El prelado comenta los datos del informe 2023 de Amnistía Internacional sobre la pena capital en el mundo

El presidente de la Pontificia Academia para la Vida se refirió a las cifras proporcionadas por el Informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, que documenta un número creciente de ejecuciones frente al reducido número de países que la practican

“El magisterio es esperanzador, concordante y fuerte al subrayar la oposición a esta crueldad, que las Escrituras ya prohibían desde los tiempos de Caín”

01.06.2024 | Francesca Sabatinelli

(Vatican News).- La esperanza es que el ejemplo se extienda, y que los países que han abandonado la pena de muerte, ya sea por abolición o moratoria, puedan inspirar a los que aún la practican. El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, comenta así los datos del informe 2023 de Amnistía Internacional sobre la pena capital en el mundo, que pone de relieve cómo el gran número de ejecuciones se produce en realidad en un pequeño grupo de países.

El año pasado se registraron hasta 1.153 ejecuciones registradas, un número que supone un aumento del 30% respecto al 2022, una cifra nunca antes alcanzada en los últimos diez años, atribuible, sin embargo, a un número reducido de países en comparación con el pasado, 16 en total, sin duda el más bajo registrado hasta ahora, explica Amnistía Internacional.

 Un año más, la clasificación sitúa a Irán y Arabia Saudí a la cabeza de la lista, con el 89% del total de ejecuciones, pero faltan las cifras de países como China, Corea del Norte y Vietnam, que no publican datos.

– Monseñor Paglia, el Informe 2023 de Amnistía Internacional indica que sigue habiendo grandes cifras sobre la pena de muerte, pero que, en realidad, sólo una pequeña minoría de países la aplica. La esperanza de la organización es que estos países se pongan al día y supriman definitivamente este castigo.

– Por supuesto, creo que lo que dice el informe muestra un aspecto positivo en el sentido de que crece el número de países que suspenden el castigo, que lo abolen, el problema es que algunos de estos Estados lamentablemente intensifican esta crueldad y espero que el ejemplo que se extiende pueda ayudar también a vencer esta lacra. Por ejemplo en algunos países como la República Democrática del Congo, donde también se ha reintroducido recientemente.

Espero realmente que este instrumento, cuya crueldad es cada vez mayor, sea abolido. Y estoy convencido de que el progreso nos ayudará en este sentido. Mi preocupación está en otra perspectiva, y se trata del despeje, si puedo decirlo así, de la guerra, de las armas, de una sensibilidad que confía precisamente a las armas lo que debe hacer la política, Esta es la preocupación más grave que siento en este momento que debo vincular, en cambio, a un progreso positivo que hay en otra perspectiva.

– Es un progreso que la Iglesia siempre ha esperado: la Iglesia enseña que la pena de muerte es inadmisible en cualquier aspecto…

“Es una hermosa profecía, ya la de San Juan Pablo II que recordamos allá por los años 1990 cuando intercedía allí donde había algo que bloquear, aplazar, abolir. Hasta llegar a la muy lúcida afirmación del Papa Francisco, que llegó incluso a transformar el Catecismo, reiterada ahora en el último documento Dignitas Infinita con gran claridad”

Y puedo dar un pequeño testimonio propio. Recuerdo cuando, en los años noventa, intentamos con la Comunidad de San Egidio instar al episcopado estadounidense a que se implicara en este campo y fuimos cautelosamente frenados.

“La semana pasada estuve en Estados Unidos, y hay un movimiento de cristianos contra la pena de muerte, apoyado por el episcopado, y éste es un pequeño gran ejemplo de cómo esta perspectiva de la Iglesia católica está realmente al servicio de un nuevo humanismo en el que la dignidad significa respeto y protección de todas las vidas humanas”

– Es como dijo Benedicto XVI cuando llamó la atención de todos los dirigentes de las sociedades sobre la necesidad de hacer todo lo posible para eliminar la pena de muerte. Ratzinger, primero Juan Pablo II, luego el Papa Francisco, una voz contra la pena capital…

“Sí, me parece que el magisterio de la Iglesia se expresa ahora claramente en esta perspectiva, y esto, evidentemente, da esperanza: el acuerdo y la fuerza para subrayar la oposición de la Iglesia a esta crueldad increíble, que las Escrituras ya prohibían desde los tiempos de Caín”

Esta profecía de todo el magisterio, también el Papa Benedicto XVI hizo bien en recordárnosla, creo que es realmente como está escrito en el Evangelio, esa semilla puesta en la tierra y, yo diría, tanto si el agricultor duerme como si vigila, esta semilla ciertamente dará fruto. Es una gran esperanza, porque es una verdad tan hermosa, tan fuerte que, en mi opinión, es verdaderamente imparable.

Fuente Religión Digital

General Amnistía Internacional, Pena de Muerte, Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia

Cartel emblema del Movimiento Hutí, traducido del árabe:

Dios es el más grande
Muerte a Estados Unidos
Muerte a Israel
Maldición para los judíos

Victoria para el islam

Nueve hombres fueron condenados a muerte por un tribunal hutí de Yemen en un juicio masivo basado en cargos “dudosos” de sodomía, afirmó una organización de derechos humanos.

El movimiento hutí, oficialmente conocido como Ansar Allah, es una organización política y militar islamista chiita que surgió en Yemen en los años 1990. Los militantes hutíes controlan gran parte del país y son conocidos por perseguir a las personas LGBTQ+ mediante arrestos arbitrarios, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, amenazas y acoso.

En el juicio, que supuestamente tuvo lugar el 23 de enero, se condenó a 32 hombres. Nueve de ellos fueron condenados a muerte, que incluyen crucifixión y lapidación, mientras que 23 fueron enviados a prisión por períodos de hasta 10 años. Tres de estos hombres también fueron condenados a azotes públicos.

Al comentar sobre la situación, Niku Jafarnia, investigador de Human Rights Watch en Yemen y Bahréin, calificó el juicio masivo como un “aborrecible desprecio por el Estado de derecho”.

“Los hutíes están dictando sentencias de muerte y sometiendo a hombres a malos tratos públicos sin una apariencia de debido proceso. Los hutíes están utilizando estas medidas crueles para distraer la atención de su incapacidad para gobernar y satisfacer las necesidades básicas de la población de sus territorios”.

“Para encubrir su brutalidad, los hutíes están acusando a la gente de actos inmorales, especialmente a quienes se oponen a ellos”, continuó Jafarnia.

“Los hutíes deben poner fin inmediatamente al uso de la pena de muerte y otras formas de castigos crueles y degradantes y garantizar el debido proceso a los acusados”.

Human Rights Watch revisó los documentos oficiales de acusación contra los hombres emitidos por el tribunal hutí, así como vídeos de los procedimientos judiciales publicados en las redes sociales y entrevistó a un abogado con conocimiento del caso.

La organización concluyó que hubo violaciones del debido proceso en Yemen, incluidas la falta de órdenes de arresto por parte de agentes de policía y registros y confiscaciones ilegales de los teléfonos de los hombres.

El abogado también cuestionó si los hombres acusados de los crímenes tenían acceso a asistencia letrada.

Las conclusiones de Human Rights Watch siguen a informes anteriores de febrero de que 13 hombres fueron condenados a muerte por delitos relacionados con la homosexualidad.

Las sentencias de muerte se dictaron en Ibb, una zona controlada por los rebeldes hutíes, y Jafarnia dijo en ese momento que mientras “el mundo está ocupado observando sus ataques en el Mar Rojo”, los hutíes “están intensificando sus abusos en casa”.

“Si realmente les importaran los derechos humanos que dicen defender en Palestina, no estarían azotando y apedreando a los yemeníes hasta la muerte”.

En el centro, un desfile de combatientes hutíes. Arriba a la izquierda, el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní. A la derecha, Mohammed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita

Según Amnistía Internacional, los rebeldes siguen atacando a las personas LGBTQ+ con arrestos arbitrarios y torturas, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual.

Según el Grupo de Expertos sobre Yemen establecido en virtud de la resolución 2140 del Consejo de Seguridad, los hutíes han cometido una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluidas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra mujeres y niños. Niños de tan solo 13 años han sido arrestados por “actos indecentes” por supuesta orientación homosexual o “casos políticos” cuando sus familias no cumplen con la ideología o las regulaciones hutíes. Los menores comparten celdas como presos adultos y, según informes fidedignos, los niños recluidos en la comisaría de policía de Al-Shahid Al-Ahmar, en Saná, son violados sistemáticamente.

En 2022, el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista en Yemen del Sur, y los hutíes arrestaron al menos a cinco personas por su negativa a ajustarse a una presentación “masculina” y “femenina” o por su activismo LGBTQ+.

En una ocasión, sacaron de la calle a un hombre queer y lo acusaron de ser un “desviado sexual”. Fue detenido en un vehículo militar y sólo fue puesto en libertad con la condición de que aceptara ayudar a los hutíes a capturar a personas que no se ajustaban a las normas de género. Sin embargo, después de ser liberado se negó y las fuerzas de seguridad le dijeron que lo buscaban para arrestarlo nuevamente.

Miembros de la minoría zaidí, una rama del chiismo, los hutíes han impuesto normas sociales y religiosas muy estrictas, dirigidas especialmente a las mujeres. La aplicación de la sharía, que se extiende a todo el país, conlleva también la penalización de las relaciones homosexuales, en este caso con la mayor severidad y crueldad, hasta castigarla con la pena de muerte.

Bajo las zonas controladas por los hutíes, a las mujeres se les ha impedido viajar sin un mahram (tutor masculino), o prueba escrita de su consentimiento, incluso para recibir atención médica esencial. Mientras tanto, el aumento de las restricciones a los viajes ha afectado la capacidad de las mujeres para trabajar, lo que ha provocado que muchas no puedan acceder a la atención sanitaria y que las trabajadoras humanitarias yemeníes no puedan llegar hasta ellas. Esto también afectó a las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas en Yemen, obligando al personal femenino a trabajar en puestos de oficina. Los hutíes utilizan las acusaciones de prostitución como herramienta para difamar públicamente a las mujeres yemeníes, incluidas las de la diáspora que participan en la política, la sociedad civil o el activismo por los derechos humanos, junto con amenazas a personas y familias. Las mujeres detenidas son agredidas sexualmente y han sido sometidas a pruebas de virginidad y, a menudo, se les impide el acceso a bienes esenciales. La tortura de las mujeres detenidas también es llevada a cabo por el Zaynabiyat, el ala policial femenina de los hutíes

Insistimos en recordar que:

Yemen es uno de los seis países donde se aplica de hecho la pena capital para los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo, junto a Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania y Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía). En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación: Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente PinkNews/Cristiaois Gays

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En 1835, James Pratt y John Smith se convirtieron en las últimas personas ahorcadas en Inglaterra por ser homosexuales.

En 1835, James Pratt y John Smith se convirtieron en las últimas personas ahorcadas en Inglaterra por un crimen tan atroz que ningún periódico se atrevió a publicar su nombre. En su lugar, se tradujo como “b-gg-ry“. Pratt y Smith habían sido descubiertos en una habitación por un casero entrometido y su esposa, que se habían turnado para mirar por el ojo de la cerradura antes de llamar a la policía.

Sin embargo, incluso estos entrometidos parecían sorprendidos por la dureza con la que la ley había presionado a sus descarriados huéspedes. Cuando el caso llegó a Old Bailey, el Sr. y la Sra. Berkshire suplicaron al juez que tuviera piedad: les gustaba llevar una casa respetable, pero colgar a James y John no era lo que tenían en mente.

Los Berkshire no eran falsos. Tenían motivos para creer que el caso nunca llegaría a los tribunales o, al menos, que acabaría siendo desestimado. En el bullicioso Londres, donde los trabajadores a menudo tenían que compartir la cama o “hacer agua” en público, muchos delitos potenciales se podían explicar como malentendidos. Y en los casos en que los hombres eran declarados culpables y condenados a muerte, la sentencia se conmutaba en la mayoría de los casos por el transporte.

Las acusaciones de sodomía real podrían conducir a la muerte en la horca, la sentencia automática por el delito desde el reinado de Enrique VIII. Sólo los ricos y con buenas conexiones podían desafiar el sistema, sabiendo que podían recurrir a testigos de carácter impresionante y confiar en un jurado de sus pares para absolverlos.

En lo que respecta al resto, Inglaterra tuvo el historial más vergonzoso de Europa. La mayoría de las demás naciones nunca habían ejecutado a personas por homosexualidad, y aquellas que lo hicieron habían abolido la práctica mucho antes. (El último caso de Alemania fue en 1537, el de España en 1647, el de Suiza en 1662, el de Italia en 1668 y el de Francia en 1750).

Sin embargo, entre 1806 y 1835 en Inglaterra, 404 hombres fueron condenados a muerte por sodomía. De ellos, 56 fueron ahorcados, mientras que muchos más fueron encarcelados o transportados.

En los últimos años se había producido un ablandamiento de la opinión pública respecto a las relaciones sexuales con penetración entre hombres que, si bien eran “perversas”, “diabólicas” y “contrarias al orden de la naturaleza”, ya no parecían requerir la sanción definitiva, especialmente cuando su delito no había implicado ni violencia ni robo. Habían pasado más de doce años desde que el consejo privado había ordenado una ejecución similar por este delito en la prisión de Newgate.

Es difícil decir qué hizo diferente el caso de Pratt y Smith. Ninguno de los dos había tenido problemas con la ley, y no eran el tipo de hombres que suelen desagradar al público. Pratt estaba casado y tenía hijos, y su mujer le apoyó en todo momento.

La pareja también fue discreta, ya que pagó a un hombre llamado William Bonill para que les dejara utilizar su habitación, que alquilaba en los Berkshires. Bonill acabó condenado como cómplice y fue trasladado a Van Diemen’s Land, la actual Tasmania.

Probablemente Pratt y Smith eran simplemente culpables de ser pobres. Ésa era, sin duda, la opinión de Hensleigh Wedgwood, el magistrado que los había procesado en un principio y que, a la vista de su condena a muerte, escribió al ministro del Interior pidiéndole clemencia. Señaló que los hombres con dinero podían permitirse alquilar lugares seguros para llevar a sus amantes masculinos o, como mínimo, sobornar al casero y a los criados para que guardaran silencio. En caso de ser acusados, estos caballeros salían bajo fianza, momento en el que podían huir a Francia, Alemania o Italia.

Pratt y Smith, por el contrario, estaban a merced de un sistema áspero y despiadado que los arrojó a la apestosa prisión de Newgate -también conocida como “el infierno sobre la tierra“- y los condujo a la horca. Un informe de 1835 detalla el caso de James Pratt y John Smith cuando fueron condenados a la horca y dice que los prisioneros “abandonaron el banquillo llorando“. En la tarde del sábado 19 de septiembre de 1835, James, John, William y otros 21 prisioneros fueron esposados de dos en dos y marcharon una milla y media hasta la cárcel de Newgate. El viaje habría sido desagradable, ya que las multitudes aprovechaban cada oportunidad para burlarse de los criminales que se dirigían a Newgate y les arrojaban todo lo que tenían a mano.

A las 12 semanas de su detención ya estaban muertos.

¿Qué inspiró tal crueldad? La religión ciertamente jugó un papel importante: la todopoderosa Iglesia de Inglaterra gobernó tu vida desde el bautismo hasta el entierro, amenazando con la condenación del pecador impenitente. Y en lo más alto de la lista de vicios estaba el pecado de sodomía o “sodomía”.

La repugnancia pública era tan visceral que algunos hombres homosexuales fueron encarcelados como parte de su sentencia, mientras les arrojaron gatos muertos, huevos podridos y cubos llenos de sangre, despojos y estiércol.

Sin embargo, a pesar de todas las denuncias, había una determinación extraña e hipócrita de no mencionar nunca lo que se suponía que habían hecho esos hombres. Fue el crimen que no se atrevió a pronunciar su nombre. La mayoría de los periódicos tuvieron la virtud de correr un velo sobre los procedimientos legales, alegando que actos tan atroces nunca podrían detallarse. Incluso los jueces ejecutados se mostraron tímidos y a menudo sólo hicieron referencias veladas a la depravación.

Los guardias de Newgate, los funcionarios del Ministerio del Interior, los empleados y taquigrafistas del Old Bailey hicieron lo mismo, negándose a escribir la palabra completa y en su lugar inscribieron “b-gg-ry” o “s-d¬y”. En muchos casos, todo lo que quedó registrado del juicio fue el nombre del criminal, el delito anónimo, el veredicto, la sentencia, el jurado y el juez.

Esta estricta omertá significa que los libros de historia actuales hacen que parezca que la Gran Bretaña de principios del siglo XIX era una zona libre de homosexuales.

De hecho, la caída de James y John sólo puede reconstruirse gracias al taquigrafista inusualmente diligente en su juicio. Consciente de que podía incluir muy poco en su relato oficial, proporcionó una gran cantidad de detalles en un apéndice, el único que escribió.

¿Quiénes eran estos dos hombres acusados del peor “crimen”: el asesinato en un bar? De John sabemos que venía de Worcester y, como tantos otros muchachos del campo, había viajado a Londres para incorporarse al servicio doméstico.

Con solo 5 pies 3 pulgadas, era corpulento, con cabello castaño claro, ojos verdes y tez clara. A partir de 1818, durante al menos dos años, trabajó como sirviente para una familia rica en Brunswick Square, Bloomsbury. Sin embargo, parece que gran parte de su vida laboral la pasó como trabajador.

Sabemos mucho más sobre James, quien nació en una familia pobre en Great Burstead, Essex. Sus padres terminaron en asilos separados, donde murieron con pocos días de diferencia en 1817.

James, que entonces tenía 15 años, ya había estado subsistiendo durante tres años con miserables dádivas de los guardianes de la Ley de Pobres. Al igual que John, se dirigió a Londres.

En algún momento de 1818, encontró un puesto como mozo de cuadra para un abogado en prácticas en Camberwell, al sur de Londres, que entonces todavía era un pueblo agrícola. Cinco o seis años después, se separó en buenos términos de su maestro y se mudó a Deptford, donde conoció a Elizabeth Moreland, la hija de un carpintero de barcos, y se casó con ella cuando tenía 20 años. Todo lo que sabemos sobre su apariencia es que medía 5 pies 1 pulgada de alto.

En lo que respecta a sus amigos y vecinos, James estaba felizmente casado. Sin embargo, desde su juventud supo que se sentía atraído sexualmente por su propio sexo, y Londres rebosaba de hombres disponibles, como los miles de veteranos de la Marina que habían pasado años encerrados en la única compañía de otros hombres.

Cuando se leyó la acusación, James, John y William se pusieron de pie. Era largo y repetitivo, afirmando que el acusado había sido “seducido por la instigación del diablo“. Los cargos comenzaron con John. Había cometido y perpetrado “de manera criminal, perversa, diabólica y contra el orden de naturaleza” “el crimen detestable, horrible y abominable, que entre cristianos no se debe nombrar, llamado sodomía”. Los cargos contra James utilizaron un lenguaje similar. En cuanto a Bonell, “de manera criminal y maliciosa incitó, movió, procuró, aconsejó, contrató y ordenó” a los dos hombres a cometer el delito grave.

Se pidió a los tres hombres que presentaran su defensa. Pero sin abogados defensores ni nadie que les aconsejara, no tenían idea de qué decir; más allá de repetir que no eran culpables. Pero no lograron convencer al jurado que, sin retirarse, tardó apenas unos segundos en emitir su veredicto. James y John eran culpables de un delito grave y William de un delito menor. La sentencia se conoció a última hora del lunes siguiente. Este era el trabajo del registrador, Charles Ewan Law, MP, quien era el funcionario jurídico superior de la ciudad de Londres.

A los 43 años Charles Ewan, era virulentamente homófobo . Poco después de convertirse en diputado, presentó una enmienda a un proyecto de ley que se estaba tramitando en el Parlamento, proponiendo que se endureciera aún más la ley sobre la homosexualidad. Afortunadamente, los Lores consideraron que la enmienda era tan extrema que la anularon.

De vuelta en Old Bailey, Law se ocupó primero de Bonnell y lo condenó a ser transportado durante 14 años a Van Diemen’s Land (Tasmania). Luego, el registrador se puso guantes negros y ordenó que James y John se mantuvieran alejados mientras él se ocupaba de los otros convictos. Once prisioneros recibieron sentencias de muerte por delitos como el robo de pañuelos por valor de 30 chelines. Sin embargo, como Law sabía muy bien, Inglaterra estaba perdiendo su apetito por la pena capital, y era probable que cada sentencia fuera rebajada más adelante a prisión o transporte. En su época como Registrador, todavía no había visto morir a ningún hombre. Al menos, esperaba que el caso de James y John podría conducir a la horca.

Cuando llegó el momento de llamarlos, Law sugirió que las mujeres abandonaran la corte. Luego se dirigió a la pareja y les dijo que los había separado de los demás prisioneros porque “por muy grandes que hubieran sido sus crímenes, habrían sido contaminados” por la presencia de James y John.

No quería ofender los oídos del tribunal al dilatarse sobre la enormidad de la ofensa, pero imploraría a los dos hombres que buscaran misericordia de Dios, “mientras estaban al borde de la eternidad, culpables de ofensas que apenas provocan una lágrima”. de lástima por su suerte, y en consideración de que en un país británico la misericordia siempre había sido una extraña”.

Todos notaron que Santiago y Juan estaban “considerablemente afectados” y “lloraron mucho durante el discurso”. Dicho esto, el ‘ordinario‘ de Newgate, el reverendo Horace Cotton, colocó ‘la gorra negra‘, un cuadrado de veinte centímetros de seda negra fláccida, encima de la peluca empolvada de Law y el registrador entonó lentamente: ‘John Smith, la ley dice, volverás al lugar de donde viniste y de allí al lugar de ejecución, donde serás colgado del cuello hasta que el cuerpo esté muerto. Como una sentencia de muerte, repitió la última palabra dos veces más: “¡Muerto!”. ¡Muerto!’

Law repitió la fórmula para James, antes de instar a los hombres a “aplicar el corto tiempo que tenían para vivir a Dios por esa misericordia que no podían esperar recibir de manos de un hombre”. No podría haberlo dicho con más fuerza: no había esperanza. O eso parecía. De hecho, todavía había algunas razones para creer que James y John aún podrían escapar de la soga del verdugo… Pero no, desgraciadamente, a las 12 semanas de su detención ya estaban muertos.

***

Chris Bryant, diputado de larga trayectoria que se convirtió en la primera persona en celebrar su unión homosexual en el Palacio de Westminster en 2010, considera, con razón, que la historia de Pratt y Smith debe volver a contarse mientras haya lugares en el mundo donde la homosexualidad se castigue con la muerte: entre ellos Arabia Saudí y Uganda. Por muy admirable que sea este objetivo, no puede disimular la escasez del material con el que tiene que trabajar aquí.  Por ello, ha publicado James and John: A True Story of Prejudice and Murder (James y John: una historia real de prejuicios y asesinatos) publicado por Bloomsbury Publishing.

Ni Pratt ni Smith dejaron diarios ni cartas, por lo que es imposible saber lo que pensaban o sentían. En su lugar, Bryant mira hacia el exterior, conjurando una imagen verbal del Londres pre-victoriano mediante el examen de sus registros públicos. En consecuencia, hasta el personaje más insignificante de la alta burguesía cuenta con un árbol genealógico completo y profuso. No se menciona ninguna calle sin un resumen de todas las tiendas que la flanquean.

La intención es sugerir cierta densidad social a un mundo que condenaba a muerte sin miramientos a los homosexuales. Pero el resultado narrativo es desalojar la historia de Santiago y Juan del lugar que le corresponde, en el corazón de la historia.

Fuente Mail on line/The Guardian/The Telegraph

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Cartel emblema del Movimiento Hutí, traducido del árabe:

Dios es el más grande
Muerte a Estados Unidos
Muerte a Israel
Maldición para los judíos

Victoria para el islam

Según la agencia de noticias France-Presse (AFP), una fuente judicial anónima les ha comunicado que 13 personas han sido condenadas a muerte por homosexualidad en Yemen. El tribunal que ha dictado la sentencia está radicado en Ibb, una población controlada por los rebeldes hutíes, de filiación chiita, que aplican la sharía o ley islámica como en el resto del país. En el juicio, del total de 16 acusados, tres de ellos fueron condenados a penas de prisión, y el resto a la pena capital. Según la misma fuente, al menos 35 personas han sido detenidas recientemente en Ibb con cargos semejantes.

El movimiento hutí, conocido oficialmente como Ansar Allah, es una organización política y militar islamista chiita que surgió en Yemen durante la década de 1990. Los militantes hutíes controlan amplias zonas del país, y los recientes ataques del grupo al transporte marítimo del Mar Rojo han provocado represalias tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.

Las condenas a muerte se dictaron en Ibb, zona controlada por los rebeldes hutíes. La fuente judicial se puso en contacto con la AFP a principios de este mes de febrero, excusando su anonimato en no tener autorización para hablar con la prensa. Como apoyo a sus declaraciones adjuntó un vídeo, que la AFP aclara que no ha podido verificar independientemente, en el que se observa cómo un juez detalla los cargos contra los acusados antes de la condena pública a muerte: homosexualidad, atentado al pudor, incitación al libertinaje y difusión de imágenes contrarias a la decencia pública.

Según informa la AFP, citando una fuente anónima, otras tres personas fueron encarceladas por cargos similares y otras 35 personas fueron detenidas en la provincia, también por presuntos delitos relacionados con la homosexualidad. .

Las conclusiones del tribunal están abiertas a apelación y no está claro cuándo se llevarán a cabo las ejecuciones públicas, en todo caso, aunque la sentencia sea firme, esta última no siempre se aplica, pero, según un informe del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos de 2022, los hutíes han condenado a muerte a 350 personas. – 11 de los cuales han sido ejecutados – desde que tomaron la capital de Yemen, Saná, en 2014.

“Los hutíes están intensificando sus abusos en casa mientras el mundo está ocupado observando sus ataques en el Mar Rojo“, dijo a la AFP Niku Jafarnia, investigador de Human Rights Watch.

“Si realmente les importaran los derechos humanos que dicen defender en Palestina, no estarían azotando y apedreando a los yemeníes hasta la muerte”.

Según Amnistía Internacional, los rebeldes siguen atacando a las personas LGBTQ+ con arrestos arbitrarios y torturas, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual.

Según el Grupo de Expertos sobre Yemen establecido en virtud de la resolución 2140 del Consejo de Seguridad, los hutíes han cometido una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluidas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra mujeres y niños. Niños de tan solo 13 años han sido arrestados por “actos indecentes” por supuesta orientación homosexual o “casos políticos” cuando sus familias no cumplen con la ideología o las regulaciones hutíes. Los menores comparten celdas como presos adultos y, según informes fidedignos, los niños recluidos en la comisaría de policía de Al-Shahid Al-Ahmar, en Saná, son violados sistemáticamente.

En 2022, el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista en Yemen del Sur, y los hutíes arrestaron al menos a cinco personas por su negativa a ajustarse a una presentación “masculina” y “femenina” o por su activismo LGBTQ+.

En una ocasión, sacaron de la calle a un hombre queer y lo acusaron de ser un “desviado sexual”. Fue detenido en un vehículo militar y sólo fue puesto en libertad con la condición de que aceptara ayudar a los hutíes a capturar a personas que no se ajustaban a las normas de género. Sin embargo, después de ser liberado se negó y las fuerzas de seguridad le dijeron que lo buscaban para arrestarlo nuevamente.

Miembros de la minoría zaidí, una rama del chiismo, los hutíes han impuesto normas sociales y religiosas muy estrictas, dirigidas especialmente a las mujeres. La aplicación de la sharía, que se extiende a todo el país, conlleva también la penalización de las relaciones homosexuales, en este caso con la mayor severidad y crueldad, hasta castigarla con la pena de muerte.

Bajo las zonas controladas por los hutíes, a las mujeres se les ha impedido viajar sin un mahram (tutor masculino), o prueba escrita de su consentimiento, incluso para recibir atención médica esencial. Mientras tanto, el aumento de las restricciones a los viajes ha afectado la capacidad de las mujeres para trabajar, lo que ha provocado que muchas no puedan acceder a la atención sanitaria y que las trabajadoras humanitarias yemeníes no puedan llegar hasta ellas. Esto también afectó a las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas en Yemen, obligando al personal femenino a trabajar en puestos de oficina. Los hutíes utilizan las acusaciones de prostitución como herramienta para difamar públicamente a las mujeres yemeníes, incluidas las de la diáspora que participan en la política, la sociedad civil o el activismo por los derechos humanos, junto con amenazas a personas y familias. Las mujeres detenidas son agredidas sexualmente y han sido sometidas a pruebas de virginidad y, a menudo, se les impide el acceso a bienes esenciales. La tortura de las mujeres detenidas también es llevada a cabo por el Zaynabiyat, el ala policial femenina de los hutíes

Insistimos en recordar que:

Yemen es uno de los seis países donde se aplica de hecho la pena capital para los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo, junto a Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania y Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía). En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación: Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente PinkNews /Wikipedia

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Acuerdo mahram, Ansar Allah, Consejo de Transición del Sur, Ejecuciones, France-Presse, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hutíes, Ibb, Niku Jafarnia, Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, Palestina, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Saná, Sharia, Yemen, Yemen del Sur

Cuando tomó la difícil decisión de huir de Uganda, tras la aprobación de la draconianas ley anti-LGBTQ+ del país, el activista Henry Mukiibi pensó: “¿Qué he dejado atrás?“.

Mukiibi, director ejecutivo del grupo LGBTQ+ de Uganda Children of the Sun Foundation (COSF), lleva huido y viviendo en la capital keniana, Nairobi, desde principios de este año, tras recibir información de que las autoridades de su país querían detenerlo en virtud de la nueva legislación contra la homosexualidad.

La Ley contra la Homosexualidad, promulgada en mayo y que contempla la pena de muerte para ciertos actos sexuales entre personas del mismo sexo, ha desatado un torrente de abusos contra las personas LGBTQ+ en el país. Varias personas homosexuales han sido detenidas. Otros, entre ellos Mukiibi, consiguieron escapar mientras su gobierno promulgaba una de las leyes anti-LGBTQ+ más duras del mundo.

Mukiibi explica a los medios de comunicación que la situación en Uganda es peor que nunca.

Los servicios del COSF, que proporcionan asistencia sanitaria y jurídica, así como refugio a personas vulnerables, entre ellas miembros de la comunidad LGBTQ+, se han visto afectados por la legislación.

Mukiibi afirma que fue testigo de cómo la gente se volvió “tan homófoba” que “empezaron a atacar” a los miembros del comité del COSF, “golpeándoles por ser quienes son”.

Y añade: “Lo que hicimos fue pedir a las personas cercanas que los trajeran a la clínica, y les estamos prestando servicios sanitarios para que reciban tratamiento. Los desahucios han llegado a ser demasiados porque el proyecto de ley tenía una frase que decía que los propietarios no debían dar a las personas LGBT alojamiento o casas en alquiler. Muchas personas fueron desahuciadas. Aquellos cuyos caseros conocían sus identidades, fueron desalojados porque los caseros temen que también sean llevados a prisión. Acogimos a esas personas en nuestro refugio, pero por desgracia, el casero de nuestro refugio me escribió una carta de desahucio desde que saben que soy una persona queer”.

Según la Ley contra la Homosexualidad de Uganda, los homosexuales pueden enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada“, que puede incluir mantener relaciones sexuales con un menor o una persona vulnerable, mantener relaciones sexuales siendo seropositivo o practicar el incesto.

Alguien que simplemente abogue por los derechos de las personas LGBTQ+ podría ser condenado a 20 años de cárcel, y las personas que alquilan a personas LGBTQ+ se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión.

Mukiibi dice que la vida es muy dura en Nairobi mientras espera ser reasentado en otro país. Mientras teme por su propia seguridad, sigue pensando en la comunidad LGBTQ+ que intenta sobrevivir en Uganda.

“Si me evacuan, ¿qué dejo atrás?“, se pregunta. “Tienen un dicho: ‘No puedo ser héroe dos veces’. También intento que trabajemos a distancia para que los miembros de nuestra comunidad reciban los servicios que necesitan. La razón por la que se me ocurrió la idea de la clínica fue que a veces se discrimina a la comunidad LGBT en los centros, y hace poco fui testigo de ello. La gente acudió [a] profesionales sanitarios que les están sermoneando para que saquen a golpes la homosexualidad de los niños”.

Incluso antes de que se aprobara este año la Ley contra la Homosexualidad, las personas LGBTQ+ sufrían una grave discriminación en Uganda.

Uganda ya era una de las varias naciones africanas donde es ilegal ser homosexual y promulgó una ley previa contra la homosexualidad en 2014. Los tribunales la anularon, aunque ser LGBTQ+ seguía siendo ilegal debido a la legislación anterior, segúnto Human Rights Watch.

El sentimiento anti-LGBTQ+ ha sido generalizado en la nación de África Oriental, con el presidente Yoweri Museveni, describiendo a las personas queer como “desviados“, y funcionarios del gobierno atacando a grupos centrados en los queer.

La policía utilizó el COVID-19 como pretexto para hacer una redada en las instalaciones del COSF destinadas a la comunidad LGBTQ+, acusando a los residentes de infringir la normativa de distanciamiento social.

Muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ ugandesa han buscado seguridad en Kenia, sólo para descubrir que allí también sufren discriminación.

Dhalie Bulyaba, director de la iniciativa familiar global de Safe Place International, decidió abandonar Uganda e ir a Kenia porque “quería encontrar un lugar que no le cuestionara su forma de vestir ni le pidiera explicaciones sobre cómo se identifica”.

Pero se dieron cuenta de que solicitar asilo y recurrir a las autoridades “obliga a salir del armario” a las personas LGBTQ+. “Kenia tiene una de las mayores poblaciones de refugiados de África“, explica Bulyaba, “reciben a mucha gente de Somalia, Sudán, la República Democrática del Congo y otras zonas devastadas por la guerra, así que cuando dices que vienes de Uganda, se confunden. Te preguntan: ‘¿Por qué estás aquí? En Uganda no hay guerra’. Te ves obligado a salir del armario y esperar que se apiaden de ti, porque Kenia también penaliza la homosexualidad. Ya es bastante difícil luchar por tus derechos en tu propio país”.

Las personas LGBTQ+ están criminalizadas en Kenia, y las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo se castigan con una pena máxima de 14 años de prisión.

En septiembre, cientos de manifestantes contrarios a la comunidad LGBTQ+ se concentraron ante el Tribunal Supremo del país para protestar por su decisión de reafirmar el derecho de asociación de la comunidad homosexual y de constituir organizaciones no gubernamentales.

A Bulyaba le encanta “intentar reflexionar sobre cuestiones de gran calado e impulsar el cambio sistémico”, y le apasionan tanto la lectura y la cocina como la defensa de derechos. Siempre hay tiempo en mi día para reunirme a tomar un café y denunciar a estos políticos y los sistemas que intentan impulsar”, añaden.

También señalan que la persecución de las personas LGBTQ+ africanas no procede únicamente de las fuerzas conservadoras del continente; grupos del Reino Unido y Estados Unidos están detrás de parte de ella.

Los grupos cristianos con sede en Estados Unidos -conocidos por luchar contra todo, desde los derechos reproductivos hasta las libertades de las personas LGBTQ+- han realizado grandes inversiones en África durante la última década, impulsando una agenda estrictamente conservadora.

En abril, un demoledor informe reveló que el gobierno británico financió el trabajo de una organización religiosa virulentamente anti-LGBTQ+ en Uganda, según VICE.

El Banco Mundial ya ha dejado de conceder préstamos a Uganda, y la Unión Europea ha denunciado la legislación anti-LGBTQ+ más reciente.

Sulah Mawejje, directora para Kenia de Safe Place International Dream Academy, afirma que el Banco Mundial y otras organizaciones “tienen que ser más proactivas y menos reactivas” porque saben que los movimientos anti-LGBTQ+ en África están financiados por organizaciones extranjeras. “¿Por qué han esperado a que se apruebe algo como este proyecto de ley antigay para imponer sanciones e intentar plantar cara al gobierno?”, se pregunta. “Podríamos haber evitado que la gente se viera obligada a huir y a pasar por el dificilísimo proceso de convertirse en refugiado”.

Mawejje, intérprete a tiempo parcial para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, añade que es “mucho más que un refugiado, una persona que se ha enfrentado a una discriminación indecible” al huir de Uganda. “Tengo otra faceta, como muchos refugiados, a la que no llegan los medios de comunicación: soy el alma de la fiesta“, dice. “Me encanta ser atrevido y desafiante”.

Fuente PinkNews

General, Homofobia/ Transfobia. Children of the Sun Foundation (COSF), Dhalie Bulyaba, Henry Mukiibi, Homofobia/Transfobia, Pena de Muerte, Safe Place International Dream Academy, Sulah Mawejje, Uganda

Según la ley Kill the Gays, se le acusa de tener “relaciones sexuales ilegales” con otro hombre.

Un joven ugandés de 20 años es el primero acusado en virtud de la nueva ley de “homosexualidad agravada” de Uganda. El cargo, también conocido como la ley “Matar a los Gays”, es un delito punible con la muerte.

El acusado anónimo fue acusado el 18 de agosto, dijeron su abogado y los fiscales.

Según un documento de acusación visto por Reuters, el acusado “realizó relaciones sexuales ilegales” con un hombre de 41 años. Los fiscales no especificaron por qué el hecho se consideró agravado.

Según la nueva legislación aprobada a principios de este año que criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, la pena de muerte se aplica en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia de homosexualidad, sexo que transmite una enfermedad terminal o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad. Los críticos dicen que la ley demoniza a los homosexuales como depredadores sexuales inmorales y que propagan enfermedades, al tiempo que aísla aún más a la ya marginada comunidad LGBTQ+ del país.

“Dado que se trata de un delito capital que puede ser juzgado por el Tribunal Superior, el cargo fue leído y explicado (al detenido) en el Tribunal de Primera Instancia el día 18 y fue puesto en prisión preventiva”, dijo Jacqueline Okui, portavoz de la oficina del director. de procesamientos públicos, dijo a Reuters.

La semana pasada, cuatro ugandeses (dos mujeres y dos hombres) fueron arrestados bajo sospecha de haber cometido actos homosexuales en un salón de masajes después de que una “informante” avisara a la policía.

La Ley Anti-Homosexualidad, como se conoce formalmente a la ley Kill the Gays, fue promulgada por el presidente,  Yoweri Museveni, en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

A principios de este mes, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos en Uganda en respuesta a la aprobación de la ley.

La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

Justine Balya, abogada del acusado, calificó la ley por la que se acusó a su cliente de “inconstitucional”. El Tribunal Superior del país aún no ha aceptado una impugnación de la ley.

La Ley contra la Homosexualidad es la segunda ley para matar a los gays que se promulga en el país en otras tantas décadas. Al igual que la primera versión, aprobada en 2014 y luego revocada por el Tribunal Superior de Uganda, la segunda fue escrita y impulsada por el Parlamento con la ayuda de Family Watch International, con sede en Arizona, una organización comprometida con la difusión de ideologías anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. mundo, según el Southern Poverty Law Center.

El grupo ha estado trabajando haciendo proselitismo entre los legisladores ugandeses desde 2009.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Reuters/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Justine Balya, Ley Kill the Gays, Pena de Muerte, Uganda

Los actos entre personas del mismo sexo en Kenia ya se castigan con hasta 14 años de prisión.

Kenia está a punto de introducir una legislación que criminalizaría identificarse abiertamente con la comunidad LGBTQ+ o apoyarla, con castigos que incluyen la pena de muerte.

Etiquetado como Family Protection Act (Ley de Protección de la Familia), el proyecto de ley del país de África Oriental vería una prohibición total de las actividades que “promuevan la homosexualidad”, incluida la identificación abierta como LGBTQ+ o el uso de emblemas del Orgullo.

Aquellos que infrinjan la ley enfrentarán un mínimo de 10 años de cárcel, mientras que los declarados culpables de realizar actos con personas del mismo sexo enfrentarán un mínimo de 14 años.

Además, cualquier persona declarada culpable en virtud de una cláusula de “homosexualidad agravada”, definida como participar en “actos homosexuales con un menor o una persona discapacitada y transmitir una enfermedad terminal a través de medios sexuales”, podría ser ejecutada.

El proyecto de ley refleja en gran medida el proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda, que se convirtió en ley a principios de este año.

También se están proponiendo proyectos de ley similares en Tanzania y Sudán del Sur, mientras que el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, ha señalado que allí se está proponiendo un proyecto de ley anti-LGBTQ+, aunque desconfía de su “constitucionalidad”.

El parlamentario George Peter Kaluma, quien dirigió el proyecto de ley en el parlamento de Kenia, dijo que él y los proponentes de los proyectos de ley quieren prohibir “todo lo que tenga que ver con la homosexualidad”. Le dijo a la BBC: “El proyecto de ley propondrá una prohibición total de lo que Occidente llama prescripciones y procedimientos de reasignación de sexo y prohibirá todas las actividades que promuevan la homosexualidad”. Agregó que esto incluiría desfiles del Orgullo, espectáculos de drag, usar colores y banderas del arcoíris y usar abiertamente “emblemas del grupo LGBTQ+”. Los actos entre personas del mismo sexo ya están prohibidos en Kenia.

En respuesta, una coalición de grupos LGBTQ+ y de derechos humanos ha instado a la administración Biden en los EE. UU. a imponer sanciones a Kenia si se promulga el proyecto de ley. En una carta abierta publicada el lunes (17 de julio), al menos 50 organizaciones sin fines de lucro instaron al gobierno a eliminar la Asociación Estratégica de Comercio e Inversión (STIP) de Kenia hasta que se elimine el proyecto de ley.

La carta pedía a las personas que firmaran una petición para “detener las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Kenia hasta que el presidente [William] Ruto se comprometa a vetar la legislación que criminaliza a la comunidad LGBTQI+”.

Además, el sacerdote de Zambia y académico de la Universidad de Boston, Kapya Kaoma, le dijo a la  BBC que creía que proyectos de ley como este son parte de los esfuerzos de cabildeo de los grupos de derecha para imponer la “homofobia militante” en África. “Una cosa es decir: ‘No estoy de acuerdo con que seas gay’, pero los políticos ahora dicen: ‘Vas a la cárcel de por vida, vas a la cárcel por hablar sobre ser gay'”.

Annette Atieno, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, calificó la legislación de odiosa y agregó que hará que la vida de los kenianos queer sea insoportable.

Una encuesta de 2019 del Pew Research Center, un grupo de expertos estadounidense no partidista, encontró que el 83 por ciento de los kenianos piensan que la sociedad no debería aceptar la homosexualidad.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Son varios los artículos del Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi en 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. En junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.  Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Otro gran revés para la población LGTBI de Kenia fue la negativa de su Tribunal Superior de Justicia a derogar la criminalización de las relaciones homosexuales en mayo de 2019 (no deberíamos olvidar, en este sentido, la campaña que CitizenGO, la marca internacional de la organización ultraconservadora HazteOír, llevó a cabo contra la despenalización).

En 2020. Kenia prohíbía la innovadora comedia romántica gay de Bollywood Shubh Mangal Zyada Saavdhan, y animaba “ve a verla en India”…

El pasado mes de enero, era asesinado el activista LGBTQ Edwin Chiloba, y conocíamos que  Varias personas trans de Kenia buscaban  refugio en medio de las represalias tras la muerte de dicho activista.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays,

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Islam Annette Atieno, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, George Peter Kaluma, Ghana, Kenia, Ley de Protección de la Familia, Nana Akufo- Addo, Pena de Muerte, Sudán del sur, Tanzania

Llamamiento de Justin Welby, primado de Inglaterra, a Stephen Kaziimba, primado de Uganda

Choque de Primados: La Comunión Anglicana, a prueba tras el apoyo de la Iglesia de Uganda a la ley que contempla la pena de muerte para las personas LGTBIQ+

Welby: “Insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ”.

El arzobispo de Canterbury ha rechazado la ley contra la actividad homosexual de Uganda y pide a los anglicanos ugandeses que se opongan al proyecto de ley.

El Arzobispo de Canterbury ha expresado su “dolor y consternación” por la ley de Uganda que prohíbe la homosexualidad en una carta instando a los funcionarios de la Iglesia en el país a rechazarla.

El obispo principal Justin Welby escribió al arzobispo de Uganda Stephen Kaziimba el viernes (9 de junio) condenando públicamente la Ley contra la homosexualidad de Uganda.

“Recientemente le escribí a mi hermano en Cristo, el Primado de Uganda, el Arzobispo Stephen Kaziimba, para expresar mi dolor y consternación por el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad. Hago esta declaración públicacon tristeza y con oraciones continuas por la reconciliación entre nuestras iglesias y en toda la Comunión Anglicana”, dice Welby en un comunicado

“Soy profundamente consciente de la historia del dominio colonial en Uganda, tan heroicamente resistido por su pueblo. Pero no se trata de imponer valores occidentales a nuestros hermanos y hermanas anglicanos de Uganda. Se trata de recordarles los compromisos que hemos hecho como anglicanos de tratar a cada persona con el cuidado y el respeto que merecen como hijos de Dios”.

There is no justification for any province of the Anglican Communion to support the criminalisation of LGBTQ people: not in our resolutions, our teachings, or the Gospel we share.

After writing to the Primate of Uganda, I make the following statement: https://t.co/GaDDx8XTvf

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) June 9, 2023

Así se expresa el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, sobre el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad promulgada recientemente por el presidente Yoweri Museveni, una de las más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ, y en donde cualquier condenado puede enfrentarse a cadena perpetua, contemplándose incluso la pena de muerte para los “casos agravados“, como tener relaciones homosexuales con menores de 18 años o infectar a una pareja sexual con una enfermedad crónica como el sida.

El proyecto de ley, firmado por segunda vez el 29 de mayo, introduce leyes que prohíben a los ciudadanos de Uganda defender o promover los derechos LGBTQ+ además de leyes ya estrictas contra la intimidad consensuada entre personas del mismo sexo.

También introduce una cláusula sobre la “homosexualidad agravada”, definida como tener relaciones sexuales con un menor o siendo seropositivo, que conlleva la pena de muerte.

Los legisladores aprobaron inicialmente la legislación en abril, pero fue devuelta después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijera que requería enmiendas para “facilitar el refuerzo y el fortalecimiento de algunas disposiciones en línea con nuestras mejores prácticas”.

En su carta, Welby también pidió a la Global Anglican Future Conference (GAFCON) y a la Global South Fellowship of Anglican Churches (GSFA) que dejaran “explícitamente” en claro que la ley estaba en contra de sus valores fundamentales.

“Dentro de la Comunión Anglicana, -prosigue el comunicado difundido por Welby- seguimos en desacuerdo sobre cuestiones de sexualidad, pero en nuestro compromiso con la dignidad humana otorgada por Dios, debemos estar unidos”, escribió. “Le recordé al arzobispo Kaziimba que los anglicanos de todo el mundo han estado unidos durante mucho tiempo en nuestra oposición a la criminalización de la homosexualidad y las personas LGBTQ. Apoyar dicha legislación es una desviación fundamental de nuestro compromiso de defender la libertad y la dignidad de todas las personas.

“No hay justificación para que ninguna provincia de la Comunión Anglicana apoye tales leyes: ni en nuestras resoluciones, ni en nuestras enseñanzas, ni en el Evangelio que compartimos”.

Señaló una resolución acordada durante la Conferencia de Lambeth de 1998, una asamblea decenal de obispos para expresar resoluciones sobre las creencias anglicanas, que establece un “compromiso de ministrar pastoralmente y sensibilidad para todos, independientemente de la orientación sexual”.

“La Iglesia de Uganda, como muchas provincias anglicanas, mantiene la enseñanza cristiana tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio establecida en la Resolución i.10 de la Conferencia de Lambeth de 1998. Esa resolución también expresó el compromiso de ministrar pastoral y sensiblemente a todos, independientemente de la orientación sexual, y de condenar la homofobia.“Le dije al Arzobispo Kaziimba que no puedo ver cómo el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad es consistente con sus muchas declaraciones en apoyo de la Resolución i.10”, señala el primado anglicano, precisamente muy cuestionado por las iglesias africanas por el apoyo desde Europa a las reivindicaciones de la comunidad LGTBQ.

Arzobispo Stephen Kaziimba Mugalu

“Más recientemente, en la Reunión de Primados de 2016 en Canterbury, los Primados de la Comunión Anglicana ‘condenaron los prejuicios y la violencia homofóbicos y resolvieron trabajar juntos para ofrecer atención pastoral y un servicio amoroso independientemente de la orientación sexual”, añade el arzobispo de Canterbury, quien apunta también que “afirmamos que esta convicción surge de nuestro discipulado de Jesucristo.

También “reafirmamos nuestro rechazo a las sanciones penales contra personas atraídas por personas del mismo sexo” y declaramos que “el amor de Dios por cada ser humano es el mismo, independientemente de su sexualidad, y que la iglesia nunca debe dar otra impresión con sus acciones”, continúa el comunicado, que ahonda en la fractura entre las Iglesias anglicanas en una cuestión muy sensible en sociedades como la africana.

“Estas declaraciones y compromisos son la mente común de la Comunión Anglicana sobre la dignidad y el valor esenciales de cada persona. Por lo tanto, insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ. También hago un llamado a mis hermanos en Cristo, el liderazgo de GAFCON y la Fraternidad de Iglesias Anglicanas del Sur Global, para que aclaren explícita y públicamente que la criminalización de las personas LGBTQ es algo que ninguna provincia anglicana puede apoyar: eso debe declararse inequívocamente”, subraya Welby, quien concluye pidiendo que, “como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a honrar la imagen de Dios en cada persona, y rezo para que los anglicanos sean intransigentes y estén unidos en este llamado”.

El arzobispo de Canterbury se ha enfrentado a la controversia por sus puntos de vista sobre las personas LGBTQ+ en el pasado

Si bien la carta del arzobispo de Canterbury que condena el proyecto de ley sin duda será un alivio para los anglicanos LGBTQ+, el enfoque anterior de Welby sobre la inclusión ha dejado a muchos en la Iglesia en terreno inestable.

La Iglesia de Inglaterra se vio obligada a disculparse por su trato a las personas LGBTQ+ luego de meses de controversia luego de que los obispos se negaran a permitir la ordenación de matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de miembros del clero.

“Las ocasiones en que han recibido una respuesta hostil y homófoba en nuestras iglesias son vergonzosas y por eso nos arrepentimos”, decía una carta abierta en enero. “Mientras escuchamos, nos han dicho una y otra vez cómo le hemos fallado a las personas LGBTQ+”, continuó. “No los hemos amado como Dios los ama, y eso está profundamente mal”.

El mismo día, Welby dijo que las parejas del mismo sexo que ya están casadas pueden ser bendecidas por el clero, pero que él mismo no lo haría debido a su “responsabilidad pastoral para toda la comunión”.

En respuesta, el parlamentario laborista Ben Bradshaw dijo que las recomendaciones eran “incluso peores de lo que se ha seguido”.

De manera similar, la exasesora del gobierno LGBTQ+ y activista cristiana gay, Jayne Ozanne, dijo: “¡Disculpa no aceptada, arzobispo! Me pregunto si los arzobispos realmente han olvidado que nos han pedido disculpas antes, muchas veces, o si creen que esto será suficiente para nosotros dado que la discriminación continúa”.

Anglicanismo: una comunión dividida por la inclusión de las personas LGTBI

La Rosa de los Vientos,
(Emblema oficial de la Comunión anglicana, simboliza su alcance mundial y naturaleza descentralizada.)

La aceptación de la homosexualidad en la Comunión anglicana es desigual entre sus diferentes jerarquías e iglesias. La Iglesia episcopaliana, rama estadounidense de los anglicanos, es sin duda la que abrió camino. Ya en 2003 eligió al primer obispo abiertamente gay, Gene Robinson. Y en 2010 fue la primera en romper con la moratoria autoimpuesta durante varios años por la comunión anglicana tras el nombramiento de Robinson y comenzar a ordenar de nuevo obispos y obispas abiertamente homosexuales. En 2012 aprobaba también la ordenación de personas transexuales. También, como ya hemos señalado, fue la primera iglesia anglicana en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

La Iglesia anglicana de Canadá también se ha caracterizado por su afán inclusivo. Así, por ejemplo, tras sumarse a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, enspués elegía obispo a Kevin Robertson, abiertamente gay y padre, junto a su pareja, de dos hijos. Roberston se convertía así en el primer miembro de una familia homoparental en ostentar esta dignidad en una iglesia anglicana.

En el otro extremo se sitúan las iglesias anglicanas africanas, algunas de ellas virulentamente homófobas. Una situación inestable que en la última década ha colocado al anglicanismo al borde de un cisma que no ha llegado a producirse aún pero que sobrevuela la Comunión Anglicana.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Religión Digital/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Anglicana Anita Among, Arthur Kayima, Comunión Anglicana, Global Anglican Future Conference (GAFCON), Global South FelloOwship of Anglican Churches (GSFA), Homofobia/Transfobia, Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, Karine Jean-Pierre, Mike Podmore, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Stephen Kaziimba, Uganda, Yoweri Museveni

El criminal presidente de Uganda, Yoweri Museveni,con una Biblia en la mano…

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó la Ley contra la homosexualidad, que duplica la persecución de las personas LGBTQ+ en el país.

La ley anti-LGBTQ+ de Uganda es un “ataque a los derechos humanos”

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”.

Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia”.

“Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

– ,
General @KagutaMuseveni , has executed his Constitutional mandate and assented to the Anti-Homosexuality Act, 2023. pic.twitter.com/PH8IUegBp3

— Government of Uganda (@GovUganda) May 29, 2023

La Ley contra la Homosexualidad de Uganda introduce la pena de muerte

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal.

La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Arthur Kayima, un activista queer de derechos humanos de Uganda, condenó la “legislación vil y mortal” y dijo que “no hará nada para mejorar Uganda o la vida de los ugandeses”. En lugar de centrarse en los problemas reales a los que se enfrenta Uganda (pobreza, mala infraestructura, economía, violencia doméstica), Museveni preferiría causar distracción atacando nuestro derecho fundamental a existir”, dijo Kayima.

La activista continuó: “Tengo miedo por mi comunidad. ¿Cuántos de nosotros seremos encarcelados, golpeados o perseguidos en las sombras de la sociedad como resultado de esta legislación? ¿Cuántos morirán? “Todos aquellos que creen en nuestros derechos deben luchar contra esta legislación y las fuerzas detrás de ella por todos los medios necesarios”.

Activistas LGBTQ+ y de derechos humanos pidieron al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no promulgara la Ley contra la homosexualidad. Museveni ignoró sus súplicas. (Getty)

Mike Podmore, director de la red de VIH, salud y derechos STOPAIDS, con sede en el Reino Unido, dijo que el proyecto de ley no solo es un “ataque directo a los derechos humanos”, sino que también es una “amenaza para la salud pública que diezmará la respuesta al VIH”.

Podmore describió cómo la Ley Anti-Homosexualidad penalizará la “prestación de servicios clave y afianzará aún más el estigma mortal que lamentablemente todavía rodea al VIH”.

“Debemos hacer todo lo posible para persuadir a Uganda contra este paso regresivo que podría desencadenar un efecto dominó entre otros países de la región para retroceder aún más en los derechos LGBTQI+, incluidos Kenia, Ghana y Burundi”, dijo Podmore.

“Los gobiernos de todo el mundo deben actuar de inmediato para hacer valer los derechos de las personas homosexuales y garantizar la seguridad de los ugandeses LGBTQI+ al garantizar que se respalden los servicios de primera línea y se brinde asilo seguro donde sea necesario”.

Podmore agregó que el Reino Unido tiene una “responsabilidad particular” en esta lucha, ya que las leyes que penalizan a las personas LGBTQ+ se introdujeron por primera vez cuando el Imperio Británico colonizó Uganda.

Además, dijo que Estados Unidos tiene un interés en este movimiento ya que “los grupos fundamentalistas evangélicos han financiado esta odiosa agenda”.

Después de que la Ley Anti-Homosexualidad fuera aprobada por el parlamento de Uganda en marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si la nación africana promulgaba el proyecto de ley.

Jean-Pierre describió la medida como “una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo”.

Dijo que la legislación anti-LGBTQ+ “afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y la [inversión] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Anita Among, Arthur Kayima, Homofobia/Transfobia, Karine Jean-Pierre, Mike Podmore, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Uganda, Yoweri Museveni

Un año después de que una serie de destacadas organizaciones LGBTQ+ pidieran a 11 países que pusieran fin a la amenaza de la pena de muerte como castigo para las personas queer, nada ha cambiado.

En 2022, ILGA Asia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y otras cinco organizaciones condenaron el uso de la violencia contra las personas LGBTQ+ en una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT).

En la declaración, las organizaciones LGBTQ+ señalaron que 70 países de todo el mundo seguían penalizando las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, entre ellos 22 países asiáticos.

ILGA Asia señaló que 11 países -Afganistán, Brunéi, Darussalam, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- mantienen la pena de muerte para las personas LGBTQ+. Ocho de esos países están en Asia.

Según Human Dignity Trust, la pena de muerte se aplica en Irán, el norte de Nigeria, Arabia Saudí, Somalia y Yemen, y sigue siendo una “posibilidad legal” en Afganistán, Brunéi, Mauritania, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Un año después, cuando el 17 de mayo se celebra de nuevo IDAHOBIT, sólo 66 países del mundo penalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, pero el número de los que aplican la pena de muerte como castigo se mantiene firme en 11 países.

Imponer la pena de muerte a las personas LGBTQ+ viola el “derecho a la vida”

Las leyes anti-LGBTQ+ y la pena capital afectan de forma desproporcionada a las minorías étnicas o religiosas y a las personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, señalaron las organizaciones.

“El mantenimiento y la imposición de la pena de muerte por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo constituye una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, afirmó Daron Tan, asesor jurídico internacional asociado de la CIJ.

Tan afirmó que tales leyes vulneran numerosos derechos humanos, y también pueden hacer que se niegue a la gente el acceso a los sistemas sanitarios.

Ajita Banerjie, responsable de investigación de ILGA Asia, pidió la despenalización de las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en todo el mundo, y afirmó que la pena de muerte debería abolirse en cualquier circunstancia.

“Además, instamos a las autoridades de todos los países que siguen manteniendo la pena de muerte a que introduzcan una moratoria sobre su uso, como primer paso necesario hacia la abolición de la pena de muerte. Por último, pedimos a las autoridades que garanticen todas las salvaguardias necesarias para asegurar el acceso a representación legal y a juicios justos a quienes se enfrentan actualmente a la pena de muerte en relación con su participación real o supuesta en conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”

Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos han condenado reiteradamente el uso de la pena de muerte en numerosos países de todo el mundo.

En diciembre de 2020, la Asamblea General de la ONU pidió a los Estados que siguen aplicando la pena de muerte que garantizaran que no se aplica “sobre la base de leyes discriminatorias o como resultado de una aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley”.

Dos homosexuales fueron ejecutados en Irán en enero de 2022

Incluso en países donde no se aplica la pena de muerte a las personas LGBTQ+, muchas siguen sufriendo detenciones y condenas por mantener relaciones sexuales consentidas.

Algunos países, como Kuwait, Líbano, Myanmar y Omán, mantienen leyes arbitrarias contra la “inmoralidad” dirigidas contra miembros de la comunidad LGBTQ+.

En enero de 2022 se produjo un gran revuelo cuando una red de derechos humanos afirmó que dos homosexuales habían sido ejecutados en Irán tras pasar seis años en el corredor de la muerte.

Los dos hombres, a los que la agencia de noticias Human Rights Activists llamó Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, habían sido condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.

En julio de 2022, otro hombre gay fue ejecutado en Irán bajo un cargo de “sodomía”, según grupos de derechos humanos.

Según los informes, otros dos hombres fueron ejecutados por cargos similares en Irán en julio de 2021.

Irán actualmente criminaliza el sexo entre hombres con la pena de muerte o 100 latigazos y el sexo entre mujeres con 100 latigazos.

Fuente PinkNews

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Presidente Yoweri Museveni

Parlamentarios de Uganda aprueban proyecto de ley que impone la pena de muerte por homosexualidad

Activistas de derechos humanos condenan proyecto de ley que introduce penas capitales y cadena perpetua 

La ONU insta al presidente de Uganda a bloquear el “inquietante” proyecto de ley LGBTQ+ que introduce la pena de muerte

La Casa Blanca sugiere que Uganda podría enfrentar sanciones si el proyecto de ley de prohibición ‘extrema’ LGBTQ+ se convierte en ley

Los parlamentarios de Uganda aprobaron un controvertido proyecto de ley anti-LGBTQ+, que haría que los actos homosexuales se castigaran con la muerte, lo que atrajo una fuerte condena de los activistas por los derechos. El proyecto de ley contra la homosexualidad, que fue aprobado por el parlamento de Uganda el martes (21 de marzo), hará que sea ilegal identificarse simplemente como LGBTQ. Cualquier persona declarada culpable bajo la ley propuesta podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. También se esperaría que los amigos y familiares entreguen a las personas LGBTQ+ si tuvieran una relación del mismo sexo.

Todos menos dos de los 389 legisladores votaron a última hora del martes a favor del proyecto de ley de línea dura contra la homosexualidad, que introduce penas capitales y de cadena perpetua para el sexo gay y el “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” entre personas del mismo sexo.

La pena de muerte también es posible en virtud de la legislación para quienes sean declarados culpables de “homosexualidad agravada”, refiriéndose a violación, abuso sexual infantil o incesto. “Una persona que comete el delito de homosexualidad agravada y es responsable, en caso de condena, de sufrir la muerte”, dice el proyecto de ley presentado por Robina Rwakoojo, presidenta de asuntos legales y parlamentarios.

Los aliados de la comunidad LBGTQ+ podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, y las personas tienen el deber de denunciar a las autoridades a las personas que tienen relaciones del mismo sexo. Habiendo sido votado por el parlamento, el proyecto de ley está listo para que el presidente Yoweri Museveni lo promulgue. El proyecto de ley, después de haber sido aprobado por el parlamento, ahora se encuentra en el escritorio del presidente Yoweri Museveni.

Solo dos diputados del partido gobernante, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, se opusieron a la nueva legislación.

“El proyecto de ley está mal concebido, contiene disposiciones que son inconstitucionales, revierte los logros registrados en la lucha contra la violencia de género y criminaliza a las personas en lugar de conductas que contravienen todas las normas legales conocidas”, dijo Odoi-Oywelowo. “El proyecto de ley no introduce ningún valor agregado al libro de estatutos y al marco legislativo disponible”, dijo.

Una versión anterior del proyecto de ley provocó críticas internacionales generalizadas y luego fue anulada por el tribunal constitucional de Uganda por motivos de procedimiento. El proyecto de ley ahora irá al presidente Yoweri Museveni, quien puede vetarlo o convertirlo en ley. En un discurso reciente, pareció expresar su apoyo al proyecto de ley.

 Momento en que los parlamentarios de Uganda aprueban un proyecto de ley anti-LGBTQ+ – video
derechos LGBTQ+

Un parlamentario en la cámara, John Musila, usó una toga que decía: “Di no al homosexualismo, lesbianismo, gay”.

Cuando se presentó el proyecto de ley al parlamento de Uganda, Anita Among instó a otros parlamentarios a rechazar la intimidación, particularmente de los países occidentales.

Asuman Basalirwa, quien presentó el proyecto de ley, dijo que su objetivo era “proteger la cultura de nuestra iglesia, los valores familiares legales, religiosos y tradicionales de los ugandeses de los actos que probablemente promuevan la promiscuidad sexual en este país”.

Otra parlamentaria, Sarah Opendi, sugirió que los hombres homosexuales fueran castrados y que la cadena perpetua “no era adecuada” porque un hombre homosexual podría “seguir viviendo su vida, tal vez incluso continuar con la homosexualidad en prisión”.

El proyecto de ley marca el último de una serie de retrocesos para los derechos LGBTQ+ en África, donde la homosexualidad es ilegal en la mayoría de los países. En Uganda, un país cristiano en gran parte conservador, el sexo homosexual ya se castigaba con cadena perpetua.

Activistas de derechos humanos han condenado la nueva medida para promulgar la dura ley, calificándola de “ley de odio”. Hoy marca un día trágico en la historia de Uganda. @Parliament_Ug  ha aprobado una legislación que promueve el odio y busca despojar a las personas LGBTIQ de sus derechos fundamentales!” tuiteó Sarah Kasande, abogada y activista de derechos humanos de Kampala. “Las disposiciones del proyecto de ley contra la homosexualidad son bárbaras, discriminatorias e inconstitucionales”, dijo.

Ella agregó: “Para la comunidad LGBTIQ, sé que este es un día difícil, pero no pierdan la esperanza. La batalla no ha terminado; este repugnante proyecto de ley finalmente será derogado”.

El activista gay Eric Ndawula tuiteó: “Los eventos de hoy en el parlamento no son solo inmorales, sino un asalto total a la humanidad. Es aterrador que el juicio de nuestros parlamentarios esté empañado por el odio y la homofobia. ¿Quién se beneficia de esta ley draconiana?”

Today’s events in Parliament are not just immoral, but a complete assault on humanity. It’s frightening that our MPs’ judgment is clouded by hate & homophobia. Who benefits from this draconian law? It’s a question they’ll likely never answer. #AntiHomosexualityBill2023 Draconian pic.twitter.com/CvQvNK3Oiz

— Eric Ndawula🏳️‍🌈 (@EricNdawulaGrif) March 21, 2023

Más de 110 personas LGBTQ+ en Uganda informaron incidentes que incluyen arrestos, violencia sexual, desalojos y desnudez pública al grupo de defensa Minorías Sexuales de Uganda (Smug) solo en febrero. Las personas transgénero se vieron afectadas de manera desproporcionada, dijo el grupo.
omitir la promoción del boletín anterior

Kasha Jacqueline Nabagesera, una activista lesbiana en Kampala, dijo que continuarían los esfuerzos para anular la legislación. “Seguiremos luchando contra esta injusticia. Esta mujer lesbiana es ugandesa, incluso este pedazo de papel [no] impedirá que disfrute de mi país. La lucha acaba de comenzar”, dijo Nabagesera en un tuit.

Kasande dijo: “Lucharemos hasta que todas las personas en Uganda puedan disfrutar de los derechos que les garantiza la constitución”.

El presidente Museveni dijo el mes pasado que Uganda no aceptará la homosexualidad y afirmó que Occidente buscaba obligar a otros países a “normalizar” lo que llamó “desviaciones” y felicitó recientemente a los llamados “creyentes” por rechazar la homosexualidad. “Los países occidentales deberían dejar de perder el tiempo de la humanidad tratando de imponer sus prácticas a otras personas”, dijo Museveni en un discurso televisado ante el parlamento el 16 de marzo. “Los homosexuales son desviaciones de lo normal. ¿Por qué? ¿Es por naturaleza o por crianza? Necesitamos responder a esas preguntas. Necesitamos una opinión médica sobre eso”, dijo.

“Es decepcionante que el parlamento, una vez más, apruebe un proyecto de ley que claramente contraviene varios derechos humanos básicos”, dijo Oryem Nyeko, investigador de la división de África de Human Rights Watch. “Esto solo abre la puerta a leyes más regresivas y a que se violen los derechos de las personas en todos los ámbitos. El presidente Museveni no debería consentirlo”, dijo.

El proyecto de ley contra la homosexualidad ha causado consternación internacional por los castigos extremos que conlleva.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo instó a no hacerlo, calificando la ley de draconiana y diciendo que su aprobación por parte de los legisladores fue “devastadora y profundamente perturbadora”.

Türk dijo: “La aprobación de este proyecto de ley discriminatorio, probablemente uno de los peores de su tipo en el mundo, es un acontecimiento profundamente preocupante. Esta ley, si entra en vigor, tendrá graves repercusiones negativas en la sociedad en su conjunto y erosionará los logros obtenidos a lo largo de los años”.

Continuó diciendo que la legislación podría abrir la puerta a la “violación sistémica” de los derechos humanos de casi todas las personas LGBTQ+ y servir para incitar a las personas entre sí. “Confunde las relaciones consentidas y no consentidas”, dijo, y agregó que las relaciones consentidas nunca deben criminalizarse y que se necesitan medidas basadas en evidencia para poner fin a la violencia sexual en todas sus formas. Este proyecto de ley será una gran distracción de tomar las medidas necesarias para poner fin a la violencia sexual”, dijo.

Türk también destacó que el proyecto de ley entraba en conflicto con la constitución de Uganda, que tenía disposiciones sobre igualdad y no discriminación, además de contrarrestar sus obligaciones legales internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. “Promover la violencia y la discriminación contra las personas por lo que son y por lo que aman está mal y cualquier intento falso de justificar esto sobre la base de ‘valores’ debe denunciarse y condenarse”, agregó.

 La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre el nuevo proyecto de ley anti-LGBTQ+ de Uganda.

Jean-Pierre habló durante una conferencia de prensa el miércoles (22 de marzo), después de que el parlamento de Uganda aprobara la Ley.

“Si el [proyecto de ley] se convierte en ley y se promulga, afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y las [inversiones] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”, dijo Jean-Pierre.  “Es una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo. Los derechos humanos son universales, nadie debe ser atacado o encarcelado simplemente por ser quien es y a quien ama”.

La secretaria de prensa sugirió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si Uganda promulga el proyecto de ley. “Eso sería realmente desafortunado porque gran parte de la asistencia económica que proporcionamos a Uganda es asistencia sanitaria, y en gran parte a través [del plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA]”, continuó la secretaria de prensa. “Ciertamente estamos observando esto de cerca y tendremos que analizar si habría o no repercusiones, tal vez de manera económica, si esta ley se aprobara y promulgara”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

The Guardian/Cristianos Gays/Pink News

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El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, ha anunciado que su Gobierno está preparando una profunda reforma del Código Penal que establecerá por primera vez en la historia del país la penalización de las relaciones homosexuales. Incluso ha avanzado que se plantea que una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo pueda castigarse con la cadena perpetua o la pena de muerte, tanto para los contrayentes como para los oficiantes. Níger es uno de los escasos países africanos y de mayoría musulmana donde las relaciones homosexuales nunca han sido castigadas.

En una entrevista concedida a la cadena radiofónica La Voix du Sahel, el presidente nigerino Mohamed Bazoum habló con profusión del proceso de reforma del Código Penal en lo referente a la homosexualidad. Actualmente, la única referencia existente es el artículo 282, que penaliza las relaciones homosexuales con menores de 21 años, edad de consentimiento mucho mayor a la establecida para las relaciones heterosexuales, que son los 16. Aparte de ese artículo, el Código Penal de Níger, heredero de la colonización francesa, nunca ha castigado las relaciones entre personas del mismo sexo, a pesar de ser un país cuya población es mayoritariamente musulmana.

El presidente Bazoum describía así el proceso que se está siguiendo en la actualidad:

Se trata de un comité pluridisciplinar compuesto por representantes de la presidencia, el gabinete del presidente, la Asamblea Nacional, funcionarios de la policía judicial, magistrados y miembros del colegio de abogados. También participan personas de la sociedad civil, como profesores, investigadores y miembros de la prensa pública y privada.

Tras hacer referencia al artículo 282, Bazoum comenzó a detallar los comportamientos y penas que se pretenden introducir:

En el futuro Código Penal habrá toda una sección dedicada a la homosexualidad. No obstante, esto nos obliga a definir la homosexualidad, con las diferentes categorías que abarca. Después de este trabajo de definición, pensaremos en los delitos y las penas. En cualquier caso, se derogará el artículo 282 en su forma actual.

Cualquiera que tenga sentimientos amorosos hacia alguien de su propio sexo será el sujeto de un delito, para castigar esta desviación. Por ejemplo, besar a otro hombre siendo hombre o besar a una mujer siendo mujer será castigado… Lo mismo ocurrirá con las caricias u otras muestras de afecto.

Además, una relación sexual entre personas del mismo sexo, sea cual sea la edad, constituirá otro delito. Por otra parte, la edad también será una circunstancia agravante del delito, en el caso de que la pareja sea menor de edad.

El presidente concluyó concretando las elevadas y crueles penas que se pretenden imponer para los enlaces matrimoniales de personas del mismo sexo, una figura que no es legal en el país, por lo que se supone que se trata de ceremonias rituales al margen de la legislación civil:

Además, casarse con alguien del propio sexo se considerará a partir de ahora un delito, lo que implica penas que pueden ir desde los 10 años de reclusión criminal hasta la cadena perpetua o la pena de muerte.

La persona que oficie el matrimonio, como un morabito o un funcionario del registro civil, será juzgada por un delito igual que los contrayentes, con penas similares. Lo mismo se aplica a los sacerdotes.

El progenitor que haya ofrecido a su hijo en matrimonio será castigado por un delito similar. Lo mismo se aplica a los testigos o padrinos, que serán castigados por la ley.

Por último, toda persona física que dirija o financie un club homosexual público o privado será castigada con penas de prisión y multa. Las personas jurídicas que gestionen, ayuden, hagan proselitismo o financien a grupos o incluso individuos LGBT serán objeto de acciones judiciales.

Ya en octubre de 2022, la diputada Nana Djoubie presentó una iniciativa legislativa para castigar las relaciones homosexuales, después de que dos mujeres fueran detenidas por indecencia pública y no se les pudiera condenar con el actual Código Penal. La propuesta tuvo el apoyo inmediato de la Asociación de Estudiantes Musulmanes de Níger y logró que el asunto tuviera una gran repercusión pública. Sin embargo, el proyecto de ley no pudo ser presentado a votación por el cierre del calendario parlamentario.

Aunque las relaciones homosexuales nunca han sido penalizadas en Níger, sí que existe un fuerte rechazo social. Actualmente, la presencia de grupos LGTBI abiertamente reivindicativos entre los asilados de Camerún, Liberia y Costa de Marfil, que exhiben con orgullo la bandera arcoíris en sus apariciones en los medios de comunicación, ha causado conmoción en un país acostumbrado a la absoluta invisibilidad de las personas LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia

Afirman que dicha bandera es “símbolo de violencia, agresión, intolerancia, corrupción de menores y anticatolicismo”. 

 El primer ministro polaco ha sido duramente criticado por la oposición, su partido, e incluso por la Iglesia

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se ha pronunciado a favor de la pena de muerte provocando una fuerte crítica en la población, en la oposición a su partido, Ley y Justicia (PIS), y en la Iglesia Católica polaca.

Morawiecki participó el lunes por la noche en un diálogo abierto en Facebook cuando uno de los participantes le preguntó si la pena capital evitaría que su Gobierno hiciera más daño a la sociedad. Es una pregunta difícil, respondió Morawiecki, pero la contestó de todos modos: “En mi opinión, la pena de muerte debe permitirse para los delitos más graves”.

Se describió a sí mismo como partidario de la pena de muerte y calificó de prematura su abolición. “Soy es católico practicante, pero no estoy está de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia católica sobre esta cuestión”, dijo el primer ministro.

Los diputados de la oposición, entre ellos Monika Falej, señalaron que opiniones como la del primer ministro eran propias de gobernantes autoritarios.

Morawiecki parece estar solo entre los líderes europeos en su opinión sobre la pena de muerte, ya que los Estados miembros de la UE han abolido esta forma de castigo. Polonia lo hizo en 1997, unos siete años antes de ingresar en la Unión Europea.

En 2013, Polonia ratificó el Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que suprime total y definitivamente el uso de la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluida la guerra.

La opinión de Morawiecki a favor de la pena capital, si bien no dijo en ningún momento que su Gobierno se plantee reactivarla, lo que por otra parte sería imposible de conjugar con la pertenencia a la Unión Europa, no ha sido el único gesto autoritario con el que los polacos arrancan el año nuevo.

Zbigniew Ziobro, ministro de Justicia

En un programa de televisión emitido en fin de año, el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, criticó la exhibición de brazaletes arcoíris en el Mundial de Qatar por ser “un símbolo de intolerancia y agresión”. Ziobro, que es también viceprimer ministro y fiscal general del Estado, cree que la bandera del movimiento LGTBI representa “la violencia y la destrucción de la iglesia al escupir a la santidad y corromper a los niños… la bandera arcoíris es símbolo de intolerancia y agresión”.

“En esto, Solidaridad Polaca (partido que lidera) es radicalmente diferente del PIS de Morawiecki”, añadió el ultraconservador Ziobro para sentenciar luego que “nunca aceptaremos promociones artísticas de LGBTI en la televisión estatal”.

Durante la gala especial de Nochevieja emitido por la televisión pública polaca, los integrantes del grupo de música pop Black Eyed Peas lucieron sendos brazaletes con la bandera arcoíris y expresaron su apoyo a “las comunidades que, como la gente LGBTI, sufren el odio” de otros, además de criticar al Gobierno polaco.

La emisión del programa, que fue seguido en directo por más de ocho millones de espectadores, provocó una polémica entre varios miembros del Gobierno ultra conservador polaco, y mientras que el viceministro de agricultura, Janusz Kowalski, calificó de “homopropaganda” y “vergüenza” la actuación, el viceministro de Justicia, Marcin Warchol, llamó “desgracia” y “nochevieja de desviación” al programa.

El lunes, en una rueda de prensa en Varsovia, Ziobro dijo estar “en contra de la hipocresía de quienes, en nombre de la tolerancia y el amor, lo que quieren es imponer sus puntos de vista a los demás” y se mostró “sorprendido de que la televisión pública decidiese participar conscientemente en la promoción de símbolos y valores que contradicen las creencias” de los votantes de su partido.

Por otro lado, Ziobro se refirió a la disputa que Varsovia mantiene con la Unión Europea sobre su reforma judicial y declaró que “probablemente habría que preguntarle al primer ministro si este tipo de manifestaciones por parte de la Televisión Pública son otra de las concesiones a las demandas de la UE“.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace dos años, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de íla comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Agencias/Cristianos Gays

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Sareh (Zahra) Sediqi Hamedani, hablando con la BBC Persa en mayo de 2021

Dos activistas LGBTQ+ han sido condenados a muerte en Irán por “promover la homosexualidad”.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, describió el pasado marzo la homosexualidad como una “depravación moral” muy extendida en Occidente.

Por primera vez, dos mujeres conocidas por ser lesbianas han sido condenadas a muerte en Irán. Esto marca una nueva etapa en la persecución de la república islámica a las personas LGBT.

“Mi mayor esperanza en la vida es izar la bandera del arco iris en Irán y gritar que existimos”. Así lo dijo Zahra Sadiqi Hamedani, también conocida como Sareh, al hablar con la BBC Persa en mayo de 2021.

Cinco meses después Sareh (Zahra) Sediqi Hamedani fue arrestada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica por “promover la homosexualidad” en octubre de 2021.

Ahora ha sido juzgada y condenada a muerte, a la edad de 31 años, junto con otra mujer, Elham Choubdar, de 24 años. Las dos mujeres eran amigas y tenían una relación comercial, ya que ambas vendían productos de belleza.

Originaria de la pequeña ciudad de Naqadeh, en el noroeste de Irán, Sareh se casó joven y tuvo dos hijos, un niño y una niña, antes de divorciarse de su marido y abandonar Irán para vivir en el Kurdistán iraquí. Según algunos informes, Elham Choubdar viajaba regularmente entre ambos países.

Según la organización kurda de derechos humanos Hengaw, Zahra Sediqi Hamedani, también conocida como “Sareh“, 31, y Elham Chubdar, de 24, fueron sentenciados a la muerte por “corrupción en la tierra” a través de la promoción de la homosexualidad.

Su caso conjunto fue decidido por el Tribunal Revolucionario en Urmia, Irán, parte de un sistema especial de la corte islámica en el país.

Actualmente están detenidas en la prisión central de Urmia.

Elham Choubdar era propietaria de una tienda de ropa de mujer en Urmia, en el noroeste de Irán

Las dos mujeres fueron condenadas por “promover la homosexualidad”, así como “promover el cristianismo” y “comunicarse con los medios de comunicación que se oponen a la República Islámica“, en enero de este año. Se dice que la acusación sobre la promoción del cristianismo se ha hecho en parte porque Sareh ha llevado un collar con una cruz.

Sareh no era una activista LGBT conocida, pero tenía una cuenta de Instagram que era popular entre las minorías azerí y kurda de Irán. También habló ocasionalmente con equipos de televisión extranjeros sobre la situación de las comunidades LGBT tanto en Irán como en el Kurdistán iraquí.

“¿Por qué hablo en público? Porque no quiero que otros amigos LGBT pasen por lo que yo pasé. No quiero que otras mujeres como yo pasen por un matrimonio forzado”, dijo a la BBC. “No somos corruptos; somos como ustedes, como cualquier otra persona. Intento concienciar a los demás, incluidos mis hijos, para que sepan lo que significa la libertad. Quiero empoderar a otros para que tengan la opción [de salir del armario]”.

Según las autoridades iraníes, Sareh fue detenida cerca de la frontera entre Irán y Turquía, donde pensaba pedir asilo. Es ciertamente posible que Sareh estuviera planeando trasladarse a Turquía, que cuenta con una gran comunidad de exiliados LGBT iraníes. Pero, de ser así, podría haber viajado directamente desde el Kurdistán iraquí -no era necesario entrar en Irán-, por lo que no está claro si fue allí voluntariamente.

Un amigo de Sareh en la ciudad de Urmia, también en el noroeste de Irán, sugiere que podría haber ido a Irán para ver a sus hijos. “No paraba de hablar de sus hijos. Echaba de menos a su familia, especialmente a su hermano. Tal vez quería reunirse con ellos y luego llevarse a los niños”, dijo a la BBC, admitiendo que se trataba de una suposición.

Sareh declaró a la BBC en 2021 que sus hijos eran su “mayor preocupación”. “He pasado por muchas experiencias terribles y tortuosas en mi vida. No quiero que le ocurran a mi hijo o hija. Haría lo que fuera necesario para proteger a mis hijos, aunque tuviera que sacrificar mi vida”.

A continuación podéis ver un vídeo realizado por Hamedani antes de su arresto:

https://twitter.com/sebastientuller/status/1566730120802586624?s=21&t=vMB4zhR2gjMiI0niQhWC4g

En el momento del arresto de Hamedani cuando intentó huir del país en octubre de 2021, la rama iraní de Amnistía Internacional dijo que  fue arrestada por su orientación sexual y por sus publicaciones en redes sociales en defensa de los derechos LGTB, según Amnistía Internacional.: “La criminalización de la gente LGBTI perpetúa la violencia y la discriminación contra ellos.

“Renovamos nuestros llamados a las autoridades de Irán a despenalizar la conducta sexual del mismo sexo; Libere inmediatamente a todos los detenidos sobre la base de su identidad o para defender los derechos LGBTI; y adoptar legislación para respetar y proteger los derechos humanos de la gente LGBTI “.

“Durante su detención, ella denunció que agentes de inteligencia y de las agencias de seguridad la torturaron, con palizas, shocks eléctricos y prolongados periodos de confinamiento solitario”, afirmó AI.

We renew our calls on Iran's authorities to decriminalize same-sex sexual conduct; immediately release all those detained on the basis of their identity or for defending LGBTI rights; and adopt legislation to respect and protect the human rights of LGBTI people. pic.twitter.com/otkxsBIhe8

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) December 9, 2021

Amnistía Internacional luego exigió la liberación del activista LGBTQ+ en una carta al Presidente del Tribunal Supremo de Irán, pero fue en vano.

En declaraciones al The Jerusalem Post, el activista británico de derechos LGBTQ+ Peter Tatchell dijo: “Zahra Sediqi Hamedani y Elham Chubdar están acusados de ser activistas LGBTQ+ y han sido condenados a muerte por el cargo de” corrupción en la tierra “a través de la promoción de la homosexualidad.

“Este cargo muy grave a menudo se usa contra los críticos del régimen y aquellos que expresan opiniones que no cumplen con la ortodoxia islámica. Normalmente resulta en la ejecución “.

Tatchell señaló que Hamedani “supuestamente no tenía acceso a un abogado durante su detención de 10 meses” y describió a Irán como “notorio para los juicios injustos”.

Agregó: “Probablemente serán colgados usando el método bárbaro de estrangulamiento largo y lento; muy favorecido por el régimen iraní para maximizar el sufrimiento de la víctima “.

Bajo el Código Penal Islámico de Irán de 2013, las relaciones del mismo sexo entre hombres y mujeres, se criminaliza y se castiga con la flagelación o la pena de muerte.

Incluso donde no ha tenido lugar sexo, las personas LGBTQ+ también pueden ser arrestadas por comportamiento afectuoso “como besos o toques lujuriosos”.

Por su parte,  las autoridades judiciales iraníes negaron este lunes que dos jóvenes hayan sido condenadas a muerte por homosexualidad y afirmaron que fueron sentenciadas a la horca por tráfico de mujeres.

“Al contrario de las noticias publicadas, estas personas estaban acusadas de tráfico de mujeres a un país de la región con la promesa de trabajo y educación”, informó la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.

La acusación de tráfico de personas se hizo por primera vez en la televisión estatal iraní en noviembre. Un informe de noticias decía que Sareh había estado promocionando la oferta de educación superior, puestos de trabajo y una vida mejor a las jóvenes iraníes en el Kurdistán iraquí, pero que en cambio las había vendido como esclavas. También se decía que había estado promoviendo el juego ilegal y organizando fiestas LGBT.

Sin embargo, no se presentaron pruebas de estas acusaciones, y el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional las ha rechazado.

El desmentido de la agencia del Poder Judicial es una respuesta a la denuncia que realizó la organización de derechos humanos Hengaw, que se centra en la región del Kurdistán en Irán y con sede en Oslo, que informó que las dos mujeres habían sido condenadas a muerte por “promover la homosexualidad”.

Es bastante normal que las autoridades iraníes procesen a los hombres homosexuales bajo cargos falsos. Según la legislación iraní, las relaciones sexuales entre dos hombres están castigadas con la muerte, pero las autoridades suelen acusar a las personas de delitos como violación, incesto o tráfico de drogas.

Según los activistas iraníes, al menos otras cuatro personas han sido ejecutadas por ser homosexuales en los últimos 12 meses, dos de ellas en junio.

El uso de la misma táctica con dos mujeres LGBT supone una novedad. El sexo entre mujeres no se castiga con la pena de muerte, sino con hasta 100 azotes.

“Irán no siempre fue así. Sabemos que antes de la revolución islámica de 1979, muchas figuras internacionales del colectivo LGBT, como Andy Warhol, viajaban a Irán. Había rumores de que el primer ministro favorito del Sha era un hombre gay”, dice una lesbiana de la capital, Teherán.

“Pero mi generación ha sufrido mucho bajo el gobierno de la República Islámica. Desde que salieron las noticias sobre Sareh, desactivé todas mis cuentas en las redes sociales. No quiero que me detengan y me ejecuten”.

Andy Warhol en 1977 con la emperatriz  iraní Farah Diba en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán

Otros que han permanecido en línea han publicado una foto de Sareh y han tratado de conseguir que un hashtag contra la sentencia de muerte sea tendencia.

En los últimos años, se ha formado un vibrante movimiento LGBT clandestino dentro de Irán, pero esto parece haber aumentado la hostilidad de las autoridades. Se han incendiado banderas del arco iris junto a las de Estados Unidos e Israel, y se ha informado de la detención de personas por utilizar aplicaciones de citas LGBT.

Hace sólo unos días, el presidente de línea dura del país, Ebrahim Raissi, se refirió a los homosexuales utilizando la palabra altamente ofensiva y calificó la homosexualidad de “comportamiento sucio” y “barbarie moderna”.

En marzo, el líder supremo Alí Jamenei describió la homosexualidad como parte de la “depravación moral” extendida en la civilización occidental.

Según la legislación iraní, tanto Zahra Sadiqi Hamedani como Elham Choubdar tienen derecho a apelar ante el Tribunal Supremo, pero las perspectivas de anular la sentencia son escasas. El tribunal tiene fama de aprobar las sentencias más duras cuando se trata de cargos considerados como ley anti-Sharia.

Sareh declaró a la BBC que tenía fe en que vería el día en que la bandera del arco iris dejara de quemarse en Irán. Pero esto, al igual que su esperanza de mantener la bandera en alto y gritar sobre la existencia de las personas LGBT, ahora parece destinado a no cumplirse.

Fuente BBC/Pink News/Agencias

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“No es necesaria, es moralmente inadmisible”, afirma en su ‘Vídeo del Papa’ de septiembre 

 “La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse”

“La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. Y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial”

“Recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo”

31.08.2022 Jesús Bastante

“El mandamiento «no matarás» se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso, pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo“. El Papa Francisco vuelve a reivindicar, en su ‘Vídeo del Papa’ para este mes de septiembre, la necesidad de acabar con la pena de muerte, que “no es necesaria” desde un punto de vista jurídico, y resulta “moralmente inadmisible”.

En el vídeo, Bergoglio subraya cómo “cada día crece más en todo el mundo el NO a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza”. ¿Por qué? Porque, “desde un punto de vista jurídico, no es necesaria”, dado que “la sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse”.

“Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza”, subraya el Papa, que añade que “la pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. Y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial”.

Derecho a vivir para el inocente, y para el culpable

Por otro lado, añade, “moralmente la pena de muerte es inadecuada, destruye el don más importante que hemos recibido: la vida. No olvidemos que, hasta el último momento, una persona puede convertirse y puede cambiar”.

“Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento «no matarás» se refiere tanto al inocente como al culpable”, concluye el Pontífice, quien invita a todas las personas de buena voluntad a una movilización global para su abolición. “Recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo”.

Fuente Religión Digital

Espiritualidad, General, Iglesia Católica Abolición, Papa Francisco, Pena de Muerte

Un tribunal de la sharía (o ley islámica) del estado nigeriano de Bauchi ha condenado a muerte por lapidación a tres hombres acusados de prácticas homosexuales. Los tres condenados fueron detenidos por miembros de la hisbah (o policía religiosa islámica) el pasado 14 de junio y puestos a disposición del tribunal de la sharía de manera inmediata. El juez dictó sentencia basándose en la acusación de la hisbah y de la confesión de los acusados obtenida sin la presencia de ningún abogado, dando un plazo de 30 día para recurrirla. La pena de muerte debe ser convalidada por el gobernador.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Gwada, perteneciente a la gobernatura de Ningi, dentro del estado norteño de Bauchi. Según Adam Dan Kafi, jefe de la hisbah en ese territorio, el 14 de junio se produjo la detención de tres hombres, de 20, 30 y 70 años, acusados de prácticas homosexuales. Los tres fueron conducidos inmediatamente ante el tribunal de la sharía de la gobernatura de Ningi, donde el juez Munka’ilu Sabo oyó tanto la acusación policial como la confesión de los acusados, sin que en ningún momento se contara con la presencia de un abogado.

El juez Munka’ilu Sabo fijó el 29 de junio como la fecha en que dictaría sentencia. Ese día, sentenció a los tres acusados a la pena de muerte por lapidación, basándose en lo dispuesto en las leyes del estado de Bauchi y en los textos religiosos. También estableció un plazo de recurso de 30 días. Si la pena de muerte es finalmente firme, deberá contar con la aprobación del gobernador.

LGTBIfobia de Estado en Nigeria

En Nigeria las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los 12 estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio).

Mientras la Comunidad LGTBI de Nigeria nos da una lección de Orgullo a todos, la última noticia que publicábamos el pasado mayo era que Francia denegaba el asilo a tres personas LGTBI de Nigeria y en  enero, era la referente a un hombre azotado 14 veces en un día como “terapia de conversión” por ser gay.  En 2018, Adeniyi Raji, un solicitante de asilo en el Reino Unido quien tras rechazar su solicitud de asilo  se enfrenta a la deportación a Nigeria anteriormente, Nneka Obazee, que intentaba suicidarse tras ser detenida para ser deportada a su país de origen, Nigeria, donde podría enfrentarse a la cárcel o incluso la muerte por lapidación al ser lesbiana.

Estas noticias lamentablemente no son novedad en el país africano. De hecho, esta redada se suma a otras similares. Recientemente, seis personas fueron arrestadas con los mismos cargos. Fue en el estado de Abia, donde de nuevo se enfrentan a penas de cárcel. Hace un año recogíamos en esta página la detención de otras 40 personas tras participar en un evento informativo sobre el VIH. Y en abril de 2017 nos hacíamos eco de la detención de otras 53 personas, acusadas de haber participado en una «boda gay». La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años.

Todas estas detenciones se dan bajo el amparo de un Estado que es agente perseguidor. En Nigeria, país con un influyente movimiento evangélico cristiano en el sur y un fuerte apoyo a la ley islámica en el norte, las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio). El pasado mes de abril recogíamos que 53 personas fueron detenidas en el país, acusadas de haber participado en una “boda gay”. La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, que ya prestaron declaración ante el juez y que todavía esperan que se dicte sentencia.

Asímismo cabe recordar que a principios de 2014 el presidente Goodluck Jonathan promulgó una ley, que agrava el tratamiento penal para cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. Desde su entrada en vigor, de hecho, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

Así, por ejemplo, en enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión. En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.

En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.

Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisión por haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

En abril de  2017, publicamos la detención de 53 personas, a quienes se acusaba de participar en la celebración de una supuesta “boda gay”.

Y en abril del año 2020 nos hacíamos eco de que un Oficial de policía nigeriano bisexual y su compañero estuvieron a punto de ser asesinados por matones.Todo lo que hizo un agente de policía fue presuntamente tener sexo con su pareja masculina en Nigeria, sin embargo, Chibuike Ukazu y su pareja fueron brutalmente golpeados y desnudados por una turba de jóvenes.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero de 2017 nos hacíamos eco de un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Un hombre gay ha sido ejecutado en Irán bajo un cargo de “sodomía”, según grupos de derechos humanos, en el último ejemplo de brutalidad anti-LGBTQ+ en la nación de Medio Oriente.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) informó que, el 29 de junio, presuntamente fueron ejecutados 10 reclusos en la prisión de Rajai Shahr, en la ciudad norteña de Karaj.

Entre ellos estaba Iman Safari-rad, quien, según la agencia de noticias y los activistas, probablemente fue sentenciado a muerte por ser homosexual.

The Jerusalem Post  informó que HRANA había verificado la identidad de Safari-rad. Mientras que Kazem Moussavi, un activista de derechos humanos de Irán exiliado en Alemania, afirmó en Twitter que Safari-rad fue asesinado en la capital de la provincia de Alborz por “sodomía”.

Fue asesinado junto con Mehdi Khalgoldi, quien enfrentó cargos de “violación”, un cargo que los funcionarios suelen utilizar como pretexto para ejecutar libremente a personas queer, según un informe del Departamento de Estado de EE. UU.

Las autoridades iraníes aún no han confirmado las muertes.

Las personas LGBTQ+ en Irán se enfrentan a una violencia implacable simplemente por existir. La actividad sexual entre personas del mismo sexo está estrictamente prohibida por el código penal de la república, y conlleva una pena máxima de muerte.

Peter Tatchell, un activista británico LGBTQ+, dijo a The Jerusalem Post: “Otra vez, otro hombre ha sido ejecutado por un cargo de sodomía, que puede haber cometido o no, con o sin consentimiento. Lo que es seguro es que es casi seguro que este hombre no recibió un juicio justo bajo el sistema judicial iraní notoriamente sesgado. A los acusados se les niega rutinariamente el acceso a abogados y testigos de la defensa”.

Tatchell describió cómo el sistema judicial de Irán puede hacer que las personas homosexuales sean juzgadas en audiencias apresuradas, a menudo solo contando con un abogado minutos antes de que comience el juicio. A menudo, el tribunal ni siquiera necesita pruebas sustanciales para dictar una sentencia. “El mundo debe hacer que las relaciones con Irán dependan de la observancia por parte de Teherán del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la prohibición del uso de la pena de muerte en todas las circunstancias y el respeto de los derechos humanos de las personas LGBT, las mujeres, los no creyentes y las minorías religiosas y étnicas. ”, agregó Tatchell.

La difícil situación de las personas LGTB en Irán

Irán actualmente criminaliza el sexo entre hombres con la pena de muerte o 100 latigazos y el sexo entre mujeres con 100 latigazos. El Código Penal de 2013, arraigado en la ley Shariah, también castiga a los hombres homosexuales que colocan un órgano sexual masculino entre los muslos o las nalgas de otro hombre con 100 latigazos. Si la parte activa no es musulmana y la pasiva musulmana, se aplica la pena de muerte. Un hombre simplemente besando a otro hombre lo verá sufrir entre 31 a 74 latigazos.

La supuesta ejecución de Safari-rad es solo la última de un horrible legado de violencia hacia los iraníes LGBTQ+. Durante décadas, los acusados y condenados por actividades del mismo sexo han sido decapitados, lapidados, arrojados por acantilados y amputados.

Mahmoud Asgari, 16 años y Ayaz Marhoni, de 18

El colectivo LGTB iraní vive en una situación terriblemente difícil, especialmente los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Son muchos los ejemplos que hemos recogido en el pasado. Cualquier intento de aperturismo es además perseguido con saña. Sirva de ejemplo reciente el caso del mulá gay Taha, que casaba a parejas del mismo sexo en secreto, y tuvo que huir de Irán por las amenazas de muerte de otros clérigos musulmanes. Como recogíamos en junio del 2016, Taha oficiaba bodas igualitarias en Irán, según el rito islámico. Y aunque lo hacía en secreto, otros clérigos musulmanes cuestionaban que se dejara ver con hombres gais e incluso sospechaban de su orientación homosexual. Al final, su situación se volvió insostenible y se vio obligado a abandonar el país, temiendo por su propia vida.

Aunque el propio Gobierno de la república islámica de Irán ha llegado a reconocer que entre la población juvenil del país existe una alta proporción de homosexuales, las personas LGTB están sujetas a toda clase de discriminaciones, violencia y estigmatización (muchas veces, incluso por sus propias familias y círculos más próximos).

En 2005, Mahmoud Asgari de 16 años de edad, y Ayaz Marhoni, de 18 años de edad, fueron ahorcados públicamente por ser gays, acusados de haber violado a un niño de 13 años. Desde 2007 no se habían reportado casos de penas de muerte por homosexualidad en el país islámico. Ese año, fue ejecutado un adolescente, Makwan Mouloudzadeh, quien había confesado haber mantenido una relación homosexual anal a los 13 años.  

En 2013, la Guardia Revolucionaria iraní, encargada de velar por el mantenimiento del orden islámico en el país, comunicaba la detención de una “red de homosexuales y satanistas” en la ciudad de Kermanshah, cercana a la frontera con Irak. Entre los detenidos había tanto ciudadanos iraníes como iraquíes.

En 2014, Abdullah Ghavami Chahzanjiru y Salman Ghanbari Chahzanjiri fueron ejecutados  acusados de “sodomía”. Sus muertes forman parte de una oleada de ejecuciones en Irán, que sumó ya más de 400 hasta agosto de 2014, según la ONG Iran Human Rights. La legislación iraní establece para las prácticas homosexuales castigos que incluyen la flagelación y la pena de muerte.

Son pocos los casos con final feliz. En 2016  Hassan Afshar, un joven de 17 años, acusado de “violación”, fue ahorcado por tener relaciones sexuales con un adolescente en 2016.

Hassan Afshar, 19 años

Los grupos de activistas LGBTQ+ han expuesto cómo, bajo los censores estatales que casi eliminan a las personas queer, las fuerzas de seguridad asaltan de forma rutinaria los espacios LGBTQ+ y arrestan a los asistentes en masa. En detención, son acosados para que revelen los nombres de otras personas LGBTQ+ que conocen.

En enero, los grupos de derechos humanos retrocedieron con horror cuando se supo que dos hombres fueron ejecutados por cargos de “sodomía”. Mehrdad Karimpou y Farid Mohammadi fueron asesinados en la prisión de Maragheh, en el noroeste de Irán, informó HRANA . Ambos habían pasado seis años en el corredor de la muerte acusados de “sodomía por la fuerza”.

Y aunque, como decíamos anteriormente, muchas personas LGTB procedentes de países como Irán buscan refugio en Turquía, no dejan de correr riesgos. Recogíamos en 2015 la denuncia del programa para refugiados de Iranian Queer Organization (IRQO),  grupo de defensa de los derechos LGTB radicado en Canadá, con respecto al incremento de las agresiones que sufren los refugiados iraníes en Turquía por su orientación sexual o identidad de género.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Varias organizaciones LGTBI+ de primera línea han pedido a 11 países que pongan fin a la amenaza de la pena de muerte como castigo para las personas queer.

ILGA Asia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y otras cinco organizaciones condenan el uso de la violencia contra las personas LGTBI+ en una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), que se celebró el martes (17 de mayo).

En la declaración, las organizaciones LGTBI+ señalan que 70 países de todo el mundo siguen criminalizando las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, entre ellos 22 países asiáticos.

ILGA Asia señala que 11 países -Afganistán, Brunei, Darussalam, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Catar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- mantienen la pena de muerte para las personas LGTBI+. Ocho de esos países están en Asia.

Según Human Dignity Trust, la pena de muerte se aplica en Irán, el norte de Nigeria, Arabia Saudí, Somalia y Yemen, y sigue siendo una “posibilidad legal” en Afganistán, Brunei, Mauritania, Pakistán, Catar y EAU.

Imponer la pena de muerte a las personas LGTBI+ viola el “derecho a la vida”

Las leyes anti-LGTBI+ y la pena capital afectan de forma desproporcionada a las minorías étnicas o religiosas y a las personas de procedencias socioeconómicas desfavorecidas, afirman las organizaciones.

“La fidelización e imposición de la pena de muerte por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo es una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, afirmó Daron Tan, asesor jurídico internacional asociado de la CIJ.

Tan dijo que estas leyes infringen numerosos derechos humanos, y también pueden hacer que se niegue a las personas el acceso a los sistemas de atención sanitaria.

Ajita Banerjie, responsable de investigación de ILGA Asia, pidió que se despenalicen las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en todo el mundo, y afirmó que la pena de muerte debe abolirse en todas las circunstancias.

“Además, instamos a las autoridades de todos los países que siguen manteniendo la pena de muerte a que introduzcan una moratoria sobre su uso, como primer paso necesario hacia la abolición de la pena de muerte.

“Por último, pedimos a las autoridades que garanticen todas las salvaguardias necesarias para asegurar el acceso a la representación legal y a juicios justos para quienes se enfrentan actualmente a la pena de muerte en relación con su participación real o supuesta en conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”

Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos han condenado repetidamente el uso de la pena de muerte en numerosos países del mundo.

En diciembre de 2020, la Asamblea General de la ONU pidió a los Estados que aún utilizan la pena de muerte que se aseguraran de que no se aplica “sobre la base de leyes discriminatorias o como resultado de una aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley”.

Dos hombres homosexuales fueron ejecutados en Irán a principios de este año

Incluso en los países en los que no se aplica la pena de muerte a las personas LGTBI+, muchas de ellas siguen sufriendo detenciones y condenas por mantener relaciones sexuales consentidas.

Algunos países mantienen leyes de “inmoralidad” arbitrarias que atacan a los miembros de la comunidad LGTBI+, como Kuwait, Líbano, Myanmar y Omán.

En enero se produjo un gran revuelo cuando una red de derechos humanos afirmó que dos hombres homosexuales habían sido ejecutados en Irán tras pasar seis años en el corredor de la muerte.

Los dos hombres, a los que la gestoría de derechos humanos nombró como Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, habían sido condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.

Al parecer, otros dos hombres fueron ejecutados por cargos similares en Irán en julio de 2021.

Fuente Pink News

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en Doha.(AP)

Las banderas del orgullo podrían ser confiscadas a los aficionados al fútbol LGBT+ en la Copa del Mundo de Qatar para evitar ataques, ha dicho un funcionario de seguridad.

El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, se ha enfrentado a duras reacciones desde que anunció que la Copa del Mundo de 2022 se celebraría en Qatar, donde la homosexualidad se castiga con hasta siete años de prisión, más una multa. Los musulmanes del país, según la sharia, pueden ser castigados con la pena de muerte.

A pesar de la persecución de las personas LGBT+ en Qatar, los responsables del fútbol en Qatar y en Inglaterra han insistido en que los aficionados LGBT+ estarán seguros y serán “bienvenidos“, y que se podrán exhibir las banderas del Orgullo.

Pero ahora, el general de división Abdulaziz Abdullah Al Ansari, funcionario que supervisa la seguridad de la Copa Mundial, ha dicho que las banderas podrían ser confiscadas para proteger a los aficionados.

Según Metro, dijo: “Si él [un aficionado] levantó la bandera del arco iris y yo se la quité, no es porque realmente quiera, de verdad, cogerla, para insultarle de verdad, sino para protegerle”.

“Porque si no soy yo, otra persona de su entorno podría atacarle [a él]… No puedo garantizar el comportamiento de todo el pueblo. Y le diré: ‘Por favor, no hace falta que levante la bandera en este momento'”.

“Si quieres demostrar tu punto de vista sobre la situación [LGBT+], demuéstralo en una sociedad donde sea aceptado”, continuó.

“Nos damos cuenta de que este hombre consiguió la entrada, viene aquí a ver el partido, no a manifestarse, a un [acto] político o a algo que esté en su mente.

“Mira el juego. Está bien. Pero no vengas a insultar a toda la sociedad por esto”.

A pesar de calificar la bandera del Orgullo como un “insulto” a la sociedad qatarí, Al Ansari siguió insistiendo en que los aficionados LGBT+ serían bienvenidos en la Copa del Mundo.

“Reservar la habitación juntos, dormir juntos, es algo que no nos concierne”, dijo. “Estamos aquí para gestionar el torneo. No vayamos más allá, las cosas personales individuales que puedan estar sucediendo entre estas personas.

“Aquí no podemos cambiar las leyes. No se puede cambiar la religión por 28 días de Mundial”.

En 2020, el director ejecutivo de la Copa del Mundo 2022 de Qatar, Nasser Al-Khater, aseguró a la Fifa que no se retirarían las muestras pro-LGBT+, incluidas las banderas del Orgullo.

“En lo que respecta a las banderas arco iris en los estadios, la FIFA tiene sus propias directrices, tiene sus normas y reglamentos“, dijo Al-Khater. “Sean cuales sean, las respetaremos”.

Y añadió: “Tenemos un país conservador, pero somos un país acogedor. Somos abiertos y acogedores, hospitalarios. Entendemos la diferencia de las culturas de las personas. Comprendemos las diferencias en las creencias de la gente y por eso creo que, de nuevo, todo el mundo será bienvenido y será tratado con respeto.

“Al igual que nuestra cultura es una cultura de este mundo, también esperamos que la gente respete nuestra cultura. Creo que hay un equilibrio y se siente que la gente respetará a las personas de todo el mundo”.

Fuente Agencias

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Mehrdad Karimpou y Farid Mohammadi han sido ejecutados en la prisión de Maragheh en Irán, según la Agencia de Noticias Activistas de Derechos Humanos. (Twitter/@hra_news)

Dos hombres han sido ejecutados en Irán después de haber sido encarcelados durante seis años por cargos de “sodomía” contra los homosexuales, según informes y grupos de derechos humanos.

Se dice que Mehrdad Karimpou y Farid Mohammadi fueron asesinados en la prisión de Maragheh, en el noroeste de Irán, según la Human Rights Activist News Agency -Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

Según HRANA, los dos hombres fueron arrestados hace seis años por cargos de “sodomía por la fuerza” y han estado en prisión desde entonces.

Las personas LGBT+ a menudo se enfrentan a una violencia y discriminación terribles solo por vivir su verdad. El sexo entre personas del mismo género es ilegal en el país y puede ser castigado con la muerte o prisión.

Irán actualmente criminaliza el sexo entre hombres con la pena de muerte o 100 latigazos y el sexo entre mujeres con 100 latigazos.

Karmel Melamed, un periodista que cubre Irán, escribió en Twitter que el “régimen de los ayatolás” en el país “acaba de ejecutar a dos hombres homosexuales” al “ahorcarlos” por el “delito de sodomía”.

También criticó al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, a la organización LGBT+ GLAAD y a “otros grupos LGBT” en EE. UU. por no estar “indignados” por “este horrible crimen”.

The Ayatollah regime in Iran just executed two gay men for the crime of sodomy in Iran. This is Mehrdad Karimpour and Farid Mohammadi who were executed by hanging. Where’s the outrage from @StateDept @SecBlinken @glaad & other LGBT groups in U.S. to this horrific crime?! #No2IR pic.twitter.com/vDXypBvO4g

— Karmel Melamed (@KarmelMelamed) January 30, 2022

El activista por los derechos humanos y los derechos LGBT+, Peter Tatchell, dijo al the Jerusalem Post que la ejecución de los dos hombres “sigue un régimen de larga data” de “asesinato de hombres homosexuales sancionado por el Estado”. Agregó que estas ejecuciones a menudo implican “cargos controvertidos después de juicios injustos”.

Según Iran Human Rights, los medios de comunicación estatales no han anunciado las ejecuciones.

La organización no gubernamental agregó que los defendidos en casos de “sodomía por la fuerza” son “generalmente torturados durante la detención para obtener una confesión”; y en algunos casos, el caso es “tramitado apresuradamente sin la presencia de un abogado o defensor”.

En diciembre, Sareh, una lesbiana de 28 años que vivía y trabajaba en la región del Kurdistán iraquí, fue arrestada por el Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán por “apoyar la homosexualidad”.

La Red Iraní de Lesbianas y Transgénero (6Rang) informó que Sareh fue arrestada por el IRGC en octubre mientras se encontraba en la provincia de Azerbaiyán Occidental en Irán. Según los informes, intentaba huir a través de la frontera hacia Turquía.

Según 6Rang, una agencia de noticias informó en noviembre que el IRGC había arrestado a personas en Azerbaiyán Occidental acusadas de “formar una pandilla para traficar con niñas y apoyar la homosexualidad”. 6Rang sospechó que esto podría estar relacionado con el arresto de Sareh.

Fuente Pink News

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