El gobierno de Javier Milei publicó un decreto para modificar la Ley de Identidad de Género en lo que concierne a personas menores de edad. También otro sobre alojamiento de personas trans en cárceles. Expertes hablan de un decreto ilegal e inconstitucional que deja en riesgo a les adolescentes e implica retrocesos en derechos.

Fuente Agencia Presentes

6 de febrero de 2025
María Eugenia Ludueña

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el presidente Javier Milei modificó la Ley de Identidad de Género (Ley 26743).

Tras los anuncios realizados ayer por el vocero presidencial Adorni, quien había anticipado la decisión en una conferencia de prensa donde difundió argumentos falsos y tergiversados, hoy se publicó en el Boletín Oficial el DNU 62/2025.

El decreto del gobierno de Milei modifica el artículo 11 de la Ley 26743 invocando la Convención sobre los Derechos del Niño y a la ley 26.061, pero pasando por alto que la Ley de Identidad de Género desde su sanción se enmarcó en estas normativas. Otro decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el 61/2025, se mete con las personas trans modificando la la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad.

La Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT) anticipó que va a recurrir a la Justicia para frenar la modificación de la Ley de Identidad de Género, y a los organismos internacionales que haga falta. Expertes en derecho dicen que debe intervenir la Justicia y la Corte Suprema.

Desde el colectivo de jóvenes El Teje, Juana, joven travesti no binarie, se pregunta: “¿Por qué el ataque es a las infancias trans que no representan ni el 1% de la pobliación total argentina? ¿Qué no quieren que veamos? ¿El mismo día que anuncian que eliminan la verificación de permisos de niñxs en viajes al exterior? ¿Qué nos están queriendo decir?Nos quieren robar el futuro. Podrán hablar mucho de libertad pero las infancias trans son la liberación”.

Qué dice el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género 

El DNU 62/2025 publicado en el Boletín Oficial hoy sustituye el artículo 11, que es el que expresa el derecho al libre desarrollo personal, y lo reemplaza por un texto donde se prohíbe los tratamientos a personas menores de edad. Dice textual en uno de sus párrafos: “Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo».

El decreto lleva las firmas de Milei, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones y Federico Adolfo Sturzenegger.

El texto del artículo 11 modificado: 

ARTÍCULO 11.- Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona.

Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo.»

¿Qué decía el artículo 11 de la LIG sancionada en 2012 que busca este decreto modifica? 

“En el caso de las personas menores de edad regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la solicitud de conformidad.

Desde la FALGBT aclararon el engaño que pregona el gobierno. «En primer lugar, el anuncio de que se prohibirán las cirugías de afirmación de género para menores de 18 años es engañoso, ya que la Ley de Identidad de Género vigente en Argentina desde 2012 ya establece que estos procedimientos solo pueden realizarse en personas mayores de edad. Este intento de presentar un supuesto cambio normativo no es más que una estrategia para desinformar y generar estigma», difundieron. Pero admiten que uno de los peligros del decreto es la decisión – que sí es nueva- de prohibir tratamientos a adolescentes.

¿Qué sucede con lxs adolescentes? 

«La suspensión abrupta de estos tratamientos tiene consecuencias graves en la salud física, mientras que la imposibilidad de acceder a ellos afecta directamente la salud mental de les adolescentes trans. Los tratamientos de afirmación de género para adolescentes han sido respaldados por organismos de salud nacionales e internacionales, ya que garantizan el bienestar y la salud integral de les personas trans. Esta decisión no solo ataca derechos adquiridos, sino que también pone en riesgo la vida de quienes necesitan estos tratamientos», informaron desde la FALGBT.

“Hay casos de adolescentes de más de 14 años que están en pleno tratamiento de bloqueo para, precisamente, poder bloquear la secreción hormonal que determina la masculinización o feminización del cuerpo hasta que la persona decida qué hacer, y si decide hormonarse se retiran los bloqueadores químicos”.describe Marisa Herrera, Doctora en Derecho. Y también se pregunta qué pasa con aquellos adolescentes en pleno proceso identitario.

La medida de Milei no sólo no les protege: “Este decreto ilegal pretende violar derechos de adolescentes en un momento de su vida personal muy compleja que es, justamente, donde más necesitan acompañamiento. Con respecto a la intervención quirúrgica, el propio art. 11 de la ley de Identidad de Género ya dice que es con autorización judicial, por lo cual, la protección de los derechos se encontraba garantizada”, explica Herrera.

Y recuerda que hubo sentencias que corrieron a la ley por izquierda, “al entender que disponer la intervención judicial conculcaba el principio de autonomía progresiva de los adolescentes, en especial, entre los 16 y 18 años por aplicación de la última parte del art. 26 del Código Civil y Comercial que dispone que estos adolescentes son considerados como un adulto para el ejercicio de derechos o actos para el cuidado del propio cuerpo”.  Por lo tanto, el propio art. 11 de la ley de identidad de género había tenido críticas en ese sentido.

Herrera asegura que el decreto no sólo tiene severos problemas de legitimidad formal, sino que además “muestra el absoluto desconocimiento sobre, principalmente, las adolescencias trans; no con las niñeces porque ellos ni se someten a terapias hormonales ni mucho menos a operaciones quirúrgicas”.

«El decreto 62/2025 viola las reglas básicas del sistema jurídico. Cualquier estudiante de derecho de primer año sabe que las leyes se modifican por otra ley; es más, ni la inconstitucionalidad de una norma tiene efectos generales en el derecho argentino, es decir, solo tiene efectos para el caso en que se decreta la inconstitucionalidad” explica Herrera. 

“El decreto es nulo, no cumple con la Constitución”

Para Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, el decreto es nulo porque “no cumple con las exigencias previstas por la Constitución Argentina en el art. 99.3 para la emisión de esta clase de norma excepcional. Por lo tanto, es nulo de nulidad absoluta e insanable. Además es regresivo y desconoce el pleno ejercicio del derecho a la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes respecto de acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales, el interés superior del niño y la capacidad progresiva, como así también, la condición de sujeto y no de objeto (en este caso del autoritarismo estatal) de los niños, niñas y adolescentes”, expresó en X. Y destacó que “es perverso invocar a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la ley 26.061 para justificar la restricción de derechos progresivamente garantizados. Un ejemplo más de un gobierno neofascista”.

Mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 el gobierno de @JMilei acaba de modificar la ley de identidad de género (ley 26.743). Dicho DNU no cumple con las exigencias previstas por la Constitución argentina en el art. 99.3 para la emisión de esta clase de…

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) February 6, 2025

Piden que intervenga la Corte Suprema de Justicia

“No hay duda que este decreto en breve será puesto en crisis ante la Justicia. Ojalá que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias. Si el Ejecutivo se anima a regular abiertamente por decreto es, en el fondo, porque sabe que está ante un Poder Judicial callado y que con su silencio permite este tipo de atrocidades”, dice Marisa Herrera.

En la misma línea, Andrés Gil Domínguez expresó en su posteo en X: “Esta situación de impunidad gubernamental es toda tuya Corte Suprema de Justicia de la Nación, es toda tuya. La lucha y resistencia por los derechos continúa”.

Consultado por Presentes, Domínguez fundamentó sus palabras:

“Lo digo porque en las causas que tiene para resolver el DNU 70-20-23 (Bases para la reconstrucción de la economía argentina, de diciembre de 2023) y poner un límite claro de cuándo se puede utilizar o no, las tiene crioconservadas. No las resuelve. Por omisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está avalando que Milei siga haciendo todo lo que hace. Las causas que llegaron cuestionando ese decreto, entre ellas la mía, cuestionando ese decreto, las cerraron por falta de legitimación, que no teníamos aptitud procesada para impugnar ese decreto”.

El decreto del gobierno no está basado en evidencia científica. Cita un informe dudoso de salud mental, cuando la Ley de Identidad de Género en su espíritu pregona no patologizar ni judicializar.

Lo que sí se sabe, lo dicen diversas personas trans e investigaciones, es que la Identidad de Género suele iniciarse a temprana edad. No se transita igual en todes. Pero en muchos casos, el rechazo y la discriminación conllevan sufrimiento de salud mental.

La Convención de los derechos de niñas, niñez y adolescentes habla de autonomía progresiva considerando a todes sujetos de derecho. Lo mismo corre para salud mental y derechos reproductivos.

“Acá en Corrientes no hay tratamientos hormonales hace un año”, dice Solange Ayala, activista trans de Corrientes, e integrante de FUNDEGH (Fundación Derechos Humanos y Equidad de Géneros). “Es muy angustiante lo que está pasando. La ley de Identidad de Género vino a repararnos y dignificarnos a las personas trans. Es lamentable esta decisión de querer una vez más negar nuestra existencia”.

Más allá de lo que se resuelva por vía legal, la noticia que se anunció ayer y se decretó hoy marca una urgencia: la continuidad de los tratamientos. Y esto no se vincula sólo con la edad. Diversas fuentes vienen expresando que el ministerio no volvió a comprar los insumos para garantizar tratamientos a la población trans en general. Sólo algunas provincias hicieron compras.

“Fuimos niñes trans”

Solange vivió una adolescencia trans, y con el deseo de cambiar su cuerpo, se autoadministró hormonas de manera clandestina. “Cuando deseás ser no pensás en las consecuencias. Saber que hoy quizás las juventudes tengan que volver a pasar por lo mismo es muy triste. Muchas de mis compañeras que le pusieron el cuerpo a nuestra hermosa Ley de Identidad de Género han muerto por causa de la silicona líquida, o por enfermedades derivadas de la hormonización sin supervisión médica”, dice a Presentes.

Agrega: “No hay una «ideología». Nosotres siempre estuvimos. Sólo que antes del 2012 no había nada que nos amparara. De esos más de 20.000 dnis rectificados y  que no lo hicieron, fuimos niños alguna vez y siempre fuimos trans”.

Solange comparte que en muchas localidades del país, “que se vayan derogando derechos se siente de una manera bastante dolorosa, porque no siempre llegan las políticas públicas. No siempre nos protegen los mismos recursos como en las grandes ciudades. Acá alcanzar el reconocimiento fue volver a poner el cuerpo y la voz en las calles, existiendo leyes y todo. Los consultorios existen hace cuatro. Imagínate 9 años pasaron para que se abrieran acá».

Qué modifica el artículo de cárceles

En otro decreto publicado hoy, el 61/2025, y donde se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir, Milei reglamenta sobre el alojamiento de las personas trans privadas de libertad. Prohíbe que quienes hicieron un cambio registral se alojen en pabellones de mujeres, en caso de que estén detenidas por cometer delitos sexuales o ejercer violencias contra mujeres.

El DNU dice: “La administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”.

Uno de los argumentos que utiliza para establecer esto es un caso de la provincia de Córdoba. que algunos medios y libertarios usaron para estigmatizar. A fines de 2016 una persona quedó detenida en Bouwer por violencia de género hacia su ex pareja. En 2018, cambió su género y sexo registral, y la trasladaron a la cárcel de Bouwer. Allí fue imputada esta vez por violencia, amenazas, y abuso sexual hace una de sus compañeras detenidas.

Como ya explicamos en otra nota, porque alude al mismo ejemplo que citó en sus declaraciones desinformantes en Davos, Milei se basa en un solo caso para criminalizar a toda una población. Emplea la falacia de la composición: se trata de un tipo de manipulación argumentativa por la cual se toma una parte por el todo para generalizar. En este caso, para criminalizar a una minoría en situación de vulnerabilidad.

La nueva normativa prohíbe el alojamiento de personas que hayan tramitado la rectificación registral de su sexo en cárceles de mujeres si han cometido delitos violentos contra mujeres o si su presencia representa un riesgo para la seguridad de otras internas.

De acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Datos de Chequeado, apenas “2 personas privadas de libertad pidieron un traslado por cambio de identidad en cárceles federales. En el sistema penitenciario bonaerense, en el 99% de los casos el cambio fue antes de ser detenidas. En Santa Fe solo hubo 3 solicitudes en 10 años, mientras que en Córdoba hay 28 personas trans detenidas”. La misma nota, indica: “Especialistas señalan que las personas trans en cárceles enfrentan condiciones más gravosas, con menor acceso a actividades, educación y atención médica específica”.

“En realidad la población trans privada de la libertad es mínima en el universo carcelario. Estar hablando de esto es perverso, todos sabemos que es una población históricamente vulnerada, excluida y discriminada”, dijo a Presentes Josefina Ignacio, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Agrega que existen muy pocos casos de situación de personas privadas de la libertad que piden el cambio registral estando en la cárcel.

“Ha ocurrido. Pero lo primordial que se tiene que tener en cuenta es la seguridad de esa persona y de todas las personas privadas de la libertad. Si se ha dado traslado y ocurre un abuso hay una responsabilidad de Estado de no haber garantizado que eso no ocurra. La principal responsabilidad es del Estado”, -subraya-. “En lo personal, creo que lamentablemente hay personas, varones, que utilizan estas herramientas nobles para seguir ejerciendo su machismo. Por un lado el gobierno miente, exagera y tergiversa. Y por otro hay personas que siguen ejerciendo violencia sobre las mujeres”.

En términos procesales no existen reglas exactas sobre dónde deben alojarse las personas LGBTI+ y en particular las personas travestis y trans. Los Principios de Yogyakarta nos comparten que debería preguntarse a la persona detenida dónde se sentiría más segura. No existe un pabellón o un lugar seguro en las cárceles para las personas trans.

La Opinión Consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados deben adoptar medidas específicas para la protección de personas trans privadas de libertad. Señala adeás la necesidad de garantizar la seguridad de todas las personas detenidas. Recomienda la creación de pabellones exclusivos para personas trans, a fin de evitar tanto su revictimización como posibles conflictos con otras personas privadas de la libertad.

La identidad de género es un derecho, no se prohíbe modificando una ley que es un logro de la democracia. El gobierno insiste en una lógica de confrontación y mentira con uno de los colectivos más vulnerados, habilitando otros ataques.

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La discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco.

Fuente Agencia Presentes

28 de noviembre de 2024
César Bissutti
Flor Capella
Edición: Ana Fornaro

La discusión del alojamiento de personas trans en unidades penales no es nueva. Estrategias de sectores conservadores para voltear nuestros derechos tampoco.

A raíz de una situación de abuso sexual en un penal y de la solicitud del jefe de la banda narco Los Monos en una cárcel santafesina para cambiar de género se generaron una serie de polémicas. El 26 de noviembre de 2024 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló de tolerancia cero para aquellos que quieran cambiarse de sexo en la cárcel. El presidente Javier Milei afirmó que “los presos no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”.

Desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012 hemos visto un cambio material y simbólico en la vida de las personas travestis y trans de nuestro país. Con un camino que todavía tiene mucho por hacer y recorrer, la realidad nos demuestra que esta ley junto a una serie de políticas públicas implementadas hacen la diferencia. Transformar la vida de las personas trans con organización, política y derechos es posible.

Nada nuevo bajo el sol

El binarismo de género que todavía organiza las instituciones, su arquitectura, su administración burocrática, nos atraviesa. Nuestra forma binaria de pensar y organizar el mundo también. En este contexto, y reproduciendo mandatos, estereotipos, discriminaciones y violencias, es que ha habido intentos concretos por desacreditar y deslegitimar nuestra Ley Nacional de Identidad de Género y de negar y eliminar a las personas trans.

Hay quienes sostienen que esta ley genera privilegios. Con ese argumento se han viralizado algunas situaciones de varones cis que cambian su DNI de masculino a femenino para «jubilarse antes”, de los 65 a los 60 años, para lograr atenuantes en crímenes de femicidios, de violencia sexual o de género.

A la vez, el uso legítimo de la Ley por personas trans, por ejemplo personas trans deportistas, se argumenta como una estrategia para obtener ventajas. Pareciera que con el deseo y la autodeterminación no alcanza. La idea de grupos vulnerados e instrumentalización para obtener derechos tampoco es nueva. Que se embarazan por un plan, que tienen hijos por la domiciliaria, por los «beneficios» y ahora que se «hacen trans» para cambiar de pabellón. O, como menciona el diario La Capital, para hacer «más laxas» las condiciones de detención. Como si ser una persona trans en una cárcel no implicase mayores violencias. Como si la cárcel no le hubiera costado la salud, el cuerpo y la vida a un sin fin de personas trans en nuestro país y en las instituciones de encierro a nivel global.

Situación de encierro y problemas reales

Con un gobierno nacional que niega las violencias de género, que vota en contra de abordar las violencias en Naciones Unidas, que elimina y desfinancia las estructuras institucionales y políticas públicas a favor de las mujeres y personas LGBTI+, que quiere ir en contra también del DNI no binario, nada de esto debería sorprendernos. Mano dura, represión: a presos, estudiantes y jubilados. Lo que llaman tolerancia cero y el aumento de la crueldad en la calle y en el encierro son algunas de las coordenadas de idea-acción con la que administran su proyecto político, económico y cultural.

Hasta la fecha nada han dicho y seguramente nada dirán de la problemática estructural de torturas en el encierro. Ni de los abusos sexuales cometidos entre las propias personas detenidas, pero también por personal policial y penitenciario. Tampoco se han preocupado o ocupado de garantizar marcos normativos dentro y fuera del penal.

Para la tribuna

El gobierno de Javier Milei y libertarios tienen una gran capacidad de atender lo visceral. Sin pelos en la lengua y con una inteligente ignorancia, nos revuelven la panza, hacen arder los intestinos y producen agite, caos, pero también sentido. Desde quienes ven reflejado sus emociones o pensamientos y entonces se envalentonan y reafirman y militan la derecha o el fascismo, a quienes nos indignamos y no podemos creer hasta cuán atrás la discusión tenemos que volver a dar. En concreto, por varios lados, su estrategia les funciona.

El odio y el revuelo que generan los derechos de las personas detenidas sobra y alcanza para piantar votos o generar pánico social. Si además «le sumamos» que son trans, la derecha tiene un espectáculo que les sirve para generar polémica e indignación, mientras ataca la ley nacional y los derechos de las personas trans. Que no nos desordenen, que no nos distraigan. Hace poco lo advertía también Alba Rueda en una nota de Agencia Presentes: este gobierno busca tirar abajo la Ley Nacional de Identidad de Género. 

Sin reglas claras

La problemática del alojamiento de personas trans en cárceles binarias no es una novedad.

En términos procesales, no existen reglas claras de dónde deberían alojarse las personas LGBTI+ y en particular las personas travesti y trans. Los Principios de Yogyakarta nos dicen que debería preguntarse a la persona detenida dónde cree que se sentiría más segura. Todo muy lindo, eso puede funcionar de manera excepcional, pero con el hacinamiento, la sobrepoblación y la crueldad en nuestras cárceles y de nuestra justicia penal, esta regla en Argentina aún no se puede implementar. No existe un pabellón o un lugar seguro en las cárceles para las personas trans. La mejor estrategia es la que morigera el encierro, la que produce alternativas a la prisión.

Tanto en el sistema federal como en las provincias se han creado pabellones de diversidad sexual. En general: las mujeres trans se alojan en cárceles de varones. Estos pabellones de diversidad sexual suelen compartirse con varones cis condenados por delitos contra la integridad sexual.

Hasta el 2015, por ejemplo, el pabellón de diversidad sexual de la cárcel de Sierra Chica en Olavarría se llamaba «de homosexuales pasivos y delitos contra la integridad sexual». Si nos vamos más atrás, ya en el primer decreto provincial que organiza el lugar de alojamiento de las unidades penales de la provincia de Buenos Aires se hablaba de lugares específicos para «homosexuales y perversos». La asimilación de la homosexualidad y la agresión sexual como conductas desviadas es de larga data y encuentra una forma específica de alojamiento en el encierro. Demos las gracias al campo de la criminología, de la salud y la salud mental.

Ideas peligrosas

Los varones trans suelen quedar invisibles, no registrados. En general, se los aloja en cárceles de mujeres. El objetivo, de nuevo aquí los estereotipos, es “protegerlos” de los varones cis. Aunque la justicia o los servicios penitenciarios digan lo contrario, se les lee como mujeres porque la única «identidad» que mira la administración carcelaria es la genital. De esta forma, también, se niegan y desconocen las violencias que se producen en las cárceles «de mujeres» por las agentes penitenciarias o las mujeres cis detenidas. Aquellos varones trans que han utilizado modificación corporal hormonal o quirúrgica terminan en celdas de castigo o aislamiento en solitario, también en cárceles de mujeres.

Hay quienes sostienen la necesidad de crear cárceles específicas para personas LGBT+. De hecho, puede ser uno de los próximos pasos que intente el gobierno nacional. Esta idea es peligrosa y perjudicial. Más cárceles implica el aumento y la expansión del sistema punitivo y también del sistema carcelario. Es decir, esas cárceles se tienen que llenar. Más cárceles, y cárceles específicas para la diversidad. Más personas trans detenidas, criminalizadas. A todo esto nos tenemos que negar.

Sin derechos 

Las cárceles son una forma de organizarnos, de que quienes cometieron un daño se hagan responsables, o al menos eso establece nuestro sistema legal. Las cárceles son una política pública en la cual se restringe la libertad ambulatoria de personas que el Estado también se compromete a cuidar y «rehabilitar«. Las múltiples denuncias de torturas, malos tratos, muertes en contextos de encierro y deterioro grave de la salud de las personas presas no es privativo de ningún gobierno pero sí corre el velo y nos muestra que una parte importante de este sistema no funciona y que muchas veces es injusto y no proporcional.

En informes de organismos internacionales, sentencias de primera y segunda instancia, Casación y Corte, se documenta y reconoce la vulneración de derechos en el encierro. Las muertes de múltiples personas trans en el encierro y el esfuerzo que instituciones como la Comisión por la Memoria, los comités contra la tortura, la Procuración Penitenciaria, Colectivo Yo No Fui y activistas y académicas venimos haciendo, ponen sobre la escena las formas específicas de dar muertes a las personas trans en el encierro. Que no nos metan el perro; ni a Conan. Las estrategias del gobierno nacional son un intento por defenestrar nuestra Ley Nacional, por agudizar el estigma y la criminalización a las personas detenidas, pero también a las personas trans.

¿Será acaso Patricia Bullrich quien se ocupe de escanear una por una los cuerpos de quienes se nombren personas trans en el encierro? ¿Sabrá que eso mismo lo prohíbe la ley nacional? ¿Que pasa de verdad con la situación de las personas trans detenidas y sus derechos? De las que murieron, de las que van a morir… ¿Buscará Javier Milei tornar inaplicable nuestra Ley 26.743 en contextos de encierro? ¿Con qué argumentos jurídicos? ¿Acaso buscará modificar la aplicación práctica de la ley mediante un DNU?

Encarar la discusión de la Ley Nacional de Identidad de Género desde la cuestión de encierro nos pone en un lugar más complejo e incómodo. De hecho, escribir sobre este tema sin miedo a la cancelación y sin poder analizar las múltiples capas y problemáticas que se articulan y se generan es también muy difícil.  La diversidad nos hace humanos. Repensemos cómo poder dar estas discusiones en lo público, en lo político, en lo mediático. Sin hacer concesiones, entendiendo también la disputa por el concepto de seguridad a nivel social. Por el derecho de las personas a vivir seguros, sin miedo pero también sin hambre. Que no nos ganen las vísceras. Que nos ganen nuestras luchas, nuestra historia. La fuerza de nuestros movimientos.

César Bissutti es activista marica, abogado, docente, trabajador de la salud y militante anticarcelario.

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito carcelario, Argentina, Ley de Identidad de Género, Mujeres Trans, Patricia Bullrich, Personas LGTBIQ, Personas trans

Qué dicen – y qué no dicen – sobre género y diversidad sexual las plataformas electorales de quienes buscan gobernar Argentina.

Las plataformas electorales de lxs candidatxs a presidentes de la Nación en Argentina presentan pocas o nulas propuestas dirigidas exclusivamente al colectivo LGBTIQ+. La excepción es el Frente de Izquierda, que nombra tres políticas específicas y es la única que menciona garantizar el aborto legal. El candidato de La Libertad Avanza, en tanto, prevé eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral.

El próximo 22 de octubre se llevarán adelante las elecciones generales. En ellas se votará presidente/a y vicepresidente/a, 130 diputades en todo el país y 24 senadores en 8 provincias. También a 19 parlamentaries del Mercosur por distrito nacional y 24 por distrito regional.

En esta nota se recopilaron las principales propuestas en materia de género y diversidad de las cinco fuerzas que compiten para presidente/a de la Nación.

Unión por la Patria

El actual ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, convocó en su plataforma electoral a construir “un amplio acuerdo nacional y a construir una nueva mayoría” porque “nadie se salva solo”. En este acuerdo incluyó desde fuerzas políticas y universidades hasta estudiantes, jóvenes y diversidades.

En materia de políticas de género, el candidato no se dirigió directamente al colectivo LGBTIQ+. Llamó a “implementar una política integral de cuidados” e hizo foco en la creación de jardines infantiles. También instó a “pelear por algo que regula la Constitución Nacional pero que el mercado laboral no respeta: la igual remuneración por igual tarea”. En este sentido, aseguró: “Hay que terminar con la brecha del 23% de salario que las mujeres cobran menos que los hombres”.

Sergio Massa

Además pidió “defender la moratoria previsional” porque “7 de cada 10 beneficiarios son mujeres víctimas de un mercado de trabajo que las expulsó, que no pudieron aportar porque se dedicaron a las tareas de cuidado”.

En el pasado, cuando se votó en 2011 en la Cámara de Diputados la Ley de Identidad de Género, su candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, entonces titular del bloque del Frente para la Victoria, expresó: “Quiero reconocer a todas las organizaciones del colectivo de gays, trans y lesbianas. Ustedes hicieron mucho por la ley de matrimonio igualitario y conociéndolos, sé que desde ese mismo día se propusieron conseguir esta ley de identidad de género, en la que hoy dimos un paso importante”.

La Libertad Avanza

La plataforma de La Libertad Avanza (LLA), cuyo candidato a presidente es Javier Milei, plantea eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral en todos los niveles de enseñanza. También detalla, en sus propuestas de salud, “proteger al niño desde la concepción”. 

Esto va en línea con las declaraciones a medios que realizaron tanto Milei como la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. En una entrevista con Alejandro Fantino en el programa en Neura Media, el candidato a presidente dijo que estaba “en contra” del aborto porque “está en contra del derecho a la vida”. Y advirtió que “por lo menos haría un plebiscito” en referencia a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en 2020. En una entrevista con Marcelo Bonelli en Todo Noticias, Milei afirmó que tanto él como Villarruel se identifican como “providas” . Y agregó: “Es un asesinato en el vientre de la madre”.

Por su parte, Villarruel dijo en el debate de candidates a la vicepresidencia que “La Educación Sexual Integral tiene que estar basada en contenido biológico”. También se posicionó en contra del matrimonio igualitario en una entrevista con Luis Novaresio. En ella dijo que la unión entre personas de el mismo sexo ya estaba “garantizada con la unión civil”. Tampoco se quedó fuera de los ataques hacia el colectivo LGBT+ el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra. En un tweet enumeró una serie de propuestas, entre las cuales se encuentra: “menos actos LGBT en centros culturales”.

En la presentación del libro El camino del libertario, Milei aseguró que si asume como presidente eliminará el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. «No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer… pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley», dijo.

Por último, el candidato a presidente también se posicionó en contra de la justicia social. Luego de conocer los resultados de las elecciones primarias, dijo al público que estaba en su búnker: “Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Pero se olvida de que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social”.

Juntos por el Cambio

Las propuestas de Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, no mencionan a la diversidad sexual. En materia de género se centra en la violencia de género hacia las mujeres. En este sentido dice que existe “una deuda histórica con las mujeres” quienes “no pueden vivir una vida digna, segura y plena”. Además reconoce como “desafíos” la “distribución desigual de las tareas de cuidado y la baja participación en el mercado laboral”.

Como políticas propone llevar adelante una línea de denuncias accesible, integrada y federal. Dice que “se sancionarán las falsas denuncias” e impulsaría el aumento de penas a los incumplidores de medidas de protección a través de la modificación del artículo 239 del Código Penal de la Nación. También se crearía un registro de incumplidores.

Por otra parte, propuso impulsar políticas para mejorar la participación de las mujeres en la vida productiva. Dice que creará un sistema de incentivos a empresas que incorporen esquemas de licencias extendidas. Además de protocolos de violencia de género, lactarios, espacios de cuidado, esquemas flexibles, participación de mujeres en puestos de liderazgo.

También sostiene que darán “un fuerte respaldo a las mujeres emprendedoras”. Lo haría con asistencia técnica, recursos y apoyo para facilitar el acceso al crédito y oportunidades comerciales a las mujeres. Por último propone la creación de un sistema de formación y de reconocimiento de saberes de cuidados.

La candidata dijo que de ser electa cerraría el Ministerio de Mujeres de la Nación y volvería al Consejo Nacional de la Mujer.

Cuando le tocó votar leyes que buscan ampliar los derechos de la diversidad sexual votó a favor del matrimonio igualitario. En cuanto a la Ley de Identidad de Género se mostró en contra de los artículos 5 y 11 que permiten que menores puedan cambiar de género con la autorización de sus progenitores. Su candidato a vicepresidente, Luis Alfonso Petri, votó en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Frente de Izquierda

En la plataforma de la candidata a presidenta Myriam Bregman, las propuestas vinculadas con mujeres y diversidades encabezan con la creación de un “Plan nacional de emergencia contra la violencia de género”. Esto incluye la “ampliación de los presupuestos de género; creación de refugios; subsidios, licencias laborales y traslados para todas las que lo necesiten”. También “créditos para acceder a la vivienda; acceso gratuito e inmediato a equipos interdisciplinarios”.

Además propone una “educación sexual integral (ESI), laica y científica”. “Basta de arbitrariedades institucionales que impiden el acceso a la ESI”, afirma el documento. Durante el debate de candidates a la presidencia, Bregman afirmó: “Vamos a defender la Educación Sexual Integral obligatoria porque sirvió para identificar numerosos casos de abusos de niños y adolescentes. Y también para respetar la diversidad sexual”.

A su vez aboga por el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, del Cupo laboral travesti trans, la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y “de todos los derechos conquistados”. Y dijo: “Seguimos exigiendo que busquen a Tehuel de la Torre”.

Finalmente propone “igual salario por igual trabajo”.

En el tratamiento de la ley IVE en la Cámara de Diputades, Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente del FIT, votó a favor.

Hacemos por Nuestro País

La plataforma de Juan Schiaretti, actual gobernador de la provincia de Córdoba, plantea la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Este se haría desde una perspectiva que busque “humanizar” los cuidados. Esto implicaría “apostar por una atención más amable y centrada en las personas, con sostenimiento de las minorías, integrando la perspectiva de género y diversidades sexuales”.

En este sentido establece la necesidad de que se reconozcan las tareas de cuidado dentro de la economía formal y que “se genere las condiciones específicas para fortalecer el rol imprescindible que cumplen las mujeres”.

El candidato a presidente propone en el apartado “Una política que asegure la integridad, derechos y oportunidades a las mujeres y diversidades” de su plataforma la creación de centros de cuidado para la primera infancia. Como ejemplo, menciona a “el modelo Sala Cuna”, implementado en Córdoba, que busca “alentar el empleo y/o la terminalidad educativa de madres en situación de vulnerabilidad”.

A su vez plantea “políticas de compensación”, tales como la desgravación o financiamiento de servicios como guarderías o jardines infantiles, “compensaciones salariales adicionales y la extensión de la licencia por maternidad/paternidad”.

Por último se prevé la implementación de políticas que promuevan la generación de empleo de calidad para mujeres y diversidades. También, un programa nacional de recalificación técnica para la inserción laboral o mejora de la calidad del trabajo de esta población.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI 2023, Argentina, Elecciones Generales, Frente de Izquierda, Hacemos por nuestro país, Javier Milei, Juan Schiaretti, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Myriam Bregman, Patricia Bullrich

La ministra de seguridad de la Nación, Sabina Frederic, (en la fotografía) deroga el protocolo de detención de personas LGBTI+ instaurado por Patricia Bullrich durante el gobierno de Macri, un reclamo urgente de las organizaciones de la sociedad civil.

 100% Diversidad y Derechos saluda la decisión de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic de derogar el protocolo LGBTI+ que criminaliza a la diversidad sexual y de género y la estigmatiza como un grupo de población peligroso. La medida había sido un reclamo de las organizaciones LGBTI+ que denunciaron selectividad del accionar policial en la norma dictada por la ex ministra Patricia Bullrich.

El viernes 6 de marzo, en la sede del Ministerio de Seguridad, se anunciará la derogación del protocolo represivo y el dictado de una nueva norma centrada en garantizar los derechos de las personas LGBTI+, tanto al interior de las fuerzas federales y de seguridad como afuera en cuyo proceso de elaboración participo 100% Diversidad y Derechos, entre otras organizaciones.

La norma represiva, que se dictó bajo el pretexto de adecuar los protocolos de actuación las Fuerzas policiales y de Seguridad a estándares internacionales de Derechos Humanos, tenía como principal objetivo ampliar las facultades policiales para realizar requisas y detenciones sin orden judicial y orientó hacia lo contravencional el accionar policial contra un grupo sexual históricamente perseguido, que lejos de ser perseguido debe ser protegido.

En ese sentido, Greta Pena, directora ejecutiva de 100% Diversidad y Derechos, expresó que: “el protocolo de Patricia Bullrich materializaba todos los estigmas que histórica y estructuralmente criminalizan las identidades LGBTI+. Esta decisión de revocarlo y sancionar una norma de respeto y prevención de la violencia por identidad de género y orientación sexual es un avance en la democratización de las fuerzas de seguridad”.

Por su parte, la activista trans Marcela Tobaldi, presidenta de la Rosa Naranja, integrante de la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos expresó que: “La comunidad travesti trans celebra la decisión de la ministra Frederic de anular la norma que fue utilizada para perseguir a la población travesti trans que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social incrementada por la violencia que impone el sistema prostituyente y que lejos de la criminalización requiere políticas públicas para acceder a la educación, el empleo y la vivienda”. Finalmente, Tobaldi también planteó que “es necesario que se desarrolle una fuerte capacitación a las fuerzas de seguridad federales y que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se adhieran a este nuevo protocolo para que sea una realidad el respeto a la identidad y a la dignidad de toda la población LGBTI+”.

Fuente  Fuente: 100% Diversidad y Derechos, vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. Greta Pena, Marcela Tobaldi, Patricia Bullrich, Red Nacional 100% Diversidad y Derechos, Rosa Naranja, Sabina Frederic

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich designó a tres dirigentes de la sociedad civil para que ocupen cargos en las áreas de violencia institucional, género y diversidad del organismo que dirige. Lo destacado del anuncio es que a cargo de la Coordinación Nacional de Diversidad se designó a la primera funcionaria transexual de la historia argentina.

Se trata de Mara Pérez Reynoso, comunicadora social, quien es una dirigente trans que se desempeñaba hasta ahora como vicepresidenta de Unión PRO Diversidad.

En diálogo con Mendoza Post, la dirigente trans explicó: “Es verdad que me ha costado mucho llegar a este lugar, pero mi esperanza de cambio y mi espíritu de lucha por lo justo siguen latentes y más presentes que nunca. El haber empezado a militar a los 11 años hace que ame la política”.

El resto del equipo que trabajará en materias de igualdad de género y diversidad son Daniel Barberis y Carolina Barone. Barberis estará a cargo de la Dirección de Violencia Institucional y los Delitos de Interés Federal. El dirigente social es presidente del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía y fue vicepresidente de la comisión redactora de la ley que creó el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).

Cuando la “visibilidad” trans es funcional a Macri

Mara Pérez Reynoso, es una dirigente de 26 años nacida en Coronel Martínez de Hoz, un pueblo ubicado entre Lincoln y Pehuajó, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pérez Reynoso empezó a militar en política en el ARI y se incorporó al PRO a fines del 2013, cuando Bullrich se sumó al partido de Macri. Es comunicadora social y se define como “republicana” y “defensora de la libertad de todas las personas”.

Después de su designación, nada dijo de la nula inserción laboral que existe para las personas trans, no hizo mención al promedio de vida de 35 a 40 años. Lejos de salir a pelear para que se cumpla el cupo laboral trans, de acuerdo a ley que se votó por unanimidad el pasado 17 de septiembre de 2015, apoya los despidos masivos de Cambiemos.

Tal como lo refleja en su cuenta de twitter, adhiriendo sin objeciones la política de despidos que encabeza Mauricio Macri, participó de los comentarios gorilas que se dispararon en las redes sociales contra los supuestos “ñoquis”.

Incluso su apoyo alcanzó al nuevo intendente Martiniano Molina, el mismo que dio vía libre para que el Concejo Deliberante apruebe en el presupuesto 2016 un incremento del 30 % de su sueldo que asciende a $ 112.000 (bruto) más 50 % adicional en “gastos de representación”.

La nueva funcionaria en su cuenta de twitter no menciona los comentarios transfóbicos del intendente de la Plata que dijo que en vez de darle trabajo a una travesti le daría ayuda psicológica.

Oculta con absoluta conciencia los dichos de su referente político Mauricio Macri cuando allá por el 2008 quería que las travestis “fueran trasladadas” a 3 de febrero para que se prostituyan. Decisión tomada con el aval del medieval código contravencional, puesto que según Mauricio “tienen que estar a más de 100 metros de distancia de donde vive la gente, el Código de Contravenciones porteño dispone de un mínimo de 200 metros”.

No mencionó a Choco Bar, ni a Bella Inostroza. Mucho menos arenga para que este 8 de marzo las calles se llenen al grito de: #NiUnaMenos. Pero sí, comparte el espacio con María Eugenia Vidal, ferviente católica y egresada de la UCA. Se ve que a ella la transfobia de la institución retrógrada que defienden sus compañeros de “equipo” no le generan ningún tipo de contradicción.

Cambiemos apuesta a otro cuadro de derecha escondido en un discurso que pretende ser “transfriendly” y que sin embargo no tiene en cuenta al pueblo, los jóvenes precarizados y la diversidad sexual. Ser transexual en este caso no es sinónimo de lucha contra el “sentido común”, por el contrario esta activista apoya a un gobierno republicano de empresarios que despide, amenaza con la represión y ajusta las cuentas a favor de las empresas capitalistas.

Fuente: Diario Veloz, La Izquierda Diario

General, Historia LGTBI #NiUnaMenos, ARI, Bella Inostroza, Buenos Aires, Cambiemos, Carolina Barone, Choco Bar, Coronel Martínez de Hoz, Daniel Barberis, INADI, Mara Pérez Reynoso, Maria Eugenia Vidal, Martiniano Molina, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pro, Unión PRO-Diversidad