Presidente de Uganda Yoweri Museveni

El parlamento de Uganda busca endurecer su postura contra las personas queer al escuchar un proyecto de ley que criminalizaría identificarse como LGBTQ+.

Los legisladores dicen que la prohibición actual de las relaciones entre personas del mismo sexo, que se castiga en el país de África oriental con hasta cadena perpetua, no es suficiente.

Las fuertes raíces religiosas (católicos y anglicanos apoyan la ley) y conservadoras de Uganda significan que hay opiniones profundamente anti-LGBTQ+ en el país.

El parlamento ugandés intentó anteriormente volver a criminalizar la homosexualidad con una ley en 2013. Sin embargo, al año siguiente, fue anulada por la Corte Suprema, que dictaminó que la legislación se aprobó incorrectamente y contravenía la constitución del país.

El proyecto de ley contra la homosexualidad de 2023 incluye la prohibición de tocar a otra persona “con la intención de cometer el acto de la homosexualidad”, y las personas declaradas culpables del “delito de la homosexualidad” se enfrentan a hasta 10 años de cárcel.

El mismo castigo es posible por simplemente identificarse como lesbiana, gay, trans, queer o “cualquier otra identidad sexual o de género que sea contraria a las categorías binarias de hombre y mujer”, dijo Human Rights Watch.

Reuters informó que la presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, instó a los parlamentarios a rechazar la intimidación, refiriéndose a las historias de que algunos países occidentales amenazaban con imponer prohibiciones de viaje a los involucrados en la aprobación de la ley.

Habiendo tenido el proyecto de ley su primera lectura en el parlamento, ahora se ha enviado a un comité, donde habrá audiencias públicas, antes de que regrese al parlamento para un debate y una votación.

Oryem Nyeko, investigador de Uganda en Human Rights Watch, dijo que criminalizar a las personas “simplemente por ser quienes son”, además de infringir los derechos a la privacidad y la libertad de expresión, era “una de las características más extremas” del proyecto de ley.

“Los políticos de Uganda deberían centrarse en aprobar leyes que protejan a las minorías vulnerables y afirmen los derechos fundamentales y dejar de apuntar a las personas LGBT para obtener capital político”, dijo.

“Lo que está intentando el gobierno debería hacer sonar las alarmas entre los grupos de la sociedad civil en Uganda y en la comunidad internacional, ya que indica una mayor represión y el sofocamiento de las voces de la oposición y los grupos de la sociedad civil en todos los ámbitos”.

La Fundación Peter Tatchell organizó una protesta que tuvo lugar el 13 de marzo frente a la Abadía de Westminster para expresar su oposición a la legislación propuesta.

La fecha marca el Día de la Commonwealth y la protesta tendrá lugar “cuando los líderes de la Commonwealth y el rey Carlos lleguen para el servicio anual del Día de la Commonwealth”, dijo Peter Tatchell. Uganda es miembro de la Commonwealth.

JOIN US: Protest Uganda & Commonwealth homophobia! Mon 13 March 1pm Westminster Abbey, as Commonwealth leaders, PM & King Charles attend Commonwealth Day service. 32 Commonwealth nations criminalise LGBTs. Uganda bids to outlaw LGBT identity & groups. INFO https://t.co/OkIQcjkqXc pic.twitter.com/dfapiywovX

— Peter Tatchell (@PeterTatchell) March 9, 2023

Al describir el proyecto de ley como una de las leyes homofóbicas más amplias y draconianas jamás consideradas por cualquier régimen en el mundo, Tatchell agregó: “Prohibiría casi todos los aspectos de la existencia LGBT+”.Señaló que violaba las secciones dos y cuatro de la Carta de la Commonwealth, el artículo 21 de la constitución de Uganda y los artículos  dos y tres de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La activista ugandesa Abbey Kiwanuka, del grupo LGBTI africano Out & Proud, dijo que lucharán contra el proyecto de ley. “Al contrario de lo que afirman los proponentes de este proyecto de ley, nadie está reclutando a nadie para la homosexualidad”, dijo Kiwanuka.

El fundador de African Equality Foundation, Edwin Sesange, hizo un llamado a los líderes de la Commonwealth para que “se pronuncien y hagan que países como Uganda rindan cuentas y respeten los derechos humanos básicos”. Agregó: “No hay un futuro común pacífico en la mancomunidad cuando se persigue a las personas LGBT”.

Reuters informó que activistas dijeron que ya ha habido una ola reciente de discriminación y violencia contra la comunidad LGBTQ+ en el país este año, luego de una investigación realizada por un comité parlamentario sobre informes de supuesta promoción de la homosexualidad en las escuelas.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Abbey Kiwanuka, African Equality Foundation, Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Commonwealth, Día de la Commonwealth, Edwin Sesange, Fundación Peter Tatchell, Homofobia/Transfobia, Out & Proud, Uganda

Interesante reflexión:

ILGA Europa, la organización “paraguas” que agrupa a los colectivos LGTB más importantes del continente europeo, ha emitido un comunicado de prensa en el que, tras la decisión de la ciudadanía británica de abandonar la Unión Europea, ha hecho un llamamiento a seguir luchando en favor de la igualdad de las personas LGTB en el Reino Unido y el resto de Europa. Y es que el Reino Unido, no lo olvidemos, es hoy día uno de los estados miembros de la Unión Europea más avanzados en materia de derechos LGTB. 

El referéndum convocado por David Cameron se saldó con una victoria de los partidarios de abandonar la Unión Europea por cuatro puntos de diferencia (un 52% frente al 48%). Lo hizo, además, con una participación más elevada de lo previsto. La decisión parece haber pillado con el pie cambiado a la clase política de medio mundo, además de a buena parte de analistas y opinadores, desatando además una reacción que en ocasiones ha bordeado la histeria. Y ello a pesar de que el referéndum para decidir sobre la permanencia en la Unión Europea era una de las promesas electorales de Cameron y de que días antes las encuestas ya señalaban la tendencia favorable al brexit, que solo amortiguó el terrible asesinato de la diputada laborista Jo Cox.

Dejando aparte otras importantes consecuencias políticas, económicas y sociales en las que no entraremos, ¿qué supondrá la salida de la Unión Europea para los derechos LGTB en Reino Unido? Es difícil decirlo, pero posiblemente no demasiado, al menos a corto o medio plazo. Si bien es cierto que el resultado supone un reforzamiento de las posiciones mas conservadoras, tradicionalmente asociadas a una mayor oposición a los derechos LGTB, la situación jurídica en Reino Unido se sitúa ya entre las más avanzadas del continente (así lo atestigua el propio barómetro anual de ILGA Europa) y no es previsible que haya marcha atrás a este respecto. De hecho, el mayor impulsor del Brexit, el conservador Boris Johnson (a quienes muchos consideran probable primer ministro en unos meses, tras el anuncio de retirada de Cameron) siempre ha presumido de ser un claro partidario de los derechos LGTB, y de hecho durante su etapa como alcalde de Londres se preocupó muy especialmente de consolidar una buena relación con la comunidad LGTB. Él fue, por ejemplo, uno de los políticos conservadores que más se significó por su apoyo al matrimonio igualitario, un tema en el que hizo causa común con Cameron pese a adivinarse ya como su principal rival en el seno de su partido.

Muy comentada (y ridiculizada por sus adversarios, por cierto) fue la llamada de Boris Johnson al colectivo LGTB para que se unieran a la corriente anti Unión Europea, con el argumento de que un Reino Unido no sometido a las directrices de Bruselas era una mejor garantía para sus derechos. Incluso se llegó a constituir un grupo de apoyo al Brexit formado por seguidores LGTB de Johnson, denominado Out & Proud. “Hicimos campaña asegurando que los derechos LGTB estarían mejor aquí y en el exterior fuera de la Unión Europea. Demostraremos que teníamos razón”, tuiteaba el grupo, tras conocerse el resultado del referéndum:

We campaigned off the back of the idea that LGBT rights would be better both here and abroad outside of the EU. We will prove we were right.

— Out & Proud (@OutandProudUK) 24 de junio de 2016

Sin embargo, sí creemos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es una muy mala noticia para los derechos LGTB en el resto del continente. Una Europa que queda en buena parte huérfana del componente anglosajón, en la que el peso de Alemania -un país cuya clase política se resiste como gato panza arriba a aprobar el matrimonio igualitario-  será aún mayor y en la que la homofobia institucional de los estados de Europa del Este tendra menos contrapesos no ofrece, desde luego, un horizonte especialmente halagüeño. Esperamos equivocarnos.

Quizá por eso ILGA Europa ha querido hacer un llamamiento a que la salida de la Unión Europea del Reino Unido no suponga freno al avance de los derechos LGTB en el continente. “En nuestros 20 años de historia, hemos apoyado el esforzado trabajo de nuestros miembros del Reino Unido, y aprendido mucho de ellos a cambio. Por eso, como la red europea de activistas de derechos humanos que somos, lamentamos naturalmente el hecho de que el Reino Unido ya no será una voz para el progreso de la Unión Europea”, se lamenta ILGA Europa en su comunicado, en el que muestra además su preocupación por el debilitamiento del activismo compartido que puede suponer. ILGA Europa pide de hecho que del resultado del referéndum británico se derive “mayor solidaridad, no menos”, y no solo por lo que respecta a los derechos LGTB, sino a otros derechos humanos y a otras organizaciones que lucan por la igualdad.

Veremos si Europa reacciona en la dirección adecuada tras el varapalo británico. Porque mucho se habla de los perjuicios para Reino Unido del brexit, pero poco de la delicada situación en la que esta Europa se encuentra… con y sin brexit.

Fuente Dosmanzanas

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