El tribunal ha estimado que la normativa es anticonstitucional ya que no contó con el mínimo de votos necesarios, al menos el respaldo de un tercio de los parlamentarios presentes en el momento de la votación, el pasado 20 de diciembre, según informaron corresponsales del portal Buzzfeed presentes en la sala en el momento de la sentencia. El tribunal responde así a la petición de 10 activistas en derechos humanos, académicos y políticos de la oposición. El Gobierno también había recibido la presión internacional, en particular de Estados Unidos que anunció sanciones como la prohibición de la entrada al país de las autoridades ugandesas.

El activista Anti-LGBT  Martin Ssempa (derecha) en Tribunal  Constitucional el 30 de julio con su hijo (centro). ISAAC KASAMANI/AFP / Getty Images

Los jueces han desestimado los argumentos de la abogada del Estado, Patricia Mutesi, que consideró que no había evidencia de que no existiera quórum. Los jueces recuerdan que hasta tres parlamentarios llamaron la atención sobre la falta de quórum, incluyendo el vicepresidente Amama Mbabazi, sin que la portavoz de la cámara, Rebecca Kadaga, atendiera la petición. Por lo tanto considera nulo todo el proceso judicial. La demanda la habían presentado diez activistas respaldados por colectivos como el de Minorías Sexuales de Uganda. La sentencia anula totalmente la ley, que solo podría reinstaurarse si se repitiera todo el trámite parlamentario, lo que por el momento elimina la prohibición de la homosexualidad. La ley endurecía las penas de cárcel para las relaciones entre personas del mismo sexo y obligaba a los ciudadanos a delatar a quienes mantuvieran relaciones homoeróticas. Todo eso queda ahora anulado.

Pese a todo la noticia ha sido recibida con entusiasmo por los defensores de los derechos humanos en Uganda y muy especialmente por los activistas LGTB que habían recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional. “Soy oficialmente legal”, tuiteaba Frank Mugisha, director de Sexual Minorities Uganda, nada más conocer la noticia. ”Ya no soy una criminal. Hoy hemos hecho historia”, declaraba también en su perfil de Twitter Kasha Nabagesera, de la organización Freedom and Roam Uganda. No es de extrañar esta alegría. La noticia supone, incluso en el peor de los casos, un importante alivio temporal: los partidarios de la ley pueden volver a proponerla, pero deberá procederse a la tramitación parlamentaria completa. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que desde que en 2009 se propuso endurecer la legislación contra los homosexuales hasta que la ley fue aprobada pasaron casi cinco años.

Por otra parte, el marco jurídico es muy distinto: una cosa es que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo estén tipificadas en el Código Penal ugandés, como ya sucedía antes, y otra que se criminalice la propia realidad homosexual, se persiga a aquellas personas que hacen activismo o que simplemente ayudan o dan soporte a personas homosexuales bajo la acusación de “promover la homosexualidad” e incluso que los ciudadanos que simplemente conozcan la existencia de una relación homosexual estén obligados a denunciarla.

Activistas por los derechos de los homosexuales, en el Constitucional en Kampala. / AFP

Sin embargo, la derogación de la ley no acaba con la persecución de la homosexualidad en el país, donde todavía se considera delito. La homosexualidad se condena con la cárcel y la normativa de Museveni establecía además la cadena perpetua y la prohibición de las asociaciones LGTB. Aunque la decisión permite a los homosexuales volver a hacer su vida cotidiana, no se descarta una oleada de violencia homófoba ante la postura del Constitucional.

Según un estudio de las Minorías Sexuales de Uganda, desde que se votó la ley se ha registrado un incremento del acoso, el chantaje, los desalojos y la tortura hacia los homosexuales. El Proyecto de Refugiados de la Ley también ha visto censuradas varias de sus actividades por “promover la homosexualidad”, según el Gobierno.

Alivio para Museveni en vísperas de su encuentro con Obama

No lo expresará públicamente, pero de lo que pocos observadores dudan es de que la noticia habrá sido recibida con alivio por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, que amagó en su momento con vetar la ley aunque al final optó por sumarse a la corriente homófoba.

Una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le ha traído más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior, y que lastraba su próxima visita a Washington, prevista para dentro de unos días con motivo de la primera cumbre África-Estados Unidos.

Temor a represalias por parte de los homófobos

Como era de esperar, la noticia ha sido recibida con indignación por los defensores de la ley. Es el caso del pastor evangélico Martin Ssempa, uno de los propagadores del odio homófobo más conocidos del país, que de hecho ha acusado al presidente Museveni de estar detrás de la decisión del Constitucional y ha pedido al Parlamento que investigue si se ha vulnerado la independencia judicial.

El principal promotor de la ley, el diputado David Bahati (bien conectado por cierto con la derecha religiosa estadounidense) confía por su parte en que el fiscal general de Uganda apelará la sentencia y en que al final “la moral del pueblo de Uganda prevalecerá”.

Una indignación que los activistas LGTB temen que se pueda trasladar los próximos días a las calles en forma de pogromo contra las personas homosexuales, como ya ha advertido Kasha Nabagesera. No sería de extrañar, teniendo en cuenta el clima de odio desatado en Uganda desde la entrada en vigor de la ley ahora anulada, periodo durante el cual se han producido decenas de incidentes homófobos, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios.

A continuación reproducimos íntegramente la nota de prensa de Fundación Triángulo con fecha 1 de Agosto de 2014.