La pasada primavera, el Parlamento de Georgia aprobó una ley contra la discriminación, que incluye la protección con respecto a la identidad de género y a la orientación sexual. Aunque se han levantado algunas voces críticas con la legislación, por quedarse corta, lo cierto es que supone un gran avance teniendo en cuenta la notable influencia social de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana. Además, echando un vistazo a la situación LGTB del resto de repúblicas que conformaban la antigua URSS, la realidad de Georgia arroja mucho más optimismo y esperanza en estos momentos.

En un país en el que cerca del 84 % de la población practica activamente el cristianismo ortodoxo, especialmente hostil a los derechos de la comunidad LGTB, la entrada en vigor de una ley contra la discriminación, que incluye la identidad de género y la orientación sexual entre las causas de protección, es un paso de notable importancia. Aún más teniendo en cuenta la homofobia de estado de otros países de la vieja órbita soviética, como Rusia, Bielorrusia, Lituania (en este caso siendo incluso miembro de la Unión Europea), Azerbaiyán, Armenia o Kirguizistán, entre otros.

Según ha manifestado Vano Chkhikvadze, de la Open Society Georgia Foundation, la aprobación de esta ley “es una victoria para el Gobierno de Georgia sobre la iglesia georgiana, la institución en la que más confía la gente del país”. Y de hecho, la homofobia social es un problema frecuente. Dosmanzanas ha recogido en los últimos años el relato de varios incidentes que lo confirman. Entre ellos, el ataque a los asistentes a la concentración para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en Tiflis, la capital del país, que se saldó con al menos 17 heridos en mayo de 2013.

La nueva ley, por otra parte, ha sido diseñada para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, de tal forma que se permita a los georgianos viajar a los países comunitarios, sin necesidad de visado, a corto plazo. No obstante, Irakli Vacharadze, responsable de la organización Identoba, junto a otros activistas y entidades LGTB, ha criticado al gobierno por aprobar la legislación sin una oficina de aplicación específica.

Un paso en la buena dirección, pero claramente insuficiente

Con los recursos e instituciones vigentes, las denuncias le llegarán al Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos, que en la actualidad carece de la capacidad de abordar estos casos. La Open Society Georgia Foundation, por su parte, apuesta por que se destinen fondos públicos (europeos y nacionales) que conduzcan a la aplicación efectiva de la ley. Proponen que se destine el dinero a actividades como cursos de concienciación y formación en las escuelas, hospitales, empresas privadas y en el sistema judicial. Mientras tanto, en los próximos meses, Vacharadze y el resto de activistas esperan preparar una serie de quejas que serán enviadas al Defensor del Pueblo para poner a prueba la nueva ley y, si es necesario, tomar medidas al respecto.

Las ONG y las entidades LGTB esgrimen además que la medida está lejos de ser eficiente en la práctica, ya que en la mayoría de los casos los agresores pueden salirse de rositas sin sanción económica alguna. Un castigo en el que han insistido estas organizaciones, aunque la propuesta fue rechazada por el gobierno y por los partidos mayoritarios de la cámara georgiana.

Fuente Dosmanzanas

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