La ley de la época colonial de San Cristóbal y Nieves que prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo ha sido anulada en un “momento histórico” para el país caribeño.

La Corte Superior de San Cristóbal y Nieves ha dictaminado que las leyes que castigan las relaciones homosexuales con hasta diez años de prisión son contrarias a su Constitución. Otra legislación más heredera de los tiempos de la colonización británica que es anulada por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos LGTBI. Con este dictamen, aún quedan 69 países y territorios en el mundo que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo, algunos incluso con la cadena perpetua o la pena de muerte.

El lunes (29 de agosto), el Tribunal Supremo del Caribe Oriental anuló los artículos 56 y 57 de la Ley de Delitos contra la Persona, que prohibían el “abominable delito” de la “sodomía“. La ley conllevaba una pena máxima de 10 años con trabajos forzados.

Aunque no hay pruebas que demuestren que las antiguas disposiciones se hayan aplicado en los últimos años, parece que justifica la discriminación y la violencia a la que se enfrentan los gitanos y nevisianos LGBTQ+ debido al estigma y la vergüenza de la sociedad.

El juez Trevor Ward anuló las partes de la ley que penalizaban los “delitos contra natura” y las comparó con la “zoofilia“, que dijo era inconstitucional.

Escribió en su sentencia: “La naturaleza absoluta de la prohibición creada por los artículos 56 y 57 no está razonablemente justificada en una sociedad democrática en circunstancias en que proscriben los actos sexuales entre adultos que consienten en privado, que no implican ningún elemento de conducta pública o de daño o actos sexuales con menores.”

“En la medida en que criminaliza la vida privada de los homosexuales en este año, la ley es excesiva y arbitraria”, continuó, añadiendo que las secciones “no cumplen con la calificación constitucional de ser … en el interés de la moralidad pública”.

Ward añadió: “La sección 56 de la ley se leerá como si se añadieran al final de la sección las palabras ‘Esta sección no se aplicará a los actos sexuales consentidos entre adultos en privado'”.

El veredicto del tribunal entró inmediatamente en vigor.

“Este es un viaje transformador y un paso hacia el pleno reconocimiento de las personas LGBTQ en toda la Organización de Estados del Caribe Oriental”, dijo Kenita Placide, directora ejecutiva de la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE).

“Una decisión afirmativa significa un sí a la privacidad y un sí a la libertad de expresión”.

Jamal Jeffers, un hombre gay, presentó el recurso de inconstitucionalidad en enero de 2021 argumentando que los artículos 56 y 57 violaban los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la intimidad, y que debían ser anulados.

Acompañados por el grupo de defensa de la igualdad St Kitts y Nevis Alliance for Equality, los demandantes pedían que se ordenara que los actos sexuales entre personas del mismo sexo no fueran un delito si se cometían en privado entre “personas de 16 años o más”, decía su moción.

San Cristóbal y Nieves fue una de las primeras islas del Caribe en ser colonizadas por los británicos, trayendo consigo leyes centenarias que prohibían la homosexualidad.

El artículo 56 rezaba así: “Toda persona condenada por el abominable delito de sodomía, cometido con personas o con cualquier animal, podrá ser condenada a una pena de prisión no superior a diez años, con o sin trabajos forzados”.

En 2012, la pena original de cuatro años prevista en el artículo 57 se amplió a una década en una versión revisada de la Ley de Delitos contra la Persona. El país incluso se resistió a los llamamientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021 para derogar las leyes.

Las antiguas colonias británicas Barbados, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas tienen leyes similares sobre sodomía.

Pero las mareas están cambiando. La primera ministra de Barbados prometió que los derechos del colectivo LGBTQ+ estarían en el centro del futuro de Barbados como república cuando destituyera a la reina como jefa de Estado en noviembre de 2021, mientras que el Tribunal Supremo del Caribe Oriental eliminó las leyes de sodomía de Antigua y Barbuda en julio, y los activistas esperan que haya más.

“Estamos asistiendo a un momento histórico en el Caribe en el que se están cuestionando y anulando leyes anticuadas de la época colonial“, afirmó Maria Sjödin, directora ejecutiva del grupo mundial de derechos LGBTQ+ OutRight Action International.

“Estamos asombrados por la persistencia estratégica de los activistas de la región que lideran la carga para garantizar el avance de los derechos humanos y la anulación de leyes discriminatorias y anticuadas como ésta. Esperemos que los demás países de la región y de fuera de ella les sigan”.

69 países y territorios criminalizan la homosexualidad

1.- En 66 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

2.-  A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 69 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

3.- Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Pink News/Dosmanzanas

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Las muertes de personas LGTBI en Afganistán podrían haberse evitado si los gobiernos occidentales hubieran dado prioridad a su evacuación tras la caída del país en manos de los talibanes, han afirmado los activistas.

Esto se produce después de que un nuevo informe de Human Rights Watch y OutRight Action International descubriera que la vida de los afganos LGTBI ha “empeorado drásticamente” tras la violenta toma del poder por parte de los talibanes el pasado agosto.

Nemat Sadat, uno de los primeros afganos nativos que salió a la luz públicamente como gay, dijo a TLE que gran parte de la comunidad ha pasado los últimos ocho meses bajo “arresto domiciliario” autoimpuesto para evitar su captura, pero advirtió que el riesgo de ser capturado por las autoridades se había intensificado. “Lo que me irrita es que esto podría haberse evitado. Si la comunidad internacional y el poder hubieran escuchado mi llamamiento y hubieran dado prioridad a la evacuación y el reasentamiento de las 1.000 personas LGTBI más amenazadas de Afganistán”, dijo.

No sobrevivirán

Con los nombres de 1.075 personas actualmente en su lista, Sadat ha pasado los últimos siete meses organizando de forma independiente las evacuaciones de algunos de los más vulnerables de Afganistán, aunque, para algunos, el tiempo se está acabando.

Dijo: “Puedo suponer que las 49 personas que no responden a mis correos electrónicos y llamadas telefónicas están desaparecidas o muertas, a menos que hayan desconectado su servicio de móvil e Internet porque ya no pueden permitirse mantenerlo activo.

“La mayoría de las personas LGTBI de mi lista sufren inseguridad alimentaria y han sido torturadas repetidamente. Aproximadamente una cuarta parte ha sufrido una o más agresiones físicas desde la toma del poder por los talibanes.

“Mi estimación es que la mayoría de las personas LGTBI de Afganistán estarán muertas dentro de dos años. No sobrevivirán a la brutalidad punitiva de los talibanes contra ellos”.

Sus comentarios se producen tras una respuesta a una solicitud de libertad de información que reveló que, desde octubre del año pasado, el gobierno sólo ha aceptado a 62 afganos LGTBI, de los cuales sólo dos son transgénero.

El año pasado, el gobierno anunció que un grupo de 29 afganos LGTBI se había instalado en el Reino Unido, y dijo que esperaba que la primera llegada fuera la “primera de muchas” que pudieran empezar una nueva vida.

Diseñado para proteger a las mujeres y los niños, así como a las minorías religiosas y de otro tipo, el Plan de Reasentamiento de Ciudadanos Afganos permitirá a 5.000 afganos establecerse en el Reino Unido, con un objetivo total a largo plazo de 20.000.

“No se ha cumplido”

Sin embargo, el destacado activista de los derechos LGTBI, Peter Tatchell, acusó al gobierno de no haber “cumplido su promesa” de proporcionar un refugio seguro a los afganos LGTBI, y pidió a la comunidad internacional que aumentara su apoyo.

“El Reino Unido y otras naciones occidentales prometieron mucho y han hecho muy poco. Es una traición vergonzosa a sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Refugiados que han firmado y se han comprometido a cumplir. Lo que se necesita es el compromiso de los gobiernos occidentales de asumir cada uno una parte de los afganos LGTBI vulnerables y en riesgo. Pero esto no está ocurriendo. EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia y la UE sólo se han hecho cargo de un puñado”, dijo.

Sadat añadió: “Si se comparan las 62 personas con las 1.075 de mi lista, diría que es una vergüenza. Cualquiera de los principales países occidentales, Francia, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido, podría haber reasentado fácilmente a las 1.000 personas LGTBI de Afganistán. No era una prioridad para ellos. Salvar a las personas LGTBI+ no es tan importante, en su opinión, como rescatar a los heterosexuales. Deberían haber trabajado directamente conmigo, haber escuchado mis peticiones y haberse coordinado conmigo para trabajar en su reasentamiento”.

Un afgano transgénero que sigue atrapado en Kabul, dijo a TLE que la vida se ha vuelto tan peligrosa desde la toma del poder por los talibanes que no tienen “ninguna esperanza de vivir”. “Siento el peligro en el exterior. Solía trabajar como diseñadora de vestidos en los medios de comunicación: Arreglaba vestidos para los cantantes y organizaba programas privados, pero los talibanes dijeron que los LGTBI no están en el Islam, por lo que hay que matarlos. “Vivía en Jalalabad antes de que los talibanes vinieran con amenazas, así que me trasladé a Kabul. Estoy en peligro las 24 horas del día y no puedo trabajar, lo que me está causando problemas económicos. Siento que nadie me ayuda. He solicitado ayuda a muchas organizaciones”.

‘Condiciones terribles’

Sus comentarios se producen tras una entrevista en la que un juez talibán confirmó que los hombres homosexuales serán ejecutados derribando muros sobre ellos una vez que la entidad militante vuelva al poder.

Un informe del Departamento de Justicia de 2009 señalaba que “no hay constancia de que se hayan dictado sentencias de muerte tras el fin del régimen talibán, pero… esto sigue siendo técnicamente posible” según el derecho penal del país.

Según Artemis Akbary, fundador de la Organización LGTBI Afgana, la mayoría de los países europeos han hecho “muy poco” por los afganos LGTBI, que siguen viviendo en “condiciones terribles”.

Dijo a TLE: “Han defraudado a las personas LGTBI dentro de Afganistán, porque cuando los talibanes tomaron el poder, la mayoría de la comunidad LGTBI tenía esperanzas; esperanzas de que los países occidentales les ayudaran.

“Muchos de los países europeos, especialmente Alemania, Canadá y Gran Bretaña, dijeron que aceptarían a los afganos LGTBI. Les di una lista de nombres, pero sólo unos pocos han sido reubicados mientras el resto sigue atrapado.

“Pero, por desgracia, no lo hicieron, porque la guerra empezó en Ucrania. Creo que se están centrando en Ucrania. Han cerrado los ojos a Afganistán y a las muchas personas que han quedado atrás. Creo que eso es realmente terrible.

“Los talibanes no han cambiado, se han vuelto aún más peligrosos. Ahora mismo la situación de las personas LGTBI se ha vuelto más difícil, especialmente para las lesbianas y los bisexuales, porque ahora mismo las mujeres no pueden ir a otra ciudad sin un marido”.

Fuente: The London Economic, vía KifKif

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Human Rights Watch publicó un trabajo basado en entrevistas hechas a 60 personas identificadas como homosexuales, bisexuales o transgénero en el que denuncian haber sido víctimas de ataques del grupo extremista islámico

Afgano gay quemado por talibanes dice que la comunidad LGBT se olvidó de Afganistán

La comunidad LGBT en Afganistán afronta una situación desesperada, con graves amenazas a su seguridad desde que los talibanes volvieron al poder y con un número de ellos tratando de escapar del país, alertó este martes la organización Human Rights Watch en un comunicado conjunto con OutRight Action International.

El informe titulado “Te encontraremos aunque te vayas al espacio” se basa en entrevistas hechas a sesenta afganos identificados como homosexuales, bisexuales o transgénero, residentes en Afganistán o en países cercanos y que han sufrido ataques de los talibanes o de familiares o vecinos simpatizantes del grupo fundamentalista.

Las agresiones consisten en violaciones colectivas, palizas o expulsiones de sus hogares a las calles, donde su indefensión es aún mayor, y aunque en la época anterior tampoco las leyes los protegían, “ahora es difícil de imaginar cuán devastador y terrorífico ha sido el retorno de los talibanes”, quienes ya en su anterior gobierno (1996-2001) hicieron muy difícil la vida a los homosexuales.

El ministerio talibán del Vicio y la Virtud publicó en 2020 un manual de conducta en el que los líderes religiosos prohibían las relaciones homosexuales y explicaban que toda acusación de inclinaciones homosexuales debía dirigirse al ministerio para que éste defina el castigo.

Una gran parte de los LGBT entrevistados han tratado de huir del país, pero la vía más fácil es Pakistán, donde también allí la homosexualidad está perseguida, así que son muy pocos los que han alcanzado un destino considerado seguro, como es el caso del Reino Unido, que ha anunciado haber acogido a un pequeño número de ellos.

“Los talibanes han proclamado explícitamente que no van a respetar los derechos de los LGBT -dijo la vicedirectora de mujeres de HRW, Heather Barr-. Es extremadamente importante que los gobiernos interesados pongan presión en los talibanes para que los respeten y reconozcan el derecho de asilo a los LGBT ante los riesgos de persecución”.

El informe completo (en inglés):

(Con información de EFE)

Fuente Infobae

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Con motivo del Día contra la LGTBIfobia que se celebra el próximo domingo 17 de Mayo

La Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Trans y Bisexuales (FELGTB), la entidad de derechos humanos OutRight Action International e ILGA Europa, entidad referente a nivel internacional a la que pertenece FELGTB, alertan de la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas del colectivo LGTBI como consecuencia de la crisis del COVID-19 puesto que el confinamiento y la privación temporal de libertad agrava las discriminaciones ya existentes.

En este sentido, apuntan que, con 90 países en cuarentena y casi 4.000 millones de personas refugiándose en casa de la pandemia, las personas LGBTI experimentan en la actualidad un mayor riesgo de violencia doméstica (intragénero o la sufrida por jóvenes confinados con familias LGTBIfóbicas), un mayor aislamiento, sobre todo las personas mayores, y una mayor precariedad económica, en muchos casos, derivada de discriminaciones previas que las empujaron a actividades no reguladas, a la vez que sufren una disminución de recursos, puesto que las propias organizaciones LGBTI que ya trabajaban precariamente y luchan ahora por su supervivencia financiera.

Según explican estas entidades, las personas LGTBI sufren en general niveles más altos de violencia, exclusión y privación de derechos debido al estigma, la discriminación y la criminalización de su realidad en muchos países del mundo, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad mayor. Asimismo, recuerdan la problemática a la que se enfrentan muchas familias LGTBI ante los cierres de fronteras, puesto que determinados documentos emitidos en un país, como certificados de matrimonio, filiaciones y certificados de identidad de género, pueden no ser reconocidos en otro.

Además, las entidades ponen de manifiesto que los altos niveles de estigmatización y discriminación de los servicios de salud han apartado a las personas trans e intersex de los sistemas sanitarios durante años, lo que puede generar retrasos a la hora de buscar atención médica cuando se precise. Del mismo modo, alertan sobre las interrupciones en el acceso a determinados tratamientos imprescindibles para las personas LGTBI, como la medicación relacionada con el VIH o la terapia hormonal, que se están produciendo en la actualidad en muchos países como consecuencia del colapso de los sistemas sanitarios por la crisis del COVID-19.

Igualmente, estos organismos denuncian la situación de millones de personas refugiadas, incluidas las personas LGTBI solicitantes de asilo, que se encuentran en campos de refugiados con condiciones sanitarias e higiénicas propensas a la propagación del virus. Las personas LGTBI que conviven en estos centros se encuentran, además, a menudo sin espacios seguros y expuestos a la LGTBIfobia por la que huyeron de sus países de origen.

Por otra parte, las entidades muestran su preocupación por los abusos de poder cometidos por determinados estados como Turquía, Polonia, Uganda y Filipinas, donde las primeras investigaciones revelan que se está aprovechando la implantación de medidas para controlar la pandemia para mermar los derechos de la población LGTBI, así como la proliferación de los discursos de odio en países como Ucrania, Kenia, Ghana, Rusia o los Estados Unidos, entre otros, en los que, generalmente, líderes religiosos conservadores, relacionan directamente la crisis sanitaria con las personas LGTBI.

Legislación como garantía de derechos

Con motivo del Día Internacional contra el LGTBIfóbia, ILGA Europa ha presentado su informe anual 2019 sobre la situación de las personas LGTBI en Europa. Según esta investigación, prácticamente la mitad de los países europeos (49%) se ha estancado en materia de derechos LGTBI sin que se produzca en ellos ningún tipo de avance desde el año anterior.

Sin embargo, tal y como defiende la copresidenta de la Junta Ejecutiva de ILGA-Europa, Darienne Flemington, “es precisamente ahora cuando los gobiernos deben mantenerse firmes en el estado de derecho y los derechos humanos”. Y es que, tal y como explica la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, “esta emergencia de salud pública convive con una crisis de desigualdad estructural que provoca que las personas vulnerables sufran mayores riesgos. Ante la situación actual, las personas LGTBI y otras poblaciones vulnerables solo tendrán las leyes como escudo, por lo que ahora es más importante que nunca que los gobiernos garanticen sus derechos a través de las legislaciones”.

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda que España sigue sin una legislación estatal que garantice los derechos de las personas LGTBI. “Las personas trans siguen sin ver reconocida la autodeterminación del género, lo que dificulta su acceso al mercado laboral y, en situación de emergencia, a determinados recursos de ayuda. La violencia intragénero sigue siendo una gran desconocida para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, los menores siguen expuestos al acoso y al ciberacoso sin protocolos, ni formación en sus escuelas y las parejas de mujeres siguen sin poder filiar a sus descendientes sin estar casadas, discriminación que se ha agravado durante confinamiento cuando los registros suspendieron las uniones matrimoniales”, denuncia.

Por todo esto, y “para evitar discriminaciones y riesgos en situaciones de crisis como la que estamos viviendo”, reclama que se apruebe “una ley estatal que iguale los derechos de las personas trans y LGB a los del resto de la población”.

España ha ascendido en el ránking de ILGA a la sexta posición desde la undécima que ocupó en la edición de 2018, sin embargo, la presidenta de FELGTB explica que no es motivo de celebración. “Hemos subido en el ránking gracias a la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el acceso al cambio registral de género a los menores trans, lo cual fue una buena noticia, pero las personas LGTBI no podemos depender exclusivamente de sentencias judiciales, necesitamos una legislación estatal que iguale nuestros derechos independientemente del territorio en el que residamos”, asegura.

• Ránking Ilga Europa
• Situación de las personas LGTBI en Europa según ILGA Europa
•  Informe OutRight Action International

Fuente FELGTB

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(Photo by Chesnot/Getty Images)

Canadá ha introducido legislación para criminalizar la práctica traumatizante y pseudocientífica de la terapia de conversión.

Después de las elecciones federales de 2019, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hizo que la prohibición nacional de la terapia de conversión sea una “máxima prioridad” para su nuevo gobierno.

En una carta al secretario de justicia del país en diciembre, Trudeau enumeró una serie de prioridades que espera que los funcionarios del gobierno cumplan. Incluía enmendar el Código Penal para prohibir la terapia de conversión y tomar medidas para poner fin definitivamente a la práctica en todas las provincias y territorios de Canadá.

La propuesta se encuentra entre varios movimientos pro LGBTQ del gobierno de Trudeau. En 2017, el primer ministro se disculpó por los esfuerzos de Canadá para purgar a las personas LGTBQ de los trabajos del gobierno desde la década de 1950 hasta principios de la década de 1990 y ofreció una compensación financiera a los afectados.

El lunes 9 de marzo, el ministro de justicia y fiscal general de Canadá, David Lametti, y la ministra de diversidad e inclusión y juventud, Bardish Chagger, presentaron un proyecto de ley que finalmente criminalizaría la terapia de conversión.

Las enmiendas propuestas al código penal del país por el proyecto de ley S-206, incluyen convertir en delito hacer que alguien se someta a una terapia de conversión, publicitar o beneficiarse de la terapia de conversión y retirar a un menor de Canadá para someterse a una terapia de conversión en el extranjero.

También permitiría a las autoridades ordenar la eliminación o eliminación de cualquier anuncio publicitario para la práctica desacreditada.

Lametti dijo en un comunicado de prensa: “La terapia de conversión es una práctica cruel que puede provocar un trauma de por vida, particularmente para los jóvenes. El enfoque que proponemos hoy demuestra el fuerte compromiso de nuestro gobierno para proteger la dignidad y los derechos de igualdad de las canadienses lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer y de dos espíritus, al criminalizar una práctica que los discrimina y perjudica. Si se aprueba, este proyecto de ley haría que las leyes de Canadá sobre terapia de conversión sean las más progresivas y completas del mundo”.

Chagger agregó: “Todos tenemos un papel que desempeñar para asegurarnos de que las personas LGBT + se sientan seguras y puedan participar plenamente en la sociedad canadiense. La legislación progresiva que propusimos hoy ayudará a garantizar que todos, en todas partes en Canadá, puedan ser quienes realmente son y vivir una vida plena, saludable y segura”.

Un estudio, publicado en 2019, encontró que “las personas transgénero que están expuestas a los esfuerzos de conversión en cualquier momento de sus vidas tienen más del doble de probabilidades de intentar suicidarse en comparación con aquellas que nunca han experimentado los esfuerzos de los profesionales para convertir su identidad de género”.

La propuesta ha recibido elogios a nivel internacional. «El proyecto de ley de Canadá es un hito para los derechos humanos LGTBQ«, dijo un comunicado emitido por Mathew Shurka, un sobreviviente de terapia de conversión y cofundador de Born Perfect, un proyecto de National con sede en EE. UU. Centro de Derechos de las Lesbianas. “Ser sometido a terapia de conversión lleva a muchos jóvenes LGTBQ a la desesperanza. La aceptación de un padre es hacer o deshacer el futuro de un niño LGTBQ. El proyecto de ley de Canadá envía un poderoso mensaje de que los jóvenes LGBTQ nacen perfectos«.

Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, dijo en un comunicado de prensa: “Al presentar un proyecto de ley que prevé una prohibición a nivel nacional, el gobierno de Canadá ha enviado un mensaje poderoso: que las personas LGTBIQ no necesitan cambio ni cura. Elogio a los ministros en cuestión por dar este importante paso e insto a las autoridades a que refuercen este esfuerzo con medidas diseñadas para promover la comprensión e inclusión de las personas LGBTIQ, abordando así las causas profundas de estas prácticas dañinas e inhumanas».

Brasil, Ecuador, Malta y Taiwán tienen prohibiciones a nivel nacional de terapia de conversión. En los EE. UU., 20 estados y más de 70 ciudades y condados han hecho ilegal que los profesionales con licencia sometan a menores a la práctica, y algunos sobrevivientes de dicha terapia han demandado con éxito a sus antiguos terapeutas bajo las leyes estatales de fraude al consumidor.

Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

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El primer ministro de Luxemburgo ha vuelto a dar una lección de visibilidad y compromiso con la igualdad en el ámbito internacional. En un discurso ante el grupo informal LGTB de las Naciones Unidas, Xavier Bettel ha hecho un llamamiento a combatir las expresiones de odio que están en la raíz de la estigmatización y la violencia contra la comunidad. Se trata de la primera vez que un líder abiertamente homosexual aborda los derechos LGTB en Naciones Unidas. Bettel denunció hace unos meses, ante mandatarios de la Liga de Estados Árabes, las leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en sus países.

La última semana de septiembre tuvo lugar el debate general de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Al margen de los discursos en el plenario, que reciben la mayor parte de la atención mediática, tuvieron lugar numerosos encuentros temáticos y sectoriales sobre diferentes asuntos. Entre ellos está el Grupo Central LGTBI, una reunión informal de representantes de 29 Estados miembros junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (presidido por la expresidenta chilena Michelle Bachelet) y las ONGs Human Rights Watch y OutRight Action International.

En este marco es donde el primer ministro de Luxemburgo intervino. En su alegato, Xavier Bettel apeló a su responsabilidad, como líder político abiertamente gay, de alertar sobre el auge de los discursos de odio. Bettel se dirigió a los mandatarios mundiales pero también a cada uno de los ciudadanos que es testigo de expresiones LGTBfobas. «Esto empieza con vuestros políticos, pero alcanza también a una velada familiar, a una cena con amigos, con familia. Si tienen un discurso de odio, nunca lo debéis aceptar», reclamó. El jefe del Gobierno luxemburgués recalcó que la homofobia, a diferencia del hecho de ser homosexual, sí es «una elección personal».

No es la primera vez que Xavier Bettel se destaca en la esfera internacional por su reivindicación de la igualdad LGTB. En febrero de este año, el mandatario participó en la cumbre entre la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes, donde hizo referencia a su condición de hombre homosexual casado con otro hombre, un hecho que podría ser castigado con la pena de muerte en muchos de los países representados en la reunión. «Si yo, como persona gay, no hablara de eso, tendría un problema», aclaró posteriormente el primer ministro.

Xavier Bettel nunca ha ocultado durante su carrera política su orientación sexual. Tampoco ha dudado en aparecer acompañado de su pareja con total naturalidad en actos oficiales incluso en El Vaticano, desde que en octubre de 2011, a los 38 años, fuera elegido alcalde de Luxemburgo y se convirtiera en el tercer alcalde abiertamente gay de una capital europea tras París (Bertrand Delanoë) y Berlín (Klaus Wowereit), lo que le convirtió en su día en una de las figuras políticas más importantes del Gran Ducado.

Visibilidad LGTBI al frente de los Gobiernos

Tras su proclamación como primer ministro, Bettel fue también la tercera persona abiertamente homosexual en ocupar la jefatura de Gobierno de un estado soberano, tras la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y el belga Elio Di Rupo. Una vez en el Gobierno, no tardó en promover una ley de matrimonio igualitario, que tomó efectos el 1 de enero de 2015. Tras su boda con el arquitecto Gauthier Destenay, celebrada en mayo del mismo año, se convirtió en el segundo mandatario en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo mientras ostentaba su cargo, pues Jóhanna Sigurðardóttir se casó con Jonina Leosdottir durante su mandato, y el primero de la Unión Europea.

Además de Bettel, actualmente lideran el Gobierno de sus respectivos países el abiertamente gay Leo Varadkar (Irlanda) y la abiertamente lesbiana Ana Brnabić (Serbia).

Fuente Dosmanzanas

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Tras celebrar por primera vez el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma, sus organizadores temen pro sus vidas después de varias amenazas publicadas en los tablones de anuncios de un campamento en el que conviven con personas de las mismas culturas homofóbicas y transfóbicas de los mismos países de los que huyeron, de las que no tienen la adecuada protección.

Situado al noroeste de Kenia y establecido en 1992 por la Agencia de Refugiados de los Estados Unidos, Kakuma es uno de los mayores campos de refugiados del mundo, donde se celebra por primera vez el Orgullo LGBT el pasado sábado, 16 de junio, con la asistencia de alrededor de 600 personas. Mbazira Moesa, refugiado ugandés y uno de los organizadores, asegura que, junto con sus compañeros, teme ahora por su vida, después de una serie de amenazas que han aparecido en los tablones de anuncios de todo el campamento.

«Abandonad el campo» o «Vamos a mataros uno por uno» son algunos de las amenazas a los refugiados LGBT de Kakuma, cuyo origen no se ha podido confirmar. Con una población acumulada de aproximadamente 185.000 personas, sumando las que conviven en Kakuma y el Asentamiento Integrado Kalobeyei, los refugiados y solicitantes de asilo provienen de 19 países, aunquela mayoría son de Sudán del Sur que, que junto con los de Somalia y Etiopía, son intolerantes con la homosexualidad. El objetivo de Moesa y sus compañeros de Refugee Flag Kakuma era disipar «la ignorancia» y los «mitos» sobre los miembros del colectivo LGBT existentes entre los residentes del campamento, «poblado principalmente por colonos y refugiados islámicos», lo que explica que una lesbiana y una persona transgénero fueran agredidas y sufrieran «lesiones graves», a pesar de que la concentración había sido «enorme».

«Siento que estoy bajo constante amenaza», declara Moesa, explicando que la vida en Kakuma es «una situación calamitosa» para los refugiados homosexuales debido a las «constantes persecuciones» y la «falta de protección adecuada». A sus 25 años de edad, esa misma persecución le lleva a abandonar Uganda en 2016, después de múltiples arrestos y palizas por parte de la policía debido a su orientación sexual. Tras huir a Nairobi, en septiembre de 2016, es trasladado al campo de refugiados de Kakuma en febrero de 2017, tras contactar con la agencia de la ONU solicitando el estatuto de refugiada. Asegura que su situación no ha mejorado demasiado desde entonces.

«Muchas personas que se enfrentan a la persecución y violencia en el hogar debido a su orientación sexual o identidad de género terminan en centros de refugiados rodeados de personas de las mismas culturas homofóbicas y transfóbicas de los mismos países de los que huyeron (…). Los sistemas establecidos a menudo no están equipados para proporcionar la protección necesaria. La situación se puede agravar en un lugar como Kenia, que tiene leyes contra la sodomía (…). Estos refugiados necesitan protección inmediata para que puedan vivir sin temor a la violencia», declara Maria Sjodin, subdirectora ejecutiva de OutRight Action International, una organización de derechos humanos LGBTQ.

En la actualidad, hay 68,5 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, incluidos 25,4 millones de refugiados y 3,1 millones de solicitantes de asilo, según los últimos datos de la ONU. Sin embargo, no existe un registro del número de refugiados LGBTQ y solicitantes de asilo debido a su orientación sexual o identidad de género. El Centro de Refugiados de los Estados Unidos ha declinado hacer ninguna declaración sobre estas amenazas ni sobre la situación de los refugiados LGBT.

Fuente Universogay

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El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago declara nulas las cláusulas de la Ley de Ofensas Sexuales que penalizaban la sodomía con hasta 25 años de cárcel.

Decenas de activistas LGTB+ celebraron con cánticos el veredicto a las puertas del mismo tribunal.

Gran noticia para los derechos LGTB en el mundo. El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago despenalizó el pasado jueves 12 de abril la homosexualidad en el país. El alto tribunal sentenció, a través de una demanda interpuesta por Jason Jones, que la Sección 13 y la Sección 16 de la Ley de Ofensas Sexuales (que ilegalizaba el sexo anal) eran contrarias a la Constitución del país. Ahora el número de países en el mundo que criminalizan la homosexualidad es de 71. Que no son pocos.

La Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha dictaminado que los artículos de la Ley sobre Delitos Sexuales que penalizan las relaciones homosexuales son inconstitucionales. La jueza Devindra Rampersad, presidenta del tribunal, ha comunicado la decisión con gran elocuencia, llegando a comparar la negación de la humanidad y la dignidad que esos artículos representaban con el apartheid sudafricano y el Holocausto. Así culmina un proceso que comenzó a principios de 2017, cuando el activista Jason Jones decidió denunciar esos artículos de la Ley sobre Delitos Sexuales ante los tribunales, dada la renuncia del Gobierno a derogarlos.

La jueza Devindra Rampersad no ha podido ser más clara en su comunicado: «El tribunal declara que los artículos 13 y 16 de la Ley sobre Delitos Sexuales son inconstitucionales, ilegales, nulos, inválidos y sin efecto, en tanto y en cuanto tipifiquen como delito actos que constituyan una conducta sexual consentida entre adultos». Es decir, solo permancerán en vigor las estipulaciones de estos artículos que afecten a menores.

Los artículos 13 y 16 de la Ley sobre Delitos Sexuales de 1986, modificada por la Ley de Reforma sobre Delitos Sexuales (Ley 31 de 2000), establecían lo siguiente:

Artículo 13. Sodomía.

(1) Quien cometiere sodomía comete un delito y será penado con prisión:

(a) de cadena perpetua, si lo cometiere un adulto sobre un menor de edad;

(b) de 25 años, si lo cometiere un adulto sobre otro adulto;

(c) de 5 años, si lo cometiere un menor.

(2) En este artículo, «sodomía» significa coito anal entre dos varones o de un varón con una mujer.

Artículo 16. Indecencia grave.

(1) La persona que cometiere actos de indecencia grave sobre o hacia otra persona, comete delito y será penado con prisión:

(a) de 10 años en la primera ocasión y de quince años en caso de reincidencia, si lo comete hacia o sobre un menor de dieciséis años;

(b) de 5 años, si lo comete hacia o sobre una persona de al menos dieciséis años.

(2) El apartado (1) no se aplica a los actos de indecencia grave cometidos en privado entre:

(a) un marido y su esposa; o

(b) un varón y una mujer, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento.

(3) Un acto «de indecencia grave» es un acto distinto de las relaciones sexuales (ya sean naturales o contra natura) en el que la persona utiliza sus órganos genitales con el objetivo de excitar o satisfacer el deseo sexual.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus exámenes periódicos, había recomendado repetidamente al Gobierno de Trinidad y Tobago la derogación de cualquier ley que penalizara a las minorías sexuales, sin embargo, la respuesta de las autoridades isleñas siempre fue negativa. Además, como miembro de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Trinidad y Tobago suscribió todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género adoptadas por este órgano desde 2008, pero desde 2013 exigió que se anotara a pie de página que no podía sumarse al consenso, puesto que contravenía su legislación nacional al respecto.

Curiosamente la oportunidad de denunciar esta ley ante el Tribunal Supremo surgió cuando el gobierno de Trinidad y Tobago decidió en el año 2000 incrementar las penas de cárcel por sodomía de 10 a 25 años de prisión. Cuando el país se independizó de Gran Bretaña en 1962 heredó las leyes coloniales que prohibían la sodomía. En 1986 el Parlamento reescribió la Ley para aumentar la pena de cárcel a 10 años y en 2000 la volvieron a incrementar a 25 años. Antes de eso era imposible llevar la ley ante los tribunales porque existía una “cláusula de protección” que impedía que las leyes británicas no podían ser cambiadas tras la independencia del país. Pero fue el propio gobierno al aumentar las penas el que invalidó esa “cláusula de protección” y abrió la veda para denunciarlas y derogarlas. Y así ha ocurrido.

Dada la renuencia del Gobierno a acabar con la discriminación, el activista Jason Jones decidió presentar en febrero de 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 la Ley sobre Delitos Sexuales ante la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, con sede en Puerto España. Representado por los abogados Richard Drabble, Rishi Dass y Antonio Emmanuel, en la denuncia hacía constar que «la existencia misma de estos artículos afecta continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y a abstenerse —incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento— de participar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer los actos prohibidos y, por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal». Tras la presentación de la denuncia, Jason Jones fue objeto de insultos e incluso de amenazas de muerte a través de la redes sociales. El activista, sin embargo, hizo caso omiso y continuó con su empeño. “No tengo intención de hacer que el pueblo se trague una ‘agenda gay’; ni quiero atacar la religión, moral o espiritualidad“, explicó Jones que tuvo que emigrar a Reino Unido cuando su familia le repudió al salir del armario como gay; “Hago esto para mejorar nuestra nación, y por las futuras generaciones“.

Finalmente, este 12 abril la Corte Suprema ha dictaminado a su favor. Los jueces del alto tribunal opinan que la sociedad es desafortunada cuando, de una u otra manera, valora a las personas o las identifica en función de su raza, color, sexo, edad u orientación sexual. También han considerado que negar a una minoría su derecho a la humanidad y a la dignidad humana es continuar con el tipo de pensamiento experimentado durante el apartheid en Sudáfrica y el Holocausto en Alemania. La resolución completa será publicada en el plazo de tres meses.

Ante la puerta de Tribunal Supremo se concentraron decenas de activistas LGTB+ que esperaban el veredicto y que estallaron en cánticos de alegría cuando conocieron que las leyes homófobas habían sido anuladas.

Love has won in #Trinidad congz to @trinijayjay and the entire team. Thanks to the judges. @PeterTatchell @PT_Foundation @PinkNews @gaystarnews @MailOnline @Independent @guardian @TheSun pic.twitter.com/n1ZHRegGau

— Edwin Sesange (@EdwinSesange) 12 de abril de 2018

Jason Jones ha acogido el dictamen con gran satisfacción. En su cuenta de Twitter escribía: «¡Victoria! ¡Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo! ¡Lo hemos conseguido! ¡¡¡Hemos logrado la igualdad!!!».

VICTORY! Thank you so much for everyone’s messages of support! WE DID IT! We found an EQUAL PLACE!!!! 🇹🇹🏳️‍🌈❤️🌈💗💕

— Jones v T&T (@jonesvtnt) 12 de abril de 2018

«Lo que creo que el juez señaló fue que ‘aquí todos los credos y todas las razas tienen el mismo lugar’, y creo que todos debemos unirnos ahora y abrazarnos con verdadero amor y respeto (…). Esto no se trata de LGBT, se trata de los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución», declara Jones que como los activistas LGBT han celebrado la decisión judicial.

La activista Kenita Placide, asesora en el Caribe de OutRight Action International, que tiene la esperanza de que otros países con leyes similares sigan el camino de la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, valoraba además la importancia que la sentencia pueda tener para los países del entorno. «Los jueces se han ubicado en el lado correcto de la historia en este caso, al anular la ley de sodomía y dictaminarla como inconstitucional. Los activistas y la defensa continuarán en Trinidad y Tobago y en todo el Caribe hasta que se garantice la igualdad para las personas LGBTIQ.», afirmaba, «con estas resoluciones positivas en Belice y Trinidad y Tobago se impulsará a otras países de la región».

El propio Fiscal General del país, Faris al-Rawi, ha declarado a la prensa: “Nuestra sociedad ha cambiado significativamente en su forma de tolerar la homosexualidad, y lo ha hecho radicalmente en la última generación.”

Sin embargo, también se han oído voces de disconformidad. Durante la mañana del día 12, en espera del dictámen, se congregaron ante el edificio de la Corte Suprema no solo las personas LGTB interesadas en la resolución, sino también miembros de grupos religiosos —cristianos y muslmanes— contrarios a la despenalización de las relaciones homosexuales.

El grupo T&T, uno de los principales grupos que exigen que el tribunal defienda la ley, ha llegado a afirmar que la derogación de las Secciones 13 y 16 podría provocar que «los derechos homosexuales prevalezcan sobre los derechos heterosexuales». Yasin Abu Bakr, líder del grupo islámico Jamaat al Muslimeen, evidenciaba su intolerancia y fanatismo con las siguientes declaraciones: «Independientemente de lo que ocurra, nuestra posición sigue siendo la misma. Hay muchos ejemplos, tanto para los que son cristianos como para los que somos musulmanes, del desagrado de Dios por este tipo de comportamiento. Si no apareciera en las Escrituras, sería una cuestión de opinión, pero no es una cuestión de opinión. Es algo que las Escrituras califican de abominación. ¿Acaso vamos a invocar el desagrado de Dios?».

Pero el juez ha rechazado estas ideas, señalando que su veredicto «no es una evaluación o negación de las creencias religiosas de nadie», sino «un reconocimiento de que las creencias de algunos, por definición, no son la creencia de todos, y, en la República de Trinidad y Tobago, todos están protegidos, según la Constitución». El tribunal se reunirá nuevamente en julio para determinar si la Ley de Delitos Sexuales debe ser eliminada en su totalidad o solo en parte.

Como bien señalaba Kenita Placide, el Tribunal Superior de Belice despenalizó las relaciones homosexuales en 2016. Sin embargo, en el continente americano aún están penalizadas en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, en su mayor parte debido a las leyes de la herencia colonial británica. Esperemos que esta nueva resolución favorable a los derechos LGTB de pie a otras semejantes por todo el continente.

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La organización OutRight Action International ha dado la voz de alarma ante el intento de Rusia y Egipto por boicotear el acuerdo antidiscriminatorio hacia el colectivo LGTB en los Juegos Olímpicos. La próxima edición de los Juegos de Invierno tendrá lugar en Pyeongchang (Corea del Sur), entre el 9 y el 25 de febrero de 2018. Y aunque el Principio 6 de la Carta Olímpica Internacional prohíbe explícitamente desde 2015 la discriminación por orientación sexual y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no tiene competencia para modificar o anular dicho documento, el boicot encabezado por estos países pone en riesgo la “Resolución de Tregua Olímpica”, que llama a la paz entre las naciones durante los Juegos Olímpicos (así como en la semana anterior y posterior a los mismos).

La mencionada “Resolución de Tregua Olímpica” se trata de un acuerdo que se negocia entre todos los Estados de la Asamblea General de la ONU cada dos años y en esta ocasión, al parecer, Rusia y Egipto se han propuesto que se elimine cualquier prohibición expresa a la discriminación LGTBfóbica. La directora ejecutiva de OutRight Action International, Jessica Ster, lo ha explicado de forma muy clara: “después de los ataques sistemáticos contra personas LGTB en sus propios países, ahora están poniendo sus miras en promover la violencia y discriminación en todos los países del mundo”. Ciertamente, la situación del colectivo LGTB está empeorando progresivamente tanto en Rusia como en Egipto, como venimos recogiendo.

Según denuncian desde OutRight Action International, los argumentos de ambos países “se basan en el mito y la falacia, usualmente usando la cortina de humo de ‘valores religiosos y culturales’ para justificar la violencia y la discriminación hacia las personas LGTB”. El objetivo de la tregua, que tal y como se desarrolla en la actualidad comenzó en 1993, es proteger la participación de los atletas y sus seguidores en el espíritu de los juegos, como se articula en la Carta Olímpica. Sin embargo, de sobra es conocido el nulo interés de los mandatarios rusos y egipcios en reconocer cualquier derecho a las personas LGTB en los últimos años, aunque simplemente sea la protección contra la discriminación y la violencia.

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la dirección de Brasil, incluyó el principio de no discriminación en la tregua, con una referencia explícita al Principio 6 de la Carta Olímpica. Los 193 Estados miembros aprobaron por unanimidad entonces la tregua. En cambio, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, Rusia y Egipto han propuesto un ultimátum al Comité para que se elimine cualquier referencia al inclusivo Principio 6 de la Carta Olímpica. “Egipto y Rusia no están simplemente peleando por un lenguaje simbólico, sino por los niveles de violencia que los gobiernos pueden usar contra las personas LGBTQ”, concluye Jessica Stern.

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Estados Unidos se ha visto forzado a salir al paso de las informaciones que le acusaban de haberse opuesto a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenaba la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. Lo cierto, como explicábamos hace dos días, es que ese titular descontextualizado puede ser malinterpretado. La resolución era un texto globalmente crítico con la pena de muerte, y de ahí deriva la oposición estadounidense, que no es nueva (textos similares se han votado en ocasiones anteriores y Estados Unidos también ha votado en contra). Lo importante, en este caso, es que por primera vez se incluía una mención a la aplicación de la pena de muerte a las personas que mantienen relaciones homosexuales, a la que Estados Unidos, según ha confirmado ahora, se opone. Una clarificación que colectivos en defensa de los derechos LGTB consideran oportuna, aunque no ha despejado todas las críticas.

Lo explicamos en nuestra anterior entrada (en la que detallamos además el voto de los diferentes países). La resolución A/HRC/36/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aborda la pena de muerte y condena su aplicación cuando no es garantista y supone una violación de derechos humanos fundamentales. Condena, por ejemplo, la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual, contra quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito o contra mujeres embarazadas. También “deplora” que las personas pobres o económicamente vulnerables y los extranjeros sean condenados a muerte de manera desproporcionada. Por lo que se refiere al ámbito LGTB, lo interesante de esta resolución es que por primera vez incluye la cuestión LGTB entre sus considerandos y recomendaciones. Lo hace, en concreto, en tres ocasiones:

• La primera, en su parte introductoria, al tomar nota de los informes del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte, en el último de los cuales “examinó los efectos desproporcionados de la aplicación de la pena de muerte a personas pobres o económicamente vulnerables, los extranjeros, las personas que ejercen el derecho a la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión, y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra las minorías raciales y étnicas, su aplicación discriminatoria por motivos de género u orientación sexual, y su aplicación a personas con discapacidad mental e intelectual”.
• La segunda, cuando expresamente condena “la imposición de la pena de muerte como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas, y expresando profunda preocupación por el hecho de que la pena de muerte por adulterio se imponga de manera desproporcionada a las mujeres”.
• Finalmente, la tercera mención tiene lugar cuando insta “a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a velar por que esta no se imponga como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas”.

Se trata, en este sentido, de un avance importante, que la propia ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales) saludaba como “histórico”. Sin embargo, mediáticamente quedó ensombrecido por el voto contrario de los Estados Unidos, que hizo que numerosos medios de comunicación señalasen en sus titulares a este país como opuesto a una condena a la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. También fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos LGTB. “La embajadora Haley [en referencia a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas] ha fallado a la comunidad LGBTQ al no pronunciarse contra el uso bárbaro de la pena de muerte para castigar a personas que tienen relaciones homosexuales”, declaró Ty Cobb, responsable del área internacional de Human Rights Campaign (la mayor organización de defensa de los derechos LGTB en Estados Unidos). “El desprecio flagrante de esta administración hacia los derechos humanos y las vidas de las personas LGBTQ en el mundo es más que vergonzoso”, añadió.

Tal ha sido el alcance de la noticia que el Departamento de Estado se ha visto obligado a desmentir que Estados Unidos apoye de alguna manera la aplicación de la pena de muerte a las personas homosexuales. lo ha hecho con una breve intervención de su portavoz Heather Nauert, ante la prensa, en la que explicó que su país votó contra la resolución debido “a más amplias reservas hacia la forma en la que la resolución condenaba la pena de muerte en todas las circunstancias”. Conviene recordar, en este punto, que Estados Unidos aplica la pena de muerte en 31 de sus 50 estados, y de hecho en 2016 se situó entre los diez países del mundo con más personas ejecutadas. “Los Estados Unidos condenan de forma inequívoca la aplicación de la pena de muerte para conductas tales como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o la apostasía. No consideramos que tales conductas deban ser objeto de criminalización”, añadió:

.@statedeptspox comments on a vote related to the death penalty at the @UN #HumanRights Council in Geneva. #UNHRC pic.twitter.com/nSugkMrBZC

— Department of State (@StateDept) 3 de octubre de 2017

La propia embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quiso explicar en Twitter que el voto estadounidense no podía entenderse como un refrendo a la aplicación de la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales. “Siempre hemos luchado en favor de la justicia para la comunidad LGBT”, afirmaba Haley, que insistía en que su voto era el mismo que el que en su momento ejerció la administración Obama contra una resolución similar (si bien aquella no incluía referencia alguna a las personas homosexuales):

Fact: There was NO vote by USUN that supported the death penalty for gay people. We have always fought for justice for the LGBT community.

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Fact: The vote that took place in Geneva is the same US vote that took place under the Obama admin. It was not a vote against LGBT #Fact

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Las aclaraciones de la administración Trump han sido bienvenidas, por ejemplo, Por Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, que ha querido echar en esta ocasión echarle un guante. “Sería un error interpretar su oposición a la resolución contra la pena de muerte como un cambio en sus políticas”, ha asegurado Stern, insistiendo en que su organización segurá denunciando a la administración Trump por cada uno de los pasos que dé en contra de los derechos LGTB. Desde Human Rights Campaign, por su parte, y tras la condena inicial a la que antes hacíamos mención, han agradecido la clarificación aunque siguen mostrando su preocupación por el abandono del compromiso de Estados Unidos con los derechos LGTB a nivel global.

No faltan, en cualquier caso, los activistas que consideran ingenuo pensar que no oponerse con firmeza a la pena de muerte no afecta a los derechos LGTB. “La pena de muerte es también un asunto LGTBQ. Uno puede verlo en el modo en el que se aplica en Arabia Saudí, Yemen, Sudán y otros lugares”, ha afirmado por ejemplo Ryan Thoreson, investigador en el programa de derechos LGTB de Human Rights Watch. “Cuando los Estados Unidos no están dispuestos a denunciarlo, incluso en una relsoución irreprochable como esta, envía una señal de tolerancia hacia la pena de muerte que debería preocupar mucho a las personas LGTBQ”, ha añadido.

Países que castigan la homosexualidad con la muerte

De acuerdo al último informe de ILGA sobre Homofobia de Estado, publicado en mayo, la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Catar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que los 22 países de la UE que obligan a las personas trans a esterilizarse para poder ver su género reconocido legalmente están vulnerando los derechos humanos y prohíbe la práctica.

Hoy es lunes 10 de abril de 2017 y aún hoy hay 22 países en la Unión Europea que obligan a las personas trans que quieren cambiar legalmente su género a someterse a un proceso de esterilización. Sí, eso está pasando ahora mismo. O más bien estaba pasando hasta ahora, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió el pasado jueves día 6 una sentencia en la que dejan claro que ese proceso atenta contra los derechos humanos de las personas trans. Esta sentencia obligará a esos países a modificar sus leyes y eliminar la esterilización forzada de las personas que quieran cambiar su género de forma legal.

En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado francés por condicionar el reconocimiento legal de la identidad de género a la realización de una intervención quirúrgica o a un tratamiento esterilizador. Aunque recientemente Francia ha modificado su legislación en lo referente al reconocimiento legal de la identidad de género y ya no exige estos procedimientos, la sentencia supone un espaldarazo a los derechos trans en Europa.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Bélgica o Finlandia. Suecia, por ejemplo, no eliminó hasta 2013 este requisito y se comprometió a indemnizar a todas las personas trans que sufrieron esa tortura entre 1972 y 2013 con unos 25.000€. Francia dejó de esterilizar a las personas trans que querían ver reconocido su género de forma legal en octubre de 2016 (hace apenas medio año).  A principios de 2017 Ucrania fue otro de los países que revisó las leyes que afectan al colectivo trans y también eliminó la esterilización. Pero, de hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas.

Situación de los derechos trans en Europa en 2013 según la ILGA

Hoy por hoy sólo hay cuatro países en Europa (Noruega, Irlanda, Malta y Dinamarca) que tienen leyes a nivel estatal que basan los derechos de las personas trans (y su identidad legal) en el derecho de autodeterminación y no en requerimientos médicos. En España el PSOE presentó hace unos meses una propuesta para actualizar la Ley Trans que se aprobó hace una década y acercarla más a algunas de las leyes autonómicas (como la de Valencia, aprobada hace unos días) eliminando el requerimiento de un diagnóstico de disforia de género (término que la propia OMS ha sustituido por el de “incongruencia de género“) para poder acceder a los cambios en el registro civil.

Esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos surge de tres casos diferentes presentados contra Francia en 2012 y en 2013. En el caso francés, hasta muy recientemente no existía una legislación específica que regulase la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía: La decisión debía pasar forzosamente por las manos de los jueces, que de forma generalizada exigían este requisito. No fue hasta finales de 2016 que la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley al respecto, que aunque sigue manteniendo la tutela judicial sobre la decisión de ver reconocida la identidad de género al menos eliminaba expresamente la necesidad de someterse a tratamiento previo.

Ahora, tras haber analizado de forma conjunta la demanda de tres mujeres transexuales francesas que en su momento acudieron por separado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el alto tribunal considera que la exigencia de someterse a este tipo de procedimiento viola el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Puedes descargar el comunicado de prensa que da los detalles de la sentencia aquí (en inglés). La sentencia íntegra la puedes descargar aquí (en francés).

Julia Ehrt, directora de Transgender Europe

Aunque la sentencia no reconoce todas y cada una de las peticiones de las demandantes francesas (por ejemplo, no condena a Francia por exigir la necesidad de un examen médico y psicológico previo, considerando que ello entra dentro de la capacidad discrecional de los estados) supone sin duda un enorme paso adelante para el reconocimiento global de los derechos trans. Y así ha sido celebrada por Transgender Europe, que la ha considerado “una victoria de las personas trans y de los derechos humanos en Europa”. Su directora ejecutiva, Julia Ehrt, ha hecho también un llamamiento a que la veintena de estados europeos que aún exigen este requisito para reconocer legalmente la identidad de género modifiquen cuanto antes sus legislaciones.

Julia Ehrt, la Directora Ejecutiva de Transgender Europe (una de las organizaciones que más ha luchado las esterilizaciones forzosas) ha explicado que esos tres casos mostraban cómo Francia (y los otros 21 países) quebrantaban los artículos 3, 8 y 14 de la Convención Europea de los Derechos Humanos que hacen referencia a la prohibición de la tortura, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y la prohibición de la discriminación. “El día de hoy es una victoria para las personas trans y los derechos humanos en Europa. Esta decisión pone fin al oscuro capítulo de la esterilización por mandato del estado en Europa. Los 22 países en los que la esterilización sigue siendo obligatoria tendrán que eliminar esta práctica, y nosotros estamos deseando apoyar a esos y otros países en la reforma de sus legislaciones“, ha explicado Ehrt

Jessica Stern, Directora Ejecutiva de la OutRight Action International ha dicho que la sentencia es un “paso en la dirección correcta” para garantizar los derechos de las personas trans en todo el mundo, porque la decisión del tribunal europeo ha “subido el listón“.

La organización LGTBfóbica Alliance Defending Freedom participó en el proceso reclamando el derecho de los países a decidir sobre las personas trans en su territorio y argumentando que el Tribunal De DD.HH. Europeo no debía tener en cuenta los Principios de Yogyakarta. Jessica Stern, de OutRight Action International, explica que este grupo “se mofa de la palabra libertad cuando anteponen sus dogmas religiosos a los derechos de los individuos a ser legalmente reconocidos.” ¿Os recuerda a alguien? Pues eso.

Los grupos humanitarios instan a todos los países a abandonar legislaciones que consideran arcaicas y perjudiciales para las personas trans y adoptar las legislaciones más avanzadas que garanticen los derechos del colectivo. De hecho, aunque el activismo trans ha visto esta sentencia con muy buenos ojos, se lamentan de que no se haya dado un paso más y se haya eliminado el requisito de informes médicos y psicológicos para que prevalezca el derecho de autodeterminación.

Fuente: Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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