Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT), los dos principales sindicatos españoles, han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral. El acuerdo propone, entre otras medidas, utilizar la negociación colectiva para garantizar la igualdad en los procesos de selección, contratación y promoción; asegurar que en sus beneficios sociales las empresas no dejen fuera a las familias LGTBI o implantar protocolos para prevenir y erradicar el acoso por LGTBIfobia.

Según puede leerse en el acuerdo firmado, que puedes descargar aquí, los dos principales sindicatos españoles proponen incidir en la protección de las personas LGTBI+ migrantes; garantizar un mayor apoyo institucional a las personas LGTBI+ con discapacidad u otras circunstancias añadidas que amplíen la posibilidad de discriminación; dar apoyo a la prohibición de las pseudoterapias «de conversión»; reforzar los derechos sociosanitarios de las personas LGTBI+; comprometerse en la lucha contra los delitos de odio y los discursos que los promueven e impulsar políticas para la defensa de los derechos de las familias LGTBI+, entre otros objetivos generales.

Ya en un plano más específicamente laboral, Comisiones Obreras y UGT acuerdan también compartir una estrategia de introducción de la lucha contra la discriminación LGTBIfóbica en la negociación de los convenios colectivos, a través del impulso de seis puntos:

• Establecer medidas que permitan garantizar la igualdad en los procesos de selección y contratación, así como en los de promociones y ascensos, estableciendo criterios objetivos que alejen la posibilidad de
  discriminación.
• Promover que cualquier derecho o beneficio social que tenga como referencia a la familia, incluya a las familias y parejas conformadas por personas LGTBI+, eliminando cualquier redacción que
  pueda dar lugar a una discriminación directa o indirecta.
• Establecer programas y proyectos de sensibilización en la empresa respecto al derecho de igualdad del colectivo LGTBI+, y especialmente respecto a las medidas de igualdad acordadas.
• Formación específica y obligatoria a mandos intermedios y representantes legales de los trabajadores.
• Incorporar en la elaboración de evaluaciones de riesgos y en los planes de prevención de salud laboral la LGTBIfobia como riesgo psicosocial, garantizando el establecimiento de actuaciones.
• Establecer protocolos de actuación con una serie de contenidos mínimos ante casos de discriminación y acoso por LGTBIfobia.
• Evaluación períodica entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores de las medidas implementadas.

La Organización Internacional del Trabajo llama a la inclusión de las personas LGTBI

El acuerdo firmado en España por sus dos principales organziaciones sindicales, que saludamos y esperamos ver aterrizar cuanto antes, casi coincide en el tiempo con la publicación, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de una guía que tiene como finalidad, precisamente, la de proporcionar orientación «para iniciar y apoyar los esfuerzos encaminados a fomentar ambientes de trabajo inclusivos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+)».

«En muchos países los trabajadores LGBTIQ+ se enfrentan a experiencias diarias de violencia, acoso, estigma y discriminación, y a menudo se les deniega oportunidades en todas las fases del ciclo del empleo. La OIT tiene por objeto promover el trabajo decente para todos, sin dejar a nadie a atrás. Si bien esto es sumamente importante para respetar los derechos humanos y laborales de todos, incluidas las personas LGBTIQ+, los estudios realizados han mostrado continuamente el valor de invertir en diversidad en el lugar de trabajo. Se ha demostrado que los beneficios de la lucha contra la discriminación y de la promoción de la inclusión mejoran la productividad en el lugar de trabajo, la satisfacción laboral, el bienestar personal y social, y la moral general de la fuerza de trabajo», explica el documento, que puedes descargar aquí en castellano, francés e inglés.

Un documento que se suma, por ejemplo, a los estándares de buenas prácticas para proteger los derechos de las personas LGBTI que han sido publicados por Naciones Unidas (puedes descargar un PDF con información más detallada aquí).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Acoso, Ámbito laboral, CC OO, Discriminación, LGTBIfobia, Naciones Unidas, OIT, UGT

Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

El Gobierno acuerda eliminar de las causas de exclusión para el acceso al #empleopúblico enfermedades como: el VIH, la diabetes, la celiaquía y la psoriasis.
⛑😷Acabando así con la discriminación que venían soportando más de 7 millones de personas.#CMin pic.twitter.com/vTCPhRhvCv

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 30 de noviembre de 2018

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

General Ámbito laboral, CESIDA, Consejo de Ministros, Discriminación, España, FELGTB, Gobierno de España, Isabel Celáa, Juan Diego Ramos, Julio Gómez, OIT, Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, Pedro Sánchez, PSOE, Ramón Espacio, Serofobia, Trabajando en Positivo, VIH

La Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera que permite a las personas con VIH que reúnan las condiciones físicas adecuadas optar a una plaza de Policía Local. El mero hecho de ser seropositivo ya no forma parte del cuadro médico de exclusiones, tal y como queda tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Decreto 180/2018.

«Tras cinco años de intenso activismo político del Comité Antisida de València y CALCSICOVA, en el marco de la campaña ‘Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo’ de la coordinadora estatal Trabajando en Positivo, se ha modificado por primera vez en el Estado Español el Decreto que restringe el acceso de las personas con VIH a la Policía Local», se felicitan estas organizaciones en un comunicado. «Las diferentes reuniones de incidencia política llevadas a cabo desde 2016 por el Comité Antisida de València y CALCSICOVA con la Subdirección General de Seguridad, dependiente de Presidencia [de la Generalitat Valenciana], han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el cuadro de restricciones médicas por el que se regía el protocolo de acceso a los cuerpos de policía, aludiendo al VIH como una enfermedad infecto-contagiosa. Una medida discriminatoria, sin base científica, dado que el ejercicio de esta profesión, y de cualquier otra, no supone ningún riesgo de transmisión del VIH», continúa.

La Generalitat Valenciana da así un paso importante contra la estigmatización de las personas con VIH. No se trata, en cualquier caso, de un gesto voluntarista, sino de la adecuación de una norma anacrónica a la evidencia científica. Los propios especialistas médicos así lo han reclamado en el pasado. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH han reclamado también de forma repetida al Gobierno español la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad ha recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

Confiemos en que el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre el papel más sensible a los derechos de las personas con VIH, actúe en ese sentiod cuando antes. Desde Trabajando en Positivo, que coordina entidades de acción frente al VIH de toda España por la inclusión laboral, han expresado su voluntad de continuar trabajando para que la actualización del cuadro de exclusiones en la Comunidad Valenciana «sirva de precedente en otras comunidades autónomas, así como para la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, que aún mantiene barreras explícitas para el acceso de las personas con VIH a las Fuerzas y Cuerpos Nacionales de Seguridad del Estado».

Fuente Dosmanzanas

General Ámbito laboral, CALCSICOVA, Comité Antisida de València, Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana, Guardia Civil, OIT, Policía, Policía Local, Policía Nacional, Trabajando en Positivo

Espiritualidad, General 2022, Amnistía Internacional, Bangladesh, Confederación Sindical Internacional (CSI), FIFA, Fúbol, Human Rights Watch, India, Injusticia, Mundiales de Fútbol, Nepal, OIT, Petróleo, Qatar

Durante la presentación de este estudio, 16 empresas nacionales y transnacionales firmaron simbólicamente la Declaración de San José, 10 principios en contra de la discriminación hacia personas LGBTI.

En Costa Rica persiste la discriminación laboral por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género, según revela el primer estudio en Centroamérica sobre este aspecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al presentar la investigación, el director adjunto de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, sostuvo que el informe constituye un esfuerzo más amplio a nivel mundial para visibilizar la discriminación que sufre los trabajadores LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex).

El estudio, presentado en el Consejo de Gobierno de los martes, pretende generar información que permita a los estados, organizaciones de empleadores y de obreros diseñar medidas específicas para prevenir y combatir las formas de discriminación contra la población LGBTI, violando un convenio de la OIT, ratificado por Costa Rica.

Un 28 por ciento de los entrevistados en las empresas ha presenciado algún tipo de discriminación o agresión por orientación sexual o identidad de género en el trabajo, mientras un 15 por ciento de las personas LGBTI consultadas indican haber sido discriminadas en algún momento.

Esta situación se debe a la persistencia de prejuicios y criterios morales que alientan la discriminación contra las personas LGBTI, precisa la investigación, realizada a través de entrevistas y grupos focales, así como mediante una encuesta aplicada en cuatro centros de trabajo públicos y privados de este país.

Para las personas entrevistadas entre las principales formas de discriminación y agresión se encuentran el modo de vestir (entre 33 y 44 por ciento), el aspecto físico (entre 25 y 40) y comportarse muy femenino siendo hombre (entre 24 y 28).

Asimismo, entre un ocho y 12 por ciento en los centros privados y un 25 y 27 por ciento en los públicos están algo o muy de acuerdo con que estas personas tienen derecho a ser lo que deseen mientras lo mantengan en privado, divulgado con motivo de celebrarse este 28 de junio el Día Internacional del Orgullo Gay.

Al comentar la investigación, la vicepresidenta Ana Helena Chacón opinó que a las poblaciones sexualmente diversas se les sigue negando su derecho a decidir sobre su vida privada y sus propios proyectos, y reconoció que persisten la discriminación y los crímenes de odio.

Señaló que en Costa Rica esta realidad no es ajena, por ello, como Gobierno, se propusieron el reconocimiento de los derechos humanos como un eje transversal para su trabajo y, por primera vez, están visibilizando con acciones concretas y contenido real, los derechos humanos de las poblaciones LGTBI.

Ponemos el tema de los derechos de la población LGTBI sobre el tapete de la discusión nacional y educamos para que, poco a poco, la sociedad vaya comprendiendo que el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, como ésta, es una obligación del Estado y no un capricho, sostuvo.

Durante la presentación del estudio, 16 empresas nacionales y transnacionales firmaron simbólicamente la Declaración de San José, 10 principios en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y a favor de la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Ana Helena Chacón, Costa Rica, Declaración de San José, Discriminación, OIT, Trabajadores LGTBI

“La situación de exclusión y discriminación laboral del colectivo trans es muy grave, ya que más del 90 % no accede a un empleo registrado”.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual organizaron el pasado viernes en Rosario, Argentina, el encuentro “Inclusión laboral del colectivo LGBTI en Santa Fe”, realizado en la Casa LGBTI de esa ciudad.

Al respecto el ministro de Trabajo de Santa Fe Julio Genesini explicó que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene priorizando como política de Estado la promoción de trabajo decente para todas y todos los que habiten en nuestra provincia. Esto presupone que todos, con independencia de su identidad sexual, puedan acceder a un trabajo registrado”.

“En este sentido, decidimos comenzar a pensar y desarrollar estrategias que permitan al colectivo LGTBI insertarse en el mercado laboral, articuladamente con otras áreas del Estado, como la subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual y el área respectiva del municipio, obviamente, con el conocimiento y asesoramiento de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT), agregó el ministro.

Por su parte, el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, valoró “el debate que pudimos tener junto a organizaciones sociales con las que estamos trabajando estrategias para la inclusión laboral del colectivo LGTBI, especialmente el colectivo trans”.

Luego, añadió que “la situación de exclusión y discriminación laboral del colectivo trans es muy grave, ya que más del 90 % no accede a un empleo registrado. Contar hoy con acciones articuladas entre la subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, y en este caso, con el acompañamiento de la OIT, nos permite impulsar más acciones para lograr condiciones de trabajo dignas para travestis, transexuales y transgénero en nuestra provincia”.

Al encuentro, asistió también el director de la Organización Internacional del Trabajo para Argentina, Pedro Américo Furtado de Oliveira, cuya presencia fue valorada por los funcionarios presentes. Al respecto, Paulón remarcó “que el director de OIT identifique a la provincia de Santa Fe como aquella donde están dadas las condiciones para que el colectivo acceda a condiciones de trabajo decente, y donde se puede dar un avance importante en cuanto a las políticas públicas de inclusión laboral del colectivo trans”, concluyó el subsecretario.

Durante el evento, se realizó la presentación de la campaña “Trabajadorxs abriendo caminos”. La misma fue elaborada conjuntamente por Las Safinas -en el marco del proyecto FocalizArte- y la subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, en conmemoración del Día internacional de las y los trabajadores.

Además, se presentó la guía Diversidad Sexual, Empleo e Inclusión, elaborada por la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans, con el apoyo de la embajada de Noruega en Argentina. Dicho material ha sido reeditado por la subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual y será una herramienta de trabajo para las estrategias de inclusión laboral que el área llevará a cabo junto a gremios y sindicatos, empresas y organizaciones sociales.

Del encuentro también participaron el subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, Juan Cruz Giménez; la coordinadora del Área de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario, Noelia Casati; referentes gubernamentales y de organizaciones sociales.

Fuente Cáscara amarga

General, Historia LGTBI Ámbito laboral, Argentina, Colectivo LGBTI, Esteban Paulón, FocalizArte, Inclusión laboral, Juan Cruz Giménez, Julio Genesini, Las Safinas, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Noelia Casati, OIT, Pedro Américo Furtado de Oliveira, Rosario, Santa Fe, Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, las coordinadoras Trabajando en Positivo y CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) llevan meses solicitando una reunión con la Dirección General de la Función Pública para pedir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas de personas con VIH en las oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, ya hay una respuesta: el Gobierno simplemente se niega a considerar una revisión de las exclusiones amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión, que según han expresado estas organizaciones no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente.

El pasado 29 de septiembre la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO), las coordinadoras Trabajando en Positivo, CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) solicitaron por carta una reunión con el nuevo director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones. Las organizaciones ya se habían dirigido a la anterior directora general para abordar y valorar la exclusión de las personas con el VIH de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias pese a que vivir con el VIH no suponga ningún perjuicio en el desempeño de sus funciones en estos puestos.

Si en las anteriores ocasiones no se había tenido respuesta por parte de Función Pública, en esta sí que han respondido y para sorpresa de las organizaciones lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española.

A lo largo de 2014 y 2015, las organizaciones mencionadas han remitido cartas tanto a la Dirección General de la Función Pública como al Ministerio de Sanidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Guardia Civil, el Consejo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, aunque oficialmente solo habían recibido respuesta desde Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil. Ahora por fin, y tras la llegada de un nuevo director general, Javier Pérez Medina, ha habido una respuesta por parte de Función Pública, pero esta no ha podido ser más decepcionante.

Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de dicho departamento, “es el reconocimiento y la protección de este derecho [el derecho a la salud que garantiza el artículo 43.1 de la Constitución] el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que este sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

El texto añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

José Marín, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, explica que “es la segunda ocasión en la que un organismo público utiliza el riesgo de transmisión a terceras personas como justificación para la exclusión de las personas con VIH de estas profesiones, tras la respuesta de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en octubre del año 2014”.

Para Julio Gómez, representante de la Coordinadora Trabajando en Positivo, “es una lástima ver que los avances que se producen en este sentido en otros países, como México, donde recientemente se ha reformado la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para eliminar como una causal de retiro a personas con VIH, no se lleven a cabo también en España”. “El estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”, añade.

Para Santiago Redondo, vocal de salud de FELGTB, la respuesta de la Dirección General de la Función Pública demuestra su desconocimiento “de los avances que ha habido respecto a la transmisión del VIH y continúa sobrevalorando el riesgo de transmisión del VIH y por lo tanto discriminando a las personas con VIH”.

Por su parte, según Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora estatal de VIH y sida,“esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas”.

Pese a la negativa, en un comunicado conjunto las citadas organizaciones han insistido  en su  compromiso “para continuar trabajando a la hora de eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el desempeño público” y acabar con una medida discriminatoria que no se ajusta a la evidencia científica disponible. Estas entidades vienen insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de adaptar los reglamentos que dan cabida a este tipo de exclusiones para adecuarlos a lo establecido por la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente Ragap y Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, CC OO, CESIDA, Coordinadora Trabajando en Positivo, Dirección General de la Función Pública, Discriminación, España, Federación Trabajando en Positivo, FELGTB, FSC CCOO, FSC-CC OO, Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias, Javier Pérez Medina, José Marín, Juan Ramón Barrios, Julio Gómez, Ministerio de Defensa, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Mª José Marín, OIT, Policía, Santiago Redondo, Serofobia, Trabajando en Positivo, VIH, VIH/SIDA

Doce agencias de las Naciones Unidas (ONU) han hecho un llamamiento para poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas LGTB. “Esta es la primera ocasión en que tantos miembros de la familia de Naciones Unidas se unen para clamar por los derechos básicos de esas personas”, destacó el jefe de Temas Globales de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos, Charles Radcliffe. Esto, agregó, constituye una manifestación del compromiso de las agencias de la ONU, además de una exhortación firme a los gobiernos del mundo para que hagan más para afrontar la violencia y discriminación homofóbica y transfóbica y el abuso a personas intersexuales.

La declaración pone de relieve el vínculo entre los atropellos a los derechos humanos del colectivo LGTB y la mala salud, la ruptura familiar, la exclusión social y económica, y la pérdida de oportunidades para el desarrollo y el crecimiento económico.

El documento establece los pasos que los gobiernos deben tomar para frenar la violencia y proteger a esas personas de la discriminación, incluyendo medidas para mejorar la investigación y denuncia de crímenes de odio, tortura y malos tratos, y revisar y derogar las leyes utilizadas para detener, castigar o discriminar a las personas sobre la base de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Entre las 12 agencias que respaldan la declaración se encuentran la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Además de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La declaración coincide con la celebración de la Reunión ministerial: “No dejar a nadie atrás: igualdad e inclusión en la agenda para el desarrollo después de 2015”, que abordará la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Charles Radcliffe, Naciones Unidas (ONU), Oficina de la ONU de Derechos Humanos, OIT, OMS, ONUSIDA, UNESCO

Igualdad.Argentina, Centro de Estudios universitarios, políticos y sociales, la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y Kunst Asociación Civil (organización local de la FALGBT) presentan en Rosario el informe “Orgullo en el Trabajo. Estudio sobre discriminación en el empleo con motivo de la orientación sexual e identidad de género.”

Dicha presentación tuvo lugar el lunes 14 de septiembre a las 9hs. en  un desayuno que se realizó en la sede de Igualdad.Argentina, Santiago 1550, de la ciudad de Rosario.

La presentación estuvo a cargo del Dr. Alberto Stella, Director de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el Ing. Rubén Giustiniani, Senador Nacional por Santa Fe (Partido Socialista) y Presidente de Igualdad.Argentina y el Lic. Esteban Paulón, Presidente de la Federación Argentina LGBT.

“Orgullo en el trabajo” es el primer informe realizado a nivel mundial para explorar la realidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans frente al empleo, y fue elaborado por la Federación Argentina LGBT para la Organización Internacional del Trabajo.

El mismo aborda diversos temas tales como: Marco normativo respecto a derechos de la comunidad LGBT en el mundo del trabajo en Argentina; Percepción del propio colectivo LGBT sobre la discriminación en el empleo; Barreras para el acceso pleno al empleo por parte de la comunidad LGBT, con atención especial a la experiencia trans (transexual/transgénero/travesti); Buenas prácticas del mundo laboral para la inclusión de la comunidad LGBT y Propuestas para el pleno acceso al empleo y combate a la discriminación contra la población LGBT en Argentina

Fuente FALGTB

General Alberto Stella, Argentina, Esteban Paulón, FALGBT, Igualdad.Argentina, Kunst Asociación Civil, OIT, ONUSIDA, Orgullo en el trabajo, Partido Socialista, Rosario, Rubén Giustiniani

“Esta exclusión supone una medida discriminatoria, entre otros aspectos porque sobrevalora el riesgo de transmisión del VIH en este tipo de situaciones”.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obrera (CC.OO.), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y las coordinadoras Trabajando en Positivo y la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, han solicitado al Gobierno para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones a personas con VIH.

Estas entidades han solicitado por carta una reunión con la directora general de la Función Pública, Elena Collado, después de que el pasado mes de enero se pusieran en contacto con ella para abordar y valorar la exclusión de las personas con el VIH de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias pese a que, según recuerdan, “vivir con el VIH no supone ningún perjuicio en el desempeño de sus funciones en estos puestos”.

“Es importante recordar que, de acuerdo a la última evidencia científica disponible, esta exclusión supone una medida discriminatoria, entre otros aspectos porque sobrevalora el riesgo de transmisión del VIH en este tipo de situaciones”, han defendido en un comunicado.

Por ello, le pedirán que modifiquen y adapten las normativas o reglamentos que dan cabida a estas exclusiones y los adecuen a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A lo largo de 2014 y 2015, las organizaciones ya han remitido cartas al Ministerio de Sanidad, a la directora general de Función Pública, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la Dirección General de la Guardia Civil, al Consejo de la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa. Sin embargo, lamentan, oficialmente sólo han recibido respuesta desde prisiones y la Guardia Civil.

Fuente Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, CC.OO., CESIDA, Discriminación, FELGTB, OIT, VIH/SIDA

Sin embargo, sólo el 15 por ciento reconoció haber sido discriminado por esa causa en el ámbito laboral, según un informe de la Federación Argentina LGBT.

El informe ha sido difundido por la Federación Argentina LGBT (FALGBT) a cinco años de la sanción de la ley Matrimonio Igualitario. Esta norma y la de Identidad de Género, sancionadas en 2010 y 2012 respectivamente, no sólo permitieron que se celebraran en el país un gran número de casamientos (que la Falgbt estima en más de 10.000) y 4.000 reconocimientos de identidad de género, también abrieron el surco hacia otros derechos: la salud, la educación y el trabajo.

“El 65 por ciento de lesbianas, gays y bisexuales dijeron creer que ‘abrirse’ en el trabajo dificultaría su situación laboral; no obstante, sólo el 15 por ciento dijo haber sido perjudicado en ese ámbito por ‘salir del armario’, lo que muestra el peso de la historia de discriminación que ha tenido el colectivo”, dijo a Télam Esteban Paulón, titular de la Falgbt.

El informe “Orgullo en el trabajo en Argentina”, que según la Federación es “el primero en su tipo a nivel mundial”, mostró los avances y los desafíos que hay que enfrentar para una real inclusión del colectivo” durante un encuentro que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y representantes de tres centrales obreras, además de legisladores y responsables de organismos que trabajan por la diversidad sexual en Argentina.

“El trabajo es la llave que posibilita la inclusión y la cohesión social”, manifestó Tomada, y consideró que “no hay economía ni democracia sostenible si no creamos trabajo de calidad, si no hay un piso de protección social“.

“Es por eso que nuestro Gobierno aborda ‘el trabajo y diversidad sexual’ para atender los problemas de desigualdad que vive la comunidad LGBT respecto de los derechos básicos en el ámbito laboral y de seguridad social“, agregó el ministro.

El informe que arrojó esa percepción tan alejada de las denuncias reales de discriminación por orientación sexual se hizo sobre una encuesta a 400 gays, lesbianas y personas bisexuales con empleo.

Otra fue la mirada del colectivo trans (travestis, transgénero y transexuales), que “es el que encuentra mayores dificultades en el acceso al trabajo”. “Las participantes trans expresaron sentirse denigradas de una forma constante y, por eso, muchas de ellas aseguraron que no se animaban ni a acercar el currículum”, señala el informe. La exclusión de sus hogares, dice el documento, “se encadena a su vez con otras exclusiones: la de la escuela, la de otros espacios de socialización, la de oportunidades de formación profesional y por último la del acceso al mercado de trabajo”.

En realidad, la jerarquía que hoy por hoy impone el mercado laboral a la hora del acceso al empleo es, según la encuesta: “primero el hombre, segundo la mujer casada (heterosexual), tercero la mujer soltera (heterosexual), cuarto la lesbiana femenina, quinto la lesbiana masculina, y por último las personas trans”.

No obstante, “el 60 por ciento del colectivo LGBT señaló que para facilitar el acceso a los puestos de trabajo deberían intensificarse dispositivos como ‘los delegados de la diversidad’, o las ‘defensorías por la diversidad’, entre otras herramientas”, afirmó Paulón al abrir el encuentro acompañado por Hugo Yaski, titular de la CTA; Pedro Mouratián, titular del Inadi; el director de Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Argentina, Pedro Américo Furtado de Oliveira; y Alberto Stella, director de Onusida para Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

En base al mapa de la discriminación del Inadi de 2013, el informe señaló que la orientación sexual y la identidad de género ocupan el quinto lugar en las denuncias después de la discapacidad, la forma de pensar o ideología, el estado de salud y la condición de migrantes.

También estaría en quinto lugar en cuanto a la percepción de discriminación después del nivel socioeconómico, el sobrepeso u obesidad, la condición de migrantes y el VIH/SIDA.

La legisladora porteña María Rachid estimó que “las Leyes de Matrimonio y de Identidad de Género han provocado un salto histórico para las personas LGBT en Argentina”, aunque opinó que “aún falta mucho por hacer para que la igualdad legal se transforme en igualdad real”.

En particular, añadió la diputada, “el ámbito laboral plantea grandes desafíos, y para lograr cambios profundos debemos sumar esfuerzos desde todos los poderes del estado, de organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil”.

Fuente Télam

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La Comisión de ONUSIDA y The Lancet: Derrotar al sida, fomentar la salud mundial, celebra una última reunión en Londres para tratar sobre el futuro del VIH y la salud mundial

LONDRES/GINEBRA, 13 de febrero de 2014— La Comisión de ONUSIDA y The Lancet: Derrotar al sida, fomentar la salud mundial se reúne en Londres para abordar el futuro del VIH y la salud mundial tras el 2015. Las recomendaciones se publicarán en la revista The Lancet a finales de este año.

«La lucha contra el sida aún no ha terminado. Necesitamos intensificar los esfuerzos para lograr una victoria histórica contra esta enfermedad», dijo el presidente de la República de Ghana, John Dramani Mahama. «Todo el mundo tiene un papel clave que desempeñar para alcanzar ese objetivo. Tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que estamos haciendo lo mejor posible para nuestros países, para nuestro pueblo y para la humanidad».

«Hemos logrado grandes avances en la lucha contra el sida, pero la lucha no ha terminado y la complacencia es nuestro peor enemigo», declaró el presidente de Benin, Yayi Boni, a través de un mensaje de vídeo. «Acabar con el sida y con la extrema pobreza es una responsabilidad compartida que debe ser una prioridad en África y en todo el mundo.»

La Comisión se creó a comienzos del 2013 y reúne a más de 40 jefes de Estado y dirigentes políticos, expertos en VIH y salud, jóvenes, activistas, científicos y representantes de sector privado para hacer que las lecciones aprendidas en la respuesta al sida puedan aplicarse con el fin de transformar la manera en que los países y los asociados se enfrentan a las cuestiones de salud y desarrollo.

«Esta Comisión tiene un papel histórico, basado en los conocimientos y adelantos técnicos, para encontrar nuevas estrategias y redoblar los esfuerzos para derrotar al VIH respecto a la próxima generación», afirmó la primera dama de Japón, Akie Abe. «Debemos avanzar sin excluir a nadie. Y tenemos que aplicar los logros de la respuesta al sida a otras áreas para lograr una salud mejor.»

«La igualdad de acceso a los servicios relacionados con el VIH detendrá y reducirá la epidemia y contribuirá al crecimiento económico y al bienestar de las personas», dijo la primera dama de Gabón, Sylvia Bongo Ondimba. «Por eso, los servicios relacionados con el VIH deben integrarse en los planes de desarrollo de todos los países».

«Hemos conseguido ofrecer tratamiento y atención a las personas que viven con el VIH, pero ahora muchos de ellos se enfrentan también a enfermedades no transmisibles», manifestó la primera dama de Rwanda, Jeannette Kagame. «La naturaleza cambiante de la enfermedad muestra lo difícil que resulta encontrar una cura o una vacuna, por lo que tenemos que saber adaptarnos y reaccionar. África tiene que estar preparada. Lo peor ya ha pasado. Ahora que sabemos cómo prevenir, cómo tratar y cómo cuidar, tenemos que construir a partir de lo que hemos iniciado y hacerlo ya.»

La Comisión, convocada por Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, y Richard Horton, jefe de redacción de The Lancet, está copresidida por el presidente de Malawi, Joyce Banda, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, y el director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Peter Piot.

Como parte de los esfuerzos de la Comisión para ofrecer un marco que sirva de base para abordar el sida y la salud global en el contexto de la agenda de desarrollo posterior a 2015, se han mantenido diálogos entre distintas regiones y perspectivas para fundamentar las deliberaciones de la reunión de la Comisión en Londres. Las recomendaciones finales se recopilarán en un informe completo, que se publicará en la revista médica The Lancet.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter.

The Lancet

Fundada en 1823, The Lancet es una de las revistas de medicina general más conocidas y más antiguas del mundo. Publica artículos de investigación originales, artículos de revisión, editoriales, reseñas de libros y correspondencia, así como noticias destacadas e informes de casos. Se complementa con una serie de ediciones especializadas, cada una de las cuales publica investigaciones originales, noticias y reseñas. Todas las revistas de The Lancet suponen una gran contribución a los recursos disponibles para médicos y profesionales sanitarios, y el factor de impacto de cada una de ellas refleja su lugar entre las revistas más respetadas y de mayor impacto en sus respectivos campos de todo el mundo.

Fuente ONUSIDA

General ACNUR, Akie Abe, Banco Mundial, Benín, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Gabon, Japón, Jeannette Kagame, John Dramani Mahama, Joyce Banda, Malawi, Michel Sidibé, Nkosazana Dlamini Zuma, OIT, OMS, ONU Mujeres, ONUSIDA, Peter Piot, PMA, PNUD, República de Ghana, Richard Horton, Rwanda, Sylvia Bongo Ondimba, The Lancet, UNESCO, UNFPA, Unicef, Unión Africana, UNODC, VIH/SIDA, Yayi Boni