Fuente Agencia Presentes

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Unas mil personas se congregaron ayer en la Escalinata de Antequera por los derechos de las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales e intersex de Paraguay.

Unas mil personas se congregaron  ayer en la Escalinata de Antequera por los derechos de las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales e intersex de Paraguay. Bajo el lema Ñande mbareteve oñondivepa, ¡Somos fuerza, resistencia y comunidad!, la Coalición TLGBI*, organizó la 18° marcha por los derechos de la diversidad sexual y de género en el microcentro de Asunción en el Día Nacional por los derechos TLGBI.

En septiembre se celebra el mes de la memoria en Paraguay, en alusión a la fecha en que se registró la primera protesta pública escrita con relación a las detenciones arbitrarias y masiva de personas homosexuales, ocurrida durante la investigación de asesinato de Bernardo Aranda en 1959.

La marcha partió a las 18:30 de la Escalinata de Antequera, ubicada sobre la calle Fulgencio R. Moreno y Antequera, el lugar donde se hicieron visibles las primeras travestis en los años de la dictadura de Alfredo Stroessner, pasó por la Plaza Uruguaya, en homenaje a las trabajadoras sexuales, seguido por calle Palma, donde en la misma época obligaron a desfilar a “los 108” (número adjudicado a 108 hombres homosexuales identificados como “sospechosos” del asesinato de Aranda) y desembocó en la Plaza de la Democracia.

Tras un año y medio de la pandemia de covid-19, las organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas independientes marcharon denunciando los abusos al colectivo LGBTIQ+ durante la emergencia sanitaria. “Este año salimos a las calles con todas las medidas sanitarias para la seguridad de todes. Salimos porque el encierro en el que nos mantuvieron las autoridades de este gobierno fue propicio para el aumento de violencia en los hogares, para el abuso policial, la corrupción y muchas otras atrocidades”, expone la Coalición TLGBI.

“Salimos porque el encierro en el que nos mantuvieron las autoridades de este gobierno fue propicio para el aumento de violencia en los hogares, para el abuso policial y la corrupción, ¡salimos a la calle porque al ropero no volvemos más!”, enuncian desde @coalicionTLGBI.️‍ pic.twitter.com/gjdshGe8pC

— Agencia Presentes (@PresentesLGBT) September 30, 2021

El año pasado, la marcha en homenaje a los 61 años de la carta de un amoral se hizo en formato caravana de autos, colectivos y bicicletas. Con tapabocas y pocos abrazos. Esta vuelta, se sentía la transpiración del asfalto a medida que la movilización avanzaba por las calles asuncenas hacia Plaza de la Democracia. No quedaron rastros de pieles sin purpurina y maquillaje. Volver a las calles se sintió como una explosión tornasolada, una recuperación del tiempo y la memoria. Volvieron las reivindicaciones en los cuerpos, una de las principales: la solidaridad con las comunidades indígenas reprimidas el día anterior a raíz del proyecto cartista-Zavala-Riera que aumenta penas a las ocupaciones de tierras.

Pamela Montserrat marcha junto con su pareja con un cartel que dice: “Mi identidad es real, tiene que ser legal”. Se manifiestan por una identidad de género reconocida por la sociedad y el Estado. Ambxs son activistas de Diversxs de Alto Paraná. «Si no reconocen mi identidad no puedo trabajar y si no puedo trabajar, nos quedamos en este círculo de la exclusión», dijo Pamela. Alma Rolandi, activista de Sununu, del movimiento estudiantil FACSO-UNA, también lleva un cartel, pero con una foto de Chana Coronel, vocera de los derechos a las visitas íntimas de lesbianas privadas de libertad.

“Este 2021 constituye en desafío para nosotres, teniendo en cuenta el contexto social-económico-político en el que nos encontramos que se expresa de manera directa sobre nuestras corporalidades con el aumento de la violencia tanto verbal, física y simbólica hacia personas que no encajamos en el régimen de la cis-heterosexualidad obligatoria”, expresó la Coalición TLGBI en su manifiesto.

Durante la marcha se llevaron a cabo intervenciones artísticas como la instalación de Manu Alviso, que también es conocido por su arte Pop Pink Miliko. Las espaldas de los militares queer de cuatro colores formaban la palabra «Goce”. También lxs artistas del teatro aéreo Nhi Mu, Fátima Fernández Centurión, David Amado, Ahmad Rahal, Sonia Moura, Pamela Cáceres y Fernando Benítez, vestidxs con los colores del orgullo, se colgaron de un edificio de calle Estrella. Luego de la lectura del manifiesto se celebró el cierre de la 18° marcha TLGBI en Asunción, al ritmo de la tatucada de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, y DJ maricón.

Purahei Soul y la diva drag Envidia Metenés cerraron la noche con un dúo inédito. El festival artístico en Plaza de la Democracia no estuvo exento de enunciados políticos: “Sabemos que dicha violencia no sólo nos afecta como personas TLGBI, sino que se hace más fuerte cuando se interseccionan con otros motivos de discriminación como la clase social, la raza, el estado serológico, la discapacidad y otras formas de opresión”, apuntó la Coalición.

*La Coalición TLGBI+ es una agrupación de organizaciones civiles y está conformada por: Aireana, Asociación Panambí, Asociación Escalando, Fundación Vencer, It Gets Better Paraguay (ASOEDHU), Las Ramonas, Grupo de Ecología Social “Ñepyrũ”, Somos Pytyvohara, Transitar, Unidas en la Esperanza (UNES), Red Paraguay de la Diversidad (REPADIS), Unidos por el Arcoiris (Asociación de Familiares y amistades de personas LGBT), y activistas independientes.

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Marcha del Orgullo en Asunción. Foto: Fernanda Rivas/Archivo Presentes

De dónde viene el número que fue símbolo de persecución e insulto a homosexuales. Y por qué es parte crucial de la memoria LGBT* en América Latina.

El 108 funciona como un símbolo en Paraguay. De insulto a orgullo. De número a palabra. Fue borrado de hoteles tradicionales, de las casas, de las chapas de los autos, de los números internos de las instituciones públicas. Lo intentaron desaparecer así como desaparecieron a personas homosexuales, a cuerpos diversos, a identidades que no encajan en los moldes de la buena moral. Al 108 se le llama también el “número maldito” por su carga histórica y simbólica, y al día de hoy muchxs siguen utilizándolo como insulto.

De dónde viene el 108 

A Bernardo Aranda, locutor de radio Comuneros de 25 años, lo encontraron quemado en su casa ubicada en Estados Unidos y Novena Proyectadas, de Barrio Obrero (Asunción). Fue el 1 de septiembre de 1959, cinco años después de iniciada la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). A pesar de que las circunstancias de la muerte de Aranda no fueron esclarecidas, la policía dijo que se trató de un “crimen pasional”.

Entre las razones por las que el caso adquirió tanta relevancia pública estuvieron la popularidad de Aranda y la insistencia de la opinión pública por encontrar a los responsables del crimen.

Este caso fue utilizado como excusa para perseguir a 108 hombres homosexuales identificados como “sospechosos”. Además de sufrir exposición y estigma de la sociedad asuncena, fueron capturados y torturados.

Tira cómica firmada por Guaripolín en la revista Ñande. En ella aluden al crimen de Aranda y refuerzan la hipótesis de la policía que hablaba de un “crimen pasional”. Extraído de 108 “Ciento ocho”, investigación de Erwing Szkol.

A partir del 2 de septiembre, la policía detuvo violenta y arbitrariamente a personas que suponían eran homosexuales con el pretexto de realizar averiguaciones sobre el caso. De acuerdo a la investigación del abogado y activista por los derechos humanos TLGBI, Erwing Szkol, el 7 de septiembre de 1959, cinco días después del inicio de las investigaciones, por primera vez se hizo pública la premisa de que las personas detenidas poseían “dudosa conducta sexual”. Era una tentativa de relacionar estos “amorales” al crimen, justificando nuevas detenciones.

El sábado 12 de septiembre, el diario El País, afín a la dictadura stronista, publicó una nota sobre las detenciones realizadas esa madrugada con el titular: “108 Personas de Dudosa Conducta Moral Están Siendo Interrogadas. Intensa Acción Policial. Esperan Resultados”. Esta fue la primera nota en la que aparece el número 108 con relación a las detenciones de “amorales”. Desde entonces, el número 108 dejó de ser solo una cifra y pasó a convertirse en un insulto a las personas consideradas homosexuales.

Eco de un registro periodístico

Los medios de prensa se hicieron eco de las informaciones de la policía y, según describen en el informe “108 Ciento Ocho” de Szokol, apelaban también a una campaña de “saneamiento moral”, exhortando a las autoridades a utilizar la persecución penal de facto con el fin de acabar con este “vicio”. Sin embargo, un aspecto que suele ignorarse al contar los sucesos históricos del origen del nombre/número 108 es que no se trataba de una cifra oficial, sino del registro que hizo un redactor durante su cobertura.

El número 108 viene de una lista de homosexuales acusados de estar relacionados con un crimen. Y todas las personas que aparecieron en la lista fueron detenidas y torturadas. Pero no fue la única lista que se publicó durante los años de la dictadura ni el único episodio de abuso en contra de personas homosexuales. Circularon muchas otras listas con nombres que no se vinculaban siquiera con Aranda.

Esta redada a opositores y a espacios de entretenimiento vinculados a la comunidad gay se perpetró durante 10 años. El 13 de octubre de 1963, por citar sólo uno de los tantos hechos, se distribuyeron por los principales puntos de Asunción una serie de volantes donde figuraba una nómina de 43 personas acusadas de “amorales”. Fue firmada por el “Comité de Padres, por el saneamiento de nuestra sociedad”.

El primer grito por la libertad sexual en Paraguay

El 30 de septiembre, el diario El País publicó una carta titulada “Carta de un amoral”, que se convirtió en un hito en la historia de la lucha y resistencia del movimiento LGBTI paraguayo. Esta carta es reivindicada por las organizaciones TLGBI de Paraguay como la primera manifestación pública por la libertad sexual conocida en el país, incluso 10 años antes de los disturbios de Stonewall (New York, EEUU, 1969).

El 108 hoy ya no es un “número maldito”. Es un símbolo de lucha y un homenaje a las víctimas que sufrieron represión, tortura, exilio y muerte a causa de su orientación sexual e identidad de género.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

ASUNCIÓN.- Hoy se cumplen 137 años del nacimiento de Serafina Dávalos, la abogada que cuestionaba la maternidad obligatoria y discutía con intelectuales de su época como Manuel Domínguez, Arsenio López Decoud, Juan E. O’leary y Fulgencio Moreno. La que allanó el camino para que las mujeres en Paraguay pudieran estudiar, enseñar, doctorarse, dirigir centros de formación, representar al país en el extranjero y adelantarse a su época en la lucha por la igualdad de géneros. ¿Quién fue esta lesbiana que a principios del siglo XX planteaba que el matrimonio es la esclavitud de la mujer?

Eran tiempos en que las mujeres ricas participaban de reuniones sociales, en su universo de vestidos largos, enaguas, peinados endurecidos, abanicos, medias, peinetas y tacos. Las mujeres pobres trabajaban en tareas de cuidado para otras familias y prácticamente no tenían derechos. 

Serafina Dávalos torció ese camino y abrió otro. Fue la primera abogada paraguaya, en un momento en que el trabajo intelectual no era una actividad de la mayoría de las mujeres. Recién en 1870, Adela y Celsa Speratti, hermanas y educadoras paraguayas establecieron la primera escuela normal en Asunción, paso crucial para el desarrollo del sistema educativo del país. La inserción de las mujeres en decisiones políticas llegó mucho más tarde, con el voto femenino en 1961.

Hija de Gaspar Dávalos y Teresa Alfonso, y hermana de Nicasio, Serafina nació el 9 septiembre de 1877 en la ciudad Ajos, de Coronel Oviedo. Se mudó sola a Asunción para hacer la secundaria. Estudió en la Escuela Normal de la Asunción, donde obtuvo diploma de maestra en 1898. Fue la primera mujer en graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en 1907.

“No creo que sea un mito de mi familia, pero antes nos sentábamos en las veredas. Y cuando ella caminaba orgullosa por la ciudad, plantada ante la sociedad, porque tenía muy claro qué quería hacer, las mujeres entraban corriendo a sus hijas para que Serafina no les pase al lado como si tuviera la lepra, la peste. El rechazo social. Pero ella muy orgullosa, se compró un auto, manejaba”, cuenta Rosemary Dávalos, sobrina nieta de Serafina en entrevista con la conductora de televisión Pelusa Rubín.

La élite y la clase media paraguaya eran muy europeizantes en su forma de actuar. Paseaban entre el teatro y los salones donde se realizaban piezas teatrales, cantos se tocaba el piano. El instituto paraguayo  -un centro cultural que se creó en 1895- ofrecía clases de dibujo, piano, esgrima. La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y la Unión Club eran los salones más elegantes de la época.

En estos espacios se encontraban la élite y la clase media. Los sectores populares se reunían en las afueras. Uno de los entretenimientos de los fines de semana era ir al Belvedere, en España y Brasil. Lo que hoy es el hotel del Paraguay era la “cancha sociedad”, donde se reunían para partidas de caballos, paseos y tomar algún refresco. Quienes no tenían dinero para entrar a esos lugares iban de picnic a Tacumbú.

Por entonces la mayoría de lxs paraguayxs leían y hablaban en guaraní. El español era el segundo idioma, pero solo accedía a él la clase alta, que podía darse el lujo de recibir educación. Todas las decisiones del gobierno, de los libros, las actas y la escuela estaban en español. Asunción era contada por los hombres. Las hojas de libros de historia oficiales desterraron del relato a las mujeres y, entre ellas, a Serafina Dávalos. Decenas de mujeres trabajaron para rescatar esta memoria silenciada.

En el libro “Alquimistas: Otra historia del Paraguay”, Line Bareiro, Clyde Soto y Mary Monte recuperaron la historia oculta de las mujeres, su movimiento y el feminismo en Paraguay. El audiovisual “Alquimistas: Historia de las Mujeres en Paraguay”, realizado en 1995 por el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y Decidamos, se convirtió en una pieza histórica y un documental clave para trazar la historia del feminismo en Paraguay.

Dávalos fundó y militó varios gremios como el Movimiento Feminista de Asunción, el Centro Feminista Paraguayo, la Unión Femenina del Paraguay y la Liga Paraguaya por los Derechos de la Mujer. En su tesis, Humanismo, cuestionó el sometimiento de las mujeres a una sociedad patriarcal y consideró la igualdad jurídica como determinante del cambio de situación social de la mujer.

“No hay duda que la mujer puede elevarse en el terreno de la inteligencia a tanta altura como los varones. Para el efecto, désela el mismo tratamiento educativo que a aquellos en lo fundamental; nada de reservas de ideas profundas y elevadas por creerla incapaz; lo que se ha dado en llamar lo femenino, no falsea la naturaleza de la razón de la mujer”, escribía Serafina en 1907 (Humanismo, pág. 13).

Ese trabajo causó grandes controversias en la clase intelectual de su época. En años en que las mujeres tenían prohibido votar, ella ya cuestionaba la desigualdad de género y exigía igualdad de oportunidades. No vivió para ver cómo Paraguay se convertía en el último país latinoamericano en otorgar el derecho de voto a las mujeres, en 1961 con la ley “De los derechos políticos de la mujer”.

Rescatando a Serafina

La historiadora Ana Barreto Valinotti, incluyó la biografía de Serafina Dávalos en su libro Mujeres que hicieron historia en el Paraguay, editado en 2011. Allí escribió: “Serafina falleció en 1957, en la pobreza, habiendo ejercido su profesión de abogada hasta el final de sus días. A sus restos se les negaron funerales cristianos”. Varixs expertxs coinciden en que Serafina murió después de una larga enfermedad, en el olvido y la indigencia, bajo el estigma de habérsele negado “cristiana sepultura”.

Rosemary Dávalos, junto con su marido, Gustavo Ilutovich, y otros referentes culturales conformaron el grupo Rescatando a Serafina. Su misión es encontrar su tumba y poner en valor su legado. De acuerdo al relato de algunos historiadores, no se le permitió entrar a la iglesia porque era lesbiana y por sus reivindicaciones sociales. También hacían lo mismo con masones y otras instituciones que tenían algún tipo de disputa con la Iglesia Católica. Cuando la enterraron ni siquiera le pusieron lápida para que no se la encontrara.

La heterosexualidad obligatoria

Como explica Rosa Posa, activista de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas en su podcast ¿Por qué se piensa que Serafina era heterosexual?, las lesbianas son habitualmente auscultadas de la sociedad tanto hoy como en la “historia oficial”. “Decir que Serafina no era lesbiana es como una señal de un pensamiento súper heterocéntrico. La gente es hetero hasta que se demuestre lo contrario. No es así el mundo por mucho que se empeñen en verlo así. Es como si al decir que Serafina Dávalos era lesbiana le estamos sacando mérito”, expresa

Este año se firmaron los acuerdos para iniciar la restauración de la casa de Serafina Dávalos a través de la gestión del Instituto Paraguayo de Artesanía. Pero ya hace tiempo, el colectivo Serafina Dávalo -integrado, en su mayoría, por alumnxs de la facultad de Derecho- venía presionando para darle continuidad a la construcción de la memoria histórica nacional de las mujeres.

Entre las calles Estados Unidos y Tacuary descansa la casa de Serafina, donde vivió con su pareja Honoria Barilán. Así lo confirmó Rosemary: “Estamos en el siglo XXI y aunque la gente todavía se asusta con la homosexualidad, estas dos mujeres se plantaron ante la sociedad paraguaya y vivieron juntas siempre. Todxs sabían que eran pareja”.

En el 2017, el abogado Nicasio Dávalos, hijo de un hermano de Serafina, presentó querella criminal contra Honoria Balirán ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de Asunción, a cargo del juez Ernesto Giménez, acusándola de ser autora de “la muerte lenta y horrorosa de la doctora en Derecho”. Esta denuncia se desestimó por falta de pruebas.

A  raíz de una nota que publicó ese año Última Hora, Aireana, hizo un descargo en redes sociales en el que llaman a la reflexión del periodista en la manera en que construyó el relato, desde sus propios prejuicios.

“Tenemos miles de “Nicasios” en las vidas de las lesbianas, tipos que acusan a las parejas de sus hermanas de ladronas por comprar cosas conjuntamente, señores que se inventan que sus hijas fueron pervertidas por otra mujer con la que vivieron un montón de años, padres que después de violentar a sus hijas, acusan a las parejas de estas por ser denunciados. En fin, “el mal siempre está fuera”, apuntan.

“Cuando hay que demostrar que te perjudica, te enferma y te hace morir entonces sí es lesbiana. Pero cuando brilla, la única mujer que estaba en los círculos intelectuales de la época, no lo es. Es como si hubiera que demostrar una y otra vez que lo somos. Pero es como si fuera gravísimo demostrarlo. No es una afirmación que hacemos a la ligera, sino porque llevamos mucho tiempo en el activismo y porque estudiamos mucho”, refiere Rosa Posa. Gran parte de la memoria colectiva feminista en Paraguay está construida en torno a la figura de Dávalos, que no solo dejó un legado teórico sino también cuestionamientos que, todavía, siguen vigentes.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

Fotos: Jess Insfrán

Al asumir sus identidades, todas dejaron de ir a la escuela. Algunas nunca llegaron a ir. Del seno de Casa Diversa, el albergue para personas LGBTI+ víctimas de violencia, y por iniciativa de las residentes nace la Escuela Transformando, un espacio donde se estudia Matemática, Ciencia y Comunicación, pero también Derechos Humanos y Educación Sexual Integral para personas trans.

En la Escuela Transformando les profesores son voluntaries. No hay uniformes, maestros homofóbicos, ni baños con género. Las materias se eligen en función a los gustos y la disponibilidad horaria de cada alumne. Aunque la propuesta inicial consiste en que les alumnes se incorporen, eventualmente, al sistema educativo formal, la escuela LGBTI+ funcionará como un lugar de preparación y empoderamiento para encarar las barreras de la educación tradicional.

“Venimos insistiendo en la dirección de educación permanente para adultos mayores porque queríamos tener un espacio educativo, pensando en chicas como Araceli o Moria que no leen ni escriben. No queremos que las adolescentes lleguen a la adultez sin antes alfabetizarse. El año pasado tuvimos una profesora que se llama Wilfrida, que empezó a darle clases a algunas chicas. Ahí dijimos ‘bueno, ya que no existe una educación ni un lugar seguro para nosotras, vamos a educarnos antes’”, expresa Yren  Rotela, activista de Panambi por los derechos trans.

El año pasado, las residentes de Casa Diversa, ubicada en San Lorenzo, una ciudad a 13 kilómetros de Asunción, recibieron talleres de artes plásticas, teatro, maquillaje y peluquería. Conversando, se dieron cuenta de que todas querían aprender algo más y se les ocurrió abrir una escuela que les permita recuperar la fe en la educación. Entonces, empezaron una campaña por redes sociales para recibir libros, cuadernos y útiles escolares.

La organización Mil Solidarios del Bañado Sur, encabezada por el pa’i Oliva (padre, en guaraní) donó pupitres, un pizarrón y un escritorio para la Escuela Transformando. “Él es un gran aliado y compañero. Fue la única persona que nunca me rechazó. Me habló con cariño y me apoyó desde que lo conocí”, contó Yren.

Transformando es una iniciativa autogestionada y busca desestigmatizar a las materias que culturalmente son adjudicadas a las chicas trans. Por eso, lxs alumnxs tienen la posibilidad de asistir a clases de fotografía, cocina, oratoria, escritura y ortografía, entre otras. De momento, la escuela tiene una capacidad de 30 personas y son, en su mayoría, personas trans que parten de contextos diferentes. Cuatro de ellas tienen que terminar el bachillerato y, el resto, debe empezar la primaria. Las que viven en Casa Diversa tendrán la facilidad de acceder a las clases en su casa.

Un sistema que no está preparado

Yren explica que el bullying es un factor determinante para la deserción escolar y la fobia a la educación. “Sabemos que hoy la violencia hacia nosotras es altísima en este sistema y si no estás empoderada no vas a resistir. Por algo digo que hasta hoy sigo teniendo errores ortográficos. A veces me olvido de poner una S, una coma, un punto. Hay cosas que no aprendí por culpa del modelo educativo que no respeta las identidades y los gustos de las personas”, sostiene.

Y es que el sistema educativo paraguayo no ofrece a las personas trans las condiciones de inclusión que están consagradas en la constitución nacional. La ley de Educación Inclusiva tiene por objeto remover las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Así como garantizar la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal.

El año pasado, Casa Diversa se reunió con representantes del Ministerio de Educación y Cultura pero les ofrecieron espacios que no están preparados para las personas LGBT. “Queremos estar incluidas en el sistema educativo pero ellos no tienen respeto hacia nuestra identidad. ¿A qué le llaman educación inclusiva? ¿Hay protocolos de cuidado? ¿Qué garantías de seguridad nos ofrecen? A veces son los profesores, a veces la estructura y a veces el alumnado. ¿Cómo hacemos para aguantar todo eso? Es muy molesto ir a resistir ahí adentro en lugar de ir a aprender”, cuestiona la defensora de derechos humanos.

Dueñas de su futuro

El trabajo sexual es la principal actividad económica de las personas trans en Paraguay. Según explica Rotela, el 99% de elles se dedica a la prostitución. La espiral de la violencia comienza en las familias, cuando son expulsadxs del interior de sus hogares en edad escolar. Desde ese momento, la identidad de género comienza a ser motivo de expulsión de todo los demás ámbitos de sus vidas, incluyendo el mercado laboral. Y en la calle reciben todo tipo de abusos.

“A mí lo que me preocupa mucho es el tema de la calle. No estoy en contra del trabajo sexual pero sí en contra de la manera en la que lo ejercemos nosotras en esta inseguridad. La policía viene, te fastidia, te coimea, te violenta. También está la gente que nos grita, nos insulta, nos tira botellas. El porcentaje más alto de asesinatos de personas trans fue en calle. Y es difícil sacarles a las personas ya mayores pero me preocupa la adolescencia, que vuelva a tener esa única alternativa”, manifiesta Yren.

Moria es de Villa Hayes, tiene 32 años y nunca fue a la escuela. Su mamá tuvo muchos hijos y no tuvo los medios para enviarlos al colegio. “A mis 12 ya se dieron cuenta que era diferente a los muchachos, por mis gestos, cómo me comportaba. Me echaron de mi casa y empecé a trabajar como jardinera en la casa de una señora que se llamaba Isabel. Ella me enseñó todo lo que sé: a hablar, normas de comportamiento, cómo sentarme en la mesa, cómo tratar a la gente, todo. Se llamaba Isabel”, narra Moria. 

Isabel quiso enviarla a la escuela nocturna, pero terminaba tarde y le daba miedo que fuera sola. Cuando Moria cumplió los 15, su cuidadora falleció y tuvo que comenzar a “hacer calle”, como le dice ella. Hace cuatro meses se incorporó a Casa Diversa y desde entonces tiene nuevas amigas, se comunica más con otrxs, participa de charlas y, sobre todo, dice, se siente mejor. Le encanta todo lo que tenga que ver con la costura porque la tranquiliza, pero también quiere aprender a leer para no tener que volver a ejercer la prostitución.

Isabel Moreno tiene 39, es presidenta de la Asociación Escalando y socia fundadora de Panambi. Cuando tenía 15 comenzó a transicionar, y como su papá no la aceptaba, decidió dejar su casa y los estudios. “Al irme de mi barrio tuve que empezar a hacer calle. Para mí es importante terminar el colegio porque quiero seguir una carrera y abandonar el trabajo sexual. Hay muchas chicas que se destruyen en la calle, pasamos por mucha violencia”, relata.

Hoy, después de años de activismo, pudo volver a vivir con su padre, con el que mantienen buenas relaciones. “Yo, la verdad, quiero superarme en la vida. Me siento segura cursando acá, siento que voy a estar en mi espacio, a gusto, me voy a sentir cómoda”, expone Isa.

Además de Panambi, Escalando se suma como organización de apoyo a la escuela. Luego de instalar su oficina comenzarán a enseñar a les alumnes la técnica del sublimado con unas máquinas, para hacer tazas, pines, calcomanías, remeras, banderas y bolsos y, así, arrancar microemprendimientos. Estas iniciativas aportan otras perspectivas a la realidad a la que son habitualmente arrojadas.

“Fuimos descubriendo que, además de todo esto y del cuidado de la salud mental de las chicas, un abrazo puede calmar mucho. A veces nosotras no queremos que nos abrace la gente o que nos besen en la mejilla porque nosotras nunca tuvimos ese afecto. Trato de cuidar todos los detalles en la escuela para que se quieran quedar. Que se enamoren y que busquen lo que les guste y decidan seguir hasta el final”, aseguró Yren.

Clases a distancia y biblioteca popular

El inicio de la cuarentena obligatoria obligó a la Escuela Transformando a posponer varias de sus clases presenciales. La semana pasada se reanudó el plan de alfabetización de las personas trans que viven en Casa Diversa, con las medidas sanitarias correspondientes. Les alumnes de fotografia cursan los miércoles a distancia, de 15 a 17 horas; Teatroterapia con el profesional del teatro paraguayo, Omar Mareco los lunes y jueves, de 17 a 19 y se sumaron algunas materias urgentes como primeros auxilios.

Entre las iniciativas que nacieron en el encierro, también surgió la biblioteca popular de Casa Diversa. A partir de una serie de donaciones de útiles y libros escolares, les residentes del refugio LGBT levantaron de cero una biblioteca para que la comunidad se acerque, lea e intercambie libros. Las cajas de madera se convirtieron en estantes de colores llenos de libros y macetas con plantas.

Según cuentan las organizadoras, el fin es incentivar a las personas de la diversidad sexual y de género a la lectura y, cuando la pandemia lo permita, tener un café literario. Con el apoyo de amigxs, aliadxs y colaboradorxs, la Escuela Transformando va camino a cambiar la historia de las personas LGBTI+ en Paraguay.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

Fotos y videos de espaldas laceradas, con hematomas en cuerpos de jóvenes y adultos mayores recorrieron perfiles de Facebook y grupos de WhatsApp paraguayos desde el jueves a la noche. Se trata de las 35 personas que fueron privadas de su libertad por parte de funcionarios de la Marina de Ciudad del Este, con el argumento de ser sospechosxs del asesinato de un suboficial en un enfrentamiento armado el miércoles pasado. Entre lxs aprehendidxs que fueron secuestradxs y torturadxs había 3 mujeres trans.

Les decían que miraran al suelo para no identificar sus rostros, y a Cris, Sadis y R, las únicas mujeres trans, las acosaron y les dijeron que no iban a sobrevivir. “Sin ninguna explicación, las agarraron también porque no son contrabandistas, son trabajadoras sexuales que estaban en sus domicilios. Las llevaron para burlarse de ellas y para torturarlas. Decían que les iban a cortar el pelo para que ‘vuelvan a ser hombres’. Su único pecado fue ser transexuales”, expresó Franchesca Galatti, activista de Panambi en Ciudad del Este.

Voluntarixs de Somos Gay de Ciudad del Este les llevaron víveres y medicamentos el viernes. 33 personas fueron liberadas y 2 siguen privadas de libertad, sin suficientes pruebas. Hasta el momento, ningún militar está imputado. La Asociación Panambi repudió la actuación de los militares y exigió, una vez más, al Estado que se investigue el caso de violencia contra las personas trans y los 62  transfemicidios reportados en transición democrática.

Militares por la madrugada

Cerca del río Paraná, en el barrio San Miguel de Ciudad del Este (CDE), el miércoles pasado se desencadenó una balacera entre un grupo de presuntos contrabandistas y agentes de la Marina. La Armada Paraguaya emitió un comunicado en el que contó a los medios locales que en el tiroteo que duró cerca de 15 minutos, Marcos Gabriel Agüero, un marino de 22 años resultó herido y falleció el jueves. Pero no habló de las denuncias de tortura y las detenciones arbitrarias.

Los relatos de las víctimas coinciden en que la noche del miércoles 15, alrededor de las doce de la noche, cuando varixs de lxs vecinxs dormían, los militares ingresaron a las casas, rompieron las puertas y secuestraron de sus hogares a 35 personas arbitrariamente para llevarlxs a la base naval, en la armada paraguaya. Puede verse también con claridad en los registros audiovisuales del circuito cerrado el momento en que los militares arrastran, golpean y arrojan a la camioneta a lxs detenidxs.

“Fue aterrador. Eran las doce de la noche y estábamos a punto de dormir. Escuchamos ruidos, salimos a mirar y los vimos pasar (a los militares). Nos encerramos y cada una se acostó en su pieza. Ahí entraron y tiraron la puerta a patadas. Eran como 12 o 15 milicos. Nos sacaron de la casa del cabello, a las tres. Nos metieron a una camioneta, como perros o bolsas de basura, y nos llevaron a la base naval. Ahí comenzó nuestro calvario”, dijo a Presentes Sadis López Armoa.

Una tortura de 12 horas

El traslado fue encubierto. Escondieron los cuerpos de las chicas con mercadería, y los militares se sentaron arriba de ellas. “Disparaban al aire y colocaban su arma boca para abajo y nos quemaban porque sabían bien que había personas abajo”, siguió Sadis. Algunas víctimas alegaron que las 35 personas fueron torturadas y quedaron con marcas de violencia y tortura. A uno de ellxs, le derramaron agua caliente y alcohol en la cabeza, a otrx le pegaron entre cuatro militares en un baño.

Entre las doce de la noche y las dos de la tarde los familiares de las víctimas no sabían a dónde se las habían llevado. “Todo ese tiempo nos tuvieron boca para abajo en el piso, apenas podíamos respirar. Nos torturaban, nos pegaban con cachiporra, con palo, con sogas gruesas con las que se atan barcos. Nos decían que nos iban a hacer hombres a la fuerza, que no tenemos que ser así. Todos escucharon”, contó Sadis. 

Las fotos y videos de las tres fueron las últimas en trascender, pero se observan las heridas que no se limitan a la espalda sino también en el abdomen y piernas. Según cuentan, consiguieron que los militares dejaran de patear a R cuando le dijeron que hacía unos días había sufrido un accidente y que tenía una herida abierta. “Es triste la manera en que las hicieron sufrir. Me contaron que le ponían una maderita entre sus dedos y después le pisaban encima. Esos métodos antes se usaban durante la dictadura”, enfatizó Franchesca.

Blanca Segovia, delegada del Defensor del Pueblo en Alto Paraná, acompañó desde el jueves al mediodía a lxs menores de edad. Trató de ir antes a la base naval pero los militares a partir de las 9 prohibieron el ingreso de personas, ya sean particulares o abogados. Recién pasado el mediodía se trasladaron a la sede del Ministerio Público y ahí pudo contactar con ellos. Estuvieron incomunicados durante toda la mañana.

“La prueba de la parafina”

De acuerdo a Segovia, a las 5 de la mañana los militares le practicaron una muestra de nitrato y nitrito a las víctimas también conocida como “la prueba de la parafina”, que es para identificar restos de pólvora, para ver si algunx de ellxs había realizado el disparo. “Tres son las denuncias importantes: la tortura dentro del predio, la prueba parafina que se tomó por los militares sin la presencia del Ministerio Público y el amedrentamiento que sufrieron durante el traslado desde la sede de la base naval hasta la sede del Ministerio Público”, sostiene la abogada.

“Cuando estaban a punto de cortarnos el pelo llegó la fiscalía. Recién pudimos respirar bien. Estábamos preocupadas porque ya era de noche de nuevo. Si no llegaban, sentíamos que esa misma gente que nos había torturado podía volver a hacernos de todo”, relató Sadis. La abogada y activista social Yolanda Paredes acompañó la declaración de R y considera que las personas que fueron detenidas no encajan con el perfil de persona que buscaban los militares.

“Si existe algún tipo de enfrentamiento, los militares pueden ingresar a tierra hasta 50 metros porque tienen la facultad de policía fluvial pero eso es en agua. Ese día ingresaron 200 metros. Prohibieron que la policía se involucre, irrumpieron en sus casas, rompieron puertas, secuestraron a gente de sus camas, que eran niños, ancianos y travestis. Todos coinciden en la agresividad de los que actuaron”, explicó Paredes y apuntó que la fiscalía incautó supuestamente dos armas: un rifle y una escopeta pero la bala que mató al militar era de grueso calibre.

Ningún militar fue imputado

A partir de las dos de la tarde del jueves, los militares de la Marina llevaron a lxs detenidos hasta la Fiscalía para prestar declaración y fueron sometidos a una inspección médica. La Fiscal Hermenegilda Cubilla de la Unidad 1, del penal ordinario de CDE abrió una carpeta para investigar las torturas. En diálogo con Presentes, dijo que recién tuvo conocimiento del caso a las 17:30. “En ese momento, nos comunicaron que nos ingresó una causa. Llamamos al médico forense el Dr. Hugo Céspedes y él mismo inspeccionó a 22 personas mayores y 6 menores”, señaló. Al día siguiente, llegó de Asunción el fiscal Alberto González.

La delegada de la Defensoría del Pueblo acompañó a los detenidos hasta la Fiscalía y confirmó que se trató de 5 menores entre 14 y 17 años, 4 varones y una chica de 17 años. “Todos fueron golpeados y en los menores se nota perfectamente los rastros de violencia. Se tiene que investigar a los militares. Como derechos humanos nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de violación y vamos a seguir los pasos. Por lo menos ahora se consiguió la libertad de estas 33 personas”, enfatizó.

A las doce de la noche, cuando terminó la declaración indagatoria en la fiscalía, Franchesca llevó a sus tres compañeras al Hospital del Trauma. “Según cuentan ellas, los militares estaban con efectos de alcohol, tomaban y se burlaban de ellas y les pegaban, tanto a ellas como a los hombres que estaban ahí. Las tenían maniatadas boca abajo para que no les vean los rostros. Horas y horas estuvieron así. Además, lo poco que tenían de valor, como dinero y joyas, le robaron”.

Una disputa histórica

El contrabando en esa zona fronteriza tiene una historia de varias décadas. Se vincula al propio modo de vivir de Ciudad del Este y Presidente Franco. Ese comercio fronterizo en su faceta ilegal siempre tuvo la participación de la Marina. Así lo explica Jorge Rolón Luna, abogado, docente de derechos humanos y ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Desde tiempos de la dictadura de Stroessner, la Marina controló y formó parte de las estructuras de contrabando a través del río, ya sea la frontera con Argentina o con Brasil. Esto se inscribe dentro de una vertiente del comercio que tiene raíces históricas y se vincula con que el dictador Stroessner asignó esos negocios del comercio a través de la vía fluvial a los marinos. 

“Lo que sí se sabe es que irrumpieron en domicilios privados sin orden de allanamiento, llevaron detenidas a personas sin orden de detención. Hay elementos y pruebas suficientes, es algo no negado, que torturaron estas personas. Las sometieron a una brutal golpiza tanto desde el momento de la privación de libertad de estas personas -no pueden aprehender ni detener- hasta, inclusive, según los testimonios en la propia base naval donde continuaron detenidos durante todo ese día, -algo que es ilegal también-”, describió.

En el sistema jurídico paraguayo rige una prohibición absoluta de tortura. Eso implica comisión de hechos punibles. “Los militares de la base naval de Ciudad del Este son un poder muy fuerte. Son una especie de Estado dentro del Estado que actúan totalmente al margen de la ley. Y las instituciones civiles como la fiscalía y el poder judicial se someten a este poder fáctico. Hay que ver cómo se desarrolla esto, si estas personas siguen privadas de libertad y qué dicen esas actas de imputación”, concluye Rolón Luna.

Fuente Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación Panambi, Ciudad del Este, Marina, Paraguay, Somos Gay

Por Juliana Quintana

Paola Benítez Ramírez, una mujer trans de 24 años, fue víctima de un crimen de odio el lunes 25 de junio en su departamento, ubicada al lado de Casa Diversa, el refugio para personas LGBT víctimas de violencia, (Avenida del Agrónomo y Cabo Verde, del barrio San Roque) en la ciudad de San Lorenzo, a 14 kilómetros de Asunción. La fiscal Mirtha Rivas de la unidad 3 de San Lorenzo, a cargo de la investigación, imputó a Miguel Cabral Cardozo por lesión grave y solicitó prisión preventiva pero el juez le dio prisión domiciliaria.

“Estoy a los inicios del proceso, voy a citar a los testigos y analizar los antecedentes. Yo necesito que un forense me diga el grado de las lesiones que sufrió para avanzar con la investigación. El acusado se abstuvo de declarar, solo se le tomaron los datos personales con su abogado defensor”, informó la fiscal Mirtha Rivas en diálogo con Presentes.

Cerca de las 18 horas, Cabral Cardozo, de 19 años, llegó al departamento que Paola comparte con otras tres compañeras y recibió el servicio sexual que acordaron previamente. De acuerdo a la información que pudo acceder Presentes, Cabral se rehusó a pagar lo convenido porque, en sus palabras, pensó que iba a estar “con una mujer”. Aprovechó que Paola se estaba vistiendo para golpearla en la cabeza varias veces, primero con una silla, luego con un vaso de vidrio y la hirió en el ojo con la rodilla.

“Eso de confundirnos con una mujer es famoso en los hetero gua’u (supuestamente, en guaraní). Porque piden una cosa y después salen pidiendo de más sin pagar lo que corresponde. Él consiguió su número de un sitio de anuncios de trans, la llamó por teléfono, hicieron una cita y vino. Quería un servicio, la Paola se lo dio, le pagó, después quería otro tipo de servicio y la Pao le dijo que eso le costaba más dinero. Ahí salió la reacción animal de este hombre”, expresa Tami Tossi, amiga de Paola.

“Alejate porque le voy a matar”

Cuando Cabral comenzó a agredirla, Paola pidió auxilio y la primera en escuchar los gritos fue Liz Paola, que estaba en la habitación de al lado. Liz bajó las escaleras para advertir lo que ocurría a las demás que, en ese momento, se encontraban en Casa Diversa. Todas intentaron entrar a la habitación, golpearon y gritaron a través de la puerta pero Cabral no abría.

La activista trans Yren Rotela estaba en una transmisión en vivo por Facebook cuando escuchó los gritos. “Yo ahí corro y me subo encima de un lavatorio que da a la ventana y la veo en el piso. Él me mira y me dice: ‘alejate porque le voy a matar’”, cuenta Rotela.

Alcanzó a ver que él estaba encima de la cama y Paola en una esquina en el piso. Tenía algo en la mano que en ese momento no logró identificar pero pensó que se trataba de un cuchillo. De acuerdo al relato de las residentes, Cabral entraba y salía de la pieza, como nervioso, y cuando comenzó a amenazar a las demás, Yren lo filmó con el celular de una de las chicas. En el video se puede ver al hombre diciendo que quería “llegar a un acuerdo”.

“Me hizo revivir todos los momentos difíciles que pasé”

“Yo me desesperé y mandé a cerrar el portón del corredor porque tenía miedo de que él salga. Te juro que cuando lo miraba también miraba a Blas Enrique Amarilla el día en que intentó matarme; me hizo revivir todos esos momentos difíciles que pasé”, expresa la cofundadora de Panambi y directora de Casa Diversa.

Según cuenta, su compañera envió el video a varios grupos de WhatsApp que se viralizó al poco tiempo. Yren le hablaba al agresor para tranquilizarlo y le suplicaba que dejara salir a Paola de la habitación: “Si no la dejás salir, esa chica se va a morir”. Recién entonces Cabral la sacó del departamento arrastrándola del pelo, la arrojó al pasillo y se volvió a encerrar.

Entre todas, se acercaron a Paola para levantarla pero se desvaneció en la escalera. Le hablaban y no respondía, llamaron siete veces al 911. Tuvieron que salir a la calle a pedir ayuda hasta que vieron pasar a un policía en moto. El oficial ingresó, y pidió que nadie tocara a la víctima porque tenía la cabeza ensangrentada y fue a buscar a los Bomberos Voluntarios.

Al llegar, asistieron a Paola y la llevaron al Hospital General de San Lorenzo. Los agentes de la Comisaría 1ª Central hicieron varios intentos de golpear la puerta del departamento donde Cabral estaba encerrado. Tanto Yren como Tami confirman que, cuando finalmente salió, tenía puesta una ropa diferente, limpia, también se había bañado y cambiado el tapabocas. La policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría. Más tarde, las compañeras de Paola se percataron de que su billetera no estaba y encontraron el celular de la víctima en una propiedad privada.

Mientras Tami y Paola fueron al hospital, Yren hizo la denuncia esa misma noche en la comisaría. El parte médico indica que Paola tuvo un traumatismo de cráneo, producto de las lesiones que le produjo el golpe de la silla y cortes con el vaso. “Fue algo muy fuerte. Yo creo que este chico vino preparado, trajo una mochila, lastimó a nuestra amiga y cuando vino la policía ya estaba todo cambiado de ropa. Si no estábamos nosotras otra iba a ser la historia”, dice Tami. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, Yren y Paola fueron a declarar.

Una ola de violencia mediática  

Miguel Cabral confesó en declaraciones a la prensa local que había golpeado a Paola con una silla. Según su versión, él se encontraba en el domicilio de Paola esperando ómnibus de pasajeros y que fue “invitado por una mujer para ingresar a un departamento. Pero que una vez en el recinto “se dio cuenta” de que se trataba de una persona trans. La nota trata a Paola con el nombre que le asignaron al nacer.

En Paraguay siguen resonando los 61 casos de asesinato de personas trans que no recibieron  investigación ni condena desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. El año pasado, en un juicio histórico, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque declaró culpable a Blas Enrique Amarilla del asesinato de Romina Vargas, y le aplicó la sanción máxima de 25 años de cárcel. Fue la primera condena en el país por el asesinato de una persona trans. Sin embargo, la ley contra toda forma de discriminación y la ley de identidad de género siguen siendo deudas pendientes con la democracia.

El programa de televisión paraguayo El Repasador ridiculizó el intento de transfemicidio de Paola en la edición del 16 de junio. A través de comentarios violentos de les panelistas hacia la identidad de género de las personas trans, la música y los efectos con los que enmarcaron el video que grabó Yren cuando la encontraron Paola luego de ser torturada, el programa dedicó todo un segmento a la revictimización y burla del caso.

“Desde las diversidades trans lamentamos que los medios masivos de comunicación sigan con sus etiquetas negativas y epítetos peyorativos y ofensivos donde exponen a las risas, las burlas, chistes e insultos”, escribió Yren desde su muro de Facebook y expresó su preocupación hacia las expresiones de supuestos profesionales en áreas como ciencias sociales y jurídicas, que validan la discriminación y transgreden las normas éticas del periodismo.

Televisión antiderechos y con invitadas neonazis 

Esta no es la primera vez que El Repasador se ensaña en contra del colectivo LGBT: el programa es conocido por su postura antiderechos y con antecedentes de discriminación hacia colectivos feministas, disidencias y LGBTIQ+. Incluso, el año pasado invitó como panelista a Sara Winter, política neonazi que fue detenida el lunes en Brasil por manifestaciones antidemocráticas contra el Congreso y la corte suprema.

En la Ley N° 5777 de protección integral de la mujer incluye la violencia mediática y la define como la “acción ejercida por los medios de comunicación social, a través de publicaciones u otras formas de difusión (…) que promuevan la cosificación, sumisión o explotación de mujeres o que presenten a la violencia contra la mujer como una conducta aceptable”.

Organizaciones como Aireana, Diversxs Asunción y Panambi se expresaron en repudio al programa. La asociación de travestis, transexuales y transgéneros Panambi puso a disposición de los medios una guía para comunicar en diversidad para el tratamiento informativo de noticias sobre personas trans con enfoque de derechos.

 El Comité de Derechos Humanos (CDH) recomendó al Estado Paraguayo proteger a las personas trans contra toda forma de discriminación e investigar sistemáticamente los casos de violencia contra ellas.

“Las personas trans no tenemos ninguna seguridad, no tenemos ningún espacio, no tenemos nada. Yo me asusté mucho cuando él nos dice ‘váyanse de acá o sino le mato a tu amiga’ mientras escuchábamos como la otra gemía de dolor pidiendo auxilio. No le deseo a nadie ver a una amiga de la manera en que yo vi a Paola. Ojalá la Justicia haga su trabajo”, recuerda Tami.

Pero la Constitución Nacional es clara. En su artículo 46 estipula que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos: “No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”. Así como el artículo 25, del derecho a la libre expresión de su personalidad, que expresa que las personas son libres de formar su propia identidad.

*Casa Diversa recibe aportes al número: (+595)982601004. También el grupo activista por la resistencia de las trans-travesti y no binarie, Transitar Paraguay, está recaudando fondos para solventar los gastos hospitalarios, tratamiento y medicamentos de primera necesidad de Paola. Reciben donaciones que incluyen artículos de higiene personal y analgésicos. El número disponible para giros Personal es: (+595)986220246.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

A 14 kilómetros de Asunción, en San Antonio, es de noche y están quemando basura. El humo se cuela en la casa de James a través de las ventanas que no están selladas, las puertas que no tocan el suelo y las grietas en la pared. Vive con su hermana queer y un papá, que le sigue tratando de “hija”.

Cada tanto pasa esto, que alguien prende un pucho, se quema algo o hacen un asado en el vecindario y a James se le comienza a desencadenar un ataque de asma. Ese día, cuando su papá lo ve llorando y respirando con dificultad,  le grita que está loca, que tiene un brote psicótico y llama a la policía.

“Me amenazó con pegarme con un ventilador, me dijo que me iba a romper la cara. Tuve miedo, entonces, comencé a gritar. Guardé algunas cosas en la mochila y me fui corriendo. Por un momento pensé que iba a alcanzarme porque se me enganchó el bolso en el portón. Lo arranqué de un tirón y corrí como 25 cuadras hasta el centro de Ñemby. Le pedí a unos amigues que me fueran a buscar”, cuenta James. Esto ocurrió unas semanas antes de que el Gobierno decrete el aislamiento preventivo en el país.

Cuando la cuarentena se volvió obligatoria, le escribió a su hermana porque estaba preocupado, no quería estar dando vueltas en la calle. Fue así que decidió volver a su casa. “Muchas de las discusiones empiezan porque le pido que no me diga ‘mi hija’. Él ya sabe que no me identifico como mujer, y tampoco soy de su propiedad”, expresa James.

Por eso, “para no lidiar con él” alteró su ciclo de sueño, duerme de día y vive de noche. Tiene 26 años y hace cuatro, cuando le dijo a su papá que era lesbiana, no parecía haber problemas. Pero cuando le dijo que era pansexual y que se identificaba con un género no-binario, no lo aceptó. 

“Es muy difícil vivir en un ambiente donde no se te respeta. Todo lo que tiene que ver conmigo se lo pregunta a mi hermana delante de mí, hace como que no estoy acá o me trata horrible. Él ve que estoy haciendo una transición que tiene que ver con mi imagen y eso parece ser muy drástico para él. Con mi hermana finge demencia y le da el privilegio de ser el hijo varón”, dice.

Una habitación propia

El coronavirus puso en evidencia los contextos de desigualdad y exclusión estructural que viven las personas LGBTI+ en Paraguay, así como las diferentes escenarios de violencias a la que están expuestas. Para les que ya vivían en hogares en los que eran discriminades por sus orientaciones sexuales o identidades de género, durante este periodo de confinamiento, la convivencia se vio agravada. El nombre de les entrevistades fueron modificados para proteger sus identidades.

Karina tiene 26 años y vive con sus madre y padre. Ellxs saben que es lesbiana desde el 2012 pero en la casa nunca se habla de esto. Cuando empezó el periodo de cuarentena, hace más de un mes, terminó con su pareja y prefirió no contárselo a nadie. “Yo hago un esfuerzo para no mostrarme mal en los espacios comunes. Soy consciente del privilegio de tener una habitación propia porque me da esa facilidad. Para la gente que quizás no tenga esa privacidad debe ser un proceso mucho más difícil. Pero el confinamiento me afecta al estar reducida a habitar un pequeño espacio”, confiesa.

Salir del closet en cuarentena 

Algo similar le ocurre a Carlos, que salió del clóset durante la cuarentena porque su mamá se dio cuenta de que estaba mal. “En general, prefiero guardarme el sufrimiento antes que preocuparlos porque van a reaccionar mal. Se lo tuve que contar a mi mamá hace poco. Era un día que yo estaba muy vulnerable, de esos que sentís que te tocan y te vas a desmoronar como una casita de cartas. Vino, me habló, me preguntó qué me pasaba. Y ahí no aguanté más, lloré muchísimo y le dije que soy gay”, expresa.

“Hay como una cultura de no hablar del tema. Y, en mi casa, no van a saber cómo lidiar con eso o lo van a responder con más silencio porque es una situación que fuerza a todos los miembros de la familia a quedarse en un mismo rincón. La actitud de elles no habilita que tengamos ese espacio para hablar”, sostiene Karina.

Carlos opina que su mamá “se lo tomó bien”, pero desde entonces no se volvió a mencionar el tema. Se encierra en su habitación y trata de distraerse con lo que puede: “No tenés escapatoria de lo que sentís ni de lo que pensás y eso forma como un estado de claustrofobia emocional. Tengo opciones para decir lo que siento, como hablar con los amigues o escribir, ver una peli, pero igual no tengo esa posibilidad de salir y tomar un café con alguien”.

Se gatilla el estrés 

Muchas personas LGBT que viven con sus familias están atravesando momentos difíciles, ya sea por rupturas o por un distanciamiento obligatorio de sus vínculos. En un artículo del portal queer Them, la psicoterapeuta estadounidense Laura A. Jacobs explica que estas preocupaciones actúan de manera sinérgica, activando nuestros estresores de fondo. Los sentimientos de depresión y desesperanza serán mucho más pronunciados en este periodo.

Montse Vera, psicóloga de la red feminista de salud mental, opina que la población LGBTI está desprotegida y tiene muchos más factores de riesgo psicológico. Según explica, hay más predisposición a estados depresivos por el rechazo que reciben tanto de adentro como afuera del hogar. La falta de actividades y de interacción social habilita un tiempo de soledad inédito que lleva a las personas a repensarse en esta sociedad que todo el tiempo moraliza y sanciona.

“Nos quedamos encerrades con nuestres fantasmas y cuando tenés personas que vienen con síntomas de depresión que sienten que su existencia no encaja, más la tristeza de sentirse presionades en la convivencia, exacerban los síntomas. Lo que yo estoy viendo en las terapias a distancia es que hay muchísimas pesadillas o impulso a la autolesión y algunas ideaciones suicidas, que tiene que ver con ese proceso. Hay una sensación de insatisfacción personal y de culpa”, reflexiona Montse.

Alicia es hija única, tiene 26 años y también quedó encerrada con sus padres. Susurra la palabra bisexual para que no la escuchen hablando de eso por teléfono. Según relata, se siente libre de expresar su sexualidad siempre y cuando sea fuera del ámbito de la familia. “Yo siento que tengo una muy buena relación con mis padres pero hay una parte de mí que ellxs no conocen. La persona que soy hoy es gracias a estos años de terapia que vengo haciendo”, manifiesta. En lo que va de la cuarentena, ya tuvo dos ataques de pánico.

La virtualidad como refugio

El encierro se duplica para quienes no salieron del clóset y están obligades a compartir más tiempo y espacio con las familias y se recluyen a sus habitaciones o en la virtualidad donde pueden ser elles mismes. Cada vez que discute con su papá, James se encierra en su habitación. “Me refugio en la virtualidad porque ahí es donde puedo exigir validación y obtenerla, o ser parte de una imaginería en la que la gente identificada de esta manera puede también compartir espacio”, dice.

Sobre ese punto, a Karina le ayuda concentrarse en el trabajo y conectarse con sus amigas. Cree que es una buena manera de descentrarse y entender que si bien todes tenemos derecho a sufrir, hay quienes están con problemas habitacionales más graves o esperando esos 500.000 guaraníes de subsidio para sobrevivir (se refiere a Pytyvo, el programa del Estado que gira 76 dólares a un miembro de la familia, una vez al mes). “Me ayuda tocar un instrumento, hablar o conectar con amigos, tratar de pensar cómo están las otras personas a mi alrededor”.

Existe un imaginario en el que pasar más tiempo con la familia durante el encierro podría facilitar la comunicación. Alicia cree que la cercanía y la proximidad de este tiempo se traduciría en comprensión. Sin embargo, para Montse, este no es el momento de solucionar conflictos históricos con la familia porque en caso de que se produzca una situación de quiebre, no hay a dónde acudir. 

“Acá no hay una Secretaría de diversidad, menos un Ministerio, ni hay una estructura estatal que lxs proteja. Lo que hay son organizaciones que tienen también sus limitaciones en la atención en este momento. Entonces, ¿adónde vas? Encima con el contexto del covid, si te vas de la casa, no es fácil que cualquier amigx te reciba. Por ahora, es importante evitar la confrontación en lo posible y estar en contacto permanente con los afectos ya sean amigues o vínculos”, recomienda la profesional.

Las personas trans en emergencia 

El Decreto del Gobierno que insta a la ciudadanía a “quedarse en sus casas” restringe los horarios de trabajo hasta las 20:00hs. Para les trabajadores sexuales que ofrecen sus servicios en la vía pública o en casas de citas esto significa un descenso en la demanda. Tienen que dedicarle más horas al trabajo para ganar lo mismo. Muchas viven al día, si no juntan el dinero, no pagan la habitación en la que viven, no comen, no llegan a pagar el alquiler.

“Las personas travestis y trans somos vulnerables a adquirir y transmitir el virus a nuestro entorno cercano a través de la convivencia. La disposición del gobierno de quedarnos en nuestras casas y la restricción la circulación en horas de la noche afecta a las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en la vía pública o en casas de citas”, expone la activista trans por los derechos humanos Yren Rotela.

Desde el centro comunitario de formación y albergue transitorio Casa Diversa en varias ocasiones pidieron el apoyo del Estado. Solicitaron alimentos de primera necesidad y elementos de cuidado que las permita protegerse pero hasta la fecha no contaron con ninguna respuesta. Ellas mismas se autogestionaron kits para personas trans y todas las semanas preparan ollas populares a partir de donaciones y colectas de alimentos no perecederos*.

Muchas personas trans que ejercen el trabajo sexual que fueron expulsades de hoteles precarios o que viven hacinades en asentamientos sin ninguna asistencia del Estado ahora están en situación de calle, sin paradero. Además, en las últimas semanas denunciaron casos de violencia institucional por parte del brazo armado de la policía, conocido como Grupo Lince.

Según Darío Arias, militante LGBTI de Argentina y cosecretarie regional de ILGALAC (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe), a nivel regional, la violencia a las que habitualmente están sometidas estas comunidades creció exponencialmente. Esto se debe a que la enorme mayoría de los gobiernos de la región no tomaron medidas preventivas con un enfoque específico en materia de géneros y diversidad sexual.

“Las personas LGBTI+ están en una situación de emergencia en materia de derechos, especialmente lxs travestis y trans. Es fundamental que los estados de la región implementen medidas con una perspectiva antidiscriminatoria y con un enfoque de géneros y diversidad como así también territorial e interseccional. Esto, por supuesto, tiene que hacerse en relación a todas las dimensiones que nos atraviesan como sujetos en esta sociedad”, refuerza.

*Para donaciones a Casa Diversa: Cta. Cte. Banco Familiar: 22 2660341 y Giros Tigo: (+595)984609823.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Casa Diversa, COVID-19, Homofobia/Transfobia, ILGALAC, Paraguay, Personas trans, San Antonio

Por Juliana Quintana

Fotos: Jess Insfrán

Más de cien personas de la diversidad sexual en el centro de Asunción participaron de una besatón contra la discriminación por orientación sexual y de género el sábado delante del boliche Toc, Toc (Avda. Colón 320 casi Palma). La concentración se realizó en el centro cultural La Chispa a las 20 para montar carteles con consignas que decían: “Besar es mi derecho”, “Querenos libres”, “Toc, tóxico” y “Derecho de admisión es discriminación”.

La actividad fue convocada en las redes por cinco chicas a las que echaron del club por besarse una semana atrás. “Estamos acá para amarnos y exigir que nos dejen expresar nuestro cariño en público”, expuso Cecilia Zaldívar, una de las mujeres que fueron expulsadas del boliche. Cerca de las 22, partieron hacia el club nocturno con música, banderas coloridas y cánticos.

Lesbianas, homosexuales, no binaries y personas trans se besaron frente al bar por cinco minutos de corrido, invocando al mismo acto que generó la expulsión de las chicas en un primer lugar. David Amado fue con su novio a la besatón porque considera que lo que sucedió fue una respuesta fascista a la expresión de dos personas adultas que deciden hacer con sus vidas lo que desean. Cree que el derecho de admisión es una excusa para seguir permitiendo conductas violentas hacia lo que escape de la heteronorma.

El activista bisexual Miliki Chaves dijo a Presentes que los bares deberían cuestionar su derecho de admisión porque habilita un montón de violencia no solo a las personas TLGBI sino hacia las personas campesinas e indígenas. “Tenemos que dejar de normalizar la violencia hacia las personas LGBT que expresan sus deseos y afectos de maneras diferentes. Es inadmisible que guardias de seguridad falten al respeto y agredan físicamente. Me parece que hay que comenzar a aplicar protocolos de prevención de este tipo de discriminación”, expresó.

Una señora que se negó a ser identificada apareció frente al bar y comenzó a gritar que se dispersaran y que la homosexualidad es una inmoralidad. Niqo Martínez llevaba la vocería de la movilización y exclamó: “No importa cuánto nos agredan, vamos a estar presentes siempre”. La señora le comenzó a estirar del pelo y le rompió la camisa. Estuvo desde el principio del escrache pero, ante el repudio de la gente, acabó yéndose.

“Dos personas del mismo sexo no se pueden besar”

El sábado 15 de febrero, un grupo de cinco amigas fueron a bailar al club Toc Toc. En un momento, Deb Axé besó a una de ellas y, tres guardias de seguridad se acercaron, la levantaron entre dos y empujaron a todas por un pasillo que daba a la salida de emergencia hasta el exterior del local.

“Fue todo muy rápido. Mientras les preguntábamos qué pasaba y tratábamos de que suelten a Debby, abrieron una puerta de emergencia que estaba casi al lado nuestro y nos metieron en ese pasillito. Yo no sé cómo reaccioné y comencé a filmar. Nos empujaron y Sigrid se cayó al piso. Ahí nos asustamos más y yo empecé a gritar que no me toquen”, narró Cecilia.

“Me acuerdo que me puse en el medio del guardia y de una de las chicas y, en ese forcejeo, me lastimaron todo el brazo. Me agarraron fuerte y me empujaron contra la pared”, contó Carolina Rodríguez. Una vez afuera, el gerente les dijo que ese era un lugar privado y que dos personas del mismo sexo no se pueden besar.

Luego de exigir que les devuelvan las entradas, llamaron a la policía pero cuando llegaron, les dijeron que no podían ingresar a un espacio privado. “No es la primera vez que soy víctima de discriminación en Paraguay. Al menos, me hubiera gustado que se acerquen a decirme que no aceptan a gente LGBT en su local pero la manera que nos sacaron me parece indignante y devastador”, siguió Deb.

Al día siguiente, Caro y Sigrid fueron a hacer el parte médico al hospital de Barrio Obrero para que queden pruebas de la agresión física que recibieron. Se asesoraron con abogadas del grupo por los derechos de las lesbianas, Aireana, e iniciaron la convocatoria de la besatón en redes sociales. Según contaron, recibieron mensajes de muchas personas denunciando casos similares en otros locales del país: Shamrock, el Bolsi, Britania, shoppings, bares, restaurantes. Los nombres se repiten cíclicamente.

Exigen una ley contra toda forma de discriminación

Aunque en Paraguay, aún no existe una ley contra forma de discriminación, hay elementos legales que protegen los derechos de todas las personas. El artículo 46 de la Constitución Nacional estipula que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. “No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”. Así como el artículo 25 que refiere: “Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad”.

Sobre la ausencia de una ley antidiscriminatoria, Carol sostuvo: “Se supone que la ley es la voz del Estado. Si ni siquiera hay una voz a la que podamos apelar es como que no existimos ni importamos y, al final, les otorga derechos a personas como ese gerente de discriminar a quien quiera”. Sigrid considera que es fundamental demostrar cariño y amor hacia las amigas o los vínculos sexoafectivos en cualquier lugar.

“El modelo político capitalista y heteronormado, a través de distintos estamentos o instituciones como la iglesia, castiga o estigmatiza a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes. Siempre se atacan a las manifestaciones de afecto, por eso es tan importante simbólicamente que el beso se posicione como gesto político ante tanta violencia. El beso es un manifiesto político en sí mismo”, consigno Miliki.

El besatón delante del boliche se convirtió en un perreo diverso y reivindicativo. “Soy pecadora y yo lo confieso, vamos a comernos despacito a besos”, corearon les manifestantes al ritmo de Ms. Nina, de regreso a La Chispa, donde el beso es libre y sin restricciones.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Asunción, Besatón, Cecilia Zaldívar, Homofobia/Transfobia, Paraguay, Toc Toc

Esto es un horror continuo…

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Homofobia/Transfobia, Hotel Gondolín, La Rosa Naranja, Luciana Robledo, Paraguay, Personas trans

Rodrigo Paredes (23) y Daniel Moreno (30) fueron el domingo al shopping Pinedo, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, a 12 km de Asunción. Cerca de las seis de la tarde, se sentaron en uno de los banquitos del pasillo y se abrazaron, cuando una guardia de seguridad de nombre Claudia Herreira les llamó la atención. “No pueden estar así”, les dijo. “¿Cómo es así?”, pregunta Rodrigo. “Así abrazados”, responde. “¿Es porque somos gays?”, inquirió el joven. Herreira afirmó y reforzó que no podían estar así, “a no ser que sean heteros”.

El caso se dio a conocer a raíz de las publicaciones que hizo Rodrigo desde sus redes sociales. “Me da mucha impotencia porque uno va queriendo pasar el rato como cualquier otra persona, compartir con su pareja, con amigos y recibir ese trato de manera discriminatoria. Vimos a otras parejas heterosexuales que estaban tranquilamente abrazados pero nosotros no podíamos por ser dos varones”, subrayó.

La pareja dejó una queja a la gerencia del centro comercial contando lo sucedido y, al cabo de seis días, recibieron una respuesta en la que se disculpaban “si hubo una equivocación”. Cuando Cecilia Figueredo, gerente de marketing del shopping Pinedo fue consultada por Presentes, expresó que el espacio es “inclusivo”, pero que, por política del centro comercial, las parejas deben mantener “el buen comportamiento” en público, indistintamente de su orientación sexual.

Sin embargo, el ejemplo que aportó para esta definición es que las personas no deben estar acostadas en los bancos, lo que no coincide con la versión de los hechos de Rodrigo y Daniel.

“Pinedo es un shopping de familia”

“Acá siempre vienen personas trans, lesbianas, no tenemos problemas con eso. Lo que nosotros cuidamos es el buen comportamiento porque el Pinedo es un shopping de familia y hay gente que nos reclama. Abrazarse y tomarse de la mano, para nosotros, no es ningún problema.  El jefe de monitoreo le comunicó al guardia lo que vio y ella les pidió que se moderen”, dijo Figueredo, y se justificó varias veces con que no les pidieron que se retiraran.

“Es un hecho de discriminación porque somos una pareja homosexual y llama la atención que seamos dos chicos abrazados. Se supone que si vos le querés a una persona querés demostrar cariño”, manifestó Daniel.

“El derecho de admisión en ningún caso es reconocido como un derecho absoluto ni tampoco sujeto a criterios del titular del establecimiento, sino que se encuentra sometida al previo control administrativo con el fin de garantizar su cumplimiento y finalidad adscrita por la ley”, expresó en uno de sus tuits. Además, el mismo día que elevaron el reclamo a la gerencia del shopping, escribieron a las redes del shopping Paseo la Galería para consultarles si tenían políticas similares a las del Pinedo, y se acercaron para verificar que sostuvieran su discurso.

Recrudecieron las denuncias en el 2019

Simón Cazal, cofundador de la organización SomosGay, recordó que este año incrementó la cantidad de personas que se acercaron a la organización a denunciar discriminación y violencias y que a la fecha ascienden a 13, tanto de espacios privados como públicos. A este número se suma este caso del shopping Pinedo y el de Bruno Olmedo.

“Este año recibimos un pico de agresión en relación a las violencias registradas en los últimos 10 años. Hay una militancia constante y activa no solo por parte de los sectores fundamentalistas sino también del Estado y creemos que esa es la causa de este escenario”, sostiene Cazal y considera que el derecho de admisión es la excusa que usan los locales para discriminar abiertamente.

De acuerdo al informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) que se publicará el 10 de diciembre, hasta el mes pasado se registraron tres denuncias de discriminación a lesbianas en lugares públicos (restaurante, club deportivo y negación de alquiler de casa).

“La mayoría de casos que recibimos sobre violencia y discriminación hacia lesbianas suceden en el ámbito familiar”, explicó Rosa Posa, activista de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas.

Sin ley antidiscriminatoria

El documento fue elaborado por Rosa Posa, de Aireana; Erwing Augsten, de la Red contra toda forma de discriminación (RCTD) y Mariana Sepúlveda, de Panambí (Asociación de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay).

En junio, a Lola Asunción, una mujer trans, le prohibieron el ingreso al Shopping del Sol. En septiembre, echaron a Adison Montiel y Mattias Ayala del shopping Mariscal López por besarse, el mismo mes en que el centro comercial inició una campaña por la inclusión LGBT.

En noviembre, Daniel Guerrero sufrió un ataque de homo-odio en un shopping de la ciudad de Mariano Roque Alonso mientras se estaba cambiando en el baño. Una limpiadora le derramó lavandina en la cara. “Sos un asqueroso de mierda, dejá de espiar a las personas”, le gritó. Llamó a la policía, narró los hechos pero no le creyeron.

El martes, en el Villa Morra Park (una plaza de comidas ubicado sobre la Avenida Mariscal López, en Asunción) a Adriana Lezcano y su pareja le pidieron que no se besen públicamente delante de familias con niñes.

En Paraguay, aún no existe una ley contra forma de discriminación y el gobierno de Mario Abdo Benítez reafirmó su posición en contra de los derechos LGTBIQ+. Ya en campaña declaró que “se le acabaría la tinta” vetando proyectos de leyes que atentaran “contra la familia”. 

No obstante, el artículo 25 de la Constitución Nacional refiere a la expresión de la personalidad y refiere que: “Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

“Oñondive jejahei’yre, la injusticia nos mata”, fue el lema que eligió la articulación del Paro de Mujeres Paraguay para marchar por el día internacional de la eliminación de violencia contra las mujeres. Con una sensación térmica de 40 grados, más de cinco mil mujeres rurales, indígenas, travestis, trans, gays, lesbianas y no binaries marcharon desde la Plaza Italia (Asunción), hasta la Plaza de la Democracia.

La marcha partió poco después de las 19 horas y comenzó por Ygatimi hasta la calle Chile donde se encontraban las intervenciones artísticas. Delante de la sede del Ministerio Público se colgaron los nombres y los rostros de los feminicidas de las 46 mujeres asesinadas en el 2019, y la protesta acompañó con el cántico: “poder judicial, corrupto y criminal”.

Alejandra Villalba es trabajadora sexual y promotora de Panambi. Hace dos años, hubo un robo en su parada en la ciudad de San Lorenzo y, sin ninguna prueba, la esposaron, la metieron en la patrullera y la llevaron a la comisaría. Estuvo detenida 3 días. Pero no la iban a dejar ir, tuvo que pagar a un abogado para que la liberen. “Yo creo que no hay ninguna justicia para las personas trans. Por cualquier cosa nos tratan de delincuentes y nos criminalizan”, contó Alejandra a Presentes.

La activista recordó que este año la discriminaron en varias oportunidades. Hace unos meses se encontraba cerca de la municipalidad de Capiatá en su zona de trabajo y entre cuatro policías la presionaron para que se retire porque no querían que se la viera allí. “Yo dependo de eso para sobrevivir. Creo que es un atropello de las fuerzas policiales”, continúa.

“Los jueces y fiscales siempre solicitan nuestra prisión” 

“Hay una inoperancia judicial, estatal y un prejuicio muy alto que simplemente nos encarcelan para darnos castigo por nuestra identidad. A esta altura deberíamos tener medidas alternativas a una prisión domiciliaria como a cualquier otra persona. Los jueces y los fiscales siempre solicitan nuestra prisión como un castigo por nuestra identidad. El castigo para nosotras siempre es la cárcel o la muerte”, explica Yren Rotela, presidenta de Panambí quien además, junto con la activista Mariana Sepúlveda, trabaja como facilitadora judicial.

Según el registro del observatorio de violencia, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), que se construye a partir del relevamiento de casos que difunde la prensa en 2019 hubo 45 femicidios. Pero la mañana de la marcha trascendió un nuevo caso en el barrio de Santa Lucía, de Asunción. Los transfemicidios, sin embargo, no se cuentan.

Por eso, en el 2013 Yren escribió por primera vez una lista con los nombres de las personas trans asesinadas que la comunidad trans e investigadoras pudieron confirmar. Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner hubo 62 casos de asesinato de personas trans y solo una condena por transfemicidio.

Xonorika, activista de Transitar manifestó que cuando las excluyen de lo social, las excluyen también de la cultura y de la política. “No te mata solo un balazo, te matan precarizando tu vida. El mundo activamente genera condiciones para exterminarnos. Yo insto a que la gente cis se pregunte por qué no hay gente trans en las universidades, por qué no están en sus espacios. Estaría lindo que la propia gente de la comunidad se dé cuenta de que se puede hacer más al respecto. No esperar a que los cambios vengan desde el Estado. Tiene que hacerse algo al respecto porque es urgente. El genocidio trans es real”, expuso.

Primera condena por un transfemicidio 

Este año, por primera vez en Paraguay, hubo una condena por el  asesinato de una persona trans. El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque (a 10 km de Asunción) declaró culpable a Blas Enrique Amarilla del asesinato de Romina Vargas, y le aplicó la sanción máxima de 25 años de cárcel.

“El caso de Romina fue histórico porque fue la primera vez que hubo una sentencia sobre un homicidio y un crimen de odio, pero no fue un regalo del Estado. Nosotras las mujeres trans y las mujeres en la diversidad, nos manifestamos y luchamos sin cansancio exigiendo justicia. Yo creo que no podemos parar porque queremos justicia por todos los asesinatos. Queremos que paren el feminicidio, el transfeminicidio y el travesticidio”, expresó Yren.

“El caso de Romina (Vargas) es la forma más explícita de violencia. Que te quiten la vida. Estuve acompañando ese proceso y lo que me llamó la atención fue cómo el juez, que era un hombre cis, en ningún momento podía mencionar la palabra «transfobia». Yo me pregunto qué otras formas de reconocer justicia hay aparte de la penalización. Creo que esa es otra discusión y me parece interesante que tiene que ver con un proceso muy largo de la comunidad trans de luchar por justicia”, reflexionó Xonorika.

Las manifestantes bailaban y cantaban “señor, señora, no sea indiferente, se matan a travestis en la cara de la gente”, al ritmo de la batucada de Aireana. Entre platillos, bombos y colores, sobresalió un nuevo elemento en la movilización: la bandera wiphala, como símbolo de solidaridad a la lucha y resistencia de los pueblos indígenas en Bolivia.

El recorrido terminó en la Plaza de la Democracia donde se llevó a cabo el festival del 25NPy. Por el escenario pasaron varies intérpretes, entre elles, destacó la escena final de Cabaret Trans, una obra de Panambi que busca sensibilizar por medio del arte a la sociedad y a los órganos del Estado sobre las situaciones cotidianas de violencia que sufren las personas Trans. La pieza artística fue dirigida por Omar Mareco, coreografiada por Antonio Otazo, y el guión fue escrito por las mismas actrices.

«Siempre ñande hina las pecadoras. Pecadores los sacerdotes pedófilos, pecadores los profesores universitarios acosadores, pecadores los que niegan nuestra identidad, los que critican nuestra apariencia. En lugar de preocuparse de cosas mucho más importantes. Los feminicidios, por ejemplo, que hoy suman 46 en lo que va del año. Lastiman a los niños, niñas y adolescentes, pero ha’ekuera hina (nosotres somos) pro vida y pro familia”, comienza el número musical Fabu Olmedo.

Cabaret Trans estuvo lleno de mensajes políticos. Al finalizar el musical, las artistas miraron hacia la pantalla donde se proyectaron los titulares de los portales de noticias con los transfeminicidios de los últimos años. Romina; Nikol; Naomi; Andrea; los nombres que se repiten y se multiplican todos los años.

Fuente Agencia Presentes

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Nuevo acto de violencia organizada contra el colectivo LGTBI paraguayo, solo un mes después del asedio y agresión a los participantes en una marcha en favor de sus derechos. En esta ocasión ha sido en Ciudad del Este, donde de nuevo un grupo de personas autocalificadas como «provida» y «profamilia» cercaron un festival promovido por el colectivo SomosGay. Entre ellos se encontraba un concejal de la localidad, que llegó a derribar parte del mobiliario instalado para el evento. El evento iba a ser una fiesta. Arrancó a las 10 de la mañana con danza, música, canto y servicios comunitarios de salubridad. También montaron una feria que promocionaba proyectos independientes. Pero del otro lado de las rejas, al mismo tiempo, el sector autodenominado “provida y profamilia” colocó sábanas por el cercado perimetral del parque. Su idea era impedir la visualización de los actos del festival desde las afueras “para proteger la integridad de los niños”.

El pasado sábado, SomosGay celebraba en Ciudad del Este (departamento del Alto Paraná) su Festival por la Igualdad y la Libertad 2019. Un evento que, en la línea tradicional del activismo LGTBI paraguayo, buscaba reivindicar derechos en un clima festivo y familiar y aliviar el mal sabor de boca que había dejado en el colectivo lo sucedido el pasado 29 de septiembre en Hernandarias (también en Alto Paraná), cuando los activistas que participaban en otro evento fueron violentamente atacados por  contramanifestantes convocados por los mencionados grupos «profamilia». Un acoso que llegó a ser justificado por el intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, cuya actitud llegó incluso a merecer el reproche de la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo.

Celso Mirada “Kelembu”, concejal de Ciudad del Este, acompañado por un grupo de antiderechos, irrumpió en el Festival por la Igualdad y la Libertad el sábado pasado y comenzó a destruir la decoración y a agredir a les manifestantes. La concentración se llevó a cabo en el Parque Chino, (Av. Bernardino Caballero, centro de CDE) y aglutinó a cerca de 100 personas.

El Festival de Ciudad del Este contaba con actuaciones musicales y servicio gratuito de tests rápidos del VIH, entre otras actividades. «En compañía de todas las familias, amigos y amigas, más unidos y unidas que nunca, viviremos una jornada llena de entusiasmo para fortalecernos en el camino hacia un Paraguay libre de odio y discriminación», anunciaba SomosGay. Lamentablemente, los defensores del discurso del odio volvieron a aparecer para tratar de impedirlo. Grupos autodenominados «profamilia» se personaron en el parque en el que se desarrollaba el evento y lo cercaron con sábanas, intentando invisibilizarlo (una estrategia que también utilizaron en Hernandarias). El concejal Celso «Kelembu» Miranda,  presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, irrumpió derribando parte del mobiliario instalado para el Festival. También se lanzaron piedras contra los asistentes. SomosGay ha lamentado el clima de «amedrentamiento, insultos y provocaciones», que los asistentes tuvieron que soportar, «además del bloqueo de la zona, impidiendo a las personas acceder al Parque Chino. En el lugar se encontraban familias, adolescentes, amigos y amigas, quienes estuvieron expuestos al peligro, el odio y la furia provenientes de estos grupos violentos».

El siguiente vídeo (inserto en un tuit de @a24compy, un medio paraguayo) muestra algunas imágenes de lo sucedido:

De esta manera el concejal Celso Miranda alias @Kelembucde y un grupo de militantes “pro-vida” intentaron impedir una marcha que organizó el grupo @SOMOSGAY en Ciudad del Este. ⬇
Mirá: https://t.co/3QI2Dhm0ln.#Ahora #A24Py pic.twitter.com/wrBVDSucsz

— A24compy (@a24compy) 28 de octubre de 2019

El festival organizado por SomosGay Ciudad del Este fue una respuesta política a la agresión que sufrieron les miembres de la organización Diversxs de Alto Paraná hace un mes. Y, a pesar de que la organización LGBT solicitó protección policial, el concejal de la Asociación Nacional Republicana (ANR), “Kelembu”, ingresó al parque; derrumbó las mesas, sillas y arrancó la decoración que habían instalado más temprano les organizadores.

“Llegaron a gritar con parlantes, con bocinas, como hicieron en Hernandarias. La diferencia es que, esta vez, vinimos preparados. Teníamos un equipo de sonido mucho más fuerte que tapaba el ruido, habíamos conseguido guardia de la policía. No podíamos dejar que el relato del sector conservador quede instalado”, dijo Simón Cazal, cofundador de SomosGay, en diálogo con Presentes.

Una hipótesis que maneja Sofía Masi,  jefa de prensa de la municipalidad de Ciudad del Este y activista de la agrupación feminista Kuña Poty, es que la  Policía no colaboró con les activistas porque tenía órdenes de no tocar al concejal una vez que ingresara al parque. “Duele porque daba mucha impotencia estar en el festival en una plaza pública, con personas ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y, del otro lado, una autoridad que venía a atacarnos. Tenía cables y bombas”, expresó.

Que tire la primera piedra

Alpra Zolange, no binarie de 22 años, estuvo a cargo de conducir el evento de SomosGay, y contó que los agresores lxs trataron de “putos” y “kururú (sapos) con teta”. “Nos insultaron, nos tiraron piedras, nos derramaban agua por el rostro. Cuando ingresaron, hasta padres de familia atacaron a nuestrxs compañerxs”, refirió.

Les miembres del colectivo LGBT intentaron cortar con tijeras las sábanas, desde el interior del parque, pero se produjo una serie de forcejeos y discusiones. Los antiderechos, que tiraban piedras a les activistas, hirieron en la cabeza a una adolescente de 17 años que se encontraba de su lado, sosteniendo la sábana y tuvo que ser asistida por los bomberos.

Además, una simpatizante “provida profamilia” que arrojaba las piedras intentó despojar su cámara a un periodista del diario Vanguardia por registrar los hechos de violencia.

“Cuando escucho que alguien canta ‘con mis hijos no te metas’, se me vienen a la memoria muchos recuerdos de mi infancia. Ellos se metieron en mi niñez cuando yo salí del clóset. Se metieron conmigo y me discriminaron desde chiquitito”, siguió Alpra.

“De la oscuridad a la luz”

Días antes del festival, empezó a gestarse una plataforma de escrache dirigida específicamente a violentar el evento. La Gobernación de Alto Paraná invitó a la activista provida Sara Winter a brindar una conferencia titulada De la Oscuridad a la Luz – Ideología de Género y Destrucción Familiar. Winter realizó, además, una serie de charlas donde incluso asistieron niños, niñas y adolescentes enviados desde sus propias instituciones educativas.

“Con una resolución quieren violar la constitución nacional y los derechos garantizados internacionalmente. Es una política de retroceso de derechos conquistados tras largas luchas. Desde las municipalidades, las gobernaciones, las cámaras de senadores, desde el propio Estado se emiten resoluciones en las que se declaran pro-vida y pro-familia”, cosignó Masi.

“Me indigna mucho que esta gente nos trate de esta manera. Hace cinco años que con SomosGay venimos luchando en Ciudad del Este y recibimos bloqueo tras bloqueo. Esto tiene que servir para unirnos más como colectivo LGBT, no vamos a parar. Tienen que entender que somos seres humanos y estamos llenos de amor”, manifestó Alpra. Y Masi agregó: “Nosotras creemos que estamos en una nueva dictadura: la dictadura de los antiderechos”.

SomosGay denuncia: la agenda ultraconservadora se ha instalado en Paraguay

SomosGay ha denunciado que acciones como la de Ciudad del Este no son hechos aislados o espontáneos. «Forman parte de una agenda orientada a frenar los derechos humanos de la comunidad LGBTI+, incluso poniendo en riesgo la integridad física de las personas», explican desde el colectivo, según el cual una plataforma de escrache dirigida directamente a violentar el Festival empezó a gestarse días anteriores durante una charla de la activista «provida» brasileña Sara Winter. Una charla que según el colectivo paraguayo tuvo lugar bajo la organización de la Gobernación de Alto Paraná. «Winter realizó, además, una serie de charlas en ese tenor, donde incluso asistieron niños, niñas y adolescentes enviados desde sus propias instituciones educativas, siendo expuestos al discurso de odio e información tendenciosa. Es preocupante que quienes deberían ser los primeros en velar por la seguridad de las personas y propiciar el bienestar de toda la ciudadanía, sean quienes generen violencia, vulneren derechos y expongan a los ciudadanos a situaciones de alto riesgo», lamenta SomosGay.

El colectivo SomosGay ha reiterado en un comunicado posterior que los actos de violencia perpetrados en las últimas semanas no son casos aislados, sino que «forman parte de una estructura institucionalizada orientada a frenar el acceso a derechos». «La comunidad LGBTI+ continúa sufriendo persecuciones que se recrudecieron considerablemente en los últimos meses, con actos de violencia alentados por las propias autoridades locales, ataques en eventos celebrados en espacios públicos y proliferación del discurso de odio. Todo esto ante la casi nula intervención del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, esta exacerbación del discurso antiderechos junto con los ataques permanentes a miembros de la comunidad no se tratan de actos fortuitos e inconexos. Existe suficiente evidencia para afirmar que la agenda ultraconservadora prospera a grandes pasos a nivel regional, reclutando a fieles católicos, evangélicos e incluso a legisladores y parlamentarios, a fin de frenar el avance de los derechos humanos», denuncia.

SomosGay pone de nuevo como ejemplo lo sucedido con la activista «provida» Sara Winter, «quien a través de la Gobernación de Alto Paraná realizó la charla ‘De la Oscuridad a la Luz – Ideología de Género y Destrucción Familiar’, de la que participaron la concejala Sandra Miranda y el concejal conocido como ‘Kelembu’, quien luego lideró una turba y violentó el Festival por la Igualdad y la Libertad 2019». «Durante su estadía en nuestro país, Winter participó de programas televisivos, impartió conferencias ante niños, niñas y adolescentes de varias instituciones educativas, se presentó en la Costanera de Hernandarias, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Asunción y en el Centro Familiar de Adoración. De esta forma, su presencia alimentó el resentimiento que luego detonó el sábado en el Parque Chino de Ciudad del Este», continúa la nota. Sara Winter, cuyo nombre real es Sara Fernanda Giromini, es una antigua activista feminista ahora reconvertida a activista «provida», que apoya a Jair Bolsonaro y se ha convertido en una de sus principales embajadoras en la exportación del discurso de odio contra las personas LGTBI.

Apoyo al colectivo LGTBI paraguayo

Desde dosmanzanas aprovechamos para trasladar todo nuestro apoyo al colectivo LGTBI de Paraguay, un país que viene experimentado en los últimos años una preocupante deriva ultraconservadora de la mano de grupos ideológicamente vinculados tanto a la Iglesia católica como a iglesias evangélicas y que ha cobrado ya significativa fuerza política. Baste recordar lo sucedido hace ahora dos años, cuando el Ministerio de Educación emitió un decreto que prohibía la difusión de materiales escolares sobre «ideología de género [sic]». Una decisión que dejaba a las escuelas de Paraguay sin materiales educativos para formar, entre otros temas, sobre la diversidad sexual y de género.

Pese a todo, el activismo paraguayo no se rinde y continua su labor de visibilización de la realidad LGTBI y su lucha en favor de los derechos. Una labor que pasa por extender los eventos fuera de la capital, Asunción, donde ya han alcanzado una presencia consolidada. El pasado 29 de junio, por ejemplo, unas dos mil personas marchaban por el centro de la capital paraguaya mientras el presidente del país, Mario Abdo, presumía en Twitter de defender «a la familia como fundamento de la sociedad y a la protección de la vida desde la concepción». Y este 29 de septiembre, el mismo día que era atacado en Hernandarias, el activismo volvía a salir a las calles de Asunción para conmemorar los 60 años de la publicación de «carta a un amoral» en el diario El País de Paraguay, un texto que, 10 años antes de los disturbios de Stonewall, se considera punto de arranque de la lucha en favor de los derechos de las personas LGTBI en el país.

Fuente Agencia Presentes (Por Juliana Quintana. Fotos: Luis Centurión Gómez)/Dosmanzanas

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Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Por Juliana Quintana

Soledad Fernández, de 42 años, fue asesinada el lunes 7 de octubre por la noche detrás de la Villa del Sol, un condominio cerrado de camino a la localidad de Zanja Pyta, vecina de Pedro Juan Caballero (Amambay). Soledad, trans que hacia el final de su vida pidió que se la volviera a llamar Marcelino Soler, se encontraba acompañada por Leonardo Miranda De Oliveira cuando un hombre cis encapuchado los comenzó a seguir. De acuerdo a las declaraciones posteriores de Miranda, el hombre les dijo que se trataba de un asalto pero inmediatamente disparó a Soledad.

Los 9 disparos de revólver Calibre 22 quedaron dentro del cuerpo. Según se informó a Presentes, la fiscalía trasladó el cuerpo hasta la morgue del hospital regional de Pedro Juan Caballero. El médico forense constató que las heridas estuvieron ubicadas en la zona del tórax, cuello, boca, costilla  izquierda y espalda.

La fiscal a cargo del caso, Sandra Díaz, en diálogo con Presentes, explicó que el homicidio  fue efectuado por un hombre, todavía sin ser identificado, de aproximadamente 20 años. “Yo asumo que, primero, le disparó parado y después mientras caía, recibió más disparos porque tiene heridas en la boca y en el cuello. Se comprobó el tipo de arma porque se extrajeron las balas que quedaron en el cuerpo. Hallaron una en la cabeza y tres en el cuerpo”, refirió.

Alrededor de las diez de la noche, lxs vecinxs escucharon varios disparos y vieron a un hombre huyendo a pie del lugar en donde se encontraba el cuerpo. Acudieron al lugar agentes policiales de la subcomisaría segunda del barrio Villa Industrial, quienes comunicaron el hecho a los responsables del Ministerio Público y al forense. El viernes, Leonardo Miranda prestó declaración policial para dar más información acerca del atacante.

“Leonardo contó que corrió del susto cuando el hombre disparó. Un vecino de la zona, que era un ex policía, escuchó lo ocurrido y llamó a los agentes. Según el testigo, ese día más temprano se reunieron con Marcelino cerca de las 19 horas y salieron a caminar por el barrio Villa Industrial. Fue allí que apareció el hombre y asesinó a Soledad. Yo me imagino que buscaba asesinar a Marcelino. Los familiares nos van a dar más información para el transcurso de la semana”, relató Laura Panderi, asistente fiscal.

«Homicidio doloso»

La fiscal caratuló a la causa como un homicidio doloso y mencionó que todavía no se puede hablar de un crimen de odio y que, si bien aún se desconoce el móvil del homicidio. La activista de Panambí Yren Rotela aseguró que era muy querida por los ciudadanos de Pedro Juan.

“Yo conocí a Soledad en el 2009 porque era una referente de Panambi en Pedro Juan Caballero en ese tiempo. Ese año fue hacer un trabajo con la población ahí. También fue promotora de salud, sé que pasó por muchas cosas”, expresó Yren y contó que desde que se involucró en el evangelismo comenzó a cambiar su mirada hacia el colectivo. En la Iglesia le decían que porque era travesti “vivía como vivía”.

“Yo entiendo que cuando uno se aferra a la vida buscando alguna forma de sobrevivir. Muchas veces, cuando vivís en un contexto, siendo mujeres trans, no tenemos alternativa laboral, no tenemos estudios y tenemos que soportar mucha violencia, discriminación. Se te cierran muchísimo las puertas. Ella entró en depresión y buscó refugio en la espiritualidad. Lo cual me parece muy bien, pero eso la hizo volver a su identidad masculina socialmente afectada”, recuerda Yren.

Hace una semana de que Yren Rotela y Mariana Sepúlveda celebraban el fallo del Tribunal de Justicia de Luque por el transfemicidio de su compañera, Romina Vargas. La condena a Blas Amarilla, por el caso de Romina marcó un hito en la Justicia paraguaya al tratarse de la primera condena por el asesinato de una persona trans en Paraguay.

“Con el caso de Romina trabajamos un año para que el fiscal entienda todo el contexto en el que vivimos. Muchas de mis compañeras pueden ser personas que están delinquiendo pero, ¿por qué? porque caemos en una situación de criminalización. Obviamente no lo justifico, pero un robo no puede ser razón de asesinato”, consideró la activista.

“Conocí a Soledad cuando trabajábamos en las calles. Ella era compañera mía. Luego yo me separé de mi zona de trabajo porque comencé a estudiar Derecho. Me da mucha impotencia lo que le sucedió porque, lastimosamente, en Paraguay no hay ninguna ley que nos ampare”, lamentó su compañera Nicol González Gauto.

La ley contra toda forma de discriminación sigue siendo una deuda pendiente en el país. De ser verificado el crimen de odio, se trataría del transfemicidio número 62 en transición democrática.

Fuente Agencia Presentes

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Por Juliana Quintana

Con piedras, gritos, insultos, cruces y rosarios, grupos antiderechos de Hernandarias violentaron ayer a activistas del colectivo LGBT convocades por la Segunda Marcha Diversxs Alto Paraná. Integrantes de Amnistía Internacional y Diversxs Asunción viajaron para apoyar la movilización que arrancó a las 15 horas. La concentración partió de la plaza Niño Jesús en dirección a un predio alquilado en la ciudad.

En el camino, detrás de una sábana blanca de 200 metros, distintos grupos autodenominados “provida y profamilia”, que triplicaban el número de les manifestantes, comenzaron a arrojarles piedras, cascotes y bombas 12×1 directamente al cuerpo. En las redes sociales, subían videos con epígrafes que decían: «tapamos la vergüenza de esta ciudad».

Nataly Cabañas (22), Marcos Rojas y un activista que prefirió proteger su identidad fueron les más afectades en el ataque. «Fuimos brutalmente violentades por ejercer nuestro derecho constitucional de manifestarnos y de reunirnos pacíficamente. A Marcos le dislocaron el tabique por un piedrazo que recibió en la cara. Responsabilizamos directamente al intendente Rubén Rojas por estos actos de violencia”, contó a Presentes Nataly Cabañas, que recibió una bomba en la pierna mientras cantaba con el megáfono.

Mientras Marcos fue trasladado al hospital distrital para el diagnóstico, pruebas y radiografías, a Nataly la atendió una ambulancia. Además, un hombre identificado como Javier Villasanti intentó atropellar a lxs manifestantes con una camioneta antes de que pudieran refugiarse en un local de la zona. Entre otras humillaciones a las que estuvieron expuestxs, un miembro “pro-vida” arrebató una de las banderas multicolores LGBT y la prendió fuego. Esto fue motivo de regocijo y diversión de los antiderechos.

“Había como dos patrulleras, al principio pero después iban llegando más personas que pertenecían a grupos fundamentalistas. Eran 150 personas. Nosotros tuvimos que llamar a agentes policiales que jamás aplicó el refuerzo que nosotros solicitábamos”, expresó Nataly. Cuando llegaron al predio, aguardaron tres horas a que lxs pase a buscar un bus que los trasladaría a la sede de Somos Gay en Ciudad del Este. Antes de irse, alcanzaron a hacer la denuncia en la subcomisaría 6ta del barrio Las Américas.

Ya el viernes, el intendente de Hernandarias Rubén Rojas (ANR) prohibió la marcha de los activistas LGBT de esta localidad mediante una resolución puesto que el municipio se declaró “pro vida y pro familia”. “Para nosotros esto fue incitado absolutamente por la resolución del intendente de Hernandarias y lo responsabilizamos directamente a él de haber generado toda esta turba de odio y de intolerancia hacia la comunidad GLTBI”, expresó Rosalía Vega, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Paraguay.

Sin embargo, este no es un hecho aislado. Desde el año 2015 en Paraguay, ciudades como las de Luque se pronunciaron “pro-vida, pro-familia” a partir del caso de Mainumby. A partir de allí, muchas otras ciudades adhirieron, hasta el propio Congreso Nacional. “Esto se acentúa por una falta de ley contra toda forma de discriminación en nuestro país. Imaginate que somos el único país en el Cono Sur que no tenemos una ley que permita que las personas afectadas acudan al Estado para justicia y reparación”, sigue Rosalía.

Desde Asunción, Amnistía Internacional se comunicó con el Ministerio del Interior para recibir refuerzos de la policía y agentes de Grupo Especial de Operaciones (GEO) porque no alcanzaba con la cantidad de policías de la ciudad. Consiguieron un bus para poder trasladar a los jóvenes que estaban acorralados para que se los lleve directamente hasta Ciudad del Este. Lxs activistas de Asunción volvieron en el colectivo de las 22 horas y los oriundos de Ciudad del Este se trasladan a sus hogares.

“Exigimos a la Fiscalía la investigación de los ataques violentos contra activistas LGBTI+. Responsabilizamos al intendente de Hernandarias, Rubén Amancio Rojas, por promover la violencia desatada por grupos autodenominados provida el día domingo 29 de septiembre contra activistas LGBTI+ que ejercían el derecho constitucional de libre expresión. Realizamos una denuncia internacional sobre la persecución que ejerce el Estado fomentando la discriminación entre paraguayos y paraguayas”, escribió Somos Gay, en un comunicado oficial.

Esta mañana, el jefe comunal en diálogo con 730 AM, justificó las agresiones que sufrieron los integrantes de la coalición LGBT porque “incitaron a la violencia con provocaciones”. Expresó que a él “Jesús le dio una misión en la Tierra” y que “en Asunción están permitiendo todo”. Además, dijo: “La educación que les dan ustedes (los asuncenos) les están volviendo todos maricones (a los estudiantes)”. “Alguien tiene que hacer algo, el mundo se va a terminar si seguimos así. Vamos contra las leyes de la naturaleza”.

Fuente Agencia Presentes

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Por Jess Insfrán y Juliana Quintana

Fotos: Jess Insfrán

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque (a 10 km de Asunción) declaró culpable a Blas Enrique Amarilla del asesinato de Romina Vargas, y le aplicó la sanción máxima de 25 años de cárcel. Es la primera condena en Paraguay por el asesinato de una persona trans.

Amarilla asesinó a Romina Vargas de dos puñaladas en octubre de 2017 en San Lorenzo, Gran Asunción. Romina había salido con una amiga, cuando fue atacada en vía pública por “el cuchillero de travestis”, como se lo conoce en los medios de comunicación. La Fiscalía caratuló el caso como “homicidio doloso” porque en Paraguay, el transfemicidio no está tipificado y pidió la pena máxima para el acusado (25 años más 5, por medidas de seguridad). El informe forense reveló que fue por un shock hipovolémico por la herida del arma blanca.

El juicio comenzó a las 10:30 de la mañana. La defensora pública Rocío Lucena no se presentó al juicio oral. En su reemplazo, Fernando Cristaldo representó a Amarilla. El abogado de la defensa solicitó al tribunal una pena menor a 15 años, utilizando argumentos como que“asiste con regularidad a la iglesia del penal” y que tenía “problemas mentales”. Sin embargo, para la fiscalía los exámenes psicológicos y psiquiátricos demostraron que Amarilla era consciente de sus actos.

Además, el transfemicida -que en otras ocasiones ya había intentado asesinar a Maida Bordón, Sheila Aguayo e Yren Rotela-, reconoció haber sido autor del crimen y su odio hacia la comunidad trans. “No entiendo por qué me detienen, si a la sociedad no le importa si uno de ellos muere”, manifestó. Según consignó Yren Rotela, activista de Panambi y defensora de derechos humanos, el acusado Blas Amarilla había atacado a más mujeres trans que se encuentran recluidas en el penal de Tacumbú.

La fiscala que llevó el caso, Ana Girala, dijo a Presentes que había pruebas sobradas que daban cuenta de un crimen de odio hacia el colectivo trans. “Se lo detuvo a Blas Amarilla con la evidencia en su poder. Con las pruebas de laboratorio, se corroboró que el cuchillo tenía sangre y que fue el arma utilizada para cometer el hecho punible. La persona que se encontraba con la víctima también reconoció como elemento jurisdiccional de prueba, y dio su versión ante este tribunal. Fue clara, contundente y específica en el relato de los hechos como sucedieron”, explicitó.

“Para mí es demasiado importante porque es la primera vez que un ente público visibiliza la necesidad que tenemos. No es que por que queremos estamos en la calle. Es porque no tenemos otra opción de trabajo porque este Estado nos discrimina”, contó Yren.

Girala indicó que Amarilla al final del juicio reconoció el hecho y pidió perdón a la familia. “La no discriminación está prevista en la Constitución nacional y es hacer valer el derecho y buscar justicia en representación de ella, ya que los parientes no se han hecho presentes por la misma discriminación de la cual ella venía siendo víctima”, siguió la investigadora.

Entre las organizaciones que acompañaron el juicio en Luque estuvieron Panambi, Escalando, Aireana y Transitar. “Para mí es un momento histórico y trascendental en la lucha trans porque es el primer juicio público donde hubo una sentencia a nuestro favor. Valoramos el esfuerzo y el trabajo de la fiscalía porque presentó todos los elementos y se mantuvo firme. Fue una lucha de resistencia, de empoderamiento. Creemos que hoy empieza un momento en la historia en que la justicia también existe para nosotras”, expresó.

Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner hubo 61 casos de asesinato de personas trans y, hasta hoy, no había habido una investigación ni condena para ninguno de ellos.

 Fuente Agencia Presentes

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