SAN SALVADOR, El Salvador. El partido gobernante de El Salvador, Nuevas Ideas, eligió de titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Raquel Caballero. Es una abogada conservadora y cristiana que en el pasado ha sido cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.

Reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Su gestión estuvo llena de denuncias de nepotismo. En 2019 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares dentro de la institución. 

Marginó a las personas LGBT

Los grupos de derechos humanos de la población LGBTI la recuerdan como una funcionaria que marginó y desechó los avances logrados por las asociaciones en administraciones previas.

En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.

Pese a esos señalamientos, el oficialismo del partido del presidente Nayib Bukele la eligió la semana pasada para el periodo de 2022-2025.

“Ella ya estuvo en el cargo y definitivamente no nos dejó un buen sabor de boca porque no se pudo trabajar de la mano con ella cuando estuvo en la PDDH”, expresó a Presentes, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

Procuradora violentó derecho a protesta

En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.

En ese momento, la activista Karla Avelar -junto a otras compañerxs- se puso de pie para protestar, formando una cadena humana.

Cuando la entonces procuradora terminó su discurso, Avelar y Caballero se enfrentaron a gritos, por lo que la funcionaria pidió la intervención de la policía.

“Ese día además de sentir rabia, sentí miedo porque ella inmediatamente mandó a llamar a seguridad, ella misma dio la orden que llamaran a seguridad. Sentí miedo, frustración e indignación porque una procuradora de derechos humanos nos estaba negando el derecho a expresar nuestro sentir”, expresó Avelar a Presentes.

Cómplice del régimen de excepción

Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.

“No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahi para velar por los derechos de la población, ni a cumplir con sus facultades dadas por ley. Ponen funcionarios que lleguen a esos espacios a avalar los abusos de poder al gobierno de turno”, dijo a la prensa la diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso. 

La polémica por su nombramiento traspasó las denuncias en redes sociales y forzó al presidente Nayib Bukele a justificar su elección en una transmisión en vivo. Bukele lo hizo acuerpado por militares y policías de alto rango. Guevara expresó su apoyo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele.

Bukele justificó las políticas de seguridad implementadas durante los seis meses de régimen de excepción que ha dejado más de 54 mil personas detenidas sin orden judicial. Al menos 80 de estas detenciones han terminado en muerte al interior de los centros penitenciarios.

Presentes no pudo obtener una respuesta de parte de la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Creo que tomar la decisión de su elección ha sido una arbitrariedad y una falta de respeto para los derechos de las personas LGBTI específicamente. Nosotras vamos a buscar un diálogo y al final de cuentas el tiempo dirá, pero personalmente no creo que haya avances con ella”, señaló Linares.

Prisiones llenas de personas sin juicio

Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, las prisiones de El Salvador han sobrepasado su capacidad con las personas detenidas. Son acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.

Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante el régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

“Su elección servirá para legitimar las acciones que el gobierno está haciendo y le permitirá al gobierno actual tener el control dentro de la procuraduría de los derechos humanos”, señaló la reconocida activista, Karla Avelar.

«Ella va a hacer lo que el presidente le ordene»

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Bukele anunció en la transmisión que permitirá el ingreso a las prisiones a observadores para que comprueben el “respeto a los derechos humanos de los detenidos”. El anterior procurador, Apolonio Tobar visitó una de las cárceles en un fallido afán de apaciguar los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Al final de su mandato el informe de su visita no fue público.

“Ella va a hacer lo que el presidente le ordene. Va a llegar hasta donde el presidente se lo permita, ella no va a hacer nada por esclarecer las violaciones de derechos humanos que se están dando dentro de este régimen de excepción. Ella no va a hacer nada por las muertes que se han registrado dentro de los centros penales. Ella va a hacer lo mínimo”, recalcó Avelar.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó el martes en Ginebra su preocupación por los impactos del régimen de excepción en el respeto de los derechos humanos de la población y la «progresiva pérdida de independencia» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su «falta de reacción ante violaciones de derechos».

La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.

Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.

El amedrentamiento permanente

Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.

Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.

“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.

El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.

“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.

Justificando las reformas

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Mordaza al hablar de pandillas

Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.

En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.

“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.

El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.

Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.

El castigo a la prensa

“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.

“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.

El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.

“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.

“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.

De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.

Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.

“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Libertad de información en riesgo

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI),señaló en un comunicado su preocupación por el aumento de acosos digitales y discursos de odio desde la implementación del régimen de excepción, que ponen en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.

“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.

El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.

El fallo del tribunal responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2016 por defensoras de derechos humanos. En ella advertían que los artículos 11 y 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural (LNPN) vulneran el derecho de las personas trans a cambiar su nombre.

«El Congreso deberá adecuar la ley»

La demanda señalaba que la ley no reconoce la identidad de las personas trans. “Omite la condición social de algunas personas en cuanto a su disconformidad entre el sexo biológico y la identidad de género”. Y eso vulnera el derecho de tener un nombre que responda a su sexo e identidad autopercibida. En la sentencia la Corte establece que el Congreso deberá adecuar la ley o legislar para cumplir con lo señalado en el documento.

“Con este fallo la sala ha reconocido que nuestro nombre es lesivo  para nuestra dignidad humana como personas trans. Porque somos sujetas de violencia y de falta de acceso de derechos fundamentales. Establece que también es algo que debe de normarse: existen formas de discriminación por el no adecuamiento de esta ley porque existe un trato discriminatorio y no justificado”, expresó Bianka Rodríguez, directora de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.

Bianka Rodríguez, directora de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.

La resolución no fue expedida exclusivamente para las personas trans. Los magistrados constitucionales incluyeron demandas sobre la supresión del apellido en casos de abandono familiar.

En qué se basó la demanda que impulsó el fallo

La demanda presentada en 2016 tomó de referencia el derecho internacional. Específicamente, la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí insta a los Estados a adoptar normativas jurídicas que garanticen la protección y el respeto del derecho a la identidad de las personas trans, sin embargo el fallo no lo tomó en cuenta.

“En este punto es importante, porque la sala no está resolviendo el derecho a la adecuación del género de las personas trans. Está accediendo al cambio del nombre. Por lo tanto es imperante que la Asamblea Legislativa no haga únicamente una reforma a la ley del nombre, sino una ley, una normativa integral. Establece que debe de adecuarse las reformas necesarias. Pero también, que puede adoptarse una normativa específica para que sea compatible con la identidad de género de las personas trans”, señaló Bianka.

Frenos a ley de identidad de género en El Salvador

El Salvador no cuenta aún con una ley de identidad de género. En mayo de 2021 legisladoras del partido oficial Nuevas Ideas enviaron al archivo el anteproyecto que se estudiaba en la comisión de la mujer y género del Congreso. Marcela Pineda, diputada oficialista consideró que la ley, junto a otros 30 expedientes que estaban en estudio, eran “obsoletos y no acordes a la realidad”.

“Es como una orden judicial que parte de la Sala de lo Constitucional a que la Asamblea tiene que legislar acerca del reconocimiento acorde a la identidad de género. Habla en un espectro bastante importante porque la ley del nombre únicamente engloba al nombre. Pero cuando habla de este reconocimiento de identidad es donde los diputados deberán de generar esta normativa específica para las personas trans”, acotó Bianka.

El anteproyecto presentado en 2018, fue retomado y presentado nuevamente tres meses después del archivo por la la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género al Congreso. Hasta el momento no se ha iniciado su estudio en la comisión correspondiente.

La nueva propuesta de ley fue recibida por los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuestro Tiempo.Juntos apenas alcanzan cinco votos de los 84 en el Congreso.

«Las personas trans necesitamos que se legisle»

“Lastimosamente la comisión no ha tenido a bien darnos respuesta. Pero esperamos que con este fallo de la Sala que reconozcan que existe la necesidad de que las personas trans cuenten con seguridad jurídica. Además es importante tener este mensaje para la Asamblea Legislativa que tiene un lema que están sirviendo al pueblo. El pueblo en su término son todos y somos todas las personas. Por lo tanto las personas trans ahora necesitamos que realmente se legisle sobre esta necesidad”, expresó Bianka.

Foto: Marcha para reclamar Ley de Identidad de Género, mayo 2019. Archivo Presentes/Paula Rosales

El Congreso ha tomado polémicas decisiones desde que asumieron el nuevo periodo legislativo (2021 – 2024). En su primera sesión destituyeron a la Sala Constitucional, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Lo hicieron bajo el argumento de supuestamente bloquear las medidas del gobierno durante la pandemia de Covid-19.

“Como funcionarios públicos puedan darle cumplimiento a este fallo de la Sala de lo Constitucional. Si no hubiese una recepción proactiva de la Asamblea Legislativa, tendríamos que ir habilitando el espacio internacional por la omisión de legislar sobre esta necesidad porque los derechos no se pueden ir postergando”, agregó Bianka.

Defensores de derechos de personas trans presentaron al Congreso de El Salvador una propuesta actualizada del anteproyecto de identidad de género. La misma busca que las personas trans tener un documento de identificación oficial acorde a su identidad, un derecho hasta ahora negado por la normativa vigente.

La propuesta de ley consta de 22 artículos, mantiene el espíritu de la propuesta previa y argumenta sobre las normativas internacionales. Entre ellas, la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena a los Estados parte del Sistema a establecer un procedimiento para que las personas trans puedan adecuar su nombre a su identidad de género.

“Esperamos que esta vez sí haya voluntad política (para aprobarla). Como ellos (diputadxs) tanto que lo han repetido de representar al pueblo o a la ciudadanía. No somos menos ciudadanos, ni menos salvadoreñas, ni salvadoreños que el resto de las personas que no tienen problemas con el nombre y que no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo un derecho que se ajusta a nuestras necesidades y a nuestras realidades”, dijo a Presentes Amalia Leiva, representante de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.

Cómo se llega a esta propuesta

El primer anteproyecto de ley de identidad de género se presentó el 22 de marzo de 2018. Se discutió tres años en la comisión de la mujer y la igualdad de género de la legislatura pasada (2018 – 2021), pero los legisladores no lograron el consenso para trasladar la propuesta a su aprobación en el pleno.

Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de lxs 84 diputadxs. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto sostienen que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

La nueva legislatura (2021 – 2024), con una súper mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, ordenaron el pasado 14 de mayo que el anteproyecto fuera archivado. Lo mismo ocurrió con 30 expedientes que estaban siendo examinados por considerarlos “obsoletos y no acordes a la realidad”, según la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.

“En ningún momento la propuesta tenía algún tinte partidario, que fue el argumento que ocupó la bancada cyan (Nuevas Ideas) para archivarlo y decir que era una realidad obsoleta. Ahora nos volvimos a presentar a la Asamblea Legislativa para mejorar la propuesta hacia una mejor interpretación de la misma”, recalcó Amalia.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron cartas a las fracciones fracciones de los ocho partidos políticos representados en el Congreso para solicitar un espacio de discusión del anteproyecto de ley. Sin embargo, solamente dos partidos minoritarios respondieron: juntos suman cinco de 84 curules.

“Prácticamente no tuvimos respuesta de todos los partidos, lastimosamente solo nos respondió el FMLN y Nuestro Tiempo. Seguimos a la espera que los demás se sumen a esta iniciativa de ley”, dijo a Presentes, Britanie Castillo, asistente técnica de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre ni género de personas transgénero y transexuales. Las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. Solamente México, Argentina, Chile y Uruguay cuentan con normativas similares.

“Esperamos que hagan conciencia de la necesidad de una ley de identidad de género para las personas trans, que sean empáticos a esta realidad que vivimos las personas trans en El Salvador”, señaló Britanie.

El gobierno y la Asamblea menos “cool”

Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.

En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.

El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.

Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.

La ley por la Igualdad y la no Discriminación también fue archivada. Ninguno de los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) han dado una explicación del por qué enviaron al archivo la propuesta de ley.

La propuesta de Ley de Identidad de Género había sido presentada el 22 de marzo de 2018 por diversas organizaciones a la Asamblea Legislativa. La Comisión de la Mujer e Igualdad fue la encargada de su estudio y discusión. Sin embargo no fue aprobada.

El Salvador no cuenta con legislación que garantice el derecho al reconocimiento de nombre, sexo y género de personas transgénero y transexuales.

Para que la propuesta de ley fuera aprobada por el Congreso se requerían 43 votos de les 84 diputades. Sin embargo, las organizaciones promotoras del anteproyecto coincidieron en que hizo falta compromiso y voluntad de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

Ahora la propuesta de ley fue enviada al archivo, sin posibilidades de discutirse de nuevo.

“No vamos a pasar tres años más para que se nos tome en cuenta. Se supone que esta Asamblea legislativa ha venido a legislar por el pueblo y por sus necesidades, así que esperamos respuestas lo más pronto posible”, dijo Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS durante una manifestación de rechazo a la decisión de engavetar la propuesta de ley de identidad.

Con esta decisión las mujeres y hombres trans deberán continuar utilizando en sus documentos el nombre y género que no corresponde a su identidad. La propuesta de ley pasó al archivo sin ser consultada con las organizaciones sociales proponentes.

“De no sacar del archivo la propuesta de ley dejarían ver la homofobia, la transfobia, la misoginia que existe desde esta nueva Asamblea Legislativa y desde los diputados para legislar por las necesidades de la población LGBTI que también les dieron el voto y los pusieron en esos curules”, recalcó Bianka Rodríguez.

El 1 de mayo de 2021 se instaló la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador para un período de tres años. El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar lo que sea sin oposición.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) criticó la decisión de nueves diputades e instó a hacer un nuevo cabildeo para que fuera presentada, analizada y discutida con la comisión a cargo.

“Reitero a la población LGBTIQ+ de El Salvador mi compromiso en acompañarles en sus justas reivindicaciones, realizando las acciones de mi competencia”, expresó el Procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar.

Condenada a la exclusión

“Siempre entro a los baños de mujeres porque es lo correcto, pero en una ocasión el vigilante del lugar me dijo que me saliera, me dijo que yo siempre seré un hombre. Me fui para el baño de hombres y ahí también se me quedaban viendo raro, no tuve otra opción”, expresó Eliza a Presentes.

Sin poder contradecir al vigilante por no contar con un documento que confirmara su identidad como mujer transgénero, decidió utilizar en adelante los baños destinados para hombres en lugares públicos. El Documento Único de Identidad (DUI) de Eliza tiene el nombre y género asignados al nacer, y ella se ha unido a la lucha de la población trans para lograr la aprobación de la ley de identidad de género.

La invisibilidad como política pública

 Desde que inició la administración en junio de 2019, Nayib Bukele, eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

La extinta dirección había creado la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían. El actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, Presentes confirmó que desde 2019 no se reúnen con las autoridades a cargo.

“Ser un hombre trans en El Salvador significa no existir porque no soy reconocido legalmente. Significa ser excluido y rechazado por la sociedad, significa no tener derechos”, dijo a Presentes Bryan Rodríguez subdirector de Hombres Trans El Salvador (HT).

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

“Ya no queremos ser olvidadas en las políticas públicas. No vamos a retroceder nunca más. Nuestras voces van a gritar las arbitrariedades que ellos y ellas hagan como diputados y diputadas de esta nación”, indicó Bianka.

La lucha por la aprobación de la ley

Dice que cada 17 de mayo a viajado hasta la capital de El Salvador para participar en la marcha en contra de la transfobia, pero este año lo hizo para protestar contra la decisión de legisladoras de la Asamblea legislativa que de un tajo mandó al archivo una propuesta de ley que le permitiría a Eliza tener un documento con su nombre, sexo y género auto percibido.

“Esa ley es necesaria que se apruebe porque así ya tendríamos que estar acreditadas como mujeres ante la ley. Sin necesidad de andar escondiendo cómo nos llamamos o que la gente nos diga que debemos de llamarnos como nacimos y no como nuestra expresión”, dijo Eliza a Presentes.

Eliza se unió a cientos de personas que salieron a las calles de San Salvador para exigir que se saque del archivo la propuesta de ley y sea aprobada. Dice que aún recuerda cuando hace siete años tuvo el valor de asumir su identidad y expresión de género.

“Las primeras veces fue difícil para mi, sentí pena y temor que toda la gente me mirara y dijeran: ‘ahí va ese vestido de mujer’. Al principio fue difícil, después me fui adaptando a las discriminaciones, a los bullying que aún me hacen”, expresó.

Bukele de 39 años de edad se autodenomina el “presidente más cool” del mundo, arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Yo di el voto a Nuevas Ideas creyendo de que todo iba a ser diferente. Me genera indignación porque ellos prometieron apoyar a la población LGBTI y que ahora salgan con que no le toman importancia. Así como nosotros los apoyamos para que estén en la Asamblea, así deben cumplirnos”, dijo Eliza.

Fuente Agencia Presentes