El Gobierno de España se niega a revisar la exclusión de las personas con VIH en las ofertas de empleo público
Gobierno de España
Desde 2014, FSC-CCOO, FELGTB, Cesida y Trabajando en Positivo han solicitado en cuatro ocasiones una reunión con la Secretaría de Estado de Función Pública para eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público sin obtener respuesta.
Según el programa “Clínica Legal” de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), el 35% de las 93 consultas recibidas el año pasado hacían referencia a situaciones de discriminación en las ofertas de trabajo de empleo público, especialmente las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El principal motivo se encuentra en las exclusiones médicas que figuran en las bases de algunas oposiciones como las del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía Nacional y que de forma indirecta sirven para excluir a personas con VIH.
Asimismo, según los escritos emitidos por la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública se sobrevalora el riesgo de transmisión del virus argumentando que “las funciones de las personas que trabajan en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio del VIH y justifican suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.
Con el fin de abordar y valorar esta situación, que demuestra el desconocimiento por parte de la Dirección General de la Función Pública de los avances que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión del VIH, la organización sindical Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y tres organizaciones civiles vinculadas al VIH: CESIDA, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y Trabajando en Positivo, han solicitado recientemente por carta una reunión con esta Dirección General, siendo la cuarta ocasión desde 2014 en la que este hecho se produce sin haber tenido una respuesta positiva hasta el momento.
En la carta, se vuelve a recordar que tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, como los avances y estudios científicos de organizaciones especializadas, establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. Asimismo, señalan que el Gobierno debe ser ejemplarizante en eliminar cualquier discriminación y estigma que todavía se da entre las personas con el VIH en el ámbito laboral, de forma que las empresas puedan establecer medidas antidiscriminatorias.
Según Diego Valor, “el estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”.
Por su parte, según Julio Gómez, de Trabajando en Positivo, señala que “tras la constitución del nuevo Gobierno y el nombramiento de la nueva Secretaria de Estado, consideramos prioritaria esta reunión con el fin de valorar la modificación y la adaptación de la normativa o reglamentos que dan cabida a estas exclusiones injustificadas, para adecuarlos a lo establecido por los acuerdos internacionales y nacionales que establecen una normativa en contra de la discriminación laboral de las personas con el VIH”.
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