Mientras la Conferencia Episcopal colombiana rechaza la adopción por parejas homosexuales afirmando que “Se perderían los valores”, nosotros nos alegramos enormemente y os preguntamos qué valores defienden ellos…

Solo como “histórica” se puede calificar la jornada de ayer para los derechos LGTB en Colombia. Por un lado, la Corte Constitucional avaló por seis votos contra tres el acceso de las parejas del mismo sexo a la adopción, aunque por el momento limita ese derecho a que uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro. Por otro lado, en un hito de visibilidad lésbica sin precedentes, dos ministras del gobierno confirmaron públicamente la existencia de una relación de pareja entre ellas.

El fallo del alto tribunal, del que fue ponente el magistrado Luis Guillermo Guerrero, expresa que “la Corte encuentra que se pueden comprometer los derechos constitucionales de los niños, cuando el Estado se abstiene de reconocer jurídicamente las relaciones de afecto y solidaridad, sólidas y estables, entre niños que tienen una única filiación, y los compañeros permanentes del mismo sexo del progenitor, con el que comparte la crianza, cuidado y manutención del menor. En esta hipótesis en las que de hecho se ha conformado este tipo de lazos, con el consentimiento del padre o madre, y que redundan en beneficio del menor, la falta de reconocimiento jurídico de tal vínculo se traduce en un déficit de protección del niño que amenaza el goce efectivo de sus derechos”.

La sentencia pone fin a la acción de tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín, Ana Leiderman y Verónica Botero, dos mujeres que ante la imposibilidad de formalizar su matrimonio en Colombia contrajeron en 2005 unión civil en Alemania. Más tarde decidieron ser madres, para lo cual Leiderman se inseminó artificialmente con esperma donado por un conocido de la pareja. Tuvieron una niña, pero solo Leiderman figura legalmente como tal. En enero de 2009 Verónica Botero presentó una acción de tutela para que se le permitiera adoptarla, lo que dio lugar a una espiral judicial que acabó encallando en la Corte Constitucional, que en varias ocasiones anteriores había amagado con emitir una sentencia favorable para después demorarla. La pareja, de hecho, tiene ya otro hijo, del cual la madre biológica es en este caso Verónica Botero.

Aunque la semana pasada se daba prácticamente por hecho que el resultado sería favorable a la adopción por cinco votos a cuatro, la votación del jueves 21 quedó empatada cuatro a cuatro. Una novena magistrada, la doctora Martha Sáchica (que ocupa el puesto desde hace unas pocas semanas) se abstuvo de votar y pidió estudiar el expediente durante una semana más. Este jueves 28 se conocía el fallo, apoyado finalmente por seis de los nueve magistrados de la Corte.

Una decisión coherente con las previas

La decisión de la Corte Constitucional, es importante dejarlo claro, se refiere específicamente a la familia recurrente y no supone la apertura generalizada de la adopción a todas las parejas del mismo sexo. Quizá por eso el resultado de la votación final ha sido menos ajustado de lo que se preveía. Pero sí establece un precedente fundamental para que en casos similares (parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros quiera adoptar a los que ya son reconocidos legalmente como hijos del otro) la justicia proceda del mismo modo.

El avance es importantísimo, y unido a lo que ya en 2011 determinó la Corte y posteriormente ha ratificado el Consejo de Estado (que las parejas del mismo sexo deben ser reconocidas como familia) configuran un marco jurídico considerablemente avanzado para las parejas LGTB en Colombia, un país en el que la realidad política hace muy complicado que puedan producirse avances por vía exclusivamente legislativa.

La Corte Constitucional de Colombia, recordemos, está también obligada a pronunciarse en algún momento sobre el matrimonio igualitario y así despejar la incertidumbre jurídica existente después de que ya existan al menos tres matrimonios entre personas del mismo sexo cuya validez ha sido reconocida por los tribunales.

La decisión de la Corte supone por último un jarro de agua helada a la estrategia de la Procuraduría General de la Nación, al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra los derechos LGTBI uno de los ejes de su acción. Este jueves fue, sin duda, un día muy triste para Ordoñez.

Dos ministras del gobierno, pareja lésbica

Gina Parody y Cecilia Álvarez.

La histórica decisión de la Corte Constitucional se acompañaba además de otro hito, en este caso de visibilidad LGTB, aunque no deja de tener un marcado significado político.  La ministra de Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez, confirmaba públicamente su relación de pareja con su compañera de gabinete Gina Parody, ministra de Educación. Fue en una entrevista a RCN La Radio, donde Álvarez era preguntada expresamente por las implicaciones que su relación podría tener en su acción de gobierno. “Yo me pregunto, ¿por qué estas preguntas no se las hacen a los hombres? ¿Cuántos hombres con tendencias como la nuestra han estado en los gabinetes? Yo no puedo desconocer lo que soy y nunca se habló de eso; el presidente, como ser humano que es, siempre habló de mis capacidades y me imagino que en el caso de Gina también”, respondió.

“Le doy gracias al presidente porque nunca, nunca, se metió en el tema personal, sino que vio las cualidades profesionales de nosotras”, añadió Álvarez, que ya fue ministra de Transporte en el anterior gobierno de Santos. “Hay una persona que tiene méritos, y yo lo he demostrado en el sector privado y en el sector público. Y afortunadamente las épocas de persecución y rechazo ya pasaron”, apostilló.

Cecilia Álvarez es ingeniera industrial y ya ocupó la cartera de Transportes entre 2012 y 2014, respaldada por el Partido de la U (el partido del presidente Santos).  Gina Parody, abogada, se convirtió en 2006 en la senadora más joven de la historia del país por el Partido de la U, cargo y formación que luego abandonó por diferencias ideológicas para presentarse como independiente a la alcaldía de Bogotá. Fue de hecho consejera presidencial para los asuntos de la capital. Tras la reelección de Santos, el presidente decidió contar con ella para la cartera de Educación.

Un gobierno, el de Juan Manuel Santos, claramente más comprometido con las personas LGTB en su segundo mandato después de este colectivo fuera uno de los que hicieron posible su victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales frente al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, fuertemente apoyado por las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, para las cuales la oposición a los derechos LGTBI es clave.

Fuente Dosmanzanas

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Las familias homoparentales con hijos “funcionan igual de bien”

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El anuncio de que la Corte Constitucional se pronunciará en breve sobre una acción de tutela de una mujer lesbiana que pide ser reconocida como madre adoptiva del hijo biológico de su pareja ha alentado una serie de reacciones positivas por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo. Se trata de hecho de la primera vez el gobierno de Juan Manuel Santos se pronuncia explícitamente a favor del reconocimiento de derechos LGBTI en Colombia. Todo un signo del cambio operado después de que el colectivo LGTBI apoyara a Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al candidato uribista.

El Ministerio de Salud ha avalado en un concepto jurídico la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En el documento el director jurídico de esta entidad, Luis Gabriel Fernández, sostiene que “no existe ningún riesgo para la salud y el bienestar de los menores de edad derivada de la adopción por parte de parejas del mismo sexo (…) Por el contrario, la orientación sexual de los padres es, en general, indiferente para el desarrollo cognitivo y social de los menores. Adicionalmente, en muchos casos, como en la adopción de menores de alto riesgo, puede contribuir a su bienestar”.

De la misma forma indica que “el único factor diferenciador en el bienestar de menores adoptados o criados por parejas del mismo sexo está en el estrés y las dificultades que pueden causar las restricciones legales y el estigma”. En otras palabras, el mayor problema para los menores adoptados es la homofobia de la sociedad, no la orientación sexual de los padres adoptivos.

El propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha puesto mucho énfasis en declaraciones radiofónicas en que la recomendación de su ministerio se basa estrictamente en la evaluación de la evidencia científica disponible. El ministro también respondió a la pregunta de si la sociedad colombiana está preparada para este cambio, argumentando que esa es precisamente una de las funciones del estado: divulgar la evidencia centífica y así permitir cambios sociales y culturales de ideas que en buena parte están sostenidas por el desconocimiento.

También el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se ha posicionado a favor de la adopción homoparental. “Personalmente he venido defendiendo la posibilidad de que el ordenamiento constitucional permita la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. De todas maneras respetamos la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que las parejas de homosexuales puedan adoptar”, ha declarado.

La Defensoría del Pueblo, organismo independiente que vela por los derechos humanos en Colombia, se ha manifestó también de acuerdo. “La posición de la Defensoría debe estar acompañada de una política humanitaria clara, hay familias que tienen las comodidades de adoptar niños que se encuentran en difícil situación, ¿cómo prohibirle a unas personas con una inclinación sexual diferente que puedan darle educación y dedicación a esos niños?”, ha declarado el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Caben pocas dudas, en cualquier caso, de que la actitud proactiva del gobierno Santos sobre la adopción homoparental en este segundo mandato se relaciona con el hecho de que el colectivo LGTBI fuera uno de los que hicieron posible su victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales frente al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, fuertemente apoyado por las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, para las cuales la oposición a los derechos LGTBI es clave.

Mientras tanto, en la Corte Constitucional…

El pasado 21 de agosto la Corte Constitucional sesionó para resolver por fin la acción de tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín, Ana Leiderman y Verónica Botero, después de tenerla tres años sobre la mesa. Se trata, recordamos, de dos mujeres que ante la imposibilidad de formalizar su matrimonio en Colombia contrajeron en 2005 unión civil en Alemania. Más tarde decidieron ser madres, para lo cual Leiderman se inseminó artificialmente con esperma donado por un conocido de la pareja. Tuvieron una niña, pero solo Leiderman figura legalmente como tal. En enero de 2009 Verónica Botero presentó una acción de tutela para que se le permitiera adoptarla, lo que dio lugar a una espiral judicial que acabó encallando en la Corte Constitucional, que ya en varias ocasiones anteriores ha amagado con emitir una sentencia favorable para después demorarla.

Aunque se daba prácticamente por hecho que el resultado sería favorable por 5 votos a 4, la votación del pasado jueves quedó empatada cuatro a cuatro. Una novena magistrada, la doctora Martha Sáchica (que ocupa el puesto desde hace unas pocas semanas) se abstuvo de votar y pidió estudiar el expediente cuidadosamente durante ocho días más. Sí la votación final es positiva, habrá qué ver además en que términos el fallo es extensivo a otras parejas del mismo sexo. En cualquier caso, quedaría como un precedente fundamental para procesos similares.

La única institución oficial contraria a la adopción homoparental es la Procuraduría General de la Nación, al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez (un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra los derechos LGTBI uno de los ejes de su acción), quien ya presentó su concepto contrario a la Corte Constitucional. La Iglesia católica también ha enviado una carta manifestando su oposición.

La organización Colombia Diversa, por su parte, presentó ante la Corte dos estudios sobre el desarrollo de los menores de edad entre parejas del mismo sexo, uno de la Sociedad Estadounidense de Sociología y otro del Instituto Williams de la Universidad de California. Se han posicionado también a favor la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes. La Universidad de La Sabana, del Opus Dei, se ha posicionado en contra. Todas han hecho llegar sus conceptos a la Corte Constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente Juan Manuel Santos fue reelegido el pasado domingo presidente de Colombia para el período 2014-2018. Santos había recibido en días previos el apoyo de la organización Colombia Diversa y de destacados dirigentes a favor de la comunidad LGBTI, no tanto por su compromiso explícito (se había limitado a expresar que respetaría las decisiones de la Corte Constitucional en esta materia) como por el discurso fuertemente conservador y homófobo de su único contrincante en la segunda vuelta, Óscar Iván Zuluaga.

Con el 99,96 % de puestos de votación escrutados, Juan Manuel Santos obtuvo el 50.9 % de los votos, mientras que su rival, el uribista Óscar Iván Zuluaga, consiguió el 45 %. El presidente-candidato logró ganar en último momento, tras haber quedado segundo en la primera vuelta y tener las encuestas en contra una semana antes de los comicios. La suerte de Santos empezó a cambiar el lunes 9 de junio, cuando en un debate televisado el candidato Zuluaga le espetó “con usted no se puede ser respetuoso”. Unas palabras que produjeron sorpresa y acentuaron la impresión que un gobierno de Zuluaga sería especialmente intolerante y cercano a la extrema derecha.

Sectores ambientalistas, LGTBI, docentes, pacifistas, intelectuales, ateos y agnósticos, izquierdistas y personas de centro se volcaron a favor de Santos para detener el ascenso de Zuluaga, respaldado por los sectores más conservadores y la derecha evangélica, y que había prometido una oposición feroz al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, la eutanasia, el aborto o la despenalización de la marihuana.

Santos, quien durante su primer mandato mantuvo un riguroso silencio sobre las cuestiones LGTBI, y que también había hecho pactos similares con pastores de mega-iglesias evangélicas en el año 2010, perdió en esta ocasión el apoyo de buena parte de los líderes religiosos, a los que incluso acusó de fariseos y homófobos. “No creo en los fariseos que se rasgan las vestiduras para defender la vida recién engendrada pero se mantienen proclamando más guerras que abortan la vida ya nacida” , llegó a afirmar. “Uno no puede ser cristiano auténtico, homófobo e inquisidor al mismo tiempo” , añadió, mientras arreciaba la campaña evangélica en su contra.

El presidente ahora reelegido incluso ha mostrado gestos de acercamiento a la comunidad LGTBI impensables hace cuatro años. En el momento en que se anunciaba su triunfo, por ejemplo, pudo verse ondear la bandera arco iris en la sede de su campaña. Santos también tuvo un breve agradecimiento a la comunidad LGBTI, primero que se recuerda en un momento así:

Habrá que ver,  una vez conjurado el peligro de que un homófobo como Zuluaga se hiciera con la presidencia, si el nuevo cuatrienio trae por fin la igualdad jurídica del matrimonio igualitario o la adopción homoparental y esfuerzos serios para disminuir la homofobia y la transfobia social.

Conviene recordar, en este sentido, que hasta ahora el avance de los derechos LGBTI en Colombia ha ido de la mano de la Corte Constitucional, ante la pasividad del Ejecutivo y la animadversión de la mayoría del Congreso y de la Procuraduría General de la Nación. Por el momento existen ya en el país tres matrimonios entre personas del mismo sexo válidos por decisión de jueces, después de que 2011 la Corte ratificara que las parejas del mismo sexo constituyen familia y diera un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil (obligación que el Congreso no cumplió). La Corte Constitucional, de hecho, está ahora obligada a pronunciarse de forma más explícita sobre la materia y despejar la incertidumbre jurídica.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado domingo 25 de mayo tuvo lugar en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la cual el candidato más votado fue Óscar Iván Zuluaga, del partido Centro Democrático (la formación derechista fundada por el expresidente Álvaro Uribe). Zuluaga alcanzó el 29,3 % de los votos y disputará la segunda vuelta al actual presidente, Juan Manuel Santos, que fue segundo. El posible regreso del uribismo al poder constituye sin duda una seria amenaza para los derechos LGTBI.

Juan Manuel Santos, apoyado por una coalición de diversos partidos de centro-derecha, se quedó en el 25,7 % de los votos. La conservadora Marta Lucía Ramírez, contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción homoparental, fue tercera con el 15,5 % de los votos. Fuera de la contienda quedaron también los dos candidatos más claramente favorables a los derechos LGBTI: Clara López, del izquierdista Polo Democrático (con el 15,2 %) y Enrique Peñalosa, del Partido Verde (obtuvo el 8,5 %).

Una vez que los candidatos más favorables a la igualdad han quedado fuera de la contienda, la posibilidad de que Óscar Iván Zuluaga se haga con la presidencia constituye ahora la más seria amenaza a los derechos LGBTI. No en vano Zuluaga cuenta entre sus apoyos con los grupos cristianos más reaccionarios, como la Misión Carismática Internacional G12, la Iglesia Avivamiento, sectores católicos conservadores y personajes como el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, a cuya homofobia ya nos hemos referido en ocasiones anteriores.

También se ha unido a la campaña del candidato uribista la pastora María Luisa Piraquive, del Partido MIRA (una formación vinculada a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional) y de la que ya comentamos el escándalo en el que se vio envuelta al difundirse un vídeo en el que pedía a los pastores de su iglesia que no permitieran a personas con discapacidad subir a los púlpitos, al considerarlo antiestético. Se da precisamente la circunstancia de que el hijo de Piraquive es gay y fue expulsado de la iglesia y del partido por su propia madre, aunque luego la familia lo volvió a acoger. Piraquive ha pedido ahora a su feligresía apoyar a Zuluaga porque según ella Santos no la defendió en su momento.

La victoria de Zuluaga no solo supondría un revés para los derechos LGTBI, también llevaría a la suspensión del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el cual ha avanzado como nunca antes había hecho.

Frente a la amenaza de Zuluaga, el continuismo de Santos

Zuluaga disputará la segunda vuelta a Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, al que en modo alguno se puede considerar un defensor de los derechos LGTBI pero que al menos no resulta tan hostil. Santos, que guardó un silencio absoluto sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario que fue rechazado por el Congreso en abril del 2013, asegura ahora que respetará las decisiones de la Corte Constitucional al respecto. Conviene recordar, en este sentido, que en Colombia el avance de los derechos LGBTI ha ido de la mano de la Corte Constitucional, ante la pasividad del Ejecutivo y la animadversión de mayoría del Congreso y de la Procuraduría General de la Nación. Por el momento existen ya en el país tres matrimonios entre personas del mismo sexo válidos por decisión de jueces, después de que 2011 la Corte ratificara que las parejas del mismo sexo constituyen familia y diera un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil (obligación que el Congreso no cumplió). La Corte Constitucional, de hecho, está ahora obligada a pronunciarse de forma más explícita sobre la materia y despejar la incertidumbre jurídica.

El posicionamiento de Santos supone un cambio significativo respecto a su campaña de 2010, cuando se comprometió con el pastor Ricardo Rodríguez (de la Iglesia Avivamiento) a impedir el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y hacer de la Biblia su guía como gobernante.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el domingo 15 de junio, solo dos semanas antes de la que será XVIII Marcha por la Ciudadanía LGBTI en Bogotá. Una jornada electoral que promete estar muy apretada y cada voto contará. Para los ciudadanos LGBTI, la opción de tener un presidente comprometido por la igualdad se ha perdido, y ahora toca elegir entre un derechista indiferente -el mal menor- y un ultraderechista abiertamente contrario. Veremos qué sucede finalmente.

Fuente Dosmanzanas

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