a defender. Carmen Montón, por su parte, recordó al que fue su compañero de lucha en la consecución del matrimonio igualitario, Pedro Zerolo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que en el año 2015 acudió a la cabecera de la manifestación como secretario general del PSOE y en 2016 a la de Valencia, no estuvo presente este año, pero sí quiso dejar constancia de su apoyo mediante un tuit publicado unas horas antes:

Seguiré trabajando para que la #igualdad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales sea una realidad en nuestra sociedad.
Hoy, y siempre, con vosotros y vosotras #Orgullo2018 #Pride pic.twitter.com/mkCJBnYCrq

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de julio de 2018

Finalmente, las carrozas y la fiesta

Tras manifestarse a pie colectivos y entidades, llegó el turno de las carrozas, un total de 47, empezando por las fletadas por colectivos y partidos políticos y siguiendo por las comerciales, de negocios locales y de grandes compañías. Como sucediera por primera vez el año pasado, un vallado de seguridad que se fue colocando a lo largo del recorrido permitió que circularan con relativa fluidez. La fiesta se diseminaba simultáneamente a la circulación de las carrozas no solo al escenario de  Colón: también a los de Plaza del Rey, de Pedro Zerolo, de la Puerta del Sol o de Plaza de España.

Como ya hicimos el año pasado, cabe felicitar a las instituciones públicas, y muy singularmente al Ayuntamiento, por su implicación en el evento. A nivel simbólico (un año más la iluminación arcoíris del Palacio de Cibeles, Puerta de Alcalá, de la propia fuente de Cibeles o del Congreso de los Diputados generó imágenes de gran belleza) pero sobre todo organizativo. Felicitación que hacemos extensiva a todos los trabajadores que con su esfuerzo lo hacen posible: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de limpieza municipales o trabajadores del Metro de Madrid, que prolongaron una hora su jornada de trabajo (en esta ocasión el metro permaneció abierto hasta las 02:30 de la madrugada) y que pocas horas antes habían desconvocado la huelga que legítimamente habían convocado para exigir una justa compensación.

Os dejamos con alguna de las imágenes que pudimos captar a lo largo de la manifestación. Una galería que venimos recopilando desde hace años (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) y que, como siempre en el caso de dosmanzanas, se centra en la parte más reivindicativa de la manifestación. En ella podréis ver, por ejemplo, las pancartas principales de los colectivos participantes:

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adriana Lastra, Ahora Madrid, Albert Rivera, Ángel Gabilondo, Asamblea de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Becerra, Begoña Villacís, Bosco Labrado, Carla Antonelli, Carmen Montón, CC OO, Celia Mayer, COGAM, Comunidad de Madrid, Equo, FELGTB, Fernando Grande-Marlaska, Ignacio Aguado, Iñigo Errejón, IU, Jesús Grande, José María Álvarez, Juan López de Uralde, Lorena Ruíz-Huerta, Manuela Carmena, Orgullo LGTB, PACMA, Pedro Sánchez, Personas transgénero, Podemos, PSOE, Purificación Causapié, Sofía Castañón, Transexualidad, Uge Sangil, UGT, Unai Sordo, UPyD, Vanesa Angustias

La noticia era esperada, pero ello no le quita relevancia histórica: la Organización Mundial de la Salud deja de considerar la transexualidad una enfermedad. La nueva Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-11), dada a conocer este lunes, entierra definitivamente el concepto «trastorno de la identidad de género», encuadrado en el capítulo 5 (enfermedades mentales) de la CIE-10, para dar paso a una definición no patologizante encuadrada en un nuevo capítulo.

La CIE-11 se presentará en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2019 para su adopción por los Estados miembros y entrará en vigor el 1 de enero de 2022. La presentación de este lunes, en este sentido, no es más que un avance que permitirá a los países planificar cómo usar la nueva versión, preparar las traducciones y capacitar a los profesionales de la salud de todo el país. Sin embargo, ya nos permite extraer importantes conclusiones.

Por lo que se refiere a la transexualidad. Lo que hace la nueva CIE-11 es crear un nuevo capítulo, el 17, «condiciones relacionadas con la salud sexual», motivada por la necesidad de codificar determinadas situaciones que, sin necesidad de ser entendidas como patológicas, sí pueden tener implicaciones sanitarias. Dentro de este capítulo aparece la denominada «incongruencia de género», que según la nueva clasificación se caracteriza por una incongruencia «marcada y persistente» entre la experiencia de género de una persona y su sexo asignado en el momento del nacimiento. Esta necesidad de que la situación sea «marcada y persistente» supone una limitación que sin duda recibirá criticas: la nueva codificación expresa, en este sentido, que el comportamiento variable de género o la simple indicación de preferencia no son suficientes como para establecer el «diagnóstico».

A su vez, la OMS divide la incongruencia de género en dos variantes: la que se da en adolescentes y personas adultas y la que se da en la infancia. Las definiciones son prácticamente idénticas, pero mientras que en adolescentes y adultos (HA60) la «persistencia de la incongruencia» se limita a «varios meses», en el caso de los niños (HA61) la OMS marca un límite mínimo de dos años de identificación con un género que no se corresponde con el sexo asignado para que la persona pueda considerarse dentro de esta categoría. Se mantiene además una tercera categoría de codificación, «incongruencia de género no especificada» (HA6Z), al margen de las dos anteriores.

Según explica la página web de la OMS, la evidencia disponible en la actualidad ya permite asegurar que no nos encontramos ante un trastorno mental, por lo que mantener la condición trans dentro del capítulo de l solo serviría para causar un «enorme estigma» a las personas transgénero. Sin embargo, la OMS considera necesario seguir manteniendo como posible la codificación de la transexualidad (que al fin y al cabo de eso trata la CIE) dadas las significativas necesidades sanitarias de este colectivo.

Insertamos a continuación unas declaraciones de la doctora Lale Say, coordinadora del Departamento de de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, en las que explica las razones del cambio. La doctora Say, además de insistir en que la decisión tiene como finalidad combatir el estigma al que se enfrentan las personas transgénero, explica que esta no se ha tomado solo en respuesta a las demandas del colectivo afectado (como muchos argumentarán) sino como resultado, también, de la revisión de la evidencia científica disponible, tal y como se hizo en su momento con la despatologización de la homosexualidad:

En definitiva, una gran noticia. Podrá argumentarse, y sin duda no faltarán argumentos racionales para ello, que persiste una cierta filosogía «patologizante» en la terminología elegida (una anacrónica «incongruencia» de género) o en el mero hecho de mantener esta categoría dentro de la CIE, aunque sea ya solo como una condición cuya forma de abordaje determina una mayor o menor salud sexual, no como una enfermedad o un trastorno. De la misma forma, es indudable que las nuevas definiciones no respetan el principio de autodeterminación de género en su acepción más radical, y que no contemplan adecuadamente realidades como las de las personas no binarias. Aspectos que sin duda habrá que comenzar a trabajar desde ya mismo. Pero lo que hoy hemos conocido es un avance importantísimo que tendrá sin duda consecuencias a la hora de que las personas trans puedan seguir avanzando en el reconocimiento de sus derechos en el mundo.

Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la CIE es utilizada por aseguradoras médicas de todo el mundo (cuyos reembolsos dependen de su codificación), por los administradores de los programas nacionales de salud, por los especialistas en recopilación de datos, y por otras personas que hacen un seguimiento de los progresos en la salud mundial y determinan la asignación de los recursos sanitarios.

Celebremos hoy lo conseguido. Y a partir de mañana a trabajar sin descanso por mejorarlo.

Sin embargo…

Nada que celebrar: Para Mar Cambrollé la OMS continúa estigmatizando y desconociendo la realidad de las personas trans

Para quienes tienen años luchando por la despatologización total de la transexualidad el anuncio realizado este lunes por la Organización Mundial de la Salud es “trasnochado” y continúa perpetuando la cisnormativa de la “caverna médica”.

Este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la transexualidad fue retirada de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, fue ubicada en la categoría de “desórdenes de identidad de género”, hecho que, según activistas trans que llevan décadas luchando por la despatologización total de la transexualidad, antes de celebrar y calificarlo como histórico es importante leer las “letras pequeñas” que traen consigo esa decisión.

“El anuncio de la OMS de despatologizar la transexualidad me parece, por un lado, que es un titular efectista que nada tiene que ver con la lucha que habíamos emprendido desde los colectivos trans a nivel internacional desde hace 11 años, con la campaña de despatologización. Está claro que cualquier clasificación que no sea la de un trastorno de la identidad nos puede parecer más suave.

Sin embargo, la nueva categorización de desorden de la identidad es desafortunada, trasnochada y nos da con la puerta en la cara a las personas trans, ya que nos sitúa de nuevo en la terminología, pues, precisamente, en una comparativa cisnormativa de lo que está en orden y de lo que no está en orden, negando con ello que las identidades trans sean parte de la diversidad humana y una expresión más de la diversidad”, declaró Mar Cambrollé, activista por los derechos humanos de las personas trans; presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, de la Federación Española Plataforma Trans y representante en Europa de la Red Sororitaria de Mujeres Trans.

El camino para la despatologización es el que han emprendido países como Noruega, Islandia, Argentina, Malta, Reino Unido, algunos estados federados de Alemania y también algunas regiones de España como Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón. Desoyendo los dictámenes de la OMS que sigue trasnochada y perpetuando y estigmatizando a las personas trans en nuevos términos que nos sitúan en una comparativa que desnaturaliza y deslegitima las identidades trans.

No me parece que haya algo que celebrar. Este nuevo pronunciamiento nos reafirma que tenemos que seguir luchando por la despatologización total. Querer justificar que si no está categorizado como una enfermedad no hay derecho a una atención médica, nos parece maniqueo, demagógico y antagónico a la propia organización, ya que la OMS define la salud, no solamente ausencia de enfermedades sino el bienestar social y psíquico de las personas.

Ahí es donde se sitúan las necesidades de las personas trans. Todo el mundo sabe y hemos recurrido a atenciones médicas que no son una enfermedad pero que requieren una atención profesional, como es el caso del embarazo, con lo cual creo que a estas alturas es obsoleto y esconde ese interés de la caverna médica de querer tener el control sobre las identidades y los cuerpos trans.”

Cambrollé ha asegurado que no se pueda hablar de “avance”, cuando se “intenta justificar lo injustificable”. Cuando -en realidad- “es una prolongación estigmatizante de las personas trans”.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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La Universidad Complutense de Madrid ha presentado públicamente su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, cuyo desarrollo comenzó ya en 2016. La Complutense decidió así adelantarse al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid (la ley integral trans), aún pendiente. La puesta de largo del protocolo tuvo lugar en una jornada que tuvo lugar este viernes, organizada junto al colectivo madrileño Arcópoli. La Universidad Complutense de Madrid es la universidad española con mayor número de alumnos presenciales en sus aulas.

«Nuestro protocolo es el primero que en la Comunidad de Madrid aborda de manera integral la identidad de género. Es un documento vivo con vocación constante de mejora y adecuación, y que es resultado de la colaboración fructífera entre esta Delegación, el Vicerrectorado de Estudiantes y la Asociación Arcópoli», expresó Esteban Sánchez, delegado del rector de la Complutense para la Diversidad y el Medio Ambiente. «La Universidad Complutense de Madrid contempla la diversidad como un activo, como una fortaleza de la institución», añadió.

El rector Carlos Andradas, que inaguró la Jornada sobre Identidad de Género en el marco de la cual se presentó el protocolo, no quiso olvidar la labor realizada por la anterior delegada en materia de Diversidad, la profesora Mercedes García, quien promovió que la Universidad Complutense fuese pionera sin necesidad de esperar el desarrollo reglamentario de la ley integral trans. «Se nos deberían abrir las carnes con que a estas alturas del siglo XXI aún tengamos que estar dando pasos en cosas que deberían estar hechas hace mucho tiempo». señaló Andradas, muy acertadamente.

La jornada reunió en primer lugar a representantes de los cuatro partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid: Carla Antonelli (PSOE), Ana Camins (PP), Eduardo Fernández Rubiño (Podemos) y Tomás Marcos (Ciudadanos). Los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que recordamos fueron las tres fuerzas que aprobaron la ley integral trans gracias a que el PP no dispone de mayoría absoluta en la presente legislatura, lamentaron que el Gobierno regional madrileño no la esté materializando. La diputada popular Ana Camins se defendió argumentando que «no es una ley de fácil aplicación», aunque añadió que su despliegue va a ser una realidad «espero que en breve».

Los representantes de los cuatro partidos elogiaron a la Universidad Complutense por el paso dado al desarrollar su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, aunque el representante de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño, insistió en que es también necesario que la futura Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (la polémica LEMES, que se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea de Madrid) garantice también los derechos de las personas trans y LGBTI para reforzar el respeto a los mismos con independencia de la mayor o menor voluntad de los rectorados.

Tras el debate político, moderado por el delegado de Diversidad de la Complutense Esteban Sánchez, tuvo lugar una mesa redonda organizada por Arcópoli y en la que participaron varias personas trans que debatieron sobre la situación real del colectivo en la Comunidad de Madrid.

29 estudiantes han visto ya modificados sus datos personales

El acto finalizó con la presentación formal del protocolo, que según explicó durante la jornada Laura Jiménez, de Arcópoli (colectivo que tiene precisamente una base universitaria) ya está dando resultados: hasta la fecha son 29 los estudiantes que ya han visto modificados sus datos personales en toda la documentación generada por la Universidad Complutense (carné de estudiante, certificados, listas de clase, actas, censos electorales, etc.).

Os dejamos con el vídeo publicado por la Universidad Complutense en su canal de YouTube que recoge la parte de jornada en la que intervinieron representantes de la Universidad (tanto el debate político como la presentación del protocolo):

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El colectivo madrileño COGAM ha lamentado, en un comunicado de prensa difundido este jueves, el  nombramiento de Miriam Rabaneda como nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. COGAM denuncia que Rabaneda negó, en el anterior cargo que ocupó, «derechos básicos a las personas trans». Se refiere, en concreto, a la negativa a que las personas trans pudieran utilizar el nombre que corresponde a su identidad en las tarjetas sanitarias. 

Miriam Rabaneda ha sido alcaldesa de Pinto y directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2016 fue nombrada directora general de Planificación y Formación de la Consejería de Sanidad, un puesto desde el que controlaba, entre otras muchas competencias, la gestión de la tarjeta sanitaria individual. Un documento emitido por la Comunidad de Madrid, y en el que por tanto, según marca la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid en marzo de 2016, las personas transexuales tienen derecho a que figure el nombre que corresponde a su identidad.

Algo a lo que según COGAM denuncia Miriam Rabaneda, la nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se negó, alegando «problemas informáticos» e invasión de competencias estatales. «Se negaba a entregar los informes jurídicos que justificaran dicha denegación hasta que le obligó el Consejo de Transparencia» argumenta COGAM. Desde la Consejería de Sanidad se argumentó en su momento que la tarjeta sanitaria es un documento vinculado con la Seguridad Social, por lo que cambios en el nombre podrían dar lugar a «distorsiones en el sistema de prestación de servicios», y que obliga también a otras comunidades en caso de prestar asistencia sanitaria a residentes en Madrid. Un argumento que se desmorona si se tiene en cuenta que comunidades como Andalucía o Baleares sí permiten el cambio del nombre en sus respectivas tarjetas sanitarias.

Es por eso que COGAM «quiere expresar su rechazo a este nombramiento dada la negación de derechos humanos básicos que la dirigente [Miriam Rabaneda] ha estado acometiendo durante sus cargos anteriores». «Consideramos una ofensa a las personas trans y sus familias que la directora general que ha sido responsable de no facilitar a las personas trans las tarjetas sanitarias que están siendo facilitadas en otras comunidades autónomas bajo las mismas condiciones haya sido nombrada viceconsejera de Políticas Sociales. Es muy triste tener constancia de que el incumplimiento de la ley trans de Madrid va a continuar hasta el final de la legislatura», ha declarado Emilio García, responsable del grupo Familias Transformando del colectivo madrileño. Desde COGAM afean de hecho al Gobierno regional que asociaciones y colectivos trans «tuvieran que acudir al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que calificó como ‘un problema de discriminación realmente importante’, el no desarrollo de la ley aprobada por mayoría en la Asamblea de Madrid».

COGAM espera también que Ángel Garrido, elegido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid como los votos de PP y Ciudadanos tras la dimisión de Cristina Cifuentes, «se involucre personalmente en el desarrollo de los protocolos y reglamentos necesarios para implantar la Ley de Identidad y Expresión de Género, aprobada en 2016. Durante este tiempo el Ejecutivo que dirigía la dimitida Cifuentes no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley en ámbitos tan necesarios para las personas trans como el educativo o el sanitario. Haciendo oídos sordos, además, a los colectivos trans y a diversos diputados y diputadas del PSOE y Podemos que han pedido en sede parlamentaria la implantación definitiva de esta ley».

«Es necesario desarrollar el mandato legislativo de desarrollo de la ley», ha declarado por su parte Jesús Grande, presidente de COGAM, que en cualquier caso ha tendido la mano al Gobierno regional para ayudarle a rectificar. «Continuaremos ofreciendo la colaboración con las diferentes consejerías, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, y poniendo nuestros recursos, experiencia y conocimientos a la disposición de la Comunidad de Madrid», ha expresado

Fuente Dosmanzanas

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La película belga Girl, del joven director flamenco Lukas Dhont, se ha hecho con la Palma Queer 2018, el galardón que al margen del palmarés oficial reconoce desde 2010 la mejor cinta de temática LGTB de entre todas las presentadas en cualquiera de las secciones del Festival de Cannes. Girl, que participaba en la sección Un certain regard (Una cierta mirada) narra la historia de una adolescente trans que se forma para ser primera bailarina.

«Leí un artículo en 2009, en un diario belga, sobre una joven que nació siendo niño y que soñaba con convertirse en una bailarina. Esta historia me marcó de inmediato, y no pude dejar de pensar en ella. Me fascinaba aquella chica. Era un ejemplo de valentía, y me dije: si algún día dirijo un largometraje, quiero que cuente su historia», ha declarado Lukas Dhont, director y coguionista de Girl. La película narra la historia de Lara, una adolescente de 15 años que con el apoyo de su padre se forma para conseguir su sueño de ser primera bailarina de ballet. Con la particularidad añadida de que Lara es una chica trans.

El papel de Lara ha sido interpretado por el debutante Victor Polster, de la misma edad que su personaje, cuyo trabajo le ha merecido el premio a mejor interpretación de la sección Un certain regard (sección en la que se concede un único premio de interpretación, sin división de género). A pesar de que entre las personas que participaron en las pruebas para conseguir el papel sí que había actrices trans, ninguna de ellas convenció a Lukas Dhont, que acabó fijándose en el joven Polster, adolescente de físico andrógino que optaba a uno de los papeles secundarios como bailarín. «Cuando Angelo Tijssens y yo terminamos de escribir la película, supimos que sería especialmente difícil encontrar a alguien que representara el papel principal. Durante las audiciones, vimos a más de 500 candidatos: chicas, chicos y jóvenes que no se identificaban ni con un género ni con el otro. No encontrábamos a la persona ideal. Entonces, comenzamos las audiciones de los otros jóvenes bailarines, con nuestro coreógrafo (…). De repente, un joven, Victor Polster, entró en la sala. Poseía todas las características que buscábamos: era un bailarín increíble, muy natural y elegante, y tenía 15 años», explica Dhont.

Cabe destacar, en este sentido, que desde el activismo trans cada vez es más fuerte la demanda de que los papeles de personas trans en el cine, la televisión o el teatro sean interpretadas por actores y actrices trans en la vida real. Veremos, en este sentido, qué tal es recibida la película, prácticamente desconocida fuera de su país hasta hace unos días.

Girl sucede a la maravillosa 120 battements par minute («120 pulsaciones por minuto»), ganadora de la Palma Queer 2017, y ha conseguido imponerse, entre otras candidatas, a la keniana Rafiki (de la que hablamos hace un par de semanas) o a la española Carmen y Lola, de la directora Arantxa Echevarría, uha película que narra la historia de amor entre dos chicas gitanas y de la que sin duda escucharemos hablar en un próximo futuro.

Os dejamos mientras tanto con los tres extractos de Girl hechos públicos (versión original en neerlandés, con subtítulos en inglés):

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo recorte de derechos del colectivo trans a manos de la administración Trump. En esta ocasión le toca el turno a las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama, y que ahora han sufrido una serie de modificaciones que las dejan, en la práctica, revocadas. Para empezar, la administración Trump ordena que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que pierden de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

La normativa instaurada por la administración Obama no era ni mucho menos perfecta, pero suponía un avance importante respecto a la situación anterior. Sin que determinase de forma explícita que todas las personas trans debían ser asignadas a instalaciones correspondientes a su identidad de género, sí que establecía la obligatoriedad de tener esta en cuenta, así como la «vulnerabilidad a la victimización sexual» y sus necesidades médicas y psicológicas. La administración Trump ha decidido sin embargo introducir una serie de cambios. Ahora bien, en lugar de sustituir el documento por otro, lo que hace es interpolar una serie de párrafos en distintos puntos del texto (puedes verlos aquí, señalados en amarillo), de forma que en teoría la normativa sigue vigente, pero en la práctica queda convertida en papel mojado.

Así, por ejemplo, mientras que se mantiene la necesidad de tener en cuenta la identidad de género de la persona reclusa, se introduce la salvedad de que se utilizará el «sexo biológico» como criterio inicial para la asignación. De hecho, el nuevo documento refiere explícitamente que «la designación de una instalación correspondiente a la de la identidad de género del reo se considerará apropiada solo en circunstancias excepcionales» y siempre que en todo caso la persona trans ya haya experimentado una «significativa evolución de su transición» demostrada médica y psicológicamente.

Otro cambio aparentemente mínimo (consiste «solo» en la adición de una palabra) pero que puede tener gran trascendencia es el que atañe al tratamiento médico de las personas trans reclusas. De «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada del reo por el personal médico de la institución» se pasa a «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico necesario podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada…». Un cambio que ha sido interpretado como una forma de facilitar que las cárceles puedan denegar a las personas trans tratamientos que no consideren «necesarios». Resulta obvio el peligro que ello supone: muchas personas trans podrían exponerse a quedar sin tratamientos fundamentales para acomodar sus características físicas a la identidad de género sentida.

Los colectivos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB consideran muy grave la decisión de la administración Trump. «La decisión de no respetar la identidad de género de las personas transgénero es dañina e irrespetuosa. Es una decisión inadmisible que ignora el conocimiento médico y desafía al sentido común. Las personas trans bajo el control de la Agencia [Federal] de Prisiones estarán sometidas a un mayor grado de violencia y discriminación», ha declarado por ejemplo David Stacy, director de Asuntos Gubernamentales de Human Rights Campaign (HRC).

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final.

La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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Alex y Tara, ambas personas transexuales, sufrieron una brutal paliza por parte de un vecino que les insulta y amenaza de forma habitual.

Según los hechos denunciados ante la policía, Alex ha relatado que el pasado día 28, mientras esperaba el ascensor, un vecino salió de su domicilio para golpearle con puñetazos y patadas.  Al escuchar los gritos, Tara, su pareja, salió a ayudarle  resultando también agredida. La paliza finalizó cuando otro vecino acudió en su auxilio consiguiendo que el agresor regresara a su casa.

Según un comunicado hecho público por la Federación Andalucía Diversidad LGBT, una pareja formada por dos personas trans ha denunciado una agresión de carácter tránsfobo en la mañana del pasado sábado, 28 de abril en Torremolinos. La pareja lleva un año siendo acosada por un vecino que constantemente hace gala de su LGTBfobia. Un acoso que culminó con la agresión del sábado.

Las víctimas refieren que este vecino, cuyo apartamento colinda con el suyo, lleva acosándoles desde que se mudaron a vivir hace año al edificio, con insultos del tipo de «maricones hijos de puta, os voy a echar de aquí», «cerdos» u «os voy a matar». Además les martillea las paredes e incluso ha llegado a escupirles cuando se cruzan con él.

El pasado sábado por la mañana, uno de los miembros de la pareja, de nombre Álex, salió de su casa rumbo a su trabajo. Mientras esperaba el ascensor, el vecino salió de su piso y comenzó de nuevo a increparle, acusándolo de haber llamado a su puerta. Álex le pidió que se relajara, ante lo cual el agresor comenzó a golpearlo con puñetazos y patadas, alcanzando la cara y el cuerpo y arrojandole las gafas al suelo (uno de los cristales se fracturó). La pareja de Álex, al escuchar los ruidos, salió de su vivienda e intentó detener al agresor, pero también recibió varios golpes. Finalmente, según consta en la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, «con ayuda de un vecino de la comunidad logran que el autor deponga su actitud». Como resultado de la agresión, Álex sufrió, según el parte de lesiones adjunto a la denuncia, contusión con herida sangrante de encía superior, contusiones faciales y erosiones en muñeca derecha (ver imagen). A su pareja se le detectó inflamación en el dedo de una mano.

Santiago Rubio, Presidente de COLEGA Torremolinos, que ha estado atendiendo a las víctimas, ha declarado que estas «se encuentran en un estado de estrés y shock muy alarmante. Están viviendo un calvario». «Álex ha vuelto a menstruar después de dos años de tratamiento hormonal tras esta brutal agresión», ha detallado. «Tristemente somos testigos, una vez más, de como la homofobia y la transfobia siguen muy presentes hoy en día. Esta pareja sólo hacía su vida como cualquiera de nosotros y fue agredida sin ningún motivo más allá del odio injustificado que sienten ciertas personas  hacia el colectivo LGBT+», ha denunciado por su parte Natalia Ronco, del Observatorio Andaluz contra la LGBTIfobia, entidad vinculada a la Federación Andalucía Diversidad LGBT y a la Confederación COLEGAS.

Finalmente, Antonio Ferre, Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones LGBTI Andalucía Diversidad, señala que «esta pareja se ha atrevido a denunciar, a poner sobre la mesa el grave problema al que nos enfrentamos, pero aún hay mucha infradenuncia, muchas personas no se atreven a denunciar porque piensan que no sirve para nada, porque tienen miedo. Desde aquí animamos a que lo hagan, es la única manera de parar los pies a la homofobia y transfobia, no podemos dar el mensaje de que este tipo de acciones intolerables quedan impunes».

Fuente | Andalucía Diversidad

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Foto: Facebook/Trans Action Pakistan

Hace apenas unas semanas nos hacíamos eco de que Marvia Malik se convertía en la primera presentadora abiertamente trans en un canal de noticias en Pakistán. Sin duda, una buena noticia procedente de un país en el que la comunidad LGTB no lo tiene fácil. Prueba de ello es el asesinato de Sheena, una mujer trans de origen afgano, que no pudo recuperarse tras ser víctima de cinco disparos. Shena se ha convertido en la quincuagésimo sexta persona trans muerta como consecuencia del odio tránsfobo desde 2015. Entre ese año y 2017, además, se han contabilizado un mínimo de 1.131 casos de violencia contra este colectivo (208 de los cuales corresponden al año pasado). Así pues, los ligeros avances de la comunidad trans en Pakistán chocan con los abusos físicos y verbales, la actitud humillante de los policías, médicos en hospitales, funcionarios públicos y los informes de palizas.

Ha ocurrido en Swabi, una ciudad con más de 123.000 habitantes de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (al noroeste de Pakistán). Sheena, una mujer trans de procedencia afgana, era asesinada a tiros por pura transfobia. Con ella ya son 56 las personas trans que han fallecido por muerte violenta desde 2015. La asociación Trans Action Pakistan ha expresado a través de su cuenta de Facebook que están «desolados». Además, en el muro de esta red social también han publicado fotos del estado del cadáver de la víctima tras los disparos (unas imágenes que hemos optado por no reproducir en esta noticia). Al parecer, la policía busca a dos sospechosos, de los que todavía no ha trascendido su identidad.

Como ya hemos referido, la igualdad real de las personas trans sigue estando muy lejana en Pakistán, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. En enero de este mismo año, por ejemplo, recogíamos la noticia de la espantosa agresión a dos activistas de TransAction Pakistan, organización que ofrece refugio y apoyo a quienes son víctimas de discriminación por su identidad de género. Cualquier ley que favorezca a las personas trans, en este sentido, es más que necesaria.

La semana pasada, el activismo trans realizaba algunas relevantes demandas para el colectivo. La presidenta de Pakistan Shemale Foundation, Almas Boby, denunciaba que no hay pabellones separados para las personas trans en los hospitales de este país del sur asiático, por lo que reclaman la habilitación de salas específicas o al menos una habitación en cada hospital para evitar problemas de discriminación.

La muerte de la activista trans Ayesha (tenía 23 años) en un hospital de Peshawar el año pasado es un recordatorio de los peligros a los que se enfrenta la comunidad. La activista, que recibió siete disparos y necesitaba inmediatamente asistencia médica, ni siquiera fue atendida por una enfermera hasta que los miembros del personal decidieran si admitirla en la sala masculina o femenina. Ella murió en medio de esta confusión de los empleados.

Ligeros avances en visibilidad y derechos de la comunidad trans pakistaní

Hace apenas unas semanas nos hacíamos eco de que Marvia Malik se convertía en la primera presentadora abiertamente trans en un canal de noticias en Pakistán. Sin duda, una buena noticia que visibiliza de forma positiva a la comunidad trans de este país. Algo muy necesario teniendo en cuenta que las condiciones de vida de la comunidad LGTB son muy duras, aunque al menos las personas trans gozan de una cierta aceptación social (que convive también, como explicábamos en párrafos anteriores, con la violencia tránsfoba de algunos sectores). Incluso se han desarrollado algunas medidas políticas. En julio de 2009 la Corte Suprema, por ejemplo, daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas trans y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un «tercer sexo».

En marzo de 2017 una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans, y en agosto del año pasado comenzó a tramitarse un proyecto de ley que reconoce el derecho de las personas trans a decidir sobre su propia identidad de género, a modificar sus documentos para que se ajusten a la misma y prohíbe la discriminación en una serie de ámbitos, como la educación, el empleo, la salud, la prestación de servicios, el transporte, la vivienda o el acceso a cargos públicos. El proyecto, tras una serie de modificaciones, fue aprobado de forma unánime por el Senado de Pakistán a principios de marzo.

Fuente Dosmanzanas

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Grave denuncia la que ha hecho pública la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera), según la cual en la madrugada del 21 al 22 de abril, Elizabeth, una chica trans de 24 años, fue objeto de vejaciones y maltrato en dependencias policiales tras ser expulsada con violencia de una discoteca de Algeciras. Una expulsión que según refiere la joven se debió a su condición de mujer transexual.

Según consta en la denuncia interpuesta por Elizabeth ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, la joven fue expulsada de la discoteca Kube de Algeciras por un empleado de seguridad del local, que ya previamente la había obligado a abandonar la «zona VIP» de la misma, a la que había sido invitada a subir por dos conocidos. Siempre según la denuncia, la expulsión fue ejercida con violencia y motivada, en opinión de la denunciante, por su condición de mujer transexual. Una vez fuera del local la joven, se acercó a un coche de policía y contó lo sucedido, pero los policías no le hicieron caso alguno a ese respecto. Ella, que había bebido, entró entonces un estado de gran nerviosismo, ante lo cual los policías la esposaron y la condujeron a un centro de salud, donde sin su consentimiento le inyectaron medicación calmante. Posteriormente fue trasladada a dependencias policiales y encerrada eb una celda, «como si de una delincuente se tratara».

Según cuenta en su denuncia, a la joven se la mantuvo esposada con las manos por detrás del cuerpo, con los brazos sobre el borde del respaldo, y cuando se quejaba le realizaban «palanca con los brazos hacia abajo». Según el parte de lesiones que acompaña a la denuncia, la joven presentaba de hecho «hematomas en resolución de forma rectangular, de 10 x 15 cm. en cara anterior y superior de miembro superior derecho y de 14 x 9 cm. en cara anterior de miembro superior izquierdo». También presentaba «hematomas en resolución» y «lesiones eritematosas lineales» en ambas muñecas.

«ATA-Sylvia Rivera condena esta nueva agresión a una chica trans y exige a la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de la provincia de Cádiz una exhaustiva investigación que depure responsabilidades ante un hecho de extrema gravedad como el sufrido por esta joven», denuncia el colectivo trans andaluz. «No podemos volver a tiempos pasados, donde las personas trans teníamos miedo de la policía por poder ser objeto de vejaciones y privación de libertad por el único delito de ser», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé. «Es hora que las leyes no sean declaraciones de buenas intenciones y cumplan con el fin con el que han sido propiciadas», ha añadido. «Exigimos a las instituciones locales y autonómicas una condena expresa y un compromiso para esclarecer estos hechos y que sobre los culpables recaiga el peso de la ley. Las personas trans también somos ciudadanía y como tal no nos merecemos como respuesta el silencio o mirar hacia otro lado», finalizaba Cambrollé.

Se da la circunstancia de que hace pocos días ATA denunciaba otra agresión de carácter tránsfobo ocurrida en una caseta de la Feria de Sevilla. Un grupo de jóvenes le dieron empujones, la insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza. «Te voy a matar, maricón de mierda, vete de la caseta, ¿qué coño haces aquí?», le llegó a espetar uno de los agresores.

Fuente Dosmanzanas

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El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la «Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación», una norma que aborda de forma integral la realidad de las personas trans en el ámbito normativo y competencial aragonés. Lo ha hecho, además, por unanimidad, y dando respaldo a un texto en el que han participado activamente colectivos trans y LGTB aragoneses.

Los grupos parlamentarios han trabajado durante casi diez meses la propuesta, remitida en julio a las Cortes por el Gobierno aragonés (una coalición de PSOE y Chunta Aragonesista que cuenta con apoyo parlamentario de Podemos), aunque el texto había sido trabajado por organizaciones como Chrysallis, Towanda o SOMOS LGTB+ (entre otros).

Durante su tramitación parlamentaria se han estudiado más de 80 enmiendas de todos los partidos (los ya mencionados PSOE, CHA y Podemos, además de PP, Partido Aragonés, Ciudadanos e IU). Finalmente, este jueves la cámara aragonesa daba su visto bueno de forma unánime al texto propuesto por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, al que puedes acceder aquí. SOMOS LGTB+, unos de los colectivos que ha contribuido, lo celebraba en Twitter, donde publicaba además algunas fotos de la alegría de los activistas presentes:

Se ha aprobado por unanimidad la Ley Trans de la Comunidad de Aragón!!! Enhorabuena y gracias! 💙💗💙💗💙💗 pic.twitter.com/ySMKmWJTs4

— SOMOS (@SOMOSLGTB) 19 de abril de 2018

La nueva ley incorpora el principio de autodeterminación de género y supone la despatologización de las identidades trans en el ámbito competencial de la comunidad autónoma. Reconoce, por ejemplo, el derecho a una documentación adecuada a la identidad de género manifestada en las relaciones con la Administración pública aragonesa. También regula la atención sanitaria a las personas trans en el servicio aragonés de salud e incorpora numerosas medidas a nivel educativo, laboral y empresarial, social y familiar y en campo del ocio, la cultura y el deporte.

Por lo que se refiere a los menores trans, en concreto, la ley aragonesa les reconoce el derecho a recibir el tratamiento médico que precisen para su bienestar. En menores de 14 años el consentimiento lo deberán prestar sus padres o tutores legales, aunque los menores tendrán que ser escuchados. En mayores de esa edad lo prestarán ellos mismos (salvo que estén legalmente incapacitados), con la mera asistencia de sus padres o tutores legales, que podrán en cualquier caso recurrir a la justicia en caso de que consideren que existe un perjuicio. La ley establece, en este sentido, que toda intervención pública deberá estar presidida por el criterio de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de su personalidad conforme a la identidad autopercibida.

La ley incorpora también un apartado dedicado a las personas intersexuales, estableciendo de forma expresa que el sistema sanitario público velará por la erradicación de las prácticas de modificación genital en bebes recién nacidos, salvo que ello sea imprescindible para proteger su salud.

El texto incorpora un capítulo sancionador que enumera una serie de infracciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas trans e intersexuales. Las posibles sanciones van desde el apercibimiento o multa de 200 a 3.000 euros (infracciones leves) hasta las multas de 20.001 hasta 45.000 euros, que pueden ir acompañadas de la prohibición de acceder a ayudas públicas o de la inhabilitación temporal para prestar servicios públicos por un periodo de hasta tres años (en el caso de las sanciones muy graves).

Leyes autonómicas de transexualidad 

La aprobación de la nueva ley aragonesa es una buena noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana.  última de las leyes integrales de transexualidad aprobadas. Hay además leyes de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTB que, no siendo específicas de transexualidad, sí que incluyen muchos de los aspectos recogidos en las leyes integrales mencionadas (es el caso de la ley extremeña, la catalana, la murciana o la balear). El siguiente mapa te las muestra de un vistazo:

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

¿Y a nivel estatal?

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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Leo Etherington se suicidó…

La Universidad de Texas ha realizado uno de los estudios más amplios —y con mayor diversidad entre sus participantes— sobre los jóvenes transgénero. Según las conclusiones de los autores, el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuye drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e, incluso, los propios intentos de suicido. El trabajo ha sido realizado por el mismo equipo que, el pasado año, estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

El estudio ha estado dirigido por el profesor Stephen T. Russell, titular del departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia de la Universidad de Texas, con sede en Austin, y ha sido publicado por la revista Journal of Adolescent Health en coincidencia con el Día de la Visibilidad Trans. En el trabajo de investigación también han colaborado Amanda M. Pollitt, de la Universidad de Texas; Gu Li, de la Universidad de Columbia Británica; y Arnold H. Grossman, de la Universidad de Nueva York.

Los investigadores han entrevistado a 129 jóvenes transgénero, de edades comprendidas entre los 15 y 21 años, de tres zonas geográficas distintas. También se ha procurado que el grupo de personas entrevistadas fuera lo más diverso posible, de tal manera que el profesor Russell destaca que la muestra «es étnica y geográficamente diversa de manera remarcable, y también diversa en términos de clases sociales».

Uno de los descubrimientos que más ha impactado al equipo investigador se refiere al respeto al nombre elegido por adolescentes y jóvenes transgénero por parte de su entorno. «Muchos chicos y chicas transgénero han elegido un nombre distinto al que se les dio al nacer», explica el profesor Russell, «mostramos que en cuantos más contextos o situaciones podían usar su nombre preferido, más fuerte era su salud mental».

A los adolescentes y jóvenes entrevistados se les preguntó si podían usar su nombre elegido en su centro escolar, en su casa, en su trabajo o con los amigos. Entre quienes podían utilizar su nombre en estos entornos había un 71 % menos de casos de depresión severa, un 34 % menos de casos reportados de pensamientos suicidas y un 65 % menos de casos de intentos de suicidio. «He estado investigando sobre jóvenes LGTB durante 20 años», comentaba el profesor Russell «y hasta yo me sorprendí de ver una relación tan clara».

La conclusión del estudio no puede ser más evidente, según el profesor Russell: «Lo sensato es apoyar a los jóvenes en el uso de su nombre elegido. Es respetuoso y apropiado para su desarrollo».

Stephen T. Russell también dio a conocer el pasado 2017 otro estudio, publicado en prestigiosas revistas científicas con revisión por pares, en el que se constataba que los adolescentes trans duplicaban el porcentaje de pensamientos suicidas con respecto a sus coetáneos cisgénero y se veían más abocados al consumo de estupefacientes, aun cuando se controlaran el resto de factores de riesgo. Según la investigación (que reunió datos sobre 25.000 estudiantes), las principales causas para que se dieran estos altos porcentajes se hallaban en la depresión y el acoso escolar.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Amanda M. Pollitt, Arnold H. Grossman, Día de la Visibilidad Trans, Gu Li, Journal of Adolescent Health, Jóvenes, LGTBfobia, Personas transgénero, Stephen T. Russell, Transexualidad, Transfobia, Universidad de Texas

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha sustituido la placa en recuerdo a las personas homosexuales que sufrieron la represión franquista y que fueron encarceladas en la antigua prisión provincial, para incluir en el texto al colectivo transexual. En un acto presidido por el director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez, se ha recordado a las víctimas de la dictadura, muchas de ellas homosexuales y transexuales, que pasaron por esta cárcel tras ser condenados por la denominada Ley de vagos y maleantes.

Este viernes hemos recuperado, aunque sea solo un poquito, la memoria de las personas trans. La placa que desde 2014 reconocía la memoria de los homosexuales represaliados durante la dictadura en la antigua prisión de Huelva ha sido sustituida por otra que incluye también a las personas trans. Un gesto que llevaba mucho tiempo solicitando la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA).

Como bien saben nuestros seguidores (y los que no lo sepan deberían aprenderlo), la prisión de Huelva era uno de los establecimientos carcelarios en los que preferentemente se encerraba a homosexuales y mujeres trans. Otro era el de Badajoz. Penales infames en los que, además de las correspondientes penas de cárcel, con algunos presos se experimentaba aplicándoles electrochoques y diferentes “terapias” aversivas. Todo ello como consecuencia de la aplicación, en primer lugar, de la “Ley de Vagos y Maleantes”, y posteriormente de la “Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social”. No fue, de hecho, hasta enero de 1979, más de tres años después de la muerte del dictador, cuando se despenalizó como tal la homosexualidad. 

Las víctimas, sobre todo, fueron los varones homosexuales de las clases menos privilegiadas y las mujeres trans, a las que la legislación de la época trataba como presos masculinos, sometidos además a todo tipo de humillaciones y vejaciones. “La gran mayoría de personas homosexuales a las que el franquismo encerró entre rejas no eran gais sino mujeres transexuales, porque fuimos las trans las que no podíamos ocultarnos en los armarios y teníamos vitrinas de visibilidad incluso aunque nos jugáramos la vida, la libertad y fuéramos apaleadas por todo un régimen fascista que fue inmisericorde con los cuerpos que desafiábamos la normatividad franquista”, afirma Mar Cambrollé, presidenta de ATA.

Desde este colectivo se llevaba mucho tiempo solicitando la actualización de la placa de la antigua prisión de Huelva para incluir en ella el recuerdo de las personas trans. La petición, de hecho, fue aprobada hace un año por unanimidad del Ayuntamiento de Huelva a requerimiento de Izquierda Unida, y finalmente este viernes la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática descubría la nueva leyenda.

“Para una generación de españoles este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social a quienes decidieron ejercer su libertad de ser y amar de forma diferente. Quede esta placa como reparación de la sociedad democrática a una injusticia histórica en recuerdo de los homosexuales y personas trans que fueron encarcelados y como compromiso de que ninguna generación tendrá que pasar por nada semejante”, reza el texto.

Giráldez ha señalado que “hoy es uno de los días más importantes de la última etapa porque llevamos mucho tiempo preparando este acto, con el que recordamos a las personas que sufrieron represión por su orientación sexual”.

En esta línea ha hecho hincapié en el marco normativa que ha desarrollado la Junta y el Parlamento andaluz con la Ley de Memoria Democrática y la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares.  Giráldez ha agregado que “de esta forma, cumplimos con nuestro deber de Memoria, que es un deber para las instituciones, y que para las familias, protagonistas y víctimas es un deber ciudadano”.

En el acto también ha participado la concejal socialista de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso, quien ha recordado que “hoy se hace justicia al colectivo transexual, con este homenaje a miles de mujeres que sufrieron además de vejaciones y privación de libertad, la negación de su identidad de género”.

Mar Cambrollé, que estuvo presente en el acto, ha agradecido que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva, además de “todos los grupos políticos andaluces, sindicatos y entidades civiles que han apoyado este reconocimiento” hayan mostrado “sensibilidad y voluntad de reparar la memoria” de las mujeres transexuales. La presidenta de ATA espera que “nunca más se vuelvan a repetir los episodios tan negros que tuvieron lugar en la prisión de Huelva, donde las mujeres transexuales, además de ver negada su identidad y ser tratadas en masculino, sufrieron torturas y violaciones por policías y funcionarios de un régimen franquista que nos perseguían de día y nos deseaba de noche”.

Cambrollé también ha mostrado su deseo de que algún día se modifique la ley de amnistía, “una ley de olvido de los crímenes franquistas”, para que se pueda juzgar y “poner luz a toda la violencia que sufrimos las mujeres transexuales durante los oscuros años de la dictadura”. “Siento que esas personas que estuvieron presas en esas celdas y que gritaban justicia, quedan hoy satisfechas y resarcidas porque esta placa las menciona”, ha concluido.

Fuente Agencias, vía Dosmanzanas

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