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El prefecto Octavio Romero fue brutalmente asesinado en 2011 pero la Justicia no lo investigó como crimen de odio. Hasta hoy está impune.

 El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de adecuación a los estándares internacionales en la investigación del crimen del prefecto Octavio Romero, ocurrido hace once años. Por primera vez en la historia de la Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pactó un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio.

El acuerdo se firmó hoy en Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de Gabriel Gersbach, querellante y pareja en ese entonces de Romero. En el momento de su asesinato se estaban por casar. También estuvieron presentes Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos; Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad; Celeste Fernández, directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); y Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU.

«Esto deja un precedente para intentar que esto no se repita. Que no haya otro Octavio Romero, no haya más casos de discriminación. Esto abre puertas y calma un dolor de muchos años», dijo Gabriel en el acto, al que asistió vestido con prendas que eran de Octavio.

Por impulso de Gabriel y del activismo LGBT+, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso en 2018.

«El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+», afirma el acuerdo. También reconoce que «la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach, pareja y conviviente de Octavio Romero».

Los hostigamientos y el crimen de odio

A un año de sancionada la Ley de Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), Octavio y Gabriel iban a ser el primer matrimonio homosexual al interior de las Fuerzas Armadas. Para ello, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina, que entonces tenía 33 años, debió avisar a sus superiores sobre el casamiento ya que era una petición obligatoria en ese momento. Desde entonces comenzó a recibir hostigamientos en su ámbito laboral y siete meses antes de la boda desapareció.

“En doce años de relación nunca me había pasado, éramos culo y calzoncillo nosotros. Todo el tiempo mensajito, éramos muy amigos”, contó a Presentes Gabriel sobre el momento en que no obtenía noticias de su novio. Ante su ausencia hizo la denuncia en la Comisaría N° 15. Luego de declarar dos veces, se presentaron dos superiores de Octavio. Uno de ellos le ofreció su tarjeta y le dijo: “Cualquier cosa estoy a disposición”.

El 17 de junio de 2011, seis días después de su desaparición, un lanchero halló su cadáver en la costa del Río de la Plata y su intersección con la avenida San Martín, en la localidad bonaerense de Vicente López. Ese lugar se encontraba dentro de la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Estaba desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre.

La causa judicial 

Las organizaciones LGBT+ reclaman que se trató de un crimen de odio y que la causa (N° 65761/11) estuvo “parada” durante muchos años. Luego de 11 años desde el crimen, el Poder Judicial no brindó avances en la investigación. La causa la llevó adelante Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo entonces del juez Juan Ramos Padilla. Actualmente, la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires investiga el caso como “NN (‘no name’, es decir, autor desconocido) sobre homicidio”.

“La causa en el poder judicial nunca avanzó. No se tuvo en cuenta la perspectiva de diversidad y de derechos humanos ni que fue un crimen de odio. Por eso decidimos ir a la CIDH. El acceso a la justicia para la comunidad LGBT siempre es difícil”, dijo a Presentes el abogado y activista LGBT Pedro Paradiso Sottile. Desde la Fundación Igualdad -la cual preside- y junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) representan a Gabriel en el litigio.

Las pruebas y el periodismo

En 2015 ocurrió un hecho clave para la investigación del caso. Llegó al periodista Franco Torchia un informe que narraba en detalle la consecución de hechos que llevaron al crimen de Octavio. En sus páginas detallaba que el prefecto había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza. Además, que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas.

“Era un informe anónimo fuertísimo que detallaba muy pormenorizadamente qué le había pasado al cuerpo de Octavio y por qué lo habían asesinado como lo asesinaron. Rápidamente se lo di a Gabi para que se lo acercara a la fiscalía”, narró a Presentes Torchia. Desde hace años cubre el caso en su programa de radio “No se puede vivir del amor”. Sin embargo, aclaró que “significó lo mismo que nada”.

La Fiscalía y la querella solicitaron que se realizara un allanamiento con el objetivo de encontrar el disco rígido. Sin embargo, el Juez de la causa, Juan Ramos Padilla, denegó la solicitud por considerar que el informe “carecía de verosimilitud”. Ante esto se interpusieron dos recursos en contra de esta decisión, los cuales también fueron denegados. Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobó la solicitud. El allanamiento se hizo dos meses más tarde. No se encontró el dispositivo y para ese momento los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados.

Durante años el caso tuvo una mínima repercusión mediática. “Fue muy conocido en su momento: ni bien Octavio desaparece hasta que el cuerpo se encuentra asesinado en Costanera Norte. Luego con el paso de los meses desapareció de los medios, como suele pasar”, indicó Torchia.

El año pasado se cumplieron 10 años desde el crimen y los medios elaboraron distintos informes. “¿Cómo vi esos informes? Mal. Muy edulcorado, muy tratado desde la historia de amor, cobarde en muchos casos. Acá hay que hablar directamente de la impunidad del Estado”, agregó el periodista.

El recorrido en la justicia internacional

En 2012, Gersbach presentó el caso ante la CIDH y en el 2018 fue admitido. En ese momento, el organismo emitió un informe que indicó que el caso cumple con los requisitos para que la Comisión evalúe si la Argentina violó derechos humanos específicos. Desde 2021 hubo reuniones entre el Estado nacional y Gabriel Gersbach junto a sus representantes. Estos intercambios concluyeron en la firma del acuerdo de solución amistosa.

“Este momento nos parece increíble: tener el derecho a estar contentos, a sentir felicidad. Lo terrible que provoca la impunidad, el silencio cómplice, la falta de acceso a la justicia, es que dificulta la posibilidad de sentirse bien frente a un hecho que es histórico”, dijo Paradiso Sottile.

Además de reconocer la responsabilidad del Estado argentino en la falta de investigación sobre el caso, el acuerdo detalla una serie de compromisos. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a cargo del monitoreo, control y seguimiento de los compromisos. Para ello, el Estado elaborará informes semestrales acerca del grado de cumplimiento de las medidas.

Los compromisos que asumió el Estado

– El Estado deberá difundir el acuerdo en el plazo máximo de 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial. Lo hará en las páginas web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). También en un diario de amplia circulación nacional.

– También se comprometió a brindar “todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la investigación de los hechos relacionados con la muerte de Octavio Romero”.

– A través del canal educativo y cultural “Encuentro” se elaborará un especial documental. Será sobre la diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, en memoria y homenaje de Octavio. Quedará disponible en la plataforma Cont.ar y se distribuirá en escuelas.

– El Estado brindará apoyo para la realización de un mural en memoria del Romero.

Los ministerios

– El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará el “Protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género, su expresión y característica sexual”. También impulsará una jornada anual de sensibilización destinada a cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales. Se comprometió a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en la capacitación de docentes e instructores de los Centros de Entrenamiento Policial.

– El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizará acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género. Entre ellas, la ampliación de profesionales del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y del Programa Acercar Derechos. Además se comprometió a trabajar en la confección de lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

– El Ministerio Público Fiscal, a través de la UFEM, llevará adelante un proceso de trabajo para la adaptación de su “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”. El objetivo es incluir la perspectiva de diversidad y en los crímenes por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

– Las partes acordaron constituir un tribunal arbitral ad-hoc que determine las reparaciones que le corresponden a Gabriel Gersbach “por los daños materiales e inmateriales sufridos por las violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente acuerdo”.

7 de septiembre de 2022

Agustina Ramos

Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

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Por Sole Vela

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Octavio Romero, luego de que se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario, iba a ser el primer integrante de una fuerza federal en casarse con una persona del mismo sexo. Era Suboficial de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y ya le habían aprobado el permiso -obligatorio por protocolo- para casarse con Gabriel Gersbach. Seis meses antes del casamiento, el 17 de junio de 2011, apareció muerto en el Río de la Plata. El caso, que se encuentra impune, fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que comienza a evaluar si la Argentina es responsable de violar derechos humanos.

La CIDH, uno de los dos organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para la observancia y defensa de los derechos humanos, emitió un informe especial sobre el asesinato de Romero. Ante la inacción del Poder Judicial local, en junio de 2012 Gerbasch, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) se presentaron como parte peticionaria ante la Cidh.

La Argentina fue el primer país de Latinoamérica en garantizar legalmente ese derecho, y desde entonces, se celebraron más de 20 mil casamientos. El 15 de julio se cumplieron 9 años desde su votación y aprobación en la Cámara de Senadores: 33 afirmativos, 27 negativos y 3 abstenciones. Esa madrugada Gabriel y Octavio se abrazaron y lloraron de alegría. Iban a poder casarse después de 12 años juntos. Ese día fueron a festejar a la plaza.

Pintadas de odio en Prefectura

“Octavio Romero puto”, fue uno de los mensajes en una de las puertas del baño de hombres con las que se encontró Octavio en su trabajo después de que le aprobaran el permiso. Gabriel sospecha que no querían tener un gay y mucho menos un gay orgulloso como Octavio. De todos modos, aclara: “Jamás se hubiera casado con el uniforme porque ni siquiera iba al trabajo uniformado: iba de saco y corbata. Y aunque era el mejor en las pruebas de tiro, no le gustaban las armas. Lo único que le gustaba era que los de prefectura se jubilaban jóvenes”.

El asesinato de Octavio formó parte del Informe de Crímenes de Odio de 2011 de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) junto a otros 13 crímenes: una mitad contra travestis, y la otra, contra homosexuales. El presidente de la CHA César Cigliutti acompañó desde el primer momento a Gabriel: “Más allá de quiénes fueron es evidente de que es un crimen de odio. Basta ver nuestros cadáveres para saber cuáles son los símbolos en estos crímenes. El motivo -no duda- siempre es la homofobia, lesbofobia y transfobia”. Al igual que Octavio, otros de los tres asesinados ese año aparecieron desnudos o semidesnudos.

Octavio hacía un trabajo administrativo en las oficinas de Control de Gestión de la Prefectura Naval Argentina, un área donde se tramita la entrada y salida de los barcos. Pero su deseo, desde el primer viaje que hicieron juntos con Gabriel a Brasil, era dedicarse a la diplomacia. Así que aprovechó que trabajaba por la mañana para estudiar por la tarde Relaciones Públicas en la Universidad del Salvador (USAL). Además, ya había hecho un traductorado de inglés, y otro, de portugués.

“Octavio entró a la Prefectura solo para irse de Curuzú Cuatiá -Corrientes- y venirse a la ciudad. Porque esa estructura no tenía nada que ver con él”, afirma Mariela Lucero, una de sus mejores amigas y compañera de la carrera de Relaciones Públicas en la USAL, que fue la última en hablar con él antes de ir a un cumpleaños donde se iban a encontrar. “Nunca nos hubiera dejado plantados”, asegura. “Cuando planteó que se iba a casar -denuncia- empezó el hostigamiento. Me decía que la estaba pasando mal pero quería hacer valer su derecho a casarse”.

Los últimos besos

Octavio y Gabriel

“Después de 12 años juntos nunca había pasado que no fuera a dormir una noche. Además, hablábamos mucho por mensajito. Éramos culo y calzón”, afirma Gabriel. Esa noche apenas le avisaron sus amigos que no había llegado a la fiesta fue a su casa a buscarlo pero se encontró con la puerta sin llave, todas las luces prendidas y la tele encendida. Y en la heladera las botellas que iba a llevar. En una silla estaba el saco de pana bordó que se iba a poner. Esa noche se habían despedido con dos besos.

A los dos días de su desaparición, el 11 de junio de 2011, se instaló la búsqueda de Octavio en casi todos los medios de comunicación. A los seis días llegó la mala noticia de que un lanchero del Club Náutico Belgrano había encontrado su cuerpo -a la altura de Vicente López- en el Río de la Plata. Gabriel estaba por declarar en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, cuando leyó en la tele que estaba en la sala de espera: “Apareció muerto el prefecto desaparecido”.

La entrevista de Franco Torchia

Al cumplirse cuatro años de su muerte, mientras Gabriel estaba de vacaciones en Brasil por tatuarse un dibujo que había hecho Octavio, le llegó un whatsapp del periodista Franco Torchia: “¿Estas para hablar? Porque me llegó un informe sobre el asesinato de Octavio”. Franco lo había entrevistado dos veces en su programa de radio sobre diversidad No se puede vivir del amor. “Llegamos con mi productora y nos encontramos -detalla Franco- con un sobre cerrado anónimo, afuera escrito a mano y adentro, en computadora. Varias páginas con información muy precisa y verosímil”. Otro sobre con el mismo informe fue recibido por la fiscal Estela Andrades de Segura.

Desidia estatal

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Según la abogada defensora Dalile Antúnez -integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- el anónimo parecía escrito por alguien de adentro de la fuerza. En sus páginas detallaba lo que habría ocurrido esa noche: Que un grupo lo había secuestrado en una camioneta, y que además, esa operación se había archivado en un disco rígido en el Edificio Guardacostas. Si bien se ordenaron algunas pruebas a partir del informe, asegura que hace tres años no hay ningún avance: “A pesar de que quedaron líneas de investigación sin profundizar, no hay ninguna actividad estatal para saber qué fue lo que pasó. La hipótesis de que fue organizado por integrantes de prefectura como un crimen de odio nunca se investigó con seriedad”.

Cuando Octavio fue asesinado, hacía un mes que con su pareja habían llegado de un viaje por Europa que había sido como una luna de miel por adelantado. Viajaron para el casamiento de un hermano de Gabriel y aprovecharon la oportunidad para anunciar su casamiento para fin de año. Ya habían elegido juntos el lugar para la fiesta y el diseñador para las tarjetas. Y además, cuenta Gabriel que Octavio les había pedido a sus padres su mano: “Estábamos muy enamorados y queríamos llegar a viejitos juntos”. A 8 años del crimen, la historia de Gabriel y Octavio es la del matrimonio igualitario que no fue y la de la justicia que no es.

Fuente Agencia Presentes

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