Uge Sangil: “Esta ley vuelve a colocar a España entre los países a la cabeza de los derechos LGTBI+”

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans* y Fundación Triángulo celebran la aprobación definitiva de la Ley Trans y LGTBI+. Según la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, “esta legislación vuelve a colocar a España entre los países a la cabeza de los derechos LGTBI+”.

En este sentido, asegura que “hemos logrado una ley que está entre las seis o siete más avanzadas en reconocimiento de los derechos trans de adultos y entre las cuatro o cinco más avanzadas en reconocimiento de los derechos de los menores”.

No obstante, recuerda que “aunque las personas no binarias hemos quedado fuera de esta ley, desde las entidades, seguiremos trabajando por el reconocimiento de nuestras identidades y por el respeto de nuestros derechos”. Asimismo, explica que “esta ley es solo un primer paso para el reconocimiento de los derechos de todo el colectivo, pero la igualdad real solo se hará efectiva si seguimos luchando por avanzar en derechos e implementarlos”.

“Hoy la mayoría parlamentaria se muestra favorable a reconocer la dignidad de las personas trans”

Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, celebra este éxito del activismo y asegura que “tras estos años de lucha, hoy, por fin, vemos aprobada esta ley en primera vuelta en el Congreso. Hoy la mayoría parlamentaria, en consonancia con la mayoría social en la calle, se muestra favorable a reconocer la dignidad de las personas trans y legisla resarciendo los años de maltrato social, todo, gracias a una enorme movilización ciudadana”.

“Las vidas de las personas trans y de las personas LGTBI, y el acto de hacer uso de los derechos que nos corresponden, serán la respuesta a toda la desinformación que hemos vivido durante el proceso de tramitación y que tanto ha ralentizado la aprobación”, añade.

Asimismo, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, expone que, durante la presión de estos cuatro años y al salir a las calles, “hemos conseguido la despatologización y la autodeterminación de género de las personas trans, de manera que podrán tener su género reflejado en su DNI sin necesidad de testigos, ni informes, ni diagnósticos, ni pruebas, ni hormonación obligatoria”.

“Hemos logrado que los menores  de 14 a 15 años puedan cambiar su género libremente acompañados por sus familias”

“Igualmente, hemos logrado que los menores de 16 y 17 años puedan cambiar su género en su DNI libremente, y que los menores de 14 a 15 años lo puedan hacer acompañados por sus familias, algo que, en estos momentos, solo se recoge en tres legislaciones a nivel internacional. Igualmente, hemos conseguido que los menores puedan cambiar de nombre a cualquier edad, de manera que se facilite el tránsito social”, incide.

Otros logros conseguidos con la Ley Trans y LGTBI:

• Las personas trans migrantes que en su país no hayan podido cambiar su sexo registral, podrán hacerlo en España aunque no tengan la nacionalidad española y será el Estado español quien acredite la situación de su país.
• Se prohibirán las subvenciones a organismos que fomenten la LGTBIfobia.
• Se garantizará la reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad de gestar.
  Las parejas de mujeres que no estén casadas podrán filiar a sus hijas, hijos e hijes en igualdad de condiciones a las parejas mixtas, sin necesidad de adoptar.
• Las parejas no casadas formadas por dos personas del mismo género podrán adoptar en igualdad de condiciones a las parejas mixtas.
• Quedarán prohibidas las mutilaciones de los bebés intersexuales. Aunque no están todas las reivindicaciones del colectivo intersex, pues se solicitaba que su sexo no fuera registrado antes de los diez años y, finalmente, será a partir del año.
• El Estado podrá imponer sanciones administrativas para condenar discriminaciones, que no sean per se delito, contra las personas LGTBI+, incluyendo un régimen sancionador.
• La Ley prohíbe, con sanciones administrativas, las terapias de conversión. Queda por lograr que estas terapias tengan sanción específica penal, ya que la ley no reforma el Código Penal.
• Se avanza en protección contra la violencia en parejas del mismo sexo. Se garantizan derechos para las víctimas de esta violencia, como son la reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo por parte de los empleadores.

Además de todos estos puntos anteriores, se avanza en políticas públicas activas para la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI+.

NOTA. Valoración aprobación Ley Trans y LGTBI+22122022

Fuente FELGTBI+

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ILGA felicita a España por la aprobación de la Ley Trans LGTBI

La delegación europea de ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, federación mundial de más de 1.700 organizaciones de más de 160 países y territorios que luchan por los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, ha felicitado a España por la aprobación -ayer jueves en el Congreso de los Diputados- de la Ley Trans LGTBI.

We are delighted to see the legal gender recognition reform progressing based on human rights standards in Spain, and are looking forward to the final vote, expected in February. Felicitaciones to everyone involved so far! @PlataformaTrans @FELGTBI @Kifkif_iguales @EUFORIA_FTA

— ILGA-Europe (@ILGAEurope) December 22, 2022

Este organismo internacional, del que Kifkif forma parte, ha querido reconocer en su enhorabuena la labor de las organizaciones trans y LGTBI españolas que han hecho realidad este importantísimo logro. ILGA ya se había adherido a la reivindicación de Kifkif de incluir a las personas migrantes en la citada ley, algo que finalmente se ha cumplido, tras un arduo trabajo de incidencia política de nuestra entidad.

Fuente KifKif

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El Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para tumbar una moción presentada por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y apoyada por el resto de fuerzas sobre educación para la igualdad y la diversidad. La moción tenía por objetivo instar al Gobierno de España, en colaboración con las administraciones autonómicas, a reforzar la igualdad y la visibilidad de las personas LGTBI en el ámbito educativo.

La moción, que fue defendida el pasado martes por la senadora gallega Vanessa Angustia, portavoz adjunta del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, recogía entre sus propuestas (puedes descargar aquí el texto completo) incluir en el currículum educativo contenidos que fomenten la educación en Derechos Humanos y la valorización de la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar; diseñar un programa de formación de docentes sobre la igualdad de derechos de las personas LGTBI; crear un protocolo específico contra el acoso y la violencia escolar por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género; y aplicar los Principios de Yogyakarta en la legislación nacional relativa a Derechos Humanos.

Tras su debate, e incluyendo aportaciones de Compromís y del PDeCAT, el texto de la moción fue sometido a votación. Fue rechazada por 141 votos en contra (todos del Partido Popular), 109 votos favorables (los de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, Ciudadanos, PdeCAT, Partido Aragonés, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, EH Bildu y Nueva Canarias) y 3 abstenciones (las de Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y la del la exsenadora popular Pilar Barreiro, ahora en el Grupo Mixto). La senadora Ana María González, portavoz del PP en el debate, se escudó en que «en el currículum educativo no existen menciones discriminatorias ni discursos de odio sobre ningún colectivo» para justificar su negativa.

Vanessa Angustia recordó que la moción es consecuencia de la interpelación realizada el pasado 22 de mayo al ya exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. «A pesar del cambio que registra ahora la posición del PP, en dicho debate el entonces ministro mostró su compromiso con medidas que contribuyan a la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo y a la lucha contra el acoso escolar por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género», se ha lamentado en un comunicado el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En palabras de su portavoz adjunta, «el Partido Popular vuelve a hacer gala en el Senado de su mayoría absoluta arrogante e intolerante y vuelve a mostrar su nulo compromiso con la igualdad y la diversidad. Utiliza las iniciativas parlamentarias que pretenden fortalecer la protección de los derechos de las personas LGTBI para vengarse de las fuerzas progresistas que han conseguido terminar con el Gobierno de la corrupción. Las personas LGTBI no nos merecemos que el PP use nuestros derechos para materializar mezquinas vendettas políticas».

Fuente Dosmanzanas

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Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

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El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el pleno, la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, un éxito de los colectivos LGTB y trans canarios que coloca por fin a Canarias en el grupo de comunidades que ya han aprobado leyes específicas de protección del colectivo transexual en los diversos ámbitos sociales. 

El objeto de la ley es “garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, de recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia”. Dividida en una exposición de motivos, cinco títulos, una disposición adicional y dos finales, la iniciativa recoge, entre otros, los derechos de las personas transexuales en los ámbitos sanitario, laboral y educativo. El texto hace también referencia a los derechos de los menores transexuales, un grupo especialmente vulnerable.

La ley, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, obliga además a establecer reglamentariamente la posibilidad de que las personas transexuales cuenten durante el proceso de reasignación de sexo con una documentación adecuada que les facilite “una mejor integración tanto en su entorno social como ante las diferentes administraciones”.

Representantes de los colectivos LGTB canarios se han mostrado muy satisfechos por la aprobación de un texto que en palabras de María José Rodríguez San Fiel, presidenta de Altihay (Fuerteventura), “va a cambiar la vida de muchas personas”. Clarlie A. Marrero, presidente de Algarabía (Tenerife), ha destacado el hecho de que la ley se haya aprobado por unanimidad. “Es hora de que se entienda que los derechos de las personas LGTB son derechos humanos y por tanto están por encima de las ideologías políticas. Todos los partidos democráticos deben asumir estos derechos como parte esencial de sus  políticas”, ha declarado. Víctor M. Ramírez, presidente de Gamá (Gran Canaria) ha resaltado por su parte que “la ley va a evitar situaciones sangrantes de discriminación real”.

Canarias se suma así a Navarra, Euskadi y Andalucía, las tres comunidades que ya han aprobado leyes integrales de transexualidad.

Un largo camino

Ya en marzo nos hacíamos eco de las buenas perspectivas que se abrían tras una importante reunión que diversos colectivos LGTB y trans canarios (en concreto, Algarabía, Gamá, Génesis y Chrisálida) mantuvieron entonces con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan Canarias. En dicha reunión se desgranó el texto que desde hace ya varios años defienden los colectivos y se obtuvo el compromiso de ambas fuerzas de apoyar la propuesta.

El proyecto sumó luego el apoyo de Nueva Canarias, que cuenta con tres diputados en el Parlamento regional y que de hecho fue la que registró el proyecto en el Parlamento canario. Incluso el PP, que pese a estar en la oposición cuenta con 21 diputados en la cámara (los mismos que Coalición Canaria, mientras que el PSOE tiene 15), decidía finalmente apoyarlo, al igual que hizo en Andalucía (donde también es oposición) pero a diferencia de lo que hizo en su momento en la Comunidad de Madrid, donde dispone de mayoría absoluta.

Necesidad de un desarrollo reglamentario

La aprobación de la ley canaria es una excelente noticia, pero debemos recordar que este tipo de leyes pueden quedar muy  fácilmente en papel mojado si no se acompañan del correspondiente desarrollo reglamentario que las propias leyes prevén.

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), volvía por ejemplo a reclamar hace pocos días al Gobierno andaluz “el pronto desarrollo de reglamentos, procedimientos y protocolos que hagan efectiva la ley para que no quede simplemente en una declaración de buenas intenciones o una operación de marketing, consistente en ‘vender’ avances que en realidad no se ponen en práctica”.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento canario aprobó este miércoles, por unanimidad de todos sus grupos, la tramitación de una propuesta de ley integral de transexualidad por la que los colectivos LGTB de las islas llevan años luchando. Canarias se sumará así a a Navarra y Euskadi, dos comunidades que ya han aprobado leyes en ese sentido, y muy previsiblemente a Andalucía, que ya tramita su propia ley. El texto de la ley ha sido promovido por los colectivos de lesbianas, gays y transexuales y asumido por todos los grupos parlamentarios, que van a tramitarlo en la cámara regional.

El pleno del Parlamento de Canarias acordó ayer por unanimidad iniciar la tramitación de una proposición de ley que garantiza los derechos de las personas transexuales y la no discriminación por motivo de identidad de género. El objetivo de esta ley es garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, a recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia.

Ya en marzo nos hacíamos eco de las buenas perspectivas que se abrían tras la reunión que diversos colectivos LGTB y trans canarios (Algarabía, Gamá, Génesis y Chrisálida) mantuvieron entonces con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan Canarias. En dicha reunión se desgranó el texto que desde hace ya varios años defienden los colectivos canarios para una futura ley integral que proteja a las personas transexuales en temas como la no discriminación laboral, el amparo de los menores en el sistema educativo y el reconocimiento de derechos sanitarios y sociales.

Finalmente, el proyecto ha contado no solo con el apoyo de Coalición Canaria y del PSOE. También Nueva Canarias, que cuenta con tres diputados en el Parlamento regional y que de hecho fue la que registró el proyecto en el Parlamento canario, lo apoya. Incluso el PP, que cuenta con 21 diputados en la cámara (los mismos que Coalición Canaria, mientras que el PSOE tiene 15), ha decidido apoyarlo. El popular Fernando Figuereo argumentó que la transexualidad no debe ser bandera de nadie ni de ningún grupo político, “sino de todos y frente a todos” y que la discriminación de las personas transexuales “no la pueden permitir ni tolerar los grupos políticos”. A este respecto no deja de ser curiosa la incoherencia de los conservadores, que hace solo dos semanas hacían uso de su mayoría absoluta para impedir la tramitación de una ley similar en la Comunidad de Madrid.

Reconoció que la transexualidad siempre ha sido origen de obstáculos sociales y de exclusión, así como de dificultades en la integración social y laboral, pero “esa discriminación no la pueden permitir ni tolerar los grupos políticos”. Por eso, señaló Figuereo, “los poderes públicos canarios deben intervenir para remover los obstáculos para garantizar la participación de los transexuales en la sociedad en igualdad de condiciones en todos los aspectos“.

Flora Marrero, del grupo Nacionalista, mostró su satisfacción por la próxima aprobación de esta ley en Canarias y afirmó que no es lo mismo hablar de gays, lesbianas y transexuales que conocer sus dramas y a sus familias. “Como sociedad, debemos tender a que seamos todos felices, y no considerar la orientación sexual como un problema”, dijo Flora Marrero, para quien hay una realidad desconocida sobre la que hay que trabajar, en primer lugar en las escuelas.

La diputada del PSOE Dolores Padrón agradeció a los colectivos promotores por redactar el texto de la ley, y se mostró partidaria a tramitar por el procedimiento de urgencia porque “llega tarde”. Además, aseguró que “esta ley crea conciencia y abre armarios, es un avance para el cambio de mentalidad que aún está pendiente en parte de la sociedad”, agregando que es la ley más completa entre las leyes autonómicas, precisamente porque “nace de abajo arriba”.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, elogió a los colectivos sociales proponentes y consideró que esta ley es la expresión legal de una lucha contra la discriminación y por la igualdad de derechos. La diputada destacó el consenso sobre esta iniciativa para dar a los transexuales todos los derechos ciudadanos en sanidad, educación y trabajo, y subrayó la discriminación positiva que se incluye en el fomento del empleo.

Todo ello supone un gran avance para una sociedad más tolerante e integradora, dijo Hernández, para quien la ley da forma a las ilusiones y demandas sociales, es una conquista de derechos y dignifica una realidad.

La proposición de ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales establece que los poderes públicos canarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, con independencia de su identidad de género u orientación sexual.

En particular, las actuaciones públicas irán dirigidas a promover la plena incorporación de las personas transexuales a la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social.

Según la proposición de ley, el sistema sanitario público de Canarias proporcionará los diagnósticos y tratamientos para las personas transexuales, que tienen derecho en hospitales y centros sanitarios a ser tratadas conforme a su identidad de género sentida.

Corresponde al Sistema Canario de la Salud el impulso y coordinación de las unidades de identidad de género dentro del Sistema Canario de la Salud, en las que recibirán atención psicológica, psicoterapéutica y sexológica.

Se establece que las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal durante la etapa prepuberal, y la negativa de padres o tutores a autorizar el tratamiento transexualizador podrá ser recurrida ante la autoridad judicial.

La proposición de ley compromete a las administraciones públicas de Canarias a establecer planes para la inserción laboral de las personas transexuales por sus dificultades para el acceso al empleo, así como a promover campañas educativas contra la discriminación.

Nuestra felicitación a los colectivos canarios por su trabajo y esperemos que el proyecto llegue a buen puerto, de forma que las personas transexuales de Canarias vean por fin reconocidos los derechos de los que son acreedoras.

Fuente Cáscara amarga, y Dosmanzanas

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Llegan buenas noticias desde Canarias, donde colectivos LGTB han mantenido una reunión con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan en este momento la comunidad autónoma, con el fin de avanzar hacia la aprobación de una ley integral de transexualidad. Canarias se sumaría así a Navarra y Euskadi, las dos comunidades que ya han aprobado una ley de este tipo, y a Andalucía, cuyo parlamento autónomo tramita en estos momentos un proyecto especialmente avanzado.

A la reunión han acudido representantes de las asociaciones LGTB Algarabía y Gamá y de los colectivos trans Génesis y Chrisálida, que según un comunicado de prensa emitido por la Coordinadora LGTB de Canarias han calificado como muy positivo el encuentro. Durante el mismo se ha desgranado el texto que desde hace ya varios años defienden los colectivos canarios para una futura ley integral que proteja a las personas transexuales en temas como la no discriminación laboral, el amparo de los menores en el sistema educativo y el reconocimiento de derechos sanitarios y sociales. El proyecto cuenta además con el apoyo expreso de Nueva Canarias, formación que cuenta con tres diputados en el Parlamento canario (Coalición Canaria tiene 21, el PP otros 21 y el PSOE 15) y que de hecho lo ha registrado ya en el Parlamento canario.

“Lo que esperamos es que la ley se apruebe lo antes posible porque es de justicia reconocer los derechos de las personas trans. Ahora mismo la prioridad para la Coordinadora LGTB canaria alcanzar una cuota de igualdad legal, social y real para las personas transexuales y creemos que puede llegar a materializarse pronto con la empatía y el entendimiento de nuestros representantes políticos”, ha declarado tras la reunión Víctor Ramírez, presidente del colectivo Gamá. “La realidad transexual es una de las más vulnerabilizadas en la actualidad. Mientras gais, lesbianas y bisexuales hemos ido consiguiendo mayores cuotas de igualdad, las personas trans seguían esperando. Por lo que hemos visto, parece que el necesario marco jurídico de protección pronto va a ser una realidad en Canarias”, ha expresado por su parte Carlos Savoie, presidente de Algarabía.

Esperemos que en esta ocasión el compromiso de los partidos canarios se materialice (ya ha habido declaraciones de buenas intenciones en el pasado) y las personas transexuales de esa comunidad vean por fin reconocidos los derechos de los que son acreedoras.

Fuente Dosmanzanas

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