Importante decisión la adoptada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera que las leyes que criminalizan a las personas homosexuales en Jamaica atentan contra el derecho internacional y deben ser derogadas. Aunque no es previsible que la decisión tenga un efecto inmediato, sí que sienta un precedente fundamental para la evolución futura de los derechos LGTBI el el continente americano.

Ya en 2012, cuando comenzó este largo proceso, recogíamos la historia. Hacíamos referencia, por aquel entonces, a Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. Su denuncia ante la CIDH contó con el soporte legal de Human Dignity Trust, una organización de lucha a favor de los derechos de las personas LGTBI con base en el Reino Unido, en estrecha colaboración con J-FLAG, organización jamaicana a favor de los derechos LGTBI que trabaja sobre el terreno en condiciones nada favorables. Las víctimas consignadas eran el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

No fue hasta 2018 que la CIDH declaró la admisibilidad del caso, tras constatar el hostigamiento que sufre la comunidad LGTBI jamaicana y recopilar una serie de hechos relacionados con los demandantes, cuyos testimonios son sobrecogedores. A la hora de abrir el procedimiento contra Jamaica la CIDH tuvo en cuenta «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica» que relataban.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Ahora se conoce, casi una década después, el resultado del proceso. La decisión se había tomado ya en septiembre de 2019, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho por fin pública. Y no puede ser más favorable: la CIDH no solo reconoce como probados la violación de derechos de los demandantes por parte del Estado jamaicano y solicita que estos sean compensados, sino que establece que las leyes que criminalizan la homsoexualidad, vigentes en Jamaica como herencia de la época colonial, atentan contra el derecho internacional y deben ser derogadas. La CIDH va incluso más allá, al instar a Jamaica a poner en marcha una legislación que proteja contra la discriminación a las personas LGTBI e introducir reformas en sus fuerzas y cuerpos de seguridad para que estos no sean cómplices o incluso perpetradores de violencia contra las LGTBI.

Human Dignity Trust considera que la decisión de la CIDH (que puedes descargar aquí) es histórica y supone un importante precedente. No supondrá, eso sí, cambios inmediatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad autónoma dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), no dispone de la capacidad coercitiva de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, con la que con frecuencia suele confundirse (y cuya competencia contenciosa Jamaica ni siquiera reconoce). Pero sus dictamenes y recomendaciones, además de dar visibilidad a las violaciones contra los derechos humanos cometidas en suelo americano, son tenidos en cuenta por la OEA, motivan decisiones políticas de sus miembros y sin duda pueden acelerar procesos que de otra forma serían mucho más lentos. Estaremos pendientes.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla.

La última noticia que publicamos sobre Jamaica tras la confesión del escritor jamaicano Marlon James habla del exorcismo al que se sometió para intentar dejar de ser homosexual… es que las leyes anti gays arcaicas en Jamaica y la discriminación contra las personas LGBT + le están costando a la nación alrededor de $ 11 mil millones por año, según el Instituto de Investigación de Políticas del Caribe (CAPRI).

Pero,  en diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Los precedentes son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Activismo, Caribe, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gareth Henry, Human Dignity Trust, Human Rights Watch, J-FLAG, Jamaica, OEA, Simone Carline Edwards

Mientras la ONU y la OEA han advertido sobre los abusos homo/transfóbicos sufridos por personas LGBTI en sus casas o barrios en el marco de la pandemia, en Chile las denuncias por estos atropellos han aumentado un 40%

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó hoy “olvido estatal y sociopolítico para hacer frente a la doble vulnerabilidad que afecta a algunas personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI) en el marco de la pandemia Covid-19, con lo cual se han desatendido las exigencias del sistema internacional de derechos humanos, como si la homofobia o la transfobia no existieran en Chile”.

El dirigente del Movilh, Óscar Rementería, precisó que “las denuncias recibidas por nuestra organización por abusos homo/transfóbicos en espacios familiares y vecinales han aumentado un 40% desde el inicio de las cuarentenas y el toque de queda. Una encuesta que aplicamos a la personas LGBTI arrojó similar resultado. Se trata de agresiones físicas y verbales graves. A esto se suma que la víctimas LGBTI no confían en Carabineros, cuyos abusos homo/transfóbicos aumentaron un 100% el último año. Pese a advertir públicamente de esta situación, el Estado no se ha hecho cargo de esta situación, mientras que a nivel sociopolítico existe un olvido”.

“Las víctimas de la homo/transfobia requieren ayuda en tanto son un sector vulnerable al igual que otros sectores discriminados, para los cuales sí se han implementado medidas especiales en el contexto de la pandemia. Aquí no solo se ha dejado de lado a las víctimas, pues a nivel sociopolítico no hay señales pro-derechos LGBTI, mientras buena parte de la prensa no ha dado espacio a esta realidad.  Apelamos a un trato igualitario y justo, que se hace cargo de la doble vulnerabilidad que afecta en cualquier crisis a los sectores desaventajados, sea cual sea la razón de la discriminación que sufren”, señaló.

Del mismo modo “exigimos al Estado y a sus autoridades que se hagan cargo de las exigencias que sobre este tema han formulado Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Pronunciamientos de la ONU y de la CIDH

El pasado 17 de abril la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19”.

“Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También significa asegurar que sus voces sean oídas”, añadió

“Para el colectivo LGBTI su casa puede no ser un lugar seguro. Dada la petición #QuedateEnCasa y las medidas de confinamiento, hay que asegurar el acceso a alojamiento y apoyo durante la crisis del #COVID19”, redondeó la ex pesidenta de Chile.

Tres días más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas LGBTI en las medidas de atención y contención adoptadas, en particular asegurar el acceso de estas personas a servicios de salud y programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral”.

Para la CIDH, “algunas de las disposiciones adoptadas en los Estados de la región en respuesta a la pandemia pueden conllevar riesgos para los derechos de las personas LGBTI o aquellas que son percibidas como tales, y derivar en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio”.

“La policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género”, apuntó el órgano.

La Comisión reiteró además  “su recomendación de garantizar mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia”

Por otro lado, “la Comisión ha llamado la atención reiteradamente sobre la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual”

En paralelo , la Comisión pidió “garantizar el acceso a servicios de salud de las personas LGBTI en observancia del derecho de igualdad y no-discriminación, principalmente durante la pandemia, incluyendo la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH”

Por último, “la Comisión resalta que las medidas de distanciamiento físico implementadas para la contención de la pandemia implican que las personas LGBTI, o que son percibidas como tales, incluyendo niñas, niños y adolescentes (NNA), permanezcan en sus hogares durante períodos prolongados. Como ha sido indicado por la CIDH anteriormente, niñas, niños y adolescentes LGBTI a menudo enfrentan el rechazo de sus familias y la comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual e identidad de género, lo que les sitúa en una condición particular de vulnerabilidad. Además, no escapa de la atención de la Comisión que muchas personas, incluyendo NNA, han sido obligadas a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Por todo, “la Comisión exhorta a los Estados a adoptar o fortalecer protocolos de atención y sistema de denuncias para las personas LGBTI, incluyendo NNA; y que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia que pueden padecer en sus hogares en el contexto de la pandemia, garantizando el refugio seguro de las personas que han sido expulsadas u obligadas a abandonar sus hogares”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), COVID-19, Michelle Bachelet, MOVILH, OEA, ONU, Óscar Rementería

A juicio del ginecólogo del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Roberto Eduardo Halim Liendo, practicar ecografías a lesbianas es “anti natural y poco ortodoxo”. Una pareja afectada lo demandó.

Con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Valparaíso), una pareja lésbica, P.M y E.V, demandó con la Ley Zamudio a un médico del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio por negarse a realizar a una de ellas una ecografía solo en razón de su orientación sexual.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto cuando el ginecólogo Roberto Eduardo Halim Liendo (en la fotografía), se negó practicar la ecografía a P.M, porque era “anti-natural” y “poco ortodoxo” que buscara ser madre junto a otra mujer, en vez de tener una relación con un hombre.

El 3 de septiembre, y frente a la dirección del Hospital, el médico reafirmó sus dichos, alegando que se mantendría firme en su postura y no haría nada que atentara contra sus valores.

En la acción legal patrocinada por la abogada del Movilh, Mónica Arias, se especificó que la conducta del médico violenta los principios de igualdad ante ley y no discriminación, así como el derecho a conformar familia garantizados en la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Ley Zamudio y distintas resoluciones sobre orientación aprobadas por la OEA y la ONU y que han sido firmadas por Chile.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “esperamos la máxima sanción posible contra este médico que violenta la dignidad humana en virtud de prejuicios y odiosidades, poniendo en jaque la estabilidad emocional y física de las personas solo por su orientación sexual”.

Apuntó que “el médico ha sido además osado en su violación a los derechos humanos, pues la ha defendido incluso frente a la dirección del hospital donde trabaja, lo cual vuelve al profesional en un peligro para las personas con orientación sexual diversa, en especial para las mujeres lesbianas y bisexuales”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Lesbianas, Lesbofobia, Mónica Arias, MOVILH, OEA, ONU, Paul Rojas, Roberto Eduardo Halim Liendo, Rolando Jiménez, San Antonio

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido un informe que revela unos escalofriantes datos: Hombres y mujeres trans sufren violencia, pobreza y se ven obligados a realizar trabajos sexuales. Una investigación del Registro de Violencia revela que el 80% de las mujeres trans asesinadas en América Latina tienen menos de 35 años.

Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su recién publicado informe sobre la violencia perpetrada contra las personas LGTBI en América. Pese a los indudables avances en el reconocimiento jurídico de sus derechos que se han dado en varios países de la región, continúan registrándose altos índices de violencia en todos ellos, “con altos niveles de ensañamiento y crueldad”. Pero además la CIDH alerta sobre la invisibilidad de la violencia cotidiana que afecta a estas personas y que no se denuncia ni se reporta en los medios.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, integrada por siete miembros independientes. Hace ahora dos años puso en marcha una relatoría dedicada a los derechos LGTBI, al frente de la cual se sitúa la abogada jamaicana Tracy Robinson. Meses después emitió unas primera valoración de la situación de las personas LGTBI en el continente americano, y ahora publica un completo informe de 309 páginas que aborda las variadas formas de violencia contra las personas LGTBI, basado entre otros elementos en el registro que la CIDH llevó a cabo durante un período de 15 meses (entre enero de 2013 y y marzo de 2014), durante el cual se documentaron al menos 770 actos de violencia contra personas LGTB, incluyendo 594 muertes.

El informe muestra que hombres gais y mujeres trans constituyen la mayoría de las víctimas de asesinatos y actos de abuso policial, mientras que las mujeres lesbianas y bisexuales son afectadas particularmente por la violencia intrafamiliar y violencia sexual. El colectivo de mujeres trans, por su parte, es el grupo más afectado por la violencia policial. “En su gran mayoría se encuentran insertas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que suele comenzar desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, centros educativos y comunidades, que se refuerza por la falta de reconocimiento legal de su identidad de género en la mayoría de los países de la región”, expresa la CIDH en un comunicado.

Los investigadores dicen que la corta esperanza de vida de las mujeres trans no es sólo debido a la violencia dirigida contra ellas. La discriminación y la exclusión social, a menudo desde una edad temprana por ser expulsadas de sus hogares, aisla a las personas trans. Como resultado de la precariedad y la pobreza, no siempre pueden acceder a una vivienda y, a menudo, tienen que trabajar en la industria del sexo. La OEA también dice que las mujeres trans se encuentran en mayor riesgo de abuso policial, criminalización y de entrar en prisión. La exclusión social y la pobreza que enfrentan hacen que sea más difícil para las mujeres el acceso a la atención médica adecuada.  Pero no sólo es una cuestión femenina porque los hombres trans también sufren, dice el informe. A menudo son objeto de violencia, aunque más de sus familias y de las personas cercanas. A los hombres trans también les resulta más difícil acceder a la educación y la sanidad.

La violencia a la que se enfrentan las personas intersexuales tiene para la CIDH rasgos diferentes. En este caso, se trata sobre todo de que los menores intersexuales son frecuentemente sometidos a intervenciones quirúrgicas que en su mayoría no son médicamente necesarias con el único objetivo de modificar sus genitales y que se parezcan más a los de un niño o una niña. Estas cirugías se suelen realizar, obviamente sin su consentimiento, a bebés recién nacidos o niños y niñas de muy corta edad, y pueden causar enorme daño (dolor crónico, falta de sensibilidad genital, esterilización, capacidad reducida o nula para sentir placer sexual y trauma)

El informe analiza también la intersección con otros factores, tales como etnia, sexo, género, situación migratoria, condición de activista en favor de derechos humanos o pobreza. Las personas LGTB y pobres, por ejemplo, son aún más vulnerables al acoso policial y presentan tasas más altas de criminalización y encarcelamiento.

La mayoría de actos de violencia quedan impunes

Otra conclusión del informe es que la gran mayoría de asesinatos y actos de violencia quedan impunes, por diversas razones: miedo a denunciar, inadecuado registro del problema, abordaje inadecuado por parte de las autoridades, fallos en las investigaciones… “La inefectividad por parte de los Estados de aplicar la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los asesinatos y otros crímenes violentos contra las personas LGBTI guarda estrecha relación con los prejuicios y estereotipos que los agentes del Estado tienen sobre las víctimas”, expresa la CIDH. “Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de la violencia contra las personas LGBTI, como ocurre en la mayoría de los casos, se genera una impunidad frente a estos delitos que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia”, continúa.

El informe no se olvida del vínculo entre legislaciones discriminatorias y violencia. “Leyes de sodomía, indecencia seria e indecencia grave, protección de la ‘moral pública’ y ”las buenas costumbres’, entre otras, continúan siendo un problema grave en la mayoría de los países anglófonos del Caribe. Aunque estas leyes suelen no aplicarse, su existencia es utilizada para acosar, perseguir, hostigar y amenazar a personas con orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género diversas, reales o percibidas”, expresa la CIDH. Bien lo sabemos en dosmanzanas, donde de forma recurrente recogemos por ejemplo terribles episodios de violencia en Jamaica, uno de los países más homófobos de América y que aún mantiene en vigor leyes que criminalizan las relaciones homosexuales masculinas. El informe aborda también la relación entre el derecho a igualdad y el derecho a la libertad de expresión y recuerda que la apología del odio contra un grupo por motivo de su orientación sexual, identidad o expresión de género y diversidad corporal está incluida en las expresiones prohibidas por la Convención Americana.

La OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho un llamamiento a los estados miembros para actuar en ayuda a las personas trans con medidas y políticas activas que integren a estas personas al acceso a la educación, la sanidad y el trabajo. La CIDH insta en el informe a los Estados miembros de la OEA a investigar y sancionar los crímenes y actos violentos contra las personas LGBTI con debida diligencia. En el informe se pone de manifiesto que las investigaciones de los asesinatos deben llevarse a cabo con la “diligencia debida” y se debe tomar en consideración la identificación de las víctimas de género. Los estudios demuestran que los asesinatos trans son, a menudo, muy mal manejados por la policía. ‘Hacer que el trabajo sexual sea legal reducirá el estigma y hará que sea más seguro para las personas trans’, dice la OEA.  El informe contiene, de hecho, más de 100 recomendaciones a los Estados para abordar y resolver este grave problema, entre ellas que siempre que se abra una investigación se incluya la hipótesis de que pueda haber sido violencia por prejuicio, que se recolecte información estadística sistemática sobre la violencia contra las personas LGBTI y sobre el acceso a la justicia que permita identificar los motivos de la impunidad y que los estados adopten medidas preventivas y educativas a fin de combatir la discriminación, los prejuicios y los estereotipos sociales y culturales contra las personas LGBTI. La mayoría de los Estados miembros no recogen la identidad de género de la víctima o incluso la confunden con otras orientaciones sexuales.

Os invitamos a quienes estéis interesados a leer con detalle el informe, que puedes descargar aquí, y que está lleno de valiosa información sobre la situación de las personas LGTB en América. También podéis navegar por la página web creada por la CIDH en base a dicha información.

Fuente Dosmanzanas y Ragap

General, Homofobia/ Transfobia. América, Asesinatos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Discriminación, Intersexualidad, OEA, Transexualidad, Transfobia

Se aprobó la resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género en asamblea de la OEA

Este 5 de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una histórica resolución a favor de los derechos LGTB en su 44 Asamblea, celebrada en Paraguay. La resolución, presentada por Brasil, proporciona un retrato preciso del grado de homofobia y transfobia de estado de los miembros de la OEA, gracias a las notas al pie de página introducidas a petición de varios países, que sin embargo no modifican el valor jurídico de la resolución. Uno de esos países es Paraguay, anfitrión del evento, cuyo gobierno se ha visto forzado finalmente a apoyar la declaración, aunque expresando “su reserva”, gracias a la movilización de los colectivos LGTB paraguayos.

Sin incluir la introducción y los considerandos previos, reproducimos a continuación los diez puntos de la resolución (que puedes descargar íntegramente en castellano, inglés, francés y portugués):

La Asamblea General (…) resuelve:

1. Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada.
2. Alentar a los estados miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de orientación sexual e identidad o expresión de género.
3. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los estados miembros a que fortalezcan sus instituciones nacionales con el fin de prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.
4. Instar, además, a los estados en el ámbito de sus capacidades institucionales a que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
5. Instar a los estados miembros a que aseguren una protección adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género.
6. Instar a los estados miembros a que aseguren una protección adecuada a las personas intersex y a que implementen políticas y procedimientos, según corresponda, que aseguren la conformidad de las prácticas médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos humanos.
7. Soliicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que preste particular atención a su plan de trabajo titulado “Derechos de las personas LGTBI”, y que continúe el trabajo de preparación del informe hemisférico en la materia, de conformidad con la práctica establecida por la propia CIDH e instar a los estados miembros a que apoyen los trabajos de la Comisión en esta materia.
8. Solicitar a la CIDH que continúe la preparación de un estudio sobre las leyes y disposiciones vigentes en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que limiten los derechos humanos de las personas como consecuencia de su orientación sexual o identidad o expresión de género y que, con base en ese estudio, elabore una guía con miras a estimular la despenalización de la homosexualidad y de prácticas relacionadas a la identidad o expresión de género.
9. Exhortar a los estados miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren, según sea el caso, la firma, ratificación o adhesión de los instrumentos interamericanos en materia de protección de derechos humanos, incluida la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
10. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

Oposición y reservas de varios países

Varios países han expresado sin embargo su oposición y/o sus reservas al texto. Es el caso de San Vicente y las Granadinas, que argumenta que el lenguaje utilizado “no está plenamente definido ni aceptado en el ámbito internacional”; de Belice, que “no puede unirse al consenso sobre esta resolución en virtud de que varios de los temas y principios que contiene son en este momento, directa o indirectamente, objeto de procesos jurídicos ante la Corte Suprema de Belice“; de Jamaica, cuyo gobierno “no puede unirse al consenso para aprobar esta resolución pues considera que el término ‘expresión de género’ es ambiguo y puede imponer un sistema de valores sobre otro”; de Honduras, que dice respetar las convenciones internacionales sobre derechos humanos pero “no se considera obligado por ninguna disposición contenida en este proyecto que pudiera contravenir las disposiciones de esas Convenciones o su legislación interna”, o de Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago, por parecidas razones. Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que algunos de estos países, como Jamaica u Honduras, se cuentan entre aquellos en los que la homofobia y transfobia social y/o de sus gobiernos es más fuerte.

Dos países, Guatemala y Ecuador, han centrado sus reservas hacia la declaración en el matrimonio igualitario, al declarar que “promueven y defienden todos los derechos humanos y respecto de las disposiciones de la presente resolución” pero que “consideran que el no reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo no constituye una práctica discriminatoria”. Tampoco supone una especial sorpresa, ni siquiera en el caso de un país con un gobierno de izquierda, como Ecuador, que se dice comprometido con los derechos LGTB pero cuyo presidente, Rafael Correa, es un orgulloso defensor del conservadurismo moral y un furibundo opositor al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Estados Unidos también ha querido hacer “una aclaración”, pese a encontrarse entre los impulsores de la resolución. Sus reservas tienen que ver en este caso con su alergia a las convenciones internacionales vinculantes. “Estados Unidos apoya decididamente esta resolución; sin embargo, desea hacer una aclaración con respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a la negociación de nuevos instrumentos jurídicamente vinculantes contra el racismo, la discriminación racial y otras formas de discriminación o intolerancia. Reiteramos nuestras ya inveteradas inquietudes con respecto a este ejercicio en el seno de la OEA y las convenciones que de él resulten”, ha sostenido.

Y Paraguay apoyó finalmente la resolución, con reservas

El último de los países que ha expresado reservas hacia la resolución ha sido el país anfitrión de la Asamblea, Paraguay, cuyo gobierno “reitera su compromiso con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenciones Internacionales suscritos sobre la materia reafirmando lo preceptuado en el Título II ‘De los Derechos, de los Deberes y las Garantías’; Capítulo III ‘De la Igualdad’ y Capítulo IV ‘De los derechos de la familia’ de la Constitución Nacional y concordantes. Expresa, asimismo, su reserva sobre el texto de la Resolución”.

Pese a las reservas, es importante destacar que el gobierno de Paraguay finalmente ha apoyado la resolución, en contra de lo que se había anunciado con anterioridad. Lo sucedido en los últimos días, en los que pudieron escucharse palabras rabiosamente homófobas en boca de varios senadores opuestos al proyecto de resolución y activistas LGTB fueron agredidos por la policía mientras se manifestaban pacíficamente, tiene sin duda mucho que ver. Las imágenes de la represión policial han podido verse en todo el mundo (en España han merecido la condena, por ejemplo, de la FELGTB y del PSOE), ha habido movilizaciones online y los activistas paraguayos han conseguido que la situación de los derechos LGTB en su país sea mucho mejor conocida.

El colectivo SomosGay, uno de los convocantes de la manifestación del pasado lunes, ha expresado su satisfacción por el giro de su gobierno. “A pesar de las reservas en el apoyo de Paraguay, esto significa una victoria muy importante a la homofobia y la discriminación, que mostraron su peor faceta en estos días”, ha declarado su director ejecutivo, Simón Cazal. “Paraguay irá cambiando y avanzando hacia un horizonte de igualdad plena, en el que ninguna persona vuelva a ser discriminada por su orientación sexual o identidad de género”, ha añadido.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Belice, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Discriminación, Ecuador, Estados Unidos, FELGTB, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, OEA, Paraguay, PSOE, Rafael Correa, San Vicente y las Granadinas, Simón Cazal, SomosGay, Surinam, Trinidad y Tobago

América Latina y el Caribe es la región del mundo donde se producen más crímenes por homofobia y donde menos se sancionan, aseguró ayer en un foro de la Organización de Estados Americanos (OEA) Patricia Zabala, integrante de Adriana, grupo paraguayo de defensa de los derechos de las lesbianas.

El tema ha entrado en la agenda de la Asamblea General de la OEA, inaugurada ayer en Asunción de Paraguay, por la inclusión de un proyecto de resolución promovido por Brasil que pide “eliminar las barreras que enfrentan los homosexuales, bisexuales y transexuales en el acceso a la “participación política y otros ámbitos de la vida pública“.

Zabala denunció el “discurso intolerante y de incitación al odio” que según ella se escucha en algunos sectores de la región contra la comunidad LGTB  en un foro de diálogo entre estados y entidades privadas y no gubernamentales que presidió José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.

En ese sentido, Zabala instó a la OEA a tomar medidas contra la intolerancia aplicada a la diversidad sexual y aprobar la resolución impulsada por Brasil.

En su intervención, instó al canciller paraguayo, Eladio Loizaga, presente en la sala, a que medie ante el presidente paraguayo, Horacio Cartes, para la adopción en Paraguay de medidas enfocadas a eliminar la intolerancia contra el colectivo LGTB.

Loizaga declaró ayer que “en Paraguay no existe la homofobia”, después de que el Ejecutivo anunciara que no apoyará la resolución que se votará en la Asamblea, ya que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo.

La resolución no menciona expresamente el tema del matrimonio entre personas homosexuales, que es legal en Argentina y Uruguay.

Coincidiendo con el encuentro, un centenar de personas, en su mayoría jóvenes católicos y evangélicos, se manifestaron frente al lugar donde se desarrolló el acto para expresar su repulsa a la iniciativa de Brasil.

Uno de los convocantes de esa protesta, el sacerdote católico paraguayo Zacarias Martinez, dijo a Efe que la propuesta quiere promover en la región leyes a favor del aborto y del matrimonio entre personas del mismos sexo.

“Hay una promoción por despenalizar el aborto en países donde está penalizado. Es por eso que salimos a la calle durante la reunión de la OEA, para defender el derecho a la vida y el respeto al matrimonio entre hombres y mujeres”, dijo el religioso.

Fuente: EFE

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Manifestaciones en Paraguay contra el matrimonio gay

Activistas LGTB y periodistas fueron agredidos por la policía paraguaya cuando llevaban a cabo una concentración pacífica en el marco de la 44 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra esta semana en Paraguay. La agresión tiene lugar pocos días después de que el gobierno paraguayo expresara su negativa a apoyar una declaración contra la discriminación homófoba y tránsfoba propuesta por Brasil y de que el Senado aprobara en su lugar una declaración en contra del aborto y a favor de la familia tradicional entre muestras de la peor homofobia por parte de varios de sus miembros.

La agresión policial tuvo lugar en la noche de este lunes en los alrededores de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que tiene su sede en Luque (ciudad del área metropolitana de Asunción) y que entre el 3 y el 5 de junio acoge la 44 Asamblea General de la OEA. Los activistas allí congregados protestaban pacíficamente contra la reciente decisión del gobierno paraguayo de no apoyar la declaración contra la no discriminación propuesta por Brasil. En un momento determinado la policía paraguaya cargó contra ellos con porras y gas pimienta. Diez personas resultaron heridas de diversa consideración, entre ellas dos periodistas, Enrique Dávalos y Noelia Díaz. La policía intentó incluso destruir las grabaciones que estos habían realizado.

El comisario Ramón Ávila asegura que fueron los manifestantes iniciaron las acciones violentas. El colectivo SomosGay, uno de los convocantes del acto, ha difundido sin embargo un vídeo que muestra imágenes de lo sucedido y en las que se aprecia tanto el carácter pacífico de la protesta como la violencia ejercida por los antidisturbios:

El gobierno de Paraguay niega que exista homofobia en su país…

Lo que los activistas paraguayos pedían a su gobierno era simplemente que apoyara la propuesta de resolución sobre promoción y protección de derechos humanos en lo referente a la orientación sexual e identidad de género presentada por Brasil (y respaldada por Argentina, Colombia, Estados Unidos y Uruguay) a la Asamblea de la OEA, y que insta a sus estados miembros a adoptar una serie de medidas para combatir la discriminación de las personas LGTB (puedes descargar la propuesta en castellano pinchando aquí).

Una propuesta que ha despertado la ira de los grupos conservadores en Paraguay, que llevan días movilizándose y que han conseguido que el gobierno paraguayo haya anunciado que no la apoyará. El ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, ha llegado incluso a afirmar que en Paraguay no existe homofobia. “Yo puedo decir que el Gobierno paraguayo es clarísimo en esto. En el país, nosotros no vemos ninguna homofobia”, declaró públicamente.

… días después de que un senador afirme “odio a los homosexuales”

Loizaga hacía estas declaraciones pocos días después de que en el Senado de Paraguay tuviera lugar un debate sobre la propuesta de resolución en la que varios senadores hicieron gala de la homofobia y la transfobia más descarnada. El más expresivo fue sin duda el senador Carlos Núñez, del Partido Colorado, que afirmó que “yo no soy filósofo, pero soy bien macho, bien hombre, cuando vemos un travesti, hombre vestido de mujer, no sabemos dónde mete ese que sabemos”.

Más tarde, en declaraciones a Radio Ñandutí, Núñez reconocía orgulloso su homofobia. “Yo amo a las mujeres, amo a mi señora y odio a los homosexuales, no puedo ver, no puedo mirar”, declaró. Sobre la adopción homoparental, Núñez declaró que “es un desastre, qué va a decir esa criatura, va a preguntar quién es mi mamá y mi papá (…) Esa gente que se llama homosexuales o gay o travestis destruyen la sociedad”.

El Partido Colorado es el partido del presidente paraguayo, Horacio Cortes, que por cierto también cuenta en su historial con declaraciones homófobas, por las cuales pidió disculpas tras ganar las elecciones.

Núñez no fue el único en demostrar su aversión a las personas LGTB. El senador de UNACE Juan Manuel Bóveda argumentó que “este proyecto de ley representa la posición clara de lo que sentimos los ciudadanos de bien” en referencia a la declaración aprobada finalmente por el Senado paraguayo como respuesta a la propuesta brasileña, en la que “se insta al Poder Ejecutivo-Ministerio de Relaciones Exteriores, a la promoción del derecho a la vida desde la concepción y a la protección integral de la familia en los términos establecidos por el Articulo 49 de la Constitución Nacional y otros derechos constitucionales”. El también senador colorado Luis Castiglioni expresó por su parte que “hay un fuerte lobby en todo el mundo para sentirnos acomplejados en contra de lo que el señor creador determinó. Nos sentimos discriminados”.

SomosGay repudia la actuación de Senado y policía paraguaya

El colectivo LGTB SomosGay repudió la actuación del Senado y la homofobia de sus miembros. “El uso de la orientación sexual o identidad de género de las personas como insulto es una práctica que agrava aspectos violentos y autoritarios de nuestra sociedad, fruto de una cultura basada en preconceptos machistas. Cuando esta práctica proviene de autoridades públicas, de la relevancia de un senador de la República, resulta aún más grave”, expresó SomosGay en un comunicado. Sobre la declaración del Senado, SomosGay pidió su retirada. “SOMOSGAY recurrirá la misma a todas las instancias nacionales e internacionales por considerar que atenta contra los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos que están consagrados en la Constitución Nacional y todos los tratados firmados y ratificados por el país”, añadía.

Respecto a lo sucedido en la noche del lunes, SomosGay se ha solidarizado con los periodistas agredidos, ha condenado “todas las formas de violencia” y ha repudiado enérgicamente “el actuar de la Policía Nacional del Gobierno de Horacio Cartes, ya que con estas prácticas nos vuelve a la memoria los más oscuros episodios de nuestra historia”. “Esto, lejos de desanimarnos, nos reafirma en nuestro compromiso de lograr un Paraguay igualitario y libre. Seguiremos aquí, como hoy expresándonos y luchando todos los días para construir una sociedad paraguaya libre e igualitaria para todos y todas. ¡Digamos NO al retorno de la DICTADURA y SÍ a la democracia y la igualdad!”, añadía este colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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Leemos en Dosmanzanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación ante los “niveles inquietantes de violencia y ataques brutales” perpetrados en los últimos meses contra personas LGTBI y contra organizaciones y personas que defienden sus derechos en varios países de América. Baste un dato: entre octubre de 2013 y enero de 2014, al menos 58 mujeres trans, 58 hombres gays, dos lesbianas y un hombre bisexual han sido asesinados en el continente. La CIDH insta a los estados a adoptar medidas urgentes y efectivas para enfrentar y prevenir este tipo de violencia.

Haití, Honduras, Nicaragua…

A la luz de la información recabada entre octubre de 2013 y enero de 2014, la CIDH alerta del creciente número de ataques contra organizaciones LGBTI. “Por ejemplo, en Puerto Príncipe, Haití, una ONG LGBTI informó que su oficina fue ferozmente saqueada y que sus miembros fueron atacados físicamente, amenazados y hostigados. Los atacantes les habrían proferido agravios de carácter homofóbico y habrían robado computadoras y materiales”, expresa el comunicado de la CIDH (el informe se refiere en este punto al ataque a la oficina de la organización jamaicana Kouraj, recogido por dosmanzanas en noviembre).

“En Tegucigalpa, Honduras defensoras y defensores de personas LGBTI y de personas que viven con VIH se vieron en la necesidad de cerrar su oficina a causa de ser continuamente objeto de amenazas y ataques. Durante los meses previos, integrantes de la organización habrían sido víctimas de ataques físicos, persecuciones por la calle, ataques por parte de agentes de policía y, en julio de 2013, la hija de una de las lideresas habría sido secuestrada. Otros informes señalan que, en enero de 2014, una pandilla habría ingresado violentamente en la oficina de una organización trans nicaragüense en la ciudad de Managua y habrían atacado a integrantes de la organización, robado materiales y causado daños en el lugar”, continúa el texto.

Chile, Perú, México… pero también Estados Unidos

El comunicado de la CIDH prosigue mencionando ejemplos concretos: “En noviembre de 2013, una mujer trans defensora de derechos humanos fue brutalmente atacada en la puerta de su casa por un grupo de hombres y mujeres en Antofagasta, Chile. En el mismo mes, un hombre trans fue abordado y atacado por un grupo de hombres, cuando se encontraba camino a participar de una actividad para recaudar fondos organizada por una ONG LGBTI en Lima, Perú. La Comisión también manifiesta su preocupación por los obstáculos que encuentran quienes promueven y defienden los derechos de las personas LGBTI. En Monterrey, México, a una organización estudiantil LGBTI le fue denegado el permiso para operar en el campus de una universidad privada con el fin de concientizar sobre la homofobia. En Lima, Perú, una integrante del Concejo Metropolitano de Lima, quien insistía en incluir una referencia explícita a las personas LGBTI en la ley anti-discriminación, fue atacada verbalmente por otro integrante”.

“En California, Estados Unidos, una docente fue supuestamente despedida por defender abiertamente a alumnos LGBTI que estaban siendo víctima de hostigamiento escolar”, añade el comunicado.

Decenas de asesinatos en Brasil

La CIDH ha sido informada de que en los cuatro meses referidos al menos 58 mujeres trans han sido asesinadas en Argentina (2), Belice (1), Brasil (39), Chile (1), Colombia (2), Honduras (1), Jamaica (1), México (3), Perú (2), Estados Unidos (2), Uruguay (1) y Venezuela (3). Distintos informes señalan también que al menos 58 hombres gay habrían sido asesinados en el mismo período en Brasil (50), Chile (3), Cuba (1), Honduras (1), México (2) y Perú (1). Dos lesbianas y un hombre bisexual habrían sido también víctimas de asesinatos en Brasil, país que en números absolutos lidera el ranking de la infamia. Datos que van en la misma dirección que los de Transgender Europe, organización que hace un esfuerzo de monitorización de los asesinatos tránsfobos, y que también ha detectado el altísimo número de los que se cometen en Brasil, aunque en términos relativos, ajustados a su población, el caso de Honduras es especialmente sangrante (la dura realidad de las personas LGTB en ese país centroamericano ha llamado nuestra atención en numerosas ocasiones).

Además de los asesinatos, se han reportado ataques violentos contra mujeres trans en diferentes provincias de Argentina, en Brasil, Colombia y Estados Unidos (2). La CIDH también recibió información de graves ataques contra hombres gays en Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Uruguay.

La CIDH urge a los estados a actuar

La CIDH recuerda que los estados tienen la obligación de investigar estos actos de violencia y sancionar a sus responsables. “En términos generales, la Comisión observa que existen problemas en la investigación de estos crímenes. Al respecto, la Comisión Interamericana reitera que la inefectividad de la respuesta estatal fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la indefensión”, expresa. La CIDH insta también a los estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) a “llevar adelante análisis exhaustivos de todas las hipótesis posibles sobre los crímenes cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos de las personas LGBTI y así establecer si el móvil de los mismos fue la actividad de promoción y defensa de derechos humanos de la víctima y a llevar registros de la violencia contra las personas LGBTI”.

La CIDH es un organismo autónomo de la OEA que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, integrada por siete miembros independientes. Muy recientemente este organismo ha puesto además en marcha una relatoría dedicada a los derechos LGTBI, al frente de la cual se sitúa la abogada jamaicana Tracy Robinson.

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Informa Dosmanzanas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer el nombre de la persona que estará al frente de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, cuya creación recogimos en diciembre. Se trata de la comisionada Tracy Robinson, una abogada con conocimientos sobre derechos LGTB y de la mujer procedente de Jamaica.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA. Según la propia CIDH expresó en un comunicado hecho público en noviembre, desde hace varios años este organismo “ha venido recibiendo información preocupante sobre diversas formas de violencia y discriminación que enfrentan las personas en las Américas por sus orientaciones sexuales e identidades o expresiones de género, reales o percibidas, o porque sus cuerpos difieren de lo que es considerado el cuerpo de una mujer o un hombre”. Es por eso que en 2011 creó una primera unidad que ha llevado a cabo un trabajo de documentación de la situación de las personas LGBT en los países de la OEA, labor que ahora se verá reforzada con una relatoría específica sobre la materia, cuya creación ha sido muy bien acogida por los activistas LGTB de América Latina y el Caribe.

Quedaba por conocer el nombre de la persona que estaría al frente, incógnita que se despejó hace unos días. Se trata de Tracy Robinson, una abogada jamaicana que ha actuado como consultora para organismos como el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres y Unicef, y que ha asesorado a diversos gobiernos del Caribe en temas relativos a género y niñez. Ha sido también editora de la Revista de Derecho del Caribe y ha publicado informes sobre temas de género, derechos sexuales, derechos LGTB, trabajo sexual y derechos de los niños. Robinson, que es una de las siete comisionadas de la CIDH desde enero de 2012, estará también al frente de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres.

Una designación que ha sido celebrada por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC). En palabras de Pedro Paradiso Sottile, activista gay argentino y secretario de dicha organización, “con su nombramiento se ratifica el histórico compromiso que la CIDH ha asumido para trabajar contra las vulneraciones de derechos cometidas por los Estados en base a la orientación sexual, identidad de género y sus expresiones de la ciudadanía. Deseamos a la comisionada Robinson una exitosa gestión y renovamos nuestro compromiso para seguir contribuyendo con el trabajo de la CIDH, y especialmente con las iniciativas de esta nueva e histórica Relatoría”.

Jamaica, el país más homófobo de América

Se da la circunstancia de que Tracy Robinson procede de Jamaica, al que muchos consideran el país más homófobo de América. Las relaciones homosexuales masculinas están castigadas con penas de hasta 10 años de cárcel, y aunque apenas se hace uso de esta legislación el acoso, la violencia y el asesinato de personas LGTB están a la orden del día. En dosmanzanas hemos recogido numerosos episodios, el último de ellos en octubre pasado, cuando cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron como un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

Una realidad ya denunciada por la CIDH, que en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica publicado en 2012 puso de manifiesto la vulnerabilidad de su colectivo LGTB. El informe (que se puede descargar en castellano aquí) dedicaba quince páginas a la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género (páginas 105 a 120). Como respuesta el Gobierno de Jamaica anunció la aprobación de una normativa antidiscriminatoria contra las minorías que por el momento no se ha materializado. Precisamente la CIDH tiene pendiente de resolución la denuncia de un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual.

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El 2013 fue definido como el año de “las contradicciones gatilladas por la transición hacia mejores condiciones de igualdad”, pues al mismo tiempo que se registraron 50 hitos favorables a las minorías sexuales, se conoció de graves atropellos en los más variados planos.

Un 3% disminuyeron las denuncias y casos por discriminación a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en el 2013, registrándose la baja más considerable en los episodios de  exclusión escolar (-50%), sin embargo, los asesinatos incrementaron (+33%) y se conocieron hechos de violencia sin precedentes, reportó el XII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile elaborado por el Movilh con el financiamiento de la Unión Europea.

El estudio calificó al 2013 como el año de “las contradicciones” en torno a los derechos de la diversidad sexual, pues al mismo tiempo que hubo avances, se registraron graves abusos, situación explicable por “la transición hacia más y mejores condiciones  de vida para las personas”, indicó el movimiento.

“El fenómeno de la contradicción se da en todos los planos. Así, por ejemplo,  la Corte Suprema y Carabineros volvieron a ser las instituciones responsables de los atropellos más graves, pero al mismo tiempo, y a diferencia de antes, ciertos sectores  de los tribunales y policías dieron importantes pasos por la igualdad, como ocurrió con la histórica sentencia en el Caso Zamudio y en la edición de un manual que educa a los uniformados en derechos de la diversidad sexual”, sostuvo el Movilh.

Añadió que lo mismo “ocurre con la propia Ley Antidiscriminatoria, la cual contra todo pronóstico ha sido insuficiente en su carácter punitivo, sin embargo su existencia es responsable o ayudante de gran parte de los avances en políticas públicas antidiscriminatorias ocurridas el 2013”, redondeó la organización

En tanto,  mientras los denuncias y casos por discriminación disminuyeron, estos no sólo fueron más graves porque aumentaron los asesinatos, sino también porque se registraron casos de violencia sin precedentes: un joven quedó en estado vegetal, otro perdió un pie, un padre secuestró y amenazó de muerte a la pareja de su hijo sólo porque era gay y una docente hostigó a un niño de 9 años por creer que podría ser homosexual.

LA DISCRIMINACION EN CIFRAS

Los 143 casos y denuncias por discriminación del 2013 se dividieron en  4 asesinatos, 13 agresiones físicas o verbales perpetradas por  desconocidos, 6 abusos policiales, 10 atropellos laborales y 5 educacionales, 19 movilizaciones homofóbicas o transfóbicas, 15 casos de exclusión institucional,  10 prohibiciones a la libertad de expresión en espacios públicos y privados, 17 hechos de marginación comunitaria (familia, amigos/as, vecino/as), 42 declaraciones de odio y 2 episodios de segregación en el campo de la “cultura, medios y espectáculo”.

La categoría de  discriminación que más aumentó fue la “comunitaria”, con un 41%, más que el 2012, seguida por los asesinatos (+33%), las declaraciones homofóbicas o transfóbicas (+27%), las exclusiones laborales (+11%) y los abusos que violentaron la libertad de expresión (+11%),

Los aumentos se explican en la mayoría de los casos porque cada vez son más las personas que denuncian hechos que antes silenciaban, en un marco donde la sub-representación de los atropellos a la diversidad sexual sigue siendo un problema, pues sólo el 8% de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) reporta los abusos que padece en razón de su orientación sexual o identidad de género.

“En tanto,  el incremento de los dichos homofóbicos o transfóbicos mediatizados y/o emitidos por personajes públicos más bien se explicó porque las declaraciones cuentan con impunidad total a falta de una ley que sancione la incitación al odio. Además es en el plano discursivo donde los discriminadores están concentrando sus esfuerzos anti-igualdad al constatar que su interferencia en terrenos institucionales o de políticas públicas se está reduciendo por ser  cada vez más antipopular y porque la Ley Zamudio les juega en contra”,  señaló la investigación.

“Así por, ejemplo, quedó claro cuando un grupo  de diputados UDI presentó una reforma constitucional de manera que los hijos/as de parejas del mismo sexo pasaran a ser ilegales y/o de segunda categoría, cruzada que recibió un portazo de la mayoría de los parlamentarios y partidos”, recordó el estudio

Por otro lado, las discriminaciones de tipo institucional bajaron 21% en relación al 2012, mientras que fue en el terreno educacional donde se registró el mayor descenso de abusos (-50), seguido por las agresiones físicas perpetradas por desconocidos (-35%) y las movilizaciones homo-transfóbicas (-24%)

“El descenso en estos  casos se explica por el positivo efecto preventivo  y disuasivo de la Ley Zamudio,  pues por un lado  se implementaron políticas estatales contra las exclusiones, mientras que por otro los organismos públicos y privados han ido erradicando prácticas y reglamentos homo-transfóbicos sólo porque ahora estos son claramente ilegales a los ojos de la norma antidiscriminatoria.”, indica el estudio

El 8% de los 143 casos y denuncias del 2013 afectó sólo a personas transexuales, el 15% a lesbianas, el 27% a gays y el 50% a la población LGBTI como conjunto, siendo los abusos que dañaron a hombres homosexuales los más violentos, mientras que la población trans sigue siendo excluida de antemano de derechos  básicos y las mujeres que aman mujeres deben enfrentar la homofobia y el machismo al unísono.

Por su alta población, la Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de casos y denuncias por homofobia y transfobia, con el 39.2%, seguida por Valparaíso (12.6%), La Araucanía (4.2%), Atacama, (2.8%), Biobío (2.8%), Antofagasta (2.1%), Los Lagos (2.1%), Libertador Bernardo O´Higgins (1.4%), Maule (1.4%), y Magallanes (0.7%).

Mientras que por primera vez se conocieron denuncias en Atacama, las regiones que más aumentaron en cuanto a la concentración de casos fueron La Araucanía, con 2.2 puntos porcentuales más que el 2012, seguido por el Maule (+1.6), Antofagasta (+0.8), Valparaíso, (+0.7), Magallanes (+0.1).

Desde el 2002 se han conocido 1.128 casos de discriminación, concentrando el 2013 el 12.7% del total.

Responsables de los abusos:

Los responsables de los atropellos del 2013 fueron 50 instituciones y 106 personas,  gran parte de estas representantes o integrantes de las iglesias católica y evangélicas, grupos ultra-religiosos ad hoc, autoridades de la UDI y de RN, militares en retiro y personas con antecedentes.

A nivel institucional el Ranking de la Homofobia y la Transfobia 2013 fue encabezado por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, por su rechazo a reconocer a la maternidad lésbica y a las familias homoparentales,  y en el segundo lugar la UDI, por su boicot al Acuerdo de Vida en Pareja y porque sus parlamentarios promovieron un proyecto de ley que buscaba declarar ilegales a los hijos de convivencias del mismo sexo.

En tercer lugar quedó Carabineros, por agredir física y verbalmente a personas  en razón su orientación sexual e identidad de género, seguido por la Iglesia Católica, varias iglesias evangélicas, el Liceo Santa Marta de Vallenar, el Liceo Politécnico 120 de Talagante, Eulén S.A, Hotel Sol Naciente de Puerto Montt, Empresa Shs, variados grupos ultra-religiosos (como Idea País, la Fundación Jaime Guzmán y Acción Familia), la Panadería Kether de Castro y distintas comunidades de militares en retiro.

A nivel personal, el primer lugar fue para los asesinos de los cuatro jóvenes que perdieron la vida el 2013, seguido en el segundo puesto por los jueces de la Corte Suprema Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Juan Eduardo Fuentes y por el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera.

En el tercer lugar quedaron los diputados UDI Ramón Barros, María Angélica Cristi, Claudia Nogueira, Mónica Zalaquett y el senador RN, Carlos Larraín. En el cuarto lugar los senadores UDI Víctor Pérez y Juan Antonio Coloma, los diputados UDI Iván Moreira, José Antonio Kast, Enrique van Rysselbergue,  el vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, el diputado (ind) Cristián Letelier, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, entre otros de una lista de 16 ubicaciones.

Avances

Un total de 50 hitos favorables a los derechos humanos de la diversidad sexual ocurrieron el 2013.

En el campo de las políticas públicas brilló una nueva normativa de los bancos de sangre que terminó con la prohibición para que homosexuales donaran, mientras que se puso en ejecución la primera política estatal  de apoyo a víctimas LGBTI de delitos violentos.

Por su parte, el Minsal oficializó que los procesos de readecuación corporal de las personas transexuales pueden y deben ser cubiertos por Fonasa y el Mineduc lanzó las primeras orientaciones para erradicar la discriminación en los colegios haciendo por primera vez  explicita  mención a  la diversidad sexual y a las familias homoparentales, además de recomendar a los liceos un texto elaborado por el movimiento LGBTI. De igual manera, el Injuv consultó por primer vez en su encuesta nacional sobre la orientación sexual de los jóvenes y el Gobierno aplicó el primer sondeo nacional sobre discriminación.

En el  mundo uniformado se incluyó la temática de la diversidad sexual en una guía de formación para carabineros,  mientras que Gendarmería eliminó variadas prácticas homo-transfóbicas y firmó un convenio con el movimiento LGBTI para que los condenados por delitos menores cumplan sus penas con trabajo antidiscriminatorio. En un plano similar, las minorías sexuales se reunieron por primera  vez con el alto mando de la Fuerza Aérea de Chile

En el nivel municipal, cinco comunas (Independencia, Maipú, Providencia, Santiago, Vallenar) aprobaron ordenanzas, oficinas y/o políticas pro-derechos de la diversidad sexual , mientras que en un hecho del mayor simbolismo  nueve edificios consistoriales  (Antofagasta, Coquimbo, Independencia, La Reina, Providencia,  Tocopilla, San Antonio, Santiago y Valparaíso)  izaron la bandera del arcoíris.

Mientras en el terreno judicial marcó un hito la condena contra los asesinos de Daniel Zamudio y destacó una sentencia por discriminación contra un colegio católico en Vallenar, en lo político de la máxima relevancia fueron la inédita sanción por homofobia contra un diputado, Ignacio Urrutia, la llegada al Congreso Nacional de un hombre abiertamente gay, Claudio Arriagada, la asistencia de la mayoría de los candidatos presidenciales a un evento (Gay Parade) organizado por la diversidad sexual y las disculpas públicas ofrecidas por un candidato al Parlamento, tras dichos que dañaron la dignidad de personas.

En el campo laboral resaltó el inédito convenio firmado por una multinacional (Sodexo) con el movimiento LGBTI y en el académico-social seminarios que abordaron la doble discriminación que padecen las minorías sexuales adultas mayores y con capacidades diferentes.

En el terreno televisivo se perfiló como un cambio el primer matrimonio igualitario difundido por una serie, Separados.

En tanto, a nivel internacional destacó que la OEA aprobará la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” y su sexta resolución sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género”, mientras que un grupo de países celebró en la ONU la “Primera reunión ministerial sobre el papel de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia y la discriminación contra  personas LGBTI”.

En un ángulo similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  aprobó crear la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incluyó entre sus desafíos de población y desarrollo a los derechos de la diversidad sexual.

Por su parte, la Unión Europea aprobó  las “Directrices para promover y proteger el disfrute de todos  los derechos humanos por parte de las personas LGBTI” en todo el mundo, mientras que su delegación en Chile firmó convenios y/o respaldó actividades de diversos movimientos LGBTI.

En tanto, el Papa Francisco se convirtió en el primero del Vaticano en cuestionarse públicamente que “¿quien soy yo para criticar?” a una persona homosexual, generando un gran debate y múltiples interrogantes.

Por último, el 2013 queda registrado como el año de mayor movilización pro derechos de la diversidad sexual en las calles, pues 252 mil personas se expresaron por la no discriminación y la igualdad de derechos en 12 ciudades donde hubo marchas o eventos masivos, destacando los primeros desfiles en Castro y Los Ángeles.

Fuente MOVILH

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