La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

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Una mujer trans ha hablado sobre su terrible experiencia de ser detenida en un aeropuerto debido a su identidad de género.

La mujer trans, que se llama Lilah, publicó un video de sí misma en Twitter donde se la puede ver caminando llorando por un aeropuerto y afirma que: “Es tan jodido que la gente trans tenga que pasar por esto, y sé que es muy dramático llorar en un aeropuerto, pero es tan molesto que la gente trans tenga que pasar por esto y ser detenida…. No puedo más.” La mujer trans fue detenida mientras viajaba a casa por acción de gracias.

En un tweet con el video, agregó: “La semana pasada, literalmente, fui detenida en el aeropuerto por ser transgénero mientras intentaba ir a casa para visitar a mi familia en acción de gracias. Estoy compartiendo esto para que cualquiera que tenga o SIENTA que lo experimente no está solo“.

last week i literally got detained at the airport for being transgender while trying to go home to visit my family for thanksgiving…i’m sharing this so anyone who has or WILL experience this is not alone 💔 pic.twitter.com/gpINfmr49j

— lilah ❁ (@lilahgibney) 5 de diciembre de 2019

El video se ha vuelto viral y se ha visto más de 600,000 veces. El tweet de Lilah le ha gustado más de 30,000 veces.

Lilah se ha encontrado con amor y apoyo en línea desde que publicó el video, pero lamentablemente también se ha encontrado con algunos detractores que la acusaron de exagerar y mentir.

En respuesta a uno de esos tweets, Lilah explicó que fue arrastrada a una habitación donde fue interrogada por cinco rondas diferentes de guardias de seguridad que también la palparon y la escanearon con “rayos X y más”. Una situación que además de ser extrema, la tuvo que pasar sola, sin compañía. “Dime si te discriminan, o cállate la boca”, agregó.

Muchas personas trans de las redes sociales se identificaron con Lilah por su experiencia y dijeron que habían tenido experiencias similares con la seguridad aeroportuaria, dejando claro que debía acabar dicha injusticia ya. Mientras que los seguidores han estado identificados sobre cómo se sienten acerca del comportamiento del equipo de seguridad, Lilah pudo coger su vuelo para poder ver a su familia.

Una investigación reciente expuso los desafíos que enfrentan las personas transgénero por la seguridad del aeropuerto. La experiencia de Lilah se produce pocos meses después de que una investigación de ProPublica revelara que los pasajeros trans a menudo sufren búsquedas invasivas por parte de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en los Estados Unidos.

La investigación descubrió que el cinco por ciento de las quejas de derechos civiles contra la TSA estaban relacionadas con el tratamiento de pasajeros trans. Las personas trans constituyen menos del uno por ciento de la población estadounidense.

Como parte de la investigación, una mujer trans llamada Olivia (no es su nombre real) reveló cómo se sintió presionada a mostrarle a la seguridad del aeropuerto en Florida sus genitales para poder volar.

Se supone que los oficiales de la TSA no deben permitir que los pasajeros se quiten la ropa interior que tienen delante. Pero, según Olivia, ninguno de los oficiales de la TSA se opuso cuando se quitó los pantalones y la ropa interior para mostrarles sus genitales.

Jenny Burke, secretaria de prensa de la TSA, dijo que la inspección del aeropuerto se realiza “sin tener en cuenta la raza, el color, el sexo, la identidad de género, el origen nacional, la religión o la discapacidad de una persona”.

La aspirante presidencial demócrata Elizabeth Warren luego condenó a la TSA por la investigación, escribiendo en Twitter: “Las personas trans y no binarias no deberían tener que enfrentarse a exámenes invasivos y deshumanizantes para viajar. Debemos hacerlo mejor, y seguiré trabajando para garantizar que todos los estadounidenses trans y no binarios puedan vivir sin miedo ni discriminación“.

Fuente Pink News

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La comunidad LGTBI de la India ha iniciado una movilización para impedir que entre en vigor un proyecto de ley de protección de las personas transgénero aprobado por el Parlamento. Los activistas critican que el texto ignora sus principales reivindicaciones. La norma contempla penas sustancialmente menores para los crímenes cometidos contra una persona trans en comparación con las previstas cuando la víctima es cisgénero, y podría facilitar la violencia contra las personas trans en el seno de sus familias, que es la que sufre con más frecuencia el colectivo. La Corte Suprema de la India ordenó el reconocimiento legal de un tercer sexo en 2014.

El histórico fallo del alto tribunal indio en 2014 reconoció por primera vez el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de que medie una operación de reasignación. Su traslación a la legislación ordinaria, sin embargo, ha sido lenta y decepcionante. En ese mismo año, el legislador Tiruchi Siva introdujo el primer proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia en el Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento indio, cuyos miembros le dieron su respaldo. Sin embargo, su tramitación entró en vía muerta después de que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi presentara en 2016 su propio texto ante la cámara baja o Lok Sabha, donde dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Gobierno suponía un retroceso drástico con respecto a las medidas previstas en el texto original de Siva. El Lok Sabha dio su visto bueno al proyecto de ley en diciembre de 2018, ignorando las recomendaciones aportadas por el comité permanente de la cámara y por la propia comunidad LGTBI. Sin embargo, su tramitación no se completó y la iniciativa expiró con la celebración de las elecciones generales de 2019. En agosto de este año, el Lok Sabha aprobaba una nueva versión del proyecto que mantenía su esencia, aunque suprimía alguno de los aspectos más lesivos como la prohibición de mendigar a las personas trans. La semana pasada, la norma superó su siguiente trámite con su aprobación en el Rajya Sabha.

La comunidad trans se ha movilizado desde entonces para impedir que el texto entre en vigor, lo que sucederá cuando lo firme el presidente de la India. Denuncian que en el proyecto «abunda la retórica y escasea el compromiso real por la justicia» y reclaman una ley integral que tenga en cuenta sus reivindicaciones. En particular, señalan la discriminación palmaria que supone el establecimiento de penas de entre seis meses y dos años de prisión para los delitos de violencia sexual contra una persona trans, frente a los siete años que contempla el código penal para los mismos crímenes cometidos contra una persona cis.

El activismo señala otros dos asuntos críticos del proyecto de ley. El primero, que no reconoce el principio de autodeterminación de género, porque mantiene el requisito de una operación genital para poder registrarse bajo un sexo legal diferente al asignado al nacer. Además, la decisión de otorgar la condición de transgénero dependerá de un juez y no se aclara si el Estado financiará los tratamientos de reasignación. El segundo punto, especialmente preocupante, es el artículo que prevé que las personas trans vivan con sus familias o en «centros de rehabilitación». La comunidad trans recuerda que la violencia en el seno de las familias es que con más frecuencia sufre el colectivo. Esperemos que su movilización sirva para lograr una ley que cumpla con sus necesidades.

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Los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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PP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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Una joven trans de 18 años se ha quitado la vida en Llíria (Valencia). Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de suicidio adolescente debido al odio tránsfobo. Guardia Civil y juzgado de instrucción nº 3 de la localidad valenciana investigan ahora los mensajes de odio que la chica había recibido durante los meses previos debido a su condición de mujer trans por si pudieran se constitutivos de delito.

La joven, que llevaba tiempo en tratamiento y ya había dado los primeros pasos para afrontar el cambio de sexo tras cumplir los 18 años, se quitó la vida el pasado martes, 29 de octubre, tras quedarse sola durante unos minutos en casa de una amiga con la que estaba pasando la tarde. Según informa el diario valenciano Levante, el juzgado ya ha iniciado los trámites para citar como testigos a amigos, compañeros de estudios y familiares de la joven para evaluar hasta qué punto el acoso tránsfobo que sufrió ejerció como detonante del suicidio. De acuerdo a la informacion de Levante, la chica llevaba al menos un año soportando insultos y burlas tránsfobas cada vez que colgaba en alguna de sus redes sociales vídeos y fotografías reproduciendo canciones de sus artistas preferidos, lo que al parecer era una de sus pasiones. Algunos allegados aseguran además que la chica sufrió agresiones en relación con su condición de mujer trans.

No se trata, por desgracia, de la primera noticia sobre un suicidio de un adolescente trans que recogemos en tiempos recientes en nuestro país. Sucedió en Móstoles en mayo de 2018, cuando Thalía, otra chica de 17 años, decidió quitarse la vida. Antes conocimos los casos del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Adolescentes trans: altas tasas de suicidio

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia hace ahora un año, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro de ellos, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

Seguramente no sea suficiente para erradicar todos los casos de acoso tránsfobo, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans. Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado como están sucediendo, por ejemplo, en Murcia o en Andalucía, donde los acuerdos entre PP, Ciudadanos y Vox están introduciendo importantes limitaciones en las políticas educativas en favor de la diversidad.

Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que hasta el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional en lo que se refiere a las limitaciones impuestas a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal).

Por último, pero no menos importante, sigue pendiente la aprobación de un marco legislativo estatal que vaya más allá de las cuestiones registrales y que otorgue una mayor protección jurídica a las personas trans que sufren acoso, violencia o discriminación, sea en forma de una ley general contra la discriminación de las personas LGTBI o de una ley específica de transexualidad. Los antecedentes, en este sentido, no son precisamente tranquilizadores: la ambiciosa proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI impulsada por la FELGTB y registrada en el Congreso en mayo de 2017 nunca llegó a ser aprobada por el bloqueo impuesto en la mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos.

Mientras tanto, la sangría prosigue.

Fuente Dosmanzanas

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Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Es lo que tiene el pactar con la ultraderecha para impedir que gobierne el más votado (PSOE). El Trifachito en acción. Luego se extrañan algunas de que no sean bienvenidas en la Manifestación del Orgullo. ¿Esto es defensa de las personas LGTBI+?

La Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos, ha decidido finalmente oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses y que la formación naranja sí que apoyó en la pasada legislatura. Así lo ha trasladado en un documento remitido a las Cortes regionales, en el que la coalición que gobierna Castilla y León apuesta por un texto propio. En este sentido, dosmanzanas ha tenido acceso al primer borrador de anteproyecto propuesto por el Gobierno regional, y lo que hemos podido leer resulta muy preocupante. La Junta introduce significativos recortes a la propuesta de los colectivos, muy especialmente en materia de Educación y en todo lo que tiene que ver con los derechos de los menores trans.

Hace ahora un mes recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos han vuelto a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), ha dado un giro de 180 grados y apostaba ahora por un texto recortado que pudiera ser consensuado con el PP, su socio de gobierno. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que el texto del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

Pues bien, dosmanzanas ha tenido acceso a un primer borrador de dicho texto, y más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes nos llaman la atención aspectos como:

• La desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• La desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• La eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Estos son algunos de los elementos que «desaparecen» del borrador de proyecto de ley de la Junta. Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Se abre la puerta a los baños «apartheid» para menores trans

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos, que en su momento contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos. «Es fundamental que se apruebe la ley de los colectivos, que garantiza todos nuestros derechos. El texto que está impulsando el PP incluye recortes que ya conocemos y que se negociaron en la pasada legislatura con grupos contrarios a la diversidad sexual, por lo que una ley así no puede ser nuestra ley. Le pedimos al PP que por una vez deje de bloquear nuestros derechos y a Ciudadanos que demuestre su compromiso y mantenga su apoyo al texto que apoyó la anterior legislatura», ha manifestado a dosmanzanas Ignacio Paredero, presidente de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+).

Cabe señalar, al respecto de las negociaciones que señala Paredero entre el PP y grupos contrarios a los derechos LGTB, que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado al Gobierno de Murcia, también una coalición entre PP y Ciudadanos). También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. Una avalancha de comentarios que pese a resultar obvio que son fruto de una acción coordinada de sabotaje bien podría ser utilizada por el Gobierno de Castilla y León para justificar sus recortes. leone

Estaremos pendientes de cómo evoluciona la cuestión, y muy especialmente de si Ciudadanos en Castilla y León persiste en su alianza con el PP o decide volver a dar su apoyo a las medidas que en su momento defendió.

Comunicado de la Asociación Valladolid Diversa

Las organizaciones ATC Rainbow, Chrysallis, Fundación Triángulo y Valladolid Diversa, tras la reunión que hemos mantenido hoy con representantes de Ciudadanos, queremos expresar nuestra satisfacción por el compromiso mostrado por este grupo parlamentario con la igualdad real y los derechos de la Diversidad Sexual y de Género en Castilla y León, al aceptar y comprometerse a apoyar las aportaciones que hemos hecho a la propuesta de Ley LGTB+ de la Junta.

Entendemos que esta ley es absolutamente necesaria, pues necesitamos derechos y herramientas válidas para su defensa, y en este sentido han ido nuestras aportaciones al texto remitido por la Junta. Entre otras medidas, hemos incluido en nuestras enmiendas la continuidad y garantía de aplicación del protocolo de Educación, la mejora del protocolo de Sanidad, derechos como la tarjeta sanitaria para las personas trans menores de edad, la garantía de la atención integral sanitaria para todas las personas con diversidad sexual y de género, así como medidas para proteger del acoso escolar y del maltrato familiar a todas las personas de nuestro colectivo.

Asimismo, queremos recordar que las organizaciones LGTB+ somos las auténticas expertas en la materia que trata esta ley, pues somos nosotras, las personas con Diversidad Sexual o de Género, quienes sufrimos en nuestras propias carnes y en nuestro entorno todos los males que esta ley pretende erradicar o mitigar. En ese sentido llevamos luchando desde hace años y conocemos mejor que ninguna otra organización o profesional de fuera de nuestro colectivo cuáles son las herramientas que necesitamos para acabar con las discriminaciones que sufrimos y garantizar nuestra igualdad real.

Las cuatro organizaciones entendemos que será necesario el consenso parlamentario para sacar adelante esta ley. Por ello hemos empezado hoy nuestra ronda de reuniones con los grupos políticos, en primer lugar con Ciudadanos por ser el primer grupo en responder a nuestra petición, pero también nos reuniremos próximamente con el resto de grupos políticos. En dichas reuniones expresaremos nuestro deseo de alcanzar el consenso partiendo de nuestras medidas presentadas hoy como un mínimo para garantizar que la ley que finalmente se apruebe por las Cortes sea una herramienta efectiva para nuestra igualdad y nuestros derechos. De todas formas, entendemos que nuestras aportaciones siempre pueden ser ampliadas y mejoradas con más aportaciones en positivo. Lo que no estamos dispuestas a aceptar son recortes en igualdad y derechos. Deseamos mantener esta necesaria colaboración durante el trámite parlamentario de la ley, hasta que el texto sea finalmente aprobado por las Cortes de Castilla y León.

—
Asociación Valladolid Diversa
Luchamos por la diversidad

Fuente Dosmanzanas/Valladolid Diversa

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, ATC Rainbow, Castilla y León, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Equo, Francisco Igea, Fundación Triángulo, HazteOir, Ignacio Paredero, IU, Junta de Castilla y León, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

Ha sucedido en Avilés (Asturias). Una mujer trans, de 38 años de edad y nacionalidad brasileña, ha sido brutalmente asesinada a puñaladas. La Policía Nacional investiga lo sucedido. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer, que ejercía el trabajo sexual, pudo ser asesinada por un cliente. Aún está por determinar el posible componente de odio.

Según informa El Comercio, el cuerpo de la mujer fue encontrado por una limpiadora a primera hora de la tarde del sábado en un piso de la calle La Cámara de Avilés, en el que la mujer ejercía el trabajo sexual. Presentaba al menos quince heridas de arma blanca, aunque será la autopsia la que determinará la causa última de la muerte, que podría haberse producido el día anterior. El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, ayer de guardia, ha decretado el secreto de sumario.

A la espera de tener más información de lo sucedido, el colectivo asturiano XEGA ha convocado este lunes 23 de septiembre una concentración en Gijón, delante de la Gota de Leche, a las 20:00 horas. El colectivo LGTB asturiano ha expresado su repulsa por el asesinato y ha pedido la aprobación en Asturias de una ley contra la discriminación de las personas trans:

Mané Fernández, vicepresidente de la FELGTB, también ha expresado su condena del asesinato, y a la espera de que se aclare el posible componente de odio, también ha reclamado al Principado de Asturias la aprobación de una ley «que ampare a a las personas trans y garantice que tanto sus derechos como su nivel de protección sean como los de cualquier otra persona».

Se trata, en nuestro conocimiento, de la segunda mujer trans asesinada este año en España. El pasado marzo dos personas fueron detenidas como presuntas responsables de la muerte de otra mujer, cuyo cuerpo sin vida apareció en un huerto cercano a Castellón. En 2018 murió de Eli, objeto de una brutal paliza en Valladolid a manos de un menor. Y en octubre de 2016 fue Lorena Reyes la que murió en Santa Cruz de Tenerife (un jurado popular absolvió posteriormente al único acusado por su muerte).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Asturias, Avilés, Delitos de Odio, El Comercio, LGTBfobia, Personas transgénero, Policía Nacional, Trabajo sexual, Transexualidad, Transfobia, Violencia LGTBIfoba, XEGA

Campaña Nora y su mochila menguante

Preocupantes datos los que desvela un estudio elaborado por la FELGTB según el cual el 58% de las personas trans ha sido víctima de transfobia durante su etapa escolar, sobre todo en forma de insultos, acoso y amenazas. LA FELGTB considera urgente la aplicación de protocolos específicos de acompañamiento para menores y jóvenes trans, que parecen mejorar de forma muy clara estas cifras. 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes los datos extraídos de una encuesta realizada a una muestra de personas trans de entre 16 y 24 años de todo el territorio español que revela que casi el 60% (58%) sufrió transfobia en el ámbito escolar.

Esta transfobia, según el sondeo, se tradujo en forma de insultos (40% de incidencia), acoso (25%), amenazas (22%), ciberviolencia (18%), agresiones físicas (12%) y violencia sexual (9%) hasta el punto de que el 83% de los jóvenes que la sufrieron declaró que su etapa educativa fue menos feliz que la del resto del alumnado. Además, el 58% de quienes sufrieron estas violencias aseguró que el centro educativo no tomó ninguna medida para castigar a quienes las ejercieron.

La investigación (que puedes descargar aquí), aunque se realizó entre una muestra que no llega a ser representativa sí ofrece datos significativos, revela además que, tras ser víctima de estas agresiones, solo el 15% de las personas encuestadas encontró apoyo en el profesorado y un 20% no encontró apoyo en nadie. El 40% de los menores y jóvenes trans víctima de transfobia se apoyó en otros miembros del alumnado.

Por otra parte, los datos muestran que Secundaria es la etapa en la que más personas sufrieron transfobia (37%), seguida de Primaria (25%), Bachillerato o FP Superior (22%), educación Infantil (9%) y Universidad (7%). Un 57% de las personas víctimas de transfobia declararon haberla sufrido durante más de una etapa escolar.

Discriminaciones y dificultades del alumnado trans relacionadas con la identidad de género.

El 53% de las personas encuestadas afirmó que en el entorno escolar nunca o rara vez se las llamaba por su nombre de acuerdo a su género y un 66% explicó que en la documentación escrita siguió figurando el nombre que les asignaron al nacer.

Por otra parte, cuándo fueron preguntadas por las principales dificultades encontradas durante su etapa educativa, coincidieron en que, al margen del acoso verbal y/o físico, lo peor para ellas fue la falta de apoyo y comprensión por parte del profesorado y del resto del alumnado; el sentimiento de soledad; la falta de información y formación sobre la identidad de género y la diversidad afectivo-sexual y familiar que ellas mismas tenían y el sentimiento de no poder expresar quiénes eran por miedo al rechazo.

También señalaron aspectos puramente relacionados con la gestión del centro como la diferenciación del uniforme en función del género, la separación por género en asignaturas como educación física o los WC binarios. Y es que, el 89% respondió que en su centro existían actividades separadas por géneros; el 76% indicó que no existía en su centro educativo intimidad para cambiarse de ropa; el 99% explicó que en sus centros los aseos están diferenciados por géneros y el 88% aseguró que durante festividades y festivales (navidad, carnaval, etc.) se empleaba vestimenta diferente para chicos y chicas.

Repercusiones de las violencias y la discriminación

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, de los datos de la encuesta también se desprende que el 28% del alumnado trans víctima de violencia tuvo que cambiar de centro y que en personas trans de entre 16 y 20 años existe una tendencia al abandono escolar temprano superior a la de la población escolar de la misma edad.

Además, el 81% de las personas encuestadas utilizó un término negativo cuando se les pidió que describieran con una palabra su etapa escolar. Los adjetivos más repetidos fueron: horrible, agobiante, dura, infierno, difícil, costosa, incómoda y complicada.

La importancia de los protocolos 

Sin embargo, el informe arroja algo de luz ya que, según las respuestas de las personas encuestadas, mientras que en los centros educativos donde no existía protocolo de acompañamiento para menores y jóvenes trans, el 74% de las personas encuestadas declaró no haber encontrado ningún tipo de apoyo por parte de la comunidad educativa, en los centros donde sí se contaba con protocolo, esta cifra descendió hasta un 27%.

Por este motivo, Carlos Castaño, miembro de la Comisión Ejecutiva de FELGTB ha recordado durante el acto la necesidad de implantar estos protocolos de manera obligatoria en todos los centros educativos del territorio estatal. “Aún hay muchas CCAA que carecen de leyes autonómicas LGTBI que hacen obligatorios estos protocolos. También hay otras CCAA, donde sí existe legislación, pero está sin implementar por falta de dotación presupuestaria”, ha declarado y ha recordado que “se trata de menores que están sufriendo y su calidad de vida depende en muchas ocasiones de gestos simples”.

Por eso, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que, mientras se aprueban e implantan las legislaciones, mejore la vida de estos menores con gestos sencillos como llamarles por su nombre sentido, eliminar la separación por géneros en actividades como la educación física o permitirles vestir el uniforme correspondiente a su identidad sentida de género.

“En cualquier caso, no podemos dejar que los derechos de los menores y jóvenes dependan de la buena voluntad. Por eso, exigimos la aprobación de la Ley Estatal LGTBI que recoge todas estas medidas de forma prioritaria tras la formación de gobierno”, ha concluido Castaño.

A la luz de estos datos, FELGTB ha desarrollado una campaña dirigida a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular para sensibilizar sobre la realidad de los menores y jóvenes trans.

Conoce la historia de Nora y su mochila menguante:

Archivos

Informe menores trans FINAL-comprimido.pdf (4,58 MB)

Fuente FELGTB

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Como ya habíamos anunciado el pasado mes de julio, desde ayer mismo, la bióloga Brigitte Baptiste se ha convertido en la primera mujer trans en ser rectora de una universidad en Colombia. Baptiste, que hasta hace poco ejercía de directora general del prestigioso Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, ha ayudado siempre a visibilizar y empoderar al colectivo LGTBI, a través de su propia experiencia personal.

La bióloga colombiana Brigitte Baptiste, considerada la mayor experta en sostenibilidad de su país, se acaba de convertir en la primera mujer trans en ser rectora de una universidad en Colombia. Según anunció la Universidad EAN el pasado mes de julio, Baptiste se pone desde septiembre al frente de esta institución con el objetivo de «consolidar el propósito superior de la Ean: el emprendimiento sostenible».

«Bajo su dirección, la Institución lanzará una línea de consultoría corporativa que vinculará, a través de la investigación aplicada, a empresas y científicos en líneas como desarrollo de energías limpias y construcción sostenible. Un ejemplo de esta correcta articulación será la construcción del Ean Legacy, que se convertirá en el primer edificio del país construido bajo principios de economía circular y se inaugurará en junio de 2020», aseguraban a través de un comunicado los responsables de su fichaje.

#ComunicadoOficial | Nos complace informarle a la comunidad eanista y a la opinión pública que, a partir del primero de septiembre, asumirá como rectora de nuestra Institución la mayor experta en sostenibilidad de Colombia, @Brigittelgb. Más detalles: https://t.co/0xP1o5fHQK

— Universidad Ean (@UniversidadEan) July 22, 2019

Baptiste, casada con Adriana Vásquez —con quien tiene dos hijas—, ha ayudado siempre a visibilizar los derechos de la comunidad LGTBI. «Como soy bióloga, entiendo que la evolución se produce siempre a través de la variedad y de la diferenciación constante de la expresión sexual […] Si queremos respetar la naturaleza debemos entender que esa condición de lo raro es absolutamente positiva», confesaba la colombiana en una entrevista reciente.

Su curriculum, desde luego, no es una broma. Baptiste, que ahora tiene 55 años, se graduó en Biología por la Pontificia Universidad Javeriana y es experta en Conservación y Desarrollo Tropical. Durante los últimos diez años, había ejercido el cargo de directora general del prestigioso Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y, desde hacía uno, era miembro del Consejo Superior de la Universidad EAN.

Sin duda, un importante paso adelante en materia de visibilidad para Colombia, un país en el que la población LGTBI (y muy singularmente el colectivo trans) sigue sujeto a una considerable discriminación social y en el que el avance de sus derechos se ha producido no por decisión de las fuerzas políticas representadas en el legislativo, sino a golpe de sentencia de la Corte Constitucional.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Brigitte Baptiste, Colombia, Educación, https://www.cristianosgays.com/tags/corte-constitucional-colombia/, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Personas transgénero, Pontificia Universidad Javeriana, Transexualidad, Universidad EAN, Visibilidad LGTBI, Visibilidad trans

Fracaso mayúsculo de los grupos tránsfobos en Uruguay. El prerreferéndum convocado contra la ley integral trans aprobada el pasado mes de octubre no ha conseguido, ni de lejos, reunir el quorum necesario para llevar la ley a referéndum. Necesitaban contar con un 25% del censo electoral, y han conseguido solo un 9,9%.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. Aunque Uruguay ya había aprobado en 2009 una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, los colectivos uruguayos lucharon para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder.

Sin embargo, las fuerzas ultraconservadoras hicieron de la ley integral trans un objetivo a batir y reunieron las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría haber terminado con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados por los diputados del Partido Nacional Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue (este último pastor evangélico) consiguieron reunir 69.260 firmas en contra. Al superar el 2% del censo electoral era preceptivo convocar un primer referéndum no vinculante (o prerreferéndum) sobre la materia, que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral obligaba a la convocatoria de un segundo referéndum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les bastaba una mayoría simple.

Carlos Iafigliola, de hecho, hizo de la oposición a la ley trans uno de los puntos centrales de su candidatura en las elecciones primarias del Partido Nacional para ser elegido candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones del próximo octubre. Con poco éxito, dicho sea de paso: Iafigliola quedó en quinto lugar, con apenas un 0,37% de los votos. Un fracaso, el de Iafigliola, que anticipaba el fracaso del prerreferéndum, celebrado este domingo 4 de agosto y que solo ha conseguido el apoyo del 9,9% del electorado, muy lejos del 25% necesario para proceder al referéndum vinculante. En total, 2.691.752 votos. Un núcleo importante de electores declaradamente tránsfobos, sin duda, pero incapaces de revertir los derechos ya conseguidos.

«Hoy, la ciudadanía demostró que los Derechos Humanos no se someten a plebiscito. Hemos recorrido el territorio nacional informando y hablando con la gente. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha. Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido la situación en la que se encuentran la identidades trans por las barreras culturales. Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad», expresaba en un comunicado la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, que durante estos últimos meses ha desarrollado un trabajo ímprobo contra la desinformación y las mentiras de los grupos tránsfobos. Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra enhorabuena.

Una ley muy avanzada

La ley integral uruguaya es un magnífico ejemplo de hasta qué punto es posible legislar en favor de la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, más allá de la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales. En primer lugar, simplifica el procedimiento para proceder a esta, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. El procedimiento se hace además extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales. Pero el texto incluye también importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral.

El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

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El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007 «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», más conocida como «ley de identidad de género». Y lo ha hecho en un sentido favorable al derecho de las personas transexuales menores de edad a ver reconocida legalmente su identidad de género, pero marcando limitaciones que han merecido duras críticas por parte de Chrysallis, la asociación de familias de menores trans. En cualquier caso, el fallo del Constitucional pone de manifiesto, una vez más, lo anticuado del marco legislativo español por lo que a la realidad trans se refiere. 

Hay que remontarse al año 2016 para conocer el origen de la decisión. Por aquel entonces, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió plantear ante el  Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley 3/2007, que impide a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida.

A través de un auto del que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá (puedes descargarlo aquí en su integridad), la Sala de lo Civil del Supremo exponía la jurisprudencia que fundaba la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: la protección de la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen y el derecho a la salud, todos ellos en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El Tribunal Supremo consideraba, en este sentido, que las personas menores de edad también son titulares de esos derechos fundamentales, aunque con limitaciones o restricciones en su disfrute «que deben tener una justificación adecuada y proporcionada en la falta de madurez para ejercer el derecho o en la necesidad de protección que la propia Constitución reconoce a los menores». Para el Tribunal Supremo, estas justificaciones no operaban de modo uniforme durante toda la minoría de edad, perp, «cuando se trata de un menor con suficiente madurez que realiza una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad», el Supremo aseguraba «tener dudas» de que «la restricción absoluta que supone la exigencia de la mayoría de edad para poder solicitar el cambio en la mención registral del sexo y del nombre sea acorde a los principios y derechos fundamentales citados».

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional (ver nota informativa) ha apreciado los argumentos del Supremo, determinando por mayoría (ha habidos dos votos particulares, cuyos argumentos se conocerán cuando la sentencia se publique íntegra en el Boletín Oficial del Estado) que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad», representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Es por eso que el alto tribunal aprecia la vulneración del principio de desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución).

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’».

Chrysallis: un avance «muy relativo»

La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo fue consecuencia del recurso de un chico, representado por sus padres, que en el momento del nacimiento fue inscrito con nombre y sexo de mujer pero cuya identidad de género es masculina desde su más tierna infancia, y al que tanto en primera como en segunda instancia los tribunales habían negado su derecho a que esta fuese reconocida legalmente. La madre del chico no es otra que Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, asociación de familias de menores trans.

Desde Chrysallis, en este sentido, consideran la decisión del Tribunal Constitucional un avance, aunque «muy relativo». A falta de conocer el texto íntegro, Chrysallis critica que todo el proceso, desde que el 22 de julio de 2014 intentaran proceder al cambio en el Registro Civil de Benasque, se haya prolongado cinco años. «Cinco años cruciales de la vida de una persona, de los 12 a los 17. Y otros tantos de quienes habían puesto sus expectativas en una resolución rápida y no discriminatoria», expresa la asociación. Respecto al contenido del fallo, Chrysallis asegura que «podemos decir que es un avance, pero uno muy, muy relativo. Sí, se va a poder pedir la rectificación registral de nombre y sexo, siendo una persona menor de dieciocho años, y no te lo van a denegar (por ser menor), pero se va a tener que demostrar ‘madurez suficiente’. Madurez suficiente, ¿cómo se demuestra eso? ¿Se exige a la población no trans demostrar ‘madurez suficiente” antes de reconocer su identidad? ¿Qué tipo de ‘madurez suficiente” tiene un bebé neonato cuando se le inscribe? ¿Por qué una persona no trans ve reconocida su identidad desde ese mismo momento, pero las personas trans tienen que demostrar ‘madurez suficiente’?».

Respecto al segundo requisito, la «situación estable de transexualidad», Chrysallis lo tiene claro: «partimos nuevamente de una posición de desventaja: a nadie no trans se le pide una ‘situación estable’ para inscribirle en el Registro Civil, se aventura un pronóstico, una especulación por parte de una persona ajena, de cuál va a ser la identidad de la persona y se da por buena. No es un método científico, está ampliamente demostrado que no hay un solo parámetro biológico objetivo que determine la identidad de las personas (tampoco la orientación sexual). Es decir, la autodeterminación de la persona trans no es suficiente, tiene que hacerlo a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo?, ¿por qué?, ¿desde qué momento se va a considerar a una persona trans que lo es para empezar a contar?, ¿desde la primera verbalización?, ¿desde la primera vez que se salga del tiesto de los estereotipos de género?, ¿y si la familia o el entorno no es capaz de reconocer esas señales?, ¿y si la persona no es capaz de verbalizar por miedo, presiones, falta de herramientas su identidad?, ¿quién va a demostrar ese ‘currículo trans’ de las personas trans menores a las que nadie defiende ni escucha?».

«La realidad es que detrás de esta prevención vestida de prudencia para no equivocarse, se trasluce algo bastante feo, el Tribunal Constitucional entiende que ser trans, cambiar tus datos registrales, es peor que no serlo. Quiere evitar a toda costa cualquier posibilidad de error. Por desgracia no vemos el mismo empeño en que se establezcan ese tipo de filtros para evitar que las personas trans sean mal clasificadas por la administración al nacer, ni vemos a nadie pensando en medidas para indemnizar y compensar las discriminaciones, abusos y sufrimientos que pueden derivar de esta mala identificación que se hace en el nacimiento. Que la identidad sea reconocida parece que queda en manos de terceras personas, a las que habrá de convencer de quien se es, y a la arbitrariedad de la persona del Registro Civil de turno y su ideología», añaden desde Chrysallis, que critica que algunos medios subrayen como gran avance la decisión del Constitucional: «Digamos que de discriminarte mucho pasa a discriminarte menos, pero no te sitúa en una posición de igualdad con respecto al resto de la ciudadanía». 

España, rezagada

Como llevamos años denunciando desde esta misma página, en España los menores trans se encuentran en una situación de desprotección jurídica a la hora de ver reconocida legalmente su identidad, y su mayor o menor fortuna depende en buena parte del azar: deben acudir a los tribunales, y según en qué tribunal caiga su caso, el resultado es uno u otro. Incluso cuando consiguen el cambio de nombre rara vez consiguen la rectificación del sexo registral asignado. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que hasta ahora seguía excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Una situación cada vez más incomprensible si se tiene en cuenta que son ya numerosos los países que han modernizado sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. Un buen ejemplo es de Malta, que ni siquiera establece límite de edad inferior para proceder a la modificación del «sexo registral».

La actual resolución del Tribunal Constitucional, aun con sus limitaciones, viene a paliar esta situación, aunque no deja de resultar lamentable que en un país como España, que sobre el papel presume de ser uno de los más avanzados por lo que a la aceptación de la realidad de los menores trans se refiere, tengan que ser los tribunales los que enmienden la plana a una clase política que 12 años después de la aprobación de la ley ha sido incapaz de actualizarla.

Fuente Dosmanzanas

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El Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (COESIDA) en Oaxaca anunció que se encuentra trabajando para poner en marcha una clínica especializada para la atención de personas transgénero y transexuales. Se espera que las puertas de este centro se abran a finales de este año.

El anunció fue hecho por Gabriela Velásquez Rosas, titular del COESIDA, quien señaló que se encuentra en medio de las gestiones necesarias para que la clínica sea una realidad.

“La población transgénero es un sector vulnerable; además, por prácticas sexuales sin uso de condón, por complicaciones hormonales que derivan en infartos, diabetes, hipertensión, pues se automedican”, explicó Velásquez.

El espacio tendría por meta ofrecer atención integral por medio de especialistas; como endocrinólogos, quienes serían los encargados de proporcionar y dar seguimiento a los tratamientos hormonales, mismos que serían financiados por el gobierno.

La funcionaria detalló que para que el centro de atención especializado para personas trans  cumpla por completo sus objetivos es necesario que se realicen un serie de modificaciones a la Ley de Salud para dar un mayor énfasis a la atención de esta población.

“Hablar de las personas de este sector sigue siendo un tema tabú entre la sociedad y estos talleres buscan darles información integral respecto a las prácticas peligrosas y acceso a servicios de salud; ellos viven acoso sexual, estigmatización y discriminación, y la inclusión es la forma correcta de tener una sociedad sana y libre de estigmas”, declaró la funcionaria.

Con información de Imparcial de Oaxaca.

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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Médicos del Mundo presentaron la semana pasada los datos de un cuestionario a una muestra de 69 personas trans de todo el territorio español que revela que casi la mitad de estas personas anula o retrasa sus citas médicas para evitar sentirse discriminadas en la consulta.

Pese a la dificultades estadísticas de un estudio de este tipo (puedes descargarlo en su integridad aquí), los resultados ofrecen información fiable sobre los obstáculos que estas personas afrontan cuando requieren servicios sanitarios. El 19,7% de las personas trans encuestadas habían anulado compromisos médicos por miedo a que se las llame por un nombre que no es el suyo, el 16,7% para evitar faltas de respeto y el 13,6% por temor a visibilizarse como personas trans en la consulta:

Y es que, según el estudio, el 47,8% habían sufrido un trato discriminatorio en alguna ocasión al acudir a los servicios sanitarios. Un 15,9%, de hecho, aseguraba sufrirlo siempre o casi siempre. Por otra parte, un 27,5% de las personas encuestadas afirmaron que ya no van al médico nunca o casi nunca, debido al trato discriminatorio, la falta de formación del personal sanitario y, en general, un trato que las hace sentirse incómodas.

Estos datos, junto al hecho de que un 66,7% de las personas encuestadas reconocieron que nunca habían hablado sobre su salud sexual y la prevención del VIH y otras ITS con el personal sanitario, revelan, según el secretario de organización de la FELGTB, Loren González, que «estamos ante una situación muy alarmante que hace imprescindible una mayor formación de los profesionales sanitarios». Y es que, según las respuestas, el 75,3% de las personas trans considera que el personal sanitario tiene un conocimiento bajo o muy bajo sobre su realidad.

«Evitar o reducir las discriminaciones en este ámbito es muchas veces tan fácil como dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica», explica González. Una observación avalada, de hecho, por la evidencia: ya hace mas de un año hicimos referencia, por ejemplo, a una investigación estadounidense que mostraba que el mero hecho de respetar el nombre elegido por adolescentes y jóvenes trans disminuía drásticamente los casos de depresión e intentos de suicidio.

«Manual de instrucciones», campaña de sensibilización de la FELGTB

Por todos estos motivos, con el fin de sensibilizar a la comunidad sanitaria y acercarla un poco más a la realidad de estas personas, la FELGTB ha lanzado la campaña «Manual de instrucciones», que muestra, a través de diversos vídeos, situaciones a las que las personas trans se enfrentan habitualmente en los centros sanitarios y ofrece pautas sencillas al personal sanitario para solventarlas. Además, la FELGTB y Médicos del Mundo exigen que, de manera prioritaria, se forme a los profesionales sanitarios tanto del sector público como del privado sobre las especificidades de la realidad trans.

Otra demanda de FELGTB y Médicos de Mundo es la modificación urgente la Ley 3/2007, que sigue patologizando la realidad de estas personas en España. Una normativa anacrónica que continúa exigiendo un diagnóstico de «disforia de género» para poder llevar a cabo la modificación de los datos registrales, así como (con contadas excepciones) haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser una persona española y mayor de edad. «El derecho de autodeterminación debe estar garantizado por la legislación española, tal y como indica el Parlamento Europeo (…) Necesitamos una ley estatal ya que garantice este derecho, así como la correcta atención sanitaria a estas personas», apunta González. Ambas organizaciones reclaman además el desarrollo de las normativas autonómicas ya aprobadas sobre la materia. «Aunque hay comunidades como Madrid cuyas normativas suponen un salto cualitativo en el acceso al derecho a la salud de personas trans, la realidad es que existe un largo camino aún por recorrer en la práctica, ya que faltan recursos como formación a profesionales para que la normativa pueda ser una realidad», explica por ejemplo Ana Durán, coordinadora de Médicos del Mundo Madrid.

Os dejamos con el vídeo de presentación de «Manual de instrucciones». Puedes acceder al resto de vídeos aquí.

Fuente FELGTB

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  El Colegio de Médicos de Las Palmas se ha convertido en la primera institución española de este tipo que ha introducido la diversidad de identidades de género en su ficha colegial. Desde el pasado mes de mayo, existe una nueva casilla de identidad que será de cumplimentación voluntaria, pudiéndose elegir entre: hombre, mujer o no binaria. Dosmanzanas ha podido charlar sobre esta iniciativa con Joana Cabrera, médica de familia, activista trans y representante del Colectivo Gamá LGTB de Canarias.

General, Historia LGTBI Ámbito laboral, Canarias, Colegio de Médicos de Las Palmas. Discriminación, GAMÁ, Género no binario, Identidad de género, Intersexualidad, Joana Cabrera, Las Palmas de Gran Canaria, Personas transgénero, Transexualidad

Una pareja ha denunciado haber sido objeto de una agresión tránsfoba en la madrugada del pasado 26 de mayo en Zaragoza. La peor parte, por lo que a los golpes se refiere, fue para el chico, Erik García, presidente del colectivo aragonés Visión Trans, que solo días antes había recogido en Sevilla un premio por su activismo en favor de los derechos de las personas trans.

Según ha denunciado la Federación Plataforma Trans, la pareja, formada por un chico y una chica, ambas personas trans, intentó entrar pasadas las tres de la madrugada del domingo 26 de mayo a un bar, aún con clientes dentro, con intención de comprar tabaco. Una persona vinculada al establecimiento les prohibió el acceso, argumentando que ya estaba cerrado. Al salir, uno de ellos rozó la persiana metálica, que estaba medio bajada, y la persona que les había prohibido el acceso salió y se dirigió hacía ellos, comenzando los insultos homófobos y tránsfobos del tipo de «en mi bar no van a entrar maricones de mierda ni putos travestis». Insultos de los que fue testigo una amiga que acompañaba a la pareja. Al pedir explicaciones por la reacción, el agresor agarró a la chica. Cuando él intentó separarlos le propinó un fuerte golpe en el rostro, lo tiró al suelo y continuó dándole puñetazos. En el parte de lesiones se hace constar un hematoma en zona infraorbitaria y la presencia de siete piezas dentales con línea de fractura. Su pareja, por su parte, ha tenido que tomar medicación como resultado del cuadro de ansiedad resultante.

#StopTransfobia #SiTocanAUnxNosTocanATodxs
🔊 Es #URGENTE la tramitación de la #LeyTransEstatal de protección jurídica del derecho a la identidad sexual y agravar los delitos de odio #ContraLaTransFobiaTolerenciaCero
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— Plataforma Trans (@PlataformaTrans) 2 de junio de 2019

La Federación Plataforma Trans ha condenado los hechos y ha exigido que se adopten las medidas oportunas. «Las personas trans somos objeto de una gran violencia que se concreta en bullying escolar, acoso laboral, en redes sociales y agresiones tanto verbales como físicas en espacios públicos, ante la falta de aplicar en los delitos de lesiones o vejaciones el agravante de odio por transfobia», señala en su comunicado su presidenta, Mar Cambrollé.

Una de las víctimas, premiado en mayo por su activismo

Erik García, el chico agredido, fue galardonado el pasado 17 de mayo con uno de los Premios T, que concede la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, en reconocimiento a su activismo. En su discurso aludió a los riesgos de una involución en los derechos de las personas trans y exigió, como buena parte de los allí presentes, la aprobación de una ley trans de carácter estatal que protega los derechos de este colectivo especialmente vulnerable. «Hemos luchado contra el gobierno, contra todo, y hemos conseguido que en Aragón se haya aprobado una ley que reconoce nuestros derechos. Y ahora queda por hacer que haya una ley estatal para toda España», expresó entonces, en alusión a la aprobación, el pasado 2018, de una avanzada ley trans en su comunidad.

Fuente Dosmanzanas

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Joan López, un joven de 30 años de La Vall d’Uixó (en la provincia de Castellón), ha denunciado públicamente haber sido objeto de discriminación laboral por su condición de hombre trans. El diario El Mundo recogía este sábado la historia. 

El joven solicitó trabajo en una gasolinera de la zona. Pasó un periodo de prueba de unos 15 días, durante los cuales, según asegura, no hubo problema alguno y la sintonía con el gerente del establecimiento fue buena. De hecho, tras el periodo de prueba, le solicitaron la documentación para contratarlo de forma definitiva. Fue entonces cuando descubrieron que el chico es trans, ya que todavía no había podido completar el proceso de rectificación de sus datos registrales y en su Documento Nacional de Identidad aparece un nombre femenino.

A partir de ese momento, Joan notó que el tono de la relación cambió. Aunque fue contratado, tardaron poco en despedirlo: el joven debía acudir a la gasolinera los fines de semana, pero solo acudió dos. Al tercero ya no trabajó, después de recibir una llamada telefónica en la que le comunicaban el despido sin darle razón alguna más que «ya no hacía falta». Es más, según detalla El Mundo, cuando Joan reclamó 300 euros que la gasolinera le adeudaba, el gerente le exigió, de malos modos, que antes devolviera el uniforme. «Me habló muy mal, amenazándome con no pagarme», ha relatado. De hecho, a Joan no le abonaron lo que le debían hasta después de un tira y afloja con el gerente que no se resolvió hasta que intervino la esposa de este, a la que Joan conocía.

El joven ha decidido hacer público el caso, aunque según El Mundo su denuncia social no se ha acompañado, al menos de momento, de denuncia legal, al considerar que carece de pruebas suficientes para ello. Tampoco ha querido hacer pública la gasolinera en la que han sucedido los hechos. Y ello a pesar de que, según cuenta, no es la primera vez que esta circunstancia afecta a su vida laboral, ya que en mas de una entrevista de trabajo ha acabado recibiendo largas por parte del empleador al conocer este su condición.

Discriminación laboral contra las personas trans: es necesaria mayor protección

Conviene recordar, en este punto, que la legislación laboral española prohíbe la discriminación de los trabajadores por «razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español» (Estatuto de los Trabajadores). De igual forma, el Estatuto Básico del Empleado Público establece como derecho individual del mismo «la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Además, la Comunidad Valenciana, en su legislación autonómica, prohíbe cualquier forma de discriminación por identidad y expresión de género (Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana).

Sin embargo, como denunciaba en 2016 la FELGTB y Comisiones Obreras en su documento Personas trans en el ámbito laboral. Guía para el proceso de transición, que puedes descargar aquí, «no hay ninguna ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a las personas trans en el centro de trabajo mientras realizan su proceso de transición. Además a pesar de que es uno de los colectivos más discriminados e, incluso, excluidos del mercado laboral, no se ha puesto en marcha ningún plan de inserción laboral a nivel estatal y muy pocos a nivel local o autonómico». Se hace imprescindible una legislación estatal que proteja de forma sólida a las personas trans contra la discriminación. Esperemos que después de que la anterior legislatura se cerrara sin conseguirlo los partidos políticos se pongan a trabajar de inmediato para que las Cortes salidas de las pasadas elecciones generales la aprueben sin más dilación.

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Un joven de 23 años ha sido condenado a 10 meses de prisión por un tribunal parisino por la agresión a Julia Boyer, una mujer trans a la que golpeó el pasado marzo en plena calle, cuando Boyer se topó con una manifestación contraria al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika. Las imágenes de la agresión se viralizaron en redes sociales y desencadenaron gran indignación en Francia. Se da la circunstancia, además, de que la víctima ha tenido que soportar, durante el juicio, que se dirigieran a ella utilizando un pronombre masculino, pese a tratarse de una mujer. 

El pasado 31 de marzo, Julia Boyer se encaminaba hacia el metro cuando se topó, en la parisina Plaza de la República, con una manifestación contra el Gobierno de Abdelaziz Buteflika en Argelia. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a acosarla, le dirigieron insultos homófobos y tránsfobos, la zarandearon y la golpearon. Agentes de seguridad del metro intervinieron para ponerla a salvo. Las imágenes de la agresión, grabadas por una cámara de videovigilancia, se viralizaron rápidamente en redes sociales, levantando una ola de indignación que se extendió por toda Francia:

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk

— SOS homophobie (@SOShomophobie) 2 de abril de 2019

Julia Boyer recibió la solidaridad de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y de la secretaria de Estado francesa de Igualdad, Marlène Schiappa, entre otras personalidades, que condenaron lo sucedido y le ofrecieron su apoyo. Lamentablemente, solo uno de los agresores pudo ser identificado y detenido.

Poco más de mes y medio después, los hechos han sido juzgados, y el detenido, Seddik A., de 23 años, ha sido condenado a un total de diez meses de prisión, de los cuales seis deberá pasarlos obligatoriamente entre rejas. Deberá abonar a la víctima 3.500 euros, además de otros 1.500 euros a cada una de las tres organizaciones que también se han personado como parte (SOS Homophobie, Mousse y Stop Homophobie), y tiene prohibido contactar con la víctima y acercarse a su domicilio. El condenado, por su parte, ha alegado que durante los hechos se encontraba bajo medicación y no era plenamente consciente de sus actos. Sus abogados, que se reservan el derecho de recurrir la sentencia, argumentan que se trata de un joven en una situación social vulnerable, con problemas de adicción y bajo tratamiento psiquiátrico, y consideran la condena muy dura. Una dureza que atribuyen a lo mediático del caso.

Tanto Julia Boyer como los colectivos que la han acompañado en el juicio se han felicitado por la sentencia y consideran que la justicia ha hecho su trabajo, aunque lamentan que solo uno de los agresores haya podido ser juzgado. Lamentablemente, el proceso también ha tenido sus puntos oscuros: la víctima, que no ha podido todavía proceder a la rectificación de sus datos registrales (un proceso que en Francia sigue judicializado tras la tímida reforma promovida en 2016 por el entonces Gobierno socialista) tuvo que soportar que en varias ocasiones el tribunal se dirigiese a ella en masculino. De hecho, la Fiscalía, un tanto despistada, se vio obligada a cambiar la acusación, fundamentada inicialmente en la «orientación sexual» de la víctima, para basarla después en su identidad de género. Un ejemplo más de lo poco preparado que está el sistema de justicia, en este caso en Francia, a la hora de respetar la diversidad, incluso cuando las sentencias, como en este caso, son favorables a los intereses de las víctimas de LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas

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