La Corte de Apelaciones de Bermudas ha dictaminado en contra del recurso presentado por el Gobierno contra la resolución judicial que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La posibilidad de un nuevo recurso ha quedado agotada en el ámbito judicial estrictamente bermudeño, pero el Gobierno aún tiene 21 días para apelar al Consejo Privado del Reino Unido, cuyo comité judicial aún funciona como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Los activistas LGTB han solicitado al Gobierno que cese en su «insensatez» y dé por concluida su batalla judicial contra los derechos de las minorías sexuales.

Este 23 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha ratificado la decisión de la Corte Suprema que declaraba inconstitucionales los artículos de la Ley de Uniones Civiles que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según aquella sentencia, esos artículos hacían prevalecer unas creencias determinadas sobre otras al establecer qué tipo de pareja puede contraer matrimonio y cuál no, lo que vulneraba la libertad religiosa y de creencias que recoge la Constitución.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, al Gobierno bermudeño solo le resta una última instancia judicial, el Consejo Privado del Reino Unido, una institución cuyo comité judicial aún continúa ejerciendo como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha denegado la solicitud del Gobierno de dejar en suspenso su resolución durante los 21 días que tiene para decidir si recurre al Consejo Privado.

Los activistas LGTB se han felicitado por la resolución de la Corte de Apelaciones y han pedido al Gobierno que cese en sus intentos de seguir cercenando los derechos de las minorías sexuales. «Deténgase», exigían al Gobierno, «ya es hora de que esta insensatez se detenga y se permita que los bermudeños, todos los bermudeños, incluida la comunidad LGTB, se sientan como parte de una comunidad que los acepta con mucho gusto».

Un derecho reconocido legalmente y obviado políticamente

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, resolvió que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo fue, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. La ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2017 y promulgada por el gobernador en febrero de este 2018. Esta nueva figura legal no tuvo efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la nueva legislación continuaron vigentes. Sin embargo, esta ley fue parcialmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, concretamente los artículos que prohibían el acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio. El Gobierno, persistió en su actitud y presentó recurso ante la Corte de Apelaciones, que finalmente ha ratificado la decisión de la Corte Suprema y declarado incostitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales.

Fuente Dosmanzanas

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Malas noticias: con la firma del gobernador, John Rankin, la ley que deroga el matrimonio igualitario en Bermudas es ya una realidad. Medios LGTB anglosajones hacen ya referencia al “primer lugar del mundo” en el que se da este paso atrás. Y aunque esta afirmación es discutible (nos viene a la cabeza el triunfo en referéndum de la Proposición 8 en California en 2008), lo cierto es que el simbolismo de la noticia es indiscutible. Era esperada, en cualquier caso: hace ahora dos meses recogimos la aprobación de la medida por la Asamblea de Representantes de Bermudas.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de “cortocircuitar” a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que en lugar del matrimonio igualitario instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. Ahora el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, ha estampado su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Cabe señalar que de no haberlo hecho (opción que según los medios ha sido valorada por el Gobierno británico), John Rankin hubiese abierto una importante crisis política: Bermudas es un territorio británico de ultramar que goza de una autonomía casi plena. El Gobierno británico, a través del gobernador, dirige la política de seguridad y defensa, pero procura no inmiscuirse en cuestiones internas salvo en circunstancias excepcionales. Y con la decisión de no hacerlo, el Gobierno de Theresa May ha dejado claro que este tema no le parece de suficiente importancia.

A partir de ahora, las parejas del mismo sexo ya no podrán contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que hayan tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.

Bermudas, un territorio profundamente conservador

Esta regresión de los derechos LGTB no es simo la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos. Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16).

Ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

Está por ver si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial, aunque no parece descabellado que acabe dando lugar a una nueva batalla legal. Como decíamos arriba, hay al menos un antecedente parecido: en 2008, la Corte Suprema de California declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Meses más tarde, se aprobaba en referéndum una enmienda constitucional que restauraba expresamente la prohibición, a pesar de que unas 18.000 parejas se habían casado ya. En 2010 dicho referéndum fue considerado inconstitucional por un tribunal federal, pero hubo que esperar a 2013 para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos definitivamente validase la decisión. Las bodas volvían a California cinco años después.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

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La Asamblea de Representantes de Bermudas ha aprobado un proyecto de ley que crea la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, y revierte la posibilidad, abierta por decisión judicial, de que se incluyan en la institución del matrimonio. La medida ha sido aprobada por 24 votos a favor y 10 en contra. Esta regresión de los derechos de las parejas LGTB es la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de este 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían demandado por su derecho a casarse. La jueza consideró que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo ha sido, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. Esta nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.

El diputado del Partido Laborista Progresista Lawrence Scott afirmó durante la deliberación en la Asamblea que “la comunidad LGBTQ obtiene los beneficios que ha estado pidiendo, mientras se mantiene la definición tradicional de matrimonio”, tras lo que explicaba que “hasta ahora, podían tener el nombre de matrimonio, pero sin los beneficios. Después de la aprobación del proyecto de ley, obtendrán los beneficios, pero no el nombre de matrimonio. Los beneficios son lo que realmente quieren”. Desde la oposición, el resumen es muy distinto. La diputada de One Bermuda Alliance Patricia Gordon-Pamplin ha considerado que “hemos dado algo a una comunidad tan solo para arrebatárselo”, a lo que añadía “no me parece que esté bien que tratemos a nuestros hermanos y hermanas de manera diferente en algo que es similar”.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. Ignoramos si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política del Reino Unido es algo complicada, lo que hace que la extensión del matrimonio igualitario se encuentre con dificultades especiales en comparación con otros países.

En el Reino Unido estrictamente hablando, las legislaciones sobre el matrimonio igualitario están vigentes en Inglaterra, Gales y Escocia, quedando tan solo Irlanda del Norte como el único reducto que se resiste a la igualdad en el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

En cuanto a las tres dependencias británicas, la Isla de Man aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en abril de este 2017, el Bailinazgo de Guernsey lo hizo en el mes de septiembre, y en el Bailinazgo de Jersey se espera una votación final al respecto, que podría tener lugar el próximo 30 de enero de 2018. Hay que señalar que el Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, sus propias dependencias, Alderney y Sark, donde no se aplicó el derecho al matrimonio igualitario. Sin embargo, Alderney aprobó el pasado mes de octubre una resolución favorable, que está a la espera de la convalidación por la jefatura del Estado.

De los catorce territorios británicos de ultramar, el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en Gibraltar, las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Malvinas, la base de Acrotiri y Dekhelia. En el territorio formado por Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, solo es legal en las dos últimas. No está permitido en Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Montserrat, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos. En las Islas Caimán, sin embargo, sí se reconocen los matrimonios de parejas del mismo sexo contraídos en otras circunscripciones.

General, Homofobia/ Transfobia. Acrotiri y Dekhelia, Ascensión, Bermudas, Charles-Etta Simmons, Discriminación, Gibraltar, Guernsey, Homofobia, Islas Turcas y Caicos, Jersey, John Swan, Lawrence Scott, LGTBfobia, Matrimonio, Montserrat, One Bermuda Alliance, Partido Progresista Laborista (Bermudas), Patricia Gordon Pamplin, Reino Unido, Santa Elena, Tristán de Acuña