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En 2015, el Gobierno aprobó un protocolo de atención sanitaria para las personas trans. La idea era atender de manera integral sus enfermedades comunes, darles terapia psicológica y de reemplazo hormonal, pero fue solo sobre el papel. No se ha invertido dinero para la formación y concientización del personal médico. Colectivos trans denuncian malos tratos y exclusión en los centros de salud y hospitales.
Equipo de investigación en Guatemala: Saira Ramos, Morena Joachin y Pilar Salazar/Fotos: Morena Pérez Joachin *
Una crisis de hipertensión, hemorragia gastrointestinal, anemia severa e insuficiencia renal llevaron, el 19 de agosto de 2020, a Melany Rivera, por segunda vez en el año, al hospital Roosevelt, en Ciudad de Guatemala. Los médicos la ingresaron al área de shock, de la emergencia de adultos. Su cuadro clínico era grave, tanto que entró en coma. Al día siguiente, fue trasladada al área de intensivo 1, donde hay capacidad para 14 personas. Vivió sus últimas horas conectada a un aparato que funciona como un pulmón mecánico. Murió el 13 de septiembre, a la una de la tarde. Tenía todas las enfermedades con las que entró al hospital y neumonía.
Melany hubiera cumplido 31 años el pasado miércoles 27 de enero. Nació en la capital y su profesión era enfermera auxiliar. Morena, de complexión fuerte y robusta. La conocimos a inicios de marzo de 2020, fue amigable. Era creativa, siempre buscaba organizar charlas educativas para sus vecinos y compañeras, tenía cualidades de liderazgo. Era la vicepresidenta del colectivo Trébol, una asociación de mujeres trans trabajadoras sexuales, que se mantienen en el área del Trébol, un lugar con mucha bulla y personas que se dedican a actividades ilícitas. También fundó un grupo de alcohólicas anónimas para mujeres trans, dice Jeaneth Contreras, actual presidenta del colectivo.
Con ella Melany hizo una de sus últimas llamadas. Contreras es la principal testiga de lo que su compañera padeció durante los 25 días que estuvo ingresada. Asegura que el personal sanitario no respetó su identidad de género. La trataron como hombre. Ella cree que la principal causa de su muerte fue el contagio de coronavirus, agravado por sus padecimientos.
Marco Antonio Barrientos, director del hospital Roosevelt niega el contagio. Dice que sólo el intensivo 2 es para pacientes con Covid-19. En una entrevista por teléfono, el ginecólogo asegura que en el hospital hay encamamientos para mujeres y hombres, pero que si una persona trans necesita ser internada, el centro dispone de habitaciones donde se le puede ingresar.
El jefe del Roosevelt admite que Melany nunca llegó al lugar que le correspondía: “Ella nunca estuvo en encamamiento normal. Melany, como tú le dices, vino en una situación crítica y cuando ingresó, fue registrada como Carlos González” —su nombre asignado al nacer—.
El ginecólogo se justifica en que el documento de identificación de Melany decía: sexo masculino. “Nosotros tratamos —de implementar la estrategia— pero ante la gravedad, nuestra obligación es salvaguardar la vida. Nuestra sugerencia es que acudan lo antes posible al registro civil (Renap) para hacer el cambio de identidad y así su documento de identificación será como tal, para que nosotros los podamos identificar”. Lo que ignora el doctor es que en Guatemala una persona trans se puede cambiar el nombre, pero no el género en el registro del que habla.
La transfobia que Jeaneth denuncia—discriminación a las personas trans— en el sistema sanitario de Guatemala tendría un por qué. En 2015, el Ministerio de Salud aprobó una medida histórica: la primera Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para las personas trans. Una política pública dirigida por la Unidad de Género del ministerio, cuya responsabilidad era enseñar al personal sanitario a reconocer y respetar la identidad de género trans.
La política pública fue distribuida en el sistema de salud pero el personal médico no ha sido capacitado para aplicar el documento y entender el contexto de estigma y discriminación hacia las personas trans. Aunque la estrategia explica el contexto de la población trans, no incluye los protocolos, lineamientos ni capacitación para el personal sanitario. Ese era el siguiente paso pero no sucedió. La estrategia nunca fue ejecutada.
Jannet Contreras mostrando el documento de indetificacion personal
Jeaneth está sentada enfrente de una mesa redonda, la mesa está cubierta por un mantel blanco. Ella golpea un lapicero sobre la mesa. Está molesta. Detrás cuelga la bandera de cinco franjas horizontales, dos de color celeste, dos de color rosado y una blanca en el centro, que representa a la comunidad trans en todo el mundo. Entre el 17 de agosto y el 13 de septiembre Jeaneth no se quedó quieta. Habló con la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y con organizaciones de sociedad civil. La respuesta fue unánime: no podían llegar al hospital por el riesgo de contagio por Covid-19.
Casi 5,000 trans discriminadas
En el país, hasta 2015, había unas 4,840 mujeres trans. Guatemala era el departamento que tenía más concentración. El 35% se dedicaba al trabajo sexual, el 30% realizaba actividades de belleza y arte, el 42% eran empleadas o tenían un negocio propio y el 7% no trabajaba. La mayoría, 61%, dijo tener ingresos menores al salario mínimo (3,075 quetzales), según el último informe elaborado por Hivos, una organización de cooperación internacional.
El ministerio tardó cinco años más en diseñar una estrategia de comunicación para sensibilizar a los profesionales del sector, pero aún no se aplica. Un objetivo difícil cuando el gobierno no ha dedicado un presupuesto al modelo. El personal sanitario sigue sin estar preparado para responder a las necesidades básicas de la comunidad trans como: terapia de reemplazo hormonal, enfermedades crónicas, ginecología, mamografías e infecciones producidas por inyectarse aceites minerales y siliconas en cualquier parte del cuerpo, porque el ministerio no realiza operaciones de transición de género.
Jeaneth se acomoda en una silla de madera, se toca el cabello y frunce el ceño. Asegura que el sistema de salud desatendió a Melany. Si la estrategia estuviera funcionando, dice, su compañera hubiera asistido a sus consultas médicas sin temor a ser discriminada y antes de que su salud empeorara. Indica que documentó el caso, lo hizo ante una falta de registros que son responsabilidad del Estado.
En 2009, la organización Otrans Reinas de la Noche empezó a trabajar la política pública sanitaria para las personas trans a partir de la necesidad de atenderlas de manera integral, no solamente por infecciones de transmisión sexual, pruebas de VIH y entrega de condones, sino también por problemas de drogas y enfermedad común. Fue el preludio de la actual estrategia, un esfuerzo de sociedad civil y cooperación internacional al ver que al Estado no le interesaba la salud de esta población.
En 2015, Mariano Rayo —quien fue diputado antes por el partido Unionista, de derecha conservadora—, era ministro de Salud con el gobierno de transición posterior a la crisis de gobierno del ex presidente preso Otto Pérez. Él fue quien aprobó la estrategia de salud integral, que llevaba cuatro años en el cajón, recuerda en 2020.
Desde su casa, sentado en una silla ejecutiva, Rayo gesticula mucho para expresarse. Dice que se convenció porque leyó y escuchó casos de estigma y discriminación en la red pública. Rayo firmó la autorización y socialización de la estrategia después de que Astrid Grissel López, quien era jefa de la Unidad de Género, le explicó su contenido. Lo hizo en una hora, semanas después de que el economista asumió el cargo como ministro. En este punto, la estrategia de salud había pasado por dos gobiernos distintos sin suerte. Rayo toma sorbos de su café. Rechaza que la estrategia no funcione por transfobia. Hay “otras necesidades diarias”, dice.
El diablo acosó a Jeaneth
Jeaneth tiene 55 años. Es una de las pioneras del movimiento trans en Guatemala. Le gusta pintarse los labios de rojo, usar collares largos y espolvorearse el rostro. Nació en Santa Rosa, en el suroriente del país. Con su familia emigró a El Gallito, uno de los barrios más violentos de la capital, en la zona 3, muy cerca del Cementerio General. De niña, su padre y uno de sus hermanos querían “corregir” su comportamiento femenino. Un maestro la violó cuando tenía ocho años.
En un mensaje de voz nos relata la última amenaza de muerte. Ocurrió el 16 de enero de 2021, cuando un hombre que trabaja como guardia de seguridad de los hoteles de El Trébol sacó un arma y le apuntó en la cabeza. Le dijo que la mataría si las treinta integrantes del colectivo no pagaban 15 quetzales diarios por su seguridad. La situación impactó en su salud, padece de diabetes e hipertensión. También afectó sus ingresos ya que disminuyeron porque no ha ido a trabajar y ha tenido que vender algunos de sus bienes para comprar sus medicamentos y sobrevivir. Ella teme ser asesinada, no quiere dejar sola a su hija, a sus nietos y a sus sobrinos.
El Trébol está situado en la intersección de la avenida Bolívar y el bulevar Liberación, dos importantes vías de la ciudad. Es el sector donde permanecen y ejercen el trabajo sexual las mujeres trans del colectivo que han sido excluídas históricamente de las oportunidades laborales. Durante el día, en el lugar funciona el mercado El Guarda, una estación de buses con dirección al occidente del país, un estadio de fútbol, algunos hoteles, bares y cantinas. En la noche, se escuchan las sirenas de las patrullas policiales y de las ambulancias. A un kilómetro está el Hospital Roosevelt, donde murió Melany.
En una casa de huéspedes, las integrantes del colectivo Trébol alquilan un espacio cada vez que se reúnen, la tarifa es de 100 quetzales. Es jueves 5 de noviembre, tres de la tarde. Tienen que elegir a la junta directiva. Jeaneth hace una pausa, pide la atención de sus compañeras. Recuerda que en 2010 se organizaron por primera vez. Buscaban protegerse de las amenazas y extorsiones, de las que son nuevamente víctimas. Los aplausos suenan en el salón, es por la nueva directiva integrada por cinco de ellas. Preparan café para repartir entre todas. Hacen lectura de los acuerdos y argumentos que quieren tratar para darle seguimiento a sus derechos. Seguido de eso, participan en voz alta haciendo lectura bíblica sobre la prevención de adicciones al alcohol. Algunas se ríen, y otras conversan en voz alta sobre sus experiencias de vida.
Jeaneth está en un sofá marrón, en la sala, con el sol del atardecer sobre su rostro. Habla sobre su experiencia en el Hospital General, en donde le practicaron tres cirugías para extraer los aceites minerales que le causaban infección en los senos. La última fue en 2016. Recuerda que un médico le dijo que “el diablo la había acosado” y eso la había llevado a inyectarse esas sustancias. Mientras que una enfermera le aseguró que eso le pasó por “meterse cosas que son para mujeres”. En la cabecera de la cama estaba puesto su nombre asignado al nacer. Le decían “don Roberto”. Ella les corregía en balde.
Siente que quienes le hicieron la cirugía la castigaron por no estar de acuerdo con su trabajo sexual e identidad de género. Lo dice porque le dejaron grandes cicatrices que hacen imposible encontrar lo que quedó de sus senos. No puede probarlo.
La noche del 18 de enero de 2021, dos días después de la amenaza de muerte, Jeaneth envía un nuevo mensaje de voz y cuenta que hace un mes dio positivo a Covid-19. Su recuperación ha sido un proceso lento, aún tiene secuelas de los efectos físicos de la enfermedad. No quiere ir al hospital. Tiene miedo de que le ocurra una situación similar a la de Melany. Ella prefiere morirse en su casa.
Junta Directova 2020
@wmorena
La mujer que le daba asco a la doctora
El ruido llega de los numerosos talleres de mecánica y de carpintería. Rodean la clínica a la que acude la mayoría de personas trans que necesitan ir al médico en el sistema público, como casi todas las mujeres del colectivo Trébol.
El área especializada en infecciones de transmisión sexual (ITS) está a la par del centro de salud de la zona 3. Es donde van las mujeres trans porque la mayoría que visitan el área son trabajadoras sexuales. Por costumbre el sistema sanitario ha asumido que van a ese lugar por ITS y VIH positivo generalmente. En teoría, deberían acudir a cualquier centro por cualquier otra enfermedad, pero no es así. Queda a un costado del Cementerio General, donde está enterrada Melany.
En 2011, los doctores del área especializada en ITS iniciaron un acercamiento con las mujeres trans para entender sus necesidades de salud, querían aprender sobre su contexto. Jeannette Gutiérrez de Ochomogo, actual directora, médica de profesión habla desde su casa vía Zoom.
Cuenta que Debby Maya Linares —una de las fundadoras del movimiento trans en Guatemala—, lideró las reuniones con el personal sanitario. El resultado fue la instalación de la mesa técnica que actualmente lidera la Unidad de Género y donde surgió la necesidad de crear la actual estrategia de salud.
Gutiérrez de Ochomogo es empática y muestra voluntad de servicio para trabajar a favor de la comunidad trans. Ve necesario que todo el personal sea permanente en el centro especializado, ya que cuando hay una remoción o traslado es difícil que el personal nuevo llegue capacitado y sensibilizado. “Hay mucha gente que no se queda trabajando, se van porque no se sienten cómodas con la población trans”, admite la médica mientras hace una pausa para suspirar.
Se acomoda los lentes y cuenta que está en resguardo, un concepto utilizado en el sistema de salud que permite a quienes tienen enfermedades crónicas trabajar desde su casa y evitar el contagio por Covid-19. Recuerda que antes de la pandemia, por iniciativa de la dirección, estaban capacitando a las y los practicantes de medicina de la universidad estatal. “Para que tengan conocimiento del trato a la población trans, algo que no nos enseñaron en nuestra época”, dice.
También indica que a las pacientes se les asigna un número, con el cual son atendidas en las clínicas. Con esto, evita que el personal médico y administrativo las llame con un nombre que no es acorde a su identidad de género. Aún así, Jeaneth Contreras dice que el personal administrativo del área en ITS discrimina: llaman a las mujeres trans con el nombre que les asignaron al nacer y retrasan el ingreso de sus expedientes a la consulta externa. Mientras llena un vaso de agua y toma el medicamento para la presión, cuenta que lo pudo comprar por una colecta. Desde hace más de dos décadas, va al área especializada.
Recuerda cuando hace 15 años defendió a una de sus compañeras del colectivo Trébol que había llegado a control de rutina de VIH. “La dejaron de último. Primero atendieron a las mujeres que según su apariencia física, nacieron con órganos sexuales femeninos, lo que ellos entendían que son mujeres, entonces yo entré a la clínica y le pregunté a la doctora Delia Cuellar: ¿Por qué no la quiere atender? Me dijo que le daba asco y porque siempre llegaba sucia” lo que por sus actitudes sería transfobia.
Tras la queja, se inició un procedimiento administrativo contra Cuellar, el cual terminó con su traslado a otra área de salud. Su falta no fue suficientemente grave como para ser despedida.
“Estamos creando un nuevo bloque de personas sin estigma y discriminación. Le hemos dicho a la población trans que nos tenga paciencia porque la gente nueva ha trabajado en enfermedad común, no con personas trans”, dijo la directora del área especializada en ITS.
Una crema para la ITS de Alondra
Miércoles, 11 de noviembre, casi las cuatro de la tarde. Alondra Castellanos y otras cinco integrantes del colectivo Trébol quieren aprovechar los últimos rayos del sol para hacerse una sesión de fotos, la que acompaña este reportaje, en los diferentes ambientes de la casa que alquilan para hacer sus reuniones.
@wmorena
Alondra, de piel morena y complexión delgada, es una mujer trans e indígena tz’utujil del departamento de Sololá, en el altiplano guatemalteco. Mientras se peina, dice que tiene 18 años y que hace dos llegó a la capital donde vive con su mamá, con quien se mudó. Entre risas nerviosas y suspiros, comenta que encontró consejos y apoyo en el colectivo. Sueña con viajar a México. Quiere operarse y alcanzar un aspecto físico acorde a su identidad de género.
Siendo una persona menor de edad, Alondra fue al centro especializado, de la zona 3. Le diagnosticaron una ITS. Lloró mucho. La doctora que la atendió le dijo que se “olvidara de lo que pasó, que guardara reposo y que se aplicara cremas y tratamiento médico para las heridas”. Esa fue la primera y última vez que recurrió al sistema de salud pública. El sistema no respondió a Alondra entonces. Tampoco años después a Melany Rivera, según Jeaneth Contreras.
No hay fondos, ni rutas, ni respuestas claras de las autoridades para tratar a las casi cinco mil mujeres trans de Guatemala. Está el silencio de Alejandra Estrada, jefa actual de la Unidad de Género, que se negó a hablar del proyecto a pesar de ser su responsabilidad. Ella no quiso informar sobre los avances de la estrategia y lo delegó al departamento de comunicación, quienes nos contactaron con el Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH/Sida.
Está la duda de Juan Carlos Fonseca, director del programa, que admite que no tiene muy claro por qué él se encarga de hablar de la estrategia. Pero hace su intento de dar respuesta: desde 2019 trabaja en el documento para enseñar al personal sanitario a tratar a las personas trans. La directora del centro especializado en ITS, Gutiérrez de Ochomogo, también desconoce por qué el programa tiene esa atribución.
Al consultar al ministerio: ¿por qué el Programa Nacional lidera el proceso de implementación del documento para enseñar al personal sanitario a tratar a las personas trans?, la unidad de información pública respondió que dicho programa no lidera el proceso. La responsabilidad es de toda la red pública.
Una responsabilidad, parece, que no acaba de ser asumida por el Estado con la salud de las personas trans.
El 25 de noviembre, el colectivo Trébol participó en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Alondra estuvo en la marcha. En ningún momento se apartó de Jeaneth. La ve como una guía, la voz del colectivo, como una lideresa. Ese día, Alondra se vistió diferente con pantalón, una playera y una gorra. Tenía que buscar trabajo.
En un cartel rosado, adornado con flores, pegaron la fotografía de Melany. Era casi el mediodía, cuando frente al Palacio de Gobierno gritaron en una sola voz: ¡Justicia! La muerte de quien fue la vicepresidenta del colectivo Trébol no fue denunciada porque no hay confianza en el sistema de justicia.
Melany fue inhumada en el cementerio General. El 14 de septiembre, a las once de la mañana, en el nicho 14,809. Por las restricciones de la pandemia, ninguna de sus compañeras del colectivo pudo asistir.
En la lápida de Melany Rivera se lee “Carlos González”, el nombre que le asignaron al nacer y al morir.
Julio se vio caracterizado por las luchas de los pueblos originarios y la comunidad +LGBTIQ+ a salir a las calles con el Paro Plurinacional reclamando la mala gestión de la pandemia, las tormentas Eta y Iota y la corrupción de la actual administración del gobierno.
Andrea Mutz González de 28 años fue asesinada en junio de este año
El activista murió en noviembre a causa de problemas de salud.
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