Buenas noticias desde Estados Unidos: el Senado de Nuevo México, en el suroeste del país, ha aprobado un proyecto de ley para prohibir las peligrosas e inútiles “terapias reparadoras” en menores de edad. De salir adelante la iniciativa, se convertirá en el séptimo estado o territorio estadounidense en vetar el uso de estos pretendidos tratamientos en la población más vulnerable a los daños que provocan.

El Senado de Nuevo México aprobó el pasado viernes, por 32 votos a favor frente a solo seis en contra, un proyecto de ley para prohibir el uso de las llamadas “terapias” reparadoras o de conversión en menores. También perseguirá toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. La iniciativa partió del senador demócrata abiertamente gay Jacob Candelaria (en la imagen).

El proyecto continuará su tramitación en la Cámara de Representantes, controlada al igual que el Senado por los demócratas. Su aprobación definitiva parece, por tanto, muy probable. Cuando entre en vigor, cualquier profesional sanitario (médico, psicólogo u otros) que lleve a cabo estas prácticas en menores o las publicite como efectivas se enfrentará a multas y a la pérdida de su licencia.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de Oregón, Illinois y Vermont, el año pasado.

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido el pasado diciembre. En España, el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país emitía la semana pasada un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

A nivel internacional, en marzo del año pasado tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

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Excelentes noticias desde Malta, que ha aprobado en sede parlamentaria dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convierte en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplía su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta ahora eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

El Parlamento maltés aprobó este lunes dos proyectos de ley llamados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos LGTB. El primero de ellos, la Ley de Afirmación de la Orientación Sexual, la Identidad de Género y la Expresión de Género, es el primer texto legal de Europa que castiga penalmente las “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. La nueva legislación prohíbe la patologización de cualquier orientación sexual o identidad o expresión de género. Para hacer efectiva esta provisión, establece multas de hasta 5.000 euros y penas de hasta cinco años de prisión para aquel que anuncie, ofrezca o lleve a cabo este tipo de pretendidos tratamientos.

La propuesta de ley había sido oficialmente presentado hace un año por la ministra de Diálogo Social, Consumo y Libertades Civiles, Helena Dalli. Tras un plazo de consultas públicas, periodo durante el cual cualquier ciudadano u organización pudo enviar sus alegaciones, el proyecto continuó su tramitación parlamentaria. Fue aprobado en segunda lectura en octubre de este año y en tercera y última lectura el lunes pasado.

A partir de ahora, en Malta estas prácticas serán penalizadas por la ley. El nuevo marco jurídico maltés recoge a través de la Ley de Afirmación de la Orientación sexual, de la Orientación de Género y de la Expresión de Género que ninguna orientación o identidad representa un desorden de la conducta que precise de tratamiento.

Según afirma el ‘Malta Today’, a partir de ahora, quienes intenten cambiar o reprimir a una persona se enfrentarán a multas que oscilarán entre los mil y cinco mil euros o a una pena de cárcel de cinco meses. En el caso de los pisquiatras, las sanciones serán más severas y podrán llegar hasta los diez mil euros y un año de prisión.

Además, la ley se completa rebajando a 16 años la edad mínima en la que una persona puede solicitar un cambio de sexo sin autorización judicial o parental, al tiempo que amplía los derechos de las personas detenidas en materia de identidad de género.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo hace ya más de tres años, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregon, Illinois, Vermont, este mismo año. Estos “tratamientos” son considerados engañosos, porque de acuerdo a la evidencia científica carecen de utilidad. También son muy peligrosos, al poder lesionar gravemente la salud física y mental de las personas que se someten a ellos, empujándolas incluso al suicidio.

Los legisladores malteses también aprobaron definitivamente una reforma de la ya muy avanzada ley de identidad de género vigente en el país. El cambio afecta por una parte a los menores de entre 16 y 18 años, que ya no necesitarán contar con el consentimiento paterno para solicitar la modificación de su género legal en todos los documentos oficiales. Además, se establece que todas las personas en situación de privación de libertad puedan ser ubicadas en una institución penitenciaria acorde a su identidad de género si lo solicitan con una declaración jurada.

Malta sigue dando alegrías en materia de derechos LGTB, y ello a pesar de ser un estado confesionalmente católico, tras aprobar una avanzada ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo (que permite la adopción homoparental) y sobre todo una ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales, despatologiza por completo la transexualidad e incluye a los menores. Todo un ejemplo para la comunidad internacional.

Fuente Dosmanzanas/Redacción Chueca

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Siete padres y siete hijos, casi una hora de metraje, 30.000 dólares de presupuesto, localizaciones en Oregón, Kansas City o California… y un solo objetivo: romper con los tópicos que acusan de homofobia a la inmigración latinoamericana en Estados Unidos.

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Ha sucedido en el estado norteamericano de Oregón, donde una jueza ha concedido a Jamie Shupe que no sea considerada legalmente como género ni masculino ni femenino.

“Me han devuelto mi vida”, manifestaba rotundamente Jamie Shupe, una persona que, gracias a una decisión judicial, ya no constará legalmente como con género masculino o femenino. “No soy un hombre. No soy una mujer”, afirma Shupe, que se ha convertido en la primera persona en Estados Unidos que ha conseguido una clasificación de género no binaria.

“Las clasificaciones clásicas de género no encajan en todas las personas”, explica Hayley Gorenberg, subdirectora jurídica de Lambda Legal, una organización de neoyorkina por los derechos LGTB, que ha valorado lo significativo de esta decisión judicial porque ayuda a los ciudadanos a “existir sin etiquetas que no los describen con exactitud”.

A Shupe se le asignó el género masculino al nacer y tuvo una infancia traumática por su falta del rol de género. Trabajó para el Ejército, de donde salió etiquetada como mujer en los certificados y se casó con una mujer, con la que tuvo una hija. Tras retirarse del Ejército a los 49 años comenzó a derrumbarse. “Sentía que estaba a punto de saltar por los aires”, cuenta, “como si me hubieran atrapado”. Con el apoyo de su esposa, Shupe se mudó a una cabaña en el bosque y empezó a tomar hormonas. “Asumí que era una mujer transgénero. Mi pensamiento era: bueno, no soy un hombre”, explica. La transición fue muy complicada y terminó por darse cuenta de que la clasificación femenina tampoco le hacía sentir bien. Quería una tercera opción y empezó a buscar amparo legal para conseguirlo. Finalmente, una jueza le ha concedido la no designación de género más rápido de lo esperado.

Un proceso rápido pero caro: esta concesión le ha costado unos 940 euros. Un precio que ha pagado para, según ella “tener un lugar en el que existir”.

Fuente Cáscara amarga

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El estado de Vermont, en Nueva Inglaterra, se ha convertido en el séptimo territorio estadounidense en prohibir la aplicación a menores de edad de las mal llamadas “terapias reparadoras” o “de conversión” que aseguran ser capaces de modificar la orientación sexual o la identidad y/o expresión de género de las personas. A pesar del rechazo de las organizaciones médicas y científicas más prestigiosas y la desvinculación de muchos de sus líderes históricos, estas peligrosas prácticas siguen provocando un sufrimiento inútil que, por suerte, cada vez se encuentra con una acción más decidida por parte de los dirigentes políticos.

La legislatura de Vermont (de mayoría demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado) ha aprobado sin dificultad la medida, que el gobernador Peter Shumlin, también demócrata, rubricó el pasado 25 de mayo. La ley entrará en vigor el próximo 1 de julio. Antes de Vermont, el uso de estas prácticas en menores de edad había sido ya prohibido en cuatro estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos y en la ciudad de Cincinatti (Ohio).

“No” rotundo a las “terapias” reparadoras de los especialistas

Precisamente en marzo de este año tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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El gobernador del estado norteamericano de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este sábado la introducción de varias medidas para reducir el campo de acción de las mal llamadas “terapias reparadoras” que aseguran ser capaces de modificar la orientación sexual de las personas. A pesar del rechazo de las organizaciones médicas y científicas más prestigiosas y la desvinculación de muchos de sus líderes históricos, estas peligrosas prácticas siguen provocando un sufrimiento inútil que, por suerte, cada vez se encuentra con una acción más decidida por parte de los dirigentes políticos.

Ya el año pasado, la Asamblea de Nueva York (la cámara baja de su legislatura) aprobó un proyecto de ley para prohibir las “terapias reparadoras” en menores de edad, bajo pena de perder la licencia médica para el que las practique. La tramitación, sin embargo, se encalló en el Senado estatal, controlado por los republicanos. Cuomo pretende ahora poner coto, dentro del ámbito de sus competencias, a lo que considera “una práctica odiosa y equivocada en su esencia”.

La iniciativa del gobernador no requiere la aprobación de las cámaras, aunque su alcance es más limitado. La idea es cortar la financiación de las también llamadas “terapias de conversión”. Para ello, se prohibirá que las aseguradoras se hagan cargo del coste de las mismas cuando se realicen en menores y se excluirán por completo del catálogo de prestaciones del seguro público Medicaid. En los centros bajo la supervisión directa del departamento de Sanidad de Nueva York, quedará completamente prohibida la utilización de estas prácticas en menores de 18 años.

La promotora del proyecto original que no prosperó en el Senado neoyorkino, Deborah Glick, ha saludado la iniciativa de Cuomo pero teme que haya médicos no sujetos al control gubernamental que sigan poniendo en práctica estos métodos tan dañinos. El gobernador, más optimista, se mostró convencido de que sus medidas supondrán el fin de las “terapias reparadoras” en el estado.

El uso de estas prácticas en menores de edad ha sido ya prohibido en cuatro estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo hace ya más de tres años, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregón e Illinois, el año pasado. En Europa destaca el caso de Malta, en el que una propuesta presentada en diciembre del año pasado contempla la prohibición de aplicar estas “terapias” no solo a menores, sino a cualquier persona vulnerable. Por “persona vulnerable” el proyecto entiende tanto los menores de edad como a aquellas personas que independientemente de su edad sufran discapacidad física o psíquica, y en general todas aquellas personas que un juez considere “de riesgo” en el momento de iniciar la “terapia” por razones de madurez, estado de salud o situación de dependencia.

Fuente Dosmanzanas

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Recogimos la historia hace ya casi tres años: una pareja de mujeres de Oregón denunció a una pastelería por negarse a elaborar su pastel de boda. Su dueño les dijo que sus creencias religiosas le impedían elaborar la tarta para una boda homosexual. La pastelería ha tenido que abonar ahora una multa de 144.000 dólares. Desde 2007 el estado de Oregón prohíbe a los establecimientos comerciales discriminar a los clientes por su orientación sexual o identidad de género.

Aaron Klein, dueño de la pastelería Sweet Cakes en Gresham (Oregón), negó haber insultado a la pareja, pero admitió que había rechazado elaborar el pastel por razones religiosas. “Les pedí disculpas por las molestias ocasionadas y les dije que no servimos a matrimonios del mismo sexo (…) No quise ofender a nadie, es simplemente algo en lo que creo profundamente“, declaró Klein, que se escudó en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para defender su supuesto derecho a “practicar mi religión de la forma en la que yo la veo“.

Han pasado casi tres años, y ahora hemos conocido que el estado de Oregón ha obligado por fin a Aaron y Melissa Klein, dueños de la pastelería, a abonar una multa de 137.000 dólares a Laurel y Rachel Bowman-Cryer, la pareja que fue víctima del episodio discriminatorio. Una cifra que se suma a los 7.000 dólares que ya habían abonado a principios de este mes. El estado de Oregón prohíbe a los establecimientos comerciales discriminar a los clientes por su orientación sexual o identidad de género, y únicamente reconocer exenciones a esta norma a organizaciones religiosas.

La multa, en realidad, les había sido impuesta hace ya seis meses, pero los Klein se habían negado hasta ahora a pagar la multa alegando dificultades financieras, y ello a pesar de haber recaudado más de medio millón de dólares en varias cuentas abiertas para que quienes les quisiesen ayudar pudieran hacerlo. El dinero, no obstante, permanecerá en depósito y no será entregado al matrimonio Bowman-Cryer hasta que la sanción sea firme, dado que los Klein han recurrido la multa ante los tribunales.

Una negativa que desencadenó una gran polémica 

En su momento, la lamentable noticia desencadenó una gran polémica en los Estados Unidos, gracias sobre todo a que los grupos de la derecha cristiana se movilizaron a favor de los pasteleros (ahí está el más de medio millón de dólares recaudado) y desencadenaron una formidable campaña mediática construida en buena parte a base de falsedades para convertir a los pasteleros en una especie de “mártires de la causa cristiana” (un artículo publicado por The New Civil Rights Movement la analizaba con detalle hace unos meses).

También la pareja discriminada recibió innumerables muestras de apoyo. Una de las más celebradas fue el ofrecimiento de Duff Goldman, dueño de la pastelería Charm City Cakes de Baltimore, para elaborar gratuitamente el pastel de boda de la pareja y hacerse cargo de los gastos de su traslado. Goldman es un pastelero conocido en todo el país por haber sido el protagonista de Ace of Cakes, un reality en torno al mundo de la pastelería emitido con gran éxito entre 2006 y 2011 por Food Network, un canal de televisión especializado en alimentación y cocina.

Fuente Dosmanzanas

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Malta sigue dando alegrías en materia de derechos LGTB, y ello a pesar de ser un estado confesionalmente católico… Tras aprobar una avanzada ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo (que permite la adopción homoparental) y sobre todo una muy avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales, despatologiza por completo la transexualidad e incluye a los menores, ahora llega el turno de las “terapias” reparadoras o de conversión, que podrían quedar prohibidas si se aprueba el proyecto de ley que el Gobierno maltés acaba de presentar. Sería el primer país de Europa en dar ese paso. 

El proyecto de ley ha sido oficialmente presentado este 15 de diciembre por la ministra de Diálogo Social, Consumo y Libertades Civiles, Helena Dalli. Ahora se abre un plazo de consultas públicas, que concluirá el 15 de enero, periodo durante el cual cualquier ciudadano u organización puede enviar sus alegaciones (ver aquí) y tras el que el proyecto continuará su tramitación parlamentaria. En caso de aprobarse en su redacción actual, las “terapias” reparadoras o de conversión de la orientación sexual y de la identidad de género quedarán prohibidas por engañosas (de acuerdo a la evidencia científica carecen de utilidad) y peligrosas, al poder lesionar gravemente la salud física y mental de las personas que se someten a ellas, empujándolas incluso al suicidio.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cuatro estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo hace ya más de tres años, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregón e Illinois, este mismo año. En el caso de Malta, sin embargo, la protección será mayor, dado que la propuesta contempla la prohibición de aplicar estas “terapias” no solo a menores, sino a cualquier persona vulnerable. Por “persona vulnerable” el proyecto entiende tanto los menores de edad como a aquellas personas que independientemente de su edad sufran discapacidad física o psíquica, y en general todas aquellas personas que un juez considere “de riesgo” en el momento de iniciar la “terapia” por razones de madurez, estado de salud o situación de dependencia.

La aplicación de las “terapias” reparadoras en estas condiciones sería castigada con multas que pueden oscilar entre los 1.000 y los 5.000 euros y penas de cárcel de 1 a 6 meses (en el caso de personas que fuercen o inciten, pero que no sean profesionales) y multas de entre 2.000 y 10.000 euros y penas de cárcel de 3 meses a 1 año (en el caso de los profesionales).

Si el Parlamento de Malta aprueba finalmente la ley, el pequeño país mediterráneo será el primer país de Europa en prohibir esta infame práctica. Todo un ejemplo.

Fuente Dosmanzanas

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En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ha pedido repetidamente el fin de las terapias de tratamiento psiquiátrico para miembros del colectivo LGBT. Obama realizaba ese llamamiento tras una petición ciudadana realizada a través de la web de la Casa Blanca en relación a Leelah Alcorn, un chico transexual de 17 años al que sus padres obligaron a acudir a una de estas “terapias de reconversión” y que acabó suicidándose. La propuesta logró 120.000 adhesiones en tres meses. Cincinnati las ha prohibido en memoria de Leelah Alcorn, el adolescente transexual de Ohio que se suicidó el año pasado.

Dos docenas de pastores llenaron la cámara del consejo este pasado miércoles 9 en un intento de detener la prohibición. Pero el consejo de la ciudad aprobó la ley (por 7 votos frente a 2) que prohíbe la terapia para cambiar la orientación sexual y la identidad de género de los menores y le impone una multa de 200 dólares (182 euros) al día a los infractores.

El concejal abiertamente gay e impulsor de la ley, Chris Seelbach, tuiteó tras la votación de la ley: “Acabamos de hacer que lo que le pasó a Leelah Alcorn sirva para algo. Y hemos hecho historia al convertirnos en la primera ciudad de los Estados Unidos de América que prohíbe las terapias de conversión para los menores de edad”.

Hasta ahora cualquier médico con licencia en la ciudad de Cincinnati podía realizar cualquier tipo de “tratamiento” para cambiar la orientación sexual y la identidad de género siempre que los padres o tutores legales de los menores de edad lo permitieran. A partir de ahora ya no será posible, o como dijo el Presidente de la Junta de Igualdad de Ohio, John Boggess, “Este es un asunto de seguridad pública. La protección de las personas LGBT jóvenes en nuestra ciudad “.

Leelah Alcorn, de 17 años, fue atropellado por un coche en diciembre del año pasado después de que sus padres, cristianos conservadores, le obligaron a someterse a una “terapia de conversión”. En su nota de suicidio, que tuvo repercusión internacional, lanzó un significativo mensaje a la sociedad: ‘Mi muerte tiene que significar algo’.

La peligrosa práctica de estos agresivos tratamientos han sido desacreditados por la Asociación Americana de Psiquiatría y ya están prohibidos en los estados de California, Nueva Jersey, Oregon, Illinois y Washington y en el Distrito de Columbia.

Cada dos por tres, por desgracia, conocemos la existencia de algún manual o alguna terapia para “erradicar la homosexualidad”, como el seminario de Richard Cohen ‘Curar la homosexualidad’ o el de la Iglesia Pentecostal llamado ‘Aprendiendo sobre la homosexualidad’, donde se daba respuestas a interrogantes como “¿Convivir con los homosexuales nos pone en riesgo de contagio?” o “¿qué actividades del hogar podrían poner en riesgo la hombría de mi marido”.

Fuente Ragap

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Illinois se ha convertido en el cuarto estado de los Estados Unidos en prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” o “reparadoras” en menores de edad, después de California, Nueva Jersey y Oregón. La prohibición también se aplica en el Distrito de Columbia, sede de la capital federal. Tras un periodo de reflexión durante el cual se ha reunido con una víctima de estas prácticas, el gobernador republicano de Illinois, Bruce Rauner, sancionaba este jueves la ley que ya en mayo había sido aprobada por las dos cámaras del estado, de mayoría demócrata. 

A partir de la entrada en vigor de ley, en Illinois queda prohibido que los profesionales de salud mental apliquen este tipo de prácticas, cuya finalidad es la modificación de la orientación sexual o la identidad de género, a sus pacientes. Al igual que en los casos de California (primer estado que aprobó la medida hace ya casi tres años, no sin controversia), de Nueva Jersey (que hizo lo propio meses después), de Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad el pasado diciembre) y de Oregón (último estado en aprobarla, hace solo unas pocas semanas) la restricción se aplica únicamente a los menores de 18 años.

La de Illinois, sin embargo, es la primera de estas leyes que directamente asocia estas prácticas, absolutamente desaconsejadas por los especialistas, con fraude a los consumidores, lo que facilitará que las posibles víctimas puedan reclamar.

La legislatura de Illinois, de hecho, había dado su visto bueno a la norma hace ya semanas. La Cámara de Representantes la aprobó por 68 votos a favor y 43 en contra el 19 de mayo, mientras que el Senado hacía lo propio el 29 de mayo por 34 votos a favor y 19 en contra. Ambas cámaras cuentan con mayoría demócrata. Se estaba sin embargo a la espera de lo que decidiese Bruce Rauner, y de si seguiría los pasos de su compañero el también republicano Chris Christie en Nueva Jersey (que también sancionó la ley en similares circunstancias) o ejercería su derecho de veto. Finalmente Rauner, un republicano que siempre ha huido de la polémica en temas LGTB, ha decidido firmar la ley.

Según ha declarado su portavoz, Catherine Kelly, el gobernador Rauner considera que la norma solo busca proteger a los menores y respeta la libertad religiosa y “el acceso de las familias al asesoramiento religioso”, por lo que no ve motivos para vetarla. Kelly también ha hecho público que el gobernador se ha reunido en este tiempo con una víctima de este tipo de “terapias”, cuyo testimonio le impresionó.

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Los pastores que se desempeñan como consejeros voluntarios tienen prohibido llamar pecado al la orientación homosexual en prisiones juveniles del estado de Kentucky.

Las autoridades están prohibiendo las sesiones de asesoramiento que tratan de disuadir a los jóvenes que se sienten atraídos por personas del mismo sexo.

Las políticas del Departamento de Justicia Juvenil de Kentucky (DJJ), establece que el personal y los pastores voluntarios, “no podrán decirle a los jóvenes homosexuales que son anormales, desviados, “pecadores” o que pueden o deben cambiar su orientación sexual o identidad de género”.

Los pastores que se nieguen a obedecer estas normas, no pueden ser consejeros en las agencias estatales. El pastor David Wells se rehusó a cumplir las nuevas disposiciones, y fue expulsado por la administración de una institución de internos de jóvenes delincuentes.

En su defensa, la ONG jurídica cristiana Liberty Counsel alega que “quitarle la Biblia a un pastor es quitarle el bisturí de las manos a un cirujano. Sin ella, no pueden traer sanidad”.

Wells trabajó durante más de 10 años en el ministerio de la prisión que mantiene la Iglesia Bautista de Pleasant View. A él el gobierno le prohibió continuar con su trabajo el 7 de julio. La justificación del gobierno es que se negó a cumplir con una ordenanza como no criticar los “estilos de vida sexuales alternativos” porque es “despectivo”, “tendencioso” y constituye un “discurso de odio”.

En su defensa, el ministro explicó que ninguno de los jóvenes delincuentes era obligado a asistir a servicios o para hablar con él y otros voluntarios. Casos similares se han producido en los estados de California, Oregon y Nueva Jersey.

Las autoridades están prohibiendo las sesiones de asesoramiento que tratan de disuadir a los jóvenes que se sienten atraídos por personas del mismo sexo.

Por otra parte, el activista Mikey Weinstein, presidente de la  Military Religious Freedom Foundation   y  coronel retirado, presentó una demanda al Comando Militar de Estados Unidos, para que todos los capellanes que desprecien la orientación homosexual sean despedidos. Señala que de no hacerlo, estarían incumpliendo una orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Barack Obama, activo defensor de la causa LGBT.

En una carta publicada en la web WND, Weinstein critica a los capellanes que atacan a la homosexualidad: “la única cosa honorable que estos perdedores pueden hacer es doblar sus uniformes, entregar sus papeles y dejar la capellanía militar estadounidense. Si no están dispuestos o son demasiado cobardes para hacerlo, el Departamento de Defensa debe limpiar rápidamente esta inmundicia intolerante que insiste en pertenecer a las filas de nuestras Fuerzas Armadas”, escribe.

Aunque el Departamento de Justicia no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto, se espera una actitud contundente contra la homofobia de los fundamentalistas cristianos. Después de todo, Weinstein forma parte de un consejo del Pentágono que analiza los casos de libertad religiosa. Entrevistado por The Washington Post declaró que los fundamentalistas cristianos dentro del ejército son una amenaza para la seguridad nacional.

Los casos no se reducen a los ministros religiosos, sino que afectan a los fundamentalistas cristianos que trabajan en cualquier ámbito de la administración y discriminen a las persona LGTBI:  Un ejemplo es el de Casey Davis, secretario de condado en Kentucky (EE.UU.) quien, en medio de las advertencias de despido del gobernador, se niega a cumplir la ley y a expedir licencias matrimoniales para parejas del mismo sexo.

Fuente Agencias

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Oregón se convirtió hace unos días en el tercer estado de los Estados Unidos en prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” o “reparadoras” de la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad, después de California y Nueva Jersey. Una prohibición que también se aplica en el Distrito de Columbia (sede de la capital federal) y que acaba de aprobar la legislatura de Illinois, aunque en este caso se está a la espera de que el gobernador republicano la sancione.

A partir de la entrada en vigor de ley, en Oregón queda prohibido que los profesionales de salud mental con licencia oficial apliquen a sus pacientes las llamadas “terapias de conversión”, que pretenden buscar el cambio de orientación sexual o identidad de género. Al igual que los casos de California (primer estado que aprobó la medida hace más de dos años y medio, no sin controversia), de Nueva Jersey (que hizo lo propio meses después) o de Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad el pasado diciembre) la restricción se aplica a los menores de 18 años. Con ello, esta ley busca seguir las recomendaciones de la Asociación Americana de Psicologia (APA), que ha rechazado explícitamente estas terapias, señalando sus efectos negativos.

La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes de Oregón en marzo pasado, por 41 votos contra 18, y el Senado del estado la ratificó a primeros de mayo por 21 votos a favor y 3 en contra. Finalmente, el 18 de mayo la gobernadora demócrata Kate Brown firmó la ley. Se da además la circunstancia de que Brown es abiertamente bisexual, como ya reflejamos en esta página.

Además, la redacción de la ley hace que la prohibición pueda aplicarse a un amplio rango de prácticas bajos las que podría encubrirse la práctica de este tipo de “terapias”. Así, quedarán sancionados los intentos de cuestionar la identidad que una persona trans afirme de sí misma, así como los intentos de “cambiar comportamientos o expresiones de sí mismo o de reducir atracciones o sentimientos sexuales o románticos hacia individuos del mismo género”. Sin embargo, la ley tiene una importante limitación, pues sólo afecta a los profesionales con licencia del estado. No se aplica, en cambio, a los grupos y organizaciones religiosas. Parece claro que han querido evitar que se pueda argüir una colisión con la libertad religiosa, asunto especialmente sensible y en el que las leyes norteamericanas son muy limitadoras. Con todo, esto supone una obvia restricción, pues en el seno de estos grupos también se llevan a cabo estas pretendidas terapias.

En cualquier caso, las reacciones positivas han sido generales. La propia gobernadora, diversas personalidades políticas, así como las principales asociaciones LGTB mostraron su satisfacción tras la definitiva aprobación de la ley. La senadora demócrata Sara Gelser afirmó que “la terapia de conversión es, en su núcleo, un acto de violencia… Ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero no es un trastorno mental y no es algo que deba ser curado”. Por su parte, Eliza Byard, de GLSEN, declaró que “estamos muy satisfechos de que Oregón haya prohibido el uso de la terapia de conversión en menores” y señaló la conveniencia de prohibirlas por completo: “Esperamos que Oregón demuestre ser el primero de muchos estados en prohibir esta práctica dañina y desacreditada que hace uso del rechazo, la vergüenza y el abuso psicológico, con el objetivo de cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad/expresión de género”.

Illinois, a la espera del gobernador

Tras California, Nueva Jersey y Oregón, además de la capital federal, se espera que más estados sigan la medida, que además cuenta con el “aval indirecto” del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hace apenas un mes el alto tribunal rechazaba valorar el recurso que los opositores a la ley de Nueva Jersey habían interpuesto después de que la Corte de Apelaciones del 3º Circuito fallara a favor de la norma (sentencia que se hacía así firme).

Es el caso de Illinois, cuya legislatura ha votado ya a favor de una ley similar. La Cámara de Representantes del estado la aprobaba por 68 votos a favor y 43 en contra el pasado 19 de mayo, mientras que el Senado hacía lo propio el pasado viernes 29 de mayo por 34 votos a favor y 19 en contra (ambas cámaras cuentan con mayoría demócrata). Se está ahora a la espera de lo que decida el gobernador, el republicano Bruce Jauner, que por el momento no ha hecho público si firmará la ley (como hizo el republicano moderado Chris Christie en Nueva Jersey) o ejercerá su derecho de veto…

Fuente Dosmanzanas

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“Arreglen esto ya”. Era el titular que ocupaba el martes la portada de Indianapolis Star, el diario local más importante del estado. Un ruego a los legisladores de Indiana para que pongan remedio a la situación abierta por la aprobación de una ley que da carta blanca para discriminar a las personas LGTB argumentando motivos religiosos. Y es que la reacción social ha sido tal que el gobernador Mike Pence, que hace pocos días sancionaba la ley rodeado de líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos, ha anunciado ya su retoque. La tormenta ha llegado también a Arkansas, otro estado cuya legislatura acaba de aprobar una ley muy similar, y donde el gobernador se niega ahora a sancionarla hasta que no quede claro que no podrá usarse para discriminar a las personas homosexuales.

El editorial de Indianapolis Star no era otra cosa que la expresión de la gran inquietud que ha cundido en Indiana ante la inesperada (para muchos) reacción contra la ley. Como comentamos hace pocos días, ya en el mismo momento de aprobarse comenzaron a desatarse las alarmas: la llamada al boicot al estado de Indiana, que el actor George Takei (Star Trek) impulsaba en Twitter con el hashtag #BoycottIndiana, se convertía casi inmediatamente en Trending Topic. Marc Benioff, presidente de la tecnológica Salesforce, anunciaba la cancelación de aquellos programas que supusieran a sus trabajadores la necesidad de viajar a Indiana. Gen Con, una de las principales convenciones mundiales de juegos (juegos de rol, cartas, estrategia, etc.), y que el año pasado atraía a casi 60.000 visitantes a Indianápolis, avisaba por carta a Pence de que se estaba planteando marcharse del estado. Otros líderes empresariales, sin llegar a amenazar directamente con el boicot, expresaban su contrariedad en Twitter. Era el caso de Max Levchin, fundador de compañías como Affirm, HVF, Slide o PayPal, o del presidente de Apple, Tim Cook.

Precisamente fue la actitud de Cook la que acabó de precipitar la situación. El presidente de Apple no se limitó a su tuit inicial, sino que el domingo 29 de marzo publicó un artículo de opinión en The Washington Post en el que alertaba de los peligros que este tipo de leyes suponen al abrir la puerta a la discriminación. El artículo no descubría nada nuevo, pero el hecho de que su autor sea el presidente de una de las marcas más influyentes del mundo -quizá la que más en este momento- hizo que diera la vuelta al mundo. “Tim Cook se pasa al activismo y alerta del ‘peligro’ de las nuevas leyes contra los gays en EEUU”, llegaba a titular El Mundo, ejemplo de un medio español que hasta entonces no se había hecho eco de lo sucedido. El final del artículo de Cook marcaba además el rumbo a seguir. “Esto no es una cuestión política. No es una cuestión religiosa. Se trata de como los seres humanos nos tratamos entre nosotros. Oponerse a la discriminación supone valor, pero cuando las vidas y la dignidad de tantas personas están en juego, es la hora de que todos seamos valientes”, finalizaba el texto.

Llegados a este punto, los anuncios de boicot y cancelaciones de viajes y actos se precipitaban uno tras otro: EMC, Cloudera, Amazon, el sindicato AFSCME (el más importante sindicato de empleados públicos del país), la Mid-American Conference (subdivisión regional del deporte universitario), etc. Diferentes organismos públicos anunciaban también que no financiarían desplazamientos a Indiana, entre ellos las ciudades de Denver, Oakland, San Diego, San Francisco, Seattle o Washington D.C. (la capital federal) y los estados de Oregón y Vermont. La preocupación cundía y la presión sobre los legisladores republicanos que han promovido la ley aumentaba. Finalmente, el gobernador Mike Pence anunciaba el martes la inmediata aprobación de una legislación adicional que clarificará los límites de la ley e impedirá, supuestamente, la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Pence aseguraba que la intención de la ley no había sido la de “crear un permiso para discriminar” pero aceptaba que así se había interpretado, “no solo aquí en Indiana sino en todo el país, y tenemos que afrontarlo”.

Y en Arkansas el gobernador exige retoques antes de sancionarla

Pero el “efecto Indiana” se ha hecho ya sentir también Arkansas, otro estado cuya legislatura, también bajo control republicano, acaba de dar su visto bueno a una ley similar. Y si hace solo unos días el gobernador Asa Hutchinson se mostraba dispuesto a refrendarla tal cual había sido aprobada, ahora exige que se modifique para incluir garantías antidiscriminatorias. “Lo que es importante desde la perspectiva de Arkansas es alcanzar un correcto equilibrio. Y en segundo lugar, trasladar la idea de que este no es un estado que no reconoce la diversidad en los lugares de trabajo, en la economía y en nuestro futuro”, declaraba en una conferencia de prensa en la que anunciaba su nueva posición.

En definitiva, y a la espera de conocer ambas modificaciones legislativas, a los sectores homófobos que han impulsado estas leyes puede haberles salido mal la jugada, consiguiendo como resultado final la implementación de una normativa antidiscriminatoria que antes no existía con carácter estatal ni en Indiana ni en Arkansas.

Seguiremos atentos a lo que suceda, que más allá de las fronteras de estos dos estados será un buen indicador de la fuerza de las posiciones homófobas en los Estados Unidos, a punto de perder la batalla del matrimonio igualitario a nivel federal pero empeñadas en trasladar la batalla al ámbito local.

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Kate Brown tomará posesión el miércoles como jefa del gobierno de Oregón

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Se llama Matt Stolhandske. Es evangelista y también activista gay. De hecho, forma parte del grupo Evangelicals for Marriage Equality, (Evangélicos por el Matrimonio Igualitario). Pero, pese a estas credenciales ha salido en defensa de Melissa y Aaron Klein, los pasteleros de Oregon que se negaron a preparar una tarta para una pareja de lesbianas y que ahora tendrán que pagar una multa de 150.000 dólares (unos 117.000 euros). Stolhandske se ha propuesto reunir esa cantidad y donársela a la pareja. El activista explica su posición en un artículo en el Washington Post: él no odia a los Klein, aunque reconoce que debería.

“No puedo entender por qué Klein o cualquier otro cristiano, retorcería las palabras de Jesucristo para justificar su comportamiento. Para mí, es una adulteración profundamente embarazosa de nuestra fe. Pero no odio a los Klein”, explica en el artículo. De momento ha conseguido 40 donativos, que cubren algo menos de la mitad de la multa. “No quiero que sufran. Pero también les pido a ellos y a otros cristianos que dejen de usar el nombre de Jesús para explicarle a la comunidad LGBT por qué no merecen acceso a los derechos civiles permitidos a los heterosexuales a través de la institución legal del matrimonio”, señala el activista, que quiere pedir a la pareja que sean capaces de mostrar amor hacia una realidad a la que odian y que quiere dar ejemplo con esta iniciativa.

Pero el activista va más allá y explica que aunque no comparte su postura, ni ve que preparar una tarta suponga apoyar el matrimonio gay, tampoco cree que Jesús les hubiera obligado a preparar el dulce. Su posición es más de mandar un mensaje a esta pareja: uno de amor y aceptación. Pero aclara que no se trata de estar de acuerdo en ningún caso con lo que han hecho: “No les estoy premiando por su comportamiento, más bien amándoles pese a ello. Ya es hora de que estas dos comunidades, que citan ambas el amor genuino como nuestra motivación, pongamos a un lado nuestros prejuicios y bajemos las horcas para aclarar el camino del progreso”, señala.

En todo caso, Stolhandske explica que él mismo necesitó en su momento alejarse de su iglesia para entender que no había nada malo en ser gay. “Creía que eso era malo, el pecado más condenatorio y repulsivo de todos. Mirando atrás a esos días oscuros, ahora veo el odio que me sentía por mí mismo. Estaba también secretamente enfadado con todos los que en la Iglesia habían intentado llevarme a creer que algo tan fundamental para mí era repulsivo y malo. No fue hasta que me aparté de la Iglesia, aunque brevemente, que fui capaz de encontrar amor y perdón para mí y el auténtico espíritu del evangelio cristiano”, explica el chico.

Foto: Aaron Klein.

Fuente Ragap

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Confirmado: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutirá el 29 de septiembre si por fin acepta estudiar las apelaciones a las sentencias que hasta el momento han emitido tres diferentes Cortes de Apelaciones considerando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se abren diversas posibilidades, pero cada vez parece más claro que el destino del matrimonio igualitario en todo el país se decidirá antes de lo que nadie preveía hace solo un año.

Hasta el momento son tres las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han fallado: la del 10º Circuito (que ha emitido dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma), la del 4º Circuito (que ha emitido una sentencia referida a Virginia) y la del 7º Circuito, que hace pocos días emitía una sentencia referida a Indiana y Wisconsin. El ponente de esta última fue Richard Posner, uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, que en un impactante texto llegaba a ridiculizar los argumentos de los contrarios al matrimonio igualitario. En todos los casos las sentencias han sido emitidas por un panel de tres jueces (en los tres primeros por dos votos a uno, y en el tercer caso por unanimidad de los tres).

Curiosamente en todos los estados afectados los recurrentes (en la mayoría de los casos sus fiscales generales) han renunciado al derecho que tenían a ser escuchados por el pleno de cada una de las Cortes de Apelaciones y han apelado directamente al Tribunal Supremo, al que han pedido que aclare definitivamente la cuestión. Ahora es pues el turno de los nueve jueces de la más alta instancia judicial de los Estados Unidos.

Diversas posibilidades

En su reunión del 29 de septiembre, los jueces del Supremo pueden decidir que admiten uno, varios o todos los casos. Lo previsible es entonces que se prolongue la suspensión cautelar de las sentencias hasta que haya una decisión definitiva, muy probablemente ya en 2015. Decisión que según los términos en los que se planteara podría afectar a todo el país, si establece claramente que la prohibición del matrimonio igualitario es efectivamente inconstitucional. En caso contrario, la situación quedaría como ahora: cada estado podría decidir si celebrar o no matrimonios. Podría haber incluso decisiones intermedias, si el Supremo decide ser selectivo y resolver en primer lugar el problema del reconocimiento de los matrimonios celebrados en un estado por otro.

El Supremo podría optar por el contrario por rechazar los casos, lo que de facto supondría dar validez inmediata a las sentencias de las Cortes de Apelaciones y que las bodas entre personas del mismo sexo pudieran comenzar en aquellos estados en los que ya hay un pronunciamiento judicial… y en el resto de estados sometidos a la jurisdicción del correspondiente circuito. En el caso del 10º Circuito, por ejemplo, también en Colorado (donde de hecho ya se ha producido otra sentencia favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez federal), Kansas o Wyoming.

En definitiva, las posibilidades teóricas son diversas, aunque cada vez parece más claro que la avalancha judicial a la que dio origen el propio Tribunal Supremo hace pocos más de un año al declarar inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) solo puede culminar con una decisión clara, sea en un sentido o en otro.

Se prevén incluso más sentencias…

Todo ello sin olvidar que ni mucho menos la avalancha ha cesado: están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas en Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas.

De hecho, el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado a las partes. Y también lo ha hecho el 9º Circuito, que debe decidir sobre Idaho y Nevada (en este último estado la situación es algo diferente, ya que el caso ha llegado a la Corte de Apelaciones por otra vía jurídica, sin que exista una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario).

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Colorado, Corte de Apelaciones del 10º Circuito, Corte de Apelaciones del 4º Circuito, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Corte de Apelaciones del 7º Circuito, Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Discriminación, DOMA, Estados Unidos, Florida, IDAHO, Indiana, Kentucky, Luisiana, Matrimonio, Michigan, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Richard Posner, Tennessee, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia, Wisconsin

32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Corte Suprema Federal, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, EE. UU., Georgia, Hawai, IDAHO, Illinois, Iowa, Luisiana, Maine, Martha Coakley, Maryland, Massachusetts, Matrimonio igualitario, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Washington, Wisconsin

Suma y sigue. El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, ha fallado por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se trata del tercer circuito federal que se pronuncia contra la prohibición del matrimonio igualitario, con una sentencia en la que además el que está considerado uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculiza los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse…

Uno de los principales argumentos de los opositores al matrimonio igualitario en Indiana y Wisconsin era el interés legitimo del estado en proteger la función reproductiva. Un argumento que Posner, ponente de la sentencia (que puedes descargar aquí) derriba al recordar que el estado de Indiana prohíbe casarse a los primos hermanos de distinto sexo… hasta que tienen 65 años, una vez que ya resulta imposible concebir hijos. “Indiana ha inventado una insidiosa forma de discriminación: favorecer a los primos hermanos, siempre que no sean del mismo sexo, sobre los homosexuales. Los primos, cuando son mayores, se pueden casar porque ya no pueden producir niños. A los homosexuales se les prohíbe casarse porque no pueden producir niños”, argumenta el juez.

“El gobierno de Indiana piensa que las parejas heterosexuales tienden a ser sexualmente irresponsables, produciendo un montón de hijos no deseados, de forma que hay que presionarles (en forma de estímulo gubernamental del matrimonio a través de una combinación de palos y zanahorias) para casarse. Pero las parejas homosexuales, incapaces como son de tener hijos, sean deseados o no, son padres modelo -ciudadanos modelo- así que no necesitan el matrimonio”, ironiza después Posner. “Los heterosexuales se emborrachan y se embarazan, produciendo hijos no deseados. Su recompensa es que se les permite casarse. Las parejas homosexuales no producen hijos no deseados. Su recompensa es que se les niega el derecho a casarse. Figúrense”, añade…

“La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional”

Lo cierto es que la sentencia de Posner, un conservador propuesto como juez federal por Ronald Reagan en 1981 y que está considerado como uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, es rotunda, y expone de forma muy clara las desventajas que a las parejas del mismo sexo y a sus familias (porque Posner deja bien claro que pese a no engendrar hijos biológicos comunes las parejas del mismo sexo sí tienen hijos) les supone el no poder acceder al matrimonio. “La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional, y por tanto inconstitucional, sin necesidad de considerarla sujeta a mayor escrutinio”, escribe en un momento determinado Posner.

El “mayor escrutinio”, o “heightened/strict scrutiny”, es un término propio del sistema constitucional estadounidense, según el cual en ciertas situaciones la deliberación judicial no debe basarse solo en un mero argumento racional, sino en un análisis del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno -que podrían justificar incluso la vigencia de una disposición discriminatoria- y los principios constitucionales.

Cuarta sentencia favorable en una Corte de Apelaciones

La decisión unánime del 7º Circuito, contraria a las apelaciones formuladas contra sentencias favorables al matrimonio igualitario en Indiana y en Wisconsin, está en cualquier caso en la línea de las tres ya emitidas por otras dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo): dos por el 10º Circuito (referidas a Utah y Oklahoma, cuyos casos se fallaron separadamente) y una por el 4º Circuito (referida a Virginia).

El fallo establece además un plazo de 21 días, transcurridos los cuales, si no media una petición de suspensión cautelar hasta que una instancia superior decida una posible apelación, comenzarían a celebrarse bodas en Indiana y Wisconsin. Aunque dados los antecedentes de los sucedido en los otros circuitos es muy posible que dicha suspensión se pida y sea concedida (ya sea por la propia Corte de Apelaciones o por el propio Tribunal Supremo).

Están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por jueces federales de Colorado, Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas (el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee) ya ha escuchado por ejemplo a las partes.

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario. Por el momento, como informábamos por cierto hace un día, solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

El Supremo, cada vez más cerca…

Lo cierto es que poco más de un año después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), punto de origen de todo este proceso, muy pocos esperaban que se hubiera avanzado tan rápido. Los analistas ven de hecho muy probable que el Tribunal Supremo acuerde revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Por lo pronto, Utah y Oklahoma ya lo han solicitado.

Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país. Una expectativa que se vio reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”.

El Supremo también podría optar por no aceptar ninguno de los casos que le lleguen, lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Pero no es por lo que apuestan los analistas políticos. Un escenario que además sería difícilmente sostenible si se producen sentencias contradictorias entre diferentes circuitos, algo que aún no ha sucedido pero que es un escenario más que posible.

Fuente Dosmanzanas

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Todos los analistas coincidían en que tenía que suceder en algún momento, y finalmente ha sido este miércoles 3 de septiembre. Por primera vez desde la histórica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, un juez federal ha considerado que el hecho de que un estado prohíba el matrimonio igualitario no viola la Constitución de los Estados Unidos. Ha sido -posiblemente no podía ser de otra manera- en Luisiana, un estado del sur profundo. El propio juez, en su sentencia, reconoce no obstante que otras instancias superiores pueden decidir lo contrario.

El juez Martin Feldman (en la fotografía) es el primero de los numerosos jueces federales que se han pronunciado sobre la materia que en su sentencia (a la que puedes acceder pinchando aquí) considera que la libertad de los estados para legislar el matrimonio está por encima de las consideraciones de los demandantes, y que la prohibición del mismo a las parejas del mismo sexo no supone una violación del derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. En este sentido, Feldman adopta un criterio contrario al que anteriormente han adoptado jueces federales de Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia o Wisconsin (sentencias emitidas por jueces federales. Ni siquiera incluimos en esta lista las sentencias emitidas por jueces estatales).

En Oregón y Pensilvania las sentencias favorables al matrimonio igualitario adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario.  Y ya hay, no lo olvidemos, dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han ratificado tres sentencias a favor del matrimonio igualitario: las del 10º Circuito (las sentencias referidas a Utah y Oklahoma) y del 4º Circuito (la sentencia referida a Virginia).

Pero hay más Cortes de Apelaciones pendientes de pronunciarse. El 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado por ejemplo a las partes. También lo ha hecho ya el 7º Circuito, que debe decidir sobre Indiana y Wisconsin.

Los argumentos de Feldman…

La sentencia de Feldman (un juez de 80 años nominado en 1983 por Ronald Reagan y confirmado ese mismo año por el Senado) supone un primer contratiempo en la carrera judicial en favor de la igualdad de todas las parejas en el acceso al matrimonio en Estados Unidos, y que previsiblemente el Tribunal Supremo tendrá que dirimir más pronto que tarde.

Sus argumentos no son por otra parte especialmente llamativos, en tanto que se alinean con la postura clásica que en su día incluso sirvió para defender el matrimonio igualitario en los estados más “liberales”: que la legislación matrimonial es competencia de los estados (Luisiana aprobó en 2004 incluir la prohibición del matrimonio igualitario en la Constitución estatal por un 75 % de los votos) y que los derechos en litigio no son derechos fundamentales que gocen de protección constitucional a nivel federal.

Martin Feldman, eso sí, no duda en hacer un guiño a los más conservadores al preguntarse en su sentencia si la consideración del matrimonio igualitario como un derecho fundamental no forzaría a que después se reclamara también el matrimonio entre una tía y una sobrina, una tía y un sobrino, dos hermanos, un padre y un hijo o dos menores. “Todas esas uniones estarían sin duda alguna igualmente comprometidas en su amor y voluntad de cuidar uno del otro, al igual que los demandantes”, expresa Feldman. Los demandantes, en este caso, son varias parejas del mismo sexo casadas en otras jurisdicciones en las que el matrimonio igualitario es legal pero cuya unión no es reconocida en el estado de Luisiana.

… y su reconocimiento de que no tiene la última palabra

Pese a todos sus argumentos, no deja de llamar la atención un párrafo de la sentencia en la que el propio juez da muestras de no estar convencido de que su criterio sea el que definitivamente se imponga, al reconocer expresamente que “muchos otros tribunales tendrán la oportunidad de discutir el matrimonio entre personas del mismo sexo: tribunales de apelación, y en un momento determinado, el Tribunal Supremo. La decisión de este tribunal, aunque fundamentada, no es más que una entre muchas”.

¿La venda antes que la herida? Veremos lo que sucede finalmente…

Fuente Dosmanzanas

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Decenas de parejas gays se casan en Indiana antes de que se suspendan los matrimonios

El juez federal Richard Young ha dictaminado que la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la legislación del estado de Indiana viola la Constitución de los Estados Unidos. El juez no ha determinado la suspensión de la sentencia, por lo que la misma tarde de este miércoles tenían lugar las primeras bodas entre personas del mismo sexo en el estado. La Fiscalía General de Indiana ya ha anunciado su intención de recurrir el fallo del tribunal federal ante la Corte de Apelaciones.

Aunque en Indiana nunca prosperó ninguna propuesta de modificación de la Constitución estatal para prohibir el matrimonio igualitario, sí que se aprobó en 2004 una Ley de Defensa del Matrimonio que lo definía como la unión de un hombre y una mujer. El juez Young tenía que decidir sobre la demanda presentada por cinco parejas del mismo sexo residentes en Indiana a quienes o bien se les había denegado la posibilidad de contraer matrimonio, o bien no se les habían reconocido sus enlaces celebrados en otros estados donde está permitido. Como ya es habitual en otras sentencias del mismo tipo, el juez ha estimado que “por las razones expuestas a continuación, el tribunal considera que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Indiana viola las cláusulas del debido proceso e igual protección y es, por lo tanto, inconstitucional”.

En su sentencia, el juez Young ha hecho referencia precisamente a la secuencia ininterrumpida de sentencias favorables a los derechos LGTB que le precedían: “El tribunal nunca había sido testigo de un fenómeno semejante en todo el sistema de tribunales federales como el que se refiere a este asunto. En menos de un año, todos los tribunales federales de distrito que han examinado esta cuestión han llegado a la misma conclusión en opiniones reflexivas y profundas:  las leyes que prohíben la celebración y el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo son inconstitucionales. Está claro que no se puede privar a algunos individuos del derecho fundamental a contraer matrimonio basándose ​​únicamente en la persona que elijan amar. Con el tiempo, los estadounidenses verán a parejas como las demandantes y se referirán a ellas simplemente como matrimonios, no como ‘matrimonios entre personas del mismo sexo’. Estas parejas, dejando a un lado el género y la orientación sexual, son en todos los aspectos como cualquier otra familia corriente. La Constitución exige que las tratemos como tal”·

El Fiscal General de Indiana, Greg Zoeller, ya ha comunicado su intención de presentar una petición de suspensión de la sentencia, y de recurrirla ante la Corte de Apelaciones. El gobernador del estado, Mike Pence, un firme defensor de la prohibición del matrimonio igualitario, ha declarado que defenderá “el derecho de Indiana para definir la institución del matrimonio para los residentes de nuestro estado”.

Primeras bodas

En la sentencia, el juez Richard Young ha ordenado la ejecución inmediata respecto a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de los celebrados en otros estados. La Secretaría del condado de Madison, donde está ubicada Indianápolis, la mayor ciudad del estado, ha comenzado apenas una hora después de la comunicación de la sentencia a emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandasen.

Los primeros en contraer matrimonio han sido Craig Bowen y Jake Miller, que formalizaron la ceremonia del matrimonio inmediatamente después de recibir su licencia. Los novios comentaban que todo había sido bastante improvisado, ya que incluso sus propios padres no se habían enterado de su decisión. Ambos concluyeron la ceremonia con un “te quiero” y el beso protocolario.

Un proceso imparable

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado decenas de demandas en todos los estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Indiana se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia,Texas, Michigan, Arkansas, Idaho,  Oregón, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, exceptuando a Oregón y Pensilvania, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee, ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a todos los territorios judiciales del país y a todos los estados. La decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de confirmar la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en Utah, con su consiguiente apelación, provocará que este proceso culmine en un futuro más o menos próximo en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 20 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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