Por Paula Rosales

Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil. Es el octavo asesinato registrado en 2019 a una mujer trans. La Policía tardó en confirmar el homicidio a un periodista local y la Justicia aún no está investigando el caso.

Carlos Rodríguez, procurador adjunto para la defensa de derechos civiles e individuales, dijo a Presentes: “Como Procuraduría para la defensa de los derechos humanos hemos señalado con absoluta preocupación la poca efectividad de las autoridades a cargo de garantizar el acceso a la justicia. En estos casos hemos señalado que la actuación de las autoridades es lenta u omisa en estos casos. Las calificaciones que se dan, como el caso de Anahy, fiscalía opto por no calificar el delito como crimen por odio. La fiscalía casi en la totalidad de casos omite aplicar la circunstancia agravante de crimen por odio”, agregó.

Bianka Rodríguez, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), informó a Presentes que Cristi Conde era originaria de Las Isletas, departamento de La Paz, 53 kilómetros al sur este de la capital de El Salvador. Se dedicaba al comercio ambulante, una de las principales fuentes de ingreso de la población trans.

El estudio “Sin derechos igualitarios: El acceso desigual de la población LGBTQ a la seguridad social en el área metropolitana de San Salvador”, elaborado por la asociación Acción por la Memoria y Apoyo al Trabajo para la Equidad en El Salvador (AMATE), indica que el 50 por ciento de mujeres trans encuestadas se dedica al trabajo remunerado por cuenta propia, es decir comercio informal sin prestaciones sociales como acceso a salud o ahorro de pensión. El informe se realizó con 384 personas.

Las organizaciones defensoras de los derechos de personas trans, indican que el acceso a estudio y empleo es reducido para esta población, en muchos casos se suman al comercio informal o se arriesgan a ejercer el trabajo sexual en las duras calles de San Salvador y en las principales ciudades del país centroamericano.

“Que terrible y que dolor e impotencia da ver y vivir estos casos en donde siguen cegando la vida a nuestra población TRANS, este día fue asesinada nuestra hermana La Costeñita como era conocida”, escribió en su cuenta personal Odalys Araujo, defensora de derechos humanos.

Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.

El supuesto responsable de asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión,  a 182 kilómetros al este de San Salvador.

Rosa Granados, una activista trans de 28 años, fue asesinada el sábado 30 de noviembre en su casa en el departamento de la Unión, recibió cuatro disparos en su cabeza.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Acción por la Memoria y Apoyo al Trabajo para la Equidad en El Salvador (AMATE), Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), Bianka Rodríguez, Cristi Conde Vásquez, Delitos de Odio, El Salvador, General, Homofobia/Transfobia, Odaly’s Araujo, San Salvador

Por Paula Rosales

Alexia Trujillo, mujer trans de 25 años, caminaba en la madrugada del sábado 7 de diciembre por la avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero de San Salvador, cuando tres hombres que trabajan de seguridad privada en los comercios de la zona la atacaron a golpes, según denunció la propia víctima.

Armados con una macana de hierro, los agresores siguieron a Alexia unos cien metros, la insultaron y golpearon en la cabeza reiteradas veces. La hirieron salvajemente en la ceja y el ojo derecho. Su cabeza sufrió una herida de tres centímetros. Sus brazos y piernas terminaron con magulladuras por las patadas recibidas.

“Yo caminaba por la plaza Morazán, cuando unos vigilantes me insultaron y me siguieron. Yo no les dije, ni les hice nada. Entre los tres me pegaron una golpiza bien fea”, expresó Alexia a Presentes. Alexia se dedica al comercio de artículos varios en uno de los mercados de la capital del país centroamericano.

El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans, señala que un 19 por ciento de mujeres trans denunciaron que fueron golpeadas o haber sufrido alguna agresión física durante 2018.

“Me dijeron que era un marica de mierda, una basura sidosa, me insultaron bien feo. Entre las tres personas me golpearon y me robaron mis pertenencias”, contó.

La policía se negó a atenderla

Después de la agresión, Alexia fue a la delegación central de la Policía Nacional Civil para interponer la denuncia, pero se negaron a atenderla y fue sacada del lugar.

Presentes solicitó la postura de la policía a la unidad de prensa, acordaron consultar con la delegación de San Salvador, pero al cierre de la nota no se había recibido respuesta.

“Estamos indignadas, las mujeres trans están recibiendo agresiones de parte de los cuerpos de vigilantes privados. Demandamos que se investigue y castigue a los culpables”, señaló Odalys Araujo, defensora de derechos humanos, a Presentes.

Aumentan crímenes por odio

Los ataques hacia las mujeres trans han aumentado en el último trimestre del año: en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes de odio. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos están alarmadas por la escalada de intolerancia hacia las poblaciones diversas.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.

El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada asesinada en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán.

Rosa Granados, una activista trans de 28 años, fue asesinada el sábado 30 de noviembre en su casa en el departamento de la Unión, recibió cuatro disparos en su cabeza.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Alexia Trujillo, El Salvador, Homofobia/Transfobia, Odaly’s Araujo

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

General, Homofobia/ Transfobia. Anahy Miranda Rivas, Asesinato, Bolivia, Camila Díaz, Colombia, Delitos de Odio, El prejuicio no conoce fronteras, El Salvador, Federación Salvadoreña LGBTI, FESLGBTI, Guatemala, Homofobia/Transfobia, Honduras, Jorge Armado Castillo, LGTBfobia, Lolita, México, Odaly’s Araujo, Paraguay, Personas trans, Personas transgénero, Perú, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (El Salvador), República Dominicana, San Salvador, Tity, Trabajo sexual, Transexualidad, Transfobia, Violencia LGTBIfoba