El obispo francés Stanislas Lalanne afirmó que la pedofilia es “un mal”, pero que “no sabría decir” si es un pecado, declaraciones que provocaron el miércoles la reacción de una asociación de víctimas.
“La pedofilia es un mal ¿Es del dominio del pecado? Eso yo no sabría decirlo, es distinto para cada persona. Pero es un mal y lo primero que hay que hacer es proteger a las víctimas o las eventuales víctimas”, dijo Lalanne, obispo de Pontoise (periferia de París) en declaraciones a RCF, red de 63 radios cristianas francohablantes.
Monseñor Lalanne intervenía en una emisión consagrada al tema “La Iglesia de Francia frente a la pedofilia” , en momentos en que el arzobispo de Lyon (este), cardenal Philippe Barbarin, es objeto de una investigación judicial por no denunciar agresiones sexuales de un sacerdote de su diócesis.
En un comunicado publicado el miércoles, los miembros de la asociación La Parole Libérée (La Palabra Liberada), que reveló las agresiones a menores cometidas por un sacerdote de Lyon, denunció palabras que resuenan “de manera violenta y degradante para las víctimas de los actos de pedofilia“.
Y mientras tanto…
Piden al Papa que finalice “su insostenible retiro espiritual en nuestras instalaciones”
El Sodalicio considera a su fundador, Luis Figari, culpable de abusos sexuales, y le expulsa
La congregación pide perdón a las víctimas y anuncia una reforma integral de la organización
El fundador de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) Luis Figari fue declarado culpable de abusos sexuales contra miembros de la agrupación cuando eran menores de edad en Perú, anunció hoy el superior general de esa comunidad, Alessandro Moroni.
En una declaración difundida en la televisión local, Moroni dijo que el Sodalicio considera a Figari “culpable de los abusos que se le imputan y lo declaramos persona non grata para nuestra organización, que deplora y condena totalmente su comportamiento”.
La Fiscalía peruana abrió una investigación de oficio el año pasado, en la cual el periodista Pedro Salinas declaró sobre los 30 testimonios de abusos recogidos en su libro “Mitad monjes, mitad soldados” escrito conjuntamente con su colega Paola Ugaz, donde también citaron a los principales dirigentes del Sodalicio.
El libro de Salinas reúne 30 testimonios de antiguos miembros del Sodalicio que denunciaron maltratos físicos, psicológicos o violaciones sexuales en los años 80 y 90, y acusaron de esos abusos a Figari y Germán Doig, éste último número dos de la organización hasta su fallecimiento en 2001.
Por su parte, el Tribunal Eclesiástico de Lima y el Vaticano recibieron en 2011 las denuncias de tres víctimas de abuso sexual, pero a la fecha no habían obtenido respuesta.
Moroni reiteró a las autoridades del Vaticano el pedido que le hizo personalmente al Papa Francisco en diciembre pasado “para que se decrete su inmediata separación de nuestra comunidad y finalice su insostenible retiro espiritual en nuestras instalaciones” en Roma.
Asimismo, agregó que respetan las investigaciones y procedimientos que el Vaticano y la Fiscalía de Perú vienen realizando sobre estas denuncias, y que acatarán la condena eclesiástica o judicial que merezca su fundador.
El superior general del Sodalicio pidió perdón a las víctimas de cualquier tipo de abuso o atropello del que hayan sido objeto por parte de algún miembro de la organización, y “a los denunciantes que por años no obtuvieron una respuesta satisfactoria y contundente de parte de nuestras autoridades”.
Moroni anunció igualmente una reforma integral de la organización y sus autoridades reconocieron “el pecado de no haber reaccionado de manera firma y oportuna”, ante las denuncias de abuso sexual.
Figari, que vive en una casa del Sodalicio en Roma desde 2010, admitió en enero pasado haber cometido graves errores, pero insistió en su inocencia sobre las acusaciones de abusos sexuales.
El fundador del Sodalicio, una organización que dirige colegios y universidades privadas en Perú, admitió que en sus 40 años al frente de esa comunidad cometió graves errores que pueden haber ocasionado daño a otras personas y pidió perdón por ello.
Su procesamiento ha sido confirmado
Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de menores
En el seminario de Paraná entre 1985 y 1993
El tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento del sacerdote Justo José Ilarraz acusado por corrupción agravada de menores de edad en el marco de la causa que investiga abusos sexuales que habría perpetrado hace treinta años en el Seminario de Paraná.
Con la definición unánime del tribunal especial integrado por los jueces Pablo Vírgala, Daniel Malatesta y Gustavo Maldonado, quedó abierta la posibilidad de que se fije la fecha para el juicio oral.
El tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de la jueza Paola Firpo que había procesado al sacerdote en base a las denuncias de varios hombres que aseguran haber sido víctimas de sus abusos cuando eran adolescentes y estudiaban como pupilos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1985 y 1993.
El abogado querellante Milton Urrutia dijo que la defensa del sacerdote tiene aún una instancia de Casación y luego la jueza Firpo tendrá la posibilidad de convocar a juicio oral.
En forma paralela, se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario que pide la prescripción de los delitos debido al tiempo transcurrido.
El presidente del tribunal, Pablo Virgala, destacó “la credibilidad de las víctimas” y el peso procesal de las pericias. El magistrado también cuestionó el rol de la Iglesia Católica: “No logra entenderse la actitud asumida por (el cardenal Estanislao) Karlic, quien afirmó -bajo juramento de decir verdad- que Ilarraz había pedido perdón por lo ocurrido”.
Virgala señaló que tampoco entendía la conducta del arzobispo “(Juan Alberto) Puíggari, que reconoció la existencia de los abusos a otros sacerdotes en una reunión en Mariápolis, quienes (desde la perspectiva del imputado) no sólo deberían formar parte de esa gigantesca trama conspirativa, sino que serían actores fundamentales al reconocer la existencia de los hechos, con las posibles consecuencias civiles” que ello implicaría.
Virgala indicó: “Una reflexión final merecen aquellas autoridades eclesiales que amparándose en directivas superiores, guardaron silencio sobre los hechos tan aberrantes que aquí se investigan. Lo mismo para aquellos que debiendo ser inflexibles, optaron por el perdón sin tener en cuenta el dolor de las víctimas“.
“No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de las mismas. Y si por allí algún desprevenido creyera que su deber de obediencia a alguna autoridad administrativa está por encima de las leyes civiles, deberá entender, de una vez y para siempre, que nadie está obligado a obedecer órdenes o leyes intrínsecamente ilegales, contrarias a derechos“, añadió.
Asimismo, advirtió que “si lo hicieran, podrían llegar a eludir el juzgamiento dentro su círculo áulico, pero nunca el juzgamiento por parte de las autoridades Estatales ni -quisiera creer- el peso de sus propias conciencias“.
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