El acto de conciliación previsto para hoy (21 de abril) en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga solicitado por la representación legal de la madre de Gabi, la menor transexual, a raíz de unas declaraciones realizadas por el obispo de Málaga, Jesús Catalá, sobre este caso, se ha aplazado hasta el próximo día 28 de abril.

El abogado de la madre de Gabi, Oliver Roales, ha explicado que se ha suspendido con la intención de poder llegar a un acuerdo de conciliación y ha apuntado que ha habido “predisposición” por parte de la representación legal del obispo (que no ha acudido personalmente al acto). El letrado considera “fundamental” que se reconozca “públicamente” que son “inciertas” las manifestaciones.

En la demanda de conciliación presentada se pedía que reconociera que en un desayuno informativo declaró que desde la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, del Obispado y de quien depende el colegio en el que entonces estaba el escolar, “defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad en contra del abuso de la Junta y de su madre”.

Asimismo, en el documento se señalaba que el obispo también afirmó que “hay informes que insisten en que no se debe intervenir o dirigir la sexualidad del menor”, así como que “forzada por la madre, la Administración andaluza obliga a un tratamiento que puede perjudicar al menor”; manifestaciones que fueron recogidas por distintos medios de comunicación.

Así, se instaba a que “reconozca expresamente que es incierto que mi representada haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña o que la haya sometido a tratamiento dañino de cualquier tipo, no la respete en su identidad sexual o haya realizado conducta alguna de manipulación sobre su sexualidad” y, por tanto, que admita que las declaraciones “atentan contra el honor de mi representada”.

En este sentido, se argumentaba que atentarían, “en cuanto son ofensivas a su dignidad, imagen pública y buen nombre como madre de la menor”, insistiendo en el escrito en que “se retracte de las afirmaciones y valoraciones transcritas, manifestando expresamente que no se atienen a la realidad a fin de restablecer el buen nombre, dignidad, imagen y honor de mi patrocinada”.

Por eso, se instaba a que se dirija una nota de prensa retractándose y se apuntaba que el mayor interés es “el restablecimiento del honor y la imagen pública” mediante una reparación pública, por lo que no se ha pedido aún indemnización “por el daño moral causado, pese a la gravedad del mismo”, aunque se añade que esta parte se reserva el derecho a dicha reclamación económica.

Fuente Ragap

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Leemos en  Cáscara amarga

Carla Gómez. 23 Marzo 2014

La familia de la pequeña Gabriela ha interpuesto dos querellas, una contra la directora del colegio San Patricio y otra contra el obispo por un delito de negación de servicio público por motivo discriminatorio.

“No es de recibo que el obispo diga públicamente que la familia es la culpable de que su hija se sienta niña y no niño sin conocerla si quiera. Jamás ha hablado con la mamá y está echando la culpa a esta señora de que, como no ha tenido hijas hembras, ella misma ha querido diseñar la sexualidad de su hija transexual. Una locura total”, con estas declaraciones, Oliver Roales, el abogado de la familia de Gabriela, la niña transexual cuyo caso saltó a los medios de comunicación por la discriminación sufrida en el colegio católico San Patricio de Málaga, anunciaba que ha presentado dos querellas: una contra la directora del centro escolar y otra contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá. La familia de la niña exige justicia porque entiende que se ha cometido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio.

“Una niña en el cuerpo de un niño. Gabriela nació en un ‘envase’ equivocado, pero a un señor que representa a la Iglesia y es obispo, le cuesta entenderlo y califica el hecho como casi de ‘monstruosidad’ culpando a la madre de querer tener una hija en vez de un hijo, como si fuera un capricho”, dice Oliver Roales. El letrado también ha presentado en el juzgado de Málaga un acto de conciliación a la querella por “injurias graves con publicidad” a la que puede enfrentarse Jesús Catalá si no rectifica “las duras acusaciones que ha hecho”.

El conflicto entre la Iglesia y la familia se originó el día que los padres pidieron al colegio San Patricio, centro al que asistía la niña transexual, que fuera respetada su identidad de género, que fuera llamada por el nombre con el que se identificaba, que pudiera vestir de acuerdo a ello y que pudiera elegir el aseo que quería utilizar. El centro se lo denegó. Roales explica que ha habido una “discriminación clara” y que “había que tratarla como una niña, no porque me lo invente yo, los padres o la propia Gabriela, sino porque existen informes de todo tipo que así lo acreditan. No tienen relevancia los genitales que tenga un transexual para que se le trate de una manera u otra”. El abogado insiste en que “no se puede acreditar una fundamentación razonable para seguir tratándola como un niño“. Es por lo que los padres pidieron “clemencia a la Junta de Andalucía”. El Gobierno regional los escuchó y la Delegación Territorial de Educación tiró por tierra lo que el obispo Catalá argumentaba: “Es un niño que tiene siete años, que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio y lo lógico es que siga así”. Un inspector se presentó en el centro e instó al San Patricio a cumplir las instrucciones dadas para adecuar el trato al menor transexual. La Delegación les recomendó que en el desarrollo de las actividades el profesorado considerara el sexo con el que la menor se siente identificada, “así como reconocer y aceptar la posibilidad de vestir con uniforme en función de la identidad de género”.

Si Gabriela aparecía con uniforme de niña, se la dejaría entrar al centro, pero no en el aula

Por su parte, más de un centenar de padres de niños matriculados en el San Patricio firmaron en su día un documento explicando que no estaban de acuerdo con la decisión de la Junta de Andalucía de que se respetase la identidad de género de la menor alegando que a ellos no se les había escuchado antes de decidir que la transexual pudiera llevar falda y no pantalones, usar los baños de mujeres y aparecer en la documentación interna según su identidad de género: “En ningún momento se ha consultado con el resto de padres de una comunidad educativa compuesta por más de 800 familias, y han aceptado sin más la opción de sus progenitores por feminizar al niño”.

La Junta, de momento, no ha retirado el concierto educativo con el San Patricio, pero el colegio ha sido apercibido para que retire de sus normas de funcionamiento la obligatoriedad de llevar uniforme. Se le ha advertido de que, si no procede de esta forma, se iniciarán de nuevo los trámites para la retirada del concierto.

La nueva vida de Gabriela

Hace dos semanas, los padres de Gabriela optaron por cambiarla de colegio porque la situación era “insostenible”. La menor asiste ahora a sus clases en otro centro público, donde lleva falda y está feliz “aunque no entiende por qué ha tenido que dejar el San Patricio, donde van a clase su hermano y sus amigas”. “¿He hecho algo malo?”, se pregunta la pequeña. La familia, que no pide indemnización, quiere que el obispo reconozca que “es incierto que se haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña”. Los padres sostienen que su hija sufría una “discriminación constante“. La más dura tal vez, según el abogado, fue que “en el informe de Educación consta que el colegio manifestó que si Gabriela aparecía con uniforme de niña, se la dejaría entrar al centro, pero no en el aula. Se la llevaría a una habitación aparte, se llamaría a su madre y se la sancionaría”.

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El Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta andaluza elaborar un protocolo de atención a menores transexuales en colegios

La familia de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género, ha presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en calidad de presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece. Según la querella, estos ignoraron en todo momento los informes médicos y psicológicos de la menor y mostraron al respecto una posición intransigente.

La querella explica que todos los profesionales consultados coincidieron en que es absolutamente necesario reconocer a la niña, cuya identidad femenina está plenamente asentada, el género que siente como propio. La familia aportó al colegio los informes en los que constaba que la niña ha sido diagnosticada de “disforia de género”, término que la medicina sigue todavía utilizando para referirse a la realidad transexual, junto a otros documentos, con el fin de que el centro “comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia”. Sin embargo, tanto el colegio como la fundación “consideraron este asunto como una cuestión de principios” e ignorando los informes “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente” dejando además claro que con independencia de cualquier informe “nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

Para la familia, queda claro que los querellados, más que poner en duda los informes, “en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico ‘disforia de género’”. A la niña se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, “no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras”. Es más, tras una reunión entre las partes se apuntó a la familia que en caso de acudir vestida de niña no le impedirían la entrada pero la “acogerían en una sala” y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.

Hechos que para el abogado de la familia, Oliver Roales, son claramente constitutivos “de una auténtica prohibición de acceso a las aulas” por lo que considera que se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, consumado cuando se produjo la “expulsión de facto” (la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio).

Un caso lamentable

Como hemos recogido en entradas anteriores, la Fiscalía decidió en su momento el archivo de la investigación que había abierto al considerar que la actitud del centro no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

En paralelo, la Consejería andaluza de Educación anunció en diciembre la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Sin embargo, hace una semana se conocía que Junta y colegio habían alcanzado un acuerdo por el que este solo era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. Pero el problema, conviene recordar, no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se limitó a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme se garantizara al máximo la convivencia “aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

De hecho, una vez firmado el acuerdo de conciliación la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria se permitió incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no llegó ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, la Fundación no expresó rectificación alguna y argumentó que ya la Fiscalía había archivado el procedimiento.

Enfrentamiento entre IULV-CA y el consejero

La Junta de Andalucía, recordemos, está gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA. En este sentido, es interesante el rifirrafe dialéctico que tuvo lugar hace unos días entre la portavoz para asuntos de igualdad del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Doblas criticó la actitud de “postureo” de Alonso en este tema después de que este argumentara en el pleno del Parlamento andaluz que la actuación de su departamento se había basado “en la legalidad vigente”. Doblas sostuvo que existen motivos para retirar el concierto al centro y defendió que no se puede saldar un problema de derechos humanos con “una regañina”.

Fuente Dosmanzanas

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No ha ocurrido en Rusia, en África ni en la América profunda. Ha sucedido en España, concretamente en Málaga. Una familia se ha visto obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, de un colegio religioso concertado (es decir, financiado con fondos públicos) ante la negativa del centro a respetar la identidad de género de la menor.

El caso es bien conocido. El Colegio San Patricio, centro dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se niega a respetar la identidad de género de la niña permitiendo que aparezca en las listas escolares con nombre femenino, que pueda vestir el uniforme de niña y que sea tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro sin que medie una orden judicial.

Tras divulgarse la historia hace pocos meses, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Pues bien, ante la persistencia del centro en su actitud, la familia de la niña se ha visto obligada a trasladar a la menor de colegio. Durante este tiempo la niña ha acudido a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según indica el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se había vuelto ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que ha tomado la decisión “con todo el dolor de su corazón”, ya que comparte el ideario del centro, se trata de hecho de una expulsión forzada. Roales también ha declarado que pese al archivo decidido por la Fiscalía se está estudiando iniciar acciones legales contra el centro.

La Junta de Andalucía lo lamenta…

Tras conocer la noticia, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, ha lamentado que “hayan sido los injustificados prejuicios ideológicos del centro docente los que hayan motivado” la decisión de la familia de la niña, que en todo caso “respeta”.

Como explicamos en su momento, el archivo decidido por la Fiscalía no supone que se ponga punto final al contencioso entre la Junta y el colegio, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. El pasado diciembre, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro que podría acabar con la retirada del concierto. Este procedimiento administrativo sigue adelante.

Veremos si finalmente la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado. En cualquier caso, y para evitar que se repitan hechos de este tipo, urge que se apruebe cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía, registrada en el Parlamento regional el pasado 16 de enero.

Un toque positivo

Terminamos esta entrada haciéndonos eco, al menos, de un hecho positivo relacionada con el caso. “La comparsa del futuro”, una de las ganadoras del certamen de comparsas del Carnaval de Málaga, rindió un homenaje a la niña en la letra de una de sus actuaciones. Un detalle de sensibilidad contra la discriminación tránsfoba que ha merecido el aplauso de la Federación Andaluza Arco Iris, que nos ha hecho llegar la noticia.

Os dejamos con el vídeo de la actuación:

Fuente Dosmanzanas

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