Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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Otro país se suma a la homofobia de estado y consagra en su Constitución la discriminación de las parejas del mismo sexo. Se trata de Armenia, cuya nuevo texto constitucional, ampliamente reformado, incluye una modificación de su artículo 34 para hacer explícita la prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La nueva Constitución armenia fue aprobada en referéndum el pasado 6 de diciembre, con el propósito de cambiar el régimen político desde un sistema presidencial (en el que el presidente de la República es elegido por sufragio directo y tiene importantes poderes ejecutivos) a un sistema parlamentario, en el que dichos poderes pasan a manos de un primer ministro elegido por el Parlamento. Aunque solo votó la mitad del censo, la reforma recibió el visto bueno del 66% de los que acudieron a las urnas, consiguiendo por estrecho margen superar el umbral necesario del 33% del censo.

Según sus críticos, la reforma fue impulsada por el presidente armenio, Serzh Sargsián, para seguir controlando los resortes del poder una vez que concluya su segundo y último mandato. Sargsián, además de actual presidente de Armenia (con importantes poderes ejecutivos), es el líder del Partido Republicano de Armenia, una formación de derecha nacionalista (adscrita con el estatus de observadora al Partido Popular Europeo) que controla buena parte de los resortes del poder desde que el país dejó de ser una república soviética y que ha gobernado el país entre acusaciones de corrupción y nepotismo.

Pero más allá del propósito político principal de la reforma, lo que llama la atención es que se aprovechase la ocasión para modificar el artículo 34 de la Constitución, referido al derecho de hombres y mujeres a contraer matrimonio y formar una familia, para añadir la coletilla de “entre sí”, lo que hace legalmente inviable no solo una futura reforma legal para aprobar el matrimonio igualitario en Armenia, sino que una pareja del mismo sexo casada en otro país pueda ver reconocido su matrimonio en Armenia a menos que se modifique la propia Constitución. “En Armenia, la familia es la unión de un hombre y una mujer”, justificó en su momento Hrayr Tovmasian, miembro de la comisión presidencial que propuso la reforma constitucional, para justificar el cambio.

En la práctica, nada va a cambiar para las personas LGTB en Armenia, dado que nadie planteaba seriamente legalizar el matrimonio igualitario en ese país, pero lo sucedido no deja de ser un nuevo síntoma de hasta qué punto llega la discriminación social de este colectivo en Armenia, donde ya en su momento se intentó aprobar una ley contra la “propaganda homosexual” al estilo de la vigente en Rusia, aunque entonces la propuesta acabó siendo retirada como consecuencia de su negativa repercusión internacional. Sin embargo, según un informe del que nos hicimos eco con cierta extensión hace ahora año y medio, el hecho de que la legislación homófoba no saliera entonces adelante no significó ningún avance en la situación de los armenios LGTB. Antes al contrario, el informe constataba “una clara regresión” en tanto que “las personas LGTB se enfrentan a la discriminación en todas las áreas de la vida social y económica, son vulnerables a ataques verbales y físicos y siguen siendo en gran medida invisibles por temor a represalias”. Lo sucedido ahora hace temer que las cosas no han mejorado.

¿Suiza, próximo país en consagrar constitucionalmente la discriminación?

Armenia se une así a la ya larga lista de países que prohíben constitucionalmente el matrimonio igualitario, básicamente estados de la Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia (lo que fue aplaudido por el papa Francisco), Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Pero no hablamos de una situación exclusiva de la “atrasada y conservadora” Europa postcomunista. Suiza, un país en el que el populismo derechista cuenta cada vez con más adeptos, puede convertirse en solo unas semanas en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución si los votantes dan su visto bueno a la propuesta del Partido Demócrata Cristiano suizo (otra formación en la órbita del Partido Popular Europeo, esta vez como miembro asociado). El referéndum suizo tendrá lugar el 28 de febrero.

Fuente Dosmanzanas

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Situación de incertidumbre para la comunidad LGTB en Suiza. Solo hace unos meses informábamos del comienzo del trámite parlamentario de una iniciativa de matrimonio igualitario. Pues bien, esta semana hemos sabido de una reforma en sentido contrario, que de ser aprobada blindaría el matrimonio excluyente en la Constitución al definirlo como la unión de un hombre y una mujer. La decisión sobre esta segunda reforma está en manos de los ciudadanos, que la votarán en referéndum en febrero del año que viene.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideran una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era que acabar con lo que denominan “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que han titulado “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introduce también una definición excluyente del matrimonio.

El artículo 14 de la Constitución suiza establece que:

Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia.

Con la redacción propuesta por el PDC, se añadiría al mismo artículo la siguiente frase:

El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica.

Con este cambio, el matrimonio excluyente quedaría blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría abrir este derecho a las parejas del mismo sexo. Se trata, de hecho, de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Suiza se convertiría, si los ciudadanos lo aprueban en el referéndum, en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución.

El concepto es que algunas parejas casadas tienen que pagar más impuestos que las parejas heterosexuales no casadas; la iniciativa está tratando de cambiar esto. Este referéndum sobre la desgravación fiscal para parejas casadas también podría cambiar la Constitución para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio es a largo plazo y legalmente regulada la relación entre el hombre y la mujer. En lo que respecta a la fiscalidad, es una comunidad económica”, se propone en el párrafo adicional. “No se debe poner en una situación de desventaja en comparación con otros modelos de relación, ni en los impuestos, ni en los seguros sociales”.

Los críticos contra estos cambios alegan que el voto rompería la unidad de la regla de procedimiento del referéndum suizo, ya que obligaría a los ciudadanos a decidir sobre dos cuestiones – la fiscalidad de las parejas casadas y la definición de matrimonio – en lugar de sólo uno. Un informe del Consejo Federal Suizo dice que no hay problema con el voto, ya que hay una “coherencia fáctica” entre las dos partes de la iniciativa.

Los activistas LGTB reprueban lo que consideran una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacen hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación homófoba de la medida queda oculta si no se lee la literalidad de la reforma constitucional propuesta. También critican que la cuestión que se somete a referéndum no cumpla la regla de la “unidad de la materia”. Esto es, que las consultas ciudadanas deben abordar un solo tema y no dos como en este caso (derecho fiscal y definición del matrimonio).

El Gobierno suizo ha rechazado esta crítica con el argumento de que los asuntos que se someten a votación guardan relación entre sí. Ahora solo queda esperar al resultado de las urnas el 28 de febrero de 2016. Para ser aprobada, la reforma debe contar con una mayoría favorable en votos globales y en cantones. No se requiere una participación mínima. Cabe destacar que ambas cámaras del Parlamento han votado contra la medida, si bien ello no impide un resultado favorable a la misma en la consulta.

Aunque el Parlamento rechazó las modificaciones propuestas, el informe del Consejo Nacional también pide a los representantes de los cantones que recomienden a los ciudadanos votar a favor de la propuesta.

Según la ley suiza, para que una iniciativa se apruebe no sólo la mayoría de los ciudadanos deben votarla, también se tiene que producir similar resultado en los cantones.

Con independencia del resultado de este referéndum, la iniciativa de matrimonio igualitario cuya tramitación adelantábamos en febrero de este año continúa su andadura parlamentaria. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre, el proyecto superaba otro trámite al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

En 2014, una encuesta realizada por la organización LGBTI suiza Cruz Rosa mostró que, en el referéndum para reducir los impuestos e ilegalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 30,2% tendería a votar sí, en comparación con un 52,1% que votaría en contra y el 17,6% de los votantes estaría indeciso.

Pacto civil de solidaridad (PACS). El término alude a una forma de unión civil entre dos adultos bajo la ley francesa. El PACS establece derechos y responsabilidades pero menos que un matrimonio, en particular en materia de adopción. Ofrece un cierto estatuto legal a las parejas del mismo sexo, pero es utilizado mayoritariamente por parejas de sexo opuesto. Una forma de unión civil se estableció en unos 20 países, principalmente en Europa y América del Norte, desde finales de 1990, entre ellos, Suiza.

En el ámbito social, la propia diversidad cultural y étnica de la Confederación, favoreció un mayor grado de respeto y tolerancia hacia los distintos grupos que conforman la nación. Cada año se celebran diversos eventos en favor de los derechos LGBTI y la diversidad sexual, tales como marchas del orgullo gay, festivales y manifestaciones varias, entre los que se destacan el Festival de Cine Pink Apple, el Christopher Street Day, el Día para salir del armario y el Festival del Orgullo de Zúrich.

Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza, se percibe como una ciudad tolerante hacia la comunidad gay, ofreciendo una amplia variedad de atractivos para el turismo homosexual. En julio de 1993 se creó en la ciudad el «Schwulenarchiv Schweiz», organización sin fines de lucro destinada a recopilar y preservar el material referente a los homosexuales en el país. En marzo de 2009, fue electa Corine Mauch como alcaldesa de Zúrich, convirtiéndose en la primera mujer y abiertamente lesbiana en ostentar dicho cargo.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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