Organizaciones defensoras de los derechos humanos de la diversidad sexual en Puerto Rico han denunciado públicamente lo que consideran una “invasión cristiana” en las instituciones del país caribeño, acusando al presidente Ricardo Rossello (en la fotografía, firmando) de “olvidar la separación entre iglesia y Estado”. Varios de los nombramientos son abiertamente contrarios a la comunidad LGTB.

 El activismo LGTB de Puerto Rico se ha mostrado en contra de los nombramientos que ha llevado a cabo el presidente Ricardo Rossello para su gobierno, acusando al mismo de otorgar el poder del Estado de la Iglesia Católica.

Los activistas defensores de los derechos humanos de la diversidad sexual han calificado como una “invasión cristiana”, la larga lista de nombramientos católicos que ocuparán importantes cargos en el Estado caribeño.

El gobierno de Rossello ha optado por abrir una Oficina de Fe para que se encargue de los asuntos religiosos del país, pese a que se están llevando a cabo importantes recortes económicos por una deuda que ha llevado al país a la bancarrota.

Además de la reapertura de la Oficina de Fe, con los cargos de índole religioso que ello implica para su funcionamiento, el gobierno de Rossello también ha nombrado como asesores de varias instituciones del Estado a pastores y sacerdotes católicos.

Así, los activistas LGTB denuncian la contratación del pastor Ricky Rosado como asesor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, además de la elección del sacerdote católico Carlos Pérez para un cargo similar en dicha institución legislativa.

Pérez, responsable de una organización que decide basarse en la familia pero que excluye a las homoparentales y es contraria a los derechos de la diversidad sexual, asesorará a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

Las organizaciones LGTB que han denunciado esta “invasión cristiana” en las instituciones del Estado han recordado el amplio historial homófobo de las personas contratadas por el ejecutivo del país caribeño.

Así, los religiosos contratados se han opuesto en el pasado a la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, además de al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras medidas emprendidas por los mismos en contra de los derechos humanos de las minorías sexuales de Puerto Rico.

Las organizaciones LGTB que han denunciado el caso reclaman el gobierno de Rossello que separe la Administración de los asuntos religiosos, acusando al mismo de “olvidar la separación entre iglesia y Estado“.

Fuente LGBT Puerto Rico, vía Universogay

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