Jalisco es un estado ubicado al oeste de México que ha cargado con una narrativa de ser “mocho” (conservador). Por años las legistalturas han dejado de lado iniciativas para garantizar los derechos humanos de las poblaciones LGBT+. Además, gobiernos panistas (un partido político de corte conservador) han financiado a grupos antiderechos que creen que la homosexualidad se puede curar.

En ese contexto y tras más de diez horas de discusión y votación por parte de les diputades, el 7 de abril se convirtió en un día histórico para las personas y los activismos LGBT+ de Jalisco.

“El matrimonio: la unión de dos personas”

Con 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones quedaron aprobadas las reformas a los artículos 258, 260 y 267 Bis que homologan el matrimonio igualitario en el Código Civil de Jalisco. Sucede siete años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara por primera vez en México, inconstitucional la figura del matrimonio que se conciba como “la unión entre entre una mujer y un hombre” por ser “violatoria del derecho a la no discriminación, ya que se excluye de forma categórica de este derecho a las parejas del mismo sexo”, señaló la acción de inconstitucionalidad 28/2015.

A partir de esa resolución, en Jalisco parejas del mismo sexo pudieron acceder al matrimonio sin necesidad de un amparo desde 2016. Ahora, tras la votación en favor, este derecho queda asentado en la Ley del Registro Civil de Jalisco como “la unión de dos personas”.

Identidad sólo a personas trans mayores de edad

El reconocimiento de la identidad de las personas trans quedó asentado en el artículo 23 de la Ley de Registro Civil al aprobarse con 26 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Sin embargo, les diputades dejaron fuera de este derecho a les niñes y adolescentes trans. 

Tras la votación quedaron amparadas sólo las personas trans mayores de 18 años. Se contrapone al decreto promovido en octubre de 2020 por el gobernador del estado de Jalisco, donde se contempla que el derecho a la identidad de género es “aplicable en su totalidad para les niñez y adolescentes que deseen ser reconocidos en su identidad de género auto-percibida”.

Dicho decreto hizo a Jalisco el primer estado de México en garantizar este derecho a las infancias y adolescencias trans y convirtió al estado con los estándares más altos en derechos humanos para reconocer la identidad de género de las personas trans en México.

En este país toda ley aprobada en el Congreso es vigente una vez que, en este caso, el gobernador del estado firma dichas iniciativas de ley y son publicadas en el Diario Oficial.

En ese sentido, Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual del gobierno de Jalisco, afirmó durante una entrevista por Instagram live que existe la posibilidad de que sea el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien haga las modificaciones para no retroceder en derechos.

“Nos toca y asumo la responsabilidad, en los próximos días, tallar lápiz para proponer al Poder Legislativo las modificaciones pertinentes. Y si no, hay dos opciones: o se puede vetar esta ley o buscar una nueva iniciativa; porque en nuestro país el artículo 1° de nuestra Constitución establece que no podemos retroceder en materia de derechos humanos”, sostuvo.

Multas económicas contra ECOSIG

Sobre los Esfuerzos para ‘Corregir’ la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) –prácticas dañinas y pseudocientíficas que reprimen y suprimen la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas LGBT– el Congreso de Jalisco aprobó con 32 votos a favor y 5 en contra su tipificación en el Código Penal al adicionar el artículo 202.

Originalmente la propuesta consideraba “cárcel de 1 a 3 años a quien promoviera, aplicara o financiara”. En el caso de personal de salud involucrado les inhabilitaba, pero de último momento fue modificada. La adición de este artículo contempla como sanción una multa de 30 mil pesos. O “de treinta a cien jornadas en favor de la comunidad a quienes promuevan, apliquen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica para modificar, reorientar o anular la orientación sexual de una persona”.

Nada que curar

“Hoy estamos en la posibilidad de discutir cómo mejorar leyes que ya tenemos. En este lugar nunca habíamos estado, eso no es menor. Tenemos la posibilidad de cabildear la ampliación del catálogo de delitos, la redacción (…) En el tema de ECOSIGS es muy cuestionable considerar que la única vía es punitiva. Aún así creo que hay varias cosas que hacer. Se ataca con esa iniciativa a un tipo de ECOSIGS que, además, es el que tenemos documentado:centros de rehabilitación de adicciones no de corte religioso, es una cuestión económica. Entonces, no creo que podamos desestimar la multa ni los términos en los que salió la iniciativa. Sí creo que debemos reconocer que hay mucho que avanzar en esa iniciativa. Pero ya es una iniciativa aprobada”, explicó Andrés Treviño durante esa misma entrevista por instagram live.

El medio local ZonaDocs documentó el momento afuera del recinto legislativo cuando se estaba votando esta iniciativa. Personas LGBT+ celebraron con brincos y la consigna “¡Nada que curar, nada que curar!”. En redes un usuario escribió: “Hace 8 años que fui víctima de una de esas terapias en Jalisco, soñaba con que sociedad e instituciones entendieran que no hay #NadaQueCurar”.

Se logró tras voto secreto

Durante la sesión que duró más de diez horas, les diputades tomaron tiempo para discutir de qué manera emitir sus votos. Optaron por una votación por cédula, que es una forma en donde la ciudadanía desconoce el sentido de la votación de cada diputade. La votación por cédula es a través del llenado de una papeleta que se deposita en una urna. El sentido del voto se leé en voz alta pero desconociendo el nombre de cada persona legisladora.

El Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco señala en su artículo 193 que “la votación es nominal siempre que se trate de dictámenes de ley o decretos”. En su artículo 194 menciona: “la votación es por cédula cuando se trate de la designación de la Mesa Directiva, designación de funcionarios o cuando así lo determine esta ley o lo acuerde la Asamblea”.

Durante la sesión del pleno del Congreso, la diputada Susana de la Rosa (quien fue una de las principales promotoras de las iniciativas en favor de derechos para las personas LGBT+) presentó a la presidenta de la Mesa Directiva que la votación de las iniciativas se hiciera por cédula, la cual se sometió a votación y obtuvo la mayoría de la Asamblea presente.

De la Rosa denunció ante el pleno que la decisión de este tipo de votación fue tras agresiones que dos diputadas y ella sufrieron de grupos antiderechos. En una entrevista confirmó que se trató de integrantes del Frente Nacional por la Familia, un grupo antiderechos y de corte religioso en México. 

En su cuenta de Twitter, la diputada Susana de la Rosa dijo: “a las personas que manifestaron su desacuerdo con que propusiera que la votación de las iniciativas LGBTQ+ que presenté, fueran por cédula, quiero decirles que lo hice con el único objetivo de obtener los votos para que se aprobaran. Se logró”.

No es la primera vez que en México se votan derechos humanos de la población LGBT+ de manera secreta. En Yucatán, les diputades votaron de esta manera el reconocimiento del matrimonio igualitario y organizaciones presentaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resolvió que la votación por cédula es ilegal e inconstitucional. La resolución de la SCJN fue un precedente y determina que los congresos del país tienen la obligación de legislar bajo estándares democráticos y de transparencia. Tras la votación secreta en Jalisco, activistas y personas LGBT+ celebraron los resultados.

Fuente Agencia Presentes